TEMA: EL FUTURO DEL ESTADO DEL BIENESTAR.

EL ESTADO DE BIENESTAR: SU JUSTIFICACIÓN HISTÓRICA Y SUS FUNDAMENTOS.

Los elementos básicos del E.B.

El E.B. es la forma política dominante desde el final de la II Guerra Mundial hasta nuestros días. Se ha basado en 2 elementos esenciales:

La intervención del estado en la economía. Esta intervención se ha materializado a través de 3 vías fundamentales:

La utilización de la política fiscal de raíz keynesiana en la lucha contra el paro.

La prestación directa de bienes y servicios públicos.

La implantación de sistemas fiscales de carácter progresivo.

La existencia de mecanismos de pacto o acuerdo social. El estado puede desempeñar un papel positivo para alcanzar unos objetivos como son los de progreso e igualdad, pero estos objetivos no se pueden imponer, sino que deben alcanzarse gracias al acuerdo entre los distintos sectores sociales en presencia (trabajadores y empresarios).

El E.B. es más que la existencia de redes de protección social.

El E.B., crecimiento y redistribución.

El E.B. ha permitido alcanzar 2 objetivos de forma satisfactoria:

• Una redistribución de la renta para mejorar las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

• Una gestión de la política macro-económica para evitar las crisis cíclicas de producción y empleo, abocadas a las economías capitalistas antes de la II G. Mundial.

Durante estos años, ha habido un crecimiento del sector publico y un crecimiento de la producción y de la economía (compatibilidad).

El nacimiento del E.B. está unido a la solución del problema del desempleo masivo que hubo durante la gran depresión.

Esta compatibilidad se ha materializado en que el mercado es más eficiente, puede decidir qué y cómo debe producirse y para que los ciudadanos a través del mecanismo de los precios, puedan decidir en qué bienes y servicios desean gastar su renta. El estado a través de los instrumentos de los impuestos y del gasto público debe corregir la distribución de la renta resultante de la acción del mercado.

El E.B. ha participado en la mayoría de los países europeos en la producción de bienes y servicios. El sector público ha intervenido e interviene en la producción de numerosos servicios públicos.

El E.B. como realidad política.

El E.B. tiene un carácter eminentemente político. Refleja una determinada correlación de fuerzas entre los diferentes grupos sociales y políticos.

Viene así condicionado por el fracaso del capitalismo de libre mercado para hacer frente a las crisis del 29. Es por ello que el New Deal en EE.UU. y la Socialdemocracia en Europa occidental fueron respuestas del capitalismo de libre mercado, guiadas por el reconocimiento de que la intervención del estado era obligada si el capitalismo deseaba sobrevivir.

Keynes fue un liberal, no un socialdemócrata. Pensaba que el capitalismo solo podría pervivir si se reformaba y establecía formas de acuerdo entre capitalistas y trabajadores.

En la idea del pacto entre capitalistas y trabajadores, es evidente que ninguno de ellos obtiene todo lo que desearía, pero se trata de un acuerdo razonable.

Dos tipos de consecuencias negativas de que los objetivos sociales se pueden conseguir son:

La sustitución de la política por la técnica y de la hegemonía al pensamiento único. No todos los objetivos sociales pueden alcanzarse plenamente. Los problemas sociales plantean alternativas distintas, y los individuos no coinciden en sus preferencias. La elección entre las distintas alternativas corresponde al espacio de libertad individual. Y la traducción de las distintas propuestas en una acción social a través del conflicto, la negociación y el acuerdo.

Todos los objetivos son alcanzables es una tendencia a la desresponsabilización individual al considerar que los beneficios se pueden alcanzar sin coste y sin esfuerzo.

Los efectos de ambos son negativos, como podrían ser la deslegitimación política del E.B. y la progresiva pérdida de identificación de los ciudadanos con la acción de los poderes públicos.

LA CRISIS DEL E.B.: LOS LÍMITES DEL ESTADO COMO REDISTRIBUIDOR DE RENTAS.

Factores económicos y factores socio-políticos.

La crisis se inició a mediados de los 70. Los factores fueron los siguientes:

• Su incapacidad para hacer frente al desempleo.

• El incierto signo redistributivo de algunas de las políticas típicas del E.B.

• Los problemas de eficiencia del gasto público.

• Las dificultades de financiación.

• El cambio hacia unas economías más globalizadas y más integradas.

Hay una resistencia a aceptar el crecimiento de las esferas de actuación del poder político en detrimento de los ámbitos de libertad y de capacidad de elección y decisión individual. También la difuminación de las relaciones personales y sociales de solidaridad parecen favorecer a núcleos sociales cercanos a los ámbitos del poder político. La aparición de nuevos sectores sociales que no se benefician de las políticas del E.B.

La consecuencia es que hace más complejo el mantener un pacto social elemental entre trabajadores y empresarios.

Actividad productiva, renta primaria y redistribución de la renta.

El sector público procede a reasignar alrededor de un 50% de los recursos generados. Las mayores exigencias de redistribución de renta son debidas a 2 razones fundamentales:

La existencia de amplios colectivos que permanecen al margen de la actividad productiva.

El aumento de las desigualdades de renta primaria.

Es cierto, que hay un creciente número de personas en edad avanzada y una prolongación de la enseñanza obligatoria. También hay razones vinculadas a las innovaciones tecnológicas, aumentan el paro.

La solución sería incidir en la distribución de la renta, en que los salarios sean más igualitarios y no obliguen luego a una acción correctora del sector público. Esta idea es tradición de la izquierda y también las políticas orientadas a actuar sobre la propiedad de los medios de producción del Estado.

El papel del trabajo como factor de integración social.

El trabajo es solo una forma de percibir una contrapartida económica por la prestación de un servicio. Es también el vehículo de integración social de los individuos y de responsabilización en un quehacer colectivo.

Destaca también el papel del trabajo en el desarrollo de la persona humana.

Actualmente, se ofrece una reducción del tiempo de trabajo gracias a las mejoras de la productividad.

No puede afirmarse que los problemas del E.B. procedan de una mayor escasez de recursos de las economías occidentales. Es más estas economías han seguido creciendo.

Las causas han sido que desde mediados de los 70 hasta primeros de los 90 se ha producido un menor crecimiento del PIB debido a un menor aumento de la productividad y menor crecimiento del empleo. Además los aumentos de la productividad son mucho más reducidos en la producción de servicios públicos.

La sociedad esta en condiciones de financiar el mismo nivel de bienes y servicios que financiaba antes, puesto que una parte de los mismos pueden ser producidos a un menor coste o al mismo coste, como son aquellos que experimentan aumentos de productividad.

E.B. E INTEGRACIÓN ECONÓMICA EUROPEA.

Desajuste entre los ámbitos político y económico.

Uno de los problemas a los que debe hace frente el E.B. es el desajuste creciente entre el ámbito político y económico por la progresiva extensión del ámbito económico, a causa de la internacionalización y globalización de la economía y por las fuerzas del proceso de integración económica europea.

El poder político europeo no tiene responsabilidades en campos fundamentales del sector público, en los que siguen siendo los estados nacionales los que tienen responsabilidades de decisión y gestión encomendadas a los poderes públicos.

El poder público europeo es aún incipiente y débil y los poderes nacionales son inadecuados para actuar eficazmente.

La imposibilidad de las políticas de estabilización a nivel de un solo país.

Hay una dificultad creciente en la integración del mercado para seguir aplicando políticas efectivas de regulación de la demanda, mediante la utilización del instrumento presupuestario, en un solo país.

Son economías muy abiertas, con intercambios comerciales intracomunitarios elevado.

No se ha aplicado hasta el momento ninguna iniciativa tendente a utilizar coordinadamente el instrumento presupuestario. Ha habido propuestas en este sentido por Delors, que proponía un ambicioso programa comunitario destinado a proporcionar un estímulo selectivo de demanda, crear empleo y mejorar la productividad de la economía europea; pero no se han traducido estas políticas por dificultades financieras, resistencias políticas…

Las limitaciones de las políticas redistributivas a nivel nacional.

En un sistema político descentralizado, la función redistributiva sea asignada al gobierno europeo, el de ámbito superior.

La integración concreta de los mercados en la U.E. parece que debe limitar seriamente la autonomía de las políticas nacionales en materia de gastos sociales. La existencia de libre movilidad del capitalismo y la permanencia de sistemas impositivos no coordinados conduce a la competencia fiscal y a la ineficacia de las medidas impositivas adoptadas por los estados miembros.

La situación debería conducir a que los programas sociales fueran financiados por los asalariados y consumidores. Tampoco puede haber grandes diferencias de presión fiscal entre países.

Aunque todos los estados europeos prefieran la existencia de políticas redistributivas, el resultado sería que ninguno de ellos podría aplicarlas actuando individualmente. Solamente una actuación a nivel político supra-nacional que asumiera directamente esta responsabilidad o bien estableciera poderosos sistemas de subvenciones de nivelación entre estados, podría permitir el mantenimiento de estas políticas.

Además hay una limitada movilidad del factor trabajo en Europa, da lugar a flujos migratorios significativos inducidos fiscalmente. La existencia de menores cargas impositivas y sociales pueden suponer un atractivo para la localización de actividades empresariales, aunque cabría preguntarse si a medio plazo una situación de menor cobertura no acabaría provocando efectos contraproducentes para la actividad empresarial (mayor descontento e inestabilidad social).

En el pasado la existencia de residuos fiscales distintos entre los países de la U.E. no ha generado grandes migraciones inducidas fiscalmente. Sin embargo, la aceleración del proceso de integración económica y monetaria ha cambiado de forma significativa.

La liberalización de los movimientos de capitales y la elevada movilidad de este factor, ha conducido a una creciente competencia fiscal, que ha llevado a un aumento de la carga fiscal soportada por los asalariados.

¿Hacia un E.B. europeo?

En el pasado, cada país podía subsistir con su E.B. Actualmente, o bien se avanza hacia formas de acción pública a nivel comunitario o bien, de mantenerse la lógica de la competencia y de la acción individual. Por lo que asistiremos a la progresiva pérdida de virtualidad de los actuales E.B. Las cosas se han precipitado. El E.B. plantea una problemática común a nivel europeo, con un grado de similitud entre países.

A nivel europeo, el gobierno tiene el poder de decisión y gestión. Con el poder de gestión puede permanecer en los gobiernos nacionales. El E.B es una realidad política, resultado de unas determinadas relaciones de fuerzas en distintos momentos históricos.

También hay que referirse a la tendencia creciente a la globalización e internacionalización de la economía, siendo el responsable fundamental de la crisis del E.B. La revolución tecnológica de las comunicaciones y la libertad de los movimientos de capital conducen a que los países que deben financiar las cargas de un fuerte E.B., difícilmente puedan seguir siendo competitivos frente a las nuevas potencias emergentes.

LA VIGENCIA DE LAS POLÍTICS KEYNESIANAS.

El cuestionamiento de la teoría keynesiana y de las políticas fiscales.

Las políticas macro-económica de inspiración keynesiana han constituido uno de los elementos esenciales del E.B.

Por un periodo de 35 años, la teoría keynesiana produjo un considerable progreso en varios frentes empíricos. Sin embargo, a partir de mediados de los 70 y hasta finales de los 80, fue rechazado por un gran número de economistas académicos.

La teoría keynesiana no había sido capaz de dar respuesta a la crisis de los 70 y que la aplicación de las recetas keynesianas, combatiendo la recesión con políticas fiscales expansivas, había conducido a un aumento del paro y una mayor recesión.

El resurgir de unos planteamientos keynesianos renovados.

Hoy la teoría keynesiana no inspira silbidos y risas de la audiencia. Los datos proporcionados por los años 70 no apuntaron refutaciones contundentes. Los elementos básicos de este planteamiento son:

• Tanto la política fiscal como la política monetaria tienen efectos relevantes sobre la demanda agregada.

• Los cambios en la demanda agregada tienen un impacto a corto plazo en términos de producción y empleo más que de precios.

• Los mercados de bienes y de trabajo no tienden rápidamente a restablecer el equilibrio por el mecanismo de los precios relativos.

• Las políticas macro-económicas de carácter estabilizador juegan un papel relevante en la reducción de la amplitud de las recesiones.

Otros teóricos piensan que la esencia del keynesianismo es la atribución de un papel central a la política fiscal para reducir el desempleo. Una intervención activa del sector público, utilizando las políticas macro-económicas es necesaria para hacer frente a las recesiones y al desempleo.

Existe una tendencia a combinar políticas monetarias relativamente flexibles con políticas fiscales rigurosas.

Existe, también, la idea extendida de que las políticas fiscales keynesianas se basaban en la existencia de fuertes déficits públicos. Se trata de un tópico que Keynes no propuso nunca.

La problemática de los déficits públicos.

La preocupación por evitar déficits públicos excesivos ha dado lugar en la U.E. al Pacto de Estabilidad y crecimiento en diciembre de 1.996. Este Pacto compromete a los estados a no tener déficits superiores al 3% del PIB, bajo la amenaza de serias sanciones, ya que podría afectar a la solidez de la moneda europea.

Este Pacto introduce un grado de rigidez en la conducción de la política fiscal, siendo esta muy severa. Lo que resulta fundamental no es que el déficit público se sitúe en todo momento por debajo del 3%, sino que no exista una tendencia a generar permanentemente elevados déficits públicos.

Unas reglas excesivamente rígidas en política fiscal que no permitieran que el déficit público se adaptara adecuadamente a las distintas fases del ciclo, podrían tener consecuencias graves en la estabilidad económica. Por eso muchos aconsejan evitar políticas deflacionistas en momentos de recesión, recordando la experiencia de la Gran Depresión.

EFICACIA Y REDISTRIBUCIÓN.

Expansión del E.B.: viejos y nuevos problemas.

Los 5 resultados más importantes alcanzados por el E.B. son:

• Redistribuir la renta a lo largo del ciclo vital del individuo.

• Reducir los riesgos económicos.

• Estimular el consumo de distintos servicios sociales con fuertes elementos de inversión en capital humano.

• Mitigar la pobreza.

• Igualar la distribución de la renta y la riqueza entre los individuos.

El E.B. ha servido para ayudar a resolver este conjunto de problemas, pero también ha contribuido a crear otros, como son:

• La existencia de fallos de mercado no puede hacer ignorar la existencia de fallos del sector público.

• El trade-off entre equidad y eficiencia tiene unos mayores costes en términos de eficiencia.

Fallos del sector público y fallos de mercado.

La justificación del sector público en la actividad económica se fundamenta en la teoría de los fallos de mercado. El mercado actúa eficientemente en la asignación de recursos. Pero debe de reunir algunos requisitos como:

• Ser competitivo.

• Tener costes marginales crecientes.

En caso contrario, o bien el mercado es incapaz de alcanzar una solución de equilibrio o bien no es eficiente.

El sector público también tiene unos posibles fallos en la que se da una visión idealizada del gobierno porque el hecho de que la provisión de determinados servicios no puede ser eficientemente realizada por el mercado, no necesariamente significa que vaya a ser mejor asegurada por el sector público.

Actualmente, se contraponen los fallos reales de la actuación del sector público a un comportamiento ideal de los mercados. Hay quién dice que todos los mercados son incompletos y la información es siempre imperfecta.

Para que el mercado tenga una situación eficiente debe cumplirse unas condiciones como:

• Deben ser completos.

• Debe existir un mercado y solo una para cada mercancía.

• Ser competitivos.

• Debe existir plena información.

No solo hay que ver esto como la existencia de fallos en el mercado sino como una demostración de que la intervención permitiría unos mercados más eficientes.

Costes de eficiencia.

Los costes de eficiencia del E.B. pueden tener su origen en:

• Las consecuencias de la financiación de los servicios públicos (deuda pública).

• Los distintos tipos de conductas que generan los mismos servicios y prestaciones proporcionados por el E.B.

Una de las críticas es hacia el sistema de pensiones basadas en la dificultad de su sostenibilidad a largo plazo y los problemas de su financiación, no a los efectos genuinamente ineficientes que el sistema pueda en sí mismo producir.

En caso de considerarlo excesivo, habría que replantearse cuáles son las prioridades de gasto del sector público.

Costes de eficiencia: prestación de servicios públicos.

El E.B. y la prestación de servicios públicos a través del Estado, plantea un importante problema de incentivos, presentando distintas manifestaciones:

• Problemas de riesgo moral. Todo programa que suponga asegurar algún tipo de riesgo (de salud o desempleo) disminuye los incentivos a prevenir la posibilidad de que se produzca el riesgo asegurado. Cuánto más completo sea el programa de seguro, más disminuirán los incentivos para evitar que se produzca el suceso asegurado, más este proceso se producirá, y más costosa será su financiación.

• La falta de derechos de propiedad reduce los incentivos de los gestores públicos. Los incentivos de los realquilados para mantener en buenas condiciones su vivienda no son los mismos que los de los propietarios (por, ejemplo).

Tampoco es cierto que los derechos de propiedad conduzcan necesariamente a una situación eficiente. Por ejemplo, la mayoría de las grandes empresas son dirigidas por directivos contratados y no por los propietarios; y el rápido crecimiento experimentado en el sur de China, la ausencia de derechos de propiedad no ha parecido ser un obstáculo insuperable.

• La ausencia de mecanismos que estimulen la competencia. La privatización no resuelve los problemas. Las medidas encaminadas a crear condiciones más de mercado y más competitivas en la provisión de los servicios públicos y, a favorecer su provisión más descentralizada contribuyen a mejorar su eficiencia.

• Las especiales características de las relaciones de trabajo que se derivan de los sistemas funcionariales: la inamovilidad de los puestos de trabajo, la mentalidad de control y el espíritu ordenancista, el sesgo igualitarista, la complejidad de los mecanismos de sanción.

Existe un conjunto de servicios (agua, gas, electricidad…) en los que la justificación histórica de la intervención pública basada en parte en la dimensión del mercado, en razones tecnológicas y en razones de justicia (garantizar su acceso a todo el mundo). Los sistemas de intervención han ido desde la provisión pública (empresas nacionalizadas) hasta distintos tipos de regulaciones.

La privatización obedece a obtener recursos públicos para reducir el endeudamiento y el déficit (al reducir el pago de intereses de la deuda). Pero poco se ganaría si la privatización condujera a la creación de nuevas situaciones de monopolio en manos del sector privado. La privatización absoluta plantea el problema del “descreme” en el que el mercado puede atender las actividades rentables, existiendo el riesgo de dejar desatendidas a determinadas zonas.

Costes de eficiencia: imposición.

Todo impuesto incide en las decisiones de los individuos y produce pérdidas netas de bienestar. Modifica los incentivos para trabajar, consumir, ahorrar o invertir.

Las consecuencias más importantes de la imposición son:

• Los efectos de sustitución a favor del tiempo de ocio.

• La menor intensidad de trabajo si los salarios no están vinculados al rendimiento.

• La extensión del trabajo tipo “hágalo usted mismo”.

• La producción por trueque.

• Las ocupaciones con relativamente importantes beneficios no-pecuniarios.

• La búsqueda de “escapatorias” fiscales.

• Si el sistema es progresivo, habrá efectos sustitutivos en contra de la inversión de capital humano.

• La movilidad laboral.

• Etc.

Se produce una traslación de actividades del mercado a las economías domésticas: los elevados niveles de los tipos marginales desaconsejan dedicar más horas al trabajo y, en cambio, aumentan las actividades caseras del tipo “hágalo usted mismo” (jardinería, carpintería…). Y hay un conjunto de actividades como la atención a niños o ancianos realizadas tradicionalmente por las familias y que son, cada vez más, asumidas por el sector público.

El sector público tiende a trasladar al mercado un conjunto de actividades que parecían consustanciales al mismo (guardias de seguridad, servicios de mensajería, etc.) que tienen consecuencias sobre la eficiencia global del sistema.

Para mitigar los efectos negativos de la imposición, Lindbeck sugiere 4 métodos:

Desplazar la financiación de algunos servicios públicos de la imposición al beneficiario (precios, tasas…).

Reducir la ambición de redistribuir rentas dentro de la clase media.

Pasar a subvencionar la producción de determinados servicios a subsidiar directamente su demanda.

Cambiar la estructura de la imposición de la renta al consumo.

Estos costes se basan en la existencia de efectos de sustitución realizadas a través del mercado, sin interferencias fiscales, que darían lugar a resultados eficientes.

Eficacia de las políticas redistributivas.

Las limitaciones de las políticas redistributivas obedecen a:

• En la medida en que se expande el E.B. y crece el tamaño del sector público, los flujos redistributivo se extienden de hecho al interior de las clases medias. Es muy difícil garantizar que tengan un signo igualitario.

Muchas veces, las políticas públicas obedecen más a las necesidades de grupos de intereses electoralmente poderosos.

• El aumento de dimensión del sector público tiende a ocultar las relaciones fiscales reales que existen entre las personas y a crear la impresión de que los flujos de renta no tienen lugar entre los individuos y otros, sino entre cada uno de ellos y el Estado, lo que genera unas mayores resistencias a aceptar las políticas redistributivas. Personas que estarían dispuestas a hacer un esfuerzo de solidaridad con otras personas, se resisten a ello si tienen la impresión de que el Estado es el beneficiario de este esfuerzo.

• La existencia de una cierta desmoralización al comprobar que los programas de tipo redistributivo y de lucha contra la pobreza no alcanzan en muchas ocasiones los objetivos deseados. Existe la “trampa de la pobreza” en que los beneficiarios de estos no lo utilizan. No saben de su existencia como becas, vivienda social,…

Todo ello ha debilitado la eficacia real de las políticas redistributivas.

LA CRÍTICA DEL E.B.: FALACIAS Y REALIDAD.

Reducción o mantenimiento del E.B.

La critica del E.B. se trata de creencias basadas en falacias y falsos dogmas. Algunas de ellas son:

• El E.B. perjudica el crecimiento económico. Falso. Ha habido un aumento del peso del estado en la economía. A lo largo de unos años durante los cuales existía una clara preocupación por contener la tendencia de la expansión del gasto público.

• Hay un trade-off entre igualdad y crecimiento. Cuando afirmamos que el gasto público es muy elevado o que ha crecido mucho, nos estamos refiriendo a situaciones muy diferentes. Suecia con 66.9% y Japón y EE.UU. con 36.1%. Aunque siempre ha habido grandes diferencias entre países, más bien podemos afirmar que estas han tendido a reducirse a lo largo de estos años. Existe más bien una mayor concentración de los ratios gasto público/PIB en torno a la media

E.B. y crecimiento económico.

Los países con un sector público más potente y un E.B. más desarrollado no crecen menos que los otros países. La financiación pública es la manera más eficiente para proveer servicios tales como la sanidad y la educación.

Los países más ricos pueden permitirse una mayor atención por la igualdad y están así dispuestos a votar por un sistema de seguridad social más general. El gasto público no es un lujo y un despilfarro sino una inversión en una sociedad más próspera y agradable.

Las consideraciones precedentes muestran hasta qué punto entre el crecimiento de la renta y el del sector público existe una relación causal compleja, y en las 2 direcciones:

Un mayor nivel de renta suele inducir una mayor demanda de determinadas actividades del sector público. Sin embargo, un menor ritmo de la renta conduce al aumento de los gastos asistenciales y de sostenimiento. Las variaciones de renta influyen en el gasto público.

El peso del sector público influye en el crecimiento económico. Un mayor nivel de equipamientos, de educación y de cohesión social contribuye a un mayor crecimiento económico. Pero niveles excesivos de imposición o de déficit y de endeudamiento pueden tener efectos negativos.

Crecimiento económico y desigualdad.

No es cierto que la desigualdad estimule el crecimiento económico. Un mayor grado de igualdad influye positiva y significativamente en un mayor crecimiento de la renta.

En una sociedad donde el conflicto distribucional es más importante, es probable que las decisiones políticas acaben dando lugar a políticas que permiten menos apropiación privada y en consecuencia menos acumulación y menos crecimiento.

La desigualdad de renta es dañina para el crecimiento, ya que conduce a políticas que no protegen los derechos de propiedad y no permiten una plena apropiación privada de los rendimientos de la inversión.

Perotti contrasta la relación entre grado de igualdad en la distribución de la renta y crecimiento. Considera 4 canales a través de los cuales puede manifestarse este efecto:

La estabilidad política.

La educación, una mayor igualdad conduce a mayores gastos en educación.

La tasa de fertilidad, mayores niveles de igualdad van acompañados de menores índices de fertilidad que repercuten en un mayor esfuerzo educativo y un mayor crecimiento.

La política fiscal, una mayor igualdad permite reducir los gastos redistributivos.

La conclusión es que un mayor nivel de igualdad va acompañado de mayores tasas de crecimiento. Aunque estos datos no permiten confirmar la hipótesis.

Redistribución y crecimiento económico.

Los modelos que acabamos de examinar más bien parten de la hipótesis de que unos mayores gastos de redistribución pueden tener efectos negativos en el crecimiento económico.

Bénabou concluye que:

• Las sociedades con mayores niveles de desigualdad no necesariamente son las que realizan unos mayores gastos redistributivos.

• Existe una relación significativa y positiva entre los gastos de transferencias redistributivos y el crecimiento económico.

Podemos, pues, afirmar que una mayor igualdad parece estar asociada a un mayor crecimiento económico. Existe un consenso amplio en esto. En cambio, no parece existir una clara influencia negativa de los gastos redistributivos sobre el crecimiento económico. Los países que aplican políticas más igualitarias no padecen consecuencias negativas sobre el crecimiento económico. Por el contrario, países más conservadores, con recorte de la actividad del sector público (EE.UU. e Inglaterra), son donde ha aumentado la desigualdad en los niveles salariales y de renta. En parte ello se debe a un mayor desequilibrio entre las rentas salariales y a un debilitamiento de la acción correctora del sector público.

Empleo y desregulación del mercado de trabajo.

Tampoco parece existir evidencia concluyente que demuestre que la desregulación del mercado de trabajo contribuye a reducir el desempleo de forma efectiva.

Un reciente estudio de la Comisión Europea concluyo lo siguiente:

• El empleo no ha mejorado desde que empezó la desregulación.

• Los estados miembros con menores niveles de regulación no tienen mejores resultados que otros países.

• Los mercados de trabajo menos regulados en el mundo desarrollado han mostrado un aumento más acentuado de diferencias de renta.

Otro estudio de la OCDE, concluye que la desregulación de los mercados de trabajo han incrementado las desigualdades salariales pero no han reducido el desempleo, como son EE.UU., Australia, Reino Unido y Nueva Zelanda.

ALGUNAS PARTICULARIDADES DEL CASO ESPAÑOL.

El E.B. es todavía débil con relación al de otros países, aunque se ha desarrollado mucho y muy rápidamente en los últimos años.

- El sector público español es reducido en relación con el de otros países. En 1.996 representaba el 44.8% del PIB, siendo la media europea de 50.6%. Sólo Luxemburgo, Reino Unido e Irlanda mostraban un porcentaje más reducido que España.

- La presión fiscal es también más reducida. Ocupa el puesto 12 sobre 15, siendo los últimos Irlanda, Grecia y Reino Unido.

- El gasto social en educación, sanidad, seguridad social y servicios sociales presenta también un peso reducido. En educación esta por debajo de la media. En sanidad es relativamente similar y en seguridad social esta claramente por debajo, aunque en este caso existen factores, como la estructura de edad, que deberían ser tomados en consideración para evaluar la situación relativa en términos de necesidades reales de gasto.

- Existe todavía un grado relativamente alto de desigualdad en la distribución de la renta. Solo Irlanda y Portugal están por debajo.

España no ha alcanzado los niveles del E.B. de otros países europeos. Esto no quiere decir que debe llegarse obligatoriamente a la situación en que ahora ellos se encuentran. En muchos de ellos se esta procediendo a la revisión de algunas políticas. Tal vez habría que aprender de sus experiencias, antes que tener que recorrer un camino de ida y vuelta, si esta se debiera ser el caso.

Durante los años 90 hubo una reducción apreciable del tamaño del sector público. Entre 1.990 y 1.993 se produjo un crecimiento muy importante con un casi 50% del PIB en gasto público. Desde ese año, el porcentaje ha disminuido incesantemente.

Para un fortalecimiento del sector público habría que tener en cuenta un contexto específico caracterizado por:

• El sector público español es aún algo reducido, pero ha crecido mucho en los últimos años. Además, ha aumentado en momentos de expansión moderada, por lo que el esfuerzo aparente resulta mucho mayor. Entre 1.980 y 1.996, en España ha aumentado 10.4 puntos, mientras que en el conjunto de países de la OCDE lo hacía solo de 2.1 puntos.

- Lo mismo ocurre si examinamos la evolución de la presión fiscal. En España ha aumentado, mientras que en el conjunto de la UE ha sido menor. Ello ha permitido reducir claramente las distancias que hace unos lustros separaban el E.B. español del existente en los países de nuestro entorno.

El gasto social y en servicios públicos de bienestar y el grado de desigualdad en la distribución de la renta durante los 80 y primeros de los 90, se ha reducido en España de forma significativa, en contra de la tendencia observada en otros países que empeoraba o se mantenía igual.

• El estado (Administración pública) en España no goza todavía de una buena reputación. Es visto con reticencia y desconfianza. Esto aparece asociada a su gestión intervencionista, ineficiente y centralista en la época franquista. Las cosas han cambiado, pero no suficientemente, y los escándalos de los últimos años, así como la política tendente a privilegiar el sector privado en detrimento del sector público, no contribuyen a mejorar la imagen y reputación del estado.

• El problema anterior se ve acentuado por la difícil aceptación por parte del sector social de las clases medias-altas. Su capacidad de creación de opinión es mucho mayor que su peso poblacional. Pagan bastante impuestos y están sometidos a una progresividad elevada. En cambio, no son usuarios habituales y estables de los dos servicios públicos fundamentales que presta el E.B. que es la enseñanza y la sanidad, que en buena medida obtienen del sector privado y pagan directamente. Su trato con el E.B. no es demasiado satisfactorio. Pagan mucho y reciben poco a cambio.

Queda un camino importante que recorrer, tanto en materia de ss.ss. como en el grado de desigualdad de la renta.

En España es necesario avanzar a la vez en una doble dirección: promover un crecimiento estable y sostenido y desarrollar el E.B. Pero sería un error supeditar una de estas líneas de avance a favor de la otra. Un E.B. estable solo es posible con un ritmo apropiado de crecimiento económico y un crecimiento económico sostenido solo puede tener lugar si existe un marco adecuado de cohesión social y de los servicios públicos y equipamientos colectivos.