AMERICA LATINA Y LA DEMOCRACIA

Democratizar: desarrollo es democracia

Ya sea por ineptitud, o presionados desde dentro y fuera de sus respectivos
países, las dictaduras militares que gobernaron despóticamente el continente
latinoamericano en las tres últimas décadas, han tenido que ir pasando el
testigo a gobiernos civiles y volver a los cuarteles (desde donde algunos
aún tutelan el buen hacer de los políticos con veladas amenazas y esporádico
ruido de sables). Sin embargo, estos gobiernos civiles con frecuencia no son
representativos de los valores e inquietudes de las mayorías populares. A
menudo son democracias cosméticamente parlamentarias en las que los grupos
de poder hegemónico continuan asegurándose el control político y económico
nacional.

José Ignacio da Silva "Lula", candidato a la Presidencia del Brasil y líder
del Partido de los Trabajadores, afirmaba recientemente: "En América Latina
gobernantes elegidos con un discurso progresista, a la hora de administrar
el país, lo hacen con una práctica conservadora" para añadir a renglón
seguido: "Normalmente, quien gobierna no es quien vence las elecciones".

Efectivamente, a la sombra -o la luz, según se entienda- de los intereses de
las oligarquías nacionales -e internacionales- encontramos en Latinoamérica
distintos tipos de democracias: continuistas con la dictadura que los
antecedió (Rodríguez en Paraguay), democracias descaradamente represivas
(Serrano de Guatemala, Cristiani de El Salvador), populistas (Fujimori en
Perú, Collor de Mello en Brasil, Menem en Argentina), o modernizadoras de
libre mercado (Salinas de Gortari en México, Aldwin en Chile, Chamorro en
Nicaragua).

Sin embargo, en algunos países latinoamericanos, los partidos progresistas,
esto es, aquellos que priorizan la consecución plena de los derechos humanos
y, por tanto, la redistribución democrática de la riqueza y el poder a nivel
nacional, han llegado a gobernar sus países o son susceptibles de recibir
mayoritario soporte electoral en futuros comicios(6).

Por otra parte, tal como arguye con respecto a la cooperación un documento
de trabajo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y
Sociales (CRIES) de Managua(7), el Norte tampoco puede vanagloriarse de
gozar de un sistema democrático ejemplar (¿acaso no podríamos aplicarnos las
palabras de da Silva que anteceden?). Con respecto a la cooperación al
desarrollo de Europa con Centroamérica, dicho documento afirma: "La
cooperación debe ser para el Norte un arma democratizadora de sus propios
sistemas políticos". Lo cual implica que, tanto las sociedades del Norte
como las de Sur compartimos el aprendizaje de un proceso democratizador
inacabado. Ese esfuerzo democratizador que nos corresponde hacer en nuestras
propias sociedades viene expresado con crudeza por el periodista argentino
Gabetta cuando afirma que "la socialdemocracia europea ha reemplazado, por
pragmatismo o defección ideológica [...] su proyecto de desarrollo e
igualdad planetaria por un discurso democrático universal cada día más vacío
de contenido".

Militarismo, violencia y derechos humanos: democracia es desarme
En un momento en que no pocos grupos guerrilleros latinoamericanos se
sientan en la mesa de negociaciones (El Salvador y Guatemala) o incluso
deponen las armas (Colombia), las violencias paramilitar y mafiosa aún
continuan causando cuantiosas pérdidas en vidas humanas y daños materiales.

Los gastos eufemísticamente llamados de defensa absorben un elevado
porcentaje de los presupuestos nacionales latinoamericanos en detrimento de
los gastos en materia educativa, de salud, bienestar social, etc. Veamos
algunos ejemplos en el cuadro siguiente(8) (datos de 1989 para todos los
países):

                     %Defensa %Educación %Salud
Argentina       8,6                  9,3           2,0
Bolivia          14,4                11,9          2,5
El Salvador    27,9               17,6          7,4
Perú              20,2               15,6           5,5
.......
España         6,5                  5,1            12,5
EE.UU        24,6                1,8              12,9

Si bien el respeto por los derechos humanos en el área latinoamericana ha
mejorado sensiblemente desde el tiempo de las dictaduras militares, el
balance, especialmente en Centroamérica, es aún preocupante y urge un
proceso de desmilitarización y desarme generalizado. Por último, nos parece
inexcusable que los países del Norte exportadores de dicho armamento
(EE.UU., URSS, Francia, Gran Bretaña, España, etc.) sigan considerando la
concesión de créditos para la importación de armamento (o la donación del
mismo) como cooperación internacional.

El Narcotráfico: haciendo balas con la arcilla ancestral
La hoja de coca, que durante siglos formó -y aún forma- parte de la cultura
andina de supervivencia y acomodación al medio, se ha convertido en un
eficaz medio -la cocaína- de alineación y destrucción personal para quien la
consume, y de corrupción y destrucción social para el país que la cultiva y
transforma.

Efectivamente, los narcotraficantes han ido tejiendo una tupida red de
alianzas a nivel político, militar, financiero y judicial que van provocando
la desestructuración social y atentando de manera gravísima contra el
delicado proceso de construcción democrática.

Como resultado los países productores de coca -fundamentalmente Bolivia,
Perú y Colombia- "gozan" de una boyante economía narco-exportadora que
beneficia -y a menudo corrompe- a amplios sectores de la población (un
dirigente sindicial boliviano hablaba de un total de 500 mil puestos de
trabajo relacionados con el cultivo y procesamiento de la coca).

Y sin embargo: ¿Es la demanda (del Norte) o la oferta (del Sur) la
responsable de esta grave situación? ¿Quién se embolsa una mayor parte del
beneficio económico en el proceso de intermediazgo y comercialización de la
cocaína? ¿Quién acarrea con el mayor coste social y político? Por una parte,
mientras que el productor de coca recibe lo que para él es, sin serlo, un
buen pago, los intermediarios compradores y los exportadores se llevan un
alto porcentaje del precio final de exportación. Un precio que se verá
quintuplicado o decuplicado en las calles de San Francisco, Frankfurt o
Barcelona.

Responder a las preguntas que acabamos de plantear con honestidad y actuar
en consecuencia, permitirá evitar gran parte de la cínica represión
promovida desde los gobiernos del Norte -con el beneplácito de los del Sur-
en tierras andinas y, por supuesto, reducir el número de adictos tanto en el
Norte como en el Sur. De nuevo nos hallamos ante un caso en el que la
debatida interdependencia entre Norte y Sur se hace evidente.

Distribución interna de la riqueza en América Latina

La distribución interna de la riqueza (y de los ingresos que ésta genera),
pero sobre todo su evolución a lo largo de los últimos decenios, es uno de
los índices económicos más útiles para valorar el grado de equidad social de
un país o región. Precisamente Latinoamérica es el continente que registra
los contrastes más extremos de riqueza y poder.

Una buena muestra de la polarización social latinoamericana es el desigual
reparto en la propiedad de la tierra cultivable, ya que en numerosos países
nos encontramos con extensos latifundios, al tiempo que un elevado tanto por
ciento del campesinado carece de tierra, teniendo que trabajar para terceros
en penosas condiciones, o viéndose obligado a cultivar terrenos marginales
de escasa productividad. Sólo cinco países latinoamericanos han llevado a
cabo reformas agrarias en la que se ha producido una significativa
expropiación y redistribución de la propiedad rural(10): Bolivia (1953-70),
Guatemala (1952-54), Cuba (1959-63), Chile (1967-73) y Nicaragua (1979).

Si tomamos ahora como muestra la distribución del ingreso nacional por
persona nos hallamos de nuevo con una polarización extrema (una polarización
que, aunque menos marcada, también se da de manera creciente en los países
del Norte). Veamos algunos ejemplos en el cuadro siguiente(8):

% INGRESO FAMILIAR TOTAL ANUAL
                              20%Más rico        20%Más Pobre
Brasil (1983)                62,6                        2,4
Colombia (1988)          53,0                       4,0
Costa Rica (1986)        54,5                       3,3
Guatemala (1979-81)   55,0                       5,5
Perú (1985-86)            51,9                       4,4
Venezuela (1987)         50,6                       4,7
............
España (1980-81)        40,0                       6,9
EE.UU (1985)             41,9                        4,7

Estos datos ponen en evidencia la concentración de la riqueza y el ingreso
nacional en un número reducido de manos. Esta acumulación se hace aún más
manifiesta en las siguientes cifras: en 1988 el 1% de los peruanos percibió
casi la mitad del total del ingreso nacional y esto significa que
aproximadamente 200 mil individuos (50 mil familias) se apropian de cerca de
7 mil millones de dólares anuales; en México, 37 empresarios, cabezas de los
grandes grupos financieros y económicos, reunen más del 20% del producto
interno del país.

Sin embargo, lo que es realmente preocupante es que esta brecha se ha ido
ensanchando con el paso de los años. Así, en Brasil entre 1960 y 1976, el
40% más pobre de la población vió cómo su participación en el ingreso
nacional disminuía de un 10% a un 8%, mientras que el 5% más rico lo veía
aumentar de un 35 a un 39% (el Banco Mundial estima que existe una
diferencia de 16 años entre la esperanza de vida en los estados del noroeste
del Brasil y el resto del país). Cuba ha sido el único país latinoamericano
que ha realizado un auténtico esfuerzo para corregir esta extrema
desigualdad (de 1953 a 1973 el 20% más pobre pasó del 2,1 al 7,9%, mientras
el 20% de mayores ingresos pasaba de un 60 a un 34,9%).

Migración rural: del olvido (del campo) al desarraigo (en la ciudad)
El importante flujo migratorio que en las últimas décadas se ha producido
desde zonas rurales hacia las ciudades latinoamericanas, se ha debido en
gran parte al deterioro de las condiciones de vida de la población rural
(sobre todo relativo a las de las zonas urbanas). Este deterioro es fruto,
no sólo de una política claramente favorecedora de la industrialización y de
las inversiones en las áreas urbanas, sino también de la prioridad que han
recibido los agrocultivos para la exportación (cultivos intensivos que
tienden a producir concentración de tierras y el descuido de los cultivos
tradicionales de alimentos).

Como resultado, las inversiones no rentables destinadas a favorecer el
cultivo de productos básicos, a la mejora de infraestructuras, a gastos
sociales, etc., en zonas rurales han sido de escasa cuantía. De igual
manera, también han sido reiteradamente postergadas: políticas que facilitan
el acceso al crédito rural a los pequeños productores, el asesoramiento
técnico apropiado, la reforma agraria, la comercialización ventajosa de sus
productos, etc.

Uno de los aspectos más dramáticos de la migración rural es que suelen
migrar a la ciudad los jóvenes y los que están mejor formados, aquellos que
más probabilidades tienen de hacerse un hueco en la economía formal o, con
mayor frecuencia, en la economía informal urbana. En contra de lo que se
cree, y a diferencia de lo que sucede en el resto del Tercer Mundo, tanto en
Latinoamérica como en algunas zonas del sudeste asiático el número de
mujeres que emigra a la ciudad es superior al de hombres (109 mujeres por
cada 100 hombres entre 1965 y 1975). Este predominio femenino no se da sin
embargo en las emigraciones internacionales).

Por último vale la pena apuntar que la decisión de emigrar es una decisión
racional, meditada durante largo tiempo y basada en informaciones de
parientes o paisanos que han emigrado previamente. A menudo el inmigrante ya
ha visitado la ciudad de destino con anterioridad y no siempre la migración
es permanente sino por períodos cortos o estacional.

Crecimiento urbano: estrategias de solidaridad y economía informal
Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en 1989 residían en ciudades
más del 70% de la población de Uruguay (88%), Chile (84%), Argentina (81%),
Venezuela (79%), Brasil (74%), Colombia (72%) y México (71%). Según la misma
fuente, entre 1981 y 1989, la tasa de crecimiento de la población urbana fue
del 3,1% (para el mismo período, la tasa de crecimiento de la población
rural fue del 0,5%). En la actualidad, unos 316 millones de personas,
aproximadamente 3 de cada 4 latinoamericanos, viven en zonas urbanas,
mientras que en 1960 sólo era uno de cada dos.

En todos los países el mayor crecimiento poblacional se produce
principalmente en una ciudad, que casi siempre es la capital. Es interesante
anotar que, si bien el flujo migratorio rural hacia las ciudades no se ha
detenido, en la actualidad el crecimiento urbano se produce más por el
incremento natural de la población, que por dicho flujo.

En las ciudades se manifiestan con extremo dramatismo las diferencias
sociales a las que ya hemos hecho referencia anteriormente. Así, no lejos de
armoniosas urbanizaciones de gran lujo, se agolpan miserables zonas
marginales de crecimiento desordenado.

Las inversiones urbanas en zonas populares han sido de muy reducida cuantía
en comparación con las efectuadas en zonas comerciales, industriales o
residenciales de alto nivel. De esta desatención pública han nacido
mecanismos de auto-ayuda y supervivencia que van desde la conexión ilegal al
tendido eléctrico y las conducciones de agua corriente, a las agrupaciones
que con carácter cooperativo colaboran en la construcción de vivendas, o la
puesta en marcha de servicios de transporte, salud o educación (a menudo con
la colaboración de organizaciones no gubernamentales de desarrollo locales).
A pesar de estos esfuerzos de los pobladores, las condiciones de vida en
estas zonas marginales, aunque mejores en muchos casos que las existentes en
zonas rurales, son con frecuencia extremadamente penosas: ubicación junto a
vertederos o en zonas insalubres, carencia de agua corriente potable y de
servicios higiénicos básicos, lejanía de los centros de trabajo, periódica
expulsión violenta de terrenos ocupados, presencia de redes delictivas, etc.

Por último, la economía informal juega un papel sin duda importante que
posibilita la supervivencia, ya que se estima que ofrece trabajo remunerado
a un 35% de la población activa latinoamericana. Sin embargo, esta economía
al margen de la legalidad implica a menudo un sinfín de arbitrariedades y
abusos que no pueden ser sancionados legalmente (jornadas laborales
largísimas, condiciones de trabajo insalubres, precariedad laboral, jornales
reducidos). Tales abusos parecen condicionar la viabilidad futura de dicho
sistema económico del que se beneficia tanto la economía formal como las
propias arcas del estado.

Religión y Desarrollo: teología de la liberación

La teología de la liberación, enraizada en una multitud de experiencias de
grupos cristianos de base y que alcanzó su mayoría de edad hace algo más de
veinte años en la Conferencia Episcopal de Medellín (1968), ha aportado
elementos importantísimos a la conciencia crítica de los latinoamericanos y,
por tanto, al actual proceso de democratización. La teología de la
liberación pone al desposeído, al oprimido, en el centro de cualquier
esfuerzo humano encaminado a construir un mundo más solidario. Ya Bartolomé
de Las Casas en pleno siglo XVI, refiriéndose a la penosa situación en la
que se encontraba la población autóctona, afirmaba: "Ha de saberse
claramente con la fe que donde está el pobre está el mismo Jesucristo, donde
está Dios está la justicia".

La teología de la liberación toma partido y, asumiendo la realidad, inspira
acciones personales y comunitarias que se perciben necesarias para cambiarla
(acciones que suponen con frecuencia la insumisión y el enfrentamiento con
aquellos que se benefician del status quo). Es imposible no recordar aquí
cómo Ignacio Ellacuría expresaba este compromiso: "Para llegar a hacerse
cargo de lo que es la realidad, hay que encargarse de la realidad, aunque a
menudo esto comporte tener que cargar la realidad".

Una de las consecuencias de ese compromiso de fe con el pobre -y a partir
del sentir y querer del pobre- ha sido la represión que han sufrido y sufren
un número muy importante de cristianos anónimos (y no pocos ilustres
también). Muchos de ellos han sido "asesinado[s] por ayudar al pueblo"
(según reza la inscripción de la lápida de Luis Espinal en La Paz). Entre
los mártires ilustres, Monseñor Oscar Arnulfo Romero -asesinado en su patria
El Salvador como el mismo Ellacuría- despunta por su denuncia profética. Un
año antes de su muerte en 1980 clamaba: "Lo que tienes lo has robado al
pueblo que perece en la miseria". Monseñor Romero dejó patente cómo el
compromiso de la jerarquía católica con los oprimidos -denunciando al mismo
tiempo a los opresores y anunciando un mensaje de esperanza- y con la
iglesia de base, puede tener un potencial renovador de extraordinaria
fuerza.

Religión y Subdesarrollo: las sectas

Existen numerosos sistemas de acallar las críticas o controlar a "los
disconformes", distintas de la represión dura y pura que ha caracterizado a
no pocos gobiernos latinoamericanos. Uno de estos sistemas es la
manipulación ideológica de la profunda religiosidad del pueblo.

Sin entrar en el tema de quién financia a las sectas, ni a quién le interesa
que éstas proliferen, es importante alertar sobre el tremendo poder
desmovilizador que éstas tienen en la población. Un reciente estudio
encargado por la secretaría del episcopado latinoamericano subrayaba, entre
otros, los siguientes hallazgos: las sectas ya están consolidadas en
Centroamérica, tienen una infraestructura estable y un nivel elevado de
participación de sus miembros en los servicios religiosos; las sectas que
registran un crecimiento más rápido son aquellas que basan sus servicios en
cánticos y la práctica de carismas (don de lenguas, trances, expulsión de
demonios).

Casaldáliga asevera con profunda preocupación: "Hay muchos tipos de contra:
militar, política, ideológica... y hasta religiosa: las sectas forman parte
de esta última contra. Otras contras hacen mártires. La contra de las sectas
crea estúpidos, alienados. Las sectas matan el alma del pueblo"

Comercio internacional: intercambio desigual y dependencia
Hasta 1929 (año en que se produjo el gran "crash" de la bolsa de Nueva
York), el crecimiento económico de Latinoamérica estaba ligado casi por
completo a la cotización internacional de sus materias primas de
exportación. A partir de esa fecha, y sobre todo una vez finalizada la
segunda guerra mundial (1945), muchos países iniciaron estrategias de
desarrollo industrial de sustitución de importaciones (principalmente
Argentina, Chile y Uruguay). Como resultado de estas estrategias, los países
latinoamericanos más importantes consiguieron ser autosuficientes en bienes
de consumo. Sin embargo, este crecimiento industrial estuvo ligado a fuertes
inversiones extranjeras, al tiempo que era dependiente de la importación de
tecnología y componentes intermedios norteamericanos, franceses o alemanes.
Esta dependencia iba a limitar la efectividad de la estrategia en los años
siguientes.

A principios de los 60, bajo la influencia del rápido crecimiento económico
de los "cuatro dragones" del sudeste asiático (Corea, Hong Kong, Singapur y
Taiwan), la industrialización se orientó hacia la exportación
(principalmente México y Brasil). Esta nueva estrategia ha conllevado a
menudo el que los países latinoamericanos se hayan limitado a aportar la
mano de obra -barata en comparación con la de los países del Norte- en el
ensamblaje o manipulación de componentes de los productos a exportar a los
mercados de EE.UU., Europa o Japón por las empresas transnacionales. Esta
situación ha creado islotes de prosperidad pero, al igual de lo sucedió en
las estrategias de sustitución de importaciones, no ha beneficiado a la
mayoría de la población, que ha visto cómo un porcentaje muy elevado de las
políticas e inversiones estatales iban dirigidas a la expansión industrial
en detrimento del desarrollo rural. Como ya hemos apuntado, el
importantísimo crecimiento de las áreas urbanas en Latinoamérica es en gran
parte consecuencia de esta predilección oficial.

En la actualidad, las materias primas siguen siendo la primera exportación
de Latinoamérica. En 1988, para el conjunto de los países de Latinoamérica y
el Caribe, las materias primas representaron el 64% de las exportaciones y
sólo el 36% las manufacturas. Los ingresos por exportación de muchos países
dependen en gran parte de una o dos materias primas (1985)(10): el petróleo
representa el 84,3% de las exportaciones de Venezuela, y el 62,8% del
Ecuador; el café representa el 66,9% para El Salvador, y el 50,2 para
Colombia; el cobre representa el 46,1% para Chile; el gas natural representa
el 59,8% para Bolivia.

Teniendo en cuenta, por una parte, la importancia de las materias primas en
el conjunto de las exportaciones de los países latinoamericanos y, por otra,
el deterioro de los términos de intercambio comercial, esto es, la
depreciación de las materias primas (que los países latinoamericanos
exportan) relativa al precio de las manufacturas (que deben importar), se
entenderá la situación de dependencia del área respecto a los países
industrializados y las catastróficas consecuencias de esta competencia
forzada entre países que exportan las mismas materias primas -competencia
que abarata aún más los precios de dichas materias- para poder costear sus
importaciones.

Si bien es indudable que el crecimiento económico que se produjo en
Latinoamérica hasta 1980, provocó un cierto efecto rebalse gracias al cual
mejoraron, entre otros, los índices educativos y sanitarios (aumento de la
esperanza de vida, disminución de la mortalidad materno-infantil, niveles de
alfabetización y escolarización, etc.) existen indicios de que en no pocas
partes del continente (y del Tercer Mundo en general), estos índices pueden
sufrir un dramático retroceso en los próximos años.

Deuda externa, programas de ajuste estructural y fuga de capitales
La recesión mundial que siguió a la subida del precio del petróleo en 1973,
más la posibilidad de pedir crédito, ya que habían abundantes "petrodólares"
en el mercado financiero procedentes de los países exportadores de petróleo
del Oriente Medio, a tipos de interés realmente bajos (a menudo inferiores a
la inflación del país acreedor), hizo que numerosos países latinoamericanos
se endeudaran considerablemente para corregir déficits en sus balanzas de
pago o financiar su expansión económica e industrial. Tras la segunda gran
subida de 1979 y una nueva recesión de la economía mundial, los tipos de
interés se hicieron variables para reflejar la inflación de los países
acreedores. Inmediatamente los países con deudas más abultadas
(principalmente Brasil y México) comenzaron a pasar serias dificultades para
hacer frente a los pagos de deuda. En 1990 la deuda externa de los países
latinoamericanos ascendía a 423 mil millones de dólares (aproximadamente el
50% del PNB de la región y 300% de las exportaciones anuales), con una deuda
per capita de más de mil dólares. Brasil, México y Argentina responden por
aproximadamente el 70% del total adeudado.

¿Cómo se utilizó la deuda contraída? Cualquier simplicación de un cariz u
otro sería falsa. Sin embargo, podemos afirmar con Luís de Sebastián que
"los préstamos no se utilizaron en financiar reformas estructurales
profundas que beneficiaran a las mayorías pobres de los países
latinoamericanos, que son las que ahora llevan el peso mayor en el pago
[...] Se beneficiaron principalmente los que siempre se han beneficiado de
la creación de la riqueza en sociedades oligárgicas, porque poseen los
instrumentos de apropiación de la riqueza que se produce en sus países".

Ante la crítica situación actual, las instituciones financieras
multilaterales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, entre otras)
han impuesto los programas de ajuste estructural a aquellos países deudores
que deseen recibir nuevos créditos. Si bien dichos programas pueden
tener -al menos a corto plazo- efectos macroeconómicos beneficiosos (mayor
control del gasto público ineficiente, control de la tasa de inflación,
etc.) la congelación de los salarios reales y los recortes en gastos
sociales públicos (educación, sanidad, subsidios a productos de primera
necesidad, etc.) que ellos suponen, están teniendo un dramático impacto en
la población de menores recursos. Estos programas no han demostrado en
ningún caso que el control del gasto público, la privatización masiva de las
empresas públicas, el incremento de las exportaciones (materias primas), el
control cambiario y demás medidas hayan hecho posible el crecimiento
económico ni, mucho menos, una más justa redistribución de la riqueza.

Desde hace nueve años Latinoamérica es un exportador neto de recursos
financieros al exterior. La transferencia neta de capitales desde
Latinoamérica a los países del Norte en 1990 fue de unos 20.000 millones de
dólares. En su mayor parte estos recursos fueron reembolsados o invertidos
legal o ilegalmente (fuga de divisas) en bancos de EE.UU., Suiza, etc. Esta
descapitalización, más la disminución de los flujos crediticios hacia los
países latinoamericanos, hacen muy difícil cualquier estrategia sostenible
de desarrollo (estrategias que en cualquier caso deberían ser diferentes a
las actuales, según se indica en diversos apartados de este documento).


LA ONU

Las Naciones Unidas constituyen un centro para dar solución a los problemas
a que se enfrenta toda la humanidad. Más de 30 organizaciones afiliadas, que
se conocen en su conjunto como el sistema de las Naciones Unidas, colaboran
en este esfuerzo. Día tras día, las Naciones Unidas y su sistema de
organizaciones trabajan con miras a promover el respeto de los derechos
humanos, proteger el medio ambiente, luchar contra las enfermedades,
fomentar el desarrollo y disminuir la pobreza. Los organismos de las
Naciones Unidas determinan las normas de seguridad y eficiencia del
transporte aéreo y marítimo, contribuyen a mejorar las telecomunicaciones y
perfeccionan la protección al consumidor, procuran garantizar el respeto a
los derechos de la propiedad intelectual y coordinan la distribución de las
frecuencias de radio. Las Naciones Unidas encabezan también las campañas
internacionales contra el tráfico de drogas y el terrorismo. En todo el
mundo, las Naciones Unidas y sus organizaciones prestan asistencia a los
refugiados y establecen programas para la remoción de minas terrestres,
contribuyen a mejorar la calidad del agua potable y a aumentar la producción
de alimentos, otorgan empréstitos a los países en desarrollo y contribuyen a
estabilizar los mercados financieros.


CÓMO FUNCIONAN LAS NACIONES UNIDAS

El 24 de octubre de 1945, 51 países resueltos a preservar la paz mediante la
cooperación internacional y la seguridad colectiva establecieron las
Naciones Unidas. Actualmente, casi todas las naciones del mundo pertenecen a
las Naciones Unidas: en total, 188 países.

Cuando los Estados pasan a ser Miembros de las Naciones Unidas, convienen en
aceptar las obligaciones de la Carta de las Naciones Unidas, que es un
tratado internacional en el que se establecen principios fundamentales en
materia de relaciones internacionales. De conformidad con la Carta, las
Naciones Unidas tienen cuatro propósitos: mantener la paz y la seguridad
internacionales, fomentar entre las naciones relaciones de amistad, realizar
la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales y
en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos, y servir de
centro que armonice los esfuerzos de las naciones.

Los Miembros de las Naciones Unidas son países soberanos. Las Naciones
Unidas no son un gobierno mundial, y no legislan. Sin embargo, la
Organización sí proporciona los medios necesarios que contribuyan a
encontrar soluciones a los conflictos internacionales y a formular políticas
sobre asuntos que afectan a todo el mundo. En las Naciones Unidas todos los
Estados Miembros, grandes y pequeños, ricos y pobres, con diferentes puntos
de vista políticos y sistemas sociales, tienen voz y voto en este proceso.

Las Naciones Unidas tienen seis órganos principales. Cinco de ellos, la
Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el
Consejo de Administración Fiduciaria y la Secretaría, se encuentran en la
Sede de Nueva York. El sexto, la Corte Internacional de Justicia, está en La
Haya (Países Bajos).

La Asamblea General

Los Estados Miembros de las Naciones Unidas están representados en la
Asamblea General, una especie de parlamento de naciones que se reúne para
examinar los problemas más apremiantes del mundo. Cada uno de los Estados
Miembros tiene un voto. Las decisiones sobre "cuestiones importantes", como
la paz y la seguridad internacionales, la admisión de nuevos miembros o el
presupuesto de las Naciones Unidas y el presupuesto para las operaciones de
mantenimiento de la paz, se adoptan por una mayoría de dos tercios. Otras
cuestiones se deciden mediante mayoría simple. En los últimos años se ha
venido realizando un esfuerzo especial dirigido a que las decisiones se
adopten por consenso en lugar de mediante votación formal.

En su período de sesiones de 1999 a 2000, la Asamblea examina 173 temas,
entre los que figuran la mundialización, el desarme nuclear, el desarrollo,
la protección del medio ambiente y la consolidación de las nuevas
democracias. La Asamblea no puede obligar a ningún Estado a que adopte
medidas, pero sus recomendaciones constituyen una indicación importante de
la opinión mundial y representan la autoridad moral de la comunidad de
naciones.

La Asamblea celebra su período ordinario de sesiones de septiembre a
diciembre. Cuando es necesario, puede reanudar su período de sesiones, o
celebrar un período extraordinario de sesiones o un período de sesiones de
emergencia sobre asuntos de especial interés. Cuando la Asamblea no está en
sesión, su labor la llevan a cabo sus seis Comisiones Principales, otros
órganos subsidiarios y la Secretaría de las Naciones Unidas.

El Consejo de Seguridad

La Carta de las Naciones Unidas asigna la responsabilidad primordial en la
tarea de mantener la paz y la seguridad internacionales al Consejo de
Seguridad, que puede reunirse en cualquier momento, de día o de noche,
siempre que la paz se vea amenazada. Con arreglo a lo dispuesto en la Carta,
todos los Estados Miembros están obligados a acatar las decisiones del
Consejo.

El Consejo está integrado por 15 miembros. Cinco de éstos son miembros
permanentes: China, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia,
Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña a Irlanda del Norte. La Asamblea
General elige a los otros 10 por períodos de dos años. En los últimos años,
los Estados Miembros han deliberado acerca de cambios en la composición del
Consejo, de manera que refleje las realidades políticas y económicas
actuales.

La adopción de una decisión del Consejo requiere nueve votos a favor. Salvo
en los casos de votaciones sobre cuestiones de procedimiento, no se puede
adoptar una decisión si uno de los miembros permanentes la veta o se
abstiene.

Cuando el Consejo examina una amenaza a la paz internacional, primeramente
explora las posibilidades de solucionar la controversia por medios
pacíficos. Puede recomendar principios para que se llegue a un acuerdo o
iniciar una labor de mediación. En los casos de beligerancia, el Consejo
procura una cesación del fuego. Puede enviar una misión de mantenimiento de
la paz para que las partes mantengan la tregua y separar a las fuerzas
beligerantes.

El Consejo puede adoptar medidas para hacer que sus decisiones se cumplan.
Puede imponer sanciones económicas u ordenar un embargo de armamentos. En
algunas ocasiones el Consejo ha autorizado a Estados Miembros a que empleen
"todos los medios necesarios", incluidas medidas militares colectivas, para
hacer que sus decisiones se cumplan.

El Consejo también recomienda a la Asamblea General su candidato para el
cargo de Secretario General y propone la admisión de nuevos miembros en las
Naciones Unidas.

El Consejo Económico y Social

Bajo la jurisdicción de la Asamblea General, el Consejo Económico y Social
coordina la labor económica y social de las Naciones Unidas y del sistema de
las Naciones Unidas. En su calidad de foro central para examinar las
cuestiones internacionales de carácter económico y social y formular
recomendaciones normativas, el Consejo Económico y Social desempeña una
función fundamental en la tarea de fomentar la cooperación internacional
para el desarrollo. El Consejo también realiza consultas con organizaciones
no gubernamentales, y de ese modo mantiene un vínculo vital entre las
Naciones Unidas y la sociedad civil.

Integran el Consejo 54 miembros, que la Asamblea General elige por períodos
de tres años. Se reúne todos los meses, y en julio celebra un período
sustantivo de sesiones durante el cual una reunión especial de Ministros
examina las cuestiones económicas y sociales más urgentes. Desde 1998 se
celebra una serie de sesiones sobre cuestiones de carácter humanitario.

Los órganos subsidiarios del Consejo sesionan periódicamente y lo mantienen
informado. Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos supervisa la
observancia de los derechos humanos en todo el mundo. Otros órganos se
concentran en cuestiones como el desarrollo social, la condición de la
mujer, la prevención del delito, las drogas y la protección del medio
ambiente. Cinco comisiones regionales promueven el desarrollo económico y
fortalecen las relaciones económicas en sus respectivas regiones.

El Consejo de Administración Fiduciaria

El Consejo de Administración Fiduciaria se estableció para brindar
supervisión internacional a 11 Territorios en fideicomiso administrados por
siete Estados Miembros y garantizar que se tomasen las medidas apropiadas
para preparar a esos Territorios para la autonomía o la independencia. Antes
de 1994 todos los Territorios en fideicomiso habían alcanzado la autonomía o
la independencia, ya sea como Estados autónomos o uniéndose a países vecinos
independientes. Ese año alcanzó la autonomía el Territorio en Fideicomiso de
las Islas del Pacifico (Palau), administrado por los Estados Unidos de
América, que ingresó a las Naciones Unidas como 185° Estado Miembro.

Tras haber completado en gran medida su labor, el Consejo de Administración
Fiduciaria, que ahora consta sólo de los cinco miembros permanentes del
Consejo de Seguridad, ha enmendado su reglamento de manera que le posibilite
reunirse según sea necesario.

La Corte Internacional de Justicia

La Corte Internacional de Justicia, también conocida como la Corte Mundial,
es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Integrada por 15
magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, la
Corte dirime controversias entre los países. La participación de los Estados
en un proceso es voluntaria, pero si un Estado acepta participar, queda
obligado a acatar la decisión de la Corte. La Corte también proporciona
opiniones consultivas a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad a
solicitud de éstos.

La Secretaría

La Secretaría lleva a cabo la labor sustantiva y administrativa de las
Naciones Unidas con arreglo a la dirección de la Asamblea General, el
Consejo de Seguridad y los demás órganos. Al frente de la Secretaría está el
Secretario General, quien brinda orientación administrativa de carácter
general.

Actualmente la Secretaría consta de siete departamentos y varias oficinas,
con una plantilla de aproximadamente 8.900 funcionarios financiada con cargo
al presupuesto ordinario, procedentes de unos 160 países. Los lugares de
destino son: la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York y las oficinas de
las Naciones Unidas en Ginebra, Viena y Nairobi.

El sistema de las Naciones Unidas

El Fondo Monetario Internacional, el grupo del Banco Mundial y otras 12
organizaciones independientes conocidas como "organismos especializados"
están vinculados a las Naciones Unidas mediante acuerdos de cooperación
(véase la lista, pág. 14). Estos organismos, entre los que figuran la
Organización Mundial de la Salud y la Organización de Aviación Civil
Internacional, son órganos autónomos creados mediante acuerdos
intergubernamentales y tienen responsabilidades de amplio alcance a nivel
internacional en las esferas económica, social, cultural, educacional, de
salud y esferas conexas. Algunos de ellos como la Organización Internacional
del Trabajo y la Unión Postal Universal, son más antiguos que las propias
Naciones Unidas.

Además, varias oficinas, programas y fondos de las Naciones Unidas, como la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), trabajan con miras a
mejorar las condiciones económicas y sociales de los pueblos de todo el
mundo. Estos órganos presentan informes a la Asamblea General o al Consejo
Económico y Social.

Todas estas organizaciones cuentan con sus propios órganos rectores,
presupuestos y secretarías. Junto con las Naciones Unidas, se conocen como
el sistema de las Naciones Unidas, y proporcionan un programa de acción cada
vez más coordinado sin dejar de ser diverso.

LO QUE LAS NACIONES UNIDAS HACEN EN FAVOR DE LA PAZ

La preservación de la paz constituye el principal propósito de las Naciones
Unidas. De conformidad con la Carta, los Estados Miembros convienen en
arreglar las controversias por medios pacíficos y en abstenerse de recurrir
a la amenaza o al uso de la fuerza contra otros Estados.

Durante años, las Naciones Unidas han desempeñado una función importante en
la tarea de aplacar las crisis internacionales y solucionar los conflictos
prolongados. La Organización ha llevado a cabo complejas operaciones de
establecimiento y de mantenimiento de la paz y de asistencia humanitaria. Ha
realizado esfuerzos dirigidos a impedir el estallido de conflictos.
Asimismo, en situaciones posteriores a los conflictos ha venido tomando cada
vez más medidas coordinadas para hacer frente a las causas fundamentales de
la guerra y sentar las bases de una paz duradera.

Las gestiones de las Naciones Unidas han producido resultados
espectaculares. Contribuyeron a desactivar la crisis de los misiles cubanos
en 1962 y la crisis del Oriente Medio en 1973. En 1988 se puso fin a la
guerra entre la República Islámica del Irán y el Iraq mediante un arreglo de
paz patrocinado por las Naciones Unidas, y el año siguiente las
negociaciones patrocinadas por las Naciones Unidas condujeron a la retirada
de las tropas soviéticas del Afganistán. En el decenio de 1990, las Naciones
Unidas contribuyeron de manera fundamental a restablecer la soberanía de
Kuwait, desempeñaron un papel importante en la terminación de las guerras
civiles de Camboya, El Salvador, Guatemala y Mozambique; restablecieron el
gobierno elegido democráticamente en Haití y solucionaron o pusieron coto a
conflictos en otros países.

Desarme

Detener la carrera de armamentos, disminuir y ulteriormente eliminar todas
las armas de destrucción en masa constituyen importantes objetivos de las
Naciones Unidas. La Organización ha sido un foro permanente para las
negociaciones sobre desarme y ha hecho recomendaciones e iniciado estudios
al respecto. Las Naciones Unidas apoyan las negociaciones multilaterales que
tienen lugar en la Conferencia de Desarme y en otros órganos
internacionales. Estas negociaciones han producido acuerdos tales como el
Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (1968), el Tratado
de prohibición completa de los ensayos nucleares (1996) y los tratados
mediante los que se establecen zonas desnuclearizadas.

En otros tratados se prohíbe el desarrollo, la producción y el
almacenamiento de armas químicas (1992) y de armas bacteriológicas (1972),
se prohíben las armas nucleares en los fondos marinos y oceánicos (1971) y
en el espacio ultraterrestre (1967), y se prohíben o restringen otros tipos
de armas. En 1997, más de 100 naciones firmaron en Ottawa la convención por
la que se prohíben las minas terrestres. Las Naciones Unidas alientan a
todas las naciones a que se adhieran a este tratado y a otros por los que se
prohíben las armas bélicas destructivas. En 2001, por decisión de la
Asamblea General, se celebrará una conferencia internacional sobre el
tráfico ilícito de armas pequeñas.

Mediante un sistema de acuerdos de salvaguardias, el Organismo Internacional
de Energía Atómica, con sede en Viena, garantiza que los materiales y el
equipo nucleares destinados a usos pacíficos no se desvíen hacia fines
militares. Asimismo, en La Haya, la Organización para la Prohibición de las
Armas Químicas recopila información sobre instalaciones químicas en todo el
mundo y lleva a cabo inspecciones periódicas a fin de garantizar que se
cumpla la Convención sobre las armas químicas.

Establecimiento de la paz

Las actividades de establecimiento de la paz de las Naciones Unidas permiten
que las partes beligerantes lleguen a un acuerdo por medios diplomáticos.
Con el fin de mantener la paz y la seguridad internacionales, el Consejo de
Seguridad puede recomendar maneras de evitar los conflictos o restablecer o
lograr la paz; por ejemplo, mediante la negociación, o recurriendo a la
Corte Internacional de Justicia.

El Secretario General desempeña un papel importante en la tarea de
establecer la paz. Puede señalar a la atención del Consejo de Seguridad
cualquier asunto que parezca amenazar la paz y la seguridad internacionales.
Puede valerse de los "buenos oficios" a fin de llevar a cabo una labor de
mediación, o ejercer "la diplomacia silenciosa" entre bastidores, ya sea
personalmente o por conducto de enviados especiales. El Secretario General
también lleva a cabo la "diplomacia preventiva" con miras a solucionar las
controversias antes de que adquieran mayor gravedad. También puede enviar
una misión de investigación de los hechos, apoyar los esfuerzos regionales
en pro del establecimiento de la paz o establecer una oficina política local
de las Naciones Unidas para fomentar la confianza entre las partes.

Consolidación de la paz

Cada vez con más frecuencia las Naciones Unidas llevan a cabo actividades
que se concentran en las causas subyacentes de la violencia. La asistencia
para el desarrollo constituye un elemento fundamental de la consolidación de
la paz. En colaboración con el sistema de las Naciones Unidas y con la
participación de países donantes, gobiernos anfitriones y organizaciones no
gubernamentales, las Naciones Unidas obran en pro de la buena gestión de los
asuntos públicos, el derecho civil y el orden, las elecciones y los derechos
humanos de los países que se esfuerzan por hacer frente a las consecuencias
de los conflictos. A la vez, la Organización contribuye a que esos países
reconstruyan los servicios administrativos, sanitarios, educacionales y
otros afectados por los conflictos.

Algunas de estas actividades, como la supervisión por las Naciones Unidas de
las elecciones realizadas en Namibia en 1989, los programas de remoción de
minas llevados a cabo en Mozambique y la capacitación de la policía civil en
Haití, tienen lugar en el marco de una operación de mantenimiento de la paz
de las Naciones Unidas y pueden continuar cuando la operación se retira.
Otras actividades se realizan a solicitud de los gobiernos, como en Liberia,
donde las Naciones Unidas han abierto una oficina de apoyo a la
consolidación de la paz; en Camboya, donde las Naciones Unidas mantienen una
oficina de derechos humanos, o en Guatemala, donde las Naciones Unidas
prestan asistencia en la aplicación de los acuerdos de paz, que afectan
prácticamente todos los aspectos de la vida nacional.

Mantenimiento de la paz

El Consejo de Seguridad establece operaciones de mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas y determina su alcance y mandato en esfuerzos dirigidos
a mantener la paz y la seguridad internacionales. En la mayoría de las
operaciones se incluyen deberes militares, como la observación de una
cesación del fuego o el establecimiento de una zona tapón, mientras los
negociadores procuran una solución de largo plazo. En otras operaciones
puede ser necesario que participe la policía civil o que se incorporen
civiles para ayudar a organizar elecciones o vigilar los derechos humanos.
Algunas operaciones, como la que se realizó en la ex República Yugoslava de
Macedonia, se han desplegado como medida preventiva para evitar el estallido
de hostilidades. También se han desplegado operaciones para supervisar los
acuerdos de paz en colaboración con las fuerzas de mantenimiento de la paz
de las organizaciones regionales.

Las operaciones de mantenimiento de la paz pueden durar varios meses o
proseguir durante muchos años. La operación de las Naciones Unidas en la
línea de cesación del fuego entre la India y el Pakistán en el estado de
Jammu y Cachemira, por ejemplo, se estableció en 1949, y los efectivos de
las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas han
permanecido en Chipre desde 1964. Por el contrario, en 1994 las Naciones
Unidas pudieron completar su misión en la Faja de Aouzou, entre la
Jamahiriya Árabe Libia y el Chad, en poco más de un mes.

Desde que en 1948 las Naciones Unidas desplegaron sus primeros contingentes
de mantenimiento de la paz, unos 118 países han proporcionado
voluntariamente más de 750.000 efectivos militares y de policía civil. Junto
con miles de civiles, esos efectivos han prestado servicio en 53 operaciones
de mantenimiento de la paz.