REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO

ESCUELA DE DERECHO

SEMINARIO: DERECHO A UN JUICIO JUSTO

LA IMPUNIDAD Y EL CARACAZO

INTEGRANTES:

CARACAS, 13 DE JUNIO DE 2003

La Impunidad, es definida por el Diccionario de la Academia como falta de castigo, es decir, la libertad que un delincuente logra de la pena en que ha incurrido; dicha acepción tiene mucha relación con el Derecho Penal. Es la posibilidad de cometer crímenes sin tener que sufrir pena alguna.

Los motivos más comunes que pueden llevar a esa circunstancia, porque es la que más hiere la sensibilidad colectiva, está representada por aquellos casos en que, siendo conocidos los autores, no se los persigue por razones de orden político, siempre abusivas y propias de Estados en los que la libertad ha sido cercenada, la prensa amordazada, los tribunales prostituidos y el poder entregado en manos de una minoría sostenida por la coacción, el miedo y la cobardía general.

Una causa que se podría añadir también, es la consecuencia de la aplicación del principio in dubio, pro reo, según el cual los tribunales tienen que pronunciarse por la absolución, que a veces puede ser impunidad del imputado. Sin que a este respecto quepa olvidar la posibilidad de los errores judiciales, que unas veces resultarán del hecho de haber condenado a un inocente; pero otras, a la inversa, de haber absuelto a un culpable.

Casos típicos de impunidad, por lo menos durante muy largos períodos, se encuentran en los que se denominan criminológicamente “asesinos de masas”; es decir, de aquellos que de modo continuado y sistemático dan muerte a otras personas, hecho significativo por cuanto demuestra que el autor de sucesivos delitos o no es descubierto nunca o, si lo es por el último delito, parece evidente que todos los anteriores quedaron impunes.

Finalmente, otra causa determinante de la falta de castigo se encuentra en la frecuente dificultad de distinguir entre la muerte natural y la causada por mano ajena, o entre el accidente casual y el homicidio, así como en la desaparición, ni denunciada ni conocida, de personas.

Según varios autores, la impunidad puede ser de hecho o de derecho. Bernaldo de Quirós señala:

• Impunidades de hecho:

Son los crímenes que pasan, y pasarán siempre, más o menos desconocidos a los ojos de la justicia; crímenes que se conocen, pero cuyos autores escapan a la acción de la justicia por no haber sido determinada su personalidad o no haber podido ser aprehendidos; delitos cuyos autores son conocidos, pero que no se persiguen ni se penan, por excepción abusiva debida a la organización política y social propia de cada tiempo.

• Impunidades de Derecho:

Señala que la más importante durante el desarrollo del Derecho es el derecho de asilo, sobre todo en países latinoamericanos. Con referencia al Derecho Moderno señala las siguientes: la amnistía, indulto, perdón, prescripción y excusas absolutorias en que la ley, por diversas razones y móviles, deja sin pena hechos que positivamente son delitos, puesto que ninguna causa de justificación ni de inimputabilidad los discrimina.

Vale decir, que la impunidad trae consigo graves consecuencias que no debemos pasar por alto, entre las más importantes se encuentra: que supone la negación de justicia para las víctimas. No procesar a los responsables de graves violaciones, generalmente va unido a negarse a investigar los hechos y negarse también a conceder reparación por los daños sufridos.

Para la lucha contra la impunidad, experiencias recientes han mostrado la importancia de establecer procesos colectivos e institucionales de verdad y esclarecimiento de los hechos a través de la conformación de comisiones que se les ha llamado en la mayoría de los casos "Comisiones de la Verdad". Durante la década pasada las comisiones de la verdad se han convertido en un elemento habitual en los procesos de cambio de régimen, la resolución de conflictos y la construcción de la paz o cuando se arrastra un legado de violaciones de derechos humanos masivos.

Las comisiones de la verdad son distintas a los tribunales de justicia y generalmente no establecen responsabilidades penales individuales ni imponen sanciones, se centran en abusos pasados cometidos durante un cierto periodo, y tienen una duración limitada que suele finalizar con la publicación de un informe. Desempeñan un importante papel a la hora de reconstruir de modo fidedigno el pasado y ofrecer a las víctimas una plataforma desde la que ellas pueden contar su historia, compartirla con la sociedad y el Estado y obtener reparación.

La trascendencia de la impunidad en el delito reviste caracteres no ya graves, sino alarmantes, pues, como afirma Von Henting, “es probable que el número de delitos conocidos por la policía sea sólo un pequeño fragmento de la cifra de los delitos reales”, sin que las estadísticas sirvan para determinar ni siquiera en número de los delitos; pues, como advierte Mezger, esas estadísticas, más que a los delitos, están referidas a las penas.

Amnistía Internacional y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, llevan muchos años luchando para acabar con la impunidad y llevar a la justicia, a los responsables de violaciones graves de derechos humanos. En Venezuela existe Cofavic que es una de esas grandes organizaciones que luchan por la protección de los derechos humanos en el país y contra la impunidad.

A pesar de que en muchos países la impunidad sigue siendo la regla y la justicia la excepción, la tendencia, aunque lentamente, parece estar cambiando. Cada vez son más los gobiernos que reconocen la importancia de procesar a los responsables, sino en su propio país, en el extranjero.

Venezuela, siempre ha sido un país de grandes cambios sociales, pasando por la guerra de independencia, las caídas de las dictaduras y otras, hasta llegar a lo que somos hoy: Un país que vive regido bajo un sistema “democrático”. A lo largo de nuestra historia, constantemente hemos sido un pueblo víctima de sus gobernantes, desde la bestialidad con la que los españoles llegaron a pisotear el orgullo y las costumbres de nuestros aborígenes, hasta la rudeza de las dictaduras y las corruptelas de nuestra supuesta democracia. Es precisamente en gran parte, esa corruptela de nuestras democracias modernas una de las grandes causas que provocaron el estallido social del 27 de febrero de 1989, mejor conocido como “El Caracazo”.

Cuando el ex presidente Carlos Andrés Pérez, arriba a su segundo mandato, recibe un país en llamas, una bomba de tiempo a punto de explotar. El pueblo venezolano se encontraba totalmente hastiado de la miseria, el hambre, la corrupción del bipartidismo tradicional, la crisis económica que había comenzado en 1983 cuando tuvo lugar una drástica devaluación del bolívar había afectado enormemente el bolsillo del ciudadano común, reduciendo sus posibilidades de salir adelante o tan siquiera, llevar un plato de comida decente a su mesa.

Aquel presidente en el cual estaban cifradas muchas de las esperanzas de sus votantes, las cuales en su mayoría se resumían en una mejora en las condiciones sociales y económicas de la sociedad, pronto se vieron defraudadas. Cuando el nuevo gobierno anunció las medidas económicas, en lo que es mejor conocido como el “paquete económico”, la situación del país se convirtió en insostenible. De este nuevo plan económico quizás la única cosa buena que se podía deducir era el incremento del salario mínimo de los trabajadores, eso en contraposición al aumento de la gasolina, del transporte público en un 40%, de la liberación de las tasas de interés, de la liberación de los precios con excepción de 18 de ellos, todos integrantes de la cesta básica, degeneró en un estallido social de magnitud nunca antes vista en nuestra democracia. El pueblo ya no aguantaba más, venía ya desde hacía algunos años decepcionándose lentamente del sistema y cuando se anuncian las medidas económicas casi todas de aplicación inmediata, instantáneamente se produjo una reacción.

Las protestas comienzan por parte de los transportistas, quienes sostuvieron una lucha con el gobierno por el aumento de la gasolina e irrespetaron los pasajes estudiantiles, las medidas económicas debían hacerse efectivas desde el 26 de febrero. Para el día siguiente comenzaron los focos de protesta que con el transcurso del día fueron acrecentándose, en esos días sucedió de todo, los cerros bajaron a la ciudad y tomaron las calles en una desesperada lucha por mantener su estatus social, los protestantes en su mayoría fueron personas jóvenes con una edad promedio de 27 años que no sólo protestaron y obstaculizaron calles y vías de acceso a la ciudad, sino que protagonizaron diversos actos de vandalismo, de los cuales se evidenció el acaparamiento de los productos que durante tanto tiempo habían faltado en los anaqueles de los negocios, al ver esto la indignación fue todavía mayor.

Para el momento de los sucesos la poca información que se tenía era obtenida a través de los conocidos “rumores” y de los medios de comunicación que transmitían a medias imágenes de calles trancadas, negocios saqueados, gente descontrolada por toda la ciudad y caos total. El hecho de que los medios de comunicación se atrevieran a transmitir tales imágenes exacerbó aún más los ánimos, generalizándose así la situación, los primeros focos de violencia se presentaron en la zona de Guarenas en el estado Miranda y el centro de la ciudad de Caracas, pero para cuando se transmiten las imágenes estos focos se habían acrecentado tanto que toda la ciudad era un desastre, el Litoral también había comenzado a presentar problemas, situación que fue copiada por las ciudades más importantes del interior del país, tales como Maracay, Valencia, Barquisimeto, Guayana, Mérida, Maracaibo.

Vistos los hechos, el presidente ordena la represión de las manifestaciones, sacando a la calle a todos los cuerpos policiales y un altísimo contingente de efectivos militares. Sin embargo, esto lejos de controlar la situación, fue un agente más para que se caldearan los ánimos en la población, el desastre era tal que para las horas de la tarde los cuerpos policiales ya habían sido superados por los manifestantes, su velocidad de reacción era lenta y no pudieron controlar la situación por ellos mismos.

La situación se mantuvo así hasta que, al mediodía del día 28 de febrero de 1989 el presidente Pérez en consejo de ministros redacta un decreto de suspensión de garantías, restringiendo las siguientes garantías: libertad individual, inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de expresión, derecho a reunión y derecho a manifestación pacífica, contemplados estos en los artículos 60 (1), (2), (6) y (10); 62, 64, 66, 71 y 115 respectivamente, de la constitución del 61 vigente para el momento. El gobierno que estaba viendo en peligro sus intereses y su estabilidad, en un intento desesperado por controlar a la población no sólo decreta la suspensión de garantías, sino que hace cada vez más fuerte el contingente de efectivos policiales y militares en las calles, nadie podía salir de sus casas dentro del toque de queda y no le otorga salvoconductos a nadie que no fuera funcionario del Palacio de Miraflores.

Es precisamente con la suspensión de las garantías y con la presencia de la guardia en las calles cuando se producen las mayores atrocidades que se vieron durante ese período un poco menor a un mes. El descontento popular era tal que, los saqueos y la violencia continuaron aún con la suspensión de garantías, lo cual dio pie para la inmensa represión de la que fueron víctimas los protestantes por parte del la Guardia Nacional y el Ejército principalmente, a manos de quienes murieron, fueron heridas y desaparecidas una inmensa cantidad de personas mayormente durante los primeros días del mes de marzo. Con todos estos sucesos se pusieron en duda costumbres fuertemente arraigadas en la sociedad venezolana, como el control de la población por parte de los partidos conocidos, la pasividad popular y la estabilidad de la democracia.

De estos días turbios en la historia venezolana quedan aún en la población las marcas. Los sectores del área metropolitana de Caracas más afectados fueron: Petare, Catia, El Valle y la zona de la urbanización de interés social "23 de Enero". Según cifras oficiales, hubo un aproximado de 300 civiles fallecidos, cifra que más adelante, en el año 1990, fuera puesta en duda por el hallazgo de lo que hoy conocemos como “La Peste” una fosa común con 68 cadáveres en las adyacencias del Cementerio General del Sur, de los cuales sólo han sido reconocidos 3 luego de la exhumación, mientras que el resto, continúa esperando por un culpable, una identificación y un entierro decente. Los muertos de esa fecha en su mayoría fueron hombres jóvenes, pero se encontraron también, mujeres, niños y ancianos, en su mayoría de nacionalidad venezolana.

Ahora bien, más allá de los fallecidos hubo una inmensa cantidad de heridos que en algún momento se llegó a mencionar como mayor a los 2.000.000 y todavía existen una gran cantidad de personas desaparecidas, algunas de las cuales, se sospecha que pueden ser de las que forman parte de “La Peste” o que, se encuentran igualmente, muertas en algún otro lugar de nuestro territorio. A lo cual se adicionan las cuantiosas pérdidas materiales.

Hoy, a casi quince años de lo sucedido, el gobierno venezolano no ha dado ninguna respuesta efectiva a la situación de estas personas y sus familiares. De una denuncia que pusieran los familiares de las víctimas ante organismos internacionales, se logró que el Estado Venezolano, el cual admitiera su responsabilidad en los hechos, pretendiendo refutar esa declaración luego, fuera sentenciado a lo siguiente: La indemnización a los familiares de las víctimas antes de un plazo determinado, la búsqueda y el castigo a los culpables de las numerosas muertes y desapariciones, y la identificación de los cadáveres que se encuentran en la fosa común.

De los 44 casos representados por la organización no gubernamental para la protección de los derechos humanos (COFAVIC) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 18 ocurrieron en o después del 1º de marzo de 1989, cuando las protestas populares habían cesado, y cuando, desde la tarde del día anterior (28 de febrero de 1989), el Gobierno de Venezuela, según informes y declaraciones oficiales del Ministerio de Relaciones Interiores de Venezuela, tenía completamente controladas las alteraciones del orden público que se produjeron los días 27 y 28 de febrero en Caracas y en otros lugares del país.

Sobre la aplicación efectiva de esa sentencia, pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fecha 11 de noviembre de 1999, podemos decir lo siguiente: la indemnización a los familiares todavía no se ha hecho efectiva y el plazo otorgado al estado venezolano está por vencerse; en la búsqueda de los culpables y la identificación de los cadáveres encontrados en la fosa común, muy angustiosamente sólo se puede decir que la poca actuación que ha tenido el gobierno al respecto, ha sido para entorpecer las investigaciones y sin los debidos procesos científicos y jurídicos para la realización de estos actos, así por ejemplo gran parte de estos cadáveres reposan en nichos, lo cual facilita el entorpecimiento de las pruebas.

Luego de analizar todos los hechos, no nos queda más que preguntarnos el por qué de que hechos como estos se produzcan en una nación civilizada, bajo el amparo de una supuesta democracia que respeta los derechos humanos, y que se presenta continuada puesto que, los gobiernos siguientes no han hecho más por el esclarecimiento de la situación, impulsando así, la impunidad reinante en nuestro país y contribuyendo a eliminar la seguridad de la sociedad por la cual ellos han estado obligados a velar.

Agotadas todas las instancias y vista la situación fáctica, pareciera que nuestra última alternativa es reflexionar al respecto y hablar de ello, que la historia sea conocida por todas nuestras generaciones venideras, con la esperanza de que ello contribuya a que en lo sucesivo situaciones tan lastimosas como esta no se vuelvan a repetir.