Proyecto de Investigación

Tema seleccionado: ¿Desde cuando hay crisis económica en nuestro país?

Introducción: Elegí este tema ya que a veces me preguntaba, ¿Cómo puede ser que un país tan rico en las zonas productivas allá podido llegar a esta situación?, porque si nos ponemos a pensar, Argentina es un país que tiene todo, todos los climas (tanto frío, como calor), los suelos son ricos en minerales, se puede tirar cualquier semilla que va a crecer y en carnes es uno de los mejores. Entonces pienso que si respondo la pregunta del proyecto también responderé la mía.

Década de 1820:

LA SITUACIÓN FINANCIERA: MENOS CERO

De mucho menos que cero es el punto de partida financiero del nuevo gobierno. Los ingresos de la Aduana están limitados y casi suprimidos a causa del estricto bloqueo brasileño; están a la vista los vencimientos del empréstito Baring y el presupuesto está destinado, casi en su totalidad, a los gastos militares. La primera preocupación de los rivadavianos llegados al gobierno es trazar un plan de rentas para solventar las necesidades.

El 13 de Febrero el Congreso Nacional trata el proyecto de consolidación de la deuda interna y de la hipoteca de la tierra fiscal de todo el país, prohibiendo su enajenación. El asunto es delicado, pues afecta a la existencia patrimonial de las provincias. El derecho de propiedad de éstas sobre las tierras públicas es defendido por Manuel Moreno, diputado federal por la Banda Oriental, que analiza la evolución de la tierra pública desde la época colonial, afirmando que la soberanía se subdividió en las provincias, y “fueron las facultades delegadas al Congreso por las provincias soberanas” las que dieron origen a la Nación. La tesis federal es vencida por 26 votos contra 5.

El 16 de Febrero de 1826 dicta la ley de consolidación de las deudas anteriores al 1º de Febrero de 1820, afectando la tierra y demás bienes inmuebles de propiedad pública al pago de éstas. (La expresión “demás bienes inmuebles” se refiere al subsuelo, que desde ese momento será administrado por el Presidente).
Cada provincia tiene, en esos momentos, su propia Aduana. El Poder Ejecutivo envía al Congreso un proyecto de ley que las nacionaliza, y su anuncio despierta recelos en todas partes.

Frente a la desesperada situación financiera la solución del empréstito surge como tabla de salvación. Ya se ha contratado, el 19 de Julio de 1824, bajo el gobierno de Las Heras, el primer empréstito con la casa Baring Brothers, cuya negociación había sido iniciada durante la administración de Rivadavia. Un año después, el gobierno de Buenos Aires, aún con la dirección de Las Heras, presenta al Congreso Constituyente otro proyecto de empréstito para ser negociado fuera de la República, por diez millones de pesos de valor real, destinado a gastos administrativos y financieros, proyecto que el 27 de Octubre de 1825 se convierte en ley.

El 15 de Noviembre de 1825, el Congreso dicta otra ley por la que autoriza la emisión de títulos por valor nominal de 15 millones de pesos. Se crea así un fondo público, con Hipoteca sobre rentas y tierras fiscales, que podría estar destinado, según se declara, a la, obtención del empréstito de 10 millones de pesos previsto por la ley del 27 de Octubre.

El gobierno de Buenos Aires, el 16 de Diciembre de 1825, despacha a Inglaterra instrucciones para colocar allí este nuevo empréstito. Pero en esos momentos, la plaza londinense se encuentra en plena retracción, la cual continúa a lo largo de 1826. En Agosto de este año, el Congreso pide al Gobierno nacional que preside Rivadavia que informe por qué aún no se ha contratado el empréstito, y el ministro del Carril da a conocer la renuencia de las casas bancarias londinenses frente a la contracción general de los negocios, sosteniendo que no ha habido negligencia.

De las gestiones, actitudes y reticencias de Rivadavia y sus ministros surge con claridad que no han tenido mayor urgencia por apresurar la contratación de este empréstito en Londres. Rivadavia en esos momentos está muy ligado a la casa Hullet, rival de la Baring y conectada, en parte, con la alta banca francesa. Queda así planteada una lucha financiera, que será incesante, entre el gobierno nacional y los intereses de los particulares. Porque éstos - hacendados, comerciantes y capitalistas de la provincia de Buenos Aires - temen que el gobierno, al negarse a obtener fondos en el exterior, se vea forzado a crear contribuciones de guerra extraordinarias o nuevos impuestos regulares para afrontar los gastos de la administración y de la guerra con el Brasil.

CONFINAMIENTO DE FEDERALES DESTACADOS

Los más destacados federales “decentes”, muchos de ellos los ciudadanos más acaudalados y poderosos de la República, son detenidos y confinados en buques y pontones. La desorganización de la sociedad se está haciendo intolerable. Las tropas, destinadas a la guerra civil, desguarnecen las fronteras interiores y los indios incursionan casi hasta Buenos Aires. Aunque Lavalle y sus amigos pongan una guarnición en cada provincia - dicen los federales - no podrán pagar a las tropas y irá una inevitable rebelión. Parish cree en una prolongada y sangrienta guerra civil, señala que el intercambio con Inglaterra ha bajado a los peores niveles de la época de la guerra con el Brasil, que las cosechas se pierden en los campos porque los gauchos se han unido a Rosas y advierte que Francia puede querer pescar en aguas revueltas.

Década de 1830:

LA LEY DE ADUANA DE 1836

Otro de los serios problemas que Rosas debe enfrentar apenas iniciado su segundo gobierno es la política económica de su provincia en lo que se relaciona con el resto del país. El librecambismo, auspiciado y puesto en práctica por Buenos Aires desde antes de la revolución de Mayo, es atacado por las demás provincias, partidarias del proteccionismo por cuanto consideran que éste es el único medio eficaz para defender las economías regionales, incapaces de resistir la competencia internacional.

Para acallar las protestas del interior, Rosas confía a su Ministro de Hacienda, José María Roxas y Patrón, el estudio de una nueva Ley de Aduana que es promulgada el 18 de Noviembre de 1835. Ella prohíbe la introducción en la provincia de todo aquello que el país produce y fabrica, mediante una prolija enumeración. El 31 de Agosto de 1837 prohíbe también Rosas la exportación de oro y de plata, facilitando, en consecuencia, la salida de frutos y artículos del país en pago de los que se importen.

Como era de esperarse, la mayoría de las provincias recibe con beneplácito la nueva Ley de Aduana. El 14 de Abril de 1836 Salta rinde un homenaje a Rosas y expresa que “la ley de aduana dictada en la provincia de su mando consulta muy principalmente el fomento de la industria territorial de las del interior de la República, y ningún gobierno de los que han precedido al actual de Buenos Aires, ni nacional ni provincial, ha contraído su atención a consideración tan benéfica y útil a las provincias interiores”. También Tucumán celebra que Rosas haya “destruido ese erróneo sistema económico que había hundido a la República en la miseria, anonadado la agricultura y la industria con lo que ha abierto canales de prosperidad y de riqueza para todas las provincias de la Confederación y muy particularmente para la nuestra”.

Los altos gravámenes que impone Rosas en la Ley de Aduana a algunos productos extranjeros determina el desembarco de éstos en Montevideo para transportarlos luego a Buenos Aires. Para desbaratar esta maniobra, el 4 de Marzo de 1836 dispone Rosas que los productos de ultramar reembarcados en Montevideo pagarán al ser introducidos en Buenos Aires una cuarta parte más sobre los derechos fijados por la Ley de Aduana. Esto provoca el descontento de los comerciantes franceses que controlan el giro de Montevideo, pues ven afectados sus intereses. Comienzan, pues, por favorecer las actividades antirrosistas para apoyar luego con entusiasmo el bloqueo de Buenos Aires y del litoral argentino dispuesto por el Contralmirante de la flota francesa, Leblane, en apoyo del cónsul de su país que reclama por la incorporación de sus compatriotas a las milicias locales, hecha de acuerdo con una ley anterior de la provincia de Buenos Aires. Este bloqueo permitirá a Rosas extender aún más su influencia sobre todo el país, pero tendrá que vencer también grandes dificultades económicas, serios levantamientos de sus enemigos y la oposición de algunos Gobernadores.

Década de 1850:

En nuestro país vuelve a agudizarse la lucha económica entre Buenos Aires y la Confederación. Esta última sufre una crisis por las rentas, y se nota el rápido crecimiento de Rosario alentada indirectamente por la nueva situación.

Década de 1870:

El Congreso ordena establecer dos casas de acuñación de moneda, en Buenos Aires y en Salta. Ricardo Gutiérrez funda el Hospital de Niños, y Sarmiento, en gesto que se aplaude, acepta el nombramiento de Director General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. Concluye un largo período (1861-1875) en el cual la importación fue constantemente superior a la exportación.

La economía está en crisis y el presupuesto es reducido. Se rebajan los sueldos de los empleados en un 15% y 6.000 hombres son declarados cesantes. Se realizan dos exposiciones pioneras: la primera de la ganadería - en los terrenos de Florida y Paraguay - y la industrial. Comienza la enseñanza de la zoología en la Universidad de Buenos Aires, a cargo de Carlos Berg, en tanto se integran las primeras colecciones de nuestra fauna en el Parque 3 de Febrero. Un infatigable observador trabaja en paleontología y geología argentina: Florentino Ameghino.

Década de 1880:

DEFICIT DEL COMERCIO EXTERIOR

Durante el gobierno de Roca la balanza del comercio exterior resulta deficitaria en todos sus años. Se observa que, en forma paralela a la expansión del país, crece su endeudamiento. El ritmo del desarrollo obra como un freno sobre las exportaciones; el aumento de la población, con la incorporación masiva de cientos de miles de inmigrantes, agranda el mercado de consumo.

Al mismo tiempo se observa un rápido incremento en las exportaciones británicas de hierro y acero destinadas a la Argentina. Las cifras indican a los dueños del capital que los equipos ferroviarios, las máquinas agrícolas y los cercos de alambre, entre otros, sobrepasan sus propias estimaciones.

Durante los años 1883 y 1884 la diferencia entre los bienes argentinos de exportación y las importaciones se acentúa considerablemente. Tal diferencia se explica en parte por la declinación experimentada en los precios de los artículos de exportación argentinos, pero se debe primordialmente al creciente volumen de las inversiones de capital, con las grandes adquisiciones de equipos que ellas favorecen.

Cuando deja de afluir a la Argentina el capital europeo que cubre la diferencia entre los gastos de nuestro país en el exterior y el producto de sus ventas, se entra en un período de crisis.

LA INDUSTRIA FRIGORIFICO

En 1886 ya se ha producido un cambio cualitativo en la producción agropecuaria del país. Finaliza el ciclo de la lana como principal elemento de la economía y, aunque continúa siendo en este período el rubro más importante de exportación, la agricultura pasa a ocupar el lugar más destacado. Con la aparición del frigorífico se inicia en la economía y en la técnica agropecuarias una revolución aún mayor que la que había caracterizado la terminación del cielo del cuero y su extensión al tasajo, y la que había ocurrido en la década de 1850 cuando el tasajo fue virtualmente sustituido por la explotación de la lana. Porque mientras el tasajo había ampliado la magnitud de la explotación sin modificar el tipo de ganado, el frigorífico no anula la explotación de la lana, pero para extenderla a la carne exige una modificación de los ganados ovino y vacuno que utiliza como materia prima.

A partir de 1880 las técnicas de refrigeración para conservación de las carnes y los adelantos obtenidos en la construcción de vapores han hecho posible el traslado de carne congelada de la Argentina a Europa. Aparece el frigorífico. Pero el desarrollo de este tipo de empresa se ve dificultado por el escaso interés de los inversionistas, que no ven en ella un beneficio seguro y, menos aún, inmediato. La congelación se hace fundamentalmente con carne ovina, para lo cual es necesario cruzar el Merino existente con el Lincoln y obtener un animal de más carne.

La industria de la carne congelada da pérdidas. A la dificultad de la escasez de capital y a la necesidad de mejorar el ganado lanar, se suma el hecho de que en Gran Bretaña bajan los precios a medida en que aumenta el volumen de las exportaciones. Para poder continuar con la iniciativa, uno de los frigoríficos, el Nelson, diversifica sus operaciones e inicia la exportación de animales en pie para ser sacrificados en Inglaterra. Otros dos, el Terrason y el Sansinena, resuelven parcialmente la situación abasteciendo al mercado local. En 1887 los frigoríficos The River Plate Presh Meat, Sansinena Hermanos y Nelson & Co., se reúnen para acordar una estrategia comercial: disminuir la producción si un exceso de existencias amenaza con la caída de los precios. Años después estas tres grandes empresas arrendarán las plantas del frigorífico Terrason y lo cerrarán (1898).

Otra solución al problema consiste en agregar carne vacuna a la ovina como materia prima. Pero la congelación de la carne de vaca exige una reorganización casi completa de la Industria ganadera Argentina. Y esto requiere, a su vez, que los propietarios de tierras inviertan grandes capitales para cercar sus estancias, sembrar campos de alfalfa y efectuar cruzas de ganado para obtener animales de más carne.

Década de 1890:

QUIEBRA DE BARING BROTHERS

El plan económico de Pellegrini debe afrontar, en Noviembre de 1890, un escollo de suma gravedad: el colapso financiero de los banqueros británicos Baring Brothers, titulares de las principales obligaciones contraídas por el gobierno argentino, a través de préstamos de dinero proveniente de inversores ingleses que habían confiado sus ahorros a los mencionados accionistas.

En el momento de asumir Pellegrini el mando, el país debía pagar a Inglaterra, en concepto de intereses por diversos Préstamos, 500.000 libras esterlinas en un plazo de diez días. A su vez las inversiones de capital británico en la Argentina ascendían a 145 millones de libras esterlinas. A fines de 1890 los inversores ingleses, pasado el momento de optimismo, se negaban a tomar papeles argentinos.

Esta situación del mercado europeo con relación a los valores argentinos impide al gobierno de Pellegrini contar con el oro necesario para pagar los compromisos contraídos. El Ministro de Hacienda resuelve entonces convertir en oro los 50 millones de pesos destinados a auxiliar a los bancos y remitirlos a Baring Brothers en pago de los servicios de la deuda externa.

El gobierno, en Noviembre, envía a Londres al doctor Victorino de la Plaza en carácter de comisionado ante los banqueros Baring, tenedores de los títulos argentinos. El Poder Ejecutivo convoca al Congreso a sesiones extraordinarias, y en Enero de 1891 envía éste un proyecto de empréstito por 75 millones de pesos oro en títulos del 6 % de interés y condiciones muy severas. Tal es el resultado de las conversaciones de Victorino de la Plaza con banqueros británicos, franceses y alemanes.

El nuevo empréstito es contratado con la banca Rothschild, de Londres, y mediante éste se busca cubrir los papeles argentinos, sostener el valor de mercado de las acciones y ayudar a Baring a superar la quiebra. El economista José A. Terry critica esta operación, por cuanto significa pagar la deuda con nuevas deudas, que se acrecentarían en un plazo de tres años de acuerdo con el contrato.

CIERRE DEL BANCO NACIONAL

La crisis, más que a la economía en sí, afecta a los grandes centros comerciales y financieros, pero no a la producción agropecuaria. A comienzos de 1891 se manifiesta crudamente en los quebrantos bancarios. El Banco Hipotecario tiene que suspender el servicio de los cupones de sus cédulas. Por su parte el Banco Nacional y el Banco de la Provincia sufren corridas a sus depósitos. El gobierno, para auxiliarlos, decreta una feria por varios días. La inquietud crece; se convierte en pánico y, en el mes de Marzo, el oro sube a 342.

Cuando las operaciones comerciales entran en una parálisis general, el gobierno nacional convoca a una reunión de notables en la Casa de Gobierno, para escuchar las opiniones de representantes de la economía, la industria, el comercio, la agricultura y la ganadería.

Pellegrini preside la reunión, rodeado de sus ministros, y también toma parte en los debates. Asisten a la asamblea y vierten en ella sus opiniones Wenceslao Escalante, José Benjamín Gorostiaga, Rufino Varela, José A. Terry, Francisco Uriburu, Ernesto Tornquist, el general Lucio V. Mansilla, Manuel Quintana, Julián Balbín y Aristóbulo del Valle. Este último enfoca los problemas desde el ángulo político: “Si el pueblo anda por un lado y el gobierno anda por otro, todos éstos son remedios efímeros” ... “Es necesario - agrega del Valle - cambiar de sistema en todo lo que se relaciona con este gobierno”.

El Presidente rebate los argumentos de su amigo del Valle: “Lo que hoy sucede - afirma - es hijo legítimo de los errores cometidos hace treinta años”. Del Valle insiste en que no se trata de una cuestión monetaria, sino que ésta es política, social y económica. Por fin se acepta la idea de formar una comisión especial encargada de aconsejar el camino a seguir. Esta queda constituida por, Gorostiaga, Uriburu, Juan José Romero, W. Paats, Varela y H. G. Anderson.

Una hora después de terminada la reunión la comisión presenta su despacho a Pellegrini, y esa misma noche el presidente y su gabinete aprueban el expediente elegido: la emisión de un empréstito de 100 millones de pesos, cantidad que debía ser entregada a la Caja de Conversión para acudir en de los bancos oficiales y salvarlos de la quiebra.

El empréstito fracasa al no ser cubierto: sólo se logran 28.522.145 pesos en efectivo, destinados a los bancos. Estos se ven obligados a cerrar sus puertas. El 7 de Abril lo hacen el Banco Nacional y el Banco de la Provincia. Enseguida sufren corridas los bancos particulares, que tienen que suspender sus pagos. Así los Bancos Garantidos siguen la suerte de los oficiales y el Estado debe hacerse cargo de sus emisiones por más de 40 millones de pesos.

LA CONVERSION MONETARIA

La depresión económica en que cae el país en 1897 y 1898 muestra sus efectos en las finanzas, en la industria y en el comercio, y en menor medida en el campo. En lo que respecta a este último, comienzan a despoblarse las colonias del litoral. En la Capital Federal, donde la situación es grave, los comerciantes y los industriales realizan mitines, con gran concurrencia: los primeros, en manifestación contra los impuestos, y los segundos, que el 26 de Julio de 1899 congregan en un desfile a 40.000 manifestantes, para hacer presentaciones ante el Presidente Roca y el Congreso.

La conclusión a que se llega, finalmente, es que el problema económico-social no tiene solución sin la estabilidad monetaria; y productores y comerciantes piden el estudio de los medios para llegar a esa estabilidad financiera. Por eso la cuestión monetaria es abordada preferentemente por Roca en su mensaje de 1899, en el que plantea la necesidad de la conversión.

El Presidente habla de salir definitivamente. del régimen de inconversión, ya que la inseguridad cambiaría perjudica las operaciones del crédito, frena la corriente inmigratorio (miles de inmigrantes se reembarcan) y disminuye el movimiento comercial. Es propósito de Roca retornar a la conversión con la máxima prudencia, determinando las etapas de su realización.

El Ministro de Hacienda, José María Rosa, se entrega al estudio del plan de conversión, y a fines de agosto da término a un proyecto de ley elaborado con la colaboración de Carlos Pellegrini y del banquero Ernesto Tornquist. En el mensaje con que el proyecto es enviado al Congreso se manifiesta la necesidad de dar soluciones económicas a los problemas de: el monto crecido de los gastos oficiales; la deuda pública cuadruplicada en diez años, sin que la riqueza haya crecido en Igual proporción; la carestía de la vida, que disminuye el consumo y detiene el movimiento inmigratorio. El programa comprende la conversión de la moneda circulante, o sea 286.549.000 pesos papel y 8.616.757 en moneda menor.

La cuestión monetaria es debatida en la Cámara de Senadores desde el 31 de Agosto hasta fines de Septiembre de 1899, y por la de Diputados durante la segunda quincena de Octubre. Carlos Pellegrini, que ha regresado al país, se convierte en el principal punto de apoyo parlamentario de la conversión. En la Cámara de Diputados es su gran defensor Pedro O. Luro, aparte del ministro Rosa. Para Pellegrini (miembro informante de la Comisión de Hacienda) la única base cierta para llegar a la prosperidad general es una moneda sana.

Al referirse a la especulación que domina las operaciones señala: “La consecuencia es que el azar y no el cálculo es lo que determina el resultado final de las operaciones comerciales e industriales. El mercado comercial e industrial se convierte así en un gran centro de especulación y de juego, en que el azar, y no la previsión y el trabajo, enriquece inesperadamente a unos o arruina a otros, y, al obligar a industriales y comerciantes a ser jugadores, les prepara de antemano el destino fatal del jugador: la ruina y la miseria”.

Pellegrini acusa a los especuladores de ser los verdaderos opositores a la conversión: “El agio, ese animalito dañino, está enjaulado por este proyecto antes de ser ley, y ahí quedará, vigilado por el trabajo nacional, mientras no venga alguna fatalidad o alguna desgracia a romper los barrotes de su jaula y volverlo a la libertad”.

Entre los opositores al proyecto figuran los senadores Francisco Uriburu y Lorenzo Anadón y los diputados Santiago O'Farrell, Emilio Mitre, Agustín Cabral y Enrique Berduc. Los beneficios del proyecto se advierten, según Pellegrini, ya antes de la sanción de la ley: la oscilación del valor del oro durante el mes de octubre es mínima. La ley, ampliamente debatida, resulta sancionada, con el Nº 3871, en sesión de la Cámara de Senadores del 31 de Octubre. Su promulgación se realiza el 4 de Noviembre.

En su artículo 1º dicha ley dispone: “La Nación convertirá toda la emisión fiduciaria actual de billetes de curso legal en moneda nacional de oro al cambio de 1 peso moneda nacional de curso legal Por 44 centavos de pesos moneda nacional de oro sellado”. Ello significa que 1 peso oro equivale a 2,27 pesos moneda nacional. El Poder Ejecutivo fijaría más adelante la fecha, el modo y la forma de hacer efectiva la conversión. El articulo 3º prevé la formación de “una reserva metálica que se llamará Fondo de conversión destinada exclusivamente a servir de garantía a la conversión de la moneda de papel”.

La sanción de esta ley producirá la estabilidad económica, la inmovilidad en la cotización del oro, la entrada a la Caja de Conversión de 5.500.000 pesos oro y la contención de las pérdidas de agricultores y ganaderos.

Década de 1900:

PROYECTO DE UNIFICACION DE LA DEUDA

Entre las medidas para, afrontar la crisis, agravada por los gastos que demandan los preparativos militares exigidos por la defensa nacional, el gobierno de Roca prepara un proyecto mediante el cual solicita al Congreso autorización “para unificar y consolidar en un solo título toda la deuda actual a oro de la Nación”. Este había sido negociado en Europa por el banquero y asesor del Presidente, Ernesto Tornquist, con el apoyo de Carlos Pellegrini, que también había interpuesto su influencia ante los banqueros europeos.

El 18 de Junio de 1901, a poco de su regreso del Viejo Mundo, Pellegrini defiende en el Senado el proyecto de unificación de toda la deuda a oro. Con la sola oposición del Senador José Evaristo Uriburu, el proyecto es debatirlo y aprobado, y pasa en revisión a la Cámara de Diputados.

El mencionado proyecto es impopular ya desde antes de su tratamiento por el Congreso. Desde diversas tribunas se lo critica, y el doctor José A. Terry, profesor de finanzas en la Facultad de Derecho, lo combate y lo califica “una operación tan desgraciada como funesta”. Los ataques al proyecto se centran sobre la cláusula de la garantía ofrecida, que incluye la renta aduanera. La discusión financiera se convierte a poco en un problema político. El debate fuera de las Cámaras deriva en disturbios callejeros y en manifestaciones que culminan el 3 de Julio, en un mitin organizado por los estudiantes. Grupos de manifestantes, ese día, apedrean los domicilios de Pellegrini y de Roca, y a los diarios que apoyan el proyecto.

Como los disturbios aumentan, el 4 de Julio el Ministro del Interior solicita al Congreso la sanción del estado de sitio por un período de seis meses. El Presidente, aconsejado por el General Mitre, resuelve replegarse; y sin consultar con su Ministro Enrique Barduc (que había sucedido a Rosa en Mayo del año anterior), ni con Tornquist hace negar a la Cámara de Diputados, el 8 de Julio, un mensaje en el que pido que se dé por no presentado en el proyecto cuestionado, y se desista de su sanción definitiva, por cuanto éste se ha vuelto a esa altura irrealizable. La Cámara, sin rechazar el proyecto, en la sesión de ese mismo día sanciona su aplazo indefinido, sin que surja ningún diputado para defenderlo.

Como el paso dado por Roca se realiza sin previo conocimiento de Pellegrini y con la oposición del Ministro de Hacienda, Berduc, éste provoca la ruptura entre los dos primeros y una crisis parcial de gabinete. En el caso de Pellegrini, había hecho propia la iniciativa sólo para apoyar a Roca, no siendo un entusiasta partidario de ella Ahora, su separación significa un cisma en el partido Autonomista Nacional, que comportará su debilitamiento y su crisis. Como expresa un historiador: “La tensión internacional, a través de la crisis financiera alteraba así los términos de la política interna”.

Decada de 1910:

LA ECONOMIA DE GUERRA

Desde el primer momento se produce un choque entre los representantes del radicalismo que acaban de llegar al poder y los personemos de la corriente conservadora. Los socialistas, inicialmente expectantes, muy pronto se oponen también a los proyectos radicales referentes a proteger las industrias nacionales e, incluso, estatizar algunas empresas. El Diputado radical, Carlos F. Melo, en las sesiones de 1916, pone énfasis en la expresión final del artículo 49 de la Constitución Nacional, referente a que el gobierno federal puede usar del tesoro público, entre otras cosas, “para empresas de utilidad nacional”, y afirma: “El Estado argentino es empresario; se trata de que sea un buen empresario”. También Lauro Lagos apoya esa política, señalando que ella ha sido adoptada por los países más poderosos de la tierra, como Francia, Alemania e Inglaterra; en cuanto a los Estados Unidos, nueva y pujante potencia mundial, “estatizan todos los servicios que ellos consideran de imprescindible necesidad pública, y hasta los monopolizan sin perjuicio para nadie y con beneficio para todo?”. Los conservadores, por boca de Gustavo Martínez Zuviría, se inclinan por la libre :economía y rechazan toda posible ingerencia del Estado en el orden empresario. Juan B. Justo, vocero del socialismo, apoya también la libre empresa y condena el intervencionismo estatal en todas sus manifestaciones, mientras De Tomaso afirma que el Estado no puede tener facultades excesivas en, materia económica. Yrigoyen, por su parte, se propone orientar al Estado hacia la dirección y ejecución de grandes empresas económicas. a través de la colonización agrícola-ganadera, el establecimiento de bancos, la creación de la marina mercante y la explotación del petróleo, todo ello apoyado por medidas de orden crediticio avaladas por una rígida fiscalización del tesoro nacional. Sus proyectos, no obstante, deben afrontar la cruda crítica de la oposición por parte de los legisladores, y en buena medida quedan en agua de borrajas.

A fines de 1916 remite el Poder Ejecutivo al Congreso un plan de colonización centrado en la subdivisión de la tierra que pasaría a poder de los colonos, la incorporación de faenas de granja y la intensificación de la enseñanza agrícola. Se persigue intensificar la producción mediante la proliferación de pequeños propietarios-chacareros. En apoyo de esta iniciativa, proyecta también el gobierno emitir cien millones de pesos en títulos de la deuda pública, cuyo producto posibilitaría, entre otras cosas, la creación de un banco agrícola con fines de crédito favorable a la colonización. En Diputados se produce una larga discusión, en la que Araya denuncia: “De una vez hay que ir a la constitución del banco agrícola con carácter tutelar, local y profesional, para corazar al colono contra el zarpazo anual del acopiador y del comerciante, la dentellada voraz del exportador y la hipócrita intromisión bancaria que vitaliza esa insaciable orgía de buitres que destruye la vitalidad económica de la Nación”. Pero el proyecto no prospera y se archiva junto con el de colonización. Reiterado en 1919, también fracasa a pesar de la insistencia del Ejecutivo y a la circunstancia de que, desde 1918, el radicalismo tiene en Diputados una débil mayoría.

A fines de 1916 presenta el Diputado Lauro Lagos un proyecto de creación de la marina mercante nacional, propósito que concilia con los del Ejecutivo que, en un plan de empréstitos, prevé también idéntica creación. La comisión encargada del estudio reconoce el déficit de bodegas existente, y no niega que ello repercute en el encarecimiento de los fletes. Pero se opone a lo que considera una utopía en tanto se carece de personal especializado, equipos técnicos y capital suficiente para armar una escuadrilla eficaz. Por todo ello, los proyectos concurrentes de Lagos y el Ejecutivo fracasan.

En el plan de empréstitos propuesto por la presidencia, los cien millones se destinan a colonización, banco agrícola, marina mercante y explotación del petróleo, aplicándose a este último particular unos 16 millones. Los Diputados Oyhanarte y Melo bregan insistentemente, y el último afirma: “El petróleo de Comodoro Rivadavia, el petróleo que se encuentra en toda la República, el combustible esencial que existe en el subsuelo argentino, tiene que estar en manos del Estado por razones fiscales, sociales y de civilización”. A nada concreto se llega, y tampoco se resuelve en definitiva el destino de los yacimientos petrolíferos cuando, en 1921, el Poder Ejecutivo promueve una nueva discusión para lograr la nacionalización de esos depósitos de hidrocarburos.

Ese mismo plan de empréstitos, presentado a las sesiones extraordinarias de 1916, auspicia la emisión de 250 millones de pesos oro, o su equivalente en moneda común, para consolidar los créditos, las letras de tesorería y las deudas a corto plazo. La Comisión de Hacienda de Diputados aprueba con modificaciones esta parte del proyecto, eleva el monto de la emisión a 265 millones e incluye entre los gastos la intensificación de la explotación petrolera. Al cabo de discusiones donde los conservadores y los socialistas se oponen, es finalmente aprobada, y pasa al Senado, donde queda detenido. El 26 de Junio de 1917 el Poder Ejecutivo insiste ante la Cámara Alta, y eleva el monto a 500 millones para subvenir a necesidades urgentes creadas en el Intermedio a raíz de la guerra europea. La Comisión de Hacienda del Senado demora su tratamiento, intensifica su estudio, y aun pide opiniones personales a financistas. Yrigoyen, ante la demora, redacta un nuevo mensaje al Congreso para urgir la resolución, y envía a los diarios su texto antes de cursarlo a la Legislatura, por lo que el ministro Salaberry debe responder a una interpelación del Senado.

Tampoco tiene éxito Yrigoyen con su proyecto de creación del Banco de la República, presentado al Senado el 5 de Julio de 1917. Dicho banco tendría por objeto regular las emisiones, fomentar el crédito comercial, industrial, agrícola y ganadero, fiscalizar los cambios internacionales, regular las tasas de interés y, además de otras atribuciones, asegurar el clearing bancario. El 20 de Agosto se rechaza la propuesta, después de severas críticas; insiste el Poder Ejecutivo mediante un mensaje del 11 de Septiembre de 1919, y al cabo de dos años el monstruoso proyecto -según opinión de Justo- es archivado sin haber obtenido despacho.

En definitiva, ninguno de los grandes proyectos económico-financieros elaborados por Yrigoyen con el propósito de afirmar la economía nacional durante la guerra tiene el éxito esperado.

Tras largas discusiones, y al cabo de casi dos años de espera, logra el Presidente que el Congreso apruebe por ley una medida propuesta por el Ejecutivo a fines de 1916, referente a fijar un impuesto a las exportaciones. En Enero de 1918 se sanciona la disposición pertinente, estableciendo un impuesto provisional del 5 % para los productos de exportación, a fin de aplicar las entradas por ese concepto en la compra de semillas y útiles para labranza, y en la construcción de puentes y caminos para facilitar las comunicaciones. También tiene éxito, y es aprobado a los once días de su presentación, el convenio firmado por el Poder Ejecutivo, ad referéndum del Congreso, con Inglaterra, Italia y Francia el 14 de Enero de 1918, según el cual el gobierno argentino abre a cada uno de ellos un crédito por cien millones de pesos, a fin de posibilitar la financiación de la compra de dos millones y medio de toneladas de cereales. Sin embargo, en 1919 otros convenios similares son rechazados por el Senado, a pesar de la previa aprobación por Diputados.

LA ECONOMIA DE POSGUERRA

El impulso de la industria argentina ante la falta de importación mantiene su ritmo durante los años de la guerra. No faltan en los comercios artículos manufacturados que se venden a buen precio, aunque muchas veces ostentan el fraguado epígrafe made in England a pesar de haber sido fabricados en los alrededores de Buenos Aires. En el mensaje de apertura de 1918, el Vicepresidente Luna señala que el gobierno “cifra en la actividad fabril la independencia económica que el país anhela conquistar”, y al efecto informa que se han iniciado negociaciones en Brasil y Paraguay para estudiar las plazas y atender a las posibilidades futuras de la actividad industrial, especialmente en cuanto se refiere a industrias agropecuarias. También fomenta el Poder Ejecutivo la explotación maderera la caza y la pesca, e intensifica todo lo posible el aprovechamiento de la riqueza petrolera. A pesar de ello, el fin de la guerra representa la inmediata desaparición de diversas industrias, ahogadas por la llegada de artículos importados. El criterio librecambista, predominante en el Congreso, Impide la protección a la actividad fabril, y resultan vanos los esfuerzos del Ejecutivo en tal sentido, como también las esperanzas de la Unión Industrial que, por boca del ingeniero Alejandro E. Bunge, declara entusiasmada “que esta es la última generación de importadores y estancieros”.

El movimiento comercial exterior se agiganta en los dos primeros años de posguerra. Para 1919 el saldo positivo del intercambio supera los 375 millones oro; pero en 1920 desciende a 109, y se transforma en déficit de 78 y 13 millones en 1921 y 1922, respectivamente. Las rentas nacionales, en aumento hasta 223 millones en 1920, decrecen sensiblemente hasta 199 en 1922. La deuda pública se eleva, en moneda nacional, de 1.353 millones en 1917 a 1.931 en 1922. Los gastos internos, entretanto, aumentan año a año, incrementándose en cien millones de pesos oro, durante el período 1917-1922.

El aumento registrado en los precios cuando empiezan a llegar mercaderías importadas amengua apenas las importaciones saturan el mercado. La depreciación del marco provoca una crisis financiera que afecta a la libra esterlina y al franco, mientras beneficia considerablemente a los Estados Unidos que, en poco tiempo se transforman en gran potencia acreedora gracias a los enormes préstamos en dólares. En 1921 se desvalorizan los cereales y las carnes, y ello produce un grave impacto en la economía argentina. Con relación a los precios de 1920, el trigo baja 4,74 puntos; el lino 7,51; el maíz 0,50; la carne de novillo 41,12; las lanas 5,50.

La crisis originada por el descenso de compras a los países agropecuarios tras la guerra engendra, a su vez, dos enfoques financieros. Uno de ellos participa del convencimiento de que es menester levantar la clausura de la Caja de Conversión, a fin de salvar la crisis monetaria generalizada en todo el mundo; el otro, seguido por el Ejecutivo, es mantener las restricciones para evitar la iliquidez que podría sobrevenir si se liberaba el cambio de papel moneda en oro. Analizando el momento, dice Estanislao S. Zeballos: “Si nosotros no hemos tenido ojos, ni moralidad, para ver e impedir las exportaciones clandestinas de azúcar en vagones y vapores, no la tendremos para ver el oro que se iría del país en bolsillos y valijas”. En la misma línea se halla Yrigoyen, dispuesto a mantener por todos los medios cerrada la Caja de Conversión y vigente la prohibición de exportar oro. Enterado el Presidente de que entre los legisladores hay opinión favorable para derogar la legislación existente con el objeto de evitar la mayor devaluación del peso cuyo valor teórico de 0,44 oro ha descendido a 0,34, envía el 13 de Junio de 1921 un mensaje al Congreso, donde manifiesta su más decidida oposición a reimplantar la libertad cambiarla. A raíz de ello se mantiene el cierre, pese a las violentas protestas de Juan B. Justo que, para mostrar su desagrado, renuncia a la comisión monetaria de la Cámara de Diputados.

Las expresiones de Zeballos sobre el azúcar tienen relación con el proyecto enviado en agosto de 1920 por el Ejecutivo al Congreso, a fin de dictar una ley que autorice la expropiación de 200.000 toneladas de azúcar, que serían vendidas al público a precio de costo: “En la ausencia de una ley previsora capaz de impedir los acaparamientos y los trust de artículos vitales para la subsistencia - dice el mensaje de Yrigoyen - se hace necesario adoptar una medida ocasional, que contenga el abuso o acaso llegue a ser una lección saludable para todos los que especulan sobre el hambre y la sed del pueblo que trabaja”. El proyecto se aprueba en Diputados, pero el Senado pone grandes impedimentos. En Septiembre circula la versión de que el Presidente está dispuesto incluso a disolver el Senado - donde la oposición a su gobierno es abrumadora - si persiste en su actitud. Finalmente, el Senado devuelve a Diputados el proyecto con modificaciones, pero la Insistencia de esta Cámara en su presentación decide la aprobación del discutido proyecto. El año 1919 se inicia y queda marcado por la Semana Trágica. Una huelga de los obreros de los talleres metalúrgicos de Vasena deriva en un enfrentamiento sangriento con la Policía. La situación se agrava rápidamente: se producen otras refriegas y la organización sindical FORA declara una huelga general que paraliza a Buenos Aires durante una semana.

No hay transportes ni se trabaja en ningún lado. Mientras, grupos de muchachos de clase alta, provistos de armas que se reparten, según se dice, en el Centro Naval, recorren los barrios habitados por judíos, agrediendo a personas y atacando comercios.

A pesar de que el salario real aumenta, se producen este año 367 huelgas en la que participan 300.000 trabajadores.

El presupuesto de una familia obrera se componía de la siguiente manera:

• Alimentación                   56,9 %                

• Alquiler                           17,8 %

• Vestido                             8,4 %

• Combustible                     4,1 %

• Vinos y Licores                3,6 %

• Tabaco                             3,5 %

• Libros y diarios                0,7 %

• Sociedades obreras           0,3 %

• Diversiones                       0,1 %

• Varios                               1,9 %

Década de 1920:

En Octubre de 1929, Wall Street revela la inestabilidad del sistema. En el país cae la renta aduanera, se devalúa el peso, quiebran centenares de empresas, bajan los salario y aumenta la desocupación. En Argentina la revolución de Setiembre de 1930, sincronizó con la crisis mundial. Unos años antes, había comenzado aquí una aproximación a la actual situación doméstica de desequilibrio macroeconómico y restricciones de financiamiento. Entre 1928 y 1930 los ingresos descendieron 75 millones; aunque el gobierno lejos de reducir sus gastos los había aumentado en ese período, de 795 a 905 Millones. Los recursos cayeron 10% y los gastos aumentaron 22%. Los déficit crecientes le impusieron la necesidad de colocar títulos en el mercado en 1929 con la famosa "Baring" por 5 Millones de Libras y en Abril de 1930 con la "Chatam" por 50 Millones de Dólares. La base popular del gobierno anterior y, sin duda sus principios, eran un serio inconveniente para la adopción de medidas que podían ser intentadas por un gobierno que careciera de ese apoyo.

Década de 1930:

Las medidas de aquel gobierno provisional como las que tomó el que lo sucedió, estuvieron destinadas a enfocar los aspectos fiscales como: crear nuevos impuestos, reducir 200 Millones el presupuesto reducción de personal de la administración pública, etc. No obstante estas medidas, el cierre del presupuesto de 1931, arrojó un déficit de 131 Millones de pesos.

CRISIS ECONOMICA Y CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN DEL MODELO AGRO EXPORTADOR.

La crisis del capitalismo mundial de 1929 afecto las bases del modelo agro exportador sobre el que estaba organizada la economía Argentina. Frente a la crisis, los países centrales adoptaron el proteccionismo especialmente Gan Bretaña, principal comprador de cereales y carnes argentinos, redujo sus importaciones y en la CONFERENCIA de OTTAWA (1932) estableció acuerdos preferenciales con sus colonias para las compras de materias primas y alimentos y esta decisión tubo un gran impacto sobre el funcionamiento del capitalismo agrario argentino.

La crisis mundial altero la balanza comercial Argentina y el nivel de renta de los capitalistas agrarios. Estos tuvieron cada ves mas dificultades para mantener el nivel de inversiones; además, fue cada ves menor el ritmo de incorporación de nuevas tierras a la producción agropecuaria de la región pampeana. Estos datos hacían evidente el deterioro de los términos del intercambio entra los países centrales y los periféricos.

Desde 1930 los poderosos hacendados invernadotes presionaron para que la Argentina firmara con Gran Bretaña un acuerdo para asegurar la cuota de exportación de carnes al mercado ingles en los niveles anteriores a la crisis.

El PACTO ROCA-RUNCIMAN además de asegurar cuotas de exportación para las carnes argentinas, que afirmo el vinculo comercial con Gran Bretaña. Las cláusulas mas importantes del acuerdo comercial fueron las siguientes la Argentina se aseguraba una cuota de importación ni inferior a 390 mil toneladas de carne enfriada , el 85% de las exportaciones de nuestro país debían realizarse a trabes de frigoríficos extranjeros. La Argentina se comprometía a mantener libres de derechos el carbón y a no reducir las tarifas de los ferrocarriles ingleses.

El vicepresidente roca resumió en una frase el espíritu de la delegación negociadora “por su importancia económica, la Argentina se parece a un gran dominio británico”. Frente a este conjunto de factores externos e internos de la renta de los capitalistas agrarios los sectores dirigentes profundizaron la intervención del estado en la economía y tomaron medidas importantes cuales fueron la introducción del control de cambios, la fundación del banco central, la unificación del régimen impositivo y el establecimiento de Juntas Reguladoras y controlar a cada una de las producciones del sector primario del país.

El pacto Roca-Runciman no logro resolver los problemas económicas de la Argentina en ese periodo, ya no era posible volver atrás: la crisis altero la división internacional del trabajo, a la que la Argentina se había incorporado como productora de materias primas y alimentos y receptora de manufacturas.

Frente a estos cambios a la economía mundial, los grande terratenientes y comerciantes exportadores -nucleados en la SOCIEDAD RURAL ARGENTINA (SRA)- terminaron por coincidir en sus orientaciones económicas con los grupos industriales -nucleados en la UNION INDUSTRIAL Argentina (UIA)-: ambos aceptaron el desarrollo de  la actividad industrial como una solución para los problemas de la economía nacional.

La virtual imposibilidad de obtener bienes manufacturados en el mercado internacional, determino que aquellos países con una base industrial la expandieses, esta expansión no apuntaba a complementar los bienes manufacturados importados, sino a remplazarlos. La expansión industrial se baso, por lo tanto, sobre la substitución de importaciones y se concentro en bienes de consumo en ves de en vienes de capital. Se desarrollaron la industria textil (lana y algodón), la industria alimenticia, productos químicos y farmacéuticos. Este tipo de industrialización no requería un monto de inversión de capital, comparable al que necesitaron las industrias pesadas de los países centrales. Entre 1929 y 1945 la expansión del mercado interno fortaleció el proceso de industrialización permitiendo la disminución del empleo, el aumento de salarios y ganancias.

Desde el punto de vista del empresario individual, las ventajas de invertir en este tipo de industrialización eran numerosas: mercado cautivo, créditos y tarifas que subsidiabas sus inversiones. En otras palabras ganancias con bajo riesgo y retorno de la inversión.

Durante la década de 1930 el grupo mas poderoso de los capitalistas agrarios argentinos comenzaron a diversificar y a integrar sus inversiones de capitán. Estos capitalistas conformaron grupos económicos dedicados a las actividades de la dinámica agro exportadora, la producción industrial y la construcción.

El desarrollo de la industrialización estuvo también financiada por nuevas inversiones realizadas por capitales de Estados Unidos, Alemania, Francia y en menor medida Gran Bretaña. Entre las empresas mas importantes encontramos Philco, Eveready, Good Year, Firestone, Johnson y Jonson. Dado el alto nivel de las tazas de ganancias que obtuvieron desde el primer momento, estas empresas reinvirtieron sus utilidades y comenzaron un proceso de integración y diversificación de actividades industriales y no industriales.

Década de 1950:

A partir de 1949, el modelo económico industrialista y redistributivo comenzó a sufrir unas dificultades que se agravaron en 1952. la fase expansiva del ISI se detuvo debido a un conjunto de factores. Los ingresos de divisas provenientes de las exportaciones disminuyeron porque fueron menores las ventas a causa de la perdida de mercados (EEUU). También disminuyo el volumen de los productos exportables. Como consecuencia de esta situación se restringieron las importaciones, decayó la producción industrial. En esta coyuntura, la burguesía agraria no estuvo dispuesta a aumentar sus inversiones para mejorar los niveles de producción de bienes exportables. En este contexto recesivo e inflacionario se agudizaron las tensiones sociales y la lucha política por la distribución de la riqueza. Los trabajadores se expresaron con huelgas. Los empresarios se resistieron a otorgar aumentos saláriales.

Década de 1960:

La actividad económica global: El aumento de la producción, según los datos el Banco central, en los años 1964 y 1965, registra cifras sumamente elevadas: 10,3% y 9,2% respectivamente. Revirtiéndose la recesión de los dos años precedentes en que esas cifras fueron negativas: 1,6% en 1962 y 2,4% en 1963.

La actividad industrial: Los detractores del gobierno han insistido reiteradamente en que esos altos índices de crecimiento se debieron al aumento de las cosechas y al estímulo que ellas ejercieron sobre el resto de la actividad. Esta afirmación es inexacta, ya que el empuje provino de la parte más dinámica de la producción, el sector industrial...Resulta de interés reseñar que la inversión en maquinarias y equipos experimentó un aumento considerable muy próximo al 20% en los dos años mencionados, lo que significa que se produjo una capitalización importante durante ese lapso.

La distribución del ingreso: En el curso del período analizado, se obtuvo una manifiesta mayor equidad en la distribución del ingreso, en beneficio de la población de menores recursos. Este efecto se produjo, lo que es fundamental, sin interferir en el crecimiento de la riqueza general. Los salarios reales aumentaron, por dos causas que actuaron en la misma dirección: el crecimiento del Producto Bruto Interno y la proporción en que participaron los asalariados. De conformidad con cifras del Banco Central, se comprueba un aumento de la participación del factor trabajo en el ingreso, ya que del 36,4% en 1964 pasó al 38% en 1965 y al 41,1% en el primer semestre de 1966. El personal ocupado, a su vez que había experimentado una reducción del 1,6% en 1962, y que volvió a caer el 2,1% en 1963, creció el 4% en 1964 y el 3,5% en 1965. En cuanto a la tasa de desempleo, que habían alcanzado el 8,8% en 1963, descendió al 7,4% en 1964, al 6,1% en 1965 y al 4,1% en el primer semestre de 1966.

Las reservas externas: En este aspecto, el resultado de la gestión es altamente favorable. Se produjo un aumento de las reservas brutas y de la posición neta del Banco central, al propio tiempo que una apreciable disminución de la deuda externa y un mejor ordenamiento de sus vencimientos. En primer lugar, la mejora se produce al propio tiempo que se sustancia el crecimiento de la actividad económica, especialmente en el sector industrial, el cual supone un aumento más que proporcional de las importaciones de materias primas y de productos semiterminados requeridos para el crecimiento el ritmo productivo. Además, debe tenerse en cuenta que el período coincide con el deterioro de los términos del intercambio para las exportaciones realizadas por el país. A principios de junio de 1966, existen en el Banco Central reservas de oro y divisas por U$S 363,4 millones, en comparación con los U$S 323,4 millones del 12 de Octubre de 1963. La posición neta de oro y divisas del Banco Central ascendía al asumir el gobierno constitucional, el 12 de octubre de 1963, a la suma negativa de U$S 400 millones. Al finalizar el primer semestre de 1966, la cifra es positiva en U$S 100 millones. En cuanto a la deuda exterior, según cifras del Banco Central, en las fechas en las que se publicaron las estadísticas más próximas, evolucionó así:

Por primera vez, después de muchos años, se redujo el endeudamiento externo. Para obtener esas mejoras no hubo necesidad de proceder a fuertes desvalorizaciones de la moneda, que ocasionan elevados aumentos en los precios. En Octubre de 1963, el dólar cotizaba a $ 1,46 y al iniciarse Junio de 1966, el tipo de cambio es de $ 2,04. Corresponde añadir que el ritmo de las devaluaciones fue decreciendo a medida que la inflación iba siendo abatida, sin que en ningún momento se permitiera una paridad sobrevaluada de la moneda nacional, con el deterioro del sector externo y las demás consecuencias negativas.

Década de 1970:

La inflación salta a un 40 por ciento anual y el Presidente dispone un aumento de salarios y jubilaciones. Sin embargo, en Septiembre, la C.G.T. realiza una huelga general que tiene un alto acatamiento. En Noviembre, crece la ola de huelgas y atentados.

El deterioro del gobierno de Isabel Perón aumenta cada día más. Este año hay 860 muertos por causas políticas y la inflación alcanza al 330 por ciento.

El país tiene cuatro ministros de Economía en un año. Uno de ellos, Celestino Rodrigo, vinculado a López Rega, decreta una brutal devaluación del 150 por ciento y un aumento de tarifas del 200 por ciento. La nafta aumenta un 172 por ciento. Es el famoso “Rodrigazo”. Los sindicatos se resisten a esta política, abandonan la Gran Paritaria Nacional, que intentaba reeditar el pacto social y, en una gran movilización, piden la expulsión de López Rega. Finalmente, la presidenta debe acceder a que “El Brujo” renuncie a sus cargos y abandone el país.

En verano se producen muchos cortes de luz, ejemplos del estado lamentable en que se encuentran nuestras fuentes de producción de energía. Otras muestras de la situación del país son la inflación, que alcanza el 139 % anual, la deuda externa, 19.000 millones, y un aumento de las importaciones, que suben un 70 por ciento comparadas con las de 1978. Es la época de la “plata dulce”, cuando pasar las vacaciones en el exterior cuesta menos que en el país. A los argentinos en Miami se los conoce por “Deme dos”.

Década de 1980:

Año de escándalos financieros: la caída del Banco de Intercambio Regional (BIR) deja en el aire a más de 350.000 ahorristas. A esto se suma la intervención de varios bancos, entre ellos Los Andes, Oddone, Sidera, Unido de Inversión y Hurlingham. Casi todas estas entidades eran de creación relativamente reciente y de rápido crecimiento, logrado sobre altísimas tasas de interés para sus ahorristas. Las tasas siguen altas, la inflación se reduce a un 80 por ciento y la deuda externa asciende a 30 mil millones de dólares.

La gente especula en el mercado de compra y venta de dólares ("arbolitos"), demostrando su desconfianza en los mensajes oficiales.

Antes de la asunción de Roberto Viola como nuevo Presidente se efectúa una devaluación del 10 por ciento. El traspaso del poder se realiza el 19 de Marzo. Días después, el nuevo ministro de Economía, Lorenzo Sigaut, asegura que “el que apuesta al dólar, pierde” y hace otra devaluación, del 30 por ciento. De esta manera, el dólar, que en el mercado libre se cotizaba a $ 2.000, salta a $ 10.000.

No es el único indicio del desmadre de la economía. La inflación del año asciende al 131 por ciento y la deuda externa, a 35.000 millones de dólares. Además, el Presidente de YPF, General Suárez Mason, anuncia que el déficit de la petrolera será, en 1981, de 6.000 millones de dólares.

En 1982, la situación económica tiende a la catástrofe. El nuevo ministro de Economía, José M. Dagnino Pastore, declara que se está en “estado de emergencia”. La inflación llegará al 209 por ciento y el salario real cae, sólo en el primer semestre, un 34 por ciento. En 1983 , la inflación llega al 430 % y el gobierno crea una nueva unidad monetaria: el peso argentino que equivale a 10.000 “pesos ley”.

Jorge Triacca y Saúl Ubaldini anuncian la unificación de la CGT, bajo la conducción de este último, que desde entonces acosará al gobierno con paros parciales o generales. La inflación en el 84 ascendió casi el 700 por ciento pero las exportaciones aumentan a 8.500 millones de dólares, contra 5.000 millones de importaciones. la deuda externa, según revela el Ministro de Economía, Bernardo Grinspun, asciende a los 45.000 millones de dólares.
El 14 de Junio de 1985, Alfonsín anuncia la puesta en marcha del Plan Austral, que compromete al gobierno a no realizar nuevas emisiones monetarias y por el que congela precios y salarios y crea una nueva moneda.

Se trata del austral, que equivale a 10.000 pesos argentinos y que tiene paridad con el dólar. El plan económico es aceptado por gran parte de la opinión pública y la inflación se reduce drásticamente.

Los efectos del Plan Austral se van deteriorando lentamente. En Enero, el aumento de precios al consumidor es del 3 por ciento y en febrero, del 4,6 por ciento. Oficialmente, la Dirección General Impositiva (D.G.I.) informa que sólo el 13 por ciento de los que deberían tributar pagan sus impuestos. Y el fantasma de la deuda externa, ya de 50.000 millones de dólares, sigue pesando sobre nuestras finanzas.

El Ministro de Economía Juan Surrouille, logra el refinanciamiento de la deuda externa. Según este plan, 32,000 millones de dólares se pagarán a 19 años con siete de gracia y el resto, a 12 años con 5 de gracia, más  la reducción de los intereses. De esta manera, disminuye significativamente el costo de la deuda.

Década de 1990:

En Argentina, el Plan de Convertibilidad y la legislación conexa, fueron la expresión institucional y normativa del mismo, viabilizando los conocidos procesos de apertura comercial y financiera, nuevo endeudamiento, privatizaciones masivas y ataque sistemático sobre las posiciones del proletariado. Éste plan fue una versión “radicalizada” del programa neoliberal aplicado en América Latina (apertura comercial, privatizaciones masivas, desregulación financiera, copamiento por el capital extranjero).

Las tasas importantes de crecimiento del PBI en 1991-94 y 1997-98 (promediando para la década cerca del 4,5% anual); expresaron un proceso desigual y combinado, de crecimiento polarizado en algunas ramas y sectores, sobre la base de la degradación de las fuerzas productivas nacionales que culmina exacerbando el carácter deformado y dependiente de la economía argentina. Subrayemos algunas características fundamentales:

 Un salto en la dependencia comercial, financiera y tecnológica del capital extranjero, rasgo sobre el que resulta innecesario abundar, pues demuestran claramente este proceso el masivo endeudamiento, el copamiento de las privatizaciones por grupos extranjeros (aliados a algunos socios locales en su primera etapa) y la afluencia de inversiones directas atraídas por el MERCOSUR hasta 1998. El capital extranjero tiene una participación decisiva en la generación del PBI. Controla la mitad del sistema bancario, la mayoría de las palancas decisivas en la producción industrial y en los circuitos del comercio exterior; dirigió la reconversión de la industria y la reorientación de la producción en el curso de la década. Este proceso ha ido ligado a una mayor subordinación política al imperialismo, a través de la supervisión directa por el FMI, la ingerencia de las diversas agencia económicas y políticas del imperialismo, y la presión directa de los gobiernos imperialistas a favor de sus intereses empresariales en el país. Se someten a este control casi todas las decisiones de la vida nacional, como es posible ver en la actual coyuntura.

Una baja productividad media del trabajo, respecto a la de los países centrales y aun a otras áreas de la periferia. Tan sólo algunos polos de alta productividad en determinadas ramas de punta, donde se ha hecho importantes innovaciones tecnológicas y masivas inversiones (complejo aceitero y de la soya, ciertos rubros de la alimentación, telecomunicaciones, aluminio), alcanzan rangos internacionales.

Sin embargo, la “la reducción de la brecha de productividad en los años noventa se debió esencialmente a reestructuraciones de empresas y a cierres de las firmas menos competitivas y no a una tendencia generalizada hacia nuevas inversiones industriales.”

Además, aún así, pese a la relativa modernización tecnológica en las ramas más dinámicas y al incremento en la explotación de la fuerza de trabajo, a fines de los 90 no se había recuperado la posición de 1970 respecto a la productividad en EEUU.

A esto se agrega el hecho de la caída de la competitividad de los productos argentinos relacionada no sólo a la sobrevaluación del peso sino también a las privatizaciones que significaron el copamiento de los servicios (bienes no transables) más importantes por el capital extranjero. Los contratos de las privatizadas con el Estado en función de su carácter monopólico, de las garantías de ganancias y de la inflación ajustada por el incremento de precios en EEUU, determinó que “en el caso de las privatizadas, las utilidades obtenidas en promedio entre 1995 y 1999 representan el 17,5% del valor de la producción, tasa de beneficio que se contrae al 5,9% de las empresas de la cúpula.” Semejantes ganancias extraordinarias en servicios incorporados en todos los bienes fueron parte importante del deterioro de la competitividad de los productos nacionales. Esto señala el carácter irreconciliable de los intereses gananciales del capital imperialista y sus socios nacionales de un lado y las posibilidades de desarrollo de las fuerzas productivas nacionales del país oprimido, del otro.

Este incremento polarizado de la productividad mantiene a la mayor parte de la economía nacional muy por debajo del nivel, determinando la escasa “competitividad” de la mayor parte de la producción local frente a la presión del mercado mundial.

 Argentina continuó retrocediendo en el nivel de semiindustrialización alcanzado en el cenit del proceso de “sustitución de importaciones”. Este es un proceso de largo plazo, característico del patrón de acumulación inaugurado con la dictadura militar: “entre 1976 y 1983, el peso relativo de la producción manufacturera se redujo del 28 al 22% del PBI.”

Se trata además de un fenómeno mundial. Pero en Argentina muestra rasgos acusados.

En los 90, la reestructuración y reconversión impuesta por el gran capital y dirigida por los monopolios extranjeros determinó una polarización en torno a unas pocas ramas de punta volcadas a la exportación de materias primas y a algunos productos semielaborados, profundizando este proceso: “el PBI a valores constantes se expandió, entre 1993 y 1998, a un ritmo promedio anual del 4%, mientras que el valor agregado industrial se incrementó a una tasa del 2,8% anual acumulativo. (Esto) conllevó una nueva disminución en su peso relativo en el total del producto bruto del país (descendió, siempre a precios constantes, del 18,2% en 1993 al 17,1% en 1998).

Esto da cuenta de fenómenos de desarticulación productiva e industrial muy acusados, lo que incrementa la dependencia de insumos, equipos y tecnología importados y polariza la inversión en los rubros considerados rentables por el gran capital, mientras que la producción local en amplios sectores languidece o es desmantelada y el país se ha visto directamente excluido de las ramas tecnológicamente más avanzadas, como la computación.

Es en este marco que puede concluirse, como hace un reciente trabajo de Juan Iñigo Carrera que, a pesar de la expansión de los primeros 90, “en el mejor de los casos, el valor producido anualmente por la economía argentina ha permanecido estancado y más bien en retroceso durante el ultimo cuarto de siglo. (...)la escala de la economía argentina choca con una limitación estructural que no logra superar. (...) las fases de expansión apenas constituyen un respiro cuya normalidad corresponde al estancamiento, o mas bien el retroceso. La crisis actual no es un fenómeno de los últimos tres años, sino la manifestación estructural de un proceso nacional de acumulación de capital que ha agotado su potencialidad absoluta.”

En suma, consiste en una nueva espiral de desarrollo desigual y combinado, que preserva el atraso y la dependencia, no revierte las tendencias al estancamiento y la decadencia, y exacerba las contradicciones y bloqueos estructurales de la economía argentina.

Década de 2000:

DE LA RECESIÓN LA DEPRESIÓN

La recesión más prolongada de la historia Argentina se inició a mediados de 1998 y ha ingresado ya en su cuarto año. Desde entonces, el PBI acumula un retroceso de 4,9% y el producto per capita cayó el 12%.

A principios de 2001 comenzó el desmoronamiento. Domingo Cavallo, el antiguo ministro de Menem y “padre de la Convertibilidad” fue llamado en marzo al Ministerio de Economía para actuar como árbitro entre los distintas alas de la clase dominante, divididas sobre las salidas al impasse de la Convertibilidad.

Pero la profundidad de la crisis y la tenaz resistencia obrera y popular fueron desbaratando uno tras otro los 7 u 8 paquetes de medidas que anunció en menos de un año. Todos los indicadores cayeron bruscamente en el segundo semestre, con previsiones de una caída del PBI de 3,5% para el año, la inminente cesación de pagos y una creciente fuga de capitales. Los datos de noviembre, previos al estallido de la crisis eran ya devastadores, con caídas del 11,6% en la industria; 20,9% en la construcción, 9% en las ventas de supermercados (datos anualizados). En diciembre la caída en la industria habría sido de 18% y la desocupación alcanzaría el 23%.

El gobierno de De la Rúa-Cavallo realizó una jugada desesperada para detener la amenaza de un crack bancario con las medidas del 3 de diciembre, imponiendo el famoso “corralito” de los depósitos (retención forzada) y la pretendida “bancarización” de todas las transacciones.

Esto ahogó todo movimiento económico, al restringir bruscamente la liquidez monetaria, paralizando el comercio y el crédito, rompiendo las cadenas de pago y asfixiando a la “economía informal” de la cual depende la subsistencia cotidiana de millones de desposeídos. No sólo la producción, el comercio y la inversión, sino también los préstamos bancarios y las tarjetas de crédito, las importaciones y aun muchas exportaciones se han suspendido o postergado, mientras que se multiplican los despidos, las quiebras empresariales y la ruina de las capas medias. Esta situación no ha tocado aun fondo, el país atraviesa el paroxismo de la crisis económica y financiera, en medio de convulsiones sociales y políticas, y la caída puede continuar agravándose durante todo el verano. Por ejemplo, en diciembre la Fundación FIEL preveía una contracción del 9% en el PBI para el primer semestre del nuevo año; esto podría terminar siendo un pálido anticipo de la verdadera gravedad de la caída.

LA CRISIS FISCAL

El Estado se hundió para sostener la paridad cambiaria y las exigencias crecientes del servicio de la deuda. La Convertibilidad representa la prohibición de emitir moneda sin respaldo y la “congelación” de fuertes reservas en divisas como garantía. Al depender en gran medida de impuestos indirectos al consumo, como el IVA, ya que las privatizaciones le quitaron tradicionales fuentes de recursos como las empresas públicas (YPF), los fondos jubilatorios, etc., la recesión restringió sistemáticamente la afluencia de ingresos genuinos y provocó una desfinanciación insostenible. Cavallo intentó equilibrar las cuentas con la política de “Déficit 0”, introduciendo brutales recortes en el gasto estatal, retrasando sistemáticamente desembolsos en educación, salud, etc. y recortando los salarios estatales en un 13%, sin alcanzar sin embargo nunca esa meta. Por su parte, las provincias trataron de escapar a la asfixia emitiendo diversos bonos: “Patacón” en Buenos Aires”, “Quebracho” en Chaco, etc., “cuasi-monedas” sin respaldo efectivo, que no hacían más que desnudar la situación de crisis fiscal extrema y la imposibilidad de sostener el peso.

Pero la insolvencia del estado es un resultado de la expoliación imperialista y la usura de la banca local. 

LA CRISIS DE LA DEUDA

La imposibilidad de sostener el servicio de la misma se convirtió en el talón de Aquiles de la economía nacional, hundiendo todos los intentos de estabilización.

La deuda externa pública trepa a 132.000 millones de dólares (155 mil millones sumando la deuda privada), tanto los grandes grupos locales como las filiaciones de las transnacionales. El servicio de la deuda pública ascendía en el 2001 a unos 15 mil millones y para el 2002 se preveían pagos por 17 mil millones. Son montos impagables para las exhaustas arcas estatales, mientras que el acceso a nuevos créditos del exterior estaba ya prácticamente cerrado a fines del 2000. Cavallo buscó un respiro con el “Megacanje” -un fiasco- y luego, a mediados del año pasado con el “canje de la deuda interna”, renegociando unos 29.477 millones en bonos. Pero este fue sólo un gran negocio para los tenedores locales de títulos de deuda (los bancos instalados en el país y nacionales, y las AFJP ligadas a éstos), garantizándoles el valor del capital y un interés del 7% a cambio de un reescalonamiento de los compromisos. Al mismo tiempo, provocó la oposición de los acreedores del exterior -fundamentalmente norteamericanos-, e irritó al FMI y a la administración de Bush. El FMI retaceó el desembolso de un tramo de crédito por 1.260 millones ya pactado para diciembre, ratificando que no habría nuevos “salvatajes” a menos que se hiciera un ajuste en profundidad.

La cesación de pagos, largamente anunciada, se precipitó. Tras la caída de De la Rúa-Cavallo, Rodríguez Saá no hizo más que reconocer una situación de hecho, y transmitírsela a Duhalde. No hay posibilidad de reconstitución del crédito externo en el corto plazo, y el gobierno debe encarar una ardua negociación con el FMI y los acreedores internacionales para destrabar la situación

Bibliografía consultada: www.historiadelpais.com.ar - www.rincondelvago.com - ar.yahoo.com - Encarta 98 -

Conclusión:

Después de toda la investigación me he dado cuenta que hay crisis económica desde que la Argentina se independizo de España, claro que las primeras crisis no fueron tan bruscas como las de 1880, lo sufrido por la Gran depresión del '30 y lo que estamos viviendo ahora.

Las primeras crisis fueron por las batallas internas y externas que tuvo el país, tanto territoriales como políticas, pero siempre pudieron remontarlas por una u otra causa (aunque lo que mas ayudaba era la producción agraria).

Las primeras grandes crisis que vivió la Argentina fueron por problemas externos, pero allí empezó a endeudarse.

El crecimiento incesante de la deuda externa empezó con la dictadura militar y gracias a los gobiernos mafiosos que vinieron después, que lo único que hacían era llevar a la Argentina por un mal camino y llenarse los bolsillos.

Hoy en día el país se encuentra en este estado gracias a la mala administración que tuvieron nuestros dirigentes y al haber elegido mal el camino para las salidas criticas.

En conclusión la Argentina tuvo crisis desde el principio y pienso que la va tener para siempre, ya que es muy difícil tener fe de que se va a poder salir adelante con la gente que nos gobierna, que lo único que hacen es pensar en su propio bienestar.

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