Una de las variables que influye en el poder adquisitivo de las personas mayores de 65 años es la pensión, cuestión que preocupa y ha sido analizada por diferentes autores para poder conocer en un futuro no muy lejano lo que deparará el actual sistema público de pensiones contributivas.

En primer lugar, cabe destacar que casi todos los análisis se realizan para el horizonte del 2050, por lo que se puede definir para esta variable un corto plazo estimado en el 2010, un medio plazo en el 2025 y un largo plazo en el 2050.

La mayoría de los estudios que han sido realizados por instancias públicas o privadas, auguran una tendencia al empeoramiento de la situación financiera del sistema público de pensiones contributivas a medio y largo plazo, como consecuencia del crecimiento de los pensionistas y el aumento de la tasa de dependencia demográfica.

Es importante destacar que, según el informe de la Secretaría General de la Seguridad Social, el envejecimiento de la población no tendrá efectos importantes hasta el 2020/2030 aproximadamente, y para entonces habrá suficientes referentes de los estados vecinos que sufrirán antes las consecuencias del envejecimiento demográfico.

Los demás estudios son mas pesimistas y a pesar de que actualmente el sistema disfrute de un superávit del 0'56% del PIB, presumen que el sistema debe ser reformado urgentemente, ya que, en un plazo de 15 años el sistema comenzará a generar déficit, por lo que se tendrá que recurrir al fondo de reserva que una vez agotado para el 2020, la necesidad de recursos para financiar el sistema crecerá, y por tanto, el déficit del sistema para el 2050 será del 6'15% del PIB. (FEDEA: 1995.)

La tasa de dependencia de los mayores (peso de la población mayor de 65 años en la población en edad de trabajar)hoy se sitúa en el 25'46%, y según el Instituto de Geografía y Economía, para el 2015 será del 30% aproximadamente. Para que la tasa de dependencia no creciese debería aumentar la población en edad de trabajar en un 0'9% anual, y ello solo sería posible por la inmigración, que según un estudio del BBVA se necesitaría una entrada media de 300.000 inmigrantes al año hasta el 2020. Este último aspecto podría justificar el fin, pero desencadenaría múltiples consecuencias sociales, económicas y políticas que afectarían al mismo sistema negativamente en un futuro.

La mayoría de los estudios proponen diversas medidas para limitar el aumento del gasto en pensiones, analizando sus consecuencias según diferentes escenarios y variables.

&Algunos abogan por reformas puntuales dentro del sistema de reparto, como retrasar la edad de jubilación 5 años mas y penalizar las jubilaciones anticipadas, aumentar los años a computar para el cálculo de la pensión, reducir o equiparar los regímenes especiales de jubilación al general, y una mayor proporcionalidad entre las cotizaciones y las prestaciones de jubilación, entre otras.

&Para otros la mejor opción sería un sistema mixto de financiación, en el cual parte de la financiación se base en el principio de reparto y otra en la capitalización, para garantizar la seguridad de los contribuyentes, favorecer el ahorro a largo plazo y conseguir una relación mucho más directa entre lo cotizado por cada individuo y los beneficios a recibir, pero sin olvidarse de la equidad intergeneracional.

&Otras medidas residen en recurrir a los impuestos generales del estado para asegurar las jubilaciones, dentro de un sistema de reparto como se hace en Bélgica, Francia y Luxemburgo.

En conclusión, no se prevé la eliminación del sistema público de pensiones, en primer lugar por el fuerte apego popular del que goza el sistema, y el coste negativo que supondría a la clase política.

A pesar de los numerosos estudios y propuestas de reforma que existen en la actualidad, es difícil saber con seguridad cual va a ser el futuro de la economía, la tasa de empleo, el peso o importancia que pueda tener la inmigración, y la relación afiliados/pensionistas, que es la que determina las cotizaciones que se realizarán para el cobro de las pensiones.

De todas formas, en un corto plazo de 10 años, la situación de las personas mayores de 65 años en cuanto a su poder adquisitivo, parece que va a seguir en la misma línea que hoy día. Por lo tanto, a pesar de que se introduzcan algunas de las medidas de reforma comentadas, parece que las pensiones contributivas de jubilación aumentaran en función de la situación económica de cada momento, por lo que en este corto plazo no parece que sea motivo de alarma.

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Proyección sobre las pensiones contributivas