El concepto de causa se utiliza también en el negocio jurídico, en las atribuciones patrimoniales. Por ello todo desplazamiento patrimonial, todo enriquecimiento y en general toda atribución, para ser lícita debe fundarse en una causa o en una razón de ser que el ordenamiento jurídico considera justa. Cuando una atribución no está fundada es una causa justa, el que ha recibido debe restituir, correlativamente el que se ha empobrecido tiene acción para reclamar lo pagado.
El enriquecimiento sin causa en la Jurisprudencia.La pretensión de enriquecimiento:
La doctrina del enriquecimiento sin causa es en el derecho español una construcción Jurisprudencial y doctrinal que considera que es un principio general del derecho el de que nadie pueda enriquecerse con daño o detrimento de otro y que si ello ocurre, el enriquecido debe restituir. Esta es una Jurisprudencia que tiene su base en una Jurisprudencia del s. XIX que posteriormente otra de 1945 ha tratado de perfilar. La doctrina Jurisprudencial ha declarado reiteradamente que toda pretensión de enriquecimiento exige como requisitos esenciales:
La adquisición de una ventaja patrimonial con ventaja para el demandado y correlativo empobrecimiento del actor.
Conexión entre enriquecimiento y empobrecimiento.
Falta de causa que justifique el enriquecimiento.
Presupuestos: Son cinco:
Enriquecimiento: se puede producir por un aumento del activo o por una disminución del pasivo. El enriquecimiento negativo se da cuando es evitada una disminución del patrimonio. También son fuente de ingreso los servicios prestados por terceros, hay dos ejemplos de la Jurisprudencia francesa:
Empleada trabaja en casa por promesa de matrimonio del dueño.
Genealogista descubre un descendiente fallecido y se da cuenta que tiene derecho a herencia después de haber sido repartidos los bienes.
Empobrecimiento del actor: es necesario que el enriquecimiento antes mencionado se de a costa de otro. El empobrecimiento es una pérdida pecuniariamente apreciable, y puede ser valor salido del patrimonio, una prestación de servicios, la pérdida de un lucro cierto y positivo… Si ese empobrecimiento es imputable al demandante o proviene de acto ilícito excluye la posibilidad de acción.
Relación entre enriquecimiento y empobrecimiento: debe existir un lazo causal entre el enriquecimiento del demandado y el empobrecimiento del actor. A veces puede darse de manera directa el desplazamiento de valores del patrimonio del actor, o de forma indirecta con otro patrimonio de por medio. Una generalización total de esta legitimación para entablar acción tiene peligro de ignorar regla de relatividad de los contratos, por lo que habrá de modularla.
La falta de causa de desplazamiento patrimonial: es necesario para entablar acción que falte la causa de la atribución, hay que comprobar en cada caso si queremos considerarlo injusto o sin causa, ya que si no hay abuso, hay justa causa o se apoya en preceptos legales no procede acción. Por ello la Jurisprudencia restringe la posibilidad de entablar acción con este requisito. La existencia de un contrato válido elimina la posibilidad de acción.
No es necesario mala fe del enriquecido: antes la Jurisprudencia exigía mala fe, hoy en día puede ignorarlo o incluso ser de buena fe.
Contenido: La sentencia de 5 de octubre de 1985 dice que aún cuando el demandado se haya enriquecido sin causa no podrá reclamar sino hasta el límite de su propio enriquecimiento. Lo que hay que determinar es la medida de ese enriquecimiento, saber si se incluye o no el lucro cesante. La respuesta es la mala o buena fe, el enriquecido de mala fe responde de frutos, intereses, daños y perjuicios…
Naturaleza y prescripción: Cuestión de la subsidiariedad: la acción de enriquecimiento es personal, y pretende la reintegración de lo salido. Su plazo de prescripción es de 15 años.
La doctrina y Jurisprudencia francesa se inclinan por la subsidiariedad de esta acción, de modo que si el empobrecido puede accionar una acción nacida de contrato, cuasi contrato, responsabilidad civil o ley, debe accionar aquella. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo es fluctuante. Si bien cabe anotar una afirmación de la tesis de no subsidiariedad en sentencias recientes.
La subsidiariedad es una limitación para evitar convertir la acción de enriquecimiento en un barreno dentro del sistema codificado. Si el legitimado pudiese acudir a ella libremente ¿de qué servirían las normas reguladoras de restituciones patrimoniales? Por eso se considera que quien ha tenido esas acciones y ha dejado prescribir o caducar no podrá acudir a esta, en aras a la seguridad. No obstante hay una excepción cuando concurran sobre un mismo supuesto normas reguladoras de responsabilidad civil y enriquecimiento podrá acudir a la que estime más adecuada.