INTRODUCCION

Las legis actiones formaron el sistema procesal más antiguo de Roma, llamadas así porque, podían provenir de la ley o se acomodaban a los términos de las mismas leyes, siendo inmutables como éstas.

Las acciones y el formulario, es un sistema que integra al orden de los procesos privados - ordo iudiciorum privatum - , contrapuesto al extraordinario de la cognitio extra ordinem, que fue el tercero y último gran sistema procesal conocido en el derecho romano. Los caracteres que fueron comunes a los procedimientos ordinarios fueron:

Otros caracteres específicamente del sistema de las acciones eran:

LEGIS ACTIO PER SACRAMENTUM

Acción por apuesta sacramental

Según se pretendiese hacer valer derechos reales o familiares por una parte, o se persiguiese el cumplimiento de una obligación personal.

El procedimiento variaba según se tratara de la defensa de la propiedad o de un derecho de crédito.

El procedimiento comenzaba por la notificación, la in ius vocatio, que era un acto privado; que el actor hace al demandado a fin que esté le siga ante el magistrado para ventilar la causa. Si el demandado se negaba a presentarse inmediatamente ante el magistrado y no ofrecía un fiador para garantizar su futura presentación, el actor podía llamar testigos y llevar, por la fuerza, al demandado ante el pretor.

Si el demandado era de avanzada edad o alguna enfermedad, el demandante no tenía obligación de proporcionalarle una litera para asistir al tribunal, pero sí un jumento u otra bestia de carga. No obstante, el domicilio era un asilo inviolable para el deudor, mientras permaneciese dentro del él. (Tabla 1)

Una vez ante el magistrado, según se tratara de un pleito sobre derechos reales o personales, el procedimiento era distinto; ante el cual debía llevarse también la cosa objeto del juicio o al menos algo que la representase, debía pronunciar ciertas palabras sacramentales. Así el que reclamaba el bien objeto del litigio debía tocarlo con una varita mientras lo aferraba con la otra, al tiempo que decía: “ digo que esta cosa es mía en virtud del derecho quiritario, por causa legítima, como lo digo ante ti, lo someto a mi vara” (Gayo, 4.16)- rei vindicatio-.

Llegaba el turno al demandado, quien decía lo mismo y hacía lo mismo - contra vindicatio- . A menos que optase por callar, caso en el que el pretor adjudicaba sin más trámite el bien al reclamante - addictio- con lo que terminaba el pleito.

En este estado, el magistrado ordenaba a ambos litigantes soltar la cosa, lo cual tenía lugar un nuevo intercambio de frases rituales entre los dos. Después se hacía la apuesta sacramental, realizada por los litigantes, cuyo importe era establecido por los pontífices mientras se sustanciaba la causa, los que una vez terminado el litigio, la devolvían al vencedor y retenían la del vencido. Posteriormente, el compromiso fue suficiente como para pagar la apuesta si se perdía el juicio dando garantías - paredes sacramenti -, sin que exigiese ya el desembolso del proceso. Finalmente una ley Papiria estableció que en todos los casos la apuesta debía pagarse una vez dictada la sentencia, designándose a unos funcionarios especiales - tresviri capitales - para recaudarla. En esta época el destinatario de los importes obtenidos por esta vía es el erario público.

La apuesta alcanzaba la suma de cincuenta ases si el bien objeto del juicio tenía un valor inferior a mil ases, así como en los procesos en que se ventilaba la libertad de un esclavo, para favorecer las manumisiones. Era un cambio de quinientos ases si la cosa litigiosa se valuaba en mil ases o más.

Posiblemente las primitivas apuestas no se hacían en dinero, sino en bestias destinadas al sacrificio, debido a que el destinatario final de la apuesta del vencido era el colegio de lo pontífices el que realizaba los sacrificios para desagraviar a los dioses por el mal uso que, quien había resultado vencido, había hecho de los formulas sagradas que había pronunciado en el pleito. Posteriormente, de acuerdo a la ley aternia tapeia, se decretó la conversión de las bestias en dinero.

Una vez llevada a cabo la apuesta sacramental, el magistrado atribuía la posesión de la cosa a uno de los litigantes, probablemente a su capricho. Este estaba en consecuencia obligado a suministrar a su contrario garantías - paredes litis et vindiciarium- para asegurar la restitución del bien y sus frutos en caso de resultar vencido en definitiva.

Después se procedía al nombramiento del juez o iudex; la ley Pinaria pospone este nombramiento por treinta días con el fin de que las partes tengan la oportunidad de arreglarse extrajudicialmente. El magistrado presentaba una lista de los posibles jueces ante las partes para su designación, de no existir tal acuerdo, el nombramiento lo hacía el magistrado.

El último acto de esta audiencia era la litis contestatio que era el acto por el cual se invitaba a los testigos presentes a que fijaran bien en su memoria los detalles que había sucedido in iure. Estos testes eran necesarios, para tratarse de un procedimiento oral, en el que no se utilizaban escritos para hacer constar los detalles del proceso.

La segunda etapa - apud iudicem - , del pleito tenía lugar ante el juez, con la presencia de los testigos que habían asistido a la primera fase. Se desarrollaba en la plaza pública y el juez oía a las partes, verificaba y merituaba las pruebas por ellas presentadas, sin poder requerir nuevas probanzas, y antes de la caída del sol dictaba la sentencia o bien podía declara bajo juramento que el caso no le parecía claro.

La sentencia es oral y se limitaba a manifestar cuál de los litigantes había apostado correctamente. El vencedor recogía su apuesta, perdiendo el vencido la suya y se quedaba con ella. Si el fallo había beneficiado a quien no poseía la cosa, la parte victoriosa n o podía obligar al poseedor a restituirla. En este caso el magistrado nombraba tres árbitros para que la valuaran al igual que a sus frutos. Tal la suma que debía pagar el perdedor, doblada en el caso de los frutos, contando para ello el acreedor con la garantía que aquél había prestado cuando el pretor le entregó el bien objeto del juicio al producirse la litis contestatio. Para lograr el cobro, el interesado podía recurrir a la acción de la ley por aprensión corporal.

La legis actio per sacramentum era la más general. Servía siempre para determinar derechos, tanto reales como personales. Sin embargo, tenía la desventaja de que una de las partes no sólo perdía el proceso, sino que también una apuesta.

Al lado de esta legis actio per sacramentum, surgen dos legis actiones más, para casos especiales, que son las siguientes:

LEGIS ACTIO PER IUDICIS POSTULATIONEM

Acción por pedido de Juez

Procedimiento declarativo especial aplicable a casos específicos expresamente previstos en la ley.

Las partes se limitaban a pedir al magistrado que les designara un juez, sin que se celebraran apuestas procesales.

Según Gayo solamente se utiliza este tipo de acción en los siguientes casos:

LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM

Acción por emplazamiento de pago

Creada por la ley Silia, ( 250 a.C) para reclamar el pago de créditos que tuviesen por objeto sumas de dinero. El procedimiento fue extendido por la ley Calpurnia, ( 200 a.C.) a los litigios donde se reclamaban cosas ciertas y determinadas.

No era necesario que el demandante expresara la causa en virtud de la que acciona. Simplemente bastaba con que indicara una ejecución de un crédito. Luego del intercambio de las palabras solemnes, y prescindiendo de la apuesta, el magistrado cita a las personas para que luego del plazo de treinta días volviesen a fin de elegir un juez.

Estas legis actiones, tenían por objetos la determinación de derechos subjetivos. Para su ejecución de tales derechos servían las legis actiones siguientes:

LEGIS ACTIO PER MANUS INIECTIONEM

Acción por aprehensión corporal

De acuerdo a la ley de las XII Tablas, se aplica a quién había sido vencido en un juicio y condenado al pago de una determinada cantidad de dinero - iudicatus -. Como derivaciones, se admitió su empleo en contra del confeso - confessus -, esto es aquél que había reconocido expresamente su deuda al ser citado ante el pretor; y del condenado en virtud de acción de petición de juez o árbitro ­-damnatus-.

Leyes posteriores extendieron la vía de ejecución a otras situaciones, de forma que la misma se convirtió en la acción ejecutiva general y era declarativa general. La ley Publilia, dio al garante en contra del deudor cuya deuda se había visto obligado a pagar; la ley Furia, concedió al deudor en contra del garante que le hubiese cobrado más de lo que le correspondía; otra ley Furia estableció a favor del heredero en contra de los legatarios extraños que hubiesen recibido de la herencia una porción mayor a la que la ley permitía. También la tenían el propietario, para reclamar el pago de los daños y perjuicios cometidos contra su propiedad; el legatario para reclamar el pago de su legado de crédito - per damnationem-; el acreedor instituido por medio de un contrato de préstamo solemne -nexum-; y podía ser ejercida, como acción popular, para reclamar el pago de multas impuestas al que hubiese causado daño en cosas públicas o sagradas.

Debido a la abundancia de los casos presentados, se tomaba el supuesto del condenado por sentencia en un juicio declarativo. Éste , una vez perdido el juicio, podía adoptar tres formas de conducta:

El procedimiento era el siguiente:

Posterior al pronunciamiento de la sentencia condenatoria, el deudor tenia treinta días para pagar. Si no lo hacía, la ley autorizaba al acreedor a apoderarse de su persona cosa que hacía poniéndole la mano en el cuello - obtorto collo -, y llevándolo a su caso donde lo encadenaba. La ley de las IX Tablas reguló el peso y las cadenas con que se le debía cargar, y la comida que había obligación de suministrarle.

Transcurridos sesenta días debía permanecer el condenado en esas condiciones, a menos que antes abonase su deuda. Después de ese espacio de tiempo le sucedían tres días de mercado y el pretor recodaba al público en general los motivos del cautiverio y la cantidad adeudada, para que alguien pudiese tener compasión y abonarla. Una vez vencido el plazo establecido, el acreedor podía vender al deudor como esclavo o matarlo.

En el caso de haber varios acreedores, cada uno tenía derecho a una parte proporcional del cadáver, y si alguno tomaba un poco más de lo que le correspondiera, no se consideraba fraude, según la ley de las IX tablas con benevolencia.

La ley Poetelia Papiria suavizó o suprimió este sistema.

LEGIS ACTIO PER PIGNORIS CAPIONEM

Acción por toma de prenda

Tenía un procedimiento especial. En principio, el acreedor se apoderaba de un bien mueble de propiedad del deudor, cosa que podía hacer incluso en ausencia de éste y aun en día nefasto, aunque llevando tres testigos.

Gayo enumera los casos en que se podía utilizar:

BIBLIOGRAFIA

Marinea Idearte Martha, Iglesias González Roman. - DERECHO ROMANO.- Edit. Harla.-México 2001.

Floris Margadant S. Guillermo. - DERECHO ROMANO.- Edit. Esfinge.- México 1994.

Ghirardi Juan Carlos, Alba Crespo Juan José.- MANUAL DE DERECHO ROMANO.-

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