Manifiesto de los persas

Antiguo Régimen. Fernando VII. Clasificación. Análisis del documento

  • Enviado por: Kurnicova
  • Idioma: castellano
  • País: España España
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El manifiesto de los persas.

Clasificación.

Este texto que vamos a comentar es histórico circunstancial ya que su contenido se deriva directamente de los hechos con los que se relacionan. Por su temática es un texto jurídico pues en el texto se están exigiendo unos derechos. Este texto es un manifiesto que algunos diputados a las cortes ordinarias (los persas) firmaron en los mayores apuros de su opresión en Madrid el 12 de abril de 1814. Por tanto su autor no es individual, sino colectivo. Es un texto público y dirigido a el Rey Fernando VII (1814-1833). Todo ello enmarcado dentro de un ámbito nacional pues la situación se producía en España.

Análisis del documento.

En este texto se nos está hablando del deseo de la nobleza y el clero absolutistas de que vuelva el Antiguo Régimen, ya que la constitución no les favorecía en nada. Además una idea secundaria que se extrae de este texto es el apoyo incondicional que recibe el rey por todo un pueblo que lo ven como a un salvador.

Comentario del documento.

Como ya se ha comentado antes, este texto es un documento perteneciente a la época del reinado de Fernando VII a su vuelta a España en 1814.

Recibido con entusiasmo, el Rey pronto manifestó cuáles eran sus intenciones respecto a los cambios acaecidos en el país en su ausencia. El 4 de mayo, tras ser recibido por el general Elío en Valencia, dictó un Real Decreto por el que suprimía las Cortes, declaraba nula toda su actuación y, por consiguiente, abolía la Constitución y toda la legislación realizada por la Cámara.

El 10 de mayo entraba el Rey en Madrid, aclamado por una población que seguía viendo en él a un auténtico salvador.

El apoyo de la nobleza y el clero absolutistas se expresó en el documento que en Valencia habían entregado al Rey un centenar de diputados reaccionarios, conocido como el Manifiesto de los Persas. Se reclamaba la vuelta al sistema del Antiguo Régimen y a la situación de partida de 1808. Se reivindicaba el carácter ilimitado del poder del Rey, se defendía la Alianza del altar y del trono, divisa que pasó a significar la unidad entre los estamentos privilegiados y la Corona para detener cualquier cambio en el sistema social y político. Y se aseguraba la existencia de una supuesta conspiración de liberales, masones y afrancesados para acabar con la Monarquía. A la que había que combatir con todas las armas posibles.

Las primeras medidas del Rey se encaminaron a satisfacer las reclamaciones de quienes apoyaron el golpe. El decreto del 4 de mayo eliminó la soberanía nacional y la institución que la representaba, las Cortes constitucionales. También quedaron derogadas la Constitución de Cádiz y la legislación ordinaria. Así, se anularon las medidas desamortizadoras, los inicios de reforma fiscal o la libertad de imprenta. Se restituyeron los privilegios de la nobleza y de la Iglesia.

Se restablecieron el Tribunal de la Inquisición y la Mesta, y se permitió incluso el retorno de la Compañía de Jesús.

Los imperios vencedores de Napoleón impusieron el restablecimiento en Francia de la monarquía borbónica con Luis XVIII y firmaron, tras el Congreso de Viena, la Santa Alianza que se concretó en la llamada Cuádruple Alianza, esta última de la mano de Metternich. Los representantes de Austria, Prusia, Rusia e Inglaterra se reunieron para estudiar la situación europea y poner coto a posibles rupturas del equilibrio europeo fijado en Viena. Desde 1818 se admitió en el grupo a Francia.

Consecuencia inmediata del golpe de Estado fue la represión. Se procedió a la detención y juicio tanto de los afrancesados como de los liberales, acusados respectivamente de traición y de conspiración contra el Rey.

En realidad, el trato recibido por los afrancesados fue diferente en función de su implicación en el gobierno de José I. Quienes justificaron su apoyo a los franceses por la imposibilidad de victoria o con argumentos providencialistas, y enviaron solicitudes de perdón al Rey (Llorente, Reinoso o el obispo Félix Amat) no fueron atendidos. Mucho menos los políticos y militares que, de forma expresa y pública, habían aceptado el gobierno josefino y se implicaron en él (Azanza, Cabarrús y Urquijo). Tampoco los absolutistas intransigentes y los liberales recibieron mejor trato pues el fracaso de estos lo pagaron con el destierro y la confiscación de sus bienes. Diferente trato recibieron los funcionarios que habían jurado fidelidad al nuevo Rey para mantener sus empleos: la mayoría de ellos fueron excluidos de las medidas represivas de Fernando VII.

Fernando VII gobernó mediante sucesivos ministros, en permanente inestabilidad política ante la falta de coherencia en la línea a seguir y la incapacidad de los consejeros del Rey para gobernar un país que, ya no podía ser gobernado como antes. El auténtico gobierno en la sombra lo constituía la camarilla.

El resultado fueron seis años caóticos, en los que los problemas se fueron agravando hasta provocar el triunfo del golpe militar de 1820.

Una serie de graves problemas acabó por dar al traste con el régimen absolutista. En primer lugar, en toda Europa se produjo una caída de los precios gracias a una racha de buenas cosechas. Tal situación incidió sobre un país arruinado tras 5 años de guerra e incapaz de reconstruirse, con un mercado nacional que seguía siendo inexistente, y un comercio colapsado por el hundimiento de la producción industrial y la pérdida del mercado colonial. Esta situación coincidió con una serie de factores que agravaron la situación en el campo: la restitución de sus bienes a la nobleza y a la Iglesia; la vuelta de la Mesta; y el restablecimiento de los derechos jurisdiccionales. Todo ello hizo subir la tensión en las zonas agrarias, hasta desencadenar sucesivos movimientos de protesta.

El descontento no se limitó al campo. Se extendió entre los grupos sociales urbanos, a causa de la represión política, del hundimiento económico, de la pérdida del comercio colonial y del paro subsiguiente, que afectaba a los sectores burgueses y al naciente proletariado.

Una institución especialmente sensible fue el ejército. Ante la imposibilidad de recompensar a los militares tras el esfuerzo de guerra. La negativa a integrar a los jefes guerrilleros en el ejército, el retraso en el pago de soldadas, las míseras condiciones de vida en los cuarteles, y, sobre todo, el envío de tropas a América para intentar sofocar la rebelión independentista multiplicaron el malestar.

Pero el principal problema del gobierno fernandino era la quiebra financiera del Estado, ya que entraban al país unos ingresos de 650 millones de reales anuales frente a la deuda que ascendía a 12.000 millones. Los expertos eran conscientes de que la causa del problema estribaba en que la mayor parte de las tierras del país no estaba gravaba con impuestos, pero una y otra vez tropezaron con la negativa del clero y de la nobleza a pagar tributos que contaban con el respaldo del Rey.

Poco a poco se reorganizó el movimiento clandestino liberal. Se restablecieron contractos con los exiliados y empezó la conspiración contra el Estado absolutista. Surgieron círculos revolucionarios y sociedades secretas masónicas. Se sucedieron pronunciamientos y conspiraciones: Espoz y Mina, general Porlier, la de Richard para asesinar al Rey, la de los generales Lacy y Milans del Bosch, general Vidal y la Conjuración del Palmar.

Finalmente, el pronunciamiento del comandante Riego, el 1 de enero de 1820, tiene éxito y recibe el apoyo popular necesario para triunfar, restaurándose la Constitución de Cádiz.

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