TRANSFORMACIONES ECONOMICAS Y PRIVATIZACIÓN EN HUNGRÍA, POLONIA Y LA REPÚBLICA CHECA.

II.- DE LA ECONOMÍA DE TIPO SOVIÉTICO A LAS

NUEVAS ECONOMÍAS DE MERCADO.-

La estructura de las Economías de Tipo Soviético (ETS) partía de la existencia de dos tipos de organización: el aparato del Estado y los agentes de la burocracia estatal encargados de todos los niveles de gestión y cuyo origen se justificó en la disminución de los costes de transacción en una economía industrial entendida como una única unidad administrativa (Eggertsson, 1990; Winiecki, 1986). Sin embargo, y a pesar del rápido crecimiento industrial de los primeros años, todo el sistema de planificación estatal acabó sucumbiendo, tanto por el efecto acumulativo de los problemas de agencia propios de la concreta estructura organizativa que adoptó, como por los crecientes costes de transacción, sobre todo desde los años sesenta derivados de los cambios acaecidos en el entorno tecnológico (Eggertsson, 1995: 324).

El colapso de los regímenes comunistas en 1989 y 1990 abrió la puerta a una nueva era caracterizada por un doble proceso de transformación, político y económico, cada cual más complicado, y que pretendía alcanzar en poco tiempo un sistema político democrático y un sistema económico basado en el libre mercado, acercándose de ese modo a las condiciones existentes en todos los países desarrollados. Por lo que aquí interesa, la rápida transición de un sistema económico centralizado y dominado por el Estado a otro descentralizado y regido por el mercado es un proceso complicado, de incierto final y que entraña una serie de costes de todo tipo que dificultan sobremanera la consecución de los objetivos finales de crecimiento, estabilidad y desarrollo.

Ya desde los primeros meses y como condición para el acceso a los préstamos del FMI se aplicaron programas de estabilización macroeconómica en Europa Central y del Este, cuyo efecto desigual sí alcanzó resultados relativamente satisfactorios en Hungría, Polonia y la República Checa. Estos programas, radicales o gradualistas, pretendían la liberalización de precios y del comercio interno y externo, así como reducir los déficits presupuestarios. Pero además estos programas de ajuste trajeron consigo también austeridad salarial, un descenso de la demanda y, por tanto, una reducción importante de la tasa de crecimiento de la producción. De esta manera quedó claro que el principal objetivo a conseguir era la reducción de la inflación aun a costa de descuidar el desempleo o la tasa de crecimiento, lo que se dejó para un momento posterior cuando el mercado y los nuevos agentes privados pudieran actuar sin sufrir las intromisiones del Estado (Andreff, 1997; Flores, 1997; Van Brabant, 1992).

Una vez puestos en marcha los procesos de liberalización y ajuste, el paso siguiente para avanzar en el proceso de transición era establecer las instituciones propias de una economía de mercado, así como llevar a cabo una regulación efectiva de los derechos de propiedad que otorgaran incentivos a los agentes económicos para, entre otras cosas, favorecer la creación de empresas privadas. De esta manera se tienen ya los tres elementos clave del proceso de transición económica (estabilidad macroeconómica, nueva estructura de derechos de propiedad, en sentido estricto, y reformas institucionales) que desarrollados de manera adecuada, al reducir los costes de transacción, llevarán al crecimiento económico y a insertar a las economías de estos países junto a las de los más avanzados (Offe et al, 1998: 156). Pero el proceso es sumamente complicado y las dificultades aparecieron desde el principio.

Aunque el objeto del presente comentario es el análisis de los distintos procesos de privatización que se han llevado a cabo en cada uno de los tres países considerados, a continuación se expondrán otros rasgos de la nueva estructura de derechos de propiedad. En primer lugar, hay que significar que la estabilidad macroeconómica reduce los costes de transacción en los intercambios entre los agentes económicos al crear las condiciones ambientales propicias para la asignación eficiente de recursos y alcanzar altas tasas de inversión productiva, al margen de comportamientos estratégicos donde el cálculo racional distorsiona las elecciones eficientes de los agentes. En este sentido los primeros planes de estabilización monetaria pretendían sobre todo, y como ya se dijo, controlar la inflación en unos mercados recién liberalizados, por lo que un buen (y sencillo) indicador de esa estabilidad macroeconómica lo da el índice de precios al consumo.

TABLA I

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO

	1981-1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Checoslovaquia	2,3	59,0	11,0
Rep. Checa				20,8	10,0	9,1	8,8	8,5	10,6
Polonia	71,8	70,3	43,0	35,3	32,2	27,9	19,9	15,1	12,0
Hungría	10,7	34,8	22,8	22,4	18,8	28,3	23,5	18,3	14,3
Europa Centro-Este (*)		94,9	277,2	356,5	152,6	74,6	32,0	36,7	17,8

FUENTE: Adaptada de FMI (1999). (*) Sin Rusia ni Repúblicas ex soviéticas de Asia.

De la anterior tabla se desprende que ninguno de los tres países ha alcanzado una elevada estabilidad inflacionaria, si por ello se entiende un índice de precios de un solo dígito, pese a lo cual parecen progresar en la senda adecuada y, en todo caso, presentan los valores más reducidos de toda la región junto a las repúblicas bálticas, Eslovenia y Eslovaquia.

Por lo que se refiere a otros aspectos de la nueva estructura de derechos de propiedad, desde los primeros años noventa se han venido aprobando toda una serie de leyes y de normas jurídicas de desarrollo en los tres países que han favorecido de manera importante la regulación efectiva de dichos derechos. Entre los hitos más importantes destaca la temprana aprobación de leyes sobre sociedades, por las que éstas pueden adoptar diferentes formas jurídicas, la aprobación de un nuevo sistema impositivo y el desarrollo de la normativa referida a servicios mercantiles (Andreff, 1993; 1997). Son tareas aún por hacer la elaboración de una exhaustiva legislación sobre quiebras (ya existe plenamente en Hungría desde 1992) plenamente aplicabble, cuya carencia provocó serios problemas en los primeros periodos de ajuste y de crisis de liquidez, la reforma más profunda del sistema bancario y la perfección de los aún incipientes mercados de capitales, cuya importancia en el proceso privatizador está fuera de toda duda. De otro lado, al margen de la actuación directa de los poderes públicos, debe completarse la adopción de los sistemas contables occidentales por parte de las empresas nacionales y acelerarse el cambio en los comportamientos y la mentalidad de los agentes económicos para reducir la aversión al riesgo y evitar actitudes tendentes a la búsqueda del beneficio especulativo (Andreff, 1997: 12)). Finalmente, debe redefinirse el papel del Estado, tanto como proveedor de servicios públicos como gestor de un patrimonio estatal aún importante, bien porque aún no se ha privatizado, bien porque al aparecer monopolios naturales necesariamente habrá de quedar en manos públicas.

III.- EL PROCESO PRIVATIZADOR: MÉTODOS, OBJETIVOS,

CONDICIONANTES Y RESULTADOS

El proceso de desmantelamiento del anterior sistema de planificación estatal por un sistema de mercado planteó desde el principio la necesidad de transformar en propiedad privada las empresas que hasta entonces había controlado el poder público. Así, junto a las primeras medidas de liberalización de mercados y de estabilización monetaria se empezaron a plantear las líneas maestras que habrían de guiar esta privatización, si bien la indefinición de planteamientos concretos, la incertidumbre y el comportamiento estratégico de quienes aprovecharon la coyuntura para adquirir parcelas de poder económico fueron los denominadores en los primeros meses. Para un acercamiento al tema, se dividirá el proceso en dos partes: la privatización de las pequeñas empresas estatales como establecimientos de hostelería y de servicios en general, y la privatización de las grandes empresas.

La privatización de este primer grupo de pequeñas empresas (y también algunas fábricas) fue relativamente sencillo en los tres países y hoy se puede decir que prácticamente no queda casi ninguna empresa de propiedad estatal en el sector de los servicios privados. Esta “pequeña privatización” se llevó a cabo fundamentalmente por ventas de común acuerdo o por subastas públicas (Flores, 1997: 34; Andreff, 1997: 17). Además, el control de estas empresas por nuevos propietarios privados ha generado mecanismos de iniciativa y disciplinarios favorables para el aumento de la productividad y para la obtención de rápidos beneficios, al que tampoco son ajenas las nuevas empresas privadas surgidas en los primeros tiempos, cuando aún el contexto socioeconómico era incierto, lo que aprovecharon algunas para eludir la aplicación de unas normas fiscales que recién acababan de promulgarse (Flores, 1997: 34; VVAA, 1997).

Sin embargo el proceso más importante y problemático que se llevó a cabo fue el de las grandes privatizaciones. En los tres países esta gran privatización comenzó con rapidez mediante la conversión en sociedades por acciones de las grandes empresas estatales, la desestatalización (concesión de autonomía en la toma de decisiones) y el establecimiento de un marco legal que regulaba sus formas jurídicas, su funcionamiento, su gestión y su control (Flores, 1997: 35). Al mismo tiempo, se tomaron medidas destinadas a disminuir la concentración y la monopolización de la oferta productiva. Mientras estas primeras medidas de cambio estaban siendo adoptadas se materializó el primer gran bloque de privatizaciones, las “espontáneas”, es decir, la toma de posesión de algunos activos estatales por parte de aquéllos a quienes se les había confiado su gestión (Van Brabant, 1991: 15; Hyclak y King, 1994: 531; Lieberman, 1994: 564) en lo que se denominó “privatización salvaje” o fraudulenta pues ninguna de estas operaciones tuvo los controles adecuados, siempre se realizaron por un precio inferior al real, acabaron favoreciendo a anteriores miembros de la nomenklatura y a antiguos directivos y reforzó la poderosa red de intereses que ya venía funcionando desde el régimen anterior. La magnitud exacta de estos verdaderos expolios en cada país se desconoce, pero basta indicar que éstos serían más intensos y duraderos allí donde más tiempo se tardó en definir una mínima estructura de derechos de propiedad dotados de amplia seguridad legal y donde la aprobación de los planes de privatización se vio más retrasada. En Hungría, Polonia y la República Checa la rápida aprobación de algunas de las leyes económicas más importantes y de los primeros planes de privatización redujeron la magnitud de éstas privatizaciones espontáneas que, no obstante, también presentaron formas no fraudulentas cuando, por ejemplo, la propiedad de los activos pasó directamente a los trabajadores de la empresa.

Una vez aprobados los planes de privatización, cada uno de los países optó por alguno en concreto para realizar la mayoría de sus grandes privatizaciones. Los diferentes métodos de privatización que se plantearon fueron: Libre distribución de activos mediante: a) Compensaciones y restituciones a los anteriores propietarios; b) Reconocimiento de los derechos de los trabajadores y/o gerentes sobre los activos -ahora ya reconocidos por el Plan; c) dotación de activos a los organismos de gobierno de menor rango; Venta de activos: d) Oferta Pública acudiendo al mercado de valores; e) Oferta pública acudiendo a subastas; f) Ventas negociadas de acciones o activos, muchas de ellas en condiciones ventajosas para los compradores, g) Venta a inversores extranjeros; h) Otros tipos de venta, como la compra por trabajadores o directivos o canjes de deudas por acciones; i) Privatización en masa, mediante la distribución gratuita o casi gratuita a la población de cupones de privatización; y h) Liquidación de la empresa y posterior venta de sus activos. (Van Brabant, 1991; Hyclak y King, 1994; Lieberman, 1994; Andreff, 1997; Flores, 1997; Schmidt, 1999).

Los tres países aplicaron casi todos estos métodos pero privilegiaron la adopción de uno en particular para la mayoría de sus operaciones, con lo que respondieron a diferentes condicionantes, preferencias y objetivos que se les plantearon a la hora de elaborar los planes. En concreto, los condicionantes o restricciones existentes en los tres países aunque con algunas diferencias entre ellos fueron básicamente: 1) El reducido volumen de ahorro interno, inferior al valor de los patrimonios que se ponían en venta; 2) la imposibilidad de valorar adecuadamente las empresas pues no se contaba con mercados capaces de establecer su viabilidad y rentabilidad, ni existían aún técnicas contables que permitieran evaluar el patrimonio o su situación financiera; 3) magnitud de las restricciones económicas procedentes de la situación de los grandes agregados: déficit público, deuda externa, competitividad de los productos nacionales en los mercados internacionales,...; Y 4) restricciones sociopolíticas: oposición a la entrada de inversores extranjeros, poder sindical, alianza entre trabajadores y directivos, apoyo social a las reformas .... Junto a estas restricciones, aparecen los objetivos, entre los que estarían la obtención de ingresos, la compra de eficiencia mediante la venta a inversores estratégicos que aporten tecnología, capital o mercados, debilitar el poder de los directivos y reducir los costes de agencia, conseguir apoyos políticos de sectores sociales y económicos favorecidos por los planes, lograr transparencia en el proceso y evitar la corrupción, sentar las bases para que no haya marcha atrás en el proceso de privatización ante eventuales cambios de gobierno,...

Todas estas restricciones y objetivos marcan, a grandes rasgos, las limitaciones formales, y también informales, que afectaron de un modo u otro la elección realizada por los gestores públicos. En concreto, cada opción partía de unas restricciones y pretendía unos objetivos. Sin embargo, de los resultados obtenidos se aprecia que unas veces no se emplearon los medios adecuados para la plena consecución de los objetivos previstos y otras que, dadas las restricciones de partida no se eligieron los objetivos que llevaban a una mejor situación.

TABLA II

LAS GRANDES PRIVATIZACIONES (HASTA 1995)

País	Empres Estatales	Venta de Activos	Privatiz. en masa	Compra Emplead	Of.. Pub Venta	Otras modalid.	Liquidac.	Total privatiz.	% Estimad
Rep. Checa	4319	3898	1622	n. d.	n.d.	5310	260	3505	81
Hungría	1848	866	2	2787		662	536	1400	76
Polonia	8200	142		806	22	165	1400	2535	31

(*): Sólo se tienen en cuenta las medianas y grandes empresas de las que más del 50% del capital ya no es propiedad del Estado;

(**) Las cifras del total de privatizaciones (y también porcentajes) no se corresponden con la suma de las empresas, incluso puede ser un número mayor, porque se contabilizan desmantelaciones, liquidaciones con ventas por partes y las consolidaciones de empresas a raíz de las privatizaciones. Por ello, el total y los porcentajes son meramente indicativos.

(***) Los datos de “otras modalidades” para la Rep. Checa son: 930 restituciones y 4380 son transferencia gratuita a los municipios.

FUENTE: Andreff (1997); OCDE (1995)

La República Checa optó por privilegiar la privatización masiva con el objetivo fundamental de lanzar una nueva dinámica económica basada en la propiedad privada que creara las instituciones de mercado y propiciara cambios en los comportamientos de los agentes económicos que contribuyera a la creación de una nueva estructura productiva e hiciera crecer a la economía sobre bases nuevas (Flores, 1997: 36). No obstante este objetivo, parece claro que la opción por el reparto gratuito de cupones canjeables por acciones de las empresas privatizadas entre la población también respondió a la inexistencia siquiera de un incipiente mercado que emitiera señales más o menos claras sobre el valor de algunas de las empresas privatizadas, como sí pudo haber tenido lugar en Hungría. Asimismo, el volumen de ahorro era tan escaso o más que en los otros dos países y el mercado de capitales aún no funcionaba correctamente, a lo que hay que añadir la especial sensibilidad checa con respecto al pasado comunista, que se canalizó tanto por medio de restituciones de bienes expropiados después de 1948 (la mayoría se habían producido antes de ese año), como por esta opción por la privatización en masa, en principio la más transparente e igualitaria de todas. Sin embargo, los inconvenientes de esta adopción se reflejaron tanto en la segura desigualdad futura entre beneficiarios de industrias con importantes diferencias de eficiencia, la ausencia de ingresos por parte del sector público y, sobre todo, por los problemas de agencia que supone la radical separación entre la gestión y la propiedad de las empresas, la cual además se halla altamente repartida, con los que los costes son mayores. En este caso, y siguiendo el modelo que propone Eggertsson (1995: 51 y 130-137), el coste de agencia total sería igual a la suma de todas las inversiones realizadas para reducir el incumplimiento laboral más los costes relativos al incumplimiento laboral restante o residual. Como en este caso no existen incentivos para invertir en la reducción de los incumplimientos de los agentes al estar sumamente dividida la propiedad y aparecer los típicos problemas de acción colectiva, aquí los costes de agencia son mucho mayores que en otros esquemas de privatización, alcanzando los mínimos costes aquel esquema en el que los gerentes y trabajadores acceden a la propiedad de la empresa.

Pero lo que al final ocurrió en la República Checa fue la aparición de numerosos Fondos de Inversión que agrupaban los valores de todos los pequeños accionistas y de esa manera en cierta medida reducir los costes de agencia al concentrar la propiedad y servir de intermediarios entre la población y las empresas. Pero esos costes no se redujeron, al menos en los primeros años, puesto que la mayoría de estos Fondos de Inversión estaban controlados por los grandes bancos y compañías de seguros, aún de propiedad estatal en su mayoría, con lo que el control de muchas de esas empresas todavía quedaba a merced en bastantes casos de las estrategias defensivas de supervivencia promovidas por el personal de las mismas. Así, los estudios de caso realizados demuestran cómo de las 860 empresas checas que en 1994 eran controladas por los fondos de inversión, en la mayoría de ellas no se realizaron las reestructuraciones necesarias ni se cumplieron muchas de las promesas financieras que los responsables de los fondos realizaron a los accionistas, retrasándose en muchas ocasiones el pago de dividendos. (Andreff, 1997: 18).

Por otro lado, es posible reducir los costes de agencia aumentando la competencia, por ejemplo, en el mercado de gerentes (Eggertsson, 1995: 52) o en el de fondos de inversión, lo que daría mayor información a los propietarios para controlar la gestión y a los gerentes, incentivos para un mejor cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Un reciente estudio (Claessens y Djankov, 1999) ha puesto de manifiesto la importancia del papel de los gerentes (y del capital humano en general) en el incremento de los márgenes de beneficios y de la rentabilidad empresarial en la República Checa, donde se aprecia cómo dentro de las nuevas empresas privatizadas por medio del reparto de cupones (analizan 706 firmas), alcanzan mayor productividad los nuevos gerentes contratados tras la privatización que aquellos otros que permanecen en sus puestos desde antes de 1990 o que tras haber ocupado puestos directivos anteriores a esa fecha, cambiaron de puesto en los primeros años del nuevo sistema.

Por su parte, Hungría, rechazó desde el principio cualquier (Plan de 1990) cualquier método de privatización masiva, sobre todo por los costes de la dispersión de la propiedad en el control y la reestructuración de empresas, como ocurrió al principio en la República Checa, y dio prioridad a la venta de empresas caso por caso, a inversores estratégicos que pudiesen aportar capitales y capacidades técnicas (Flores, 1997: 36; Matolcsy, 1997: 167), lo que en gran medida sólo podía proporcionar la inversión extranjera. Además, y debido a la crítica situación de la deuda externa y del déficit público, Hungría primó la obtención de ingresos por las privatizaciones, que igualmente le garantizaba la entrada de capitales extranjeros, lo cual pudo realizar en un marco en el que no se contaba con fuerte oposición popular al “expolio” - tan frecuente en otros países-, entre otras cosas por la situación de partida de la economía húngara, la más abierta a occidente de todas las ETS. Asimismo, se primó la necesidad de acceso de nuevas tecnologías y de capitales externos a las empresas privatizadas, sobre todo industriales, pues la pérdida del tradicional mercado del Este perjudicó especialmente a Hungría, cuyos productos además dejaban de ser competitivos en los mercados internacionales.

FUENTE: Matolcsy (1997)

Así, se aprobó en 1990 un plan de privatizaciones que establecía también la promoción de inversión extranjera en los nuevos sectores industriales (telecomunicaciones, electrónica, industria automovilística ) y la transferencia de paquetes de acciones de las grandes corporaciones en sectores estratégicos hacia un nuevo Fondo de Pensiones. Pero el plan inicial sólo fue cumplido en parte: El Fondo de Pensiones no recibió esos paquetes de acciones; se redujo el valor de mercado de las empresas estatales objeto de venta a inversores extranjeros, sobre todo por un deficiente sistema de tasación, algunas de las cuales encontraron serios problemas para ser vendidas y otras de hecho se quedaron sin comprador; los inversores extranjeros adquirieron un rol en la economía húngara superior al previsto; Y eso sí, al calor de las privatizaciones y de la entrada de capital extranjero surgieron numerosas pequeñas y medianas empresas de capital nacional que habían optado por no concurrir con sus escasos recursos al proceso privatizador pero que sin embargo sí consiguieron beneficiarse de él (Matolscy, 1997).

En Polonia, el plan de privatización diseñó una estrategia que permitía a cada empresa elegir entre la venta directa de las acciones a potenciales inversores o la liquidación de la misma y posterior venta (o alquiler) de sus activos a los empleados, a inversores nacionales o a inversores extranjeros, siendo la opción más extendida la liquidación y posterior venta de activos a los empleados (Flores, 1997; Gómez et al, 1997). Sin embargo, tan sólo una cuarta parte de las empresas objeto de privatización se acogió al plan, lo que hizo replantear todo el proceso y que se aprobara, no sin grandes problemas, sobre todo de carácter político, un nuevo programa de privatizaciones masivas, al estilo checo, en 1995 (!), que pretendía también el reparto semigratuito de cupones entre la población. La adopción del nuevo programa respondió a las dificultad de las privatizaciones por venta directa, bien porque no se encontraban compradores (el ahorro nacional era escaso y no se quiso enfrentar el coste político de apertura a los inversores extranjeros), bien por la mala situación de muchas empresas, los problemas de valoración de activos o la proliferación de deudas encadenadas por la crisis de liquidez derivada de los programas de ajuste y restricción monetaria, problemas que, junto a la buena marcha del programa checo, llevó a minimizar la importancia de los costes de agencia, que por otro lado eran los menos importantes si se atiende a las dificultades para lograr modernizar y hacer más competitivas y eficientes las empresas aún no privatizadas y aquéllas que pasaron a manos de los empleados, pues las resistencias a cambios que impliquen reducciones -eficientes- de plantilla o reestructuraciones de otro tipo son en ambos casos muy grandes.

El nuevo programa establecía la distribución semigratuita de cupones y la creación paralela de 15 fondos de inversión que superara en parte la excesiva dispersión de los accionistas/propietarios, aún propiedad del Estado y gestionados por consorcios especializados integrados por socios nacionales y extranjeros (Flores, 1997). De ese modo, e igual que sucedió en la República Checa, los fondos de inversión pasaron a ocupar una posición mediadora entre la población y las empresas a privatizar.

IV .- CONCLUSIONES

A la vista del breve análisis realizado sobre los procesos de privatización en Hungría, Polonia y la República Checa, es posible distinguir tres procesos fundamentales, cada uno de ellos adoptado preferentemente por alguno de los países: Privatización masiva mediante cupones (República Checa), venta de empresas al capital extranjero (Hungría), y venta o distribución gratuita de las empresas o sus activos a los empleados/gerentes (Polonia), si bien en una segunda fase Polonia optó por avanzar en la privatización masiva. Debe señalarse que aunque estas fueron las privatizaciones más extendidas, también hubo venta de empresas públicas a inversores nacionales y extranjeros en la República Checa y Polonia y reparto de algunas de ellas a los trabajadores húngaros.

Se ha visto cómo la elección por uno u otro programa respondió a una serie de condicionantes y estrategias concretas en cada uno de los países, por lo que realizar una rápida evaluación crítica de los distintos casos no pretende establecer las equivocaciones del pasado -que sin duda las hubo-, conscientes de las constricciones que los distintos gobernantes enfrentaron, sino señalar las posibilidades del futuro y algunos de los principales problemas a los que se enfrentan estos tres países de vanguardia de las antiguas ETS.

Dentro del ámbito del gobierno de las empresas (corporate governance), punto fundamental para el logro de los objetivos señalados, existen dos tipos de coaliciones: las internas y las externas. Si en un ambiente de crisis económica y financiera el control de las empresas privadas y privatizadas es ejercido por los miembros de la coalición interna (directivos, gerentes, personal), ésta tratará de orientar el objetivo de la empresa hacia la supervivencia y no hacia la estrategia de crecimiento de las firmas privatizadas, pues en éstos países aún perduran muchos de los cuadros gerenciales que ya detentaban cargos similares en el anterior régimen ( Machonin y Tucek, 1996; Claessens y Djankov, 1999), acostumbrados a las redes informales de relaciones, con lo que se retrasará la inserción de la empresa en las estrategias capitalistas del mercado y el beneficio. Además, si los empleados son los encargados de tomar las decisiones, en el mismo contexto de inestabilidad económica (inflación, deudas encadenadas entre empresas y bancos,altas tasas de desempleo,...) también orientarán sus decisiones a la conservación de los empleos y no a la reducción de gastos, la inversión tecnológica o de capital,...Cuando la propiedad de las empresas privatizadas estuvo en manos de numerosos y pequeños accionistas la dirección de la empresa recaía casi siempre en los cuadros directivos que reproducían comportamientos de la anterior economía de escasez, mientras que tras la concentración de las acciones en fondos de inversión, por cuanto éstos aún están controlados por el Estado, se produce una situación similar a la de las empresas que están aún en manos estatales, cuando las autoridades deciden no llevar a cabo actuaciones que siendo eficientes económicamente no son rentables políticamente (liquidación, reestructuraciones de personal,...), a no ser que se halla reformado su estatuto jurídico y hayan adoptado un esquema de gestión “privado”.

Por su parte, las coaliciones externas (al margen de la empresa, como puede ser el capital extranjero) en empresas que se vendieron a inversores privados a menudo solieron adoptar desde el principio una estrategia “capitalista” ofensiva, basada en la modernización de los activos físicos obsoletos, la reducción del exceso de personal, la reorganización de la empresa y la búsqueda de la eficacia y la competitividad (Andreff, 1997: 19). La otra cara de la moneda sería la existencia de unos costes de agencia en este esquema de gobierno de empresas mayores que en el caso de las coaliciones internas, donde los intereses como empleados/directivos se superponen a los que tienen como propietarios y se reducen las posibilidades de incumplimientos laborales. Sin embargo, estos costes pueden ser fácilmente reducidos en las empresas donde predominan las coaliciones externas mediante la concesión de incentivos a los gerentes y al personal y el desarrollo de mercados financieros, económicos y de directivos más competitivos

Así, puede concluirse que la estrategia de privatización más adecuada para la renovación del tejido empresarial y productivo y para la mejora de la productividad mediante el uso intensivo de recursos, es la que abrió las privatizaciones al capital extranjero, mientras que las privatizaciones masivas y aquéllas que otorgaron la propiedad a los empleados presentan un número de problemas mayor. Sin embargo, el desarrollo de los distintos mercados, la superación de la crisis macroeconómica, la existencia de marcos legales más o menos definidos y la conclusión de los procesos de privatización aún pendientes, puede hacer que las empresas controladas por los empleados pasen a estar participadas por nuevos inversores privados, nacionales o extranjeros, que inserten a las empresas en la senda de la eficiencia, que se desarrolle un mercado competitivo para los fondos de inversión y que, mediante la privatización definitiva de los bancos estatales y de entidades financieras, el control último de estos fondos pase a manos privadas.

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En principo el impacto del cambio tecnológico sobre los costes de transacción es ambíguo. Sin embargo el efecto neto parece ser el aumento de dichos costes sobre todo por la aparición de nuevos y más sofisticados productos que el avance tecnológico contribuye a producir (Eggertsson, 1995: 27). En el caso de las ETS ese impacto parece mayor porque la posibilidad de transformación de las organizaciones económicas para reducir esos nuevos costes de transacción es prácticamente nula.

En el sentido de la ENI las tres variables consideradas forman parte de una amplia estructura de derechos de propiedad que reducen los costes de transacción en la actividad económica y que sobre todo tiene que ser provista y defendida por los poderes públicos. La distinción en esos tres grupos es tan sólo instrumental a la claridad expositiva que se pretende. A partir de aquí se empleará la terminología de la NEI.

Un índice más completo para determinar esa estabilidad podría ser el formado, junto a la inflación, por el saldo de la balanza comercial, el déficit presupuestario, la tasa de crecimiento, la tasa de desempleo y la estabilidad del tipo de cambio (Andreff, 1997: 12). Sin embargo, las conclusiones a que se llega a partir del indicador inflacionario son semejantes a las que consideran al resto de indicadores

Existen muchas explicaciones de la persistencia de altas tasas de inflación. Una de ellas apunta a la existencia de inflación inercial asociada al choque inicial del cambio económico, a la existencia de posiciones monopolistas de empresas públicas y privatizadas y la vuelta a un sistema de indexación de salarios como consecuencia del problema de repartición que las reformas estructurales agravaron.

La reforma de la empresa pública en el Este de Europa debe incluir el saneamiento de las empresas, el cambio de estatuto jurídico, la modernización del aparato de producción y la reorganización de la gestión (“privatización” de la gestión). (Andreff, 1997)

Quizás la excepción esté en la privatización de medianas empresas en Hungría, donde los inversores nacionales no fueron capaces de adquirir todas aquéllas corporaciones que el plan establecía (Matolcsy, 1997: 167). No obstante, el capital extranjero adquirió muchas de ellas.

En este caso los costes de agencia entre accionistas/propietarios y gerentes es nulo, siempre y cuando exista un reparto equitativo entre todos los gerentes que, además tienen que tener una posición similar en el cuadro de dirección y en la posesión de derechos sobre la empresa. Aun en esta hipótesis irreal persistirían los costes de agencia entre gerentes y trabajadores si estos no poseen los incentivos adecuados para reducir sus incumplimientos laborales. Por otro lado, un esquema de este tipo hace aumentar las

restricciones y los obstáculos para modernizar y reestructurar las empresas, pues los propios propietarios son los más interesados en mantener el status quo dentro de las mismas aun cuando ello sea manifiestamente ineficientes.

Las primeras privatizaciones bancarias en la República Checa comenzaron en la segunda mitad de los 90. De hecho en 1999 los dos principales bancos checos seguían en manos estatales, si bien se están programando planes para su privatización en un plazo de tres o cuatro años. (EBRD, 1999)

A pesar de estar bajo el control último del Estado los fondos de inversión sí han impulsado al mercado financiero, creando sólidas pautas de competencia, si bien no han estado exentos de problemas. Además, se aprecia un incipiente mercado de gerentes bien preparados cuyo acceso a la educación en centros occidentales tras el exilio de muchos checos después de 1968, constituye una ventaja comparativa del caso checo respecto de otros países ex comunistas. (Claessens y Djankov, 1999)

De hecho, debido a la especialización productiva en las economías de tipo soviético, no existía ninguna planta de fabricación automovilística en toda Hungría.

Algo que afectó también a Hungría y a la República Checa.

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