Dudas por los gastos de las campañas
Contradicciones: De la Rúa, Duhalde y Cavallo presentaron balances diferentes ante la Justicia y ante Poder Ciudadano; Servini de Cubría envió las rendiciones a los peritos de la Corte Suprema para que los controlen.

Los balances de gastos de campaña que los principales partidos políticos presentaron ante la Justicia luego de las últimas elecciones presidenciales son extremadamente austeros y no se condicen con lo que los propios candidatos habían declarado.

Así surge de comparar las cuentas que Fernando de la Rúa (Alianza), Eduardo Duhalde (PJ) y Domingo Cavallo (Acción por la República) hicieron ante Poder Ciudadano con las que declararon ante la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría. Las cifras que presentaron como gastos de campaña a Poder Ciudadano es mucho mayor de la que rindieron ante la Justicia y ninguna de las dos se acerca a la inversión publicitaria medida por una auditoría independiente.

Servini de Cubría giró los balances al cuerpo de peritos contables de la Corte Suprema para que los controlen. Es la primera vez que se toma una medida de este tipo y los resultados del peritaje se aguardan para dentro de unas semanas.

La presentación ante la Justicia tiene como objetivo controlar los millonarios costos de las campañas, dinero que proviene, en su mayor parte, de donaciones privadas y que podría condicionar las decisiones de los que resultan elegidos. Sin embargo, oficialistas y opositores coinciden en que los controles son demasiado laxos y que es necesario reformarlos.

Ante la jueza, el PJ declaró haber gastado poco más de 3,2 millones de pesos en toda la campaña. Sin embargo, el propio Duhalde dijo a Poder Ciudadano que sólo entre agosto y octubre invirtió, nada más que en publicidad, más de 26,5 millones de pesos. Lo mismo ocurre con la Alianza, aunque el problema es que ésta no presentó balance ante la Justicia porque no está constituida como partido, sino que es una unión de otras fuerzas. La sumatoria de las presentaciones de los seis partidos que la conforman es de alrededor de $ 2.700.000. La cifra es significativamente menor que la que el propio De la Rúa dijo haber gastado sólo en publicidad entre agosto y octubre: $ 19.049.339.

Aunque con recursos mucho más austeros, los números de Cavallo tampoco coinciden. Ante Servini de Cubría, presentó un balance por $ 1.183.423,89 y ante Poder Ciudadano declaró $ 2.424.155.

Semejantes diferencias arrojan nuevas sombras sobre los habitualmente turbios fondos de campaña. Además, las brechas son aún mayores si se toma el resultado de una auditoría realizada por Poder Ciudadano utilizando precios de lista sujetos a descuento. Según ese trabajo, la campaña publicitaria del PJ costó $ 44.697.718, la de Alianza $ 42.655.482 y la de AR $ 4.969.425.

Justificaciones

A la hora de justificarse por el faltante de dinero entre lo que ellos declararon y lo que midió la auditoría, los políticos de los tres partidos apelan al mismo argumento: dicen que reciben importantes descuentos sobre los precios de lista que abaratan los costos de su publicidad.

En cuanto a las rendiciones ante la Justicia, la excusa es que lo que allí declararon no es el gasto total de campaña, sino únicamente el dinero que manejaron los partidos.

"La ley nos obliga a rendir cuentas de los aportes que el Ministerio del Interior giró al partido, no de las donaciones que recibió el comité de campaña", explicó Rafael Pascual, actual presidente de la Cámara de Diputados y ex jefe de la campaña presidencial de la Alianza.

El comando creado por De la Rúa y Carlos Alvarez recibió las donaciones y pagó las cuentas del proselitismo. Esa es, explican, la razón por la que los partidos que componen la Alianza presentaron balances por tan poco dinero en relación con el que verdaderamente se gastó. La plata pasó por otras arcas.

Alfredo Castañón, apoderado de Cavallo, apeló al mismo argumento que Pascual para justificar las diferencias en las presentaciones de Acción por la República.

En el caso del justicialismo, la situación es similar: Duhalde creó una estructura paralela al partido para manejar su campaña y por allí circuló el dinero. Alberto Fernández, actual legislador elegido por el cavallismo, presidió la Fundación Duhalde Presidente y explicó que recibió alrededor de 10 millones en concepto de aportes de empresarios.

"La empresa Arthur Andersen nos auditó todas las cuentas", aseguró, antes de agregar que ese dinero no fue incluido en la rendición de cuentas que el PJ hizo ante la Justicia.

La práctica de prescindir de los partidos y crear estructuras independientes, y libres de la obligación de rendir cuentas, para financiar las campañas impide que el control que establece la ley sea efectivo. En el juzgado de Servini de Cubría analizaron la idea de pedir el detalle de los gastos no sólo a los partidos, sino también a los comités de campaña, pero no lo hicieron.

Incógnita

La consecuencia es que las últimas campañas nacionales, las más caras en la historia de la Argentina, son una gran gran incógnita en cuanto al monto cierto de lo que costaron y el nombre de quiénes pusieron el dinero.

Este último punto, la identidad de los donantes, es fundamental, y el que motiva todos los intentos, públicos y privados, por regular el financiamiento del proselitismo electoral. En público, todos los políticos piden mayor transparencia y férreos controles de las donaciones, pero sus declaraciones no siempre se corresponden con sus actitudes.

La actual ley no obliga a divulgar el nombre de los donantes y los políticos son extremadamente reacios a difundir la identidad de sus benefactores. Poder Ciudadano intentó comprometer a De la Rúa, Duhalde y Cavallo a que lo hiciesen, pero el primero se negó a firmar el acuerdo y los otros dos lo firmaron, pero luego incumplieron.

Sin embargo, el Gobierno dice que impulsará modificaciones a la ley para blanquear los millones de pesos que demanda la publicidad de campaña. La oposición dice que está de acuerdo.

Por Nicolás Cassese De la Redacción de La Nación Detalles

Aunque austero en comparación con los millones que gastó la Alianza en la campaña presidencial, el balance presentado por el radicalismo es de lo más detallado.

Incluye, por ejemplo, rendiciones por $ 44 gastados en El Emporio del Fiambre, o $ 60 de una comida en el restaurante Chiquilín, o $ 20 de un viaje de Jorge Sánchez en remise. Pero el récord se lo lleva el gasto que algún radical hizo para la campaña y que decidió rendir: $ 0,50 por un despacho en el Correo Argentino.

Proyecto de ley de la Legislatura porteña
Regulan gastos de campañas políticas
Será de 20.000 pesos el tope para los aportes privados; multas a transgresores; prohibirán difundir sondeos en boca de urna.

La Legislatura porteña sancionó ayer un proyecto de ley que regula el financiamiento de las campañas electorales locales, y exige transparencia en la obtención de recursos de los partidos para hacer política.

La norma, votada en general por todos los miembros del Legislativo local, es una experiencia inédita en la ciudad de Buenos Aires y en el país, y se pondrá en práctica durante la próxima campaña electoral para jefe de Gobierno de la Ciudad, que comenzaría a principios del año 2000.

El proyecto se transformará definitivamente en ley y entrará en vigor cuando sea publicado en el Boletín Oficial de la ciudad, previo paso por el despacho del titular del Ejecutivo, Fernando de la Rúa, que tiene poder de veto.

Pero fuentes de la Alianza aseguraron ayer que "el despacho está acordado y no va a haber sorpresas".

El contenido

El proyecto contiene cinco capítulos y 24 artículos y prevé que la campaña sólo podrá iniciarse 60 días antes de la fecha fijada para los comicios y no podrá extenderse durante las 48 horas previas a la iniciación de las elecciones.

La norma establece que el Gobierno no podrá realizar propaganda institucional que tienda a inducir el voto y no podrán promoverse candidaturas en actividades oficiales.

El artículo 6, el primero del capítulo "De los gastos de campaña", establece que "a los efectos de calcular el monto máximo de gastos y aportes previstos en la presente ley, todo bien o servicio de carácter comercial que sea directa o indirectamente destinado a la campaña y por el cual no haya debido realizar un desembolso de dinero, será considerado como gasto o aporte conforme al valor de mercado al referido bien o servicio".

Los partidos, alianzas y confederaciones podrán realizar gastos proselitistas por una suma máxima para cada categoría de 50 centavos por cada elector empadronado. La suma máxima es aplicable a cada lista oficializada con independencia de quién efectúe la erogación.

La ciudad contribuirá a las campañas destinando la suma de 50 centavos para cada categoría por cada elector empadronado.

El monto actual se distribuye de la siguiente manera: 50 centavos para cada categoría por cada voto obtenido en la última elección de legisladores. Si la lista se presentara por una alianza, el importe correspondiente se distribuirá entre los partidos que la integran, conforme al convenio celebrado entre ellos.

En caso de haber segunda vuelta, el aporte será de 30 centavos por cada elector empadronado para las dos fuerzas que compitan.

La norma tiene un capítulo especial destinado a los aportes privados.

Sólo podrán realizarlos las personas físicas, argentinas o extranjeras, que tengan residencia en el país, y quedan prohibidos los aporte anónimos y los de personas jurídicas.

Los aportes de las personas físicas no podrán superar los 20.000 pesos por campaña.

Los partidos deberán presentar ante la Auditoría de la Ciudad, diez días antes de los comicios, un informe en el que se indiquen los ingresos y egresos de la campaña, con detalle del concepto, origen, monto y destino. En los 30 días posteriores a los comicios, deberán hacer un informe final de las cuentas. La presentación será pública.

Los partidos que superen los límites establecidos para el gasto proselitista perderán, en las siguientes elecciones, el derecho de percibir los fondos públicos que pudieran corresponderles por campaña en un monto de hasta tres veces la suma en que se hubiesen excedido.

Queda prohibida la difusión de las encuestas en boca de urna.

Los partidos que reciban y todos los que efectúen aportes prohibidos por la ley serán sancionados con multas equivalentes a entre tres y diez veces el monto en cuestión. El aportante en falta podrá ser inhabilitado de dos a seis años para el ejercicio de votar y para el desempeño de cargos públicos.

Cuando se sancione a un partido, sus autoridades son solidariamente responsables.

También se le disminuirá el centimetraje o segundos de publicidad.

La norma, severa por cierto, podría convertirse en un ejemplo para otras jurisdicciones.

Sin embargo, no es casual que haya nacido en Buenos Aires: varios ex concejales se dedicaron durante casi una década a nombrar empleados truchos, con sueldos que habrían sido destinados para la financiación ilegal de la política. A pesar de los intentos, la Justicia todavía no pudo probarlo.

Alejandra Rey Particulares

Frente a las severas restricciones monetarias para financiar las campañas electorales, el artículo 12 de la ley prevé que cada partido pueda habilitar en el Banco Ciudad una cuenta en la que los particulares podrán aportar dinero.

Además, la ley establece que los afiches callejeros, además del nombre del partido o de la coalición deberán llevar el nombre de la imprenta que los confeccionó.

Desde 48 horas antes del comienzo de los comicios y hasta tres horas después de su finalización, se prohíbe la difusión, comentarios o referencias acerca de los resultados de encuestas electorales.

El financiamiento partidario y la reforma política
Ocultan los costos de las campañas
Los principales partidos no precisan cuánto gastarán para los comicios nacionales de octubre ni de dónde obtendrán los fondos; en el PJ hay una estimación de $ 50 millones; dilatan en el Congreso una decena de proyectos sobre la cuestión

Los millonarios costos que este año insumirá la competencia por el sillón de Rivadavia seguramente nunca serán develados en forma fehaciente.

La Nación consultó a los jefes de campaña de los principales aspirantes a suceder a Carlos Menem y ninguno pudo precisar cuánto gastarán con miras a los comicios nacionales de octubre próximo.

Tampoco la ley que rige el financiamiento de la política, la 23.298, servirá para conocer el monto y el origen de los fondos. Una cláusula establece que quienes aportan a las arcas partidarias pueden imponer "que sus nombres no se divulguen".

Estas condiciones hacen que el financiamiento de las campañas sea un misterio. Además, ningún político parece dispuesto a revelarlo.

Para tener una idea de cuánto cuesta una campaña, hay que recurrir a otras fuentes. Una investigación realizada por la organización Poder Ciudadano durante las últimas elecciones nacionales, las legislativas de octubre de 1997, podría servir para obtener una aproximación.

Según la entidad citada, en aquella oportunidad el justicialismo gastó en el rubro publicidad $ 14.727.706 sólo para la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Los gastos de la Alianza en ese ítem, también para los dos principales distritos del país, fueron de $ 2.348.933, informó Poder Ciudadano.

Las elecciones legislativas son menos costosas que las presidenciales. De todos modos, resulta imposible conocer cuáles son los gastos proselitistas reales. Cuando se declaran en forma pública (muy infrecuentemente), las rendiciones de cuentas no son de lo más transparente y las sospechas sobre ocultamiento de datos están a la orden del día.

Estimación y proyección

En el justicialismo hay quienes se animan a estimar en aproximadamente $ 50 millones el costo de la campaña para este año, pero la cifra no pudo ser confirmada ni puesta en boca de alguien. Los políticos no dan la cara en este punto.

Ayer, por caso, el precandidato presidencial del PJ Adolfo Rodríguez Saá declaró que para la campaña interna gastará "alrededor de $ 3.500.000".

De ser fehaciente el dato, una proyección de lo que significaría una campaña para los comicios nacionales, no sólo para presidente sino para legisladores nacionales y provinciales, entre otros cargos electivos, hablaría a las claras de que los costos deberían evaluarse en decenas de millones de pesos.

Más allá de los números, y pese a que en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados hay diez proyectos para modificar la ley que rige los fondos de campaña, y que todos los legisladores consultados coincidan en la necesidad de ocuparse del tema, el asunto no se ha tratado en el recinto.

Se duda, incluso, de que esta situación pueda revertirse pese a que Menem incluyó el tema entre las leyes que les pidió a los legisladores cuando inauguró las sesiones ordinarias en el Congreso, el 1º del mes último.

En rigor, la cuestión es una de las cuatro partes de la "reforma política" que impulsa el Gobierno desde hace años. Las otras tres son la eliminación parcial de la lista sábana y la regulación de las elecciones internas abiertas y del lobby (sobre lo que se informa por separado).

El Ministerio del Interior ya redactó los proyectos y planea enviarlos al Congreso en las próximas semanas. No son los primeros que elabora esta administración.

Límites y fondos

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el justicialista Carlos Soria (Río Negro), aseguró que el financiamiento de los partidos políticos es el tema prioritario de la comisión. "Vamos a tratar de que se debata este año", dijo.

Sin embargo, algunos no son tan optimistas. "No hay vocación para sincerar los costos de la democracia", afirmó la diputada Elisa Carrió (UCR-Chaco). Según la legisladora, todos los partidos, "y no sólo el oficialismo", están muy "atados al financiamiento privado". Lo que Carrió señala es la clave de por qué el financiamiento de las campañas continúa siendo un tema que incomoda a los políticos, sin distinción de partidos: el dinero sale mayoritariamente de arcas privadas.

La ley asigna un fondo público para financiar las campañas. El monto que recibe cada partido se establece a partir de los votos obtenidos en los últimos comicios.

En las elecciones nacionales de 1997 fue de un peso por voto, pero los legisladores del oficialismo y de la Alianza acordaron triplicar el monto. La cuestión aún no se ha resuelto, ya que el Poder Ejecutivo vetó esa sanción del Congreso y la Cámara de Diputados acaba de rechazar la disposición de la Casa Rosada. Falta que ahora se expida el Senado, que lo haría también en favor de mantener los $ 3 por voto.

La investigación realizada por Poder Ciudadano durante las últimas elecciones nacionales demostró que, por lo menos en el caso del justicialismo, los fondos aportados por el Estado están muy lejos de cubrir los gastos publicitarios (ver gráfico).

Aportes empresarios

Todos los políticos consultados admiten que los empresarios son los grandes financistas de la política argentina.

"El dirigente que llega al poder termina dependiendo del empresario que le financió la campaña", afirmó el legislador porteño Gustavo Beliz, de Nueva Dirigencia.

Siendo ministro del Interior, cuando aún no había abandonado el menemismo, Beliz se presentó ante los diputados para explicarles las ventajas de la reforma a la ley de financiamiento que entonces impulsaba. La recepción estuvo lejos de ser grata.

"Vos, pibe, querés que nos hagamos el harakiri", le respondió un legislador justicialista, según Beliz. Su proyecto naufragó. Insistente, el líder de Nueva Dirigencia presentó una iniciativa similar en la Legislatura porteña.

"Es que este tema es la principal hipótesis de conflicto de la política argentina", explicó Beliz. Lo curioso es que sus temores parecen ser los de la casi totalidad de la dirigencia.

El proyecto presentado por el Gobierno en ese sentido es muy estricto: prohíbe expresamente que los partidos políticos reciban contribuciones privadas de cualquier tipo y establece límites a la duración y gastos de las campañas. También la Alianza tiene una iniciativa similar.

"El año anterior teníamos pensado discutir la ley en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero surgieron otros temas más urgentes", afirmó el diputado César Arias (PJ-Buenos Aires).

Su excusa está a tono con la realidad: el dinero de las campañas es un tema tabú de la política.

Reticencias por doquier

A la hora de buscar culpables, el blanco más evidente son los propios dirigentes. Pero no son sólo los políticos los interesados en mantener fuera del debate sus finanzas. Tanto los empresarios, que aportan los fondos, como los proveedores de servicios en las campañas se resisten al blanqueo.

La consecuencia de esto es que los jefes de campaña de quienes aspiran a ser el próximo presidente de la Argentina se ponen incómodos a la hora de hacer cuentas.

La Nación consultó a Alberto Iribarne, de Eduardo Duhalde; a Rafael Pascual, de Fernando de la Rúa, y a un vocero de Domingo Cavallo. Los tres coincidieron en la necesidad de transparentar las campañas. Sin embargo, cuando se les consultó sobre el monto que gastarán, ninguno proporcionó siquiera una cifra aproximada.

"No sé", dijo Pascual.

"Todavía no elaboramos el presupuesto", respondió Iribarne.

"Seremos austeros", precisó la fuente del cavallismo, que prefirió no ser identificada. El anonimato, en este caso, es otro signo de que se quiere ocultar todo.

También se intentó consultar los números de Ramón Ortega, pero su jefe de campaña, Pablo Fondevila, no contestó las llamadas telefónicas.

Coincidencias al criticar los millonarios gastos de campaña
Deseo: políticos de todos los partidos menos el PJ aseguraron que hay que limitar el dinero que se destina al proselitismo.

Los partidos con mayor representación política nacional, menos el justicialismo, coincidieron en que los millonarios costos de las campañas proselitistas son fuente de sospechas públicas y que, por lo tanto, deberían ser limitados.

Esa podría ser la principal conclusión del seminario sobre transparencia electoral realizado ayer por La Nación y la organización no gubernamental Poder Ciudadano.

El PJ no pudo expresar su opinión sobre el tema porque, pese a que habían comprometido su presencia, no estuvieron los dos invitados del oficialismo: el candidato a la gobernación de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, y la representante de la Oficina Nacional de Etica Pública, Amalia Mattio de Mascias.

Sí participaron el postulante a la presidencia de Acción por la República, Domingo Cavallo; el diputado radical Federico Storani (Buenos Aires); el candidato a la jefatura del gobierno porteño de la Alianza, Aníbal Ibarra, y el legislador porteño de Nueva Dirigencia Gustavo Beliz.

También hubo una mesa de periodistas, integrada por Graciela Guadalupe, Joaquín Morales Solá y Nelson Castro. El debate fue moderado por Fernán Saguier.

Distorsión

Las coincidencias de los participantes incluyeron, además del reconocimiento de los altos costos que distorsionan las campañas, la necesidad de transparentar los bienes de los funcionarios y de modificar el sistema electoral.

En referencia a este último punto, los disertantes criticaron el sistema de elección por lista sábana. Propusieron, en cambio, un mecanismo mixto que también contemple circunscripciones uninominales.

La lista sábana es, según la opinión de los participantes, una de las causas que aleja a la gente de sus dirigentes.

La ocasión no podía ser más propicia para discutir este tipo de inquietudes: Poder Ciudadano presentó, al iniciarse el seminario, su programa de transparencia electoral y control de corrupción.

El trabajo proyectado por la ONG incluye tres partes: un banco de datos de los candidatos, una auditoría de los gastos de campaña y, tal vez la más difícil de lograr, el compromiso de los partidos para que difundan el detalle de sus gastos electorales.