DERECHO DE LA INFORMACIÓN

El hombre es un animal social y su característica es la sociabilidad. Vivir en sociedad implica una relación entre los hombres que en ella conviven, y es necesario un orden.

Se hace necesaria la creación de instituciones que regulen esas relaciones y un marco normativo que las sancione.

El derecho español proviene de una mezcla entre el derecho romano y el germánico, que se fusionan en la EM y se crea el derecho común, que luego se va modificando. En la alta EM, existía la esclavitud pero tampoco eran libres los hombres libres porque tenían que pedir permiso al señor feudal para todo.

Por eso las ciudades empiezan a amurallarse y tienen que imponer unas leyes como que nadie podía ejercer el comercio si no estaba dentro de un gremio.

Todas las relaciones en esa sociedad dan lugar al surgimiento de derecho, pero no todas las normas tienen el mismo carácter. Hay normas de comportamiento, impuestas por los usos y costumbres, que prevalecen en un grupo social que obligan a sus miembros desde la fuerza proporcionada por la crítica o el rechazo a los comportamientos desvariados. Son las denominadas normas de presión social.

Esas normas de presión social hacen que tengas que cumplir una serie de comportamientos (en un restaurante, en la escuela…) Esas normas cambian mucho en períodos de tiempo y en sociedades (lo que en una sociedad está bien visto, en otra no…).

También hay que distinguir entre los tipos de control social y los vehículos de control social.

-La costumbre, la opinión, la religión, la moral, la educación y el derecho.

No puede darse el derecho donde no existe sociedad. Puede haber sociedad sin que haya derecho, mientras nadie domine a los demás.

El derecho se distingue de la moral: la moral comprende el sistema de las normas interiorizadas, que han sido aceptadas por el individuo y que son seguidas por él como obligatorias por sí mismas, independientemente de la previsión de que su violación sea seguida por una reacción al grupo.

El derecho se distingue de la norma de presión social: las sanciones que siguen a la violación de los usos sociales se confían a la iniciativa de particulares. Son aleatorias y arbitrarias.

La elaboración de las leyes: El consejo de ministros elabora un anteproyecto que pasa por el Congreso, el Parlamento, el Senado y cuando se aprueba, se sanciona y se promulga.

Artículo 81: Leyes orgánicas

Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la constitución.

La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta en el congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Artículo 82.1. La Delegación legislativa.

Las cortes generales podrán delegar en el gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. El gobierno puede dictar normas con rango de ley.

Artículo 88. Los proyectos de ley.

Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros que los someterá al Congreso, acompañados de una Exposición de Motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.

Artículo 91. Sanción, promulgación y publicación.

El rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

Artículo 92. Referéndum consultivo y procedimiento.

Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos..

El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los diputados.

Una Ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta constitución.

Paz y derecho son coetáneos y simultáneos; el derecho aporta la paz y ésta es el presupuesto del desarrollo del derecho. El derecho sustituye la lucha violenta por una solución pacífica. (ONU)

El desarrollo moderno del derecho público, cuyo origen está en la declaración de los derechos del hombre, exige para todos los hombres, la libertad y la igualdad. Sobre esta base, se ha realizado toda la evolución jurídica del estado moderno.

El derecho, desde su origen, ha sentado las bases jurídicas para la defensa de las libertades de información, de expresión y de opinión.

Tan grave es la falta de leyes como el exceso, porque tanto uno como otro, pueden provocar inseguridad. La ley mal elaborada ni se ajusta a servir ni es por ello socialmente aceptada, ni evita los nunca deseables problemas de interpretación de la norma.

Cuando esta no es suficientemente clara para su aplicación, la constitución, a través de los mecanismos establecidos en ella actúa.

El derecho a la información y el derecho de la información

El derecho a la información o el derecho a la libertad de expresión establecido en la declaración de derechos humanos y en la constitución, se convierte, en 1789, en un derecho reconocido con carácter universal.

El derecho a la información es indispensable para que el ciudadano tome parte activa en las tareas públicas porque información significa participación.

El ciudadano es el sujeto universal del derecho a la información. No cabe discriminación alguna para el uso y disfrute de este derecho. El derecho a la información es más amplio que el de expresión, imprenta y otros con los que se venía denominando antiguamente y que resultan insuficientes. El derecho a la información evita que esa información se tergiverse, se ignore, se omita…

La Declaración universal de derechos humanos, al referirse a opiniones e informaciones, recoge todo tipo de mensajes distinguiendo tres facultades esenciales: la de recibir, la de investigar y la de difundir las informaciones:

En relación con la facultad de recibir:

a) La noticia exige unas condiciones:

• La verdad: la noticia ha de referirse a hechos relevantes incluida la información política, cuyo conocimiento es imprescindible para formar opinión. Sin esta veracidad es imposible crearse opinión pública veraz. Es más peligroso el secreto y la falta de información que la difusión de noticias

• La noticia debe ser conforme con la realidad

• La información debe ser completa: la noticia ha de ser toda la noticia. Su contorno, sus factores y circunstancias que la provocan. Tiene que ser asequible para todos y rápida para que el ciudadano esté objetivamente bien informado en el momento más próximo al momento en que ocurren las cosas.

b) En cuanto a las opiniones: comprenden las ideologías juicios u opiniones que se obtienen de aplicar las ideas a los hechos y son absolutamente necesarias para la democratización y participación.

En relación a la facultad de investigar:

Artículo 105. La Constitución establece el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

En relación a la facultad de difundir informaciones:

Se trata del derecho del ciudadano a la libre difusión de opiniones e informaciones. Sólo puede ejercitarse en sentido positivo, ya que nadie discute el derecho a no difundir. Es consecuencia de la libertad individual de pensamiento.

Pero la información equivale a diálogo entre medios de comunicación y sociedad, entre ésta y el estado y entre los ciudadanos entre sí. De modo que la opinión pública debe disfrutar de libertad no solo para formarse sino también para manifestarse y difundirse a través de los medios.

El derecho a informar se ha ido produciendo en diferentes etapas históricas.

• Una etapa inicial, con las leyes liberales de prensa del s. XIX, en la que predominaba la libertad de prensa sobre la regulación jurídica de su ejercicio.

• Una segunda etapa que se caracteriza por ser los informadores los verdaderos protagonistas, por la función pública y social que desempeñan.

• Aparece la información como derecho en la que el público reclama su derecho a la información como algo que le corresponde por naturaleza, algo indispensable.

Las características del derecho a la información son 6:

Es un derecho natural porque su razón de ser radica en la naturaleza social del hombre

Es personal porque incide en el perfeccionamiento de la persona,.

Es susceptible de limitaciones

Es un derecho público

Es un derecho político, porque posibilita la participación política.

Es universal, inviolable e inalienable.

De esa naturaleza se deducen las siguientes conclusiones:

Que todo miembro de la sociedad tienen derecho a la información

Que los entes públicos tienen el deber de facilitar tal información

Que los profesionales de la información son intermediarios entre los entes públicos y los destinatarios de la información

Que tienen igualmente derecho a obtener información y el deber de transmitirla lo más fielmente posible

Que la información debe ser adecuada para satisfacer los intereses que intenta proteger

Que el grado de educación y formación del receptor es una cuestión fundamental por lo que es evidente la necesidad de que sea tutelado el sujeto activo o acreedor del derecho a ser informado.

El derecho a la información constituye el objeto del derecho de la información. La finalidad del derecho de la información es la de hacer posible el derecho a la información, consistiendo su especialidad en que tiene que ser un derecho para la información.

Definición derecho de la información:

- Es un derecho regulador y protector de las libertades de expresión y de información reconocidas constitucionalmente.

- Comprende y abarca un conjunto de normas reguladoras de la actividad informativa.

- Dichas normas comprenden una doble faceta ya que protegen el derecho individual y la función social.

- Esa finalidad tiene que basarse en la tutela efectiva de los derechos reconocidos en el artículo 20.

LAS FUENTES DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN

Las fuentes del derecho están basadas en la A) Constitución de 1978, que es la norma fundamental, y a ella están sujetos los ciudadanos y los poderes públicos, según se establece en el artículo 9.

Tenemos que tener en cuenta el doble carácter que presenta la Constitución:

• Como norma jurídica, es de aplicación directa, sin necesidad de su posterior desarrollo, lo que alcanza plenamente en materia de derechos y libertades.

• Es la ley fundamental y la fuente de las fuentes del derecho. Todas las demás leyes están supeditadas a ella. Todo el ordenamiento jurídico, por lo que este debe ser interpretado de acuerdo con la Constitución.

El derecho civil es fruto de la unión del derecho romano y el derecho germánico, que se llamó: derecho común.

El artículo primero del código civil recoge las fuentes del derecho estableciendo su jerarquía. La ley, la costumbre y los principios generales del derecho, añadiendo en el apartado segundo que “carecerán de validez las disposiciones que contradigan una de rango superior”.

La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que esa costumbre no sea contraria a la moral y al orden público.

Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre; por lo tanto, existe un criterio de subordinación de las normas de rango inferior a las de rango superior. La Constitución, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los actos normativos, la costumbre, los principios generales del derecho y la jurisprudencia.

Hay que tener también en cuenta las normas legislativas de las CC AA , las cuales no se pueden valorar por criterios de jerarquía con las normas nacionales, sino por hallarse ajustadas a sus respectivas competencias.

B) Se puede definir la ley como toda norma de conducta obligatoria y duradera que se publica en una sociedad pública por el gobernante y para el bien común.

Los caracteres intrínsecos de la ley son la racionalidad, en cuando que tiene que tener moral ajustándose al derecho natural y orientándose al bien común y la obligatoriedad, en cuanto tiene que contener un mandato positivo o negativo, revestido de una sanción más o menos perfecta.

También se suele señalar, como otro carácter de la ley, la universalidad o generalidad que está establecido de modo permanente para un número indeterminado de actos o de hechos. Finalmente un carácter extrínseco de la ley es la promulgación, que da como consecuencia su obligatoriedad y cumplimiento por todos.

El Código de las Partidas distingue entre el uso y la costumbre. Define el uso como “el que nace de aquellas cosas que el hombre dice y hace y sigue continuadamente y sin ninguna traba”. La costumbre la define como “derecho o fuero que no es escrito, que han usado los hombres, durante largo tiempo, ayudándose de él en las cosas y en las razones por las que lo usaron”. Así las notas distintivas que reúnen las normas consuetudinarias son:

• Auténticas normas jurídicas y eso las diferencia de los que son usos sociales.

• Su origen es siempre extra estatal; se trata de normas jurídicas creadas por grupos sociales no incluidos en el mecanismo estatal.

• Se caracteriza por su forma de producción y de expresión o manifestación.

• Viene a ser una práctica repetida, uniforme y constante a lo largo del tiempo y acaba siendo un uso jurídico que vincula a las partes.

C) Los caracteres que presenta la costumbre pueden establecerse del modo siguiente:

• La costumbre es una fuente independiente del derecho; nace y se desarrolla con absoluta independencia de la ley.

• Cumple una función supletoria de la ley por este motivo, se declara la invalidez de las costumbres contrarias a la ley y la admisibilidad exclusivamente de aquellas que se producen en materias no reguladas por ley.

• Quien la alegue ante los tribunales deberá probar su existencia, contenido y alcance de la misma.

Usos jurídicos (no es lo mismo que los usos sociales)

Se diferencian de los usos sociales en los distintos órdenes de la actividad humana y por sí solos no constituyen una norma jurídica.

El Código civil se refiere a los usos jurídicos que son los que se observan en la práctica de los negocios jurídicos y, especialmente, en la de los contratos. Les corresponde una importante función interpretativa de la voluntad de las partes.

D) Principios generales del derecho

En España, la doctrina muestra una clara tendencia hacia una concepción amplia de los principios generales del derecho, en los que ve las verdades jurídicas universales dictadas por la recta razón y también aquellos principios que sirven de fundamento al derecho positivo de cada país. Sus tipos fundamentales son:

• Los principios del derecho natural.

• Los principios tradicionales o nacionales.

• Los principios políticos son los que integran la constitución real del Estado.

E) La jurisprudencia. Es la última fuente del derecho.

DESARROLLO HISTÓRICO DE LA INFORMACIÓN

Una cualidad del derecho a la información es su universalidad. Desde 3 perspectivas:

• La universalidad geográfica porque los mensajes atraviesan fronteras

• La universalidad de medios ya que estos mensajes se difunden a través de todos los medios de comunicación

• La universalidad subjetiva porque es un derecho de todos los individuos

Es un derecho personalísimo y como tal tiene atribuidos los siguientes caracteres

• Son derechos originarios o innatos que se adquieren simplemente por el nacimiento sin concurso de medios legales de adquisición.

• Son derechos subjetivos privados ya que corresponden a los individuos como simples seres humanos.

• Son derechos absolutos o de exclusión en el sentido de su oponibilidad erga omnes.

• Son derechos personales o extramatrimoniales, lo que no obsta para que su lesión pueda dar lugar a consecuencias patrimoniales por vía de resarcimiento del daño.

• Son derechos irrenunciables e imprescriptibles.

La constitución esboza las líneas maestras para una protección integral de la persona humana. Los derechos han sido siempre defendidos en la constitución española y en convenios internacionales. Los derechos que se recogen en la constitución son reconocidos a los extranjeros.

En relación a la protección de los derechos:

El derecho internacional clásico se apoyaba básicamente en una sociedad internacional de estructura interestatal. Regulaba las relaciones entre los estados y distribuía las competencias entre ellos.

En el derecho internacional contemporáneo, aún tiene estructura interestatal, se ha añadido a las funciones que mantenían las del desarrollo integral de los individuos.

En la sociedad internacional existe un proceso de institucionalización y unos cauces que posibilitan el acceso de individuos ante instancias internacionales que controlan la aplicación de determinadas normas del derecho de gentes.

Las declaraciones surgidas a finales del s. XVIII, de las revoluciones americana y francesa, proclaman no solo para sus ciudadanos los derechos del hombre. Se trata de la declaración de derechos de Virginia aprobada el 12 de junio de 1776, y la declaración de derechos del hombre y el ciudadano, adoptada por la asamblea constituyente francesa el 26 de agosto de 1789. Bajo su influjo se ha formado la noción de los derechos del individuo en el continente europeo.

Desde su publicación, la mayor parte de las constituciones europeas enuncian una serie de derechos humanos y libertades fundamentales y establecen medios para el control del respeto de tales derechos y libertades.

El derecho internacional clásico encomendaba la protección de los derechos del hombre a los estados y solo preveía mecanismos muy excepcionales como el derecho de asilo o la intervención por causa de la humanidad.

Pastor Ridruejo afirmó que el enorme poder de los medios en orden a la conformación de la opinión pública mundial y la existencia de foros internacionales para la cristalización de esa opinión, hicieron adquirir conciencia de dos hechos evidentes:

• Que, en muchas ocasiones, era el propio estado el primero y más importante violador de los derechos del hombre

• Que existía una relación innegable entre el respeto a los derechos humanos dentro de los estados y el mantenimiento de la paz en la comunidad internacional.

Después de la IIGM, los derechos humanos pasaron a integrar las exigencias más elementales de la convivencia en la sociedad internacional. De ahí que el respeto de los mismos sea una aspiración fundamental del derecho internacional contemporáneo.

La Carta de Naciones Unidas: 1945 San Francisco

Fue donde se efectuó un auténtico reconocimiento internacional de los derechos humanos. Se firmó en San Francisco en 1945.

Se limita a formular el principio de una protección internacional de tales derechos y de las libertades fundamentales, desarrollándolo mediante normas concretas.

La carta de San Francisco no hacía referencia a los derechos fundamentales de la persona y se creó una comisión de derechos humanos que redactó un proyecto de reclamación que fue aprobado el 10 de diciembre de 1948.

En el preámbulo de la declaración de derechos humanos, se admite que los derechos fundamentales tienen su origen en la dignidad y el valor de la persona humana como derechos iguales e inalienables. (examen: tipos de derecho).

(¿Cuál es el origen de los derechos fundamentales? Examen)

La declaración contiene una serie de derechos inherentes a la existencia misma de la persona, otros relativos a su protección y seguridad y los de contenido económico y social para su desarrollo, los relacionados con la vida social y jurídica y los relativos a la vida política de la persona.

(¿Qué tipos de derechos contiene la declaración? Examen)

Entre estos últimos destaca la libertad de pensamiento, conciencia y religión y el derecho de su manifestación pública y muy especialmente el proclamado en el artículo 19 que es el de libertad de opinión y expresión.

La declaración universal de derechos humanos, lamentablemente, no concede a los individuos el derecho de acción o petición ante los órganos competentes de la ONU, ni establece ningún otro mecanismo jurídico de control. (No puedes demandar a alguien si no te ha hecho nada, si te lo hace es cuando tienes acción para demandarle).

La declaración tiene un indudable valor programático. Ha tenido un impacto primordial en las resoluciones de la asamblea general y de los otros órganos de las naciones unidas. También ha ejercido una indudable influencia en las convenciones que ha adoptado ese organismo y que se encuentra actualmente en vigor. También, en otros tratados multilaterales y bilaterales, en constituciones nacionales y en las leyes internas.

Pactos internacionales de derechos humanos:

Con el objetivo o con el fin de reforzar la declaración la asamblea general (de la ONU) aprobó el pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales (1º) y el pacto internacional de derechos civiles y políticos (2º).

En el primer pacto se establecen determinados objetivos que los estados parte deben alcanzar mediante la progresiva adecuación de sus ordenamientos internos.

La 1º novedad: En artículo 18: reconoce el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

El artículo 19 amplía y matiza el contenido de la declaración universal de derechos humanos en relación con la libertad de expresión.

La 2º novedad importante consiste en el establecimiento de un sistema de informes para garantizar el cumplimiento del pacto.

La existencia de estos pactos ha planteado por primera vez a escala internacional el problema de la necesidad de protección de los derechos humanos.

Protección de los derechos humanos en el Consejo de Europa

El Consejo de Europa constituye una comunidad ideológica basada en el triple pilar de la democracia parlamentaria, el estado de derecho y el respeto a los derechos del hombre.

En el ámbito de dicha organización es dónde más lejos se ha llegado en el campo de la protección internacional de los derechos del hombre. La obra del consejo de Europa, en este terreno, puede dividirse en dos categorías:

1º. Derechos civiles y políticos

2º. Derechos económicos, sociales y culturales.

La primera está protegida por el convenio europeo para la protección de los derechos humanos.

La segunda es objetivo de protección de la carta social Europea (que fue firmada en Turín el 18 de octubre de 1961).

En el Convenio de Roma se protegen fundamentalmente derechos civiles y políticos aunque se salvaguarden algunos de carácter social y cultural. Reconoce el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión y el derecho a la información.

Asimismo configura la libertad de información como una institución integrada en la libertad de expresión y en consecuencia, estarán sometidas (ambas libertades) a las mismas limitaciones y gozarán de las mismas garantías.

Se consideran como fundamento de las limitaciones de la libertad de expresión y de información, compatible con el convenio europeo de derechos humanos en: (son 8 cosas)

• Seguridad nacional

• Integridad territorial

• La seguridad pública

• La defensa del orden

• La protección de la reputación

• La protección de los derechos ajenos

• Las informaciones confidenciales

• La autoridad e imparcialidad del poder judicial

El artículo 10 instaura dos niveles de garantías:

La exigencia de que los posibles límites tienen que cumplir unos requisitos:

Estar previstos por la ley

Esos fines tienen que perseguir una finalidad legítima

Tienen que estar justificados por ser necesarios en una sociedad democrática

Deben ser proporcionados a las causas que originan su aplicación

El establecimiento de que la libertad de expresión e información implica la no ingerencia de ninguna autoridad y no puede tener impedimentos basados en la existencia de fronteras.

El establecimiento de que la libertad de expresión e información implica la no injerencia de ninguna autoridad y no puede tener impedimentos basados en la existencia de fronteras.

En el Convenio de Roma, existe el tribunal europeo de derechos humanos. Este ha formulado una serie de construcciones jurídicas que han originado una jurisprudencia similar en los tribunales nacionales. Los aspectos más destacados de la jurisprudencia del tribunal europeo serán:

El carácter integrador de la libertad de expresión

La necesidad de justificar los límites a la libertad de expresión y de información. El tribunal europeo ha elaborado en este sentido una doctrina que se aplica siempre ante la injerencia de las autoridades. Doctrina que se basa en que:

La limitación o injerencia ha de estar prevista en la ley

Que ha de estar justificada en una finalidad legítima

Tiene que ser compatible en una sociedad democrática

Debe ser proporcional a la finalidad legítima perseguida

En relación con los mecanismos de protección de los derechos humanos del convenio de Roma, son la comisión europea de los derechos del hombre, además del tribunal europeo de derechos humanos.

La comisión europea de derechos del hombre: tiene la facultad de conciliación y de encuesta. Puede llevar un asunto al tribunal europeo de derechos humanos. A este respecto las funciones de la comisión se ponen en marcha en dos supuestos:

Por denuncia que hace un estado parte de la comisión

Por la demanda presentada por cualquier persona física.

La comisión solo tiene competencia en el caso en que el estado parte la haya reconocido por acto expreso, independiente de la ratificación o adhesión.

La carta social europea:

Protege los derechos económicos y sociales. En la parte primera se denuncian unos objetivos de política legislativa en la materia. En la parte segunda, se proclaman los derechos específicos. Los estados miembro no tienen por qué comprometerse a aceptarlas:

El derecho al trabajo (art. 1)

Derecho a condiciones de trato equitativas (art. 2)

Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo

El derecho a una remuneración equitativa (art. 4)

El derecho a la libertad sindical (art. 5)…

La conferencia sobre seguridad y cooperación en Europa:

Tuvo como resultado el acta final de Helsinki, firmada el 1 de agosto del año 75. Los objetivos fundamentales eran la paz y la distensión. Incidía de lleno en el campo del respeto a los derechos del hombre y la cooperación humanitaria.

Los estados participantes se comprometieron a respetar los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, haciéndose mención a otros derechos como la libertad de conciencia, religión y creencia, así como los derechos de las minorías nacionales.

Lo que realmente importaba en la protección de los derechos del hombre, no era la enumeración y su definición, sino la eficacia de los recursos que se ponían a disposición de los participantes ante instancias internacionales de control y garantía. Sin embargo, en el acta final de Helsinki, no existe el menor atisbo de semejante mecanismo internacional.

En relación con las comunidades europeas, la preocupación básica de los tratados constitutivos de la comunidad económica europea (CEE) se situaba en el área económica.

Sin embargo, para resaltar la trascendencia de algunas de las normas recogidas en estos tratados constitutivos, tienen importancia en el ámbito de la protección de los derechos fundamentales, en relación a que en ellos, la interacción se cimenta en la libertad de establecimiento y la libre circulación de trabajadores. Además, el régimen de la propiedad preexistente en los estados miembros no se modifica.

Se protege de forma especial a la producción industrial y comercial y al secreto profesional. Se prohíbe a los estados comunitarios en estas normas económicas, la discriminación basada en la nacionalidad, fijándose uno de los cimientos más seguros de integración comunitaria, en el que se desarrolla uno de sus vertientes con la inserción del principio “a mismo trabajo, mismo salario” entre trabajadores masculinos y femeninos.

Finalmente, en estas normas se obliga a la comisión a proponer: el derecho de asociación sindical y el correspondiente a la negociación colectiva.

Esta situación cambia con el tratado de UE o tratado de Maastrich que en el artículo 6 establece que la unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantiza en el convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950.

En relación a este tratado, tienen gran trascendencia las aportaciones de dicho tratado en el ámbito de la protección de los derechos humanos, incluyendo entre los objetivos de la UE el de mantener y desarrollarse como un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con medidas adecuadas respecto al control de las fronteras exteriores, el asilo, la inmigración y la prevención y la lucha contra la delincuencia, y se señala expresamente que la UE se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de derecho.

En el aumento de las libertades informativas, la regulación que se efectúa sobre la libertad de expresión y el derecho a la información en el tratado constitutivo de la UE y el Acta única europea, aparecen regulaciones relacionadas con las libertades informativas y el derecho comunitario derivado comprende diversas normas que inciden directamente sobre la libertad de información.

El tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Acta Única Europea y el tratado de la UE contienen una serie de disposiciones relacionadas con la libertad de expresión y el derecho a la información. Aplicando el tratado de la UE se pueden determinar las siguientes construcciones jurídicas:

La libertad de expresión e información como principio general del derecho comunitario. El artículo 6 del tratado de la UE establece que la UE se compromete a respetar los derechos fundamentales. En consecuencia, las libertades de expresión e información son, por expresa disposición del tratado, derechos fundamentales de la UE, cuya estructura responde a la de un principio general del derecho comunitario.

Los medios establecidos en el tratado para alcanzar los fines comunitarios son los siguientes:

La supresión de obstáculos a la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales

La libre competencia

El fomento a la creación y desarrollo de redes de comunicación transeuropeas.

El fomento a la investigación y el desarrollo tecnológico.

El desarrollo de la cultura de los estados miembro

El fortalecimiento de la protección de los consumidores

Los derechos reconocidos directamente en el tratado de la UE que afectan a la libertad de expresión y el derecho de la información son:

Obligación de apoyar y completar la acción de los estados miembros en el ámbito de la creación literaria y artística, incluido el sector audiovisual.

Obligación de garantizar una información adecuada a los consumidores.

Obligación de contribuir al establecimiento y desarrollo de redes transeuropeas en el sector de telecomunicaciones.

El derecho comunitario en relación con el derecho a la información

Respecto al derecho comunitario en relación con el derecho a la información, hay una serie de Directivas que inciden directamente en la libertad de información (siendo directiva, normas de mínimos y obliga a los estados a modificar sus objetos o leyes para adaptarse al ámbito europeo) Hubo una iniciativa en el 84 en materia de publicidad engañosa.

Hay otra directiva del 89 sobre coordinación de disposiciones relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.

La directiva de 1992 sobre adopción de normas para la transmisión de señales de tv por satélite.

En el 93, referente a derechos de autor y derechos afines en el ámbito de las emisiones vía satélite y mediante cable.

En el 95, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

En el 95, relativa al uso de normas para la transmisión de señales de tv sobre tv digital.

La jurisprudencia del tribunal de justicia de las comunidades europeas no aborda directamente las libertades de expresión y de información, sino que se relaciona con tales derechos de forma indirecta a través de los problemas derivados de la existencia de monopolios televisivos, las regulaciones nacionales en materia de publicidad y la libertad de establecimiento de emisoras de radio difusión y tv.

Las grandes construcciones jurisprudenciales del tribunal de justicia de las comunidades europeas pueden centrarse en unos criterios básicos que son igualmente aplicables al tribunal europeo de los derechos humanos y pueden reunirse en los siguientes:

• El carácter amplio e integrador del derecho a la libre expresión de información como principio fundamental de toda sociedad democrática

• La inclusión de la libertad de antena en el ámbito de las libertades de expresión y de información, sea cual sea el soporte utilizado.

• La libertad de expresión y el derecho a la información no son libertades absolutas sino que pueden estar sometidas a ciertos límites.

EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA INFORMACIÓN

ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

El artículo 20 de la constitución supone no solo una importante novedad en muchos aspectos, sino un desarrollo notable en la evolución del concepto de las libertades de expresión e información, ya que nuestra constitución les otorga carácter de derecho fundamental y amplía la aplicación de estos derechos a los extranjeros.

Por otro lado, reconoce no solo la facultad de emisión sino también la recepción y supone un destacado avance en la consecución y garantía de tales derechos. En el artículo 20, se mantiene una estricta tradición liberal que por un lado garantiza el derecho y por otro no le marca otras limitaciones esenciales que el respeto a los derechos de los demás (especialmente el honor, la intimidad y la propia imagen).

El artículo 20 incluye con carácter novedoso la libertad de información como derecho separado de la clásica libertad de expresión del pensamiento e incorpora el reconocimiento del derecho a la cláusula de conciencia y el secreto profesional que refuerza las posibilidades de defensa del periodista.

También es notable la inclusión en el artículo 20 de significativas garantías constitucionales y ordinarias en la doble faceta del derecho a la información veraz y en consecuencia la faceta de no recibir mensajes indeseados.

La esencia del papel del estado no es aquí intervencionista, sino liberal: ha de limitarse a eliminar los obstáculos que se opongan al libre ejercicio del derecho y a respetar la libertad del ciudadano dentro de los límites constitucionales, derechos además que no se conceden sino que se reconocen como esenciales.

Los derechos del artículo 20 son:

1. El derecho a la libertad de expresión y difusión de los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra escrita a cualquier otro medio de reproducción. El bien jurídico protegido con la consagración de este derecho es la comunicación particular o pública de las ideas o juicios.

2. El derecho a la producción literaria, artística, científica y técnica, que engloba la creación intelectual cualquiera que sea el ámbito de su proyección y la propiedad intelectual. Con él surge un derecho especial que es el derecho de autor, que no afecta a la potencialidad creadora del individuo sino a la creación consumada.

3. La libertad de cátedra que podría encuadrarse con la libertad de enseñanza en la denominada libertad de ciencia. La libertad de enseñanza está encuadrada en el ámbito genérico de la libertad de expresión de pensamiento como un derecho individualista. La libertad de cátedra es un instrumento de protección de las actividades investigadoras y docentes que se traduce en un complejo de garantías establecidas para asegurar la exención de trabas o constricciones, la autonomía, participación y facultades de hacer.

Esta libertad de cátedra no significa el desconocimiento de esta libertad como expresión fundamentalmente personal de libertad y el de la implicación social de la libertad de cátedra. (la libertad de cátedra tiene un aspecto personal (el profesor que lo ejerce) y un aspecto social (los alumnos tienen derecho a que se ejerza esa libertad para que aprendan mejor).

Como libertad personal del docente, implica que este puede manifestar sin trabas su propio pensamiento y con una finalidad propiamente pedagógica.

El TC advierte que se trata, como en los demás derechos y libertades garantizados por la constitución, de una libertad frente al estado o frente a los poderes públicos cuyo contenido se ve necesariamente modulado por las características propias del puesto del docente, cuya ocupación titula para el ejercicio de esa libertad. No es lo mismo que sea una cátedra (puesto docente) de bioquímica que de derecho a la información, porque en la primera uno se tiene que ceñir a las fórmulas.

En los términos públicos, la libertad de cátedra tiene un contenido negativo uniforme, en cuanto que habilita al docente para resistir cualquier mandato de dar a su enseñanza una orientación ideológica determinada, que implique un determinado enfoque de la realidad natural, histórica o social dentro de lo que el amplio marco de los principios constitucionales hacen posible. La libertad de cátedra es una noción incompatible con la existencia de una ciencia o doctrina oficiales.

4. Otro de los derechos que viene en el artículo 20 es el Derecho a la información, que se configura como una variedad del derecho a la libre expresión. El sujeto de la libertad de información, se reconoce a todos los ciudadanos sin distinción alguna pero el periodista se encuentra en una situación especial como consecuencia de su actividad profesional.

El objetivo de este derecho es la noticia, entendiendo por tal los hechos verdaderos, que puedan encerrar una trascendencia pública. En cuanto al contenido, comprende tanto la libre difusión de las noticias como su difusión. Solo bajo el primer aspecto como derecho a emitir información puede concretarse un derecho subjetivo de carácter constitucional. El aspecto pasivo se funda en la existencia de un interés colectivo a la información pero, en realidad, constituye un mero reflejo del aspecto activo y como tal no es directamente accionable.

Para el ejercicio de este derecho se reconocen otros dos de capital importancia: el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

También en el artículo 20,se contempla la prohibición de la censura previa ya que el ejercicio de los derechos mencionados en el artículo 20 no pueden restringirse mediante ningún tipo de censura previa. El artículo 20, en el apartado 2:

• El TC en una sentencia del 83 la define como cualquier medida limitativa de la elaboración o difusión de una obra del espíritu, especialmente al hacerla depender del previo examen oficial de su contenido, ya que este examen previo implica la finalidad de enjuiciar la obra en cuestión con arreglo a los valores abstractos y restrictivos de la libertad.

• En otra sentencia del 99, el TC afirmó que el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información no tienen otros límites que los fijados implícita o explícitamente en la constitución, que son los demás derechos y los derechos de las demás personas. Por ese motivo, queda vedada cualquier interferencia y principalmente la censura previa que aparece históricamente apenas inventada la imprenta.

Def: Censura: la intervención preventiva de los poderes públicos para prohibir o modular la publicación o emisión de mensajes escritos o audiovisuales. La presión de los ciudadanos puede llegar a ser una intromisión en un derecho ajeno con relevancia penal en más de un caso, pero no censura en el sentido que le da la constitución.

Tampoco encaja en este concepto de censura previa la que a veces se ha llamado autocensura para regular la propia actividad y establecer corporativamente ciertos límites. Tampoco la carga que permite e impone a los editores y directores un examen o análisis del texto y los contenidos antes de su difusión para saber si traspasan o no los límites de las libertades que se ejercen, con especial atención a los penales,

La verdadera censura previa consiste en cualesquiera medidas limitativas de la elaboración o la difusión de una obra del espíritu, especialmente al hacerlas depender del examen previo oficial de su contenido.

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