Resumen de Derecho Procesal

La aptitud legal de cada órgano jurisdiccional para ejercitar sus funciones en lo relativo a la administración de justicia, no se basa solamente en el hecho de que dicho órgano posea efectivamente facultad jurisdiccional. Es preciso, pues saber y determinar cómo debe repartirse y de qué modo se reparte efectivamente esa facultad o función pública de administrar justicia entre quienes constituyen sus diversos titulares.

Con ese propósito es indispensable distribuir entre todos los tribunales de un país, todos los procesos, asuntos o negocios a fin de que, por una parte, se divida equitativamente el trabajo y se asigne según su naturaleza, clase o importancia, y, por la otra, a fin de que los litigantes y sus representantes judiciales, sepan previamente de modo cierto a qué tribunal deban acudir.

Prieto Castro, señala que Competencia es la facultad y el deber de un juzgado o tribunal para conocer de determinado asunto.

Según Mattirolo “la competencia es la medida como se distribuye la jurisdicción, entre las diferentes autoridades judiciales”.

Según Guasp, “ La competencia es la asignación a un cierto órgano jurisdiccional de determinadas pretensiones con preferencia a los demás órganos de la jurisdicción.

La legislación procesal panameña establece en el artículo 233, del CJ, que competencia en lo judicial es la facultad de administrar justicia de determinadas causas.

Se ha dicho que la competencia puede considerarse desde un doble aspecto

Según todo lo anterior un juez o tribunal será competente para determinado asunto o negocio, cuando le corresponde su conocimiento con entera prescindencia de los demás que ejercen jurisdicción en el mismo territorio o en territorio distinto, o que conocen de casos o procesos semejantes.

En definitiva, no deben confundirse bajo ningún concepto los términos de jurisdicción y competencia, la jurisdicción es una sola pero como función pública ella se reparte, se distribuye, entre los diverso jueces o tribunales llamado por la ley a ejercerla. La facultad para ejercer esa jurisdicción específicamente respecto de determinado proceso o asunto es lo que la doctrina y la ley denominan competencia

La diferencia existente entre estos dos conceptos versa en que la jurisdicción es la potestad de administrar justicia que tienen todos los jueces; la competencia determina o fija los límites precisos dentro de los cuales el juez puede ejercer aquella facultad.

Cuando se habla de factores, reglas o criterios de competencia se hace referencia a las diversas maneras como la ley llega a determinar específicamente el juez o tribunal que debe conocer o fallar un determinado asunto o proceso.

Según el artículo 234 del CJ la competencia de un juez para conocer un proceso se fija por razón de territorio, por la naturaleza del asunto, por su cuantía o por la calidad de las partes.

Siempre que se trate de acciones patrimoniales, es decir, siempre que el objeto mediato de la pretensión esté constituido por una suma específica y determinada de dinero o por cualquier otra cosa susceptible de apreciación pecuniaria, la asignación del asunto será hecha en base al criterio llamado de la cuantía. Lo fundamental para la determinación de la competencia por la cuantía es el importe o suma señalada como valor de la demanda y éste viene a constituir uno de los requisitos formales de la misma.

Según nuestro CJ, las demandas de mayor cuantía son aquellas cuyo interés excede de mil balboas y las demandas de menor cuantía aquellas cuyo interés es de mil balboas o menos.

La cuantía también determina la competencia de los jueces o tribunales que van a conocer de los procesos en su segunda instancia por razón de apelación.

Si por la cuantía un proceso corresponde al juez municipal la segunda instancia por apelación contra la sentencia se tramitará ante un juez de circuito.

La cuantía también es determinante en algunos casos de procedencia y admisibilidad del recurso de casación ya que para que el mismo pueda ser viable es indispensable que la cuantía del proceso sea mayor de diez mil balboas.

Finalmente debe tenerse en cuenta que la competencia que se fija por razón del valor de la causa no puede variarse por voluntad de las partes sino en los casos de reconvención, tercería y acumulación.

Señala Carnelutti que la competencia por razón de la materia está determinada por un modo de ser del litigio independiente tanto de su relación con el territorio como de su relación con el dinero. Es el objeto sobre el cual versa el juicio.

Se hace referencia en materia de determinación de competencia al factor materia para significar la naturaleza del asunto sometido al conocimiento del tribunal.

Según Davis Echandía es un elemento que mira al negocio o litigio en sí mismo a sus características peculiares, en virtud de las cuales el legislador considera que debe señalarse un juez para su conocimiento con prescindencia del valor que tenga.

A título de ejemplo indicamos a continuación asuntos de competencia por la naturaleza de nuestro país.'

Es el que tiene únicamente la calidad de las partes o sujetos que forman parte del proceso. Así vemos que una causa o proceso está asignado a determinado juez o tribunal en atención, exclusivamente, a que tenga como una de las partes a la nación o un municipio en la jurisdicción civil, bien a determinados funcionarios en la jurisdicción penal.

En la jurisdicción civil sólo se da un caso de competencia teniendo en cuenta la calidad de las partes que dice que es de competencia de los jueces de circuito conocer en primera instancia: los procesos civiles en que figuren como parte el Estado, los municipios o cualquier otro organismo público. En la jurisdicción penal sí se dan varios casos de competencia atendiendo a la calidad de las partes, como por ejemplo, que el pleno de la CSJ conoce de las faltas cometidas por los ministros de Estados, el procurador general de la nación y el de la administración así como también los miembros de la Asamblea Legislativa.

El criterio territorial hace referencia a la circunscripción territorial asignada a la actividad jurisdiccional. Las diversas causas de la misma clase se asignan jueces del mismo tipo pero que ejercen funciones en sitios distintos. El factor territorial se refiere entonces a la circunscripción asignada o adjudicada la actividad o actuación propia de cada juez o tribunal,

La ley ha establecido un reparto del territorio adjudicando a los distintos jueces y tribunales una parte del mismo, obedeciendo esta distribución a un criterio que tiende a lograr que el proceso civil se desarrolle en el preciso lugar en donde su costo sea menor para ambos litigantes. En la competencia por razón del territorio se hace referencia a la circunscripción de un juez para señalar la porción territorial dentro de cuyos límites ejerce su función jurisdiccional.

En esta determinación de la competencia nace el concepto Fuero.

Fuero es la circunscripción judicial en donde debe conocerse de un determinado asunto, en razón del territorio. El fuero puede ser personal, real o convencional

Siempre que el objeto del proceso sea un bien inmueble, el fuero real determinador de la competencia se establece con entera independencia del domicilio del demandado, la ubicación misma del bien es por sí sola determinante de competencia.

Si se trata de bienes muebles es juez competente en el lugar donde se hallen sí en ese lugar esta el demandado

El fuero es posible convenirse de dos maneras: expresa cuando en el contrato mismo o después las partes designan claramente el tribunal ante el cual desean someterse y tácita, por parte del demandante cuando este ocurre a determinado tribunal interponiendo la demanda; y por parte del demandado por el hecho de hacer, después de contestada la demanda, cualquier gestión que no sea la de promover incidente de nulidad por falta de competencia

V Competencia funcional

El criterio o factor funcional determina la competencia con base a la naturaleza especial de las funciones y actuaciones que ejercen los varios jueces de distinta categoría, en diversos grados o instancias dentro de un mismo proceso, entendiéndose instancia como la parte de procedimiento ante un tribunal que se encuentra en la indicada relación de subordinación o superioridad.

La competencia funcional llamada también “por grado” responde a la organización escalonada en lo judicial la cual permite la vigencia del principio de la doble instancia, el cual a la vez requiere de jueces de distintas categorías.

El llamado juez de primera instancia es el que solo tiene competencia para conocer del proceso hasta la terminación de esta primera consulta mediante la resolución final o sentencia, por eso se le denomina juez “a quo” que significa “hasta tal momento”. Mientras que los jueces de segunda instancia solo son competentes del proceso desde que el juez inferior concluye en su sentencia la primera instancia y el proceso es continuado en virtud del recurso de apelación, por lo que se le llama juez “ad quem” que quiere decir “desde tal momento”.

Una consecuencia fundamental que se deriva de este tipo de consecuencia es que la sentencia no puede ser revocada ni reformada por el mismo juez que la dictó, sino mediante un superior jerárquico. También es consecuencia de este factor funcional el hecho de que un juez de primera instancia no puede proceder en contra de lo resuelto en resolución firme y ejecutoriada del superior, aun cuando esté convencido de que éste incurrió en grave error.

Una característica importante de esta competencia de carácter funcional es su condición de absoluta e improrrogable ya que no pueden variarse. De modo terminante se dispone que en ningún caso podrán someterse las partes, expresas ni tácitamente, para el recurso de apelación, a un órgano jurisdiccional diferente de aquel a que este subordinado el que haya conocido en primera instancia

IV Competencia por conexión

La conexión es pues una razón modificadora o un criterio de variación de la competencia y en virtud de ella u juez que no es competente para una causa llega a conocer de ella en virtud de su unión con otras que si le corresponden, y así ambas son conocidas y resueltas simultáneamente. Esto significa que la conexión solo puede modificar la competencia cuando la misma es prorrogable.

En la legislación panameña se da la competencia por conexión en los siguientes casos:

La demanda principal y de reconvención se substanciaran conjuntamente y se decidirán en la misma sentencia, la reconvención pueden darse en los procesos ordinarios y sumarios.

.3 Tercería: Derecho que en un pleito ya en curso reclama, entre dos o más litigantes, quien coadyuva, con uno de ellos o el que interpone una pretensión particular. Es un supuesto exclusivo del proceso ejecutivo donde se produce conexión que modifica competencia. (pag 26)

Gracias a la conexión que modifica a la competencia, un juez o tribunal que en condiciones normales no es el competente para un negocio, llega a conocer del mismo por razón de su unión a otro cuya competencia si le corresponde.

• Procesos Universales: Con la conexión se relaciona directamente el llamado fuero de atracción, que es otra institución que desplaza la competencia de los jueces que se da en los procesos universales, es decir, en aquellos en los cuales está involucrado un patrimonio como una universalidad jurídica.

El procesalista argentino Palacio define fuero de atracción como la designación de competencia hecha a favor del órgano que conoce de un proceso universal (sucesión, concurso o quiebra), con respecto al conocimiento de cierta clase de pretensiones vinculadas con el patrimonio o los derechos sobre que versa el proceso.

Tiene fundamento no sólo en razones de conveniencia práctica, sino también en el interés general de la justicia, que aconseja ese desplazamiento de la competencia a favor del órgano facultado para recaudar, liquidar y transmitir la totalidad de un patrimonio como una universalidad jurídica.

El proceso de sucesión atrae los que se inicien contra la herencia o sobre los derechos en ella; dichos procesos si bien se tramitan por separado, ello debe hacerse ante el mismo juez que conoce del proceso de sucesión.

4.Clases de Competencia

Por tratarse de normas de orden público que escapan al acuerdo de las partes, las reglas de competencia absoluta no admiten cambio alguno ya que son imperativas, competencia improrrogable quiere significar invariable o sea que no puede alterarse por voluntad de las partes.

Tiene el carácter de competencia absoluta o improrrogable la señalada por los factores objetivos, subjetivo y funcional; la ley se encarga de establecer los casos en que puede ser prorrogadas las competencias que se fijan por dichos factores. ,

Señala Mattirolo que la competencia por razón de la materia, el valor o el grado se llama absoluta, por razón que está establecida en interés general de una buena administración de justicia, por lo que las reglas que la gobiernan son de interés público y, como tales, se sustraen al arbitrio de los litigantes. Por el contrario, la competencia por razón del territorio se denomina relativa, porque, por regla general, es determinada en interés principal y directo de las partes contendientes, las cuales, por tanto, podrán de común acuerdo, expreso o tácito derogarlas.

En los casos de competencia relativa se habal de prórroga de la competencia la cual define Pallares como el acto tácito o expreso de las partes, por virtud del cual hacen competente a un juez, que conforme a las reglas generales de competencia, no lo es para conocer del juicio, sino cuando aquellas se someten a su jurisdicción.

Se entiende que hay prórroga de competencia cuando un tribunal que no es llamado a conocer del proceso por razón de su cuantía o del lugar donde debe ventilarse, conoce de ella por voluntad de las partes.

La prórroga es expresa cuando en el contrato mismo o por un auto ulterior, las partes designan claramente el tribunal al cual se someten.

La prórroga es tácita por parte del demandante cuando éste ocurre a determinado tribunal interponiendo la demanda, y por parte del demandado por el hecho de hacer después de contestada la demanda, cualquier gestión que no sea la de promover incidente de nulidad por falta de competencia.

Ejemplos de competencia privativa en la legislación panameña:

• El pleno de la CSJ conoce privativamente sobre la exequibilidad de los proyectos de ley objetados por el Ejecutivo como inconstitucionales, exequibilidad de una reforma constitucional; demandas de inconstitucionalidad; etc.

• La CSJ conoce del recurso de casación(civil-penal).

• Tribunales marítimos sobre las causas que surjan de los actos referentes al comercio, transporte, y tráfico marítimo ocurridos dentro del territorio nacional, en su mar territorial, etc.

• Los juzgados seccionales de menores conocen privativamente de todos los casos de menores que cometan acto infractor o sean partícipes.

• El tribunal electoral tiene competencia para interpretar y aplicar la ley electoral y para dirigir, vigilar y fiscalizar todas las fases del proceso electoral.

Su característica es el hecho de que una vez asumido el conocimiento de un proceso por la elección del demandante de uno de los jueces que tiene competencia para el mismo, dicha competencia adquiere el carácter de privativa no pudiendo llevarse nuevamente el asunto de que se trata ante otro de los jueces que eran competentes en forma preventiva estando ya en curso el primer proceso.

Ejemplos de competencia preventiva en la legislación panameña:

• Atribuciones de los jueces municipales practicar a prevención con los jueces de circuito las diligencias en que no haya oposición de parte y no estén atribuidos a otra autoridad.

• En materia de proceso de alimentos que se otorga a los juzgados municipales de familia, juzgados seccionales de menores y autoridades de policía.

La competencia interna se refiere pues, a una distribución o reparto de trabajo y de funciones. Es el caso que como hay varios juzgados competentes para una clase de proceso determinado dentro de una misma circunscripción judicial, es necesario distribuir entre todos ellos el conjunto de procesos que corresponden a su conocimiento, con el fin de ordenar esa distribución.

La regla usual y vigente en la legislación panameña para hacer efectiva la vigencia de la competencia interna es el llamado reparto que se produce de dos formas diferenciadas:

• Reparto en organismos jurisdiccionales unipersonales: Se trata de la regla establecida para los jueces municipales de un mismo distrito municipal que es igual para los jueces de circuito de un mismo circuito judicial o provincia.

Como en estos casos los jueces se identifican con número hay juez primero, juez segundo, juez tercero y así sucesivamente y uno solo de ellos está de turno semanalmente de suerte que sólo a es se le formulan demandas dirigidas durante toda esa semana de lunes a viernes al juez de turno, a quien corresponderá después, repartir equitativamente entre todos los jueces de la misma clase en el municipio o en el circuito de que se trate y el juez que recibe del reparto será en definitivamente el competente.

Solamente el juzgado que está de turno es el que recibe las demandas que se presenten durante toda la semana.

• Reparto en los organismos jurisdiccionales colegiados: se trata de aplicar el sistema dentro de un determinado tribunal de justicia a fin de repartir los diferentes procesos o asuntos jurisdiccionales entre los magistrados que integran el referido tribunal, quienes al recibir el asunto, demanda o recurso se denominan Ponentes o sustanciadores y el orden del reparto se determina en base a la letra inicial del apellido de cada magistrado.

Este magistrado ponente o sustanciador a quien se le adjudica un negocio por las reglas de reparto, tiene el deber de llevar a cabo la substanciación y actuación del asunto jurisdiccional de que se trate hasta ponerlo en estado de dictar resolución o fallo, preparando el proyecto del mismo inclusive para someterlo entonces al voto de todos los integrantes del tribunal.

Cuando se dan estos casos de competencia por delegación que nuestra legislación denomina jueces comisionados, el funcionario que practica la diligencia o comisión que se le encomiende no es competente para conocer de proceso de que se trata; ello no obstante, llega a tener conocimiento del proceso o mejor dicho de parte de él, por delegación de la competencia.

En la legislación panameña esta materia de la competencia por delegación está regulada en el Título IX del Libro Primero del CJ bajo la denominación de Jueces y demás funcionarios comisionados.

Algunos autores consideran que la competencia llamada voluntaria es una simple función de tipo administrativo y que en su ejercicio el tribunal no hace uso de sus facultades propiamente jurisdiccionales sino que se desempeña en ejercicio de una función meramente administrativa.

Tenemos competencia de única instancia cada vez que la ley no permita el recurso de apelación contra la resolución que dicte el juzgador.

La competencia será de primera instancia cuando la resolución del juez sea susceptible de apelación.

Es de Segunda instancia cuando el tribunal conoce del proceso por razón del recurso de apelación instaurado contra la resolución final o sentencia dictada en primera instancia.

Ejemplos de la legislación panameña vigente:

• Competencia de única instancia: ( no admite apelación), la sala segunda de la CSJ conoce en una sola instancia de las causas por delito o faltas cometidas por los magistrados y los fiscales de distrito judicial, los viceministros, los agentes diplomáticos de la República, los directores y gerentes de instituciones autónomas.

• Competencia de primera instancia: (admite apelación), son de competencia de los jueces de circuito conocer en primera instancia

• Competencia de Segunda Instancia: (por apelación), los tribunales superiores conocen en segunda instancia de los procesos en los cuales haya lugar a recurso de apelación.

Estima la doctrina que los conflictos de competencia se dan por razón de la extensión territorial, y por el crecido número y la diversa jerarquía de los jueces y tribunales distribuidos en todo el ámbito de un país; por ello se suscitan cuestiones acerca de cuál de esos jueces o tribunales ha de conocer y fallar un proceso que se plantea ante la jurisdicción.

Los conflictos de competencia pueden ser, pues, de dos tipos:

• Conflicto de competencia positiva: cuando los jueces o tribunales estiman, en desacuerdo, que a uno de ellos le corresponde el conocimiento de un asunto; y,

• Conflicto de competencia negativa: cuando los jueces o tribunales entienden que no les corresponde su intervención en el negocio.

En la legislación panameña hay reglamentación especial en los artículos 702 a 708 del CJ que regulan conflictos de competencia y la manera de resolverlos.

• Manifestada la incompetencia que estima un determinado juez, por cualquier causa; ello se hará mediante un auto, irrecurrible, en que se expresará:

• Dictada esta resolución, le será notificada al demandante y se enviará la demanda al juez designado, el cual la acogerá si estuviere de acuerdo con lo resuelto.

• Si el juez designado como competente rehusare también abocar el conocimiento del proceso, dictará resolución con cita de las disposiciones legales y remitirá el expediente al superior para que derive el conflicto.

• El auto que decida el conflicto es irrecurrible, se notificará por edicto y el expediente se enviará sin mayor trámite al juez designado como competente.

II El Proceso

Se utiliza el vocablo para expresar la idea de algo que se va haciendo paulatinamente a través de etapas o fases que se suceden unas tras otras. En su acepción jurídica, el proceso es una serie o cadena de actos de hombre: un conjunto de actividades reguladas por el derecho procesal, que tratan de alcanzar un determinado fin, consistente en la guarda y actuación de la voluntad de la ley mediante el ejercicio de la función jurisdiccional.

Etimológicamente, la palabra proceso es un derivado culto del latín processus, avance progreso, usado en el lenguaje jurídico de la Edad Media en la acepción de proceso. Se trata de un postverbal de procedo, progresar, avanzar.

Puede definirse el proceso como la coordinada sucesión de actos jurídicos derivados del ejercicio de una acción que tienen por objeto o finalidad obtener una declaración jurisdiccional.

Señala Prieto Castro que el proceso podemos conceptuarlo como el conjunto de actividades reguladas por el Derecho Procesal, que realizan las partes y el tribunal, iniciado por una petición de otorgamiento de justicia a la Jurisdicción, para alcanzar una sentencia o acto por el cual el Estado realiza su deber y su derecho de defensa del orden jurídico objetivo privado, que implica la protección del derecho o del interés del justiciable, que se ampara en tal derecho objetivo.

Para Devis Echandía el proceso es el conjunto de actos coordinados que se ejecutan por o ante los funcionarios competentes del órgano judicial del Estado, para obtener, mediante la actuación de la ley en un caso concreto, la declaración, la defensa o la realización coactiva de los derechos que pretendan tener las personas privadas o públicas.

De las definiciones doctrinales puede deducirse que el proceso consiste en una serie de actos diversos y sucesivos tanto de los funcionarios que conocen de él como de las partes que lo ventilan. Pero como todos actos están encaminados a producir un mismo fin y tienen un mismo objeto, a pesar de esa variedad y multiplicidad, el proceso forma un todo uniforme, dotado de sólida estructura.

Esa unidad del proceso hace no sólo que los actos que lo componen estén coordinados y concurran armoniosamente al fin que persiguen, sino también que el valor que la ley otorga a cada una de tales actos.

Las partes obran impulsadas por su propio interés, y a la ley le exige para que la función judicial entre en acción, la ejecución de determinados actos como sucede con la demanda, con las pruebas y excepciones o con el ejercicio de los recursos. Por el contrario los jueces representan únicamente el interés del Estado en la realización normal de la justicia o en la realización de los derechos y la ley les fija las condiciones y el contenido de su actividad.

Se hace alusión a que el fin del proceso es la actuación del derecho objetivo aplicable al caso concreto. Otros consideran que el fin del proceso es la defensa o tutela de los derechos subjetivos.

Por otra parte, si se concibe el fin del proceso como la simple tutela del derecho subjetivo, se le viene a dar un contenido de interés particular y se le convierte en simple instrumento de protección a los fines que las partes persiguen, lo cual se halla reñido con el concepto moderno del proceso. Aún cuando el proceso resulte el beneficio que una de las partes o que todas perseguían, no se confunde esto con su fin principal que es la Satisfacción de un interés público y general: mantener la armonía y la paz sociales; lo que constituye su fin principal; Y es fin secundario es lograr cuando existen intereses contrapuestos, la composición justa del litigio y cuando no, la declaración del interés tuteado por la norma o derecho subjetivo para resolver el problema de su incertidumbre o del requisito para su ejercicio.

La noción de juicio ha sido utilizada siempre por los clásicos del Derecho Procesal unida a la idea de controversia entre partes. Así, se dijo que el juicio es una discusión legítima que dos o más personas sostienen sobre una contienda concerniente a sus derechos ante un juez competente llamado a resolver dicha contienda.

Caravantes en igual sentido define el juicio como la controversia o discusión que sostienen con arreglo a las leyes, dos o más personas que tienen intereses opuestos.

En conclusión, la noción de juicio se ha basado siempre en la existencia de una discusión o controversia (causa) que sostienen dos o más partes ante la autoridad judicial. La voz proceso indica más modernamente dentro del Derecho Procesal una figura de mayor alcance y amplitud la cual no incluye, como elemento de su esencia, la existencia de conflicto entre partes ni de pugna de intereses y así, la doctrina moderna y las nuevas legislaciones procesales estudian y regulan procesos con conflictos y controversias y otros en donde la pugna de intereses no aparecen por ninguna parte; tal es el caso de los procesos voluntarios o no contenciosos.

En definitiva la palabra proceso es de uso relativamente moderno, pues antes se usaba la de juicio, que tiene su origen en el derecho romano. El término proceso es más amplio, porque comprende todos los actos que realizan las partes y el juez en el ejercicio de la función jurisdiccional para actual la ley, cualquiera sea la causa que lo originan en tanto que juicio supone necesariamente un conflicto o controversia entre partes. El nuevo CJ no utiliza la palabra juicio la cual vendrá a ser reemplazada en todos los casos por la voz proceso como en las leyes y Códigos procesales modernos, siguiendo las nuevas corrientes procesales en la materia.

Proceso no es sinónimo de procedimiento.

Procedimiento es pues el conjunto de formalidades a que deban someterse el juez y los litigantes en la tramitación del proceso.

El procedimiento viene a constituir el trámite o método que se utiliza para administrar justicia. Para distinguirlo del proceso debe entenderse por tal el conjunto de las formalidades externas, o sea las ritualidades que son indispensables para el ejercicio de la función jurisdiccional por el juez, las partes, los terceros y los auxiliares de los funcionarios jurisdiccionales.

Se define el procedimiento como el conjunto de actos procesales, de juez y de las partes, que han de realizarse a fin de que el objeto procesal reciba del órgano jurisdiccional plena satisfacción.

En CJ vigente desde 1987 en su art. 456 establece que: El procedimiento civil regula el modo como deben tramitarse y resolverse los procesos civiles cuyo conocimiento corresponde al órgano judicial y a los funcionarios que determinan este código y otras leyes.

Los autores de derecho procesal han mostrado preocupación considerable por determinar cuál es la verdadera naturaleza jurídica de la figura del proceso; y así, se han formulado en la doctrina procesal una serie de teorías las cuales trataremos de reasumir de la manera siguiente:

A.Teorías Contractuales: se refieren al proceso, con una que otra variante, como una figura de índole contractual y asimilan la naturaleza de la figura procesal a la del contrato privado; entendiendo que los vínculos y relaciones procesales nacen, en general, el acuerdo de los sujetos, del consentimiento de las partes, acerca de un objeto común.

Son de origen romano y consisten en esencia en afirmar que los derechos y obligaciones que nacen en el proceso tienen su origen en la litis-contestatio por la cual las partes se obligan a continuar el juicio hasta su conclusión y a respetar y cumplir el fallo del juez.

Encontramos dos grupos principales:

Esta teoría tuvo críticas y las objeciones fundamentales son:

La concepción del cuasicontrato elimina en parte la segunda objeción señalada a la teoría contractual, pero no la primera. El proceso es, en todo caso, una institución de derecho público, esta es una de sus fundamentales características; no puede explicarse su naturaleza jurídica como el producto de un acuerdo de voluntades, se produzcan unilateral o bilateralmente.

B. Teoría de la Relación Jurídica: Tuvo su origen en Alemania y su exponente máximo fue Bulow. Consiste en esencia en estimar el complejo de las varias actividades de las partes y el juzgador, las cuales establecen nexos y vínculos de índole jurídica, que ligan entre sí a las partes y al juez: se crea así una relación jurídica la cual se estima pública, autónoma y compleja.

El proceso encierra sustancialmente derechos y obligaciones entre los diversos sujetos que en el mismo intervienen. Como la correlación y correspondencia, es decir, la reciprocidad de derechos y obligaciones es la característica esencial de la figura que se conoce en la terminología del derecho con el nombre de relación jurídica.

Una distinción es básica para la correcta interpretación de esta teoría: la relación jurídica de derecho sustancial (civil, penal, laboral, etc.) que viene a constituir el objeto del pronunciamiento jurisdiccional (fallo) es cosa muy distinta de la llamada relación jurídica procesal que está constituida por un conjunto de actos procesales que realizan cada uno de los diversos sujetos que intervienen en el proceso.

Para esta teoría los caracteres de la relación jurídica en que consiste el proceso son:

• Es la relación única lo que da unidad

• Es autónoma ya que tiene vida y condiciones propias independientes del derecho material que alegan las partes puesto que se funda en una norma legal distinta.

• Es una relación compleja en cuanto no comprende un solo derecho u obligación, sino un conjunto indefinido de derechos y obligaciones coordinados a un fin común.

• Es una relación dinámica, debido a que es una relación en movimiento, en acción, se desenvuelve en el tiempo y en espacio y transforma tanto por la actividad de las partes como del juez.

• De ella derivan auténticos derechos y obligaciones y no meras expectativas o cargas.

Por institución entiende Guasp, como un conjunto de actividades relacionadas entre sí por el vínculo de una idea común y objetiva a la que figuran adherida, sea esa o no su finalidad individual. Así, entendido el proceso es, por su naturaleza, una verdadera Institución, la idea común y objetiva que en él se observa es la de la satisfacción de una pretensión.

• Declarar los derechos y situaciones jurídicas en los casos de incertidumbre, faltando en estos casos totalmente la controversia entre partes (procesos voluntarios o no contenciosos)

• Defender o tutelar los derechos subjetivos ante su desconocimiento o violación y determinar la justa composición de los litigios o controversias entre partes (procesos contenciosos)

• Realizar forzosamente los derechos en forma tal que lo que se persigue es la satisfacción del derecho insatisfecho (procesos Ejecutivos)

• Practicar medidas cautelares o de aseguramiento de los derechos(medidas cautelares)

• Funciones del proceso penal:

• Investigar los hechos tipificados como delitos y determinar sus autores, cómplices o encubridores; así como la responsabilidad penal que a cada uno de ellos pueda corresponder según la ley penal.

• Tutelar el orden jurídico y la paz social imponiendo las penas o medidas de seguridad que correspondan.

Normas procesales en el CT, Libro IV:

• Proceso ordinario

• Procesos especiales:

• Proceso Canónico: es el proceso eclesiástico que se da sin duda para plantear las causas cuyas decisiones competen a la Iglesia.

• Proceso Tributario: es el proceso que tiene por objeto pretensiones fundadas en normas de derecho financiero y el cual da lugar inclusive a que se aluda a un derecho procesal tributario o fiscal.

• Proceso Militar: es el proceso para conocer de las causas por delitos cometidos por militares en servicio o contra estos, sus cosas o lugares pertenecientes a sus atribuciones.

Esta clasificación del proceso civil distingue los procesos así:

C. Clasificación de los Procesos de Conocimiento.

Se reconocen tres clases de procesos de conocimiento:

• Proceso Declarativo Puro: se da cuando la pretensión del actor se concreta únicamente a que se declare si existe o no un hecho, un derecho o una relación jurídica. Lo que se busca en este proceso es una mera declaración, no se trata de imponer responsabilidad alguna a otra parte; se pretende la certeza respecto del derecho alegado o la relación jurídica.

• Proceso de Condena: es el proceso dirigido a obtener que el organismo jurisdiccional declare en una sentencia de condena, el derecho pretendido por el actor. Se presenta cuando una parte pretende frente a otra que ésta reconozca la existencia de un derecho o que quede sujeta a las consecuencias del incumplimiento de una obligación suya y se le imponga la consecuente responsabilidad.

• Proceso Constitutivo: aquí el objeto del proceso es la comprobación y declaración de que existen las condiciones o presupuestos establecidos por ley sustantiva, para que pueda originarse o producirse el cambio de un estado jurídico preexistente, constituyéndose otro nuevo y distinto. En estos casos la ley establece los requisitos que deben darse para el cambio, pero impide a las partes obtenerlo directamente, sino que hace necesaria la intervención jurisdiccional para lograr la constitución de un estado jurídico nuevo, modificando el anterior.

D. Clasificación de los Procesos en atención a su contenido o extensión.

Distingue los procesos en dos grandes grupos:

• Proceso Singular: en esta clase de proceso se trata del interés o pretendido derecho de una o más personas en una cosa o bien determinados, recae sobre un derecho o bien singular, o sobre un conjunto de bienes y derechos que no comprenda la universalidad de los bienes o derechos de una persona natural o jurídica.

• Proceso Universal: se produce en éstos el llamado fuero de atracción, ventilándose en un solo proceso, diferentes pretensiones de distintas personas para el reparto o liquidación de un acto común. Es el caso del proceso de sucesión, de quiebra o de concurso de acreedores.

E. Clasificación de los Procesos en atención a la existencia de conflictos entre partes.

Proviene esta clasificación de la distinción entre jurisdicción contencioso y la voluntaria.

• Proceso Contencioso: se caracteriza por la existencia o posibilidad de conflicto de intereses o de controversia entre partes. Es según Carnelutti, un proceso caracterizado por el fin, que no es otro que la composición de la litis o mejor dicho la justa composición de la litis; entendiendo por litis, un conflicto intersubjetivo de intereses calificado por una pretensión resistida discutida.

• Proceso no contencioso o voluntario: es aquel en donde no existe conflicto de intereses ni de voluntades en cuanto a la petición que da inicio al proceso. Lo característico es que la declaración o el pronunciamiento del juez se pide respecto del solicitante y no en contra de otras personas, el tribunal no debe decidir entre litigantes o contra uno de ellos, sino en relación de quien le pide que provea. Los proceso voluntarios, llamados procesos no contenciosos, son aquellos negocios que no impliquen ejercicio de pretensiones de una persona frente a otra y que requieran intervención del órgano judicial; comprenden:

• Adopción

• Nombramiento de guardadores

• Emancipación de hijos

• Habilitación de edad

• Ausencia y presunción de muerte

• Deslinde y amojonamiento

• Edificaciones en terreno ajeno

1 Procesos ordinarios:

El juicio declarativo ordinario se basa y se ha basado siempre en el deseo de acabar definitivamente con un litigio, o varios, entre las partes, de modo judicial, de manera que no sea posible otro proceso sobre el mismo.

Por tal causa, es necesario que en él se dé toda su extensión a la manifestación de las pretensiones y de las defensas, de tal modo que sean resueltos todos los puntos de litigios y éste desaparezca en toda su amplitud. Por ello, el juicio ordinario debe permitir que las partes completen lo mejor posible, y con toda la extensión necesaria, sus medios de ataque y defensa; los medios de impugnación son los más amplios del sistema procesal.

El conjunto justifica una copiosa serie de formulismos, preclusiones, resoluciones judiciales de impulso y resolución de cuestiones procedimentales o de fondo que se van presentando paulatinamente. Es evidente que el desarrollo de este tipo9 de juicio lleva consigo mucho tiempo, trabajo, y como consecuencia, incomodidad y gastos.

Los procesos ordinarios se dividen en nuestra legislación en dos grupos, en base a la cuantía de la pretensión:

• Procesos Ordinarios de menor cuantía: tienen un valor que no pasa de mil balboas y se dividen a su vez en tres clases

• Procesos ordinarios de mayor cuantía: Son los que tienen un valor de mil dólares o más. Presentada esta demanda de mayor cuantía, se surtirá el traslado de ella por el termino de diez días para su contestación.

II. Procesos Orales: Las partes pueden en convenio que conste en documento autentico sujetarse al proceso oral sus controversias de cualquier naturaleza. Se tramitaran en proceso oral las causas relativas a divorcio, separación de cuerpos, nulidad de matrimonio, matrimonio de hecho, filiación, cualquier modificación al estado civil y cualquier otro proceso contradictorio sobre relaciones de familia.

Como la finalidad del proceso sumario es lograr una tramitación breve tiene las siguientes características:

Los Arbitros se asimilaran a los jueces en cuanto a la manera de proceder. Los Arbitradores no tendrán que someterse a las formas legales y fallaran de acuerdo con su conciencia en la forma que estimen justo y equitativo. Contra el fallo del proceso arbitral solo procede:

Según lo dispuesto en nuestro C.J este tipo de proceso se da para aquellos negocios que no impliquen ejercicio de pretensiones de una persona frente a otra y que requieran la intervención del órgano judicial para:

Los procesos No contenciosos están sujetos a ciertas reglas como lo son:

• Las pruebas se podrán acompañar con la petición o demanda o se aducirán en la misma o se podrán presentar con posterioridad, siempre que no se haya dictado sentencia

• Toda persona cuyos derechos se vean afectados por el resultado del proceso, podrá apersonarse en el mismo en cualquier etapa

• El termino de pruebas es de tres meses

• Si afecta relaciones de familia, estado civil o bienes de incapaces se notificaran al ministerio publico y éste podrá aducir pruebas y recurrir; antes de fallar el juez oirá su concepto

• El desistimiento no impide que se promueva el proceso después

• La decisión admite recurso de revisión

• El juez puede ordenar pruebas de oficio

Procesos Sucesorios

ARTICULOS 1503 AL 1637 DEL CODIGO JUDICIAL

Como antes hemos señalado, el proceso ejecutivo se define como “aquel por el cual se persigue satisfacer prácticamente mediante un acto o el patrimonio de una persona, un interés jurídico reconocido a favor del demandante o un causante de éste, en sentencia de condena o en un título del cual emane en forma clara y expresa y que reúna los demás requisitos que la ley exige.

En esta clase de proceso lo que se busca es satisfacer un derecho plenamente reconocido, lo cual debe constar en un documento denominado en la ley “título ejecutivo” como lo son las sentencias ejecutoriadas, las sentencias de árbitros, escrituras públicas, y los documentos privados con firma reconocida ante juez o notario y los documentos negociables.

Procesos de ejecución en el código judicial

2) Proceso ejecutivo hipotecario: Es el que procede en los casos de ejecución del acreedor que persigue la venta judicial de un bien inmueble dado en garantía hipotecaria a su favor, por razón de incumplimiento de las obligaciones garantizadas. Es un proceso que tiene como presupuesto esencial la existencia de un derecho real de hipoteca a favor del actor y que dicho gravamen esté constituido sobre un bien inmueble

3)Proceso ejecutivo prendario: Es el que procede en los casos de ejecución del acreedor que persigue un bien mueble dado en garantía de prenda a su favor, ya que en este caso, el acreedor pignoraticio insatisfecho por incumplimiento de las obligaciones garantizadas, procede a solicitar judicialmente la enajenación de la cosa gravada.

En estos procesos las apelaciones, incidentes, excepciones y tercerías las conocerá la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

En la actualidad tiene facultad para proceder con esta clase de proceso ejecutivo por cobro coactivo, entre otros funcionarios el Director General de Ingresos, el Director de la Caja de ahorros, el director del Banco Nacional de Panamá, el director del idaan, etc.

Procesos de ejecución en leyes especiales

D) Proceso de Quiebra y Concurso de Acreedores

El proceso de concurso de acreedores se regula en el C.J de la siguiente manera en el art. 1811:

Se trata, en el concurso de acreedores, de un proceso universal y por ello a él se acumularan todos los procesos civiles que el quebrado tenga pendientes en cualquier juzgado al momento de la declaratoria y que se hayan iniciado dentro de los 4 años anteriores.

Se trata del proceso que debe darse en los casos en que, por motivos de utilidad pública o de interés social, definidos en la ley, es necesaria la expropiación de un bien particular.

III Sujetos del Proceso

Uno de los sujetos de la relación jurídica procesal es el juez o tribunal que participa en los procesos como órgano del estado y declara el derecho ejerciendo la función jurisdiccional en nombre de la República y por autoridad de la ley.

Se alude al juez como el sujeto principal de la relación jurídica procesal y del proceso. Es a él quien se dirige el actor o demandante pidiéndole una resolución jurisdiccional que reconozca, declare, de certeza o ejecute su derecho o pretendido derecho frente al demandado o como simple interesado peticionario ante la incertidumbre del mismo.

Este sujeto procesal constituido por el juez o tribunal debe ser independiente e imparcial. Quienes actúan como sujetos del proceso en su calidad de jueces o magistrados son en realidad y en definitiva servidores públicos cuya misión fundamental es la de asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la constitución y la ley.

• Los magistrados y jueces principales no podrán desempeñar otro cargo publico, solo el de enseñanza del derecho en un establecimiento de enseñanza universitaria

• El cargo de juez o magistrado es incompatible con la política, con el ejercicio de la abogacía o del comercio.

• Ningún funcionario judicial puede desempeñar los cargos de partidores o depositarios de bienes que sean materia de procedimientos judiciales

• Es prohibido a los funcionarios judiciales dirigir al órgano ejecutivo, a los funcionarios públicos, felicitaciones o censuras por sus actos; así como dar opiniones a las partes en relación con sus asuntos pendientes en su despacho

• Es prohibido a los jueces o magistrados adquirir por compra aunque sea en subasta publica por su persona ni mediante intermediario los bienes y derechos que se encuentren en litigio ante el tribunal en cuya jurisdicción ejerzan sus funciones

Las partes son los sujetos del proceso que pretenden la tutela jurisdiccional, concretada al objeto del mismo y aquellos contar quienes se reclama la referida tutela. La parte que pretende inicialmente la tutela jurisdiccional en el proceso se llama PARTE ACTORA o simplemente actor y también demandante, puesto que por medio de la demanda introduce su pretensión. La parte contra quien se pretende la aplicación de la ley en función del caso concreto planteado en la demanda, se llama DEMANDADO.

Se entiende entonces por parte en el derecho procesal como toda persona natural o jurídica que reclama a los órganos de la jurisdicción en su propio nombre o en cuyo nombre se reclama la satisfacción de una pretensión y aquella frente a la cual se reclama dicha satisfacción de pretensión

1) Demandante y demandado

En los procesos no contenciosos solo se da una parte que es la que pide sin que su petición afecte a nadie en particular y sin dirigir su pretensión contra ninguna persona, en vez de denominar demandante a esta única persona la doctrina procesal a acordado llamada peticionario o solicitante

2)Capacidad para ser parte

Capacidad para ser parte es la que faculta para ser sujeto de derecho procesales, estar sometido a las cargas del proceso y asumir todas las responsabilidades que del mismo se derivan. Todas las personas en general, reconocidas como tales por el Derecho, incluso las que no pueden por si mismas realizar los actos jurídicos procesales, tienen esa capacidad jurídica procesal o capacidad para ser parte en el proceso, es decir en pocas palabras, pueden en todo caso asumir la titularidad de PARTE.

Son todos los individuos de la especie humana cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Sin embargo hay “personas que no tienen la plena capacidad de obrar procesalmente y tienen que ser representados. Esta representación puede ser necesaria cuando se trate de personas físicas que no estén en pleno ejercicio de sus derechos o voluntaria cuando se recurre al apoderamiento o mandato que permite el derecho civil ostentar o ejercer poder de otra persona para actuar procesalmente en defensa de sus derechos.

En el caso de las personas naturales que no tienen esa plena aptitud para la capacidad de obrar procesal, nos encontramos ante las personas incapaces que pueden ser:

• El menor de edad: Son los menores de 18 años y son representados por sus padres que ejerzan sobre ellos la patria potestad. Los padres son los representantes legales de sus hijos menores.

• Incapaz sujeto a curatela: Están sujetos a curatela los mayores de edad y los emancipados incapaces de administrar sus bienes, los que por enfermedad mental, o falta de desarrollo de su inteligencia se encuentren privados del discernimiento necesario para los actos civiles. Lo estarán también aquellas personas que por su ceguera o sordomudez no puedan expresar su voluntad.

Son capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones y serán representadas por personas naturales en los procesos, son todas aquellas entidades morales de carácter político, religioso, industrial, etc.

Estas personas son sujetos de representación necesaria judicialmente por las personas naturales que las leyes o los respectivos estatutos, constituciones, reglamentos o escrituras de fundación determinen, y a esta falta de determinación serán representadas por las personas que en acuerdo de la comunidad, corporación o asociación designe con tal objeto.

En esta materia el C.J introduce una novedad: Las uniones o asociaciones cuando no tengan personalidad jurídica podrán ser demandadas con la intervención de las personas que las representen.

Aunque la presencia de dos partes (demandante y demandado) es lo normal, la presencia de varias personas naturales o jurídicas en un mismo proceso da lugar a la figura jurídico procesal llamada litisconsorcio. Que significa la presencia de varias personas en el proceso unidas en una determinado posición y puede ser voluntario o necesario.

Ejemplos de litis-consorcio

• Cuando se demanda la nulidad de un contrato celebrado entre dos o más personas y una de ellas ejerce la pretensión, la demanda debe dirigirse contra todas las demás

• Cuando los propietarios de un inmueble que van a expropiar son varios o hay personas con derechos reales en él, la demanda debe dirigirse contra todos

• Cuando se demanda la nulidad de testamento hay que incluir a todos los herederos

La función jurisdiccional se ve extraordinariamente facilitada con la colaboración de personas técnicas, sobre las que puede hacer recaer no únicamente deberes propios de una gestión en beneficio de los intereses que los particulares les confían, sino también otros de carácter público que les hacen aparecer como necesarios colaboradores de dicha función jurisdiccional.

Estos colaboradores de la función jurisdiccional son los abogados a quienes se les denomina apoderado judicial. El C.J en su art. 608 establece que “Todo aquel que vaya a comparecer en un proceso debe hacerlo por conducto de un apoderado judicial” y dice también que esta persona debe estar certificado de idóneo para el cargo.

El Código Judicial distingue dos clases de poderes que se otorgan a los abogados para actuar en los procesos y representar a las partes.

Dice el art. 613 del C.J dice que los poderes generales para representar al poderdante en cualquier proceso que promueva o se interponga en su contra, no pueden otorgarse sino mediante instrumento publico con arreglo a las formalidades exigidas por la ley e inscrito en el registro publico. Este apoderado judicial deberá presentar para acreditar su carácter como tal la escritura publica en donde se le otorga el poder con la respectiva anotación del Registro publico o mediante la presentación de un certificado de dicho registro en el cual conste el numero y fecha de la escritura con que se otorgó el poder. La sustitución o revocación de este poder general deberá hacerse con las mismas formalidades o sea por escritura publica y debe tambien inscribirse en el registro publico

Según la exigencia formal lo que se requiere para este poder es la presentación personal del poder del poderdante o mandante del mismo y de ello deberá dejar constancia el Secretario del Tribunal, el Secretario del Consejo o el Cónsul de Panamá según sea el caso

En todos los poderes el funcionario que los legaliza deberá certificar o dar fe, si tuviese facultades para ello, sobre lo siguiente

• La identidad del otorgante, así como la declaración del mismo acerca de su nacionalidad, edad, domicilio y estado civil

• El derecho que el otorgante, tuviere para conferir poder en representación de otra persona física o natural

• La existencia legal de la persona moral o jurídica en cuyo nombre se otorgare el poder

• Recibir al terminar el proceso la suma que se ordeno entregar o pagar, es decir puede serle entregada directamente al apoderado quien podrá recibirla a nombre de la parte

• Comprometer: Es decir que pueden celebrar contratos de compromiso en nombre y representación de la parte, o sea puede comprometer a un tercero o terceros en la decisión de sus contiendas

• Allanarse a la pretensión: Esto significa aceptar por el demandado la pretensión del actor. En estos casos el juez fallara conforme a la pretensión. No tendrá valor el allanamiento cuando se haga por medio de apoderado y éste carezca de facultad para ello

• Desistir del proceso: Es uno de los medios de terminación del pleito. Se entiende que la facultad expresa para el abogado que se le otorga en los poderes para desistir implica ampliamente potestad para desistir del proceso, o de la pretensión, o de cualquier recurso o incidente.

• Transacción: Por la cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen termino al que había comenzado

Deberes de los apoderados judiciales