HISTORIA DE ESPAÑA ACTUAL.

 

TEMA 2. EL GENERAL FRANCO Y SU RÉGIMEN.

 

1. Personalidad. Formación. Ideología.

Historiográficamente hace unos años estuvo muy devaluado el tema de la biografía histórica. En España desde la segunda mitad del S. XIX y la primera mitad del XX se habló de la teoría de “las dos Españas”, y la Guerra Civil Española (1936-1939) supuso la plasmación práctica de esas “dos Españas”: por un lado, la llamada “España nacionalista, negra, tradicional, de derechas” etc.; por otro, la denominada “España roja, republicana, liberal, de izquierdas” etc. En efecto, durante la Guerra Civil hubo dos Españas, con dos Estados, dos diplomacias, dos economías diferentes, la España “nacional”, plasmación del ideal conservador, y la España “republicana”, plasmación del ideal de libertad.

La España “nacional” y la España “republicana” convivieron durante los años de la guerra, pero al final la primera se impuso a la segunda hasta 1977. La España “republicana” se caracterizó por la imposición en ella de los Partidos de izquierdas, por la inestabilidad, la división interna y porque tuvo muchos gobiernos durante la guerra. En la España “nacional”, desde el principio, el objetivo era ganar la guerra y estaban mejor organizados que el bando contrario. Al principio, se pensaba que el alzamiento del 18 de julio de 1936 iba a ser un pronunciamiento al estilo de los del S. XIX español, pero, cuando los militares del bando “nacional” ven que el conflicto va a ser largo, se plantean organizar un Estado paralelo.

Días después del alzamiento, el 24 de julio de 1936, en el bando “nacional” se creó en Burgos la Junta de Defensa Nacional, primero formada por 5 y después por 7 militares, encargada de la coordinación militar de la guerra y de la administración de los territorios ocupados. Entre los militares sublevados se extendió la idea de que lo principal era ganar la guerra creando una unidad de mando. Es entonces cuando se baraja el nombre del general Franco para dirigir dicha Junta.

Francisco Franco Bahamonde nació en El Ferrol (La Coruña) el 4 de diciembre de 1892 en el seno de una familia de funcionarios, conservadora. Franco, y ese fue el secreto de su éxito, va a encarnar la mentalidad de las clases medias con las que va a conectar, y esto explica en parte su personalidad. Esta es un enigma, ya que apenas se conservan escritos de Franco o registros de sus conversaciones. Hace años, su primo, Francisco Franco Salgado-Araujo, publicó el libro Mis conversaciones privadas con Franco, pero hoy los historiadores dudan mucho de su veracidad.

Juan Pablo Fusi, dice que Franco es un personaje difícil de biografiar, al que le gustaba compararse con Felipe II. Franco adoraba a su madre, pero no a su padre quién abandonó la casa familiar siendo él niño. Por ello se volvió conservador en temas relacionados con la familia y la moral pública. Tenía dos hermanos: Ramón, quién participó en la sublevación republicana de Jaca de diciembre de 1930, y Nicolás, diplomático de carrera y play boy, el inteligente de la familia. Para Enrique Moradiellos Francisco Franco personifica al gallego, tanto en sus decisiones, que planifica con una mezcla de inercia y prudencia, de astucia e irresolución.

Franco quiso ser marino, como era tradición en su familia, pero no pasó los exámenes de ingreso en la Escuela Naval. En 1907 ingresó en la Academia Militar de Toledo, de la que salió en 1909. Su vida cambió a partir de 1912, cuando pidió el traslado a Marruecos y comenzó su carrera militar en el Ejército de África. Allí residió hasta 1917 cosechando méritos y ascensos por acciones de guerra. Ganó prestigio por su valor sereno, por su sentido táctico en la guerra de guerrillas y por su austeridad. Él no se acomoda a la imagen del militar colonial, no era muy religioso en cuanto a la práctica del culto católico, no iba a cabarets ni se juntaba con mujeres. Sin embargo, Franco es el prototipo del militar africanista, ambicioso, que quiere ascender por méritos y no por Antigüedad como sucedía en España (por eso las reformas militares de Azaña molestaron especialmente a los africanistas). En Marruecos se forjó su personalidad militar y política, allí se formó como militar y allí surgió su idea de salvar España.

En 1917 participó en la represión de las huelgas revolucionarias. En 1920, junto a José Millán Astray fundó la Legión Extranjera española en África. Tras una breve estancia en la Península Ibérica, retornó a Marruecos en 1923. En 1926 se convirtió en el general más joven de Europa. Durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera dirigió desde 1928 la Academia General Militar de Zaragoza, hasta que en 1931 Manuel Azaña, ministro de la Guerra en el gobierno provisional republicano, decretó el cierre de dicha institución castrense. Intervino en la represión de la insurrección revolucionaria en Asturias en octubre de 1934). En 1935 asumió la jefatura del Estado Mayor.

El gobierno del Frente Popular, tras el triunfo electoral de febrero de 1936, desplazó por España a sus principales generales y Franco es destinado a la comandancia general de Canarias. Esto favoreció la preparación del golpe, ya que los militares implicados se comunicaban mensajes cifrados llevados por señoritas de la alta sociedad (Franco era Miss Canarias). Nunca apoyó formalmente a la República aunque su actitud con el gobierno radical-cedista no fue negativa. Incluso, cuando se inició el levantamiento militar contra el gobierno republicano el 17 de julio en Marruecos no dijo que sí a la sublevación. Lo que le decidió fue el asesinato del líder del Bloque Nacional, José Calvo Sotelo. Pero entonces es muy precavido y pone primero a salvo a su mujer y a su hija.

Franco salió de Canarias hacia España en el Dragon Rapide vestido de paisano y con el bigote rasurado por temor a que le conozcan, haciendo escala y durmiendo en Marruecos el 18 de julio y llega a Tetuán el 19 para tomar el mando del Ejército de África. La cabeza del pronunciamiento militar era el general José Sanjurjo, refugiado en Lisboa, pero el 20 de julio moría en accidente de aviación en su traslado a España. En principio no se pensaba en Franco para dirigir la sublevación, ya que él no formaba parte de la citada Junta de Defensa, pero las muertes de los generales Sanjurjo y Emilio Mola, también en accidente de aviación en junio de 1937, le libraron de posibles competidores.

La actuación de Franco desde el 19 de julio de 1936 fue decisiva para el desarrollo de la guerra y para llenar el vacío de poder. El bando sublevado es consciente de que la guerra no se ganaría sin el apoyo de Alemania e Italia. Por ello Franco mandará a sus enviados directos para hablar con Hitler y Mussolini y el primero pondrá disposición de Franco los medios necesarios para establecer un puente aéreo, lo que Esto fue clave para el desarrollo futuro de la guerra y, al canalizarse la ayuda extranjera personalmente a través de Franco, esto le dio prestigio entre los militares del bando “nacional” y ayudó a resolver la unidad de mando militar y político a su favor.

¿Cuál era la ideología de Franco?. El franquismo no tiene una ideología política clara, estructurada, con un coherente corpus doctrinario. Sin embargo, existen una serie de principios que Franco mantendrá hasta su muerte:

1. La creencia en la superioridad de los valores militares sobre los civiles, políticos e intelectuales. Como consecuencia, el referente en una sociedad en la que priman los valores militares es el ejército.

2. La preocupación absorbente por el mantenimiento del orden público y el mantenimiento de la sociedad.

3. Es anti-liberal, anti-demócrata, anti-partidos políticos. Para Franco el inicio de la gran historia de España culminó con la entrada de los borbones y de los principios de la Ilustración francesa en el S. XVIII, mientras que las experiencias liberales del XIX y la Segunda República sean para Franco la experiencia de la “anti-España”. De ahí que él asumiera el papel de salvador de España, para volver a los tiempos de los Reyes Católicos y de los Austrias.

4. El concepto unitario del Estado español frente a los separatismos. Defiende la unidad política frente a los partidos políticos y el concepto de unidad social frente a la lucha de clases. Por ello, la política social del franquismo será paternalista, intervencionista y contraria a la lucha de clases.

5. De esto último se deriva su profundo sentimiento anti-comunista. El comunismo simboliza para Franco el origen de todos los males que le habían sucedido a España en el pasado y de los que le sucederían en el futuro. Significaba la destrucción de Occidente y el asentamiento de una mentalidad e ideología en Europa extrañas a la idiosincrasia europea. De ahí la represión constante a la que Franco sometiera al comunismo, al contrario de otras ideologías como el socialismo. El franquismo echaba la culpa de todos los problemas al comunismo, la "conjura judeo-masónica” fue su latiguillo.

6. Mientras su anticomunismo se conoce, su antijudaísmo no está nada claro porque parece ser que muchos diplomáticos franquistas hicieron que se salvara la vida de muchos judíos durante la Segunda Guerra Mundial

7. Su antimasonería también es un enigma. Algunos dicen que se debía a que en la Segunda República hubo algunos políticos masones. Otros dicen que por la connivencia que hubo entre el socialismo y la masonería en el S. XIX. Algunos historiadores sostienen que Franco cuando era joven pretendió entrar en una logia masónica y que fue rechazado, pero esto no explica su antimasonería suficientemente, pues, p.e., su hermano Ramón era masón. Pero es cierto que la Iglesia Católica colaboró durante el franquismo a este ambiente de persecución a la masonería.

8. En su realización política, Franco apoyó la unión Iglesia-Estado, pues España se declaraba una nación católica, pero con la supeditación de la Iglesia al Estado, debiendo éste proteger a la Iglesia y vigilarla en algunos aspectos, debido estar presente el poder político en la religión. Además, Franco utilizó a la religión y la Iglesia Católicas en su beneficio para sacralizar su poder.

9. La religiosidad de Franco es muy discutida. Para Juan Pablo Fusi se produce en Franco una “reconversión” religiosa. En su época de militar en África Franco estaba alejado de la práctica religiosa. Pero su matrimonio, en 1923, con Carmen Polo, perteneciente a la alta sociedad burguesa de Oviedo, cambió las cosas. Sin embargo, esta reconversión es relativa porque desde un principio utiliza su religiosidad en su provecho, pero luego la autentifica con prácticas muy absorbentes. Tenía una religiosidad antigua, primitiva -siempre llevaba consigo, p. e., un brazo que tenía que decía que era de Santa Teresa de Jesús- y poco elaborada que afirmó en él una idea mesiánica. Él se consideraba a sí mismo como el hombre elegido por Dios para salvar a España. En sus propias palabras él era “el guardián de España y el centinela de Europa frente al comunismo”. Las relaciones entre la Iglesia y Estado fueron buenas por regla general, pues los Estados Pontificios fueron el primer Estado europeo que reconoció al régimen franquista al firmar con España el Concordato de 1953, pero desde la celebración del Concilio Vaticano II (1962-1965), las relaciones entre Franco y el papado se volvieron más frías.

 

 

2. El proceso de concentración de poder.

En octubre de 1936 Franco es un primus inter pares entre los generales insurrectos contra la República. Pero, cuando se ve que la guerra va a ser larga, en la zona rebelde se va a articular un Estado. El 24 de julio de 1936 se constituye la Junta de Defensa Nacional y Franco no está en ella. La integran los generales Cabanellas, Saliquer, Ponte, Yuste y Dávila y los coroneles Moreno y Montaner. Sin embargo, una semana después, esta Junta de Defensa la integran ya los coroneles Cabanellas, Orgaz, Kindelán, Queipo de Llano y Franco.

Entonces en la zona rebelde se plantea el nombrar a un Generalísimo de los Ejércitos, momento en el que se baraja ya el nombre de Franco para tal cargo. A favor de Franco estará el fracaso de la Batalla de Madrid y la paulatina eliminación de sus competidores (Sanjurjo y Mola muertos en accidente de aviación, Cabanellas acusado de masón y José Antonio Primo de Rivera encarcelado).

Además, Franco está al mando de las tropas más preparadas, los africanistas, y tuvo muchos éxitos militares en su marcha hacia Madrid (marcha triunfal donde efectúa brutales represiones). Durante ese paseo militar Franco cometió un error táctico que salvó a Madrid, pero que le sirvió para aumentar su prestigio: liberó el alcázar de Toledo, sitiado por los republicanos, y conquistó la ciudad. Por otro lado, la ayuda alemana al bando nacional se canalizaba personalmente a través de Franco.

Otro factor que le llevó al poder era su indefinición política (presuntamente era monárquico, había tenido coqueteos con la CEDA durante la II República, se llevaba bien con la Iglesia, los carlistas y los falangistas). Por último, la ayuda de su hermano Nicolás, que llevó el peso de las negociaciones con la Junta de Defensa para delimitar el poder de Franco. Nicolás pide a la Junta que nombren a Franco Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado mientras durase la guerra, a lo que ésta accedió. Sin embargo Franco renunció a la jefatura del Estado para ser nombrado Jefe de Gobierno del Estado español, sin limitación de tiempo.

El 1 de octubre de 1936, Francisco Franco es nombrado “Generalísimo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y Jefe del Estado español”, sin límite temporal. Cuando Franco firmó su primer documento en el BOE no lo hizo sólo como Jefe de Gobierno, sino como Jefe de Gobierno del Estado español. Ante esto, los miembros de la Junta de Defensa no protestaron y se dio a partir de entonces una situación de facto. El proceso de concentración de poder de Franco va a ir paralelo, durante la guerra, con otro proceso de estructuración de un nuevo Estado, pues de lo que Javier Tussell llama un “Estado campamental” se pasó al denominado “Nuevo Estado”.

Así, la Junta de Defensa Nacional fue disuelta, y lo primero que hizo Franco como Jefe del Estado fue nombrar una Junta Técnica del Estado, presidida por el general Dávila y compuesta por civiles, que tenía las funciones de un Consejo de Ministros. Además, Franco nombró a un Consejo Nacional del Estado, especie de Senado compuesto por militares, y estableció en la zona nacionalista una doble capitalidad: Burgos sería la capital civil y Salamanca la capital militar. Para Tussell, Franco todavía no actúa como político, sino como militar.

A continuación, se prohibieron los partidos políticos y los sindicatos de izquierdas, pero no los de derechas, que apoyan el alzamiento. Dentro de los segundos, en la Falange Española (partido fascista y paramilitar fundado el 20 de octubre de 1933), los falangistas chocaban con los tradicionalistas o carlistas (muchos de ellos procedentes de Navarra). A esta situación se unió el hecho de que líder de la Falange, José Antonio Primo de Rivera El ausente, murió fusilado en la cárcel modelo de Alicante el 20 de noviembre de 1936, y se formó una mitomanía en torno a su persona.

Por decreto ley, Franco disolvió también a los partidos políticos de derechas, excepto a la Falange y a los Tradicionalistas, ordenando su fusión el 19 de abril de 1937 (el llamado “día de la exaltación y de la unificación”), en la FET y de las JONS (Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista). Posteriormente, Franco se autonombraría jefe de este partido, que él denominaría con el nombre de “Movimiento Nacional”.

No es exacto en este punto establecer una comparación entre los regímenes de Hitler y Mussolini de partido único, con el régimen franquista. Existen algunas diferencias: en los casos italiano y alemán un partido fascista en la base conquistó el poder al ganar democráticamente unas elecciones y después dar un golpe de Estado, en España hay un golpe de Estado y luego se eliminan todos los partidos. En España, además, la falange joseantoniana difiere de la falange franquista. La primera contaba con 27 puntos en sus estatutos. La segunda con 26, ya que Franco eliminó el punto en el que la Falange se declaraba un partido revolucionario, para no enfrentarse con los sectores conservadores que lo apoyaban.

Franco creó tres instituciones para dirigir este partido:

1. El Consejo Nacional del Movimiento, una especie de órgano consultivo nombrado por él e integrado por prohombres del régimen.

2. La Junta Política de la Falange, que no tuvo importancia política durante el franquismo ya que sólo se reunió dos veces.

3. La Secretaria General del Movimiento. A veces los secretarios generales del Movimiento elegidos por Franco eran ministros con cartera y otras veces no.

En este momento, Nicolás Franco pasó a segundo plano y le sustituyó Ramón Serrano Suñer, El cuñadísimo, hecho prisionero en Alemania y después trasladado a Burgos. Ideológicamente, Serraño Suñer evolucionó desde el conservadurismo de la CEDA hacia el fascismo. Se va a convertir en el asesor de Franco no sólo para controlar el Movimiento sino para dar al régimen franquista un carácter fascista.

La unificación de la Falange y los Tradicionalistas supuso también poner las bases del llamado Estado Nuevo y empezó una nueva etapa en su proceso de construcción. Un Estado que si no lo podemos calificar enteramente de fascista si tiene muchas afinidades con los Estados totalitarios.

El 30 de enero de 1938 Franco promulgó la Ley de la Administración Central del Estado. Por esta ley se crea el Consejo de Ministros franquista. Se trata de un órgano colegiado presidido por Franco, quién se va a encargar del gobierno de España. Los ministros son nombrados y depuestos personalmente por él y sólo son responsables de su política ante Franco. A la hora de elegir a sus ministros, Franco eligió a hombres de las distintas “familias políticas” del régimen. Él se mantenía como árbitro y presidía siempre el Consejo de Ministros. Las decisiones se tomaban en el Consejo de Ministros por unanimidad. Se reunía todos los miércoles del año más una vez en verano en San Sebastián y otra en el pazo de Meirá. Esta ley tiene el doble poder de estructurar el Estado y de concentrar el poder de Franco porque, en primer lugar, expresa la voluntad de permanencia de Franco y, en segundo lugar, por el artículo 17 de esta ley el Jefe del Estado el Jefe del Estado tiene la facultad de dictar leyes de carácter general sin necesidad de discusión previa ante el Consejo de Ministros.

Ya acabada la guerra, el 8 de agosto de 1939, Franco promulgó la Ley de Reorganización de la Administración Central del Estado. Esta ley vuelve a reafirmar la organización estatal tras la paz, sin apenas modificar la ley de 1938. Por esta ley se le atribuían al “caudillo invicto y providencial todos los poderes legislativos y ejecutivos y la facultad de dictar normas de carácter general, aunque no vayan precedidas de deliberación en el Consejo de Ministros”.

El siguiente paso en el proceso de concentración de poder franquista fue la promulgación de la Ley de Sucesión del Estado (1947). Ante la petición de los monárquicos de que regresaran los borbones a España, Franco establece por esta ley que el Estado español es una monarquía, pero él conserva la jefatura del Estado con carácter vitalicio. Además, esta ley facultaba al dictador para nombrar sucesor a título de rey (por eso Franco nunca habló de la “restauración” sino de la “instauración” monárquica). El sucesor tenía que ser un varón de nacionalidad española, católico, mayor de 30 años y perteneciente a la familia de los borbones. Además Franco se reservaba la capacidad de revocar su nombramiento.

Todo ello otorgaba a Franco una capacidad de poder efectivo mucho mayor que la de cualquier otro dictador de la época. A esto se unían toda una serie de capacidades de carácter ético: Franco era el hombre providencial elegido por Dios para salvar a España. Eso suponía una sacralización del poder de Franco que fue permitida por la Iglesia Franco recuperó el derecho de Patronato Regio: podía presentar una propuesta de 6 nombres a la Santa Sede para cubrir una vacante en un obispado. De los 6 candidatos, el Vaticano eliminaba a tres, y entre éstos (la terna) Franco escogía uno al que la Santa Sede elegía. Al principio todos los obispos eran profranquistas, pero al aumentar la oposición de la Iglesia al franquismo, como Franco no querría a obispos opuestos a él nombrados por la Santa Sede, ésta elegía para el cargo de obispo auxiliar a los clérigos opuestos al franquismo.

Franco sólo era responsable de sus actos ante Dios y ante la historia, y de ello derivó un culto a su personalidad que se relaciona con la “teoría del caudillaje”. El título de “Caudillo de España” otorgado a Franco suponía el reconocimiento de los poderes carismáticos de un líder que sobresalía de los demás por sus cualidades políticas y morales y por su papel providencial en la historia de España. Su intitulación oficial completa era la siguiente: “Su excelencia, Francisco Franco Bahamonde, generalísimo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, jefe del gobierno y del Estado español, caudillo de los españoles, por la gracia de Dios”.

El poder de Franco se mantuvo intacto hasta su muerte. El régimen legitima su poder y se justifica el régimen de Franco por una serie de razones, que son las siguientes:

1. La victoria en la Guerra Civil.

2. El orden y la paz social que hay en España.

3. El desarrollo económico de los años sesenta.

4. Las aclamaciones populares y el culto a la personalidad del dictador.

5. La celebración de referéndums. Cuando Franco quería consultar a la población española sobre cuestiones importantes para sustituir la convocatoria de elecciones y la participación política. Sólo se celebraron 2 referéndums durante todo el franquismo: uno en 1947 para aprobar la Ley de Sucesión del Estado y otro en 1966 para aprobar al Ley Orgánica del Estado. Tuvieron una alta participación (+ 90%). La participación era obligatoria. Los referéndums no tuvieron utilidad práctica, sólo servían para confirmar a la persona y la actuación de Franco.

 

3. Su régimen: el franquismo. Caracterización.

Los especialistas trabajaron muy pronto este aspecto ideológico y metodológicamente. El uso del nombre franquismo es una clara muestra de la dificultad de la politología para reducir a esquema y clasificación el régimen de Franco.

En primer término, el debate se centró en si era un régimen fascista o no. En la actualidad los especialistas piensan que la disyuntiva entre fascismo y autoritarismo es simplista, y el tema se trata ahora con mayor rigor conceptual.

Moradiellos sigue al italiano Tasca, que decía que definir al fascismo es hacer su historia, y esto habría que aplicarlo al franquismo debido a su larga duración temporal. El franquismo evoluciona, se desarrolla y cambia de forma aunque es inalterable en el fondo y en su naturaleza. Los más adictos al franquismo apoyan su caracterización como dictadura militar, ya que es la más reveladora, según ellos, de la esencia del franquismo porque en él la hegemonía de los militares se vio, no sólo en lo estratégico (derivado de la victoria de la guerra) sino en la construcción de un Nuevo Estado. El franquismo evolucionó durante la guerra: del 24 de julio al 30 de septiembre de 1936 fue una dictadura colegiada y pretoriana (junta de defensa nacional); desde el 1 de octubre de ese año es una dictadura militar de poder personal; después de la unificación del movimiento en 1937 se convirtió en una dictadura caudillista (Franco se convirtió en el centro del sistema político y en arbitro entre sus componentes); desde 1938 es una dictadura militar institucionalizada porque Franco consideraba que su misión era continuación de su labor militar.

Por tanto, hay que establecer los rasgos que definen a los fascismos y autoritarismos y cotejarlos con el franquismo. Los fascismos presentan las siguientes características:

1. La presencia de un poder hegemónico personalizado en un líder carismático que detenta el monopolio del poder.

2. La existencia de un único partido de masas que forma parte integral del aparato de estado con una ideología precisa.

3. la reducción al mínimo de la esfera social y privada de los ciudadanos, y la pretensión por parte del estado del control de las actividades públicas.

4. El alto grado de movilización política a través de organismos paraestatales.

5. El control policial y la represión activa de toda oposición y forma de libertad de prensa.

6. Voluntad de control y centralización de la vida económica mediante la adopción de una política autárquica y ultranacionalista.

En el franquismo se han hallado estos rasgos en algún momento de su evolución, pero no siempre con la misma intensidad. Para Preston o Tuñón de Lara, el franquismo es una variante específicamente española del fascismo: un fascismo clerical-militar, que Tuñon denomina “fascismo frailuno” por su relación con la Iglesia. Tusell, Amando de Miguel y Payne, siguiendo al sociólogo Juan José Linz, afirman que el franquismo es el ejemplo paradigmático de un régimen totalitario más que de un fascismo. Linz caracteriza a los regímenes totalitarios de la siguiente manera:

1. Existencia de un pluralismo político limitado dentro de las esferas internas de poder (cuando Franco elige sus gobiernos reparte las carteras entre todas las corrientes ideológicas existentes dentro del régimen, aunque todos apoyan al caudillo).

2. Más que de una ideología, se habla de una mentalidad franquista.

3. Falta de movilidad política. Salvo las minorías opositoras, los españoles viven en un clima de apatía y desmovilización política. (Desde 1955 se acentúa la “desertización política de España”, según Dionisio Ridruejo).

4. Aunque en muchos casos exista el papel del partido único en el control del Estado, está mediatizado por la resistencia de otras instituciones (la Iglesia y el ejercito en el caso de España).

Generalmente, se denomina al franquismo fascista o autoritario según la etapa. Esto nos lleva a hablar de la periodización del franquismo.

Tradicionalmente se divide en tres etapas:

1ª (1939-1945): Etapa “azul” -por la camisa de la Falange-, nos encontramos ante un fascismo más o menos radical.

2ª (desde 1945): Predominan las formas autoritarias más tradicionales y conservadoras (Franco afirma en un discurso de 1957 que durante este tiempo hemos gobernado adaptando la norma al tiempo que nos ha tocado vivir). Franco define al régimen cómo un régimen de forma variable al compás de los cambios que se producen en los intereses del grupo dominante o en la coyuntura internacional. Hasta 1945 está caracterizado por el nacionalcatolicismo. En el fuero de los españoles se define al franquismo como un “estado social representativo”.

3ª (a partir de 1960): Se le definirá como una democracia orgánica.

Desde otro punto de vista el franquismo se podría dividir en dos etapas:

1ª (1939-1949): El “Primer franquismo” o “franquismo retardatario”: se caracteriza por el estancamiento económico, la rigidez política y las consecuencias de la segunda guerra mundial.

2ª (1959-1975): Etapa caracterizada por el rápido desarrollo económico, el profundo cambio social, la democracia orgánica y la apertura internacional.

Actualmente, los investigadores dividen al franquismo en cuatro o cinco etapas. Javier Tusell, sin incluir la Guerra Civil, distingue cinco etapas:

1ª (1939-1945) Caracterizado por el contexto bélico internacional.

2ª (1945-1951) Aislamiento internacional y autarquía.

3ª (1951-1959) Consolidación interna y externa.

4ª (1959-1969) Desarrollo e intentos de apertura económica.

5ª (1969-1975) Crisis y ocaso del tardofranquismo.

Para Tuñón de Lara hay cuatro etapas:

1ª (1939-1950) Primer franquismo, caracterizada por la guerra y sus consecuencias.

2ª (1951-1960) Dominada por el afianzamiento exterior y primeros conatos de rebelión interior.

3ª (1960-1973) Desarrollo económico y conflictividad social y política.

4ª (1973-1975) Crisis económica y crisis política interna.

Por último, Soledad Miranda lo divide en cuatro etapas:

1ª Década de los cuarenta: Caracterizada por los efectos y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.

2ª Década de los cincuenta: Consolidación interna y externa y comienzos de la recuperación económica.

3ª Década de los sesenta: “Liberalización” política, desarrollo económico y nuevas formas de intervención.

4ª De 1969 a 1975: Sucesión de Franco y crisis económica y política.

 

4. “Familias políticas” dentro del régimen: la Falange, el Ejército y la Iglesia.

Las “familias políticas” son aquellos partidos o instituciones que sirven de sustento político e ideológico al régimen. Nos referimos a lo que en la época se llamaba el “trípode”: Falange Española, el Ejército y la Iglesia Católica.

El ejército es la columna vertebral, la médula del régimen y el poder disuasorio frente a las diversas oposiciones al franquismo. Los oficiales y los alféreces provisionales creados durante la Guerra Civil fueron los más firmes apoyos del régimen. El ejército fue el instrumento de defensa del orden institucional franquista. Sus exigencias fueron cumplidas y su ideología impregnó al régimen.

Finalizada la guerra, Franco reorganizó la estructura del ejército. España fue dividida en 8 Capitanías Generales. Había 1 Gobernador militar por cada provincia y el ejército contaba con unos efectivos de 450.000 hombres. Había 1 oficial por cada 15 soldados, en una organización más racional que la dispuesta por Azaña durante la II República, quién quiso disminuir el número de oficiales y aumentar el de soldados. Además, Franco mantuvo el servicio militar obligatorio, aunque disminuyendo su población y creó unas Milicias universitarias permanentes.

El ejército en la España franquista tendrá una situación privilegiada. Los altos mandos militares ocuparon también los cargos más importantes en la Administración del Estado. Las ventajas obtenidas por los militares por su relación con el aparato del Estado serán la creación por Franco de tres ministerios estrictamente militares para cada uno de los tres ejércitos, además de que muchos militares ocuparon distintas ministerios civiles: el de Industria, el de Interior y el de Exteriores durante la Segunda Guerra Mundial.

La prueba de que Franco confiaba en los militares es que siempre nombró a militares para el cargo de vicepresidente del gobierno: Gómez Jordana, Muñoz Grandes y Carrero Blanco. Cuando en 1973 Franco se dejó temporalmente la jefatura del gobierno nombró presidente del gobierno a Luis Carrero Blanco. De los 120 ministros que tuvo el franquismo a lo largo de su historia, 33 fueron militares (28 %). Y, hasta 1945, los militares ocuparon el 45 % de los ministerios y el 35 % de los altos cargos de la administración. Además, Franco estableció en la Ley de Reorganización de la Administración Central del Estado de agosto de 1939 que el 80 % de los cargos públicos debían ocuparlos militares licenciados.

Los militares disfrutaban, también, de una serie de ventajas individuales: casas a bajo precio, una Sanidad propia, la existencia de colegios y economatos sólo para niños de militares etc. El ejército era una casta privilegiada, que sentía una devoción indiscutida hacia Franco. Tras su muerte, los cuartos de bandera de los cuarteles del ejército eran los últimos reductos del franquismo sin Franco. Los valores del ejército eran velar por la unidad de la patria, por el respeto a la ley y por la conservación del orden público y el respeto a la autoridad y a Franco.

A pesar de todo esto, durante los años del tardofranquismo hubo grupos de oficiales que ya plantearon una oposición a Franco, pero sus protestas fueron abortadas.

 

Falange Española era un partido fundado por José Antonio Primo de Rivera el 20 de octubre de 1933 en el Teatro de la Comedia de Madrid, que en vísperas de la guerra era minoritario. En su programa fundacional la Falange tenía dos metas a realizar en dos etapas: la primera, la formación del movimiento, y la segunda, apoderarse del Estado. Esto lo consiguieron en la zona nacional debido a su mayor capacidad de movilización y el número de afiliados.

Falange Española es un partido fascista que era resultado de la adaptación española a las corrientes fascistas que existían en Europa en la década de los treinta. Contaba con 27 puntos en sus estatutos, que luego fueron recogidos por el franquismo eliminando el punto en el que la Falange se declaraba un partido que apostaba por la revolución social y por la nacionalización de los medios de producción.

La Falange se presentaba contra los nacionalismos. Los falangistas son centralistas y unitarios en cuanto a su concepción del Estado. Políticamente hablando, son antiliberales, antidemócratas y antipartidos políticos. Para ellos sólo debía existir un movimiento fascista que aglutinara a todas las fuerzas del Estado. La Falange es partidaria del nacionalsindicalismo y enemiga del capitalismo. Los falangistas declararon fuera de ley la lucha de clases y los sindicatos de clase, sustituyéndolos por los sindicatos verticales. Sin embargo, son revolucionarios.

En cuanto a la forma que debía adoptar el Estado español, los falangistas son antimonárquicos y presidencialistas y, aunque aceptaban el Estado confesional, pensaban que la Iglesia debía estar supeditada al Estado. Son imperialistas, sentían nostalgia de las grandezas pasadas de España, que el pueblo español debía recuperar. Esta es una idea madre de Falange.

En víspera de la Guerra, la Falange aparece como un partido radicalizado que no rechazaba el uso de la violencia para conseguir sus objetivos. Es un partido con carácter paramilitar, que usaba como uniforme la camisa azul, un escudo donde estaban bordados el yugo y las flechas, símbolo de los Reyes Católicos, correaje y botas militares. Realizaban desfiles, tenían su bandera y su himno. Su líder, José Antonio Primo de Rivera, murió fusilado en la cárcel modelo de Alicante el 20 de noviembre de 1936. Como dijimos, Franco unificó a la Falange y a los tradicionalistas el 19 de abril de 1937 y dotó a la Falange franquista de tres órganos: el Consejo Nacional del Movimiento, la Junta Política de la Falange y la Secretaria General del Movimiento Nacional, de la que Franco se autonombraría jefe.

La Falange participará en la construcción y unificación del Nuevo Estado, prestará apoyo ideológico al dictador y proporcionará colaboradores al régimen. La influencia de Falange en la conformación del Estado franquista es muy fuerte hasta 1942, cuando Serrano Suñer intentó convertir al Consejo Nacional del Movimiento en parte del Estado. Luego su papel se diluyó bastante. Sólo cabe destacar que en 1956 la Falange realizó su último intento por recuperar la influencia perdida.

La Falange como cabeza del Movimiento Nacional era el único canal legal de comunicación existente entre la sociedad y el Estado, el único canal de educación de la ideología franquista. Se trata de una Falange domesticada por Franco que prefería seguir colaborando con Franco y abandonar alguno de sus principios programáticos. Esto provocó dentro de la Falange una escisión, entre los colaboracionistas y los que no querían abandonar sus principios fundacionales, los cuales pasaron a la oposición al franquismo.

Bajo el control de la Falange va a quedar el mundo del trabajo, a través del Ministerio del Trabajo y de los sindicatos verticales. También queda bajo su control el adoctrinamiento ideológico y político de los ciudadanos mediante la propaganda: para ello se creó la Dirección General de Propaganda, posteriormente Ministerio de Información y Turismo, y también a través del control de los medios de comunicación y la creación de una serie de puestos ocupados por falangistas (lo que se llama la “cadena de la Falange”). La Falange controlaba Televisión Española, Radio Nacional de España y los principales periódicos. Un instrumento de control de los medios de comunicación fue la censura: en 1938 se estableció la censura previa con una normativa muy profusa. Por último, la Falange realizaba dicha labor de adoctrinamiento a través del control de la enseñanza de la educación (p. e., había que cursar obligatoriamente en todos los niveles educativos la asignatura de Formación del Espíritu Nacional que era impartida por falangistas).

La Falange participaba, también, en la vida social española a través de organizaciones que encuadraban muchas actividades (como el Frente de Juventudes o la Sección Femenina, dirigida por Pilar Primo de Rivera, que sirvió para encuadrar políticamente a las mujeres españolas dentro del franquismo y tenía una visión tradicional y conservadora, donde la mujer es madre y cabeza del hogar; también estaba el Servicio Social o las Escuelas hogares. A estas organizaciones tenían que pertenecer las mujeres entre 18 y 35 años, ya que no podían tener carnet de conducir, pasaporte o trabajar).

La Falange participaba, también de forma externa a través de los símbolos del Estado: tras la guerra se retiró la bandera de la república y el himno de Riego y se adoptaron la bandera roja, amarilla y roja y como himno nacional la Marcha Real, el himno carlista. El Estado franquista adaptó los símbolos de la Falange: la bandera roja y negra y la bandera tradicionalista blanca con la cruz roja, el escudo de la Falange se incorporó al escudo nacional y el “Cara al Sol” se cantaba en todas las ceremonias oficiales. Estas acababan con los tres gritos de rigor: España una, España grande, España libre, arriba España, Viva Franco.

Por último, la Falange estructuró la organización universitaria a través del control del Sindicato Estudiantil Unitario (SEU). Era el único sindicato universitario, era obligatorio pertenecer a él para todos los universitarios y no era representativo. Los universitarios sólo elegían al delegado de curso, el resto de cargos era elegidos por designación oficial. A través del SEU se canalizaban todas las actividades extrauniversitarias. El SEU tuvo mucha importancia en la evolución del franquismo. Cabe destacar que la primera oposición al franquismo se canalizó como oposición al SEU dentro de la Universidad española. El SEU desapareció en los años sesenta y fue sustituido por asociaciones estudiantiles.

 

La Iglesia Católica legitimó la Guerra Civil desde la religión, sobre todo a partir de los últimos meses de 1936, cuando se vio sometida a persecución en la zona republicana. La interpretación religiosa de la guerra fue explotada por Franco y aglutinó con ella a las fuerzas del bloque vencedor. La mentalidad conservadora, tradicional, encontró una formulación ideológica coherente en la Iglesia Católica. En el transcurso la propia guerra, se produjo un cambio en la interpretación religiosa de la contienda: en principio, la Guerra Civil fue vista como una “Cruzada”, en sentido de una guerra de religión (el término “Cruzada” para referirse a la guerra fue usado por primera vez no por Franco, sino por la jerarquía católica en la circular del arzobispo de Santiago, en la Instrucción pastoral de Múgica y Olaechea; en la “Pastoral de las dos Ciudades” de Plá y Deniel de 30 de septiembre de 1936, el término “Cruzada” para referirse a la guerra adquirió carta de naturaleza oficial.

La instrumentalización de la religión hecha por la Iglesia española y por Franco fue un elemento más de desunión, e irritó a liberales y republicanos creyentes. La Iglesia legitimó el régimen salido de la guerra y se convirtió en su máximo pilar ideológico. La sacralización del franquismo llevará a la Iglesia a una situación privilegiada en España en los terrenos económico-social e ideológico-político. La identificación entre lo español y el catolicismo es lo que va a dar lugar al Nacionalcatolicismo (especialmente, entre 1945-1951).

En la España franquista existió tolerancia religiosa, pero no libertad de culto. Solamente, durante la guerra se permitió que se construyeran en España pequeñas mezquitas para los soldados africanos que apoyaron a Franco en la sublevación.

Franco hizo una profusa legislación religiosa que empezó durante la guerra y que supuso la eliminación de la obra republicana en tal materia. Franco habló de la “Recatolización de España”. La legislación religiosa se ocupó de las siguientes materias:

El primer paquete de medidas eran las tendentes a la regulación de la enseñanza de la religión y de la enseñanza en general. Es destacable el fin de la enseñanza mixta, la imposición de la enseñanza de la religión en todos los niveles educativos, la incautación de libros prohibidos y la depuración de los maestros con criterios políticos y religiosos. Además, la Iglesia estableció la censura para adecuar todo a la moral y al dogma católico; Volvieron a las escuelas y a los edificios públicos los símbolos de la Iglesia Católica; en los centros oficiales se impusieron las prácticas de piedad religiosa; por último, la Ley de Bases de la Universidad reafirmó la orientación religiosa y católica de la Universidad española.

El segundo paquete de medidas tenían un carácter económico: el restablecimiento del “presupuesto del culto y clero”; la retribución a los sacerdotes que tenían la “cura de ánimas”; franquicia postal para la Iglesia; la exención de la contribución territorial; bonificaciones y precios especiales en los transportes públicos; Por último, el Estado financiaba la contracción y el mantenimiento de los templos.

En tercer lugar, estaban las medidas tendentes a transformar la legislación civil para adecuarla a la moral católica. Cabe destacar entre ellas: la derogación de las leyes sobre el divorcio, el matrimonio civil, la secularización de los cementerios, o la legislación familiar.

Por último, las medidas de tipo social, que trataban de ajustar las costumbres a la moral católica, que es la moral del Estado, referentes a los servicios religiosos castrenses, la calificación moral de espectáculos etc.

La legislación de contenido religioso fue promovida por el Estado franquista hasta la firma, el 7 de junio de 1941, de un Convenio por el que el Estado español se comprometía a no legislar en materia religiosa sin consultar previamente a la Santa Sede, y a firmar un Concordato que fijara de forma solemne estas cuestiones, que se firmaría en 1953. En 1951 la Santa Sede reconoció oficialmente al Estado franquista y se restauró en España el Patronato Regio, el máximo mecanismo de control que tuvo el Estado sobre la Iglesia española.

A pesar de este clima de buenas relaciones entre Franco y la Iglesia Católica, también en esta institución fermentó la oposición al franquismo. Fueron retirados de sus sedes los obispos que, como Vidal i Barraquer, criticaron la política profascista de Franco durante la Segunda Guerra Mundial. Se prohibió la publicación en España de la Encíclica de Pío XI en la que se criticaba al franquismo. El franquismo tuvo desencuentros con los obispos auxiliares, o con las Juventudes Obreras de Acción Católica (JOAC.). Hubo disputas entre Franco y la Iglesia en torno a la Ley de libertad religiosa o en torno a las últimas ejecuciones. A la muerte del dictador, la Iglesia española quiso que fuera posible una transición pacífica y total.

 

5. “Familias ideológicas”: monárquicos, tradicionalistas y católicos

Las “familias ideológicas” se definen como aquellas ideología que forman parte del bloque de poder del franquismo ideológicamente al régimen. Nos referimos a los tradicionalistas, los monárquicos y los católicos.

Los tradicionalistas se dividen en subgrupos, los más importantes son los falangistas y los carlistas. Ideológicamente, los tradicionalistas son partidarios de la confesionalidad del Estado, y de un Estado monárquico, católico, tradicional y autoritario. A ello los carlistas añaden su aspiración al restablecimiento de los fueros tradicionales.

Durante la Guerra Civil, los tradicionalistas actuaron en los llamados Tercios de Requetés, e intentan tener su propia academia militar. Los carlistas fueron los más perjudicados en la unificación de 1937, y se dividieron: un sector liderado por el conde de Rodezno, colaboró con Franco; otro sector, liderado por Fal Conde, se negó a la disolución y pasó a la oposición al franquismo. Estos dos sectores tuvieron trayectorias distintas a lo largo de franquismo: el primero se diluyó en el falangismo dominante; el segundo y más numeroso se reorganizó al margen del franquismo llegando a desarrollar una oposición en muchos casos pintoresca durante el tardofranquismo.

Los monárquicos van a colaborar con franco durante la guerra civil, aceptarán la abdicación de Alfonso XIII en 1941 a favor de Don Juan, y después plantearán la conveniencia de restaurar la monarquía. Sin embargo, la Ley de sucesión de 1947 no respondió a las expectativas de los monárquicos que se dividieron en dos bandos: Por un lado, los monárquicos colaboracionistas, que pospusieron la restauración monárquica a la voluntad de Franco, y luego apoyarán a Don Juan Carlos. Por el otro lado, están los adictos a Don Juan, sobre todo en el exterior desde Lisboa y Lausana. Don Juan empieza a adoptar posiciones liberales y democráticas en torno a la monarquía parlamentaria, y los sectores de la oposición al franquismo se agruparán en torno a él. Una prueba de que Franco no restaura, sino que instaura la monarquía, es que cuando designa a Don Juan Carlos como su sucesor, no lo nombra Príncipe de Asturias, sino Príncipe de España.

Los católicos son la tercera familia ideológica, que van a actuar en política pretendiendo plasmar los principios sociales y políticos católicos. Durante los primeros años del franquismo, los católicos se agruparán en la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP), denominada “La Santa Casa”. Este sector se homologa a los democratacristianos de Konrad Adenauer de la CDU. Los católicos tendrán sobre todo importancia entre 1945 y 1953, hasta la firma del Concordato con la Santa Sede. Van a ocupar sobre todo los ministerios de educación (Ibáñez Martín o Ruiz Jiménez), y el de relaciones internacionales (Castiella o Lequerica). En la década de los cincuenta los católicos serán sustituidos por miembros del Opus Dei (tecnócratas), que van a ocupar, sobre todo los ministerios económicos (impulsores de los planes de desarrollo), y el ministerio de exteriores en el tardofranquismo. Dentro de esta corriente destaca Laureano López Rodó. Serán los principales valedores de Don Juan Carlos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA DE ESPAÑA ACTUAL.

 

TEMA 3. ESPAÑA EN LA DÉCADA DE LOS 40 (1): INSTITUCIONALIZACIÓN POLÍTICA DEL RÉGIMEN.

 

En el ámbito de la política exterior, la década de los cuarenta en España se caracteriza por la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y sus efectos sobre España, y hasta los años cincuenta por la actitud adoptada por España durante el conflicto. En segundo lugar, funcionan los esquemas derivados del conflicto: la división del mundo en dos bloques. La segunda mitad de la década se caracteriza por el aislamiento internacional de España y por la paulatina aceptación del régimen.

En el plano económico, la década de caracteriza por la crisis y la recesión consecuencia de la Guerra Civil española. La política económica franquista se va a caracterizar por la autarquía y el fuerte intervencionismo estatal. En 1951 se empiezan a recuperar los índices de renta de preguerra, acaba el racionamiento, se dan algunas medidas liberalizadoras de la economía y se abandonan los presupuestos autárquicos.

En cuanto a la política interior, esta década supone, en primer lugar, la liquidación legislativa de la obra de la II República; en segundo término, Franco se va a dedicar a liquidar las consecuencias ideológicas de la Guerra Civil, eliminando a los elementos ideológicamente contrarios al régimen mediante la represión personal, acompañada de una drástica legislación (eliminación de los derechos de reunión o de manifestación, establecimiento de la censura previa etc.).

La tercera característica en política interior es la institucionalización del régimen. Existe la voluntad de hacer al Estado franquista un Estado de derecho, apoyado en la creación de unas instituciones y de unas leyes básicas que den una apariencia democrática y de Estado de derecho a la dictadura.

Estas leyes fundamentales son el Fuero del Trabajo, la Ley de Cortes Españolas, el Fuero de los Españoles, la Ley de Referéndum y la Ley de Sucesión del Estado. .

Salvo la primera, de inspiración fascista (carta di laboro), Angel Viñas denomina a estas leyes “el maquillaje del régimen”, ya que pretendían hacer presentable al franquismo internacionalmente, debido al fracaso del fascismo y el nazismo en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Para Tusell, estas leyes representan el “maquillaje del régimen” salvo la Ley de Cortes Españolas, promulgada cuando aún no se vislumbraba el resultado de la guerra.

 

1. El Fuero del Trabajo y los Sindicatos Verticales.

El Fuero del Trabajo (febrero de 1938) viene a responder a las aspiraciones, a los principios falangistas en materia social. Quiere llenar el vacío dejado por la ilegalización de los sindicatos de clase. Es el germen de la política social y de la legislación de Franco sobre el trabajo. En su preámbulo se afirma que se quiere realizar la revolución que España tiene presente y devolver a los españoles, de una vez para siempre la patria, el pan y la justicia. Pretende conciliar, también, la iniciativa privada con el intervencionismo estatal. Las principales ideas del Fuero son: el concepto de trabajo entendido como un deber social, y no como una mercancía; la legitimidad de la propiedad privada; la intervención subsidiaria del Estado en economía; la intervención directa del estado en el mundo laboral, fijando los salarios y las normas laborales; la organización de la empresa con carácter jerárquico; la prohibición e ilegalización de los sindicatos de clase y la creación de una nueva organización sindical (los sindicatos verticales); la prohibición del derecho a la huelga, que se considera un delito social; y el anuncio de la creación de la Seguridad Social, creada por la Ley de Bases (1943) promulgada por el ministro de trabajo José Antonio Girón.

El sindicato vertical era el único sindicato laboral permitido. Era obligatoria la pertenencia a él, y era escasamente representativo. Los trabajadores solamente elegían a los representantes de empresa, posteriormente se convertiría en un cargo colegiado, mientras que los representantes provinciales y nacionales eran elegidos por designación oficial.

En el Fuero del Trabajo se habla de productores en vez de proletarios. Son sindicatos por ramas donde están representados los obreros y los empresarios. Se establecía el día 1 de mayo como día de San José obrero. Se creó la magistratura del trabajo que servía para dirimir los conflictos laborales.

Los sindicatos verticales, a pesar de todo lo dicho anteriormente, sirvieron para canalizar la lucha obrera contra el franquismo desde los años sesenta. Las últimas huelgas del franquismo se organizaron desde los propios sindicatos verticales. En un momento dado los líderes de estos sindicatos van a ser miembros del partido comunista. De hecho, los candidatos en las últimas elecciones a representantes de empresa eran miembros de Comisiones Obreras.

 

2. Las Cortes y la democracia orgánica.

En el preámbulo de la Ley de Cortes (julio de 1942) se afirman que las cortes son el órgano superior representativo de la participación de los españoles en las tareas del estado. Están compuestas de una sola cámara, y sus miembros son llamados procuradores. Eran unas cortes orgánicas. Su finalidad era la preparación y elaboración de las Leyes aunque la sanción y promulgación de estas corresponde al jefe del Estado que tiene la máxima potestad legislativa. Se trata de un órgano meramente deliberativo. El sistema de cooptación de los procuradores carece de sanción democrática. Esta Ley establece tres tipos de procuradores:

1. Los procuradores natos: Lo son en razón del cargo que ocupan. Son procuradores natos los miembros del gobierno, los consejeros nacionales del Movimiento, los presidentes del Consejo de Estado, el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia Militar, el Tribunal de Cuentas y el de Economía, los alcaldes de las cincuenta capitales de provincia más lo de Ceuta y Melilla, los trece rectores de las universidades y los directores del CSIC, del Instituto de Ingenieros Civiles y del Instituto de España. Dejaban de ser procuradores cuando cesaban en su cargo.

2. Los procuradores designados: Eran nombrados por Franco entre las personalidades del país. En un principio no podían ser más de cincuenta, número reducido a veinticinco por la Ley Orgánica del Estado (1966).

3. Desde 1946 se elegirán un nuevo tipo de procuradores, los procuradores electos, que suponían la representación orgánica en las Cortes. Constituían los llamados tercios, es decir, las representaciones de los españoles a través de las tres grandes corporaciones del Estado: la familia, el municipio y las corporaciones profesionales.

El tercio sindical lo formaban procuradores elegidos dentro de los miembros de los sindicatos y los colegios profesionales. El tercio municipal de los procuradores se elegía entre los alcaldes de los municipios de más de trescientos mil habitantes y entre los concejales y alcaldes del resto de los municipios. El tercio familiar, establecido después de la Ley Orgánica del Estado (1966), que suponía la representación de la familia, estaba compuesto por ciudadanos elegidos por los cabezas de familia y las mujeres casadas. Este tercio sirvió para revitalizar en cierto modo a las Cortes.

Las Cortes, discutían un orden del día y formaban unas comisiones elegidas por el Presidente de las Cortes, que también lo era del Consejo del Reino. Las Cortes no sirvieron de mucho durante el franquismo, pero si cuando, en noviembre de 1976, y presididas por Don Torcuato Fernández Miranda, aprobaron mayoritariamente el proyecto de ley para la reforma política redactado por el gobierno de Adolfo Suárez. La excusa que utilizó Suárez para que muchos procuradores aprobaran la Ley era que no legalizaría al partido comunista. En definitiva, había que pasar de una ley franquista a una ley democrática, y fue una institución franquista la que la aprobó mayoritariamente (a excepción del denominado búnker).

3. El Fuero de los Españoles.

El Fuero de los Españoles (julio de 1945) quiere ser la Constitución de los españoles, es una especie de carta otorgada. Su nombre es significativo, pues fuero es la recopilación de leyes tradicionales del derecho hispánico en la época medieval. Es la carta de principios generales, derechos y obligaciones, que vincula a los españoles con el Estado. Se divide en tres partes:

I. Principios generales y configuración del estado: se afirma que España es un estado católico social y de derecho pero se deja abierta la forma que tendrá el estado español. También se declara la igualdad de los españoles ante la ley. Junto a ello, se declara que la Iglesia Católica es la Iglesia oficial del Estado. Entre estos derechos destacan la seguridad jurídica de los españoles, el derecho a la propiedad privada, el derecho al trabajo y a la seguridad social. Sin embargo, al final de esta parte estos derechos se limitan porque se declara que en el ejercicio de estos no se puede atentar contra la unidad de la patria y los principios fundamentales del régimen. También se dice que estos derechos pueden ser suspendidos temporalmente por el jefe del Estado.

II. Obligaciones de los españoles: Entre ellas destacan el servicio a la Patria; la obediencia a la Ley y la lealtad al jefe del estado. Los varones de más de 21 años están obligados a realizar el servicio militar obligatorio, al pago de tributos, y los padres están obligados a educar y mantener a sus hijos.

III. Parte relativa a los derechos concretos de los ciudadanos: entre ellos se cuentan el derecho al honor familiar y personal, el derecho a la educación e instrucción en centros públicos o privados libremente elegidos, el derecho al desempeño de cargos públicos, a la libre expresión de ideas, el derecho a la libertad y al secreto de correspondencia, el derecho a la libre residencia, a la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la libertad de reunión y asociación. En el artículo 33 del fuero de esta ley estos derechos se declaran con fines lícitos y de acuerdo con las leyes, sin embargo, se dice también que estos derechos no podrán atentar contra la unidad espiritual nacional y social de España ni contra los principios fundamentales del régimen.

Por último, se establece en el Fuero que se debían promulgar una serie de reglamentos que sirvieran para desarrollar los planteamientos generales expresados en esta ley, los cuales sirvieron durante la transición para llevar a cabo la apertura política.

 

4. La Ley de Referéndum. La Ley de Sucesión del Estado.

La Ley de Referéndum Nacional (octubre de 1945). El régimen establecía la posibilidad de que Franco convocara a los españoles para requerir su opinión sobre temas de gran importancia para el interés nacional sustituyendo a unas elecciones. Sólo se celebraron 2 referéndum durante todo el franquismo: uno en 1947 para aprobar la Ley de Sucesión del Estado y otro en 1966 para aprobar al Ley Orgánica del Estado. Tuvieron una alta participación, con solo un 10% de abstenciones, y en ambos el 85% de los votos refrendaron el proyecto. Estos referéndum carecieron de control democrático y sólo se permitía la propaganda para potenciar la participación y el voto afirmativo. No eran vinculantes, sino consultivos. Sirvió durante la transición pues el proyecto de Ley para la Reforma Política se presento para su aprobación en referéndum el 14 de diciembre de 1976, y se aprobó mayoritariamente. Por tanto, esta Ley tuvo una doble legalidad, la democrática y la franquista.

La Ley de Sucesión del Estado (julio de 1947). Promulgada tras su aprobación en referéndum, pretendía calmar las aspiraciones de los monárquicos y se pretendía tranquilizar a Europa sobre el futuro de España. En esta Ley siguiendo la tradición, se define a España como un Reino, pero es un Reino sin rey. El nombramiento del rey de pospone, y se deja a la voluntad de Franco. Por un lado, esta ley definía la forma del estado español, pero por otro, confirmaba a Franco en la jefatura del estado con carácter vitalicio, por lo que iba contra la ley echar a Franco del poder. Además, la ley declara la capacidad de Franco de nombrar a su sucesor con título de rey o regente, en la persona de un príncipe español católico, perteneciente a una casa reinante y mayor de treinta años. Además, si lo creía conveniente, el dictador podía revocar su decisión. Juan Carlos de Borbón fue elegido príncipe de España en el verano de 1969. Su elección fue presentada por las Cortes, y Don Juan Carlos juró ante las Cortes franquistas lealtad al jefe del estado y a los principios fundamentales del movimiento, comprometiéndose a ser la continuación del franquismo después de Franco.

 

  

HISTORIA DE ESPAÑA ACTUAL.

 

TEMA 4. ESPAÑA EN LA DÉCADA DE LOS 40 (2): ESPAÑA Y LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. EL AISLAMIENTO INTERNACIONAL.

 

Después de la muerte de Franco se han publicado muchos libros sobre él pero pocos acerca de la política exterior. Ahora ya se puede estudiar todo el periodo porque ya ha perspectiva histórica.

Los historiadores se preguntan sí hubo o no política durante el franquismo. La política se puede definir como el arte de gobernar y dar leyes y reglamentos para mantener el orden y la seguridad pública y conservar el orden y las costumbres. Se puede decir que durante sí existió una política porque Franco legisló para conseguir estas cosas. Raymond Aron, en su libro Paz y guerra entre las naciones, afirma que el primer objetivo de un Estado sería “el de sobrevivir”, a él le seguiría la necesidad de conseguir “seguridad” y por último el lograr “la gloria”, entendido como el poder reconocido por los demás. Franco gobernó España como si fuera un cuartel.

Acerca de la polémica existente entre los historiadores de si hubo o no una política exterior durante el franquismo existen diversas posturas:

Para F. Aldecoa no hubo una política exterior propiamente dicha en España durante el franquismo, sino durante la democracia, aunque ya desde 1957 el franquismo dio un giro hacia una cierta participación exterior.

Ángel Viñas afirmaba en 1982 que el franquismo mantuvo una política de relaciones con otros países, y en 1985 afirmaba que Franco no realizó una política activa en el exterior pero sí mantuvo una política internacional cortada a la medida de las necesidades del régimen.

F. Portero y R. Pardo, en el capítulo “La política exterior” de la Historia de España de R. Menéndez Pidal, tomo XLI (1996) sostienen que la política exterior fue difícil durante todo el franquismo, por no estar España representada siempre en la comunidad internacional. Todas las acciones en política exterior iban encaminadas al reconocimiento internacional de España y a la consolidación política del régimen.

En definitiva, se puede afirmar que si existió una política exterior desde el principio del franquismo, con el apoyo a Italia y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial o la participación en la guerra fría al lado del bloque occidental debido al anticomunismo de Franco. También se puede afirmar que por no existir una planificación en la política exterior franquista se frustraron muchos proyectos. Además, no se consultó a la opinión pública española cuando Franco firmó algún tratado internacional.

Existen distintas periodizaciones de la política exterior franquista según los autores:

Ángel Viñas distingue dos fases, dividida la segunda a su vez en otras dos fases:

1ª. (1939-1959/1960): Fase autárquica.

2ª. (1959/1960-1975): a) (1959-1973 [hasta la muerte de Carrero Blanco]): Fase de apertura; y b) (1973-1975): Fase de declive.

El politólogo Ángel Mesa distingue cuatro fases:

1ª. (1939-marzo de 1942): Etapa de acercamiento ideológico a las potencias del Eje.

2ª. (Marzo de 1942-1957): Etapa de brillantez. Introducción de España en la comunidad internacional.

3ª. (1957-1969): Intento de planificar la política exterior, hay más proyectos exteriores.

4ª. (1969-1975): Etapa de estabilidad, pero que, tras la muerte de Carrero Blanco en 1973, termina en declive.

F. Aldecoa distingue dos fases:

1ª. (1945-1957): Años de autarquía, aislamiento y, al final, leve apertura internacional.

2ª. (1957-1975): Años de mayor florecimiento en la economía que en la política exterior, aunque se produce en ésta una mayor apertura.

Manuel Espadas Burgos distingue seis fases:

1ª. (1939-1944): Fase cuya política estuvo vinculada al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, caracterizada por el paso de la no-beligerancia a la neutralidad.

2ª. (1944-1948): Fase caracterizada por el absoluto aislamiento internacional.

3ª. (1948-1953): Fase de la consolidación internacional del franquismo.

4ª. (1953-1960): Caracterizada por el aumento de las relaciones exteriores y el giro en la política exterior española.

5ª. (1960-1969): Se trata de la etapa con más política exterior por la firma de tratados comerciales entre España y diversos países.

6ª. (1969-1975): Etapa de crisis.

Para Juan Carlos Pereira Castañares y Pedro A. Martínez Lillo la periodización de la política exterior franquista hay que basarla en tres criterios: a) No se debe hablar de la política exterior franquista sin interrelacionarla con la política interior y la política económica; b) Hay que interpretar la política exterior franquista dentro del contexto internacional, donde ésta adquirió una forma “camaleónica”; y c) la política exterior española de la época funcionó en función de los objetivos de Franco, de sus ideas, y de la personalidad de los distintos ministros de Asuntos Exteriores. Estos autores distinguen seis fases:

1ª. (1939-1945): Caracterizada por la clara alineación de España con las potencias del Eje durante la Segunda Guerra Mundial y por los cambios de actitud de Franco condicionados por el transcurrir de la guerra.

2ª. (1945-1949): Caracterizada por el absoluto aislamiento internacional y la fuerte condena exterior al régimen. Por ello Franco dirá que España es una monarquía y no una dictadura. La política exterior es autárquica.

3ª. (1950-1953): Ante el avance del comunismo (p. e., guerra de Corea), se formará el eje Madrid-Roma-Washington. En agosto y septiembre de 1953, respectivamente, España firmó el Concordato con la Santa Sede y los pactos con Estados Unidos.

4ª. (1953-1957): Fase en la que España busca la integración en los organismos internacionales (entrada en la ONU, 1955) y se toman medidas para solucionar el tema de Marruecos (1957).

5ª. (1957-1973): Fase caracterizada por el boom económico hasta 1969 y por el cambio de orientación en la política exterior.

6ª. (1973-1975): Fase de crisis por la situación externa e interna.

Algunos autores mantienen que habría que hablar de tantas fases en la política exterior franquista como gobiernos hubo en la España franquista. Así hubo 10 gobiernos desde 1938 a 1975 en España, con una duración media de tres años y seis meses, y habría que distinguir diez fases:

1ª. Gobierno de Burgos (1-II-1938-10-VIII-1939). Creación del Nuevo Estado para sustituir al Estado republicano. Ministro de Asuntos Exteriores: Francisco Gómez Jordana y Sousa.

2ª. Gobierno de la neutralidad y la no-beligerancia (10-VIII-1939-18-VII-1945). Ministro de Asuntos Exteriores: Juan Beigbeder y Atienza, más proaliado. Desde el 20-V-1941 hasta el 3-IX-1942 Ramón Serrano Súñer y desde el 3-IX-1942 al 11-VIII-1944 Francisco Gómez Jordana ministros más favorables al Eje. Finalmente, desde el 11-VIII-1944 al 18-VII-1945, José María Félix de Lequerica, más favorable a los aliados. El Ministerio de Asuntos Exteriores se dividió en tres departamentos para poder dividir las competencias de los titulares de los Altos Estados Mayores de tierra, mar y aire, y para poder firmar acuerdos por separado durante la guerra.

3ª. Gobierno de la autarquía (18-VII-1945-18-VII-1951). Ministro de Asuntos Exteriores: Alberto Martín Artajo. El aislamiento internacional provocó la democracia orgánica (Fuero de los Españoles, Ley de Referéndum y Ley de Sucesión), pero, a pesar de ello, en diciembre de 1946, la ONU adopta la decisión de retirar a los embajadores acreditados en Madrid, lo que hizo que se convocara una multitudinaria manifestación de rechazo y a favor de Franco en la Plaza de Oriente de Madrid.

4ª. Gobierno de los pactos con la Santa Sede y Estados Unidos (18-VII-1951-25-II-1957). Ministro de Asuntos Exteriores: ídem

5ª. Gobierno de la estabilización (25-II-1957-10-VII-1962). Triunfo del Opus Dei y liberalización económica. Ministro de Asuntos Exteriores: Fernando María Castiella. Se centró a través de la ONU en que España devolviera Gibraltar a Inglaterra y en la descolonización de Marruecos.

6ª. Gobierno del desarrollo (10-VII-1962-7-VII-1965). Caracterizado por los Planes de Desarrollo. Vicepresidente: general Agustín Muñoz Grandes. Ministro de Asuntos Exteriores: ídem.

7ª. Gobierno del Opus (7-VII-1965-29-X-1969). Predominio de ministros del Opus Dei. Impulsó el desarrollo del franquismo con las leyes orgánicas del Estado Ministro de Asuntos Exteriores: ídem.

8ª. Gobierno monocolor (29-X-1969-11-VII-1973). Llamado así porque todos los ministros pertenecían al Opus. Acercamiento de España a la Comunidad Europea. Vicepresidente: Luis Carrero Blanco. Ministro de Asuntos Exteriores: Gregorio López Bravo.

9ª. Gobierno de Carrero (11-VII-1973-20-XII-1973). Presidente del gobierno: Luis Carrero Blanco. Etapa de crisis. Ministro de Asuntos Exteriores: Laureano López Rodó.

10ª. Gobierno de Arias Navarro (4-I-1974-20-XI-1975). Presidente del gobierno: Carlos Arias Navarro. Etapa de tímido aperturismo, fracasado. Ministro de Asuntos Exteriores: Pedro Cortina Mauri. Se centró en la firma de un nuevo Concordato de España con la Santa Sede y en las cuestiones de Gibraltar y de Marruecos. En esta última, el 14 de noviembre de 1975 se llegó al Acuerdo Tripartito de Madrid, por el que España entregaba a Marruecos sus posesiones en el Sahara y Mauritania.

 

1. España y las potencias del Eje. De la neutralidad a la no-beligerancia. La División Azul.

La política exterior franquista comenzó muy pronto a estar condicionada por el apoyo y la dependencia de las potencias totalitarias y fascistas. Las formas en las que este proceso se desarrolló fueron varias: a) la firma de acuerdos bilaterales secretos. Acuerdo hispano-italiano, 28 de noviembre de 1936 (el primer tratado internacional de la España nacional); Protocolo hispano-alemán, 20 de marzo de 1937; Acuerdos Jordana-Bérard, 26 de febrero de 1939; b) la firma de tratados de amistad y de no-agresión: Tratado hispano-portugués, 17 de marzo de 1939, y Pacto hispano-germano, 31 de marzo de 1939 que obligan a España a una neutralidad benévola hacia estos países en caso de conflicto bélico. Obligación de mantener relaciones económicas especiales con Alemania. Balanza de Pagos: 693 millones de pesetas oro en ventas frente a 450 millones en compras (sin embargo, España firmó una serie de tratados comerciales con Francia y, sobre todo, Gran Bretaña ante el temor de Franco de verse aislado); c) la adhesión a acuerdos multilaterales: incorporación de España al Pacto Antikomintern (27 de marzo de 1939); el reconocimiento del régimen: si bien los dos primeros Estados que reconocieron al régimen fueron Guatemala y El Salvador (8 de noviembre de 1936), durante el desarrollo de la Guerra Civil Italia y Alemania (en noviembre de 1936), Japón y Manchukúo (diciembre de 1937) y Portugal (mayo de 1938), fueron los únicos Estados importantes que establecieron relaciones diplomáticas con los sublevados; e) ruptura de los acuerdos contraídos con la Sociedad de Naciones: al igual que las potencias del Eje, la España de Franco abandonó la Sociedad de Naciones el 9 de mayo de 1939, institución calificada por el diario Arriba de “aburrida pesadilla que prolonga el delirio inocente de Wilson, en la que España no podía estar porque a nosotros, gente curtida al sol, al que damos la cara, y gente pudorosa, nos asquea la humedad roussoniana del lago Lemán”. Existía una general oposición a participar en la guerra en los medios militares, recelosos de influencia ideológica nazi y sabedores de la debilidad del Ejército español.

El 1 de septiembre de 1939 se inició la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia por parte del III Reich alemán. El segundo gobierno de Franco aprobó un decreto el 4 de septiembre ordenando a los españoles la más estricta neutralidad.

Por espacio de diez meses se mantuvo esta oposición oficial. Durante ese periodo ocupó la cartera de exteriores el coronel Juan Beigbeder, el cual trató de justificar la decisión española aludiendo a la tradicional neutralidad del país, a que el conflicto no afectaba directamente a España por cuanto era una guerra entre Alemania y franceses y británicos, y que las condiciones internas exigían por encima de todo la reconstrucción nacional.

Sin duda, la neutralidad española era beneficiosa para los aliados. Pero también lo era para Alemania, por cuanto los lazos comerciales eran intensos entre los dos Estados, al que la dependencia financiera española respecto al III Reich. La posición geoestratégica de la península ibérica exigía, también por el momento, su utilización como retaguardia en la batalla.

En el interior del franquismo era evidente que, aunque existían compromisos firmes con el Eje, la situación económica y militar impedía cualquier nueva acción bélica. Por otra parte, las divisiones internas entre militares, falangistas y católicos en relación con la actitud a adoptar, aconsejaron a Franco adoptar la postura oficial de esperar y ver.

El curso de la guerra cambiaría esta posición. Los éxitos militares alemanes, la violación de la neutralidad de Holanda, Bélgica y Luxemburgo, la ocupación de Francia entre mayo y junio de 1940 y la entrada en guerra de Italia en junio, provocaron en España reacciones muy favorables a Hitler, Alemania y el nazismo. El resultado lógico fue el cambio de actitud española: el 12 de junio se hacía público el siguiente acuerdo del Consejo de Ministros: Extendida la lucha al Mediterráneo por la entrada de Italia en guerra con Francia e Inglaterra, el gobierno ha acordado la no-beligerancia de España en el conflicto. Decisión acordada con Francia y con el visto bueno británico.

Desde junio de 1940 y hasta el 3 de octubre de 1943, la España de Franco vivió uno de los momentos más comprometidos con el Eje, pero también de mayores disensiones internas. Esta fase ha provocado amplios debates historiográficos que bien pueden caracterizarse de apasionantes y aún abiertos a la luz de la desclasificación progresiva de documentos en archivos españoles y extranjeros. A lo largo de dos años y cuatro meses, la idea básica que domina es muy sencilla: el régimen de Franco quiso participar en la Segunda Guerra Mundial apoyando al Eje.

Primero debemos clarificar lo que entendemos por no-beligerancia. De acuerdo con lo que nos indica el Derecho internacional, un Estado que adopta esa posición es aquel que se abstiene provisionalmente de participar en un conflicto y mantiene con algunos de los Estados beligerantes relaciones como si estos no estuvieran en guerra. De esta manera, la actitud del Estado no beligerante estaría regulada no por los derechos y obligaciones que impone jurídicamente la neutralidad, sino por las normas usuales del Derecho de la paz. Se trataría también, según algunos autores, de una neutralidad benévola.

Los protagonistas destacados de este periodo fueron, en primer lugar, Francisco Franco. Sin duda, el dictador español se asombró de la rapidez con que el ejército alemán se hizo con la mayor parte de Europa (gracias a la disciplina y la unidad, dirá en 1940), y con ello la posibilidad de que el Nuevo Orden europeo que Hitler deseaba establecer sobre el continente se hiciera realidad. España debería formar parte del mismo, al igual que del reparto o reajuste que se hiciera del Mediterráneo y el norte de África, complicado por la intervención italiana en el conflicto. Por otro lado, la participación en la guerra permitiría a España conseguir un conjunto de reivindicaciones históricas, que debían comenzar por Gibraltar, que serían las bases de un nuevo “Imperio Español”, tal y como la Falange había formulado en sus famosos 26 puntos: 3. Tenemos voluntad de Imperio. Afirmamos que la plenitud histórica de España es el Imperio. Reclamamos para España un puesto preeminente en Europa; objetivo confirmado por el propio Franco el 18 de julio de 1940 al recibir la Cruz laureada de San Fernando: Hemos derramado la sangre de nuestros muertos para hacer una Nación y forjar un Imperio. Y al decir que hemos de hacer una Nación y crear un Imperio no pueden ser esto palabras vanas en nuestra boca, y no lo serán. La obra de Areilza y Castiella, Reivindicaciones de España, representa el programa más completo de estos objetivos.

El segundo protagonista será clave: Ramón Serrano Súñer. Falangista, abogado y cuñado del dictador español, ocupó la cartera de Asuntos Exteriores desde el 17 de octubre de 1940 hasta el 3 de septiembre de 1942. Desde que comenzó el conflicto mostró claramente su germanofilia apostando por una intervención directa y agresiva a favor de Hitler y, posteriormente, de Mussolini. Su nombramiento por Franco, su mantenimiento en el cargo durante casi dos años (Franco le llegó a considerar el mayor estadista de Europa, sin exceptuar siquiera a Mussolini), las decisiones por él adoptadas y las iniciativas que puso en marcha, confirman la clara decisión de participar en el conflicto y su decisivo papel.

El tercero será Luis Carrero Blanco. Militar, estratega y una personalidad clave en el proceso de toma de decisiones tuvo durante la guerra una posición destacada. Sin duda, el informe preparado por Carrero el 10 de noviembre de 1940, en el que especificaba las 21 razones por las que España no debía entrar en la guerra, fue decisivo para Franco, al igual que en su carrera profesional. El 5 de mayo de 1941 es nombrado subsecretario de la Presidencia del gobierno; desde ese momento elabora una serie de informes reservados, analizados por A. Téllez, que siempre serán tenidos en cuenta por los máximos dirigentes españoles. En septiembre de 1942, y tras los incidentes de Begoña, el propio Carrero en el seno del Consejo de Ministros sugirió la destitución de Serrano Súñer, inmediatamente aceptada por el propio Franco. Entre abril y mayo de 1945 expondrá la actitud que debía adoptar España ante la nueva situación internacional, en la que de momento y con urgencia es el catolicismo y el anticomunismo lo que conviene esgrimir y a lo que hay que sacar todo el partido posible.

¿Cuáles fueron los hechos más representativos que definen este objetivo / tentación?.

14 de junio de 1940: España ocupa la zona internacional de Tánger, restituyendo el consulado y nombrando a un español como gobernador de la zona. Se violaba así el Estatuto Internacional, aunque se contó con el acuerdo francés.

16-17 de septiembre: entrevista de Serrano Súñer con Von Ribbentrop y Hitler, en la que se estudian las propuestas alemanas y la posición española, segura de que la derrota británica estaba muy cercana. Los dirigentes alemanes exigieron bruscamente el pago de las deudas y el control de bases y empresas europeas en España. Unos días más tarde España se negó a firmar el pacto tripartito germano-italo-nipón. No obstante, el día 18 Hitler escribe a Franco en términos cordiales, dando por sentado su participación en la guerra.

Tras las conversaciones entre Mussolini y Serrano Súñer el 1 de octubre, el día 23 se produce uno de los momentos decisivos de esta fase: la entrevista de Hendaya entre Franco y Hitler. En el encuentro se debatieron principalmente tres temas: la resistencia francesa en las colonias norteafricanas, la posibilidad de establecer bases alemanas en las costas próximas al estrecho y la configuración de una firme alianza entre los dos países que permitiera la intervención de España en la guerra. Desde la historiografía y la publicística franquistas se ha dicho tradicionalmente que en esa entrevista “Franco evitó, a pesar de las presiones de Hitler, entrar en la guerra”, debido sobre todo a las reivindicaciones territoriales y el material que Franco solicitó, contribuyendo así a la mitificación del dictador español. Hoy está confirmado que en ese encuentro Hitler no accedió a las reivindicaciones españolas, pero que tampoco presionó para la entrada de España en la guerra. No obstante, tras ella se firmó el Protocolo de Hendaya, documento en el cual España se adhería al Pacto de Acero, además de declarar su intención de entrar en la guerra contra Gran Bretaña, en un momento que quedaba sin determinar, a cambio de Gibraltar y una declaración general sobre posibles “recompensas” territoriales en África. El documento desapareció de los archivos españoles, pero en 1960 las autoridades norteamericanas lo hicieron público. En esta entrevista y en los siguientes encuentros se insistió por parte española en que una participación en la guerra tenía un alto coste militar y económico, al que Alemania principalmente debía contribuir, por la situación de escasez y crisis en la que se encontraba España, no sólo por las consecuencias de la guerra, sino también por la política autárquica desarrollada por el gobierno de Franco.

18 de noviembre: nueva entrevista entre Serrano Súñer y Hitler en Berchtersgarden, en torno a las reivindicaciones españolas, que chocaban con los intereses del gobierno francés colaboracionista de Vichy.

5 de diciembre: Franco concede a los buques alemanes permiso para repostar en “bahías solitarias” españolas. Las concesiones se ampliarán a los submarinos, aviones y emisoras de radio, además de a las actividades de los espías alemanes.

7 de diciembre: Canaris, jefe del servicio secreto alemán, llega a España. Ofrece ayuda económica a cambio de la entrada de España en la guerra, en un ataque planificado para enero de 1941. Franco no se comprometió a participar hasta que Gran Bretaña estuviese irremisiblemente derrotada.

Tras la entrevista entre Hitler y Mussolini a principios de 1941, el dictador alemán pide la mediación del Duce para concertar con Franco los términos de su intervención. El 12 de febrero se produce la primera y única entrevista entre Franco y Mussolini en Bordighera. En ella el dictador español expuso sus reivindicaciones, pero también las condiciones materiales y militares tan deficientes en las que se encontraba España (recogidas en una aide-mémoire en la que escribió: España no puede entrar por gusto. Canarias. Sahara. Guinea. Aviación. Gasolina. Transportes, trigo y carbón). Conocidas por el Duce, éste emitió un informe a Hitler exponiendo la situación española y las dificultades para una rápida intervención, lo que convertía a España, por el momento, en un buen aliado del Eje.

14 de febrero: encuentro entre Franco y Pétain en Montpellier. Viejos conocidos y aliados, la entrevista, conocida a través de referencias, estuvo centrada en la discusión sobre el mantenimiento de la no-beligerancia, la colaboración en el norte de África, y la extradición de una serie de refugiados españoles. La colaboración hispano-francesa se consolidó, aunque posteriormente se fue debilitando.

22 de junio de 1941: se inicia la invasión alemana de la URSS, la Operación Barbarroja, con lo que el interés por el sur de Europa y el área mediterránea - Operación Félix y Plan Isabella (ocupación de la Meseta y el Cantábrico en caso de desembarco aliado en la península ibérica)-, se debilita favoreciendo a España, que dejará de sufrir las presiones alemanas. No obstante, el gobierno español decidió incrementar de alguna manera sus compromisos anteriores con el Eje.

Favorecido por el ambiente antisoviético existente en España, el 27 de junio se abren banderines de enganche para todos aquellos voluntarios que quisieran ir a luchar contra la URSS. Entre el 12 y el 20 de julio, saldrán de España más de 18.000 voluntarios - en su mayoría falangistas y veteranos de guerra - integrados en la llamada División Azul (recientes documentos soviéticos desclasificados ponen de manifiesto que la mayoría de los voluntarios se alistaron por dinero). La 250ª División de Infantería de la Wehrmacht, bajo el mando de Muñoz Grandes, junto con la Escuadrilla Azul, unidad de fuerza aérea comandada por Salas Larrazabal, Julio Salvador, Ferrandiz, Cuadra y Murcia en diferentes periodos, entraron en combate entre septiembre y octubre de 1941. Ambas formaciones de españoles -que llegaron a alcanzar la suma de 47.000- participaron en el frente hasta marzo-abril de 1944, dejando un saldo de más de 4.000 muertos y 8.500 heridos. Sin duda, este fue el segundo compromiso en importancia de Franco con Hitler, en su deseo de apoyarle. Las reacciones aliadas fueron evidentes, pues Gran Bretaña, con la que se había firmado un acuerdo en abril de 1941, suprimió los créditos financieros e incluso incrementó su actividad en el interior para derrocar al gobierno español: por su parte, Estados Unidos se mostró partidario de iniciar una actividad conjunta para ocupar el territorio español. La justificación de esta intervención por parte del general Franco se basó en la llamada teoría de las dos guerras: el conflicto entre los dos bandos tiene dos vertientes, una, la lucha contra Rusia, a la que presta su apoyo la División Azul, y dos, la lucha entre los aliados y el Eje, en la cual la no-beligerancia se inclina hacia los primeros.

 

2. Las victorias aliadas y el cambio de orientación en la política exterior española.

En diciembre de 1941 se producía la entrada en guerra de Estados Unidos, con lo que la mundialización del conflicto pronto comenzó a hacerse sentir en España. El gobierno respondió el día 18 confirmando la no-beligerancia; sin embargo, la ruptura de relaciones con las potencias del Eje de la mayoría de los países latinoamericanos comenzó a verse con preocupación desde Madrid.

En el verano de 1942, los aliados comenzaron a planificar la Operación Torch, destinada a preparar el desembarco en el norte de África. La posición de España fue considerada básica y así lo confirma el embajador norteamericano Carlton J. H. Hayes en su obra Misión de guerra en España. Fue considerada una prueba de la no-beligerancia española, especialmente cuando se inició el desembarco aliado en el África francesa el 8 de noviembre de 1942; ese mismo día Hayes entregó una carta personal del presidente Roosevelt a Franco en el que le informaba de la operación militar que se había iniciado, indicándole, a su vez, que en forma alguna va dirigido este movimiento contra el gobierno o el pueblo de España ni contra Marruecos ni otros territorios españoles, ya sean metropolitanos o de ultramar. Creo también que el gobierno y el pueblo español desean conservar la neutralidad y permanecer al margen de la guerra, España no tiene nada que temer de las Naciones Unidas. Era un momento clave, sin duda, en el que el gobierno español se sintió más seguro de los aliados y progresivamente menos proclive ya a una posible intervención con el Eje.

Las consecuencias de este cambio de orientación pronto se van a hacer notar. Lo más significativo fue la destitución de Serrano Súñer como ministro de Asuntos Exteriores, aprovechando los incidentes de Begoña. Su sustituto, el conde de Jordana, declaro al embajador norteamericano su ansiedad por mejorar las relaciones con Estados Unidos [...] y que su gran deseo se cifraba en mantener a España fuera de la guerra. Junto a este cambio de orientación también deben destacarse otros hechos: la retirada del gobernador militar español de Tánger; el permiso a Estados Unidos para que abriera consulados en Ceuta y Tánger; el aumento de las dificultades puestas a los barcos y submarinos alemanes para su abastecimiento en puertos españoles etc. De una u otra manera las últimas semanas del año 1942 pueden ser consideradas el inicio del viraje de la posición española. Incluso a principios del año 1943 Franco propuso al embajador británico S. Hoare un plan de paz.

El 11 de abril de 1943, a propuesta del almirante Doentiz, se produce el último proyecto de invasión de España a través de los Pirineos. Desestimado por la situación desfavorable en la marcha de la guerra, desde ese momento Hitler parece que desestimó definitivamente cualquier intento de participación española en el conflicto. No obstante, las relaciones comerciales y las exportaciones de wolframio siguieron siendo consideradas vitales para la industria bélica alemana. Franco declaró en las Cortes ese mismo mes que la guerra había llegado a un punto muerto y un mes más tarde abogó por una paz justa y fraternal.

 

La lógica de todo este proceso fue la declaración oficial del gobierno español el 1 de octubre de 1943:

 

El gobierno ratifica la posición de España de estricta neutralidad a la que se viene ateniendo legalmente, hallándose dispuesto a exigir, con el máximo rigor, tanto a nacionales como extranjeros, el cumplimiento de los deberes que a ello nos obliga, pero también a no ceder, por ningún concepto, si llega el caso, ante ninguna presión contra nuestro derecho a mantener con toda firmeza tal posición, que todo el país está obligado a respetar como un acto de soberanía indiscutible.

 

Se iniciaba así la tercera y última fase: la neutralidad.

La neutralidad comenzó a apreciarse a través de diferentes acciones a lo largo de 1943 y 1944: se anunció la disolución de la División Azul y la Escuadrilla Azul y su retirado del frente soviético; se expulsó a los agentes alemanes de España; y se dieron instrucciones a la prensa para que ensalzaran los triunfos aliados. No obstante, el nombramiento de José Félix de Lequerica como ministro de Asuntos Exteriores en sustitución del fallecido Jordana, en agosto de1944, provocó recelos entre las cancillerías aliadas e incluso que el propio Churchill pronunciara en mayo de 1944 un discurso favorable a Franco en la Cámara de los Comunes.

Estos acontecimientos parecieron tranquilizar al general Franco, que a la altura de principios de 1945 pensaba que dos de sus principales objetivos -el reconocimiento internacional y su mantenimiento en el poder- se habían logrado. No obstante, en el nuevo orden mundial que se había ido fraguando durante el conflicto por norteamericanos, británicos y soviéticos, no parecía existir un lugar para la España de Franco, que quizá para congraciarse con ellos rompió las relaciones con Japón en abril de 1945 y nombró el 18 de julio de 1945 a un católico como ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo.

Llegados a este punto cabe hacerse una pregunta ¿Por qué España no intervino en la guerra?. Sin duda, la falta de unanimidad dentro del propio régimen y de las fuerzas que le apoyaban, desde el cuerpo diplomático al grupo de cerca de treinta generales que, apoyados económicamente por los británicos, obstaculizaron cualquier intento por romper la no-intervención, es una primera razón básica. En segundo lugar, la angustiosa situación económica y la debilidad del ejército español, fueron razones utilizadas en las diferentes negociaciones con Alemania e Italia para retrasar la intervención, pero también eran una realidad incuestionable. La infravaloración de España por parte de Hitler y el hecho de que no fuera vital su intervención -como también se percibió, p. e, en Japón- es una tercera razón que no puede obviarse. La bien planificada estrategia aliada, básicamente de británicos y norteamericanos, que tanto desde un punto de vista diplomático como especialmente a través de las presiones económicas, consiguieron mantener a España fuera de la guerra, es la cuarta razón. La última reside en la propia actitud de Franco, quién siempre tuvo la decisión final en sus manos, muy condicionada por sus propios intereses; la ambigüedad, la utilización de los éxitos de sus ministros para su propio beneficio, el uso de un discurso cambiante y retórico ante la opinión pública, y la adaptación de la política interior a las cambiantes circunstancias internacionales, contribuyeron, en definitiva a que Franco, al contrario que sus aliados, permaneciera en el poder al terminar la Segunda Guerra Mundial.

 

3. La condena exterior al régimen franquista.

El 2 de septiembre de 1945 finalizaba la Segunda Guerra Mundial. Las potencias del Eje, el nazismo y el fascismo habían sido derrotados. El coste humano había sido muy alto y ahora era el momento de poner en marcha todo aquello que durante las 14 conferencias aliadas se había estado diseñando. El punto de partida, no obstante, estaba claro: el antifascismo debía mantenerse en la inmediata posguerra para que se erradicara de forma definitiva. ¿Cuál iba a ser la actitud ante la España de Franco?.

Entre julio y agosto de 1945 se reunieron en Potsdam las tres grandes potencias aliadas y sus respectivos representantes: Stalin, Truman y Attlee. En su comunicado final, y en referencia a la admisión en la ONU de nuevos Estados, apareció una referencia a España:

 

se creen obligados a declarar que, por su parte, no apoyarán la candidatura del actual gobierno español que, establecido con la ayuda de las potencias del Eje, no posee, en razón de sus orígenes, de su carácter y de su estrecha relación con los países agresores, las cualidades necesarias para justificar su admisión en las Naciones Unidas.

 

Era la ratificación de la resolución adoptada en la Conferencia de San Francisco (junio de 1945), a propuesta de Méjico. Este iba a ser el “pecado original del régimen de Franco”.

Con esta declaración se inició una ofensiva contra Franco y su régimen, que se mantendría en gran parte en la segunda mitad de los años cuarenta y primera mitad de los cincuenta, provocando un aislamiento casi total, una permanente crítica internacional que tuvo a las Naciones Unidas como principal foro y un temor desde el interior a que esta situación provocara una inestabilidad, aprovechada desde el exterior con lo que Franco y los franquistas habían puesto en marcha en 1936. De una u otra manera, el dictador español se convirtió en un tema de discusión internacional durante varios años; un tema que se denominó muy llamativamente como la cuestión española.

El 9 de febrero de 1946, a propuesta de Panamá, se aprobó en Londres la Resolución 32 (I) por la que se condenaba expresamente al régimen franquista al no representar al pueblo español, solicitando a los países miembros que en sus relaciones con el general Franco se atuvieran al espíritu de la Carta de las Naciones Unidas. La URSS y Polonia consiguieron que se creara un subcomité específico para que se estudiara si el régimen español constituía una amenaza para la paz y la seguridad internacional, tal y como ha estudiado A. Lleonart. Un mes más tarde, el 4 de marzo, se hizo pública una nota elaborada por los ministros de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, contra el régimen, acompañada por la publicación de un Libro Blanco sobre España, con documentos comprometidos aprehendidos en los archivos alemanes e italianos. En esta ofensiva el gobierno francés decidió cerrar la frontera con España desde el 1 de marzo, alentada también por el fusilamiento ordenado por las autoridades españolas de diez guerrilleros comunistas. El año 1946 se cerraría con la aprobación en la ONU por 34 votos a favor, 13 abstenciones y 6 votos negativos, de la Resolución 39 (I), sin duda, la más dura del periodo. De ella se pueden destacar estos párrafos:

 

La Asamblea General, convencida de que el gobierno fascista de Franco, que le fue impuesto por la fuerza al pueblo español, con la ayuda de las potencias del Eje, y que prestó considerable apoyo material a esas potencias durante la contienda, no representa al pueblo, y con su continuado dominio de España hace imposible que ese pueblo participe con los de las Naciones Unidas en los asuntos internacionales.

Recomienda que se prohíba al gobierno de Franco pertenecer a los organismos internacionales creados por las Naciones Unidas o relacionados con ellos [...].

Además, la Asamblea General [...] recomienda que si dentro de un plazo razonable no se establece en España un gobierno cuya autoridad proceda de sus gobernados y que se comprometa a respetar la libertad de expresión, religión y de reunión, y de celebrar cuanto antes elecciones en las que el pueblo español pueda expresar su voluntad, libre de coacción y de intimidación y de coacción de partido, el Consejo de Seguridad estudie las medidas para remediar tal situación.

Asimismo, la Asamblea General recomienda que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas retiren inmediatamente sus embajadores y ministros plenipotenciarios que tienen acreditados en Madrid.

 

Se había logrado con esta resolución lo que buscaban tanto algunos Estados - Méjico, Polonia o Francia - como el gobierno republicano en el exilio, presidido por Giral, que había sido reconocido por once Estados en 1946: era el principio del final de Franco, pensaban. Sin embargo, hoy sabemos que nunca hubo verdadera intención de derribar la dictadura española por parte de las grandes potencias, y que el aislamiento siempre fue parcial aunque intenso (de hecho, la mayoría de los países retiraron sus embajadores pero siguieron manteniendo activas sus embajadas a través de sus respectivos encargados de negocios).

La publicación en 1975 de documentos oficiales británicos sobre las conversaciones aliadas en 1945, pusieron de manifiesto que, a pesar de las intensas presiones de Stalin, tanto británicos como norteamericanos desearon actuar con prudencia contra Franco. Por otra parte, los intereses económicos y estratégicos de Gran Bretaña aconsejaban proclamar su rechazo al dirigente español pero no actuar directamente en el interior. Truman, a pesar de su antifranquismo, declaró que la forma de gobierno en España debería ser una cuestión a resolver entre los propios españoles.

En la comunidad internacional tampoco existió unanimidad. Varios Estados hispanoamericanos se negaron a adoptar la resolución de las Naciones Unidas. La Santa Sede, con la que se había firmado en junio de 1941 un convenio que regularizara sus relaciones y resolvía algunos de los contenciosos existentes hasta el momento, siguió apoyando a la católica España. Argentina, a cuyo frente se encontraba desde mediados de 1946 Juan Domingo Perón (paladín abanderado, en palabras de Franco), abrió en octubre una línea de crédito de 350 millones de pesos, firmando en enero de 1947 un convenio comercial que alivió la situación de penuria y desabastecimiento español provocada por el bloqueo comercial hasta los años 1949-1950; el Protocolo Franco-Perón de abril de1948 vino a confirmar este decisivo apoyo. Con Portugal, cuyas relaciones se habían estrechado desde marzo de 1939, reafirmadas en julio de 1940 y febrero de 1942 con la creación del Bloque Ibérico, se mantuvo firme en su apoyo a Franco; la entrevista entre el dictador español y Oliveira Salazar en octubre de 1949 así lo confirmó.

La aparente unanimidad contra Franco, pues, no fue tal, y el resquebrajamiento de la existente se aceleró desde 1947. Sin duda el hecho clave que “salvó” a Franco de una amenaza mayor fue, como en otras ocasiones, la tensión creciente en el sistema internacional.

En efecto, entre marzo y junio de 1947 la tensión entre Estados Unidos y la URSS se aceleró de tal manera que provocó lo que inmediatamente se conoció como “guerra fría”, Tres son las consecuencias de este evento sobre España: a) la cuestión española dejó de ocupar el interés que hasta el momento había tenido en los foros internacionales; b) del antifascismo patente en la sociedad internacional se pasó en el seno del mundo occidental a un anticomunismo excluyente y obsesivo; c) para Estados Unidos era necesario elaborar una nueva estrategia antisoviética, en la que todos aquellos países que pudieran contribuir serían bienvenidos.

Para Franco la situación no podía ser más beneficiosa. El peligro de una posible intervención contra él y su régimen, o de un reforzamiento del bloqueo, parecía conjurado. El régimen, no obstante, partía en esta coyuntura de unas nuevas bases. Por un lado, desde 1945 se habían iniciado un conjunto de reformas político-institucionales que trataban de transmitir una imagen más “liberal” del Estado: Fuero de los Españoles, Ley de Referéndum y Ley de Sucesión en la que se definía a España como reino, convocatoria de un referéndum sobre esta última ley, etc. Por otra parte, se fueron eliminando símbolos o actitudes fascistas en el comportamiento de los dirigentes públicos y en la propia sociedad. Desde Madrid se inició también una ofensiva exterior para “lavar la imagen del régimen”: entrevistas de Franco con corresponsales extranjeros en las que se destacaba el papel de España en la defensa de Occidente y en contra del comunismo; organización de manifestaciones multitudinarias en su apoyo; o aparición de una serie de artículos hasta 1951 en el periódico Arriba, escritos por Franco bajo el seudónimo de Jakim Boor, contra la conspiración fraguada por la masonería internacional. Frente a ella, el catolicismo y el anticomunismo seguían siendo la respuesta desde España.

En todo este contexto se inscriben las iniciativas surgidas en Estados Unidos a favor del régimen español: propuestas en la Cámara de Representantes para incluir a España entre los beneficiarios del Plan Marshall (1947), que fueron inmediatamente contestadas desde Europa, con lo que impidieron que se beneficiase de la ayuda multilateral norteamericana; informes del Departamento de Planificación Política, dirigido por George F. Kennan, recomendando la rápida normalización de relaciones políticas y económicas con España; visitas privadas de representantes políticos y militares norteamericanos, y un perceptible cambio de actitud de Estados Unidos en las Naciones Unidas en torno a las condenas a España. No debemos olvidar en este contexto la labor desde marzo de 1948 en Washington de José Félix de Lequerica, nombrado por el gobierno español Inspector de Embajadas y Legaciones, con el objetivo preciso de crear un Spanish lobby que presionara a las autoridades y personalidades norteamericanas a favor de la causa española.

En 1948, en su discurso de fin de año Franco enfatizó estas palabras: “Hemos superado los años más difíciles, y pese a las dificultades acumuladas en nuestro camino por las persistentes sequías que azotan nuestra campiña, se nos abre un futuro consolador“. Esta era una realidad incuestionable y así lo será, en una primera fase, hasta 1949.

En primer lugar, asistiremos en las Naciones Unidas a una disminución progresiva del número de Estados que apoyaban el mantenimiento de la resolución de 1946: en el año 1949 sólo 15 Estados eran favorables, frente a 26 en contra y 16 abstenciones. Por otro lado, Francia decidió el 10 de febrero de 1948 reabrir sus fronteras, y en mayo, junto con Gran Bretaña, firmaron con la España de Franco dos importantes tratados comerciales. En 1949, el Chase National Bank, el Export-Import Bank y el National City Bank conceden los primeros créditos financieros a España, con el visto bueno del gobierno norteamericano. El 3 de septiembre de ese mismo año hacía escala en aguas de El Ferrol la escuadra norteamericana; el almirante Conolly se entrevistaba poco después con Franco. Dos días más tarde llegaba a España el rey Abdullah de Jordania (“voy a España a visitar al general Franco, el hombre a quién conmigo, odian más los rusos. Si los rusos nos odian tanto es que ambos somos útiles a nuestros dos países“); era la primera visita oficial de un jefe de Estado desde 1936. En 1949, en suma, ya habían normalizado sus relaciones con España once Estados, consolidándose así el proceso de normalización en la política exterior; desde el 25 de agosto de 1948, tras la entrevista entre Don Juan y Franco, se pusieron las bases para una futura restauración monárquica en la figura del príncipe Juan Carlos, confirmándose así también el camino hacia la estabilidad del régimen en el interior.

 

4. La guerra fría y el fin del aislamiento internacional.

El proceso abierto en 1949 se cerrará en la fecha que es considerada por algunos autores como la más decisiva en la historia de la política exterior franquista: 1953.

En enero de 1950, el Secretario de Estado norteamericano, Dean Acheson, declaró que estaba dispuesto a defender ante las Naciones Unidas el regreso a España de los embajadores. En una carta dirigida a Tom Connaly, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, escribió: “Estados Unidos ha cuestionado durante largo tiempo la sabiduría y la eficacia de las acciones recomendadas por la resolución de 1946 [...]. Retrospectivamente, está claro que tal acción no sólo fracasó en su objetivo, sino que sirvió para fortalecer la posición del régimen actual“. Era el punto de partida de un cambio de actitud y una posición más activa de los Estados Unidos a favor de la España de Franco. Sin duda, esta posición se vio impulsada, de nuevo, por factores externos: proclamación de la República Popular China y anuncio de que la URSS disponía de la bomba atómica (1949), a lo que se añadiría el estallido de la guerra de Corea (junio de 1950), ante la que Franco ofreció su colaboración para luchar en contra de una nueva iniciativa del comunismo internacional. La “guerra fría”, de nuevo, actuaba a favor de Franco.

La primera consecuencia de este cambio de orientación se apreciará en la ONU. El 4 de noviembre de 1950 se aprobaba por 38 votos a favor, 10 en contra y 12 abstenciones, la Resolución 386/V por la que se revocaban las recomendaciones de 1946. A partir de ese momento se irá produciendo la integración de España en el sistema de Naciones Unidas: el 27 de febrero de 1951 ingresaba en la Organización Meteorológica Mundial; el 5 de abril en la FAO; en mayo lo haría en la Unión Internacional de Telecomunicaciones y en la OMS, y así sucesivamente en un proceso que se extendería sin cesar durante este periodo.

Las relaciones diplomáticas con otros Estados también se ampliaron de forma destacada. Si en 1950 fueron 15 los Estados que las reanudaron, en 1951 fueron 21 y en 1952 5 más. La presentación de cartas credenciales del embajador norteamericano, Stanton Griffith, el 1 de marzo de 1951, se convirtió en el paradigma a los ojos de Franco del final del aislamiento. A ello contribuyó también el ministro español, Martín Artajo, con una visita realizada a los países árabes en 1952, muy destacada por la prensa española. Desde el Instituto de Cultura Hispánica, sustituto del Consejo de la Hispanidad, creado en diciembre de 1945, se lanzaría un gran proyecto de las llamadas por algunos autores “políticas de sustitución”: la creación de una Comunidad Hispánica de Naciones.

Puestas las bases de este cambio de actitud contra Franco y su régimen, favorecido siempre por la coyuntura internacional, el dictador español se lanzó a lo que J. M. Armero define como “la construcción de un eje, el Vaticano-Washington-Madrid”. El momento llegaría en 1953.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA DE ESPAÑA ACTUAL.

 

TEMA 5. ESPAÑA EN LA DÉCADA DE LOS 40 (3): ECONOMÍA Y SOCIEDAD.

 

1. y 2. Las secuelas materiales de la guerra civil. La política económica: autarquía e intervensionismo estatal.

La economía española en la década de los cuarenta es una consecuencia directa de la Guerra Civil española, pero también es consecuencia del contexto internacional. Al terminar la guerra, el país se enfrentó con una fuerte recesión económica, que viene a determinar que la renta nacional de 1939 se hubiera retrotraído a la de 1931.

La Guerra Civil supuso, según Ramón Tamames, el mayor despilfarro de toda la historia de España pudiendo calcularse su cuantía en 3.000 millones de pesetas oro de la época. Además, supuso un desastre financiero, ya que el país había perdido los fondos de oro del Banco de España para sostener la moneda, por el envío del llamado Oro de Moscú a los soviéticos por parte del gobierno republicano. Pero también contribuyeron a la ruina económica de España, los rebeldes al endeudar al país por el pago de los suministros concedidos al bando franquista por Italia y Alemania. La deuda con Alemania no se dio por finiquitada hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. La deuda con Italia, a pesar de que el nuevo gobierno italiano perdonó a España el 40 % del montante total, no se saldó hasta 1960.

La Guerra Civil supuso también un grave problema demográfico. Se puede decir que entre los muertos durante los combates, por inanición, por la represión, más los niños nonatos y los exiliados suman una cifra cercana a un millón de muertos (título de la novela homónima de José María Gironella).Además, la guerra no sólo supuso la pérdida cuantitativa de vidas humanas, sino una pérdida cualitativa, porque las bajas se contabilizaron, sobre todo, en el sector de los obreros cualificados, el de los intelectuales y el de los profesionales. Las cifras totales de muertos por la guerra varían según los estudiosos del tema: Juan Pablo Fusi contabiliza en unos 300.000 los muertos. durante la guerra y Hugh Thomas en unos 600.000. En definitiva, sobre una población total española de unos 24 millones de habitantes, murieron durante la guerra cerca de un millón de habitantes.

Además, la Guerra Civil supuso la destrucción de una gran parte del tejido industrial español, la mayor parte de las vías de comunicación (p. e., fue destruido más del 40 % del tejido ferroviario), de muchos edificios (unos 250.000) etc. En el campo se produjo un retroceso de la productividad y de la producción agrícolas debido al abandono de las tierras, la destrucción de la maquinaria agrícola y las pérdidas en el ganado.

Cabe pensar que ante Franco se abría una tarea difícil para superar estas incidencias negativas. La década de los cuarenta estuvo también presidida por una fuerte crisis económica hasta bien entrada la siguiente, hasta que cambió ,a situación internacional de España. Los gobiernos franquistas llevaron a cabo para solucionar la crisis una política económica basada en dos polos: la autarquía y el intervensionismo estatal.

¿Cómo afectó dicha crisis a los distintos sectores económicos?.

En el sector primario se produjo un crecimiento de la población activa dedicada a él (que ya suponía más del 50 % de la población activa total en España en 1940). La producción agraria se hundió en relación con la contabilizada para antes de la guerra: si tomamos el año 1935 con un índice 100 de la producción agraria, éste había bajado en 1940 a un 77, 9, para aumentar hasta el 91,7 y volver a desplomarse en 1945 hasta el valor 65. Hay que destacar, en tercer lugar, unas condiciones climatológicas durísimas: los años siguientes a 1942 fueron de sequía, a lo que había que sumar las consecuencias de la contienda civil (fueron los famosos años del hambre), siendo la situación más grave aún por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.

Durante una década en España hubo un racionamiento alimenticio y, como consecuencia, apareció el mercado del estraperlo donde se vendían productos de contrabando y también la nueva figura social del estraperlista o nuevo rico. El racionamiento duró hasta 1951-52.

En el tema agrario los gobiernos franquistas mantuvieron una política intervensionista basada en el apoyo al cultivo del trigo, con la creación del Servicio Nacional del Trigo encargado de asegurar precios garantizados para el trigo, pero estos precios permitieron a los grandes terratenientes conseguir grandes ganancias. El sector social de los terratenientes fue el más beneficiado durante la década de los cuarenta y después el empresariado industrial y, sobre todo, el financiero.

Esta intervención gubernamental supuso la liquidación de la obra de la II República de la Reforma agraria de 1932, siendo sustituida ésta por una serie de medidas en materia de regadíos, concentración parcelaria y colonización de nuevas tierras.

En cuanto al sector secundario, la guerra civil había provocado el desmantelamiento de la estructuras industriales del país. La posición del Nuevo Estado en esta materia fue de un fuerte intervensionismo, no sólo indirecto sino también directo.

Por intervensionismo indirecto se entiende que cualquier inversión en el sector industrial estaba sometida a un régimen de autorización previa por parte del Estado. En 1939 se promulgó la ley de Protección a las Nuevas Industrias de Interés Nacional. Esta ley supuso un intento de nacionalizar el sector industrial, dificultándose la inversión extranjera en él al establecerse que el capital extranjero nunca superara el 50 % de las inversiones en las industrias.

Junto a ello, el Estado ejerció un intervensionismo directo mediante la creación del Instituto Nacional de Industria (INI) en 1941, de clara influencia fascista. El INI era un organismo dotado de capacidad económica y personalidad jurídica creado para dotar a España de una industria de guerra propia, y a la vez reforzaba la política autárquica. En el momento de su creación por el ministro José Antonio Suanzes, se dotó al INI de un capital de 50 millones de pesetas oro de la época y, además, pasaron a la cartera del INI todos los valores mobiliarios del Estado, menos las empresas Telefónica, Tabacalera y CAMPSA.

El INI actuaba sobre todo en el sector armamentístico y la industria paramilitar, el control de la energía eléctrica, la explotación de los recursos naturales y de todos aquellos productos que suplieran a las importaciones. A través del INI el Estado se convirtió en subsidiario de la iniciativa privada en aquellos sectores industriales que no tenían una gran productividad o en aquellos que requerían grandes inversiones.

El fracaso de la política del INI se centró en su papel de refuerzo de la política económica, en empeñarse en producir en España aquellos productos básicos que eran importados (caso de los combustibles, p. e., donde la Compañía Calvo Sotelo empleó pizarras bituminosas para que España produjera su propia gasolina, pero como era de mala calidad se volvió a las importaciones).

La política autárquica es aquella política económica que reduce al mínimo la dependencia exterior la dependencia del exterior. Se basó en la reducción de las inversiones extranjeras en el país y reducir el volumen de las importaciones. En un principio, los gobiernos franquistas siguieron reforzando esta política por motivos políticos, aunque podía haberse cambiado. ¿Por qué?. Porque al estar España marginada de las ayudas del Plan Marshall (1947) para la reconstrucción de Europa Occidental por su participación junto a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Franco se sacrificó la apertura económica al exterior a la supervivencia del régimen, hasta 1956.

Ya en 1951 se recuperaron los niveles de renta anteriores a la Guerra Civil, acabó el racionamiento alimenticio y, como consecuencia de la firma de los pactos con Estados Unidos ese año y de que España recibiera la ayuda económica norteamericana, el Estado comenzó a abandonar la política autárquica y el intervensionismo estatal. La ayuda exterior, las medidas liberalizadoras en la economía y la entrada de capital extranjero en el país por el turismo serán los aspectos que sienten las bases del desarrollo económico de España en los años sesenta.

 

3. La oposición interior al régimen. La guerrilla.

Paralelamente a la historia del franquismo, existe una historia de la oposición al régimen. Tuñón de Lara le da incluso un mayor protagonismo que a la historia del régimen. La historia de la oposición es, en cierto modo, la historia de la recuperación de la democracia en España. Es la historia de un fracaso, porque la oposición no logró echar a Franco, pero también es la historia de un éxito si tenemos en cuenta los sucesos posteriores a la muerte del dictador, ya que esta oposición sirvió para canalizar actitudes y preparar a la sociedad española ante el cambio que suponía la entrada en democracia.

Lo primero que llama la atención de la oposición a Franco fue la división de ésta y su proliferación en grupos. De hecho, no se habla de oposición, sino de oposiciones al franquismo, y los estudiosos han pretendido clasificar a estos grupos.

Juan José Linz divide la oposición al régimen en tres grupos:

1º. La “semioposición”, que engloba a los sectores críticos con el franquismo pero integrados en el sistema de poder, los cuales se expresaron a través de las Cortes o de la prensa.

2º. La oposición “alegal” que, en cierto modo, es tolerada por el régimen y reprimida moderadamente. Forman parte de ella los intelectuales, sobre todo desde los años cincuenta, y los sectores de la población española con la misma extracción social que los miembros de la élite política.

3º. La oposición “ilegal”, que reproduce los esquemas ideológicos prebélicos desde posiciones de izquierdas, siendo duramente reprimida.

Javier Tusell aplica y combina dos criterios a la hora de clasificar a la oposición al régimen: el espacial, y el ideológico o de origen. Según el primero existiría una oposición interior (la que permanece en España) y la exterior. Según el segundo existiría una oposición interna (que surge dentro del sistema) y una oposición externa (que se origina fuera del bloque de poder dominante en España).

Antes de ver detalladamente cada uno de estos grupos, hemos de señalar las características que tuvo que la oposición a Franco en los años cuarenta y la respuesta gubernamental a ésta.

Las características de la oposición en los años cuarenta son las siguientes:

1) Su fuerte división ideológica, que no superó los enfrentamientos que se originaron en el bando republicano antes y durante la Guerra Civil, y que está dividida acerca del sistema a seguir para derrocar a Franco.

2) La debilidad de la oposición interior.

3) La vinculación de la mayoría de la oposición exterior al contexto internacional.

4) La aparición de la oposición interna.

La respuesta gubernamental ante la oposición se puede resumir en la represión, en un sistema eficaz de la administración de la violencia. Se mantuvo el control de la sociedad civil española por el ejército, el cual tenía competencia en los delitos políticos, se benefició de la Ley Marcial, derogada en 1947, y participaba en los tribunales de orden público.

En materia legislativa, se actuó muy activamente en el tema de la represión. En 1939 se promulgó la Ley de Responsabilidades Políticas, que tenía carácter retroactivo, sobre los delitos políticos. También se promulgó una Ley de Represión de la masonería y el comunismo, una Ley de Seguridad del Estado y se reformó el Código Penal. Estas leyes provocaron la debilidad de la oposición externa dentro de España.

Vamos a hablar ahora de los distintos grupos de oposición:

En primer lugar, la “semioposición” u “oposición interior interna”. Fue una oposición tolerada por el régimen que se expresó dentro de los cauces del sistema. Los sectores de esta oposición solieron dividirse en dos, uno colaboracionista con el régimen, y otro sector opositor, que se convertirá en oposición alegal y, en algunos casos, en oposición ilegal.

Un primer sector de esta oposición interior interna lo constituía el sector de Falange, que permanecía aferrada a los principios joseantonianos, frente a la Falange franquista. Entre estos falangistas estaban Pedro Laín Entralgo, Gonzalo Torrente Ballester, Dioniso Ridruejo o Antonio Tovar. Algunos de estos falangistas, como Laín o Tovar, siguieron evolucionando ideológicamente y pasaron a formar parte de la oposición externa. La Falange controlaba los Sindicatos Verticales, que se crearon como instrumento de la intervención estatal en la vida laboral. Su primer secretario, Salvador Merino, quiso que los Sindicatos se convirtieran en un Estado dentro del Estado, como poder moderador entre el Estado y los trabajadores, no en un instrumento estatal. Por ello Merino fue procesado.

Un segundo grupo dentro de la oposición interna son los monárquicos. El primer enfrentamiento entre ellos y el régimen se produjo en 1942. Al año siguiente, la posición monárquica se fijó con la carta que algunos militares (como Orgaz o Kindelán) enviaron a Franco solicitando la restauración de la monarquía, y con el llamado Documento de los Notables, con el mismo objetivo.

La respuesta de Franco fue la separación de estos hombres de sus puestos a corto plazo y a largo plazo la promulgación la Ley de Sucesión del Estado (1947), que no satisfizo a todos los monárquicos. Esta ley hizo que los monárquicos se dividieran en dos grupos: los monárquicos colaboracionistas, que aceptaron la solución de Franco aunque algunas veces criticaban al sistema; otro sector se agrupó en torno Don Juan de Borbón, que era la más viable alternativa democrática al franquismo. La solución D. Juan podía verse favorecida, además, por el contexto internacional contrario a Franco, ya que proponía una monarquía homologable a los regímenes conservadores europeos.

Don Juan emitió el duro Manifiesto de Lausana (1945), pero al finalizar la Segunda Guerra Mundial y el cambio de la situación internacional con respecto a Franco, este sector monárquico va a negociar con la oposición externa a Franco (socialistas, republicanos, regionalistas catalanes etc.) para proyectar una plataforma de oposición unida que con la ayuda exterior derrocase a Franco. Fruto de estas negociaciones será la firma del Pacto de San Juan de Luz (1948), donde se señalaron los puntos sobre los que se establecería la nueva España. Sin embargo, el Pacto nació ya muerto, pues ya se había producido la entrevista entre Franco y D. Juan por la que el primero aceptaba que el hijo del segundo, Don Juan Carlos, viniera a estudiar a España. La trayectoria de este sector monárquico será errática. Sus relaciones con Franco serán según los momentos más tensas o más diplomáticas. Durante el tardofranquismo, este sector entró a formar parte de las plataformas de oposición radical al régimen.

Un tercer grupo serán los tradicionalistas, que después de la unificación de 1937 con la Falange se dividieron en dos grupos: el sector colaboracionista liderado por el Conde de Rodezno, y el sector liderado por Fal Conde, que pasó a la oposición.

Por último, ciertos individuos de la Iglesia Católica, que como institución apoyó al régimen dando lugar al nacionalcatolicismo, ejercieron una tímida oposición al franquismo y, también, como los sectores anteriores, la Iglesia española se dividió en dos.

En segundo lugar, tenemos la oposición interior externa, que algunos autores llaman “los exiliados en el interior”. Esta oposición fue débil en los años cuarenta, debido a la fuerte represión que sufrió y a la desarticulación de sus estructuras, la falta de líderes y de locales donde reunirse. Va a vivir sus peores años y constituye una resistencia casi residual al régimen, logrando apenas la supervivencia.

Va a estar constituida, en primer lugar, por el PSOE, que en la década de los cuarenta logra reconstruirse dentro de España aprovechando los únicos medios que la situación permite: se reorganizó en las cárceles y en aquellas localidades que habían tenido una mayor raigambre socialista. Sus intentos de reconstrucción fueron abortados por el poder, pero, desde 1944, el PSOE consigue reconstruir sus estructuras de partido nombrando un Comité Nacional y una Comisión Ejecutiva. Realizan los socialistas una propaganda antifranquista e inician intensas relaciones con el exilio exterior e, incluso, contactan con las embajadas extranjeras en España para influir en la política extranjera con respecto al régimen franquista.

Mientras el PSOE busca el apoyo internacional, el PCE, en segundo lugar, preconiza la llamada “política de unión nacional” por forzar movimientos revolucionarios en el interior del país contra Franco para conseguir el apoyo exterior. El PCE también inició su reconstrucción en las cárceles pero soportando una durísima represión. En los últimos años de la década de los cuarenta también reconstruyó sus estructuras de partido nombrando un Consejo Central de Resistencia. A finales de la década (1948), el PCE cambió de política abandonando la lucha armada contra el régimen y defendiendo la idea de la huelga general.

También en el interior, en tercer lugar, el mundo obrero va a plantear una incipiente oposición al franquismo. Aunque durante la década de los cuarenta no estuvo asegurada la pacificación en el mundo laboral, los conflictos fueron escasos durante su primera mitad pero no en la segunda: conflictos laborales y de transportes en Barcelona (1945) y Manresa (1946) y Huelga general en Bilbao (1947). El régimen, a pesar de la escasez y localización geográfica de los conflictos, sentía una gran preocupación por ellos, ya que para él el mundo laboral es el enemigo colectivo más difícil de controlar.

Hemos de señalar, en cuarto lugar, la resistencia ideológica al régimen por parte de intelectuales y universitarios. En la Universidad, se reconstruyó la Federación Universitaria Española (FUE) y, en 1944, se creó la Unión de Intelectuales Libres (UIL), donde estaban representadas todas las tendencias ideológicas.

En quinto lugar, los partidos regionalistas hasta 1945 no pudieron reestructurarse pero, a partir de esta fecha, empezaron a reconstruirse. En Barcelona se creó el Comité de Coordinación, integrada por los partidos Acció Catalana y Unió Democrática de Catalunya, que va a canalizar la oposición del catalanismo moderado al régimen formado por las clases medias. En Euskadi el PNV modernizó sus estructuras permitiendo la participación de mujeres en el partido, creando un PNV femenino.

Dentro de la oposición del interior en los años cuarenta merece especial mención la “guerrilla”. Hasta 1944 estuvo constituida por grupos dispersos, elementos residuales, que se mantuvieron a la defensiva. Tenían estos grupos una procedencia ideológica variada dentro de la izquierda. Tenían un carácter defensivo y rural muy acusado, pues sólo los cenetistas actúan en las ciudades, y aparecieron en toda la geografía nacional. La guerrilla vivía sobre el terreno y planteaba actos continuos de sabotaje contando, si no con el apoyo, si al menos con la tolerancia de la población

En 1944 se produjo la liberación de Francia de la ocupación nazi y también la liberación de los españoles que lucharon en las filas de la Resistencia francesa. Entonces el PCE planteó una estrategia ofensiva con la guerrilla para promover una insurrección dentro de España. Desde ese momento, convivirán los focos dispersos de guerrilleros, los maquis, y una guerrilla comunista mucho más organizada y coordinada. Con los cuadros comunistas que formaron parte de la Resistencia francesa y la guerrilla comunista se organizó un Ejército guerrillero que, en la primera semana de octubre de 1944, iniciaron la invasión de España por el valle de Arán que fue un auténtico fracaso, debido a la falta de apoyo de la población y a la represión franquista comandada por el general Yagüe.

A pesar de este fracaso, los años siguientes de la década presencian el ascenso del movimiento guerrillero. El PCE llegó incluso a articular un embrión de Ejército guerrillero que contaba con enlaces, puntos de apoyo y una escuela para formación de guerrilleros en Aragón. Sin embargo, el declive del movimiento guerrillero se produjo pronto, por la represión gubernamental, por la desaparición biológica de los guerrilleros, que vivían en condiciones muy duras, y, sobre todo, por el cambio de táctica del PCE en 1948, cuando promovió el abandono de la lucha armada y el fin de la guerrilla y su sustitución por la táctica de la huelga general. Sin embargo, el movimiento guerrillero continuó con los topos, guerrilleros que vivían escondidos y que recibían ese nombre por no salir a la luz del día, y sólo terminó en el tardofranquismo coincidiendo con la concesión de una amnistía, con lo que los topos pudieron salir de sus guaridas.

 

4. La oposición en el exilio.

La oposición en el exterior al franquismo está representada por el exilio político. Al acabar la Guerra Civil se exiliaron de España medio millón de españoles, de los que siguieron alejados del país durante el franquismo unos doscientos mil.

El exilio tenía dos focos importantes. Una parte fue a Iberoamérica, sobre todo a Méjico donde el presidente Lázaro Cárdenas los acogió. También fueron a Puerto Rico y a universidades americanas (caso de Claudio Sánchez Albornoz en Argentina), pero esta emigración no fue masiva sino en el caso de Méjico. Por un lado, se fueron de España los intelectuales más cualificados. Por otro lado, el exilio político se refugió en Méjico, sobre todo republicanos y socialistas, donde reconstruyeron sus partidos y allí, además residió el Gobierno republicano en el exilio y la Diputación Permanente de las Cortes. El gobierno de la II República sólo se disolvió tras la promulgación de la Constitución en diciembre de 1978.

El otro foco importante del exilio exterior fue Francia, donde el principio fueron los comunistas, para después ir a los país del Este, y también los regionalistas. Estos grupos se desenvolvieron, en un principio, en condiciones muy difíciles, siendo encerrados en campos de internamiento. Aquellos que permanecieron en Francia, se vieron obligados a abandonarla por la ocupación alemana del país. Algunos confinados en los campos de internamiento fueron devueltos a España (caso del presidente de la Genralitat catalana en el exilio, Lluis Companys que fue fusilado), mientras que otros se integraron en la Resistencia Francesa.

La oposición del exilio en la década de los cuarenta perpetuó las diferencias ideológicas y tácticas aparecidas durante la Guerra Civil: por un lado estaban socialistas y republicanos que mantenían cierta unidad y, por otro, los comunistas, marginados por los anteriores.

Dentro de los socialistas se mantuvo la censura entre el sector que apoyaba a Juan Negrín, proclive al entendimiento con los comunistas, y el sector anticomunista encabezado por Indalecio Prieto. Al final, triunfaron los esquemas y tácticas prietistas, que siguen la táctica del atentismo, de esperar los acontecimientos para ver como se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial y, mediante la diplomacia, mover a las democracias occidentales triunfadoras del nazismo a derrocar al régimen franquista, que en principio estará aislado internacionalmente.

El PSOE constituyó en Méjico la Junta Española de Liberación (JEL), de la que se excluyó al PCE, PNV y, en principio, a los libertarios. La JEL rechazó el plan de sublevación armada de los comunistas y llevó a cabo las negociaciones con las democracias occidentales. Este organismo se vería acompañado por la Alianza de Fuerzas Democráticas, fundada en Toulouse (Francia). Ésta se fundó en Francia para contrarrestar la influencia del marginado PC y en ella entrarían con los socialistas el PNV y los cenetistas, porque estas organizaciones podrían ser mal vistas por las democracias occidentales debido a la presencia en ellas de los comunistas. Estas organizaciones serán las que negocien con los monárquicos opositores al franquismo el mencionado Pacto de San Juan de Luz.

El marginado PCE constituyó en Francia el Consejo Superior de Unidad Nacional, que pretendía derrocar a Franco mediante una insurrección armada en España, pero desde 1948 el partido abandonó esta táctica. Siguiendo las consignas del comunismo internacional, el PCE abandonó la lucha armada contra Franco por dos líneas de actuación: el fomento de la huelga general nacional en España, por una parte, vía en la que fracasaría y, por otra, la infiltración dentro del sistema de poder franquista, vía en la que sí alcanzaría importantes éxitos. Las relaciones entre el comunismo del interior de España con el comunismo del exterior fueron muy fluidas, y el trasvase comunista al interior de España fue continuo, al contrario que los socialistas que en su mayoría se quedaron en el exterior.

Los comunistas se infiltraron, sobre todo, dentro de la organización sindical española, llegando un momento en que los últimos jefes de empresa de los Sindicatos Verticales en el franquismo eran miembros del PC y de CC.OO. También se infiltraron en organizaciones como la JOC (Juventudes Obreras Cristianas) o la HOAC (Hermandades Obreras de Acción Católica). Tras el fin de la dictadura, los comunistas del exterior serán bien recibidos y se incorporarán perfectamente a la España de la Transición.

 

5. Sociedad. Universidad. Prensa. Cultura.

La sociedad española pasó muchas dificultades en la década de los cuarenta debido a la penosa situación económica y a la represión ejercida por el régimen. Se trata de una sociedad muy polarizada entre una delgada capa con un poder económico acomodado y una gran masa trabajadora popular formada, sobre todo, por trabajadores del campo, existiendo un proletariado relativamente escaso. La clase media era muy reducida cuantitativamente hablando, y sólo en los años cincuenta este sector social adquirirá relevancia cuantitativa (algunos autores hablan de una revolución de las clases medias españolas).

Dentro del bloque dominante destaca el poder y la influencia de los terratenientes, principales beneficiarios de la política económica desarrollada en esta época. A la vez también hay que señalar la aparición de un nuevo grupo social, los nuevos ricos o estraperlistas, cuya fortuna estaba basada en las ganancias en el mercado negro o estraperlo y en la política del régimen en el comercio exterior (caso del ministro de comercio Manuel Arburúa).

En cuanto a la educación, recuérdese que uno de los puntos básicos de la renovación social que la II República pretendía se centraba en el tema de la enseñanza, pero la Guerra Civil supuso un corte. Los gobiernos franquistas pusieron en pie una política educativa con unas bases distintas. Junto con los objetivos de combatir el analfabetismo y mejorar la enseñanza, el franquismo buscará en la educación un instrumento para adoctrinar a la sociedad española. Así, el catolicismo y la religión católica se establecerán como elemento constituyente del ser español (nacionalcatolicismo).

La Iglesia se constituirá en un elemento básico en los niveles primario y medio de la enseñanza, convirtiéndose la Iglesia en subsidiaria del Estado. De hecho, es constatable que no se dotaba por igual a los centros públicos que a los centros en manos de la Iglesia, favoreciéndose más a los segundos, donde, sin embargo, se atentaba contra la libertad de conciencia de los españoles.

De hecho, el estudiar en un centros y otros era un signo de diferenciación social. Las familias de las clases medias y de las clases bajas que podían se sacrificaban económicamente para que sus hijos estudiaran en centros privados, llegando a estudiar en ellos el 80 %. A pesar de la dificultad económica de las familias para que sus hijos realizaran estudios universitarios, éstas hicieron un esfuerzo y si en 1940 había 160.000 alumnos en secundaria en España, en 1955 ya eran cerca del medio millón.

La importancia que se le daba a la educación era el nombre del ministerio que se ocupaba de la educación: el Ministerio de Educación Nacional (aunque luego cambiara de nombre), lo que muestra la utilización ideológica de la educación en el régimen.

En la década de los cuarenta ocuparon el Ministerio dos ministros conservadores: el monárquico Pedro Sainz Rodríguez y el demócrata-cristiano José Ibáñez Martín. El primero criticó la trayectoria fascista del régimen, dimitió y se exilió pasando a formar parte del círculo privado de Don Juan de Borbón. El segundo era catedrático de Instituto.

Junto al esfuerzo material que se realizó desde el Ministerio se quiso regular la enseñanza con base en el catolicismo. Pedro Sainz Rodríguez promulgó la Ley de Enseñanza Media (1938), que establecía una enseñanza media en siete cursos y había que pasar el “Examen de Estado”. Era un Bachiller muy duro, que sólo aprobaban el 25 % de los alumnos, con primacía de las Humanidades (el Latín se estudiaba en los siete cursos). En la segunda mitad de los cincuenta se estableció un Bachiller Inferior de cuatro años, se pasaba una reválida, un Bachiller Superior de dos años, donde los estudiantes elegían estudiar ciencias o letras y, después de otra reválida, un curso preuniversitario (PREU). José Ibáñez Martín promulgó la Ley de Bases de la Universidad Española (1943), por la que se reestructuró la enseñanza universitaria. Esta ley se mantuvo hasta los años del tardofranquismo, siendo sustituida por la Ley de José Luis Villar Palasí.

En la década de los cuarenta, la Universidad era jerarquizada, antiliberal y en ella había una absorbente intervención del gobierno. Mantuvo el antiguo sistema de cooptación entre los profesores. El tribunal que concedía el acceso a las cátedras universitarias lo elegía el Estado, y allí es donde más actuó la represión (Luciano de la Calzada, catedrático de historia contemporánea de la Universidad de Murcia, dirigió el famoso proceso a los profesores expedientados en 1965). Además, se crearon las Universidades Patrióticas.

El control ideológico de las Universidades se realizó a través de la censura de las bibliotecas y los programas universitarios y en la elección del profesorado. El gobierno pedía a los gobernadores civiles informes sobre los candidatos a las oposiciones universitarias, candidatos que debían jurar lealtad a los principios fundamentales del movimiento para acceder a sus puestos. Sin embargo, ese control no fue obstáculo para que hubiera personas disidentes al franquismo dentro de la Universidad, como Enrique Tierno Galván, José Luis López Aranguren etc.)

El régimen creó, también, una serie de organismos para fomentar las actividades intelectuales e investigadoras. En 1939 se creó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en un intento de sustituir a la republicana Junta de Ampliación de Estudios para fomentar, activar y coordinar la investigación. La impronta católica y confesional del CSIC en los años cuarenta fue muy fuerte. Su primer presidente fue José María Alvareda, sacerdote del Opus Dei, y el ministro Ibáñez Martín llegó a decir que el CSIC estaba para servir a Dios. Al principio tuvo escasos medios y sus trabajos se centraron en la investigación humanística y no científica, pero incluso ésta tenía una escasa profundidad científica. En torno a la revista del CSIC, Arbor, se articuló un sector tradicionalista de oposición al franquismo y una polémica en torno al papel de la ciencia en España.

Otro organismo creado en 1939, con gran influencia de la Falange, fue el Instituto de Estudios Políticos, que se creó como apoyo y orientación del proyecto de vertebración del Nuevo Estado y que trataba de impulsar el pensamiento social y político en España. Allí hubo personalidades que sirvieron para dotar al régimen de un aparato institucional (véase tema 3). El ministro de Información y Turismo Manuel Fraga creó dentro de este organismo la Revista de Estudios Políticos. Este organismo pervive aún hoy con el nombre de Instituto de Estudios Constitucionales, que se dedica a impulsar, como su nombre indica, los estudios en tal materia.

En cuanto a la Prensa, el régimen estuvo muy preocupado en que ésta sirviera como instrumento de adoctrinamiento de los españoles. También la Prensa estaba bajo el control de Falange, que controlaba la entrega de los carnets de periodista, creó una escuela de periodismo, controló la elección de los directores de periódicos, controló el cupo de papel que en los años cuarenta durante el racionamiento y después se daba a los periódicos etc. También se promulgó la Ley de Prensa (1938), que estableció la censura previa, hasta que la Ley Fraga (1966) la eliminó y la sustituyó por la autocensura. Esta última ley en realidad supuso una apertura de la libertad de prensa en España, aunque suponía que eran los mismos directores de periódico los que debían elegir que se publicaba. A partir de entonces aumentó el número de revistas, como Triunfo, Cuadernos para el diálogo, Destino, Revista de Occidente, que se volvió a publicar, Cambio 16, Diario 16 etc.

Estas condiciones a las que estaba sometida la educación y la Prensa llevan a plantearse el problema de la existencia de una auténtica cultura en la España de los años cuarenta en esas condiciones de precariedad material y de represión ideológica. Algunos estudiosos contemporáneos creen que durante el franquismo no hubo una cultura de calidad, pues la Guerra Civil rompió la trayectoria cultural de la II República y la única cultura de calidad fue la del exilio.

Sin embargo, Julián Marías en los años 60 dio una visión positiva de la cultura española, diciendo que en España habían continuado las líneas culturales esbozadas durante la República y que alcanzaron la calificación de sobresaliente. José Luis López Aranguren distingue entre una cultura franquista, de calidad nula, y una cultura del periodo que en algunos sectores fue muy mediocre debido a la actuación gubernamental.

Para José Carlos Mainer, el franquismo condicionó la producción cultural en la España de los cuarenta, pero no la mediatizó hasta el punto de no hacerla digna de consideración. El franquismo cortó con la cultura de la época republicana, a la que tachó de anticatólica y liberal, pero la situación de la cultura en España no era tan mala como para denominar a esa época de “páramo cultural”.

En primer lugar, se puede decir que hubo una serie de elementos continuistas en la cultura de la España de los cuarenta con respecto al periodo anterior, hasta el punto de que Mainer dice que la posguerra en el campo cultural fue un periodo soterrado epigonal, cuyas raíces están en la época republicana. Los epígonos son muchos, destacando la escuela de arabistas fundada por Emilio García Gómez y la propia labor del maestro. Hay figuras tan importantes como Ramón Menéndez Pidal, Ramón Carande o José Antonio Maravall en Historia, Luis Díez del Corral y Luis Sánchez Agesta en Ciencias Políticas y Derecho, Dámaso Alonso en lingüística, el Premio Nóbel Gregorio Marañón en medicina etc.

La nueva cultura de los años cuarenta va a tener dos polos: por un lado, la “nueva cultura”, promovida por Ramón Serrano Súñer, que va a impulsar la aparición de un género ensayístico que, si bien reafirmaba los valores del régimen también representó la apertura a elementos exteriores al sistema, con los falangistas más “liberales”, que son jóvenes falangistas ortodoxos, como Gonzalo Torrente Ballester, Dionisio Ridruejo etc., muy elitistas y que siguen la tradición orteguiana, que quiso estar abierta a la colaboración de los intelectuales en el exilio. Esta corriente publicó muchas revistas culturales como La revista Vertical (1937), la revista Escorial (1940), El Español (1942), La estafeta literaria (1944) etc. El otro polo fue el de la “cultura oficial”, que seguía la tradición ideológica católica. Estaba muy vinculada al Opus Dei que utilizaba como vehículo de expresión el CSIC y la citada revista Arbor. Esta corriente tiene sus predecesores en Marcelino Menéndez y Pelayo y Ramiro de Maeztu. Otras revistas son Atlántida, Punto Europa etc. que dejaron de publicarse tras la muerte del dictador, y algunas se vuelven a publicar hoy en día. Esta corriente contaba con nombres significativos como el americanista Florentino Pérez Embid o Rafael Calvo Serer.

Entre estas dos corrientes se suscitaron enconadas disputas, como la famosa entre Pedro Laín Entralgo, representante de la primera corriente, que publicó el libro España como problema, donde planteaba la existencia de dos España, la franquista y la republicana, y Rafael Calvo Serer, representante de la segunda corriente, que en contestación publicó el libro España sin problema, donde negaba la existencia de los España y afirmaba que la España verdadera era la España tradicional, católica, la España franquista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA DE LA ESPAÑA ACTUAL.

 

TEMA 6. LA DÉCADA DE LOS 50 (1): BAJO EL SIGNO DE LA POLÍTICA INTERNACIONAL.

 

1. La firma del Concordato con la Santa Sede.

Entramos en una nueva fase de la política exterior franquista, donde cuatro van a ser los hechos principales. El primero de ellos por orden cronológico es el Concordato con el Vaticano. Las relaciones con la Santa Sede serán la prioridad número uno del gobierno español, y los problemas serios para la política de Martín Artajo, coincidente sustancialmente con la línea de Pla y Deniel, tendrán lugar en 1947, existiendo una diferenciación clara entre la postura reticente de la Santa Sede y la postura favorable del episcopado español en su mayoría. Esto pudo verse en la actitud dividida del clero español con motivo del referéndum de la Ley de Sucesión, hecho que produjo una amarga y profunda tristeza de diversos políticos y personalidades contra la mayor parte del episcopado español. Por su parte, Pío XII tenía en muy baja estima el régimen del general Franco.

Para abrir brecha en el Vaticano fue nombrado embajador Joaquín Ruiz- Giménez en sustitución de Pedro Churruca. El nuevo embajador presentó las cartas credenciales el 12 de diciembre de 1948. Pío XII en su respuesta dio a entender que no tenía en gran estima al régimen español, por lo que Ruiz-Giménez hizo todo lo posible para conseguir la simpatía y aceptación de este régimen presentándolo como un régimen cristiano ejemplar, donde no hacían falta ni partidos, ni universidades, ni sindicatos cristianos, porque todos las instituciones del Estado estaban impregnadas de los principios cristianos.

Uno de los puntos más problemáticos en sus negociaciones durante 1949 fue el intento de desarrollo de la tolerancia religiosa. Los problemas internacionales que estaba acarreando la falta de despliegue jurídico del Fuero de los Españoles eran graves, pues desde el fin de la Segunda Guerra Mundial las embajadas británica y norteamericana venían presionando para la regulación del ejercicio religioso de las Iglesias protestantes en España.

El gobierno español buscó la forma de presionar ante el nuncio y la Santa Sede para que el episcopado español tuviera un criterio uniforme al respecto. Solicitó instrucciones a los nuncios, cardenales y primados de Estados Unidos, Inglaterra Holanda y Suiza para que defendieran la posición de España. También trató de desarrollar el artículo 6 del Fuero de los Españoles para la regulación jurídica de la tolerancia religiosa.

Todo esto se expuso en la Secretaría de Estado por Joaquín Ruiz-Giménez . Al ser el artículo 6 un artículo acordado con la Santa Sede, y al estar en juego los cuatro primeros artículos del Concordato de 1851, no había otro remedio que llegar a un acuerdo con la Santa Sede en función de los Convenios de 1941 y 1946. Pero esta iniciativa chocó no sólo con la Secretaría de Estado sino también con el Papa Pío XII. Éste le manifestó claramente que no quería que la unidad católica de España se rompiera, recordándole el compromiso del Convenio de 1941. En cualquier caso, afirmó Pío XII, si las circunstancias internacionales y, sobre todo, por la conveniencia y necesidad para España de lograr colaboraciones de tipo económico con países de mayoría protestante, como Estados Unidos, el gobierno español consideraba conveniente modificar la legislación interna en lo referente al régimen de tolerancia a otras religiones, la Santa Sede accedería a la revisión del Convenio de 1941 con la condición de revisar entonces también la fórmula de nombramiento de obispos, aproximándose a las normas vigentes en el derecho común de la Iglesia.

Sobre esta base no se podía avanzar. El problema se remitió a la negociación concordataria. Precisamente en esta audiencia del 11 de octubre Ruiz-Giménez discutió con el Papa el proyecto de acuerdo sobre jurisdicción castrense y asistencia religiosa a las fuerzas armadas, así como la creación de nuevas diócesis, y le explicó el proyecto de recoger en un documento todas las materias hasta entonces acordadas. Pío XII consideró conveniente llegar a la firma de un concordato. Pero la Santa Sede no tenía ninguna prisa en negociar con España. De este modo, Ruiz-Giménez, a pesar de sus propósitos iniciales, sólo pudo conseguir la firma del Convenio sobre jurisdicción castrense en 1950. Este Convenio será recogido en el Concordato de 1953.

Ruiz-Giménez consiguió añadir también a las materias acordadas entre la Santa Sede y el Estado español la creación de nuevas diócesis. Pero su actuación más importante fue el lanzamiento del proyecto concordatario. Pío XII aceptó la propuesta en el audiencia con el embajador el 10 de febrero de 1950.

Con la ayuda de Ángel Morta y Antonio Poch redactó un anteproyecto que fue enviado a Madrid en marzo de 1950. Una ponencia interministerial, formada por los ministros de Asuntos Exteriores, Justicia y Educación, estudió el proyecto.

El 29 de diciembre se envió a Madrid desde el Palacio de España un nuevo proyecto, que estaba dividido en 9 capítulos. Las observaciones que la ponencia internacional creada al efecto realizó al proyecto fueron notables. El 6 de abril de 1951, Ruiz-Giménez entregó al Papa el texto del anteproyecto con una carta del general Franco.

En el mes de julio de este año se produjo una remodelación ministerial, siendo nombrado Ruiz-Giménez ministro de Educación. Para sustituir a éste fue nombrado embajador ante el Vaticano Fernando María Castiella, quien de inmediato trató de conseguir lo que su antecesor no había podido, un contraproyecto concordatario de la Santa Sede y un clima menos tenso, que su antecesor no había podido disipar, sobre todo en el propio Papa Pío XII, cuyas manifestaciones en las audiencias fueron de notable dureza contra el régimen de Franco.

Castiella habló con Franco y obtuvo luz verde para endurecer su postura. Los principales obstáculos que hubo de solventar en la negociación fueron los referentes de la exigencia vaticana de renuncia previa del Jefe del Estado al derecho de presentación, la admisión del acuerdo para legislar sobre materias mixtas, la tolerancia religiosa, la ayuda económica del Estado a la Iglesia, la preeminencia del matrimonio católico y sus efectos civiles, la enseñanza y la Acción Católica.

El Concordato fue firmado el 27 de agosto de 1953 por monseñor Tardini y el ministro Martín Artajo sin ninguna pompa y sin publicidad, aunque Franco posteriormente recibió la Suprema Orden de Cristo. Este acuerdo vendría a regular las relaciones Iglesia/ Estado hasta el 28 de julio de 1976, y con ello aumentó el prestigio del sector católico dentro del régimen. En la rueda de prensa que siguió a la firma, el ministro español dijo: “Este nuevo concordato es la consagración formal, y por escrito, del régimen de perfecta colaboración entre la Iglesia y el Estado, que instauró en España el Movimiento Nacional, acaudillado por el Generalísimo Franco, por lo cual tenemos motivos para felicitarnos como españoles y como católicos”. Sin duda no era la interpretación correcta del contenido del acuerdo, por cuanto las concesiones españolas al Vaticano en materia económica, patrimonial, judicial, educativa y cultural eran muy superiores a las conseguidas por el gobierno: elevación diaria de preces por España y Franco; uso del español en las causas de beatificación; dos auditores españoles en el Tribunal de la Rota y, quizá la más importante, derecho de presentación de obispos. A pesar de ello, el apoyo de la Santa Sede y del mundo católico bien merecían estas concesiones.

2. La firma de los Pactos con Estados Unidos.

La firma de los Pactos económico-militares con Estados Unidos fue considerada por Franco en las Cortes como el jalón más importante de nuestra política exterior contemporánea. La consecución de este acuerdo era el lógico resultado de la política de acercamiento hispano-norteamericana. Una colaboración que, desde la entrevista entre el almirante Sherman y Franco, el 16 de junio de 1951, se vio acelerada en función de las presiones que desde el Pentágono y otras instancias existían para integrar a España en la defensa occidental. Las misiones informativas del general Spray y del profesor Sufrin en el campo militar y económico se desarrollaron durante los cuatro últimos meses de 1951. A partir de enero de 1952 los informes se estudiaron con detenimiento por el Pentágono, el Departamento de Estado y distintas agencias norteamericanas. No obstante, el permanente antifranquismo mostrado por Truman, las presiones de círculos religiosos y políticos norteamericanos en contra de cualquier acuerdo con un Estado que no respetara la libertad religiosa y la campaña electoral, retrasaron el acuerdo.

En abril dio comienzo la negociación militar. En las primeras conversaciones, la parte española presentó una lista abultada de ayuda militar que consideraba como contraprestación adecuada a la cesión de instalaciones militares y en función de la vulnerabilidad que generaba la presencia militar estadounidense. Como en Washington no estaban dispuestos a este tipo de ayuda masiva, pusieron énfasis en el concepto de seguridad mutua. Mas la parte española insistió en sus peticiones, solicitando a partir del 1 de agosto de 1952 que se solucionase la continuidad de la ayuda militar en los años siguientes. Reunión tras reunión se planteó la misma cuestión y, en vista de la ausencia de respuestas clarificadoras, la parte española empezó a elevar el precio de la transacción, incrementando el precio del primer año y reduciendo la magnitud de las concesiones, como, p. e., la utilización de las bases en tiempo de paz.

En consecuencia, los principales obstáculos en la negociación resultaron de la insistencia española en los siguientes puntos: 1) La garantía de la utilización norteamericana de las instalaciones militares españolas en tiempo de paz estaba sujeta a las seguridades de “adecuada” ayuda militar para satisfacer las necesidades españolas de defensa. 2) El desarrollo paralelo del programa de ayuda y la construcción de la bases. 3) La utilización previa de ayuda“adecuada” y a consultas previas. 4) Resistencia española a la utilización en tiempo de paz.

Aunque la parte negociadora estadounidense dio seguridades de apoyo al esfuerzo defensivo español, en función de la política para fortalecer la defensa de Occidente, durante un periodo de varios años, el apoyo quedaba sujeto a las limitaciones impuestas por las apropiaciones del Congreso, las prioridades existentes y los compromisos norteamericanos (las exigencias de la situación en Corea), el estado de los suministros y la situación internacional.

Estas seguridades, otorgadas por el embajador estadounidense en octubre de 1952, no fueron suficiente, y el problema no quedará resuelto hasta que el Consejo Nacional de Seguridad decida ir adelante, una vez consultados los comités adecuados del Congreso, dando las seguridades oportunas de una ayuda militar y apoyo para la defensa que se extendieran durante un periodo de varios años.

Luego, en julio y agosto de 1953, se hicieron par parte española una serie de cambios en los borradores de los acuerdos, y por parte estadounidense se hicieron, a su vez, las contrapropuestas correspondientes, que no gustaron a los negociadores españoles y que indujeron al general Franco a redactar una carta al presidente Eisenhower (candidato Demócrata que había ganado las elecciones del 4 de noviembre de 1952), solicitando que los acuerdos se realizasen sobre una base más amplia, incluyendo no sólo lo que el gobierno español tenía que hacer sino también los compromisos detallados de la ayuda estadounidense. Los acuerdos no podrían finalizarse sin la inclusión de un anejo con esos detalles.

El 26 de septiembre de 1953 tuvo lugar la firma de los acuerdos. Los pactos tuvieron categoría de “acuerdos ejecutivos” y como tales no precisaron ratificación por órganos democráticos. Se componían de tres acuerdos: defensivo, económico y de ayuda mutua (véase el libro de A. Viñas, Los pactos secretos de Franco con Estados Unidos):

a) El Convenio Defensivo constaba de un preámbulo y cinco artículos. No era un acuerdo de seguridad mutua. El artículo 3 contenía una cláusula secreta aneja que fijaba la forma y utilización bélica en caso de evidente agresión comunista, y en casos de emergencia, amenaza y agresión contra la seguridad de Occidente. Pero no fijaba con precisión los supuestos y zonas de utilización. Al no existir un compromiso de defensa, España quedó integrada en el dispositivo de defensa europeo sin las garantías existentes en los acuerdos firmados por Estados Unidos con otros países. No quedó fijado ningún techo en cuanto al número de fuerzas norteamericanas que se podían instalar en España. La cifra barajada, sin embargo, no excedía de 10.000 hombres. Luego, con la activación de las bases, llegarían a cerca de 20.000. El problema jurisdiccional creó pocos quebraderos de cabeza, aceptándose la fórmula de los acuerdos luso-norteamericanos en las Azores, que sorteaba los problemas que podrían derivarse de las disposiciones del Código de Justicia Militar español y su aplicación a las fuerzas estadounidenses. El tema de las armas nucleares no fue relevante en la negociación, pero después crearía serios quebraderos de cabeza pro imprevisión en la colocación de las bases, que serían de utilización conjunta y estarían bajo el mando y la soberanía españolas.

b) El Convenio sobre Ayuda Económica trataba del suministro de ayudas para el fortalecimiento de la economía española con arreglo a los términos de la Ley de Seguridad Mutua. En un intercambio de notas, el embajador estadounidense había informado al gobierno español del propósito de su gobierno de proporcionar 465 millones de dólares en ayuda económica, técnica y militar, dependientes de las asignaciones del Congreso, a través de un periodo de cuatro años. En este acuerdo en el que se integró la ayuda recibida desde 1951 que se amplió durante diez años; si bien esta ayuda fue muy importante para la deteriorada economía española, también hay que destacar que de la misma debía dedicarse el 60 % a sufragar los gastos norteamericanos en España.

c) El Convenio relativo a la Ayuda para la Mutua Defensa, por el que se estipulaban obligaciones para ambas partes en relación con la paz y la seguridad internacionales, además de regular el estatus del personal norteamericano y establecer una cooperación con Estados Unidos para el control del comercio internacional. La vigencia de los acuerdos fue desigual.

 

3. La entrada de España en la ONU y la OTAN.

Una vez que España y los Estados Unidos firmaron los acuerdos de 1953, el Departamento de Estado norteamericano hizo una evaluación de los objetivos de seguridad tal como habían quedado establecidos en el Consejo Nacional de Seguridad (NSC) en su documento 72/6: 1) El apoyo a los españoles para la mejora de sus relaciones con los países de la OTAN. 2) La pronta participación de España en la OTAN. Las razones no eran otras que la política mantenida por España con respecto a Gibraltar y Marruecos, que la habían enfrentado con el Reino Unido y con Francia.

El Consejo Nacional de Seguridad, siguiendo las recomendaciones del Departamento de Estado, analizó la oportunidad de seguir manteniendo estos objetivos. De este modo se elaboró, en mayo de 1954, NSC /5.418, un documento que contenía un amplio estudio de la situación interna y externa de España y de su importancia para la seguridad de Estados Unidos y del área de la OTAN. A este fin se consideraba oportuna continuar la ayuda económica, tecnológica y militar, dentro de un conjunto de guías de actuación. El presidente Eisenhower aprobó una nueva política para con España el 9 de junio de 1954.

Por parte española se trató de asegurar desde el principio la cuantía y duración de la ayuda económica estadounidense. Por lo que respecta a la OTAN el gobierno español manifestó un cierto distanciamiento tras la firma de los acuerdos. Martín Artajo manifestó al editor de The Times en febrero de 1954 que no estaban interesados en la OTAN. Por otro lado, las ambiciones españolas de jugar un papel en el Mediterráneo contrariando los intereses de Francia en el Norte de África y del Reino Unido en Oriente Medio, así como la reivindicación de Gibraltar, hacían muy dudoso el apoyo de estos países. Sin una fuerte presión de los Estados Unidos y sin el apoyo de Francia y el Reino Unido, Noruega y Dinamarca vetarían con seguridad la admisión de España. En Bélgica y Luxemburgo la oposición parlamentaria sería fuerte, pero poco efectiva. Holanda aceptaría la asociación de España sin grandes dificultades. Italia, dada su política interna, no apoyaría la candidatura española. Los países claves en Europa eran Francia y el Reino Unido. Grecia y Turquía eran los menos preocupantes.

En noviembre de 1954, Martín Artajo dio instrucciones al embajador de España en Washington, José María de Areilza, para que atemperase los entusiasmos de una posible entrada de España en la OTAN. No se quería levantar recelos en Francia y bastaba con los pactos existentes.

Al poco tiempo se produjo el pacto turco-iraquí, induciendo una crisis en la Liga Árabe. Egipto ya no era el líder incontestado. España vio zarandeadas sus pretensiones de actuar como intermediario entre Occidente y los países árabes. Los Estados Unidos y el Reino Unido actuaban sin consultar con España. Turquía aparecía como el mediador real y Egipto se orientaba progresivamente hacia el neutralismo, teniendo como socios a la Yugoslavia de Tito y la India de Nehru, enemigos de España. España, que había venido jugando con la tensión entre la OTAN y los países árabes, deseaba que Estados Unidos jugase un papel preponderante en Oriente Medio, pero no que el Reino Unido sacase provecho de la situación. Tampoco le interesaba un desorden prolongado.

Areilza, por su parte, informó a Martín Artajo en febrero de 1955 de los cambios que a su juicio se avecinaban en el sistema defensivo de Europa. Las bases perderían importancia y la ayuda decrecería. Areilza propuso la consecución de dos objetivos, la entrada en la OTAN y la obtención de un importante crédito estadounidense a largo plazo, separando el programa comercial del político. Areilza procedió a realizar diversos sondeos. Por su parte, el Consejo Nacional de Seguridad el 14 de julio recordó al Secretario de Defensa que tenían que presentar una estimación de los objetivos de fuerza españoles y una proyección del papel de España en la defensa occidental. A su vez, una resolución de la Cámara de Representantes y la resolución concurrente del Senado favoreciendo la entrada de España en la OTAN pusieron en aprietos a la administración estadounidense. El Departamento de Estado tuvo que informar al Comité de Relaciones Exteriores del Senado que una decidida iniciativa estadounidense a favor de la admisión de España en la OTAN no era oportuna por la oposición persistente de ciertos países de la OTAN. Empero, los Estados Unidos impulsaron la admisión de España en la ONU, la OECE y la participación española como observador en la Comisión Europea para América Latina (CEPAL). En el campo de la energía atómica, el 19 de julio se formó un acuerdo por el que España se comprometió a cooperar en el uso pacífico de la energía atómica, y el 23 de agosto, el ministro de Asuntos Exteriores confirmó por escrito que los Estados Unidos podían investigar en una investigación conjunta de los depósitos de uranio existentes en España sin restricciones geográficas. En el campo cultural y educativo, los programas de USIA se incrementaron significativamente, con intercambios educativos durante tres años. Los problemas de la liberalización económica y de la liberalización de la regulación de las inversiones extranjeras siguieron siendo un caballo de batalla bilateral. Foster Dulles recordó este asunto a Martín Artajo en su visita a Washington. En el tema de la libertad religiosa, la diplomacia estadounidense tampoco consiguió ningún avance en la regulación de la situación de los acatólicos.

El 1 de noviembre se acercó a Madrid, proveniente de Ginebra, el Secretario de Estado, John Foster Dulles, manteniendo entrevistas con el general Franco y los ministros de Asuntos Exteriores, Comercio, Agricultura y del Aire. con Franco discutió las líneas generales de la política estadounidense, con respecto a la Unión Soviética y Oriente Medio, así como la política con Yugoslavia, que no se entendía bien con España. Era un sondeo en toda regla sobre las posibilidades de España en el Mediterráneo. Foster Dulles urgió una cooperación con Francia en el tema de Marruecos y la búsqueda de una solución armónica que tuviera en cuenta los intereses del pueblo marroquí y la consecución de la paz en el Norte de África. Con Martín Artajo trató el tema de la posible adhesión de España a la OTAN y la admisión en la ONU.

El 15 de diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió admitir a 16 nuevos miembros, entre ellos España (por 55 votos a favor y las abstenciones de Bélgica y Méjico). Aunque el ingreso en la OTAN quedó pendiente, no llegándose a un acuerdo con el Consejo Atlántico en diciembre de 1955, en España se siguió barajando la idea de un pacto mediterráneo, donde quedase incluida España, similar a otros pactos regionales. Los varios intentos realizados hasta entonces, como un Mando de Oriente Medio, el Pacto de los Balcanes o el Pacto de Bagdad, se consideraba que no habían tenido éxito y se empezó a lucubrar sobre la posibilidad de convocar una conferencia de países interesados para formar un pacto defensivo en el Mediterráneo. Los países que aparecían interesados eran España, Italia, Grecia y Egipto.

A esta situación vino a añadirse un nuevo elemento. Una vez que Marruecos comenzó a negociar la independencia, empezaron a publicarse artículos sobre la posibilidad de admitir a Marruecos en la OTAN, y la organización de un pacto regional en el Mediterráneo Occidental, con la inclusión de Marruecos y Túnez. Esto creaba problemas al Reino Unido y Francia de forma especial. Ambos temían que España utilizara este pacto como un elemento de chantaje a cambio de la participación en la OTAN, o se hiciera jugar contra sus intereses en Gibraltar o Argelia, respectivamente. El general Franco, en la apertura de las negociaciones hispano-marroquíes, habló de que la emancipación de los pueblos mediterráneos permitiría a las naciones ribereñas del mar Mediterráneo la defensa del orden y de la libertad de comunicaciones en armonía y en paz.

De hecho, Martín Artajo en su visita a Washington en abril trató con Foster Dulles la cuestión de la admisión de España en la OTAN y el proyecto de una conferencia mediterránea en 1957. Pero, en contra de lo que se había venido especulando, ésta no implica ningún pacto o conferencia militar, sino un nuevo foro de discusión de temas comunes en diversos campos como la agricultura o la economía, considerándose posibles participantes a Turquía, Grecia, Italia, Egipto Siria y Arabia Saudita, y la idea inspiradora de servir como elemento de atracción del mundo árabe para contrarrestar la influencia comunista en estos Estados. El Pacto de Bagdad no había sido bien medido en su alcance según el ministro español, y los árabes recelaban de Francia y del Reino Unido, considerándolos más peligrosos que el comunismo. Mas el gobierno estadounidense no otorgaba ningún crédito a este tipo de iniciativas. Sobre la OTAN, el ministro español indicó que no veían ningún inconveniente en formar parte con dignidad en la alianza, pero, mientras tanto, solicitaban que Estados Unidos les diese el mismo trato e información militar que a los países de la OTAN. Resultó una sorpresa que el ministro no planteara la candidatura de España a la OTAN.

Martín Artajo, en la declaración a la prensa realizada antes de su viaje, fue bastante explícito sobre la posibilidad de un pacto mediterráneo. Pasados unos meses tuvieron lugar la crisis y la guerra en el Canal de Suez, relanzando Martín Artajo en Washington el proyecto de Conferencia Mediterránea con un fuerte contenido económico, una especie de nuevo Plan Marshall y un pacto mediterráneo que no pocos países veían como un proyecto español para facilitar su acceso a la OTAN. También, la posibilidad de un pacto en el Mediterráneo Occidental siguió presente, pues Marruecos quería participar en la OTAN y justificar la presencia de tropas extranjeras en su territorio mediante este pacto. Este asunto no pasó de una discusión general en los últimos meses de Martín Artajo como ministro y en los primeros de la gestión de Castiella. La guerra de Argelia impedía una iniciativa de este tipo.

Por otro lado, la parte estadounidense acabó estableciendo los objetivos de fuerza para España y una proyección de su papel internacional, dada su no-pertenencia a la OTAN, a efectos de planificación de la ayuda militar y económica futura. El Departamento de Estado y el Pentágono llegaron a un compromiso para discutir los acuerdos de coordinación para la defensa de la Península Ibérica entre representantes españoles y estadounidenses del mundo europeo. Finalmente, el 17 de julio de 1956, se inició en Madrid una conferencia con la participación de altos mandos militares estadounidenses, españoles y portugueses, definiéndose las misiones de las fuerzas aéreas, navales y terrestres españolas y portuguesas en la defensa de la Península Ibérica, sus aguas, límites de comunicación y su espacio aéreo. Con ello quedaba también cerrado de forma indirecta el arco defensivo de la OTAN en el Mediterráneo, dejando un margen de maniobra más reducido a la política exterior española en la zona.

 

4. La política exterior española entre 1956 y 1975.

Para Franco la independencia de Marruecos tuvo algo más que un carácter simbólico. El pasado africanista del dictador español ha sido siempre un rasgo muy destacado de su personalidad en opinión de todos sus biógrafos. Por ello, el tema marroquí siempre fue materia reservada a sus designios y decisiones. No obstante, éstos iban a chocar con el proceso descolonizador que desde la inmediata posguerra se puso en marcha en la sociedad internacional, con los intereses de Francia y con la creciente influencia del nacionalismo marroquí. Cuando el 2 de marzo de 1956 los franceses anunciaron la independencia de Marruecos, Franco se quedó aislado en sus propósitos de extender el imperio español en Marruecos a costa de Francia. El apoyo de Estados Unidos, el temor a las consecuencias que podían derivarse por parte del mundo árabe si España no seguía el mismo camino y las presiones de diferente índole que existían sobre estas cuestiones, obligaron al gobierno español a declarar la independencia el 7 de abril de 1956. Se iniciaba así el camino de la descolonización española que se extendería hasta 1975.

A lo largo del nuevo y largo periodo que se abrió en la política exterior franquista desde 1957 a 1973, periodo que es valorado por la mayoría de los autores como el de mayor estabilidad en nuestra acción exterior, en el que existe una mejor planificación a medio y largo plazo, más coherente con los recursos y posibilidades del régimen y en el que se obtuvieron algunos importantes éxitos que vinieron a confirmar, a priori, que la España de Franco había encontrado un lugar en el sistema internacional, en el que llegaría a ser la décima potencia económica al final de periodo. Un periodo de grandes transformaciones en el interior que se verán facilitadas por la coyuntura internacional. Sin embargo, este periodo se verá bruscamente condicionado por los hechos que definen a la política interior tras el asesinato del presidente del gobierno, Carrero, y el turbulento panorama económico exterior tras la crisis de 1973. Desde esos momentos y hasta la muerte de Franco la historia de España se caracterizará por una sola palabra: crisis.

A lo largo de este periodo, el papel de algunos de los ministros de Asuntos Exteriores que pasaron por el Palacio de Santa Cruz fue muy decisivo. Frente al escaso protagonismo de Laureano López Rodó y Pedro Cortina Mauri destacaron las figuras de Fernando María Castiella y Gregorio López Bravo.

La gestión de Castiella (25-II-1957-29-X-1969) no sólo es amplia en el tiempo, sino también en iniciativas proyectos y resultados, siendo, sin duda, la más importante del franquismo. Jurista, procedente de la Asociación Nacional Católica de Propagandistas, buen internacionalista y con una dilata experiencia diplomática, su pasado germanófilo, su profundo nacionalismo y su obsesión por la cuestión gibraltareña (El Ministro del Asunto Exterior, se le llamaba en el Ministerio) se vieron pronto completados u ocultados por su intensa acción exterior.

Varias han sido las valoraciones que sobre su labor se han realizado. Merecen la pena destacarse tres: La primera, de un estrecho colaborador del ministro, F. Olivié, quién señala que Castiella “inició la puesta en marcha y desarrollo de una política exterior encaminada fundamentalmente a la promoción y defensa de los intereses generales de España como país, con abstracción del régimen político imperante“. Desde una óptica muy opuesta, E. Tierno Galván señalaba en 1970 que su mandato constituía “una política de aproximación ideológica y de sustitución de la propaganda de cobertura, por una crítica más real de nivelación e incorporación a modelos de convivencia internacional de orden práctico [...] cuya última intención, que contradice incluso el pensamiento juvenil del ministro, es liberalizar la política internacional española y desprenderse de sus ideales quiméricos“. Para A. Viñas, “su preocupación esencial se centró en los problemas políticos y en mejorar la imagen del régimen en el mundo exterior, y entendió que la impresentabilidad ideológica del franquismo no debía obstaculizar el realismo con que España abordaba las relaciones internacionales“.

Eficacia, modernización y racionalización administrativa se aprecian en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en la Administración Exterior desde que, en 1957, se introdujeron reformas organizativas importantes en el Ministerio que seguía teniendo, en líneas generales, la estructura aprobada en 1945. La transformación del sistema internacional por el aumento en el número de actores y la importancia del factor económico en el mismo, provocaron una dura pugna entre Asuntos Exteriores y los Ministerios económicos que afectaron a la unidad de acción exterior. El Servicio Exterior se renovó eficazmente y entre 1960 y 1975 ingresaron 240 diplomáticos, es decir, casi el 50 % del personal diplomático existente en 1975.

Pero, ¿Cuáles fueron los objetivos y los resultados de la política exterior?.

Hasta 1969 los objetivos más importantes fueron conseguir una mayor inserción de España en el complejo de relaciones y organismos multilaterales; el acercamiento y una mayor integración en la Europa occidental; la solución del contencioso gibraltareño; la búsqueda de un mayor equilibrio y más compensaciones en las relaciones hispano-norteamericanas; el desarrollo de una acción más intensa en Hispanoamérica; y la necesidad de encontrar soluciones en la difícil posición de España como potencia colonizadora en el contexto descolonizador internacional.

El desarrollo de una política exterior multilateral se asentó en este periodo sobre dos principios: la pertenencia como miembro de pleno derecho de Naciones Unidas y la necesidad de insertar a España en la comunidad internacional a través de su integración en las principales organizaciones internacionales, especialmente las económicas por razones de política interior. Entre 1957 y 1969, España se integrará en 40 organizaciones y será parte activa de acuerdos multilaterales especializados. El ingreso en 1958 en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional, y en 1959 en la Organización Europea de Cooperación Económica (actual OCDE), serán el punto de arranque de este proceso. Las repercusiones de estos hechos en las políticas de liberalización y planificación económica, así como en la transformación económica del Estado son indudables. El balance sobre este objetivo no puede cerrarse sin hablar también de frustración, por cuanto organizaciones internacionales como la OTAN y la UEO, en el campo militar; el Consejo de Europa, en el ámbito político-cultural; o las Comunidades Europeas, desde una perspectiva político-económica, siguieron cerradas a un Estado no democrático como España.

La integración en Europa occidental se desarrolló a través de dos ámbitos de actuación: una cooperación más estrecha con las principales potencias europeas, con la excepción de las integradas en el bloque socialista, y una posible integración en las Comunidades Europeas.

A nivel bilateral, los principales objetivos se centraron en cinco Estados. Con Francia desde 1956, pero especialmente desde la subida al poder de De Gaulle, se establecieron nuevos cauces de comunicación a través de los cuales el gobierno franquista buscó un apoyo en su proceso de integración en Europa; a pesar de los esfuerzos, el peso de los movimientos antifranquistas y las reacciones por hechos como las medidas adoptadas por el contubernio de Munich o el fusilamiento de Grimau, condicionarán negativamente ese acercamiento. Con Gran Bretaña las relaciones estuvieron permanentemente condicionadas por la cuestión de Gibraltar, produciéndose en 1969 el momento de mayor tensión. Hasta 1958 las relaciones con la República Federal de Alemania no fueron muy cordiales, a pesar de los buenos contactos entre la democracia cristiana (en especial con el sector bávaro) y el grupo católico español en el poder; en ese año se solucionó el principal escollo, el problema de la deuda de guerra con Alemania, resuelto el 8 de abril y por el que se asumían las condiciones fijadas por el Consejo Aliado en 1948. Con Portugal la sintonía surgida tras la creación del Pacto Ibérico se romperá desde 1955, tanto por el desigual desarrollo económico como por las fuertes discrepancias en materia de política colonial. Con el Vaticano las relaciones comenzarán a deteriorarse desde la proclamación de Juan XXIII en 1958 y las consecuencias derivadas del II Concilio Vaticano; con Pablo VI, desde 1963, la situación se agravó progresivamente, produciéndose una fuerte división entre la jerarquía eclesiástica y los dirigentes españoles en torno a la actitud de la Iglesia Católica en el país.

Junto a este objetivo, el gobierno de 1957 fue considerando progresivamente como uno de los grandes retos el que representaba la integración en el proceso de construcción europea que se había iniciado en 1950. Razones económicas existieron para el establecimiento de este reto, en perfecto paralelo con la transformación económica del país, pero también hubo argumentos políticos basados en la necesaria inserción de la España de Franco en su marco geográfico natural y del que en tantas ocasiones se había visto alejada o excluida. No obstante, hubo cinco condicionantes concretos en este periodo que impidieron alcanzarlo hasta la década de los ochenta.

En primer lugar, el carácter autoritario del régimen; la apuesta por la inserción en un ámbito de liberalización económica llevaba aparejado también una democratización política, y eso no fue posible. En segundo lugar, el peso de los planteamientos autárquicos, nacionalistas e intervencionistas, a pesar del cambio de mentalidad que supuso la llegada al poder de los “tecnócratas”, fue siempre muy superior al de los que preconizaban una apertura económica progresiva pero plena. No hay que olvidar, en tercer lugar, el hecho de que durante este periodo no hubo una sola España, sino dos: la oficial y la del exilio, claramente antifranquista, con buenos apoyos en partidos y gobiernos europeos, que actuó de forma permanente como grupo de presión. No hubo, en cuarto lugar, una sola forma de entender la posible integración española o un solo proyecto; muy al contrario, hubo cinco corrientes europeístas, desde la oficial hasta las de carácter cultural, que dificultaron también el logro del objetivo previsto. Por último, a la influencia de las peculiares percepciones de los españoles sobre Europa, se unieron las que desde el franquismo se elaboraron y que tiene en las palabras de Franco en 1959 un valor simbólico: Nosotros entendemos que la integración de Estados Europeos puede y debe concebirse sobre el supuesto indeclinable de respeto a la personalidad real e histórica de cada país como una unidad de destino en lo universal.

Sobre esta base, las relaciones de España con las Comunidades Europeas atravesaron las siguientes fases, como muy recientemente ha narrado R. Bassols: a) 1957-1962, fase en la que tras un desinterés llamativo por el proceso integrador, se decide la creación de una Comisión Interministerial para el estudio de las Comunidades Europeas para analizar sus posibles repercusiones en España, aumentando los llamamientos a favor de una cooperación con las Comunidades Europeas por razones económicas y ante el fracaso de la EFTA; b) 1962-1964, etapa que se inicia con la carta que Castiella envía el 6 de febrero de 1962 al Consejo de Ministros de la CEE solicitando una “asociación” con la misma; razones políticas, a las que se añadieron las sospechas sobre un régimen que había tenido una reacción inusitada ante la reunión de 118 españoles en Munich en junio de 1962, el llamado contubernio, explican que hasta 1964 no se contestara a la petición oficial; c) 1964-1967, periodo dominado por las gestiones del embajador Alberto Ullastres, quién alentará el desarrollo de las llamadas conversaciones explicatorias, que conducirán a la aprobación en 1967 de un primer mandato negociador de carácter estrictamente comercial; d) 1967-1970, fase dominada por un intenso proceso negociador que permitirá la firma de un Acuerdo Preferencial, el máximo logro del franquismo en el reto que se había planteado.

En el ámbito geográfico europeo, dominado por un occidentalismo penetrante, no se puede dejar de hacer una breve referencia al distanciamiento con la Europa del Este. El profundo anticomunismo y el recuerdo de la intervención soviética en la Guerra Civil marcaron las pautas gubernamentales hasta 1957. También a partir de ese año se va a producir un cambio significativo en esta actitud: en julio de 1957 se firmaba un primer acuerdo con Polonia; en 1958 se reunieron en París los embajadores de España y la URSS para poner las bases de una primera colaboración que llegaría entre 1963 y 1964, consolidándose en 1967 cuando, a través de un intercambio de notas se permitió la utilización de puertos españoles a los barcos soviéticos; también a partir de 1967 comenzaron a firmarse los primeros acuerdos consulares y comerciales con diferentes Estados socialistas.

El contencioso de Gibraltar se convirtió en uno de los objetivos prioritarios de Castiella y de los gobiernos españoles. Ya desde la publicación de su libro sobre las Reivindicaciones de España estableció que la primera era: En la península, la restitución pura y simple del Peñón de Gibraltar. En virtud de este principio, puso en marcha un proceso negociador con Gran Bretaña desde mayo de 1961, acompañado de un desarrollo económico-social del entorno español en el campo de Gibraltar. No obstante, las noticias sobre la elaboración de una Constitución gibraltareña en 1964, que implicaba una modificación del statu quo y una transformación del sistema de relaciones acordado en Utrecht, abrió el camino del enfrentamiento. En octubre de 1964, el Comité de los Veinticuatro, que se ocupaba de la descolonización en la ONU, aprobó, a iniciativa española, la Resolución 1514 (XV), recomendando a los dos gobiernos la búsqueda de una solución negociada. Un año después, en diciembre, la Asamblea General aprobó una resolución en el mismo sentido.

Sobre esta base, el gobierno británico elaboró un Libro Blanco sobre Gibraltar exponiendo sus tesis, que fueron contestadas por Castiella con un Libro Rojo presentado en diciembre de 1965. En mayo de 1966, se reanudaron las conversaciones bilaterales, que se vieron frustradas por la convocatoria de un referéndum sobre el texto constitucional que concedía a la colonia la iniciativa de decidir su propio futuro. Rechazado por el Comité de los Veinticuatro y, naturalmente por el gobierno español, la entrada en vigencia del texto provocó que el 8 de junio de 1969 España decretara unilateralmente el cierre total de las comunicaciones con Gibraltar y la supresión de la línea marítima entre Algeciras y el Peñón. El bloqueo fue total y así se mantendría hasta diciembre de 1982, cuando se abrió la verja para el tráfico de peatones, completada el 5 de diciembre de 1985 con la apertura total de las comunicaciones.

A partir de los pactos con Estados Unidos, las relaciones hispano-norteamericanas adquirieron para Franco un gran protagonismo gracias también a la visita oficial del presidente Eisenhower en diciembre de 1959. Pasado el impacto del encuentro, pronto comenzaron los debates en el seno de algunos Ministerios en torno a las excesivas concesiones que se habían dado a los norteamericanos. Las cesiones unilaterales que Muñoz Grandes volvió a conceder en 1962, con el apoyo de Franco y sin que Castiella fuera informado, para que en la base de Rota pudieran atracar submarinos nucleares, agravaron la situación, complicada más aún por la tensión reinante en las bases españolas en octubre de ese mismo año ante la crisis de los misiles cubanos. A pesar de ello, en 1963 los pactos fueron renovados, confirmándose las cláusulas secretas.

La atención sobre la presencia militar norteamericana se acentuó en toda la prensa en enero de 1966. Ese mes un bombardero B-52 dejó caer cuatro bombas nucleares en las cercanías de Palomares (Almería); dos de ellas se desintegraron al caer en tierra, produciendo una nube radiactiva que se extendió por 226 hectáreas. Unas semanas más tarde el ministro español Manuel Fraga y el embajador norteamericano se bañaban en la playa para demostrar que sus aguas no estaban contaminadas. A pesar de esta demostración, era evidente que el peligro de un nuevo accidente nuclear y el tráfico aéreo y marítimo norteamericano sobre el territorio español, eran considerados por algunos sectores como excesivamente peligrosos para los intereses españoles. Una de esas personas era el mismo Castiella.

En efecto, el nacionalismo del ministro y su deseo de terminar con las concesiones que consideraba excesivamente desequilibradas, condicionaron las negociaciones previstas para la renovación que se iniciaron en 1967. Las líneas generales fueron aprobadas por Franco y discutidas por Castiella y el secretario de Estado Dean Rusk, en 1968. Al ministro español no le satisfacían las condiciones de partida propuestas por Franco y, a pesar de ello, tuvo que firmar el 20 de junio de 1969 una prórroga del convenio hasta septiembre de 1970. Si no se llegaba a un acuerdo en esa fecha, las bases serían evacuadas y se retirarían las fuerzas armadas norteamericanas. La firma postura de Castiella provocó, según algunos autores y protagonistas de los hechos, que el embajador norteamericano Horacio Ribero, presionara a Carrero Blanco para que le destituyera, lo que ocurrió a las pocas semanas.

Las relaciones con Hispanoamérica durante este periodo partían del proyecto heredado de Martín Artajo: la Comunidad Hispánica de Naciones, una entidad que no tiene una base jurídica y contractual, sino espiritual, y que está integrada por el conjunto de pueblos nacidos de la obra repobladora y civilizadora de España en Asia y América y a los que une la hermandad racial, una historia paralela y una común concepción cristiana del mundo, dirá en 1956. El ministro Castiella quiso convertir en algo más esa entidad espiritual de la que hablaba su antecesor, llegando a proponer en 1963 la creación de una Comunidad Atlántica con tres objetivos: establecer una cooperación España / Estados Unidos / Iberoamérica para hacer frente a la amenaza comunista; romper la dialéctica de tensión entre los dos bloques y hacer de España un Estado-puente para los dos continentes.

En primer lugar, desde el ministerio se planificó el aumento de la presencia de diplomáticos y funcionarios españoles en las diversas embajadas y organismos norteamericanos. Las actividades en la CEPAL se incrementaron, al igual que en la Organización de Estados Americanos, en la que designó en 1967 a un representante oficial, siendo España el único Estado no americano que disfrutaba de este privilegio, que se vio confirmado en 1972 cuando adquirió el estatus oficial de país observador. Por otro lado, las propuestas para establecer un amplio marco de cooperación hispanoamericana aumentaron: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unión Iberoamericana de Pagos, Unión Latina etc. La acción cultural desde el Instituto de Cultura Hispánica también adquirió enorme relevancia. Todo ello condujo a un fuerte aumento del número de tratados firmados con los Estados americanos: más de 370 desde 1956 y hasta el final del periodo, frente a los 99 desde 1946 a 1955.

Un segundo hecho destacado fue el incremento de la actividad comercial. Las exportaciones a América pasaron de 78 millones de dólares en 1964 a 278 en 1970. Las inversiones entre 1963 y 1973 se elevaron a más de 70 millones de dólares. La estructura de las exportaciones españolas se alteró profundamente y, junto a los tradicionales productos se unieron los buques, las máquinas-herramienta o los vehículos industriales.

Junto a estas características hay dos aspectos que destacan en este objetivo. En primer lugar, el que hace referencia a las especiales relaciones con Cuba desde la instauración del régimen castrista, que fue recibida en España con una mezcla de cautela y expectación; las relaciones no se rompieron nunca, como quería Franco, pero sí sufrieron un deterioro desde 1960 y hasta 1973 después del incidente entre Castro y el embajador español Lojendio. El segundo tema fue el de las relaciones con Méjico, un Estado que hasta 1977 siguió reconociendo como el único legal y representante del pueblo español al gobierno republicano en el exilio; a pesar de ello, las relaciones comerciales no se interrumpieron y España mantuvo representantes oficiosos en la capital Mejicana.

El proceso de descolonización española tendrá en este periodo dos frentes: Marruecos y Guinea. El proceso se inscribe en un marco internacional más amplio, que parte de la Resolución 1514 (XV) aprobada en diciembre de 1960 en la ONU y considerada la “Carta Magna” de la descolonización. Aunque también ha de tenerse en cuenta el contexto interno por cuanto reformas administrativas, más intereses económicos y objetivos personales de algunos dirigentes (reflejados en el enfrentamiento entre la Dirección de Asuntos Políticos de África del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Dirección de Plazas y Provincias Africanas en Presidencia del gobierno), se unirán para abordar el papel que como potencia descolonizadora debería tener España.

El primer fuente fue Marruecos. Tras la independencia del antiguo protectorado, el ejército español no se retiró del territorio hasta 1961, aunque desde el 26 de junio de 1956 se establecieron relaciones diplomáticas. La independencia, no obstante, no estuvo completa para los nuevos dirigentes marroquíes, por cuanto los territorios de Sidi Ifni, el Sahara más Ceuta y Melilla, siguieron bajo soberanía española y ello interferiría la creación del llamado “Gran Marruecos”. Si bien estos dos últimos territorios siguen siendo españoles y están sujetos a reivindicaciones coyunturales, con respecto al Sahara, cuya extensión era de 256.000 km2, la presencia junto a Marruecos de Mauritania (1963) y Argelia (1966) con sus respectivas reivindicaciones, más el descubrimiento en 1964 de importantes yacimientos de fosfatos, complicaron la resolución del conflicto; el gobierno español se vio sometido a intensas presiones que trataron de resolver provincializando el territorio en 1958, creando en 1967 la Yemaa o Asamblea General y posteriormente asumiendo desde 1966 el compromiso de apoyar la autodeterminación, aunque sin fijar unos plazos precisos.

Sin embargo, no ocurrió lo mismo con Sidi Ifni. Desde 1956 los movimientos independentistas comenzaron una creciente actividad contra la presencia colonial, llegando a provocar la última guerra española. Desde noviembre de 1957 y hasta febrero de 1958 se extendió un conflicto que sólo pudo ser resuelto gracias a la colaboración logística de Francia. El gobierno español completó su triunfo declarando a Ifni provincia. Sin embargo, la presión de los países árabes -valiosos para el contencioso gibraltareño en la ONU -, más la influencia del movimiento descolonizador, impulsaron a las autoridades españolas a firmar el Tratado de Fez, el 4 de enero de 1969, por el que se cedía Ifni a Marruecos.

La colonia de Guinea Ecuatorial se convirtió en las provincias de Fernando Poo y Río Muni el 30 de julio de 1959. Con una extensión de algo más de 28.000 km2, sus recursos económicos básicos se basaban en la producción de cacao y café y, sobre todo, en la explotación maderera. Desde 1961 la Asamblea General de la ONU declaró el derecho inalienable a la libre determinación y la independencia de la población guineana. En 1962 se pusieron en marcha medidas autonomistas a propuesta de Carrero, que chocaron con los planteamientos independentistas de Castiella. El referéndum convocado en 1963 confirmó la autonomía,. Estableciéndose un nuevo tipo de relaciones entre la metrópoli y las instituciones guineanas. Si bien la transformación económica y social se aceleró desde ese momento, que permitió que la renta per cápita se elevara a 332 dólares (la mayor del África Subsahariana, con excepción de Sudáfrica), las presiones internacionales y los conflictos interétnicos aceleraron el proceso independentista. El 11 de agosto de 1968 se aprobó en referéndum una Constitución, por cierto más liberal que las Leyes Fundamentales, y el 12 de octubre se proclamaba la independencia, a cuyo frente se situó el vencedor de las elecciones, Francisco Macías. Entre febrero y marzo de 1969 una serie de incidentes deterioraron las relaciones entre los dos Estados, provocando la retirada progresiva del territorio de los funcionarios y de la ayuda española.

El decimocuarto gobierno de Franco nombró a Gregorio López Bravo nuevo ministro de Asuntos Exteriores. A pesar de los rumores existentes sobre las repercusiones que el asunto Matesa tendrían sobre él, Franco sorprendió a la opinión pública con un reforzamiento de su poder. Este ingeniero naval, incluido entre el grupo de “tecnócratas” del régimen, tuvo un continuo apoyo - acompañado de una debilidad especial por él - por parte del dictador. Su labor a lo largo de algo más de tres años se caracterizó por la aplicación permanente de la “doctrina López Bravo”: apertura a todos y neutralidad. Sin embargo, es importante destacar que algunos de sus objetivos se cumplieron gracias a las bases puestas por su antecesor.

En este sentido, se puede señalar cómo durante su mandato se renovó el convenio con Estados Unidos que se había prorrogado en 1969. El ministro fue más favorable a las condiciones propuestas y de esta forma el 6 de agosto de 1970 se firmaba el Acuerdo de Amistad y Cooperación. Con cuarenta artículos, un anexo y diversas notas confidenciales, los negociadores españoles habían conseguido que desapareciera la parte secreta por la que se activaban las bases en caso de peligro; se ampliaba el marco de cooperación; se reconocía la vinculación entre la cooperación defensiva conjunta y los sistemas de seguridad de la OTAN y se cedía a España el oleoducto Rota-Zaragoza. El acuerdo tenía una duración de cinco años.

También durante su mandato se firmó el 29 de junio de 1970 el Acuerdo Preferencial entre España y las Comunidades Europeas (que tuvo una vigencia de dieciséis años). Con un contenido estrictamente comercial, el balance de su aplicación sigue siendo discutido, pero de forma mayoritaria se resaltan los beneficios que en materia comercial e industrial obtuvo España. En palabras de Bassols: el Acuerdo supuso, por encima de otra consideración, el comienzo de un proceso irreversible de integración de la economía española en Europa.

Durante los primeros meses se produjo uno de los hechos más llamativos del periodo: en 1970 el avión que le conducía a Madrid se vio obligado a hacer un escala técnica en Moscú. Ésta fue aprovechada por el ministro para llevar a cabo la primera entrevista de un dirigente español con uno soviético (el viceministro de Asuntos Exteriores), desde la Guerra Civil. La llamada Ostpolitik del ministro facilitó un acuerdo comercial con la URSS y el establecimiento, el 10 de enero de 1973, de relaciones diplomáticas con el primer país socialista: la República Democrática Alemana. El 9 de marzo se iniciaban también las relaciones con la República Popular de China.

Si bien el ministro obtuvo estos importantes éxitos e incluso tuvo un amplio margen de independencia en aspectos tales como las negociaciones con Gibraltar o la compra de aviones Mirage a Francia, tuvo que hacer frente a algunos importantes problemas en el exterior. De ellos, sin duda, el más destacado fue el relativo a la creciente tensión con el Vaticano por la renovación del Concordato y la actitud creciente de oposición a la política del régimen que se estaba produciendo en importantes sectores de la Iglesia Católica. Intentó también contrarrestar las campañas internacionales contra Franco motivadas por hechos como el proceso de Burgos, y que España tuviera un papel destacado en el proceso de cooperación europea abierto en Helsinki, como ejemplo de esa nueva imagen que se quería ofrecer en el exterior.

Durante el gobierno presidido por Carrero Blanco (11 de junio a 20 de noviembre de 1973) el Ministro de Asuntos Exteriores fue Laureano López Rodó. Durante los seis meses y 24 días que permaneció en el cargo, su labor sólo puede calificarse de gris y transitoria, a pesar de que el programa presentado por el gobierno en materia de política exterior fue la más amplia declaración programática desde hacía muchos años. La participación española en el proceso de Helsinki, la creciente tensión con Marruecos y la Mejora de las relaciones con El Vaticano, fueron los hechos más relevantes del periodo.

Pero el 20 de noviembre de 1973 Carrero Blanco fue asesinado por ETA y fue nombrado nuevo presidente de gobierno Carlos Arias Navarro, responsable de la cartera de Gobernación y del aparato policial del régimen. En su toma de posesión señaló sus objetivos en política exterior, en definitiva retórica: “En el orden internacional el gobierno reitera la vocación universal de España que mantiene su afán de colaborar en la tarea de la paz. Y al asegurar la continuidad de los tradicionales lazos de amistad con otros países, comparte la preocupación actual del mundo en orden a los problemas que ponen en riesgo el progreso de la humanidad“

Sobre esta base se va a producir la triple crisis del franquismo que incidirá muy intensamente en la posición internacional de España. En primer lugar, se iniciará una crisis política de la que interesa destacar el enfrentamiento creciente entre los sectores más liberales o aperturistas, y los sectores más reaccionarios, el búnker, frente a la situación interna, pero que tendría también su reflejo en el exterior; el impacto del terrorismo y las respuestas desde el gobierno, cuyas consecuencias trascenderán nuestras fronteras; las divisiones en el seno del ejército, tanto por razones políticas como por cuestiones coloniales; el peso cada vez más intenso de una oposición exterior, unida en gran parte desde agosto de 1974 en la Junta Democrática de España, que cuenta con respaldo internacional; y la propia enfermedad de Franco, que desde julio de 1974 aumentará la incertidumbre sobre el futuro del régimen. Entre abril y septiembre de 1975 el franquismo se descompondrá, perderá casi todo aquello logrado hasta ese momento, y el propio dictador fallecía el 20 de noviembre en un contexto de aislamiento, críticas internacionales e incertidumbre.

A la anterior crisis se unirá la crisis económica. El profesor L. A. Rojo escribirá: “la elevación de los precios del petróleo y de otros productos básicos, en 1973-1974, impuso un brusco fin al periodo de expansión que la economía española había vivido desde 1960“. Nuestra dependencia energética del exterior, nuestra aún débil estructura industrial y las rigideces estructurales existentes en la economía nacional, contribuyeron a que también lo logrado desde 1960 comenzara a descomponerse. Hasta 1977 no se logrará superar esta grave situación.

Crisis política y crisis económica se unirán, influyéndose mutuamente, en la crisis de la política exterior. Una situación que recordará a Franco, a sus ministros y a la opinión pública los peores años de posguerra. Los fundamentos de esta política se irán también quebrando. El ministro de Asuntos Exteriores, el catedrático de Derecho internacional y embajador en Francia, Pedro Cortina Mauri, nada podrá hacer para evitarlo. El presidente Arias no sólo desconocerá la realidad internacional, sino que además tendrá un mínimo interés por la misma.

Un fundamento básico como había sido el de las relaciones con Europa se verá condicionado negativamente por tres eventos. El primero motivado por el hecho de que España, tras el final de la dictadura de los coroneles en Grecia y la Revolución de los claveles en Portugal en el año 1974, se convertirá en la única dictadura de toda Europa occidental. Esta posición peculiar, en segundo lugar, que se quiso solventar con la presencia de Arias en la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea, celebrada en agosto de 1975 en Helsinki, se vio truncada por la intensificación de la represión en el interior del país y la aprobación por el Consejo de Ministros de varias condenas a muerte, a pesar de las peticiones y gestiones de varios jefes de Estado y de gobierno; política contradictoria, por lo tanto, entre lo asumido en Helsinki y su aplicación en España. En último lugar, el objetivo de fortalecer la cooperación económica y política con la Comunidad Europea se vio fuertemente obstaculizado por la situación interna española; las negociaciones para la firma de un nuevo acuerdo comercial se vieron paralizada desde septiembre de 1975; el día 25 el Parlamento Europeo y los embajadores de siete de los miembros de la Comunidad fueron llamados a consulta por sus respectivos gobiernos. Como complemento a esta situación, las relaciones que España tenía con el único Estado socialista de la Europa del Este quedaron suspendidas desde el 3 de octubre de 1975. El aislamiento se cernía sobre el régimen español.

Las especiales relaciones con la Santa Sede fueron sufriendo también un agravamiento paulatino en su desarrollo desde marzo de 1974. El llamado incidente Añoveros provocó quizá el momento de mayor tensión entre los dos Estados; Tarancón en sus Confesiones así nos lo confirma al decir: Gracias a Dios, no se consumó la ruptura del gobierno con la Santa Sede -con expulsión del nuncio- que estuvo ya acordada. Las difíciles negociaciones sobre la renovación del Concordato, más la prohibición en marzo de 1975 de las asambleas cristianas, provocarán un gran distanciamiento. Las gestiones públicas del Papa Pablo VI, en septiembre de 1975, pidiendo clemencia para los condenados a muerte, fueron infructuosas y, en consecuencia, dieron lugar a una interrupción de las relaciones.

Un tercer fundamento, las relaciones con Estados Unidos, adquirió una mayor relevancia para el franquismo una vez que se había visto privado del apoyo exterior de Portugal y la Santa Sede. La visita del presidente Ford a España, en junio de 1974, en contra del consejo de su embajador, pareció entenderse desde Madrid como un claro apoyo en un contexto internacional difícil. La firma de una declaración de principios para la renovación de los acuerdos fue una muestra de esta realidad. No obstante, desde principios de 1975, el gobierno de Washington fue mostrándose más receloso de la situación española. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se quiso acelerar la firma de un nuevo acuerdo, pero las negociaciones se vieron interrumpidas por la situación interna del país.

La tradicional amistad con Hispanoamérica fue quizá la única que se mantuvo estable, dentro de sus limitaciones. El último acto político de Franco fue la visita el 12 de octubre de 1975 al Instituto de Cultura Hispánica, y su última entrevista diplomática fue la recepción al nuevo embajador colombiano, Belisario Betancur. No obstante, este panorama se verá ensombrecido por la actitud del presidente de Méjico, Luis Echevarría, quién llegó a solicitar una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para pedir que el régimen español fuese suspendido en el ejercicio de sus derechos como miembro de la Organización, entre otras medidas. El ambiente de hostilidad contra Franco se extendía también a nivel multilateral.

El proceso de crisis se cerró con la unión de dos problemas, el colonial (Sahara) y de las relaciones con Marruecos. Aprovechando la situación interna de España, el rey Hassan II decidió convertir en realidad su deseo de construir el “Gran Marruecos”. Por el contrario, desde principios de 1974 el gobierno español anunció su deseo de celebrar un referéndum en el Sahara, confirmando su deseo de aplicar el principio de autodeterminación. En septiembre, el rey marroquí inició una fuerte ofensiva para lograr su objetivo, reclamando el territorio saharaui alegando derechos históricos y proponiendo la resolución del litigio por el Tribunal Internacional de La Haya.

La iniciativa marroquí contó con el respaldo de la Asamblea General de la ONU y la oposición española. Ante la situación creada, agravada por el apoyo de la causa marroquí por gran parte de los países árabes, con lo que también se desmoronaba un nuevo frente en nuestra política exterior el gobierno español decidió en mayo de 1975 la retirada unilateral del Sahara. No obstante, la situación se agravó aún más cuando, tras la sentencia contraria a los intereses de Marruecos del Tribunal de La Haya, el rey Hassan II organizó la Marcha Verde (350.000 civiles que armados con el Corán avanzarían hacia el territorio saharaui). La difícil situación interna, la tensión en el seno del ejército español y la internacionalización del conflicto, decidieron al gobierno de Arias a la firma, el 14 de noviembre de 1975, de la Declaración de Madrid, por la que España abandonaba el Sahara, incumpliendo su compromiso ante su población y la comunidad internacional. Sería el último acto de una política exterior desacertada, sin rumbo y en la que se reflejaba la crisis global del franquismo.