¿Quién da más?

Una vez más, las pensiones se han convertido en la estrella de la recta final de unas elecciones generales. El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, José María Aznar, prometió una subida de entre el 10% y el 15% para las pensiones mínimas de jubilación y de viudedad. Era la respuesta a la doble iniciativa lanzada por el candidato socialista, Joaquín Almunia: una paga extra de 28.000 pesetas a los jubilados perceptores de pensiones mínimas y no contributivas durante las 12 primeras semanas de su mandato. Ambas propuestas podemos calificarlas de un mecanismo electoral con el fin de comprar los votos de los pensionistas, de puras estrategias comerciales.

El censo electoral cuenta con 33,9 millones de potenciales votantes y, de ellos, 7,5 millones son pensionistas: más del 20%. Un dato con fuerza suficiente para que los partidos políticos se hayan volcado en seductoras promesas dirigidas a un colectivo en el que las necesidades comunes son fácilmente identificables: mejorar y consolidar las pensiones.

La pensión media está en 77.379 pesetas al mes; la de viudedad, en 54.836, y la de jubilación, en 88.376. Más de 1,1 millones de personas no llegan a 35.000 pesetas, cuatro millones cobran menos de 65.000 pesetas, un millón entre 65.000 y 75.000 pesetas, 1,5 millones entre 75.000 y 160.000, y sólo 527.000 personas perciben entre 160.000 y 301.200 pesetas, que es ahora la prestación máxima del sistema.

El futuro de las pensiones, teniendo en cuenta los peligrosos efectos que la caída demográfica y la mayor esperanza de vida, ostenta un oscuro horizonte. Una presión que previsiblemente será clara a largo plazo, pero que en los próximos años se va a ver atenuada por la llegada a la edad de jubilación de las generaciones nacidas durante la Guerra Civil y el periodo posterior, muy mermadas en número de personas.

Las pensiones se pagan cada año con lo que se recauda en cotizaciones de los trabajadores en activo. Y será a partir de aproximadamente el 2030 cuando se producirá la llegada a la jubilación de las nutridas generaciones del baby-boom. Pero los programas de las elecciones 2000 no miran tan a largo plazo, teniendo en cuenta que en España se pueden perder las elecciones si se siembra inseguridad en torno a las pensiones.

Además, si el futuro Gobierno quiere renovar los acuerdos con los sindicatos CCOO y UGT, se enfrentará a una demanda prioritaria: generalizar la posibilidad de la jubilación anticipada a los 60 años. Esto supondría un aumento del empleo pero un mayor número de pensiones de las que hacer se cargo, y teniendo en cuenta que en el 2030 la mayoría de la población va a ser vieja, las cuentas no salen. No habrá jóvenes suficientes que trabajen y coticen para pagar dichas pensiones.

Tª y Prac. de la Redacc.

2º Periodismo