Lección 3ª:

LA IIª República.

REFORMAS Y LUCHA SOCIAL

3.1.- La legislación sociolaboral.

3.2.- La escisión obrera.

3.3.- Obreros y patronos.

3.4.- Jornaleros y Propietarios.

3.5.- El movimiento de huelgas.

3.6.- Reacción, movimientos insurreccionales y Frente Popular.

3.1.- La legislación sociolaboral.

La heterogeneidad y la debilidad organizativa del gobierno provisional que se instauró tras la proclamación de la IIª República en abril de 1931, impidieron que tuviera una dirección única, un claro programa de acción y una coordinación de políticas entre sus diferentes ministerios, por otro lado, una vez conquistada la soberanía racional y los derechos de los ciudadanos.

Una vez resuelta la cuestión el Régimen Político con la aprobación de la Constitución en diciembre de 1931, comenzaron a surgir inevitablemente las diferencias respecto al tipo de sociedad.

Si la crisis política de la monarquía fue debida a su escasa capacidad de integración social, el primer cometido de la República sería definir que lugar ocupaban en ella las diferentes clases que habían participado en su instauración (jornaleros, obreros, patronos, clases medias, burguesías, etc..., es decir, todas las clases sociales).

Precisamente, la discusión sobre el sujeto político que llevaría a la práctica los contenidos reformadores influyó decisivamente en la división de las fuerzas políticas: “Acción Republicana”, “Partido Radical Socialista” y los “Nacionalistas” pensaban que era imprescindible la presencia de los socialistas en el Gobierno; por su parte, el Partido Radical creía que había que prescindir de ellos haciéndose eco de las inquietudes patronales.

En cuanto a las reformas propiamente dichas, afectaban a todos los órdenes de la vida, tanto política como social, destacan una serie de leyes laborales que había presentado el Ministerio de Trabajo.

Esta legislación trataba de crear el marco legal que reglamentara las relaciones laborales y afianzara así la posición de las organizaciones obreras, especialmente de la UGT en la negociación de los contratos de trabajo y la vigilancia de su cumplimiento.

Durante los primeros meses de la República se fueron sucediendo decretos y leyes, y así tras una larga labor legisladora, el Estado pudo contar con el primer conjunto de leyes que abarcaban la totalidad de las relaciones entre obreros y patronos. Algunos de los principales instrumentos legales fueron:

• La “Ley de Términos Municipales”, por la que se extendía al campo la organización de los Jurados Mixtos y los Seguros Sociales.

• La “Ley de Contrato de Trabajo”.

• La “Ley de la Jornada Máxima”.

• Especial significación tuvo la “Ley de los Jurados Mixtos”, que reformaba la organización corporativa nacional de la Dictadura, ampliando las atribuciones de los antiguos Comités Paritarios para elaborar las bases de trabajo de todos los oficios, vigilar el cumplimiento de todos los contratos, denunciar las posibles irregularidades, juzgar las denuncias, y penalizar hasta determinada cuantía a los culpables de las transgresiones.

• La “Ley de Asociaciones Profesionales”, aprobada el 8 de abril de 1932, por la cual, a través de ella, las asociaciones de obreros y patronos de todos los oficios nombrarían a todos los representantes que de forma paritaria integrarían los Jurados Mixtos, bajo la autoridad de un presidente nombrado por el propio Ministerio.

• La “Ley de Reforma Agraria”; otra asignatura pendiente para el Gobierno Republicano era la reforma agraria. El proyecto fue rechazado por los Socialistas y por la “Agrupación de Propietarios Rurales”.

El Estado de conflictividad fue en aumento tanto por la demora en la Ley como por las dificultades que se tenían para hacer cumplir la nueva legislación, y finalmente por la ineficacia de todos los decretos y leyes para resolver el problema del parto.

La aprobación final de la “ley de Reforma Agraria” acabó por frustrar las expectativas de los jornaleros, se traba de reformas que afectaban en un periodo muy breve de tiempo a toda la sociedad y a las más importantes fuerzas sociales.

Las reformas laborales afectaban a los intereses de los patronos y de los trabajadores, esas mismas leyes aplicadas a la agricultura y la reforma agraria, afectaban especialmente a los campesinos y a los propietarios.

3.2.- La escisión obrera.

Aunque en muchas interpretaciones de la República se atribuyen los enfrentamientos sociales y políticos que padeció España en los años '30 a una polarización entre Reformadores y Reaccionarios, las cosas fueron más complejas; las raíces sociales de la debilidad de la República hay que buscarlas en las divisiones internas de cada uno de esos elementos opuestos:

• Obreros y Burgueses.

• Centralistas y Nacionalistas.

• Católicos y Laicos.

Una de las más graves tuvo lugar en el seno de la propia clase obrera, era la convicción de republicanos y socialistas, que la integración de la clase obrera en las instituciones solo se conseguiría si se procedía a una mejora sustancial de la condición obrera. A ello tendía en primer lugar la legislación social elaborada por el Ministerio de Trabajo; no se pretendía solo modernizar las relaciones de trabajo, sino que la nueva legislación trataba también de afianzar par la UGT una posición indescriptible en el aparato del Estado y de impulsar así la marcha de los Socialistas hacia un nuevo tipo de sociedad. La República era en ese sentido una estación de tránsito y no un punto de llegada.

En su camino hacia la nueva sociedad, los socialistas de la UGT no se toparon solo con la oposición de los patronos, sino con la de un poderoso sindicato rival, la CNT. La UGT pretendía con legislación laboral y con la institucionalización de los Jurados Mixtos termina con la que definiría como una enfermedad de la clase obrera, el sindicalismo anarquista y revolucionario.

La CNT comenzó a sentirse hostigada y perseguida por el tipo de política que desde el poder pretendía implantar los dirigentes de la UGT a la que calificaban de “Políticas de Burguesía”, su oposición consistió en su tradicional forma de lucha obrera por medio de la acción directa y de la movilización de la clase obrera, es decir, sin inscribir a sus sindicatos en ningún registro oficial y sin recurrir a la mediación de organismos gubernamentales. En esta línea de actuación, la CNT organizó, donde tenía poder para hacerlo, huelgas generales que se dirigían contra la política socialista, y que además serían el termómetro de su fuerza entre al clase obrera. La segunda práctica ceenetista consistió en la declaración de movimientos insurreccionales cuyo objetivo explícito era el derrumbamiento del Estado de la propia República.

La amplitud de los movimientos de huelga y las simpatías que despertaban en los sectores más marginados (jornaleros del campo y de las ciudades, y todos los que sentían la inseguridad del empleo o no lo tenían), sorprendió a los republicanos y a los Socialistas que no esperaban que su política pudieron tropezar con esa oposición en el seno de la propia clase obrera.

Finalmente, en 1933, cuando la crisis económica dejó sin trabajo a millares de jornaleros en el campo y las ciudades, la CNT puedo aparecer con toda su fuerza, convocando las huelgas en todas estos sectores y agudizando la lucha social; sus llamamientos a la insurrección condujeron invariablemente a fracasos, pero la importancia de esta movilización debe medirse por sus efectos a largo plazo sobre los fundamentos sociales de la República.

Tal como había sido definida por sus fundadores, la República, democrática en su funcionamiento político y reformadora en sus contenidos sociales, tenía que basarse en la alianza de la clase obrera y de las clases medias. La escisión en el seno de la clase obrera privaba a la República de uno sus principales fundamentos porque situaba a un sector muy amplio de esa clase en una posición activa contra ella, y además hacía peligrar el apoyo del sector obrero; era muy difícil que la UGT siguiera compartida en la consolidación de un régimen que sufría la abierta hostilidad del sindicato rival, capaz de movilizar a sectores cada vez más amplios de obreros y campesinos, de hecho, una vez que perdieron su posición en el gobierno, los dirigentes de la UGT adoptaron a su vez la práctica de la Huelga General Revolucionaria, cuyo objetivo manifiesto no era la simple obtención de mejoras para la clase obrera, sino la destrucción de la República y la toma de poder.

3.3.- Obreros y patronos.

A pesar de la creciente oposición entre los dirigentes locales, la UGT y el PSOE mantuvieron, hasta septiembre de 1933, su participación en el Gobierno y su compromiso de consolidar la República. La crisis de la Coalición Republicano-Socialista fue provocada por las repercusiones de la movilización patronal en el seno del sector Republicano; coincidirían en el tiempo las llamadas de la CNT contra la “Dictadura social-azanista”, y la más sonora protesta de los patronos que se quejaban sobretodo de la falta de autoridad que arruinaba el clima de convivencia social al permitir toda clase de violencias y coacciones (afirmaban en su manifiesto -los patronos- que sin autoridad no hay economía posible).

Para las organizaciones patronales, el problema era su estructura gremial y su disposición asociatoria, los patronos más combativos defendían la necesidad de copiar el sistema organizativo de los obreros, crear una fuerte organización que reuniera a todas las patronales dispersas, y junto a ella, un frente único patronal para la formación de un partido político de patronos. Sin embargo, estas peticiones no encontraron el eco necesario, en todo caso, la oposición de los patronos de la industria y del comercio no fue durante el Bienio Reformador una oposición a la República, sino a la política socialista y a la presencia del Secretario General de la UGT, y en general, de los socialistas en el Gobierno; argumentaban que la presencia socialista en el Gobierno se había revelado inútil para la reforma social, la propuesta que formulaban era la formación de un Gobierno que prescindiera de los socialistas y que procediera a una rápida y sustancial reforma de los Jurados Mixtos, reduciéndolos a organizaciones de mera conciliación pero nunca desigual.

3.4.- Jornaleros y Propietarios.

Las luchas sociales en las ciudades no alcanzaron la violencia física y personal de las luchas rurales, no olvidemos que la clase obrera urbana tenía ya una tradición organizativa con al que los patronos debían contar; en el campo, en cambio, donde la dictadura no acabó de llevar sus Comités Paritarios, los propietarios disponían de mucha más fuerza generada por la falta de organización de los jornaleros, el exceso de mano de obra, el control de los ayuntamientos y la presencia de la Guardia Civil. Factor decisivo fue la cercanía de la Iglesia a los intereses de los propietarios.

La instalación de la Republica cambió radicalmente esta situación, en primer lugar, los propietarios perdían el control de los Ayuntamientos; en segundo lugar los Comités Paritarios se extendieron a la agricultura (Jurados Mixtos) y así los socialistas lograron implantar la organización obrera en los pueblos; finalmente, en tercer lugar, los decretos del Ministerio de Trabajo que extendían al campo la legislación laboral, crearon el primer marco legal para unas relaciones de trabajo regidas hasta entonces a voluntad de los propietarios.

Todas estas medidas implicaban una autentica subersión de las tradicionales relaciones de dominación en el campo; la respuesta patronal adoptó el mismo cauce que la de los patronos urbanos, reforzar sus organizaciones tradicionales y crear nuevas confederaciones; la resistencia de los propietarios al cumplimiento de la nueva legislación laboral, la frustración de los jornaleros ante la disolución de todas sus expectativas en una rápida reforma agraria y la incidencia de la crisis económica y la miseria generalizada, se convirtieron en las principales causas de que la conflictividad latente en gran parte del mundo rural aflorara a la superficie al mismo tiempo que lo hacía también en las ciudades (principalmente durante el invierno 1932-1933).

3.5.- El movimiento de huelgas.

El conjunto de los trabajadores que había celebrado la proclamación de la República esperaba de ella trabajo para todos y en mejores condiciones, pro lo tanto, fue la escasez del trabajo el factor decisivo en el enfrentamiento dentro de la propia clase obrera y de las muchas entre el conjunto de trabajadores y la clase patronal.

El número de jornadas de huelga se mantuvo similar a lo largo de 1930, 1931 y 1932, en 1933 se produjo un salto decisivo tanto en el número de huelgas como en el de huelguistas, lo que influyó decisivamente fue el incremento de huelgas agrícolas y de la construcción que se extendieron por todo el país.

La enorme amplitud que alcanzó la movilización sorprendió tanto a las autoridades como a los dirigentes obreros, y solo puede entenderse si se recuerda que la instauración de la República había despertado una enorme expectativa entre la clase obrera y campesina que esperaban mejorar en las condiciones de trabajo, el fin de una arcaica relación de dominación, y en suma, la transformación de la sociedad en la dirección de la emancipación obrera.

Lo que dio a la lucha de clases en el periodo Republicano una radicalidad imposible de entender fue la frustración de esa expectativa de mejora paulatina, lo que reforzó la decisión de emprender la conquista de la nueva sociedad por otros medios.

3.6.- Reacción, movimientos insurreccionales y Frente Popular.

Las luchas sociales como repuesta a la escasez de trabajo fueron más notorias en las zonas rurales que en las ciudades; en el transcurso de las mismas, la clase obrera experimentó enfrentamientos muy duros, las causas venían de lejos, pero se reforzaron con la diferente práctica político-sindical adoptada por cada una de las organizaciones obreras, al final de esa confrontación, el sector obrero formuló un balance que conducía a la ruptura de su compromiso con el sector republicano de las clases medias, esta primera convicción llevó a los dirigentes del socialismo a romper su pacto histórico con el republicanismo de izquierda.

En noviembre de 1933 , tras romperse la coalición republicano-socialista y acudir separadamente a las urnas, la izquierda republicana quedó literalmente barrida de las elecciones y los socialistas no obtuvieron más que 58 diputados. Con esa pérdida los socialistas sacarían una segunda conclusión mas allá de la ruptura de la alianza política: “La clase obrera no tenía nada que esperar de la República”.

Por otro lado, la presencia a las mismas puertas del Gobierno de una organización política que se había negado a aceptar la Constitución republicana trajo consigo una dura respuesta de los derrotados en la contienda electoral, mientras la izquierda republica solicitaba la convocatoria de nuevas elecciones, los socialistas anunciaron que de entregarse el Gobierno a la Derecha no Republicana irían a la Revolución. Ahora bien, las elecciones no habían dado el triunfo a una coalición estrictamente reaccionaria, el número de diputados obtenidos por el Parido Radical (102) y la CEDA (117) y la base social que representaban, impedían, por tanto, iniciar una política decididamente reaccionaria, o sea, que se propusieron además de la aniquilación de las leyes reformadoras, la revisión de la Constitución, pero por otra parte, era también imposible formular una política conservadora de lo ya realizado; el Gobierno, dirigido por el Partido Radical, con el apoyo parlamentario de la CEDA, no podría anular las reformas emprendidas en el primer bienio, pero tampoco podía permitir que las reformas funcionasen en la dirección pretendida por sus autores. Esto se tradujo en una continua tensión entre radicales y cedistas en torno a la amplitud que debía alcanzar la rectificación de las reformas, esto impidió que se iniciara una auténtica obra de Gobierno, y aunque no todas las leyes y decretos fueron derogados, sus efectos en muchos casos quedaron paralizados.

La carencia de un gobierno fuerte dio lugar a un diferente tipo de confrontación en las ciudades y en los campos. En el primer caso, la fuerza de los sindicatos, la experiencia de las huelgas y la consolidación en algunas de ellas de frentes sindicales (UGT, CNT) dio lugar a un incremento de las huelgas y una decidida resistencia. En las zonas rurales, los propietarios y agricultores interpretaron el triunfo electora de la CEDA como un triunfo personal sobre los jornaleros y arrendatarios, en el campo no ocurría como en las capitales, donde la relación de clase se encontraba mediada por instituciones y organizaciones; aún no había desaparecido la herencia caciquil y el diputado que hacia o anulaba una ley era a al vez el propietario y tenía habitualmente a su personal disposición al cacique, el sacerdote o a la Guardia Civil. Las relaciones de clase eran todavía relaciones personales.

Los radicales dejaron plenamente hacer a su gusto a los propietarios y agricultores en las zonas rurales. La tendencia puramente derechista del nuevo Gobierno estaba determinada por el resultado de las elecciones, la CEDA pasó a ser la minoría mayoritaria de las nuevas cortes, y en consecuencia, el Gobierno dependían de su apoyo para poder subsistir. Pero lo más grave para la estabilidad de la República era que los intereses contradictorios representados en la nueva coalición impidieron que se formularan un programa político que pudiera satisfacer a todos, esto se traducirían en un periodo de inestabilidad política acompañado de una intensificación de las luchas sociales. Comenzó a extenderse la convicción de que la Iª Revolución de 1931 había sido traicionada y que era preciso organizar una 2ª Revolución de contenido social y no meramente político, una Revolución obrera y no popular.

A lo largo de 1934, y a pesar de las numerosas referencias de la Revolución inminente, fue imposible reconstruir una nueva versión de aquella coalición de fuerzas populares (obreros, patronos y clases medias) que habían dado origen a la Republica; surgirán, en cambio, movimientos sociales, sindicales y políticos sin objetivos ni direcciones comunes que ponían de manifiesto un rechazo a la Republica y una transformación radical de la sociedad y del Estado.

Durante el invierno de 1933 y la primavera de 1934, se produjo un notable incremento del número y duración de las huelgas; la huelga General de Campesinos de 1934 tuvo una incidencia muy desigual según las zonas, pero afectó a más de 500 municipios; no obstante, sin la solidaridad de los obreros de las ciudades, la huelga estaba condicionada a agotarse sin dar tiempo a que pudiera surgir de ella la esperada Revolución social, de todas formas, se había producido la mayor huelga agraria de toda la historia, lo que daría lugar a una represión sin precedentes en la República (10.000 detenidos y 200 Ayuntamientos sustituidos).

Dentro de la estrategia diseñada por los dirigentes socialistas desde su derrota en las elecciones del noviembre de 1933, cualquier huelga general tendría que ser revolucionaria.

La coyuntura se dio en octubre de 1934, cuando Lerroux formó un gobierno que incluía a tres ministros de la CEDA; Companys proclamó el estado catalán, situándose al margen de la Constitución y los socialistas se lanzaron a la insurrección armada en colaboración con otras fuerzas obreras. El ejército tuvo pocas dificultades para gobernar la rebelión el Barcelona, pero la insurrección obrera fue mucho más grave. La huelga fue efectiva en varias zonas, pero la única provincia donde se combatió a gran escala fue Asturias, se necesitaron dos semanas de combate para que se rindieran los insurrectos con un balance de 1500 muertos y 15000 detenidos.

Los hechos de octubre de 1934 ahondaron la crisis de poder que junto con la económica, determinó el destino de la República.

Las elecciones de febrero de 1936 produjeron un nuevo vuelco en el panorama político, triunfando el “Frente Popular” (Republicanos, Comunistas y Socialistas). El Frente Popular obtuvo el 34 % de los votos; la derecha y centroderecha el 33 %; el centro el 5 % y una abstención del 27 %, la más baja de todo el periodo republicano.

Se ha hablado de polarización, pero realmente lo que se observaba era una fragmentación política. La clase obrera estaba dividida en anarquistas, socialistas y comunistas. Las clases medias adheridas a partidos muy distintos: los patronos y burgueses medio extinguidos, aristocracia y grandes terratenientes apoyando elecciones autoritarias.

El Gobierno que formó Azaña tras las elecciones cortó entre sus primeras medidas con una admistía general, la devolución de la autonomía en Cataluña y la readmisión de los trabajadores despedidos por motivos políticos y sociales. Todas ellas se tomaron en un clima de violencia que generó una espiral de represalias y contrarrepresalias. La situación social era muy tensa con un balance de 270 muertes desde enero de 1936 hasta el estallido de la Guerra Civil.

Mientras tanto estaba en marcha una conspiración militar que se convertirá en Guerra Civil, en cuanto al pronunciamiento militar encontró oposición armada en algunos sectores de la población civil. La crisis de poder que dio origen a la República se resolvería pues por medio de las armas.