INTRODUCCIÓN

El acto de dar muerte, dejar morir o ayudar a morir a otra persona para su bien o interés de ella se ha denominado eutanasia. Es un acto por naturaleza piadoso, encaminado a aliviar el sufrimiento intenso de un ser humano próximo a morir o en condiciones de salud tales que afectan de modo severo e irreversible su calidad de vida.

El tema ha dado lugar a múltiples controversias: desde qué debemos entender propiamente por eutanasia, pasando por las implicaciones éticas del problema, hasta la conveniencia de su legislación. Filósofos, médicos, abogados, religiosos, psicólogos, humanistas y muchos mas han reflexionado sobre esta cuestión sin que hasta ahora se haya arribado a conclusiones contundentes. Siempre queda una duda, un mal sabor de boca que no acaba de quitarse, la inevitable sensación de impotencia que siente el hombre cuando se enfrenta a la muerte.

Parte de la complejidad del asunto es consecuencia de la multiplicidad de supuestos que se desarrollan con la eutanasia y para los que no es siempre posible hallar soluciones homogéneas. No es lo mismo el caso de un paciente terminal de cáncer, que sufre dolores insoportables y le pide al medico que acelere su muerte, que el de la victima de un accidente de transito que, en estado vegetativo, depende de aparatos para sobrevivir, y el medico o los parientes deciden desconectarlo. El consentimiento de la victima es, en los casos señalados, el factor que marca una diferencia insoslayable.

Precisamente para intentar llegar a unas pocas conclusiones con aspiraciones de certeza, es preciso deslindar con claridad los supuestos que serán abordados en este trabajo y la perspectiva que guiará el análisis.

Una primera clasificación distingue entre eutanasia activa y pasiva; la primera es aquella en que una persona, en general, pero no necesariamente un médico, administra a otra persona, a sabiendas de que con ello la matara, una droga que no produce mayor dolor. A su vez, la eutanasia pasiva es aquella en la que alguien decide retirarle a otra persona, con el fin de acelerar su muerte, los aparatos o medicamentos que la mantuvieron con vida, o bien negarle el acceso al tratamiento que podría prolongar su vida. Como puede apreciarse, los conceptos de eutanasia activa y pasiva no se corresponden en todos los casos con los de acción y omisión.

La eutanasia puede ser, además, voluntaria, cuando se realiza a petición del paciente o con su consentimiento informado, expreso y conciente; no voluntaria, que es la que se practica sobre un paciente incompetente sin tomar en cuenta sus deseos ni su percepción de lo que constituye su propio bien. Por paciente incompetente se entiende aquél que no satisface los requisitos mínimos que permiten juzgarlo como competente para la toma de decisiones relacionadas con su salud. Por ultimo la eutanasia involuntaria es la que se impone a un paciente en contra de su voluntad, contraviniendo sus propios deseos, pero nunca actuando en contra de sus intereses.

Las diversas clases de eutanasia han dado lugar a diferentes valoraciones éticas que no cabe analizar aquí. Estas reflexiones se enmarcan en el ámbito de lo jurídico, en particular del derecho penal.

La eutanasia involuntaria, aun cuando se aplique a personas incompetentes, no tiene ninguna justificación valida en el marco de nuestra legislación. Respecto de la eutanasia no voluntaria pueden distinguirse dos supuestos: que la persona haya sido declarada incompetente para tomar decisiones relativas a su salud, ya sea porque está en permanente estado de inconciencia -coma permanente e irreversible-, o porque padece trastornos mentales o su desarrollo mental es insuficiente -enfermos mentales o un bebé-. El sujeto que no muestra actividad cerebral alguna debe ser declarado muerto conforme a lo establecido en el artículo 343 Ley General de Salud, la que asimismo autoriza a que con el consentimiento del cónyuge, concubinario o concubina, descendientes, ascendientes, hermanos, adoptante o adoptado se prescinda de los medios artificiales que prolongan la vida de quien presenta muerte cerebral comprobada. Y si se trata de un débil mental o un bebé, la eutanasia no voluntaria es sumamente cuestionada en el plano ético, de modo que para llegar a una solución jurídica satisfactoria se requeriría un análisis que rebasa los limites de esas reflexiones.

En conclusión, en el marco de este trabajo el tema central será la participación delictiva en la eutanasia, por lo que el análisis se centrara solo en ese aspecto de esta difícil problemática.

INTERVENCIÓN EN LA EUTANASIA: ¿PARTICIPACIÓN CRIMINAL O COLABORACIÓN HUMANITARIA?

La eutanasia no tiene una regulación específica en nuestro sistema penal. Pero los supuestos de eutanasia activa o pasiva voluntaria son abarcados, en principio, por el articulo 312 del Código Penal Federal y el respectivo del distrito Federal.

El articulo 312 puede dividirse en dos partes. La primera contiene, a su vez, dos hipótesis: a) prestar auxilio a otro “para que se suicide”, y b) inducir a otro “para que se suicide”. Esta ultima se refiere al que presta auxilio al suicida al punto de ejecutar el mismo la muerte, es la figura del homicidio consentido o, como prefieren llamarlo algunos autores, del homicidio suicidio.

La eutanasia puede tener cabida en cualquiera de los supuestos mencionados. Dentro del conjunto de quienes prestan a otro auxilio para que se suicide, o de los que prestan auxilio al suicida al punto de causarles ellos mismos la muerte, podemos identificar, en cada caso, el subconjunto que resulta de la intersección con el conjunto de los que actúan con móviles piadosos, en beneficio de la victima y con su consentimiento.

Los supuestos de quien auxilia o induce a otro al suicidio mencionan figuras clásicas de la participación, contempladas en las fracciones VI y V, respectivamente, del articulo 13. Pero, con independencia de la postura que se adopte respecto del tema de autoría y participación, en este caso particular no hay duda de que no se trata de participes en el ilícito ajeno, sino de conductas propiamente de autoría. En efecto, quien auxilia o induce a otro a suicidarse es autor material de dichas conductas y no un participe en un hecho de otro, ya que el suicidio es un acto permitido en nuestra legislación. En un estado de derecho, ha señalado acertadamente Díaz Aranda, el derecho a la vida debe interpretarse como un derecho de máxima libertad, cuyo ejercicio por su titular debe estar garantizado dentro de un ámbito de autonomía individual que no puede ser perturbado por el Estado ni por terceros. Pero el ejercicio de este derecho no puede afectar a otras personas; el derecho que una persona tiene a quitarse la vida no se traduce en un derecho a morir exigible erga omnes. Así como el sistema jurídico permite disponer de la propia vida, obliga a respetar a los demás, por lo que prohíbe realizar actos que lesionen o favorezcan la lesión de la vida ajena. Auxiliar o inducir a otro para que se prive de la vida es una conducta prohibida, por que la vida ajena esta protegida por el sistema penal como un bien muy valioso. El instigador está comprimiendo el ámbito de libre autodeterminación de la vida del pasivo y el auxiliador está interfiriendo en ese ámbito que el legislador reconoce solo al titular de la vida.

En virtud de que en estos supuestos inducir o auxiliar constituyen conductas típicas de autoría, se prevé la misma punibilidad para ambas, cosa que no sucede cuando nos enfrentamos a situaciones tradicionales de participación, en las que el cómplice e instigador tienen sanciones diferentes.

No hay ningún obstáculo que impida imaginar conductas de participación con quien auxilia o instiga al suicidio. Alguien puede sugerirle a un amigo que ayude a morir a otra persona o que la convenza para que se suicide. Asimismo, un individuo puede colaborar con el auxiliador. Cabe la posibilidad, en principio, de que alguien sea autor mediato, al menos del auxilio al suicidio. Así, por ejemplo, el medico que se ha puesto de acuerdo con el paciente terminal para ayudarlo a morir, ordena a la enfermera preparar una medicina que seguramente le ocasionara la muerte. La enfermera, ignorante de los alcances de su conducta, le entrega la medicina al paciente, quien conocedor de las consecuencias la toma y muere instantáneamente. En este caso, como en la mayoría de los de autoría mediata, se estarían afectando, además, los derechos de la enfermera, quien, sin saberlo, se vio involucrada en el suicidio de otra persona. Resulta mas difícil imaginar un ejemplo de quien presta ayuda posterior en cumplimiento de una promesa anterior, pero a pesar de esta dificultad no se puede descartar la posibilidad de que en el caso concreto se presente este tipo de colaboración.

Aunque en un primer momento pareciera que el evento central es el suicidio, desde la perspectiva del derecho penal la conducta principal, prohibida por la norma, es la de auxiliar o inducir a otro a suicidarse; los tipos de participación estarán relacionados con esa actuación del autor material.

Es distinto el caso del homicidio consentido, donde el autor priva de la vida a otro que así se lo solicito o, al menos, lo consintió. Aquí es mas fácil identificar la conducta principal, la de privar de la vida, alrededor de la cual giraran las conductas de los participes. Algunos autores extranjeros, que consideran al suicidio como el hecho principal, quieren ver también este supuesto como de participación en el suicidio de otro. Esta postura es a todas luces equivocada, estamos frente a un tipo de homicidio en el que el sujeto activo priva de la vida al pasivo que lo consintió. Aquí la punibilidad es mas alta que la del auxiliador o el instigador del suicida, ya que mientras estos lesionan el ámbito de la libertad de autodeterminación de la propia vida, quien comete un homicidio consentido lesiona el bien jurídico vida -ajena-. La conducta del autor material del homicidio consentido podrá estar acompañada de las conductas propias de los participes. Es posible imaginar que el autor del homicidio cuente con un cómplice que lo auxilie, o bien que sea convencido por un tercero de aceptar la solicitud del pasivo para que lo prive de la vida, o que el pasivo le solicite a su pariente que lo mate y el pariente le dice al medico que lo haga, estando el pasivo de acuerdo. Tampoco hay inconveniente en suponer que el activo esté acompañado por un coautor que realice conjuntamente la conducta de privar de la vida a quien consintió que ambos lo hicieran. Asimismo, cabe la posibilidad de que alguien prometa con anterioridad a la realización del hecho típico brindar una ayuda posterior (un medico que promete al pariente que va a suministrar una sustancia letal al moribundo que lo solicito y elaborar un acta de defunción donde no se mencionen las circunstancias reales de la muerte). El problema se presenta respecto del tipo de autoría mediata, que se refiere a quien lleve a cabo el delito -el homicidio- sirviéndose de otro (articulo 13, fracción IV del Código Penal Federal y del Distrito Federal). Esta figura se caracteriza como dominio de voluntad, en la que alguien realiza un tipo penal pero no de propia mano, sino mediante otra persona que le sirve a sus fines. Jakobs señala que la responsabilidad del autor mediato es predominante en virtud de su superior dominio de decisión, pero también el instrumento es autor, por lo general mediante el dominio de acción. Precisamente el tipo de homicidio consentido dice: si se lo prestare -el auxilio al suicida- hasta el punto de causarle él mismo la muerte. La referencia a él mismo parece descartar la posibilidad de que pueda servirse de otro para cometerlo. Díaz Aranda sostiene que en este caso no puede darse la autoría mediata por que se violaría el principio de legalidad. La observación es acertada, ya que habría que realizar una interpretación muy forzada, que no se corresponde con la realidad fáctica, para sostener que el autor mediato, al usar a otro como simple instrumento, está causando él mismo la muerte. Además, es valido en este caso la observación formulada respecto del auxilio o instigación al suicidio. No es legitimo que una persona use a un tercero para privarle de la vida a un ser humano sin que ese tercero este enterado de los alcances de su acto. En este caso se lesionaría, además, la esfera de libertad del tercero, que puede o no estar de acuerdo con matar al que lo solicita.

En todos los supuestos anteriores del articulo 312 pueden darse casos de eutanasia. Tradicionalmente el tema se asocia únicamente con el homicidio consentido, pero hay un inconveniente en pensar que alguien pueda auxiliar o inducir a otro al suicidio con móviles piadosos. El caso de Ingrid Frank, una joven alemana que en 1987 se suicido ante una cámara de video, con la ayuda de una mujer de 78 años que le proporciono píldoras de una sustancia letal, es un ejemplo de ello.

Pero en todo caso cabe preguntarse si los supuestos del articulo 312, que a su vez constituyen casos de eutanasia, merecen un trato distinto, mas benévolo, que los que no lo son. El Articulo prevé una pena de uno a cinco años de prisión para el que auxilie o induzca a otro al suicidio y de cuatro a doce años para el que preste un auxilio tal al punto de ejecutar el mismo la muerte. ¿Debe aplicarse la misma sanción a quien actúa con móviles piadoso para favorecer una buena muerte en el pasivo? ¿Quedan incluidas en los tipos del articulo 312 las conductas de quienes actúan por piedad? ¿Comete un injusto penal quien obra en tales circunstancias?

Hay quienes, como Olga Islas, piensan que la punibilidad atenuada de un homicidio consentido está dada presumiblemente por que la solicitud del pasivo obedece al padecimiento de sufrimientos intolerables. De esta manera equipara, prácticamente, este tipo de homicidio con la eutanasia No parece una presunción adecuada, ya que el legislador no hace alusión alguna a los motivos del consentimiento pasivo.

Según Jiménez Huerta el solo consentimiento es suficiente para graduar el matiz antijurídico, para disminuir la intensidad antijurídica de la conducta. Esta postura parece mas adecuada y es mas congruente con lo sostenido por la misma Olga Islas respecto del duelo y de la riña, donde reconoce que la aceptación del pasivo resta valor al bien jurídico protegido.

En efecto, el legislador prevé de cuatro a doce años de prisión para el homicidio en riña y de dos a ocho para el homicidio en duelo, sin exigir mas que el consentimiento de participar en estos eventos. Es congruente pensar que en el homicidio consentido donde la punibilidad es igual o mayor -de cuatro a doce años- no están contemplados los sufrimientos del pasivo o los móviles piadosos. Aunque en la riña también el activo arriesgo su vida, eso no es suficiente para que tenga punibilidad igual a la eutanasia. De lo contrario no habría proporcionalidad alguna entre las punibilidades previstas, ya que es indiscutible que un homicida piadoso merece una sanción menor, si es que merece alguna, que el rijoso o el duelista. Por eso Jiménez Huerta propuso, en su momento, que se incluyera una atenuante en la parte general que se refería a quien actuara por sentimientos de piedad o, de no ser así, que se incluyera un capitulo de homicidio un precepto especial para los casos de homicidio piadoso.

CONCLUSIONES

Pero gran parte de la doctrina, así como filósofos y médicos han procurado propuestas más radicales que no solo atenúen sino que dejen impunes las conductas de los que auxilian o maten por móviles piadosos con el consentimiento de la victima.

El tema se ha tratado de solucionar sin modificar el texto de los códigos penales desde distintas perspectivas: causa de justificación, de exculpación o de atipicidad.

Entre quienes sostienen que quien mata por piedad lo hace en estado de necesidad encontramos a Enrique Gimbernat, que hace prevalecer el derecho a una muerte digna emanado de la dignidad de la persona humana. Bustos Ramírez alude al estado de necesidad exculpante -para sortear mas fácilmente la problemática de valoración de los bienes- y Jescheck a la ausencia de culpabilidad por inexigencia de otra conducta.

Díaz Aranda, por su parte, se pronuncia por la atipicidad de quien causa directamente la muerte del enfermo terminal o con graves minusvalías. Según este autor el tipo que condena el homicidio consentido tiene la finalidad de evitar que otro la ejecute la muerte del que puede ejercer por si mismo el derecho a la disponibilidad de su vida. No quedaría comprendido por el tipo el caso de quien mata al que no puede por su capacidad física ejercer ese derecho.

De las posturas anteriores, la que intenta resolver el problema desde la perspectiva de las justificantes, en especial del estado de necesidad, parece la mas adecuada. No hay en principio inconveniente en reconocer en el sistema jurídico mexicano el derecho a una vida digna y, por ende, a morir con dignidad. En efecto, los principios que se derivan de la Constitución Política Mexicana, de los tratados internacionales signados por México y de la recientes reformas a la Ley General de salud permiten afirmar que habría una colisión de bienes jurídicos entre el derecho a morir dignamente y la vida desvalorada por el consentimiento del pasivo. Esta solución permite abarcar mayor numero de casos de eutanasia -un medico podría proporcionar una droga mortal a un paciente que se lo pidiera y que, en sentido estricto, tuviera la fortaleza física para poder autolesionarse- y supera de mejor manera los escollos derivados del principio de legalidad que nos impide distinguir donde la ley no lo hace.

Si esto es así, en los casos de conjunción entre el auxilio, la instigación al suicidio, y el homicidio consentido y la eutanasia que reunirá las características de un estado de necesidad justificante, no habría injusto que perseguir. No cabria entonces la participación criminal -ni aunque se adopte la postura del Código de Tabasco que los considera como tipos autónomos-, ya que no se estaría participando en ningún delito. Solo podríamos hablar de colaboración humanitaria.

BIBLIOGRAFÍA

• Lecuona Laura “Eutanasia: algunas distinciones” Fondo de Cultura Económica UNAM, 1997.

• Islas de González Mariscal, Olga, Análisis lógico de los delitos contra la vida, México, Trillas, 1998.

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• Herrera Ibáñez, Alejandro, “El medico ante la solicitud de eutanasia”, México, Editores Torres Asociados, 1997.

• Jiménez Huerta, Mariano, Derecho Penal Mexicano, México, Porrua, 1996, t. II.

• Jescheck, H. H., Tratado de Derecho Penal.

Del griego eu y thánatos, muerte buena o muerte blanda. Lecuona Laura “Eutanasia: algunas distinciones” Fondo de Cultura Economica - UNAM, 1997.

Cfr. Ibidem pag. 24

Ibidem pag. 27

Laura Lecuona considera que, desde la perspectiva ética, la eutanasia involuntaria aplicada a personas incompetentes puede llegar a justificarse en casos muy específicos. Ibidem pag. 34.

Islas de González Mariscal, Olga, Análisis lógico de los delitos contra la vida, México, Trillas, 1998, pp.258 y ss.

Existen autores que no comparten esta posición, al respecto véase Díaz Aranda, Enrique, Del suicidio a la eutanasia, México, Cárdenas Editor, 1997.

Ibidem, p.139.

De acuerdo con la regulación de los artículos 13 y 64 bis al instigador le corresponde la punibilidad del autor, mientras que al cómplice o al auxiliador las tres cuartas partes de aquella.

Sobre el tema, véase Islas de González Mariscal, Olga, op. Cit., nota 6, p.258

cfr. Roxin, Claus, “Sobre la autoría y la participación en derecho penal”, Problemas actuales de las ciencias penales y de la filosofía del derecho, Buenos Aires, Ediciones Pannedille, 1970, p.62.

Jakobs, G., Derecho Penal. Parte General, Madrid, Marcial Ponds, 1997, pp. 763 y 764.

Díaz Aranda, Enrique, op. Cit., nota 7, p.252.

Citado por Herrera Ibáñez, Alejandro, “El medico ante la solicitud de eutanasia”, México, Editores Torres Asociados, 1997.

Islas de González Mariscal, Olga, op. Cit., nota 6, pp. 260 y ss.

Jiménez Huerta, Mariano, Derecho Penal Mexicano, México, Porrua, 1996, t. II, p.59.

Ibidem, p.64.

Gimbernat Ordeig, Enrique, “Eutanasia y derecho Penal”, Madrid, Tecnos, 1990.

Citado por Díaz Aranda, Enrique, op.cit, nota 7, p.47.

Jescheck, H. H., Tratado de Derecho Penal, p. 281: Citado por Díaz Aranda, Enrique, op.cit, nota 7, p.282.

Díaz Aranda, Enrique, op.cit, nota 7, p.290.

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