TEMA 5: EL PODER Y LA POLÍTICA

La Sociología Política puede definirse como el estudio de todos los sistemas de relaciones no igualitarias, o el estudio de los sistemas políticos.

En la definición de Robert DAHL, un sistema político es cualquier conjunto constante de relaciones humanas que implican en una medida significativa relaciones de poder, de gobierno o de autoridad.

Un rasgo esencial de las sociedades humanas es que la influencia, la dominación, el poder y la autoridad están presentes en todas partes.

La dominación puede definirse como una relación asimétrica superioridad/inferioridad, potencial o efectiva, consciente o inconsciente, voluntaria o involuntaria, entre personas, grupos sociedades y culturas.

La estructura social se establece sobre la desigualdad de clases y el reparto e roles y status, manteniendo el dominio económico, social o político de unos sobre otros.

Las clases superiores ejercen un predominio sobre las inferiores. Quienes desempeñan roles de mayor responsabilidad ocupan los más altos estatus dentro de la sociedad. Cuando un pueblo coloniza a otro, ejerce un dominio sobre el pueblo conquistado. Cuando una empresa absorbe a otra manifiesta un dominio económico; cuando una cultura, una tecnología, un modo de vida desplaza a otro, se da una relación de dominio.

El dominio puede darse a través de la influencia, del poder y de la autoridad. Veamos cada cosa:

2. Modos de autoridad en Max WEBER

Max WEBER estableció tres tipos o modelos de autoridad legítima, según los tipos de gobierno y de organización política establecidos: Gobiernos de autoridad carismática, tradicional y legal-racional.

Hay que recordar que estos tres tipos o modelos de autoridad de gobierno difícilmente se encuentran en estado perfecto o puro. P.e., la monarquía constitucional es un tipo mixto de autoridad legal-racional que acoge en su seno a una institución tradicional como es la monarquía hereditaria. Similar mixtura se da en las democracias populares comunistas: gobiernos de autoridad carismática que una vez instituidos se transforman en gobiernos de autoridad legal-racional mediante consulta popular en la que se solicita el acuerdo de los ciudadanos.

3. Estado y Sociedad Civil

Donde el poder y la autoridad se encuentran localizados con mayor claridad es dentro del Estado, pero durante la mayor parte e la historia de la humanidad, los Estados no han existido. Las sociedades sin Estado, las sociedades primitivas de cazadores, poseían mecanismos informales de gobierno. Las decisiones y soluciones de disputas internas se resolvían en el seno de grupos familiares. En las sociedades más amplias los jefes eran normalmente guerreros o sacerdotes, o ambas cosas a la vez.

Posteriormente aparecieron las sociedades con Estado, donde los gobernantes principales se convirtieron en reyes o emperadores apoyados en un ejército o en un cuerpo de funcionarios.

En el desarrollo histórico del Estado podemos distinguir entre el Estado Antiguo, el Medieval y el Modeno:

La Sociedad Civil consiste en aquel ámbito de las sociedades modernas que frente a la esfera pública en la cual se incluye el Estado, engloba las relaciones entre los ciudadanos así como los derechos privados que éstos poseen (es decir, existe una cierta confrontación entre Estado y Sociedad Civil).

Esos derechos privados o individuales, en un mundo de recursos limitados, conducen al conflicto de intereses; por eso, siguiendo la Teoría de Thomas HOBBES, expuesta en su obra Leviatán (sinónimo de Estado en su terminología), puesto que los hombres en un Estado presocial mantendrían la guerra de todos contra todos, es necesario un auerdo racinal entre todos para aceptar el poder del Estado como árbitro del conflicto de intereses individuales.

El Estado moderno se legitima en la soberanía popular, y así aparece éste como consagración de la sociedad civil, y al tiempo como instancia medidora para procurar la racionalización de sus elementos integrantes. Desde la concepción liberal del Estado, éste se presenta como la única solución para armonizar el interés particular con el interés general.

El Estado liberal del s. XIX, también llamado de laissez-faire, procuraba mantener su intervención en un nivel mínimo que permitiese el más libre juego de la autonomía personal, aseguraba el cumplimiento de los contratos entre los individuos, defendía las fronteras territoriales, ayudaba a sus ciudadanos en las transacciones internacionales, cuidaba de los medios que aseguraban el buen funcionamiento del mercado y, sobre todo, mantenían con sus tribunales y su policía el orden público en sus posibles conflictos.

Ese nivel mínimo de participación del Estado liberal no fue suficiente ante los problemas sociales que la Revolución Industrial y las crisis económicas planteaban, por ello dio paso al Estado del Bienestar.

El Estado del Bienestar se fue definiendo desde finales del s. XIX. Tuvo su aparición en Europa unido al establecimiento de la seguridad social. En la Alemania de Bismarck, a partir de 1.883, nacen los primeros programas de previsión social, y sobre todo después de la crisis económica mundial de 1.929 se fue ampliando a la mayoría de las sociedades modernas, con programas de seguros de enfermedades, incapacidad laboral, desempleo, prensiones de jubilación, enseñanza gratuita, etc., con el in de garantizar no sólo la igualdad de todos ante la ley, sino también una relativa igualdad de oportunidades para corregir la desigualdad socioeconómica de los ciudadanos.

Aunque en la situación actual se habla de la crisis fiscal del Estado y, por tanto, del Estado Benefactor, es difícil que éste desaparezca, porque muchas de sus conquistas se consideran irrenunciables.

Además, hay que asegurar que el Estado del Bienestar ha ampliado la participación democrática a través del derecho al sufragio universal y de la representación en organizaciones como los partidos políticos y los sindicatos, que pueden defender electoralmente los cambios sociales y políticos de sus programas.

4. Las teorías del la Obligación Política.

En el aspecto político, el hombre moderno ha tratado de encontrar respuesta a una pregunta fundamental: ¿por qué hay que obedecer en lugar de rebelarse? O dicho de otra forma: ¿cuál es la justificación de la obligación política?

En las sociedades premodernas se buscaba una justificación teológica a este interrogante. Se consideraba que en el orden natural, unos están destinados a gobernar y otros a obedecer. Los reyes eran considerados como los lugartenientes de Dios en la Tierra, y ejercían un poder divino (teoría del origen divino del poder, de Bossuet).

Pero a partir del siglo XVII esa justificación legitimadora del poder no se considera suficiente, y se desarrollan una serie de teorías que tratan de explicar la razón de la obligación política. Tales teorías son el contractualismo, el utilitarismo, el consensualismo, el elitismo y el socialismo.

El contractualismo: frente a la teoría del derecho dividno de los reyes, por la que éstos sólo tenían que rendir cuentas a Dios de sus actos, se desarrolló en los siglos XVII y XVIII la teoría del contrato social, defendida con variantes importantes por HOBBES, LOCKE, ROUSSEAU y KANT, y actualmente por John RAWLS (Teoría de la justicia social). Esta teoría tiene su origen más remoto en los planteamientos de la Edad Media, en los que el origen y la justificación del poder se entendía como un producto del pacto entre el pueblo y el Príncipe.

Posteriormente, desde Hobbes se considera que la única manera de explicar que los hombres puedan estar unidos socialmente y acepten el poder regulador del Estado es mediante un pacto o contrato social por el cual los individuos renuncian a parte de su libertad a cambio de una mayor seguridad, con el fin de evitar el continuo enfrentamiento de unos con otros, alcanzando, así, nuevos modos de libertad al pasar de un Estado presocial, o de naturaleza, al Estado social o de civilización.

El utilitarismo: es una corriente ética y filosófica que surgió en Inglaterra a fines del XVIII, y que se desarrolló plenamente en el XIX, siendo sus máximos representantes Jeremías BENTHAM y John Stuart MILLS. La idea fundamental de los utilitaristas es que los individuos contraen obligaciones políticas porque éstas son más apropiadas para la consecución de sus propios intereses. La vida en sociedad es una decisión consciente y calculada, d ela que se espera alcanzar beneficios o evitar perjuicios. Para Bentham, nuestra vida está regida por el placer y el dolor; el principio de utilidad o de máxima felicidad nos manda que procuremos el placer y el bien, y que evitemos el dolor y el mal. Así, una buena sociedad será aquella que procure la máxima utilidad para el mayor número de personas.

La política liberal, inspirándose en estos principios, ha llevado a cabo gran número de reformas tendentes a la ampliación de las libertades individuales. Pero frente a esta visión optimista de que el Estado puede facilitar a la colectividad social el mayor bien para el mayor número de individuos se desarrolló otra visión pesimista del utilitarismo: el anarquismo.

Los anarquistas clásicos, PROUDHOM, BAKUNIN y KROPOTKIN, consideran que el Estado es un aparato de dominación que impide la libertad individual. La liberación humana, es decir, la consecución del bien y de la felicidad, exige, según los anarquistas, la destrucción del Estado y el desarrollo de formas voluntarias de cooperación colectiva.

El consensualismo: es la formulación teórica más tardía sobre la justificación de la obligación política. Su representante más destacado fue el sociólogo estadounidense Talbott PARSONS. Los consensualistas no tratan de hallar la raíz justificativa de la autoridad, sino explicar qué es lo que mantiene unida a la sociedad. Para este autor, una sociedad, si quiere perdurar necesita desarrollar una serie de actividades o funciones sin las cuales perecería. Es necesario que las diversas unidades o subsistemas que integran el sistema social cumplen sus funciones, haciendo suyos los mismos fines y valores del sistema social en su conjunto.

Los consensualistas consideran que los valores sociales superiores deben ser compartidos por todos, y esa es la base del consenso social, y para alcanzar ese consenso es fundamental el proceso de socialización, mediante el cual los individuos interiorizan la cultura, y hacen suyos los valores de la colectividad.

Aunque el subsistema político puede recurrir a la fuerza para lograr la unidad social, el papel predominante en el sistema consensual funcionalista es el que desempeña la cultura a través de la socialización, con el fin de que los individuos hagan voluntariamente lo que deben hacer.

Esta teoría, sin embargo, ha sido duramente criticada por no admitir suficienteente el papel del conflicto social en la vida colectiva, sobre todo, por el sociólogo alemán Ralf DAHRENDOR, quien expone que la teoría consensualista es utópica, al considerar una sociedad evidentemente integrada, que no tiene existencia real. Para este sociólogo, el conflicto es parte integrante de la vida social. Tan importante o más que el consenso. Y lo que debe hacerse es institucionalizar los conflictos sociales, admitiéndolos como se ha hecho en las sociedades democráticas industrializadas (p.e., creando partidos políticos como formas de encauzar la expresión de distintas ideas políticas, o sea, en conflicto).

El elitismo: las teorías elitistas tienen sus principales exponentes en los italianos Gaetano MOSCA y Wilfredo PARETO, quienes critican los supuestos teóricos de los contractualistas y de los utilitaristas. Para estos autores, la obligación política no se basa en la garantía del orden ni de la libertad y la igualdad, ni en el principio de la mayor felicidad. De hecho, la vida social es siempre, según ellos, regulada por grupos sociales. Grupos sociales muy reducidos, es decir, por elites.

Las elites, integradas por personalidades de cualidades sobresalientes, imponen su dominio al resto de la sociedad. Mediante la fuerza y la astucia (“leones” y “zorros”), frecuentemente combinadas, la elite del poder consigue la obediencia de la masa. Cuando la elite dominante no se adapta suficientemente a la situación histórica, es reemplazada por otra elite. Por eso, afirma Pareto que la Historia es la Historia de la circulación de las elites.

Esta teoría de la renovación de las elites es, lógicamente, antidemocrática y antisocialista (para ella la masa no cuenta).

El socialismo: desde la visión marxista, el Estado es un intrrumento mediante el cual las clases dominantes imponen sus intereses a las clases dominadas. La obediencia política se consigue, según Carlos MARX, fundamentalmente por la coacción y la fuerza; pero como la violencia desnuda no es suficiente, se recurre a la ideología, o al conjunto de ideas que tratan de justificar los intereses dominantes como los propios de toda la sociedad, identificando, por ejemplo, los intereses de la burguesía con el bien común.

MARX y ENGELS expoen esta idea sobre todo en La ideología alemana, llegando a afirmar que las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante.

Antonio GRAMSCI desarrolló también esta doctrina, relacionando la socialización de las generaciones con los valores dominantes que sirven para legitimar el poder de quienes controlan el Estado.

Por todo esto, entienden estos autores que sólo la revolución romperá la dominación de la burguesía, aunque haya que pasar por la etapa intermedia de la dictadura del proletariado antes de llegar al socialismo, y finalmente, al comunismo.

La etapa final, cuando hayan desaparecido las clases sociales y se haya establecido el comunismo, supondrá igualmente la desparición del Estado; y sólo habrá un sistema de cooperación social voluntaria. En este punto coinciden marxistas y anarquistas.

Dentro de la tendencia socialista, hay que mencionar otra correinte, qu es la socialdemocracia, defendida desde principio del siglo XX por el ala parlamentaria y reformista del socialismo alemán, encabezada por el Eduard BERSTEIN, quien mantiene la vía reformisma (frente a la revolucionaria) hacia el socialismo con la defensa conjunta de la democracia representativa, la economía mixta y la redistribución de la riqueza, legitimando la obediencia política con el desarrollo del Estado del Bienestar, para asegurar el principio de igualdad y de justicia para todos.

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