Tribunal constitucional

Derecho Constitucional español. Interpretación de la Constitución española de 1978. Atribución. Composición. Control de leyes. Recurso de amparo

  • Enviado por: Jorge Valls
  • Idioma: castellano
  • País: España España
  • 5 páginas

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TEMA 38: Concepto, organización y atribuciones básicas.

I.- Concepto:

El titulo IX de nuestra Constitución lleva por título del Tribunal Constitucional y comprende los artículos 169 a 175. Éste último artículo establece que una Ley Orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros , el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.

Tal ley es la de 3 de octubre de 1979 y se conoce con el nombre de Ley Orgánica del TC. El TC es el órgano supremo que interpreta el texto de la Constitución independientemente de los demás órganos constitucionales sometidos a aquella y a su propia ley orgánica.

Dos notas, pues, podemos decir que caracterizan al TC:

- que corresponde al TC la última interpretación de los preceptos constitucionales, señalando la extensión y límites de los valores superiores como la Libertad, Igualdad, Justicia y Pluralismo Político.

Así, a través de la última y decisiva interpretación de los preceptos constitucionales deviene el TC en garantía máxima de la Constitución Española.

- que el TC es un órgano independiente, este requisito de independencia es un requisito SINE QUAM NON ( necesario, de obligado cumplimiento) para cumplir su misión.

El TC como órgano constitucional que es, debe tomar decisiones siempre con criterios jurídicos, nunca con criterios políticos, evitando de esta forma que se produzca una politización de la justicia.

II.- ESTRUCTURA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El TC va a estar compuesto por 12 miembros nombrados por el rey, cuatro a propuesta del Congreso, cuatro a propuesta del Senado, dos a propuesta del gobierno y 2 a propuesta del CGPJ.

Podrán ser magistrados del TC, los jueces y magistrados, los profesores de universidad, los funcionarios públicos y los abogados todos ellos juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio.

Serán designados por un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres años. Se instituye así una razonable estabilidad asegurando su independencia a la vez que se dispone una progresiva renovación del Tribunal.

Por último, el presidente del Tribunal será nombrado de entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo tribunal en pleno y por un periodo de tres años.

III.- Atribuciones: (3 grupos)

1º) Designados dentro del art.. 161 de la CE que establece que el TC, tiene jurisdicción en todo el territorio Español y es competente para conocer:

- del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con rango de ley.

- del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades fundamentales.

- de los conflictos de competencias entre el estado y las comunidades autónomas o entre estas entre sí.

- de las demás materias que le atribuyan la CE o las leyes orgánicas.

2º) El Gobierno podrá impugnar ante el TC las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las CCAA.

3º) Aparecen en el art.. 163, y hacen referencia a la llamada cuestión de constitucionalidad.

Dicho artículo determina que cuando un órgano judicial considere en algún proceso que una norma con rango de ley y aplicable al caso de cuya validez dependa la sentencia, puede ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el TC.TEMA 39: LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES

* Recurso de inconstitucionalidad de las leyes o Recurso directo:

- objeto

- legitimación

- plazo

=> 1º) Objeto de recurso de inconstitucionalidad:

El art.. 161 de nuestra Constitución Española señala como objeto del recurso de inconstitucionalidad las leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley y las disposiciones adoptadas por los órganos de la comunidad autónoma, por su parte la LOTC establece que serán susceptibles de recurso de inconstitucionalidad: (6)

- 1º) Los estatutos de autonomía y las demás leyes orgánicas

- 2º) Las demás leyes, disposiciones normativas y actos jurídicos del Estado con fuerza de ley.

- 3º) Los tratados internacionales

- 4º) Los reglamentos de las cámaras y reglamentos generales.

- 5º) Las leyes, actos y disposiciones normativas con fuerza de ley de las CCAA.

- 6º) Los reglamentos de las asambleas legislativas de las CCAA

=> 2º) Legitimación:

Estarán legitimados para la interpretación de dicho recurso el presidente del gobierno, el defensor del pueblo, cincuenta diputados , cincuenta senadores y los órganos de las CCAA.

La legitimación pues, queda limitada constitucionalmente a los órganos señalados, no admitiendo por tanto la acción popular directa en la impugnación de las leyes.

=> 3º) Plazo:

El recurso de inconstitucionalidad se formulará dentro del plazo de 3 meses a partir de la publicación de la ley, disposición o acto con fuerza de ley impugnado.** La Cuestión de inconstitucionalidad:

- concepto

- requisitos

CONCEPTO: Esta segunda posibilidad aparece recogida por la LOTC con el nombre de “ Cuestión de inconstitucionalidad”, promovida por jueces o tribunales.

MECÁNICA: Cuando un juez o tribunal de oficio a instancia de parte considera que una norma con rango de ley aplicable y de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución plantará el problema ante el Tribunal Constitucional.

Dos son pues los presupuestos para plantear dicha cuestión:

1º) Que exista un proceso abierto ante cualquier juez o tribunal

2º) Que la decisión de ese proceso halla de hacerse en base a una ley cuya compatibilidad con la Constitución sea dudosa, a juicio del órgano que ha de dictar el fallo.

Dicha duda le podrá haber surgido al TC de forma espontánea (actuará de oficio) o bien le habrá sido suscitada por alguna de las partes (a instancia de parte)

Requisitos: Para que pueda plantearse dicha cuestión serán necesarias dos cosas:

1º) que se trate propiamente de una cuestión de inconstitucionalidad, es decir, es necesario que una de las leyes utilizadas pueda incurrir en disconformidad con las normas constitucionales.

2º) Conexión con la pretensión objeto del proceso, es decir que no vasta con que una norma con rango de ley pueda ser contraria a la CE, es necesario además que tal norma sea aplicable al caso y que de su validez dependa el fallo.TEMA 40: EL RECURSO DE AMPARO

- Concepto

- Modalidades

- Legitimación

- Plazo

* Concepto del recurso de amparo:

El recurso de amparo es un proceso constitucional atribuido a la competencia del TC y encaminado a la protección o amparo de todos los ciudadanos en las libertades y derechos reconocidos en los arts. 14 a 30 de la Constitución, contra violaciones del estado, las CCAA y demás entes públicos, así como por sus funcionarios y agentes.

** Modalidades:

- Las violaciones de los derechos y libertades fundamentales pueden proceder de los 3 clásicos poderes del estado ( legislativo, ejecutivo y judicial)

1º) Lo que hace referencia a los actos de órganos legislativos para darse este recurso será necesario que emanen de órganos propiamente legislativos tanto del estado como de las CCAA que sean actos sin valor de ley y que sean actos firmes.

2º) Cuando se recurren actos de órganos políticos y administrativos se admite el amparo constitucional frente a las disposiciones y actos jurídicos del gobierno de sus autoridades y funcionarios. El único requisito a que se supedita el recurso es que se haya agotado la vía judicial.

3º) Es cuando se trata de actos de organizaciones jurisdiccionales.

En este caso se requiere que se hayan agotado todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial y además que se haya invocado formalmente en el proceso del Derecho constitucional vulnerado.

*** Legitimación:

Están legitimadas para la interposición de este recurso todas las personas naturales o jurídicas que invoquen un interés legítimo, así como el defensor del pueblo y el Mº Fiscal.

**** Plazo: (2)

El plazo será el de los 20 días siguientes a la notificación recibida en el previo proceso judicial.

No obstante se prevé también el plazo de 3 meses cuando se formalice contra los actos emanados de los órganos legislativos del estado o de las comunidades autónomas.

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