Joaquín Baldomero Fernández Alvarez Espartero no nació para famoso, ni para ídolo de multitudes, ni para recibir el tratamiento de Alteza Real. Si acaso, para gozar de su mayor prosperidad que su padre - en su negocio de mulas -, o para canónigo, que ya es decir. Pero su destino le elevó a Regente de España - casi rey al presentarlo Prim como candidato idóneo para ocupar el trono, vacante tras el destronamiento en 1868 de Isabel II - y a símbolo de la España de su tiempo.

Su larga vida - nació en 1793 en Granátula de Calatrava, provincia de Ciudad Real y murió en Logroño en 1879 -, estuvo dominada por una pasión: hacer lo que tenía que hacer lo más rápidamente posible y por el camino más corto. Abandona el seminario donde su padre lo tenía encerrado a sus quince años y se enrola en el ejército para luchar contra el francés. Dos años después era subteniente y durante nueve pelea en América, de la que regresa coronel, con treinta y dos años, ciertas ideas liberales, ambición sin límites y fe ciega en su buena estrella. Es el prototipo de la nueva sociedad burguesa en la que, teóricamente, nada cuenta el linaje, sino el propio valer. Por eso, en contraposición a los aristócratas, será liberal. Sin embargo ostentará los títulos de Conde de Luchana, Duque de la Victoria, Príncipe de la Victoria, lo que nadie no noble, excepto Manuel Godoy, había conseguido.

Las guerras del XIX produjeron una casta militar fuerte y poderosa, controladora del estado débil y propensa a los pronunciamientos. Espartero, ya presidente del Consejo de Ministros, 1840, retira a la reina María Cristina y se hace nombrar regente, 1841 - 1843. Es la cumbre de su popularidad. Su marcial figura y sus campechanos modales de "Cesar Liberal" le granjean la simpatía popular. Las Cortes le han designado para la Regencia tras una polémica previa sobre si ésta debía ser de una sola persona o de tres. Triunfante la primera fórmula, Espartero ha conseguido 189 votos frente a 103 de Agustín Argüelles.

Durante sus dos años de regente, Espartero, ayudado por su camarilla y teniendo por mentor al embajador inglés lord Clarendon, reparte enchufes y congela las reformas que aguardaban los grupos progresistas y liberales. Esto generará sordo descontento, acrecentando cuando el gobierno declara que las juntas y los juntistas, creadas en toda la geografía nacional y que han nombrado una junta central en Madrid, no hacen falta. Aceptan a regañadientes los juntistas, pero los sectores más radicales del partido progresista, que dirige Olózaga, se apartan de él. Será el fermento del republicanismo, con levantamientos de este carácter en Barcelona en 1842; los sublevados, organizados en batallones de milicias, crean una Junta como gobierno provisional, presidida por un antiguo militar. Personaje clave en la revuelta será Abdón Terradas, socialista utópico que habia sido nombrado alcalde de Figueras y que no había aceptado jurar ante la reina. El mal de fondo de la revuelta reside en la implantación de aranceles a productos de primera necesidad, algo que el pueblo odiaba porque encarecía los alimentos. Con permiso de las Cortes, Espartero viaja a Barcelona y desde el castillo de Monjuich bombardea a la población civil. Ahogada en sangre la sublevación y pasados por las armas sus cabecillas, se impone al pueblo una contribución extraordinaria de doce millones de reales.

La política de Espartero no sólo suscitaba antipatía de los radicales, sino de la propia burguesía. El librecambismo, de inspiración inglesa, chocaba con los deseos proteccionistas de los fabricantes catalanes que veían peligrar sus productos por la competencia extranjera. Incapaz de comprender esto, Espartero, utilizando una vieja y socorrida óptica, reduce los problemas nacionales a problemas de órden público.

Los elementos más conservadores de la sociedad nunca cesaron de conspirar contra Espartero, tomando como punto de apoyo a la reina María Cristina, desterrada en París junto a su marido morganático Muñoz, quieres contaban con la simpatía de los gobiernos de Luis Felipe, celosos de la influencia inglesa en España.

El alma militar de los conspiradores era Narváez, viejo enemigo de Espartero, junto a O'Donnell y Diego de León, este último antiguo amigo del regente. El alma civil era Manuel Montes de Oca, hombre de confianza de la Reina.

En octubre de 1841, militares moderados armados se levantan en Pamplona, Bilbao, Zaragoza y Madrid. Fracasa el movimiento y todos los jefes capturados son fusilados; Borso di Carminati, Montes de Oca y hasta el jefe de la conspiración, Diego de León, pese al clamor general de que fuera amnistiado.

A excepción de su camarilla, Espartero no goza ya de simpatías, y a partir de 1843 se produce un extraño maritaje entre moderados y progresistas para derrocarlo. Estalla la insurrección en el verano de ese mismo año, con Prim, O'Donnell, Concha y Narváez en ella. No puede sofocarla Espartero y huye al puerto de Santa María, donde embarca en un navío británico que le traslada a Londres.

Un gobierno provisional con mayoría de moderados dirigido por Joaquín María López, se hace cargo del país. La respuesta de los radicales no se hace esperar y hay levantamientos en muchos lugares de España.

La gestión de Espartero como regente de España, entre 1840 y 1843, apenas ha sido analizada por la historiografia mas reciente. Cuando lo ha hecho, se ha limitado a sopesar y actualizar la vieja versión de la publicística del siglo XIX, sin casi otra excepción que el libro de Carlos Marichal sobre la política de la década 1834-1844. Con esta salvedad, puede decirse que Espartero llega al poder en 1840 para recoger la herencia de un país tan enormemente problemático como cansado para resistir la institucionalización liberal que la presencia del general implicaba.

Decir en qué consistía esa problemática supone simplificar la realiad de un Estado ya viejo, como el español, y de una sociedad vieja también y estructurada. Cabe, con todo, señalar tres grandes capítulos de problemas que tenían una incidencia principal e inmediata en la vida política: uno cultural, otro geográfico y el tercero económico.

El problema cultural estribaba en la mentalidad política de los españoles. Por los libros de historia circulaba todavía una imagen estereotipada sobre lo que pensaban los españoles del siglo XIX en relación con la vida pública; imagen que viene a resumir la afirmación de que existían dos Españas, distintas y encontradas: una España tradicional y tradicionalista, que se esforzaba en defender a ultranza el pasado y en supeditar a esa defensa la posibilidad de mejorar el pais, y una España progresista, empeñada en el cambio y convencia de que eran los vientos de ultrapuertos -vientos por otra parte liberales- los únicos que podían hacer que la transformación fuera eficaz. Eran las dos Españas que se habían encontrado en las Cortes de Cádiz, en las del trienio constitucional de 1820-1823 y, sobre todo, en los campos de batalla de la primera guerra carlista, entre 1833 y 1840. El Estado español se había hallado en manos de los primeros en la mayor parte del tiempo sin otra salvedad que los cinco años de vigencia de la Constitución de Cádiz (entre 1812 y 1814 y entre 1820 y 1823). En las dos ocasiones en las que el experimento liberal había triunfado (1812 y 1820), la respuesta tradicionalista había devuelto al rey el poder absoluto (en 1814 y en 1823).

Nadie ha estudiado la mentalidad política de los españoles de las primeras décadas del siglo XIX. Sin embargo, lo que se ha concluido al acercarse al mismo tema en otros períodos -períodos posteriores naturalmente- obliga a partir de un supuesto diverso del que se acaba de resumir. Por una parte, el mito de las dos Españas es Reciente. Apenas remonta en el tiempo la barrera de 1900. Y, con ese contenido que contrapone tradición y progreso, es más moderno aún. En su origen, tal como la apunta Joaquín Costa al filo del cambio de siglo, no contrapone la reacción a la revolución, sino lo real a lo oficial (la España real a la España oficial), cuya inadecuación sería ala vez la causa del drama y el secreto de la solución de España.

Nada permite pensar que los españoles (ni todos ni la mayoría de los españoles de 1900, ni mucho menos los de 1840), estuvieran divididos de esa manera, en dos grandes bloques militantes. Lo estuvo, sin duda, la minoría dirigente. Pero la mayoría de sus súbditos afrontan la política con dos características: la desmovilización y el tradicionalismo.

No es posible desarrollar aquí, como sería necesario, ambos extremos. Pero, cuando se haga la historia de esta frase de nuestro pasado, esos dos rasgos (que han sido ya fructíferos para entender la Restauración) pueden llegar a arrojar una luz definitiva. De un lado, la mayoría de los españoles vive al margen de la política. De otro, cuando rompe esa pasividad, lo hace para defender aquellos criterios tradicionales que componen su bagaje cultural: así en 1793, en 1808, en 1820 y en 1833, en la guerra contra la Convención, en la de Independencia, en los levantamientos realistas y en la primera guerra carlista, respectivamente.

Y éste era el primer problema político de 1840. Porque lo que había que construir, al acabar esa guerra civil, era precisamente un Estado liberal -contrario, pues, al tradicionalismo mayoritario- y, por ende, un gobierno fundado en la participación esto es: contrario a la desmovilización.

El segundo gran problema de la regencia de Espartero derivó de esa misma hecatombe (una relativamente pequeña, pero dura hecatombe civil) que había convertido el país en campo de batalla durante siete años . En 1839 y 1840, los carlistas depusieron las armas; pero, en el Norte, lo hicieron a condición de que el general victorioso - Espartero - consiguiera el respeto para sus fueros.

Aclarar este asunto llevaría muy lejos: tanto por lo que atañe al mero hecho histórico de la subsistencia de esos ordenamientos en las tres provincias Vascongadas y en Navarra, en 1840, como en lo que concierne a su entronque con el carlismo. Se ha escrito de hecho lo más dispar: que el carlismo nació foralista; que el carlismo nació foralista; que el carlismo se hizo foralista durante la contienda; por fin, que, en realidad, lo que en los campos de batalla se dirimió no fue la suerte de don Carlos, sino la autonomía e incluso la independencia de un hipotético pueblo vasco.

Aquí diremos solamente que, si nos aproximamos al asunto con un criterio estrictamente positivista (es decir: sin aceptar otra cosa más de aquello que la documentación pone de manifiesto), hemos de concluir dos hechos: primero (con Artola), que no se conoce ninguna razón para que en 1833 (cuando la guerra comenzó) la defensa de Carlos V y de lo que él significaba fuera más fuerte en aquellas cuatro provincias que en el resto del Estado; segundo, que las reivindicaciones forales aparecen tan sólo a lo largo de la contienda.

Por qué? Es posible que un estudio más detallado ponga de relieve la importancia de factores relativamente marginales, a la hora de explicar esa adscripción del carlismo al Norte: en concreto, factores estratégicos, en los que se confunde la situación fronteriza con la existencia de recursos naturales e industriales que hacían más aptas aquellas regiones para la forma de concebir la guerra que tenían los carlistas. Aunque es obvio que eso no basta.

Que de otra parte, la defensa del Antiguo Régimen (que era lo que el carlismo de 1833 significaba) cristalizase allí en la defensa de los fueros, y no en otro lugar, es por completo natural. Si se exceptúa la Nueva Panta catalana, sólo en cada una de aquellas provincias seguía vigente un ordenamiento peculiar y (lo que no sucedía en Cataluña) solo en ellas se presentaban los fueros como una defensa de los propios intereses económicos.

En todo caso, lo cierto es que ambos asuntos se habían localizado allí. los fueros y la guerra; que terminar con ésta requería mantener aquéllos y que este mantenimiento tenía que hacerse conciliable con la imposición del liberalismo, para que la victoria liberal no se convirtiera en un mero triunfo dinástico. Era, en definitiva, el segundo gran problema a resolver cuando Espartero se hizo cargo de la regencia.

El tercer problema (o grupo de problemas) para Espartero estaba ligado al desenvolvimiento económico del principado catalán. Por una parte, España se encongtraba en los indicios -casi en el mero esbozo- de la revolución industrial. De los dos campos clásicos de este desenvolvimiento en el modelo británico (la metalurgia y el textil) sólo el segundo había experimentado un desarrollo neto, en Cataluña, durante la segunda mitad del siglo XVIII. Ahora bien, este emporio de riqueza textil descansaba sobre la amplitud del mercado español coetáneo: toda la América española. La Emancipación hizo por eso que el mercado interior, peninsular, pasara a convertirse en la última posibilidad de subsistencia de aquel núcleo industrial. Y precisamente contra él podia apuntar el cambio político si se llevaban a la práctica los planteamientos económicos del liberalismo estricto: el librecambismo. Si el liberalismo llegaba en ello a sus últimas consecuencias, la industria textil catalana prodría competir difícilmente con la británica en el propio mercado español.

En esta defensa se apiñaban todos los productores: los empresarios y los obreros, que veían el espectro del paro detrás de la disminución de los aranceles. Pero éstos, además, tenían otros motivos que los separaban y enfrentaban a los patronos; motivos laborales que desde 1839, en virtud de una real orden de María Cristina, podían encontrar su cauce de expresión en las sociedades de socorros mutuos que esa normativa permitía establecer.

Espartero, en otras palabras, tenía que sacar también adelante la liberalización del país junto a o por encima de los intereses de las clases productoras catalanas. Era el tercer problema.

La primera cuestión yacía en la desmovilización y el tradicionalismo de los españoles. Las instituciones liberales estaban ya. Habían sido establecidas entre 1834 y 1840 por los Gobiernos y las Cortes de María Cristina. La guerra había hecho imposible, no obstante, que la liberalización se completara, haciendo realidad el carácter representativo de estas instituciones.

Por otra parte, la tradición liberal anglosajona tenía creados ya los instrumentos para hacerlo: los partidos políticos. Así que lo primero que hubo que organizar en España fue esa forma de participación.

En rigor, sobre los orígenes de los partidos políticos españoles lo ignoramos casi todo. Ignoramos por lo pronto cuándo puede decirse que comenzaron a existir como algo más que meros grupos de hombres afines o incluso cuándo empieza a manifestarse esta afinidad. La división de los liberales en dos tendencias se vine situando, como es sabido, en el trienio constitucional 1820 - 1823; aunque no se puede afirmar que doceañistas y veinteañistas sean precedentes directos de los Partidos Moderados y Progresistas del reinado de Isabel II. En las Cortes del Estatuto Real de 1834 la división reaparece; pero, si la denominación "moderado" ya se empleaba entonces, la antagónica "progresista" no está documentada hasta 1836 y 1837. Y esto no implica aún la organización de una y otra como verdaderos partidos políticos.

Sabemos algo más sobre la ideología y los programas de ambos, gracias a la obra clásica de Díez del Corral sobre el liberalismo doctrinario. Los progresistas defendieron el liberalismo estricto (división de poderes y, en teoría, según algunos de sus portavoces, sufragio universal), en tanto los moderados -doctrinarios- preferían atemperar ambos principios con un cuarto poder, moderador y teóricamente neutro, que se concretaba en dar al monarca la posibilidad de intervenir en el legislativo, y con la introducción del sufragio censatario. En realidad, moderados y progresistas, seguidores de Narváez y seguidores de Espartero, fueron en la práctica liberales doctrinarios. Y en esto yace uno de los motivos del fracaso del segundo en sus dos experiencias de gobierno, en la regencia del Duque de la Victoria (título que María Cristina había concedió a Espartero por el éxito en la guerra contra don Carlos) y en el bienio llamado progresista. En las dos ocasiones, Espartero tuvo que alcanzar el poder por la fuerza, porque la regente primero y la reina después lo rechazaban de forma sistemática como alternativa de gobierno. Y, una vez en el poder, Espartero siguió respetando, en las dos ocasiones, esas prerrogativas que capacitaban al jefe del Estado para intervenir y, por tanto, imposibilitar el ejercicio del poder legislativo.

Todo esto, en último termino, da una idea de las deficiencias de la solución que aquellos hombres dieron a la articulación de aquellos cauces de opinión política que habían de ser los partidos. Pero ¿lo fueron?. Y otra cuestión: ¿por qué se situaron dos generales, Espartero y Narváez, al frente de los destinos de España, abriendo una de las más importantes constantes de la historia de la España contemporánea: el dominio de la política por el Ejército?.

De manera habitual, aunque en distinta medida, se han aducido dos razones: la imposición de las necesidades del Ejército y la falta de clases medias.

La primera resulta verosímil, si no se le da un valor absoluto. Por un lado, la Hacienda de Madrid tenía en los años treinta recursos muy escasos para sostener las tropas que luchaban contra don Carlos. Como ha afirmado Raymond Carr, abastecer a Narváez y a su ejército del Centro significaba descuidad a Espartero y a su ejército del Norte. Y, de otro lado, la guerra de la Independencia había roto el monopolio de la oficialidad española por la aristocracia, al dar la oportunidad a gentes del tercer estado -labradores o aprendices de eclesiástico como Espartero- de hacer carrera militar. En cierta medida, en torno al duque de la Victoria había cristalizado también la oficialidad popular; aunque esto no suponga afirmación de ningún género sobre la oscura extracción social de los moderados y de los progresistas.

La segunda razón de la prioridad de los generales es menos clara, siendo la que con frecuencia mayor se ha esgrimido. No hay ningún estudio que respalde -ni que rechace- la afirmación de que la sociedad española del siglo XIX carecía de clases medias. En realidad, el estrecho sufragio censitario de 1840 no lo requería. Y tampoco cabe afirmar que la aristocracia y la burguesía de la época -los llamados por ley a ejercitar el derecho al voto- fueran tan sumamente débiles, no ya económica, culturalmente, como para hacer imposible el propio voto y, con él, el respaldo de los Gobiernos.

Cuando se revisen las causas de aquel militarismo habrá que sopesar por tanto, estas dos posibles razones, entre otras: primera, que acaso el régimen careció del respaldo popular necesario no por la composición de la sociedad española, sino por la restricción del propio sufragio. Segunda, que, restringido o no (o quizá por la misma restricción), el sistema representativo se basaba en la participación, ya que sólo ésta lo hacía representativo, y era difícil movilizar para ello una sociedad desmovilizada, cuyos criterios tradicionales podían casar mal, a su vez, con las instituciones nuevas. Acaso estribe en esto otra de las claves para entender en el futuro no sólo la regencia de Espartero, sino todo el reinado de Isabel II.

Pero el problema más agobiante de los tres era seguramente el que planteaba la guerra carlista y la necesidad de respetar en alguna medida los ordenamientos forales, conciliándolos con las instituciones liberales nuevas, a fin de hacer imposible un nuevo estallido. Se trataba además de conciliar también los intereses foralistas de la mayoría rural con los de minoría interesada en la libertad del comercio; minoría existente en las propias Provincias Vascongadas, aunque sólo en muy contados núcleos urbanos.

Claro es que el arreglo llevaba buen camino por parte de Madrid, desde el momento en que Espartero aconsejó la solución a las Cortes. Por lo que se ha dicho antes acerca de la ascendencia de los generales sobre los políticos civiles, el consejo de un militar tenía fuerza de ley. Pero faltaba la buena voluntad de la otra parte. Y aquí hay que subrayar que la flexibilidad de los negociadores navarros no tuvo parangón en los vascontados. Bien puede decirse que en 1840 (y mucho después) no hubo problema navarro por la habilidad de sus representantes -liberales, por cierto- para buscar fórmulas de acuerdo entre el respeto ala autonomía y las prerrogativas de Madrid. Y, ala inversa, hubo (o habría) problema vascongado por la falta de políticos de talla, negociadores y entendidos, en aquellas tres provincias de la corona de Castilla. Navarra llegó a la ley de modificación de los fueros en 1841, que sigue vigente en nuestros días (si se quiere eclipsada por el decreto ley de enero de 1979). Y las Vascongadas acabó por perderlo casi todo en 1876, por haber querido conservar también todo, hasta la nimiedad.

Poco pudo la regencia de Espartero frente al malestar de Cataluña, incrementado en el trienio 1840 - 1843 al propagarse que el general tenía la intención de negociar con Inglaterra un acuerdo comercial de tendencia librecambista.

Por otra parte, por perjuicios individualistas o temores de gobernante, la realidad es que impidió el desenvolvimiento de las sociedades obreras de socorros mutuos, que empezaron a multiplicarse en el mismo año 1840.

Además, los moderados habían iniciado la conspiración. Y no dudaron en azuzar a foralistas y empresarios catalanes contra el regente, con promesas programáticas relacionadas con sus respectivos problemas. Así, el tema foral afloró en la intentona de pronunciamiento moderado que tuvo lugar en Madrid, Pamplona, Vitoria y Bilbao en 1841, y el segundo, en la oscura rebelión catalana del otoño 1842.

En este segundo caso se mezclo todo. Se vieron claros síntomas de republicanismo e incluso implicaciones de algún pionero del socialismo utópico. Pero Pi i Margall aducía años más tarde que el contenido de algunas proclamas, que hablaban implícitamente de la posibilidad de que subsistiera la monarquía, probaba la moderación de sus intenciones.

Poco pudo la regencia de Espartero frente al malestar de Cataluña, incrementado en el trienio 1840 - 1843 al propagarse que el general tenía la intención de negociar con Inglaterra un acuerdo comercial de tendencia librecambista.

Por otra parte, por perjuicios individualistas o temores de gobernante, la realidad es que impidió el desenvolvimiento de las sociedades obreras de socorros mutuos, que empezaron a multiplicarse en el mismo año 1840.

Además, los moderados habían iniciado la conspiración. Y no dudaron en azuzar a foralistas y empresarios catalanes contra el regente, con promesas programáticas relacionadas con sus respectivos problemas. Así, el tema foral afloró en la intentona de pronunciamiento moderado que tuvo lugar en Madrid, Pamplona, Vitoria y Bilbao en 1841, y el segundo, en la oscura rebelión catalana del otoño 1842.

En este segundo caso se mezclo todo. Se vieron claros síntomas de republicanismo e incluso implicaciones de algún pionero del socialismo utópico. Pero Pi i Margall aducía años más tarde que el contenido de algunas proclamas, que hablaban implícitamente de la posibilidad de que subsistiera la monarquía, probaba la moderación de sus intenciones.