INTRODUCCIÓN

Para entender un problema moral necesitamos saber que es la moral, debemos darle una definición veraz y concisa.

La palabra moral la vamos a reservar para designar el hecho real que encontramos en todas las sociedades, a saber, un conjunto de normas que se transmiten de generación en generación, que evolucionan a lo largo del tiempo, que ofrecen fuertes diferencias con respecto a las normas de otra sociedad y de otra época histórica y que se utilizan para orientar la conducta de los integrantes de esa sociedad. En algunos casos dichas normas morales son espectacularmente extrañas, imprimen un sello individualizante y son observadas con estricto rigor por los miembros de dicha sociedad. Todos conocemos, por ejemplo, las normas que regían el matrimonio en la Edad Media: los padres eran los encargados de concertar la pareja adecuada para sus hijos; en la actualidad esa norma se considera como obsoleta o hasta ridícula (salvo contadas excepciones, por supuesto). Los árabes profesan la poligamia, norma absolutamente opuesta a la correspondiente en el mundo cristiano y de igual forma, la esclavitud era normal en el mundo greco romano. Todos estos casos peculiares que se manifiestan en cada sociedad, cada cultura y civilización, son tratados por la Antropología Social.

DELITO

Es la acción u omisión penada por la ley. El concepto está sometido por completo al principio de legalidad, de tal forma que el principio acuñado por los juristas romanos nullum crimen sine lege, es su regla básica. Por esto resulta irrelevante el intento de averiguar una noción sustancial de delito, como pueda ser en otras épocas el delito natural, pues delito es solo aquello castigado por la ley. Por otro lado, también resulta evidente que la ley penal no puede ser arbitraria y castigar respondiendo al criterio exclusivo de poner a prueba a los ciudadanos, sino que pretende la defensa de bienes jurídicos concretos. Los delitos se clasifican en delitos graves y menos graves, en atención a la pena que se impone, utilizándose por tanto un principio más cuantitativo (gravedad de la pena que señala cada código), que cualitativo.

Desde una perspectiva más técnica se define el delito como acción u omisión típica, antijurídica, culpable y penada por la ley. La acción es un hecho previsto en la ley penal y dependiente de la voluntad humana. La acción delictiva puede consistir en un acto en sentido estricto, cuando hay una realización de un movimiento corporal; en una omisión pura o propia si se trata de un no hacer algo, o una combinación de ambas posibilidades, llamada comisión por omisión u omisión impropia. La acción debe depender de la voluntad de una persona, por lo que se excluyen de las tipificaciones delictivas supuestos tales como los movimientos reflejos, los estados de inconsciencia como el sueño, la narcosis, el sonambulismo, la embriaguez letárgica o los estados hipnóticos, o cuando hay una violencia irresistible que impulsa al actor a ejecutar actos donde la voluntad se halla sometida, anulada o dirigida.

La conducta debe ser contraria a lo que el Derecho demanda y encontrarse recogida por la ley. La tipicidad es una consecuencia del principio de legalidad imperante en el Código Penal. El legislador se debe valer de la abstracción y del lenguaje para definir el tipo, por lo que siempre se distingue la tensión entre el casuismo exagerado y la vaguedad que no permite definir los límites de cada supuesto. De entre los elementos del tipo se pueden distinguir: los descriptivos, integrados por los de carácter objetivo (procedentes de la realidad perceptible, como por ejemplo matar) y los subjetivos (integrantes del mundo psíquico, como tener la finalidad de algo o actuar contra la voluntad de alguien); los elementos normativos que exigen valoraciones, como los calificativos: ajeno, inmoral, peligroso... y los elementos negativos del tipo que lo excluyen por implicar la ausencia de los fundamentos de la antijuridicidad. Las causas de exclusión de la antijuridicidad son la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el cumplimiento de un deber (de tal forma que tanto el deber deriva del ordenamiento jurídico, como su cumplimiento se ajusta al mismo) o el ejercicio legítimo de un derecho, el oficio (la profesión médica por ejemplo) o el cargo, y la obediencia debida.

La culpabilidad es otro elemento del delito, de tal forma que se puede afirmar que no hay pena sin culpa (nullum crimen sine culpa). Con carácter general, existe culpabilidad cuando existía la opción de haber actuado de forma diferente a como se hizo, lo cual supone situar en el fundamento de la misma a la libertad y exige la imputabilidad, definida en concreto como la capacidad de actuar de forma culpable. Así, una persona es imputable cuando por sus caracteres biopsíquicos y de acuerdo con la legislación vigente es capaz de ser responsable de sus actos. Las formas, que se excluyen a sí mismas, son el dolo y la culpa. El dolo caracteriza a quien actúa sabiendo lo que hace y con intención mientras que la culpa se produce cuando quien actúa omite la diligencia debida.

DERECHO PENAL

El derecho penal es el ámbito del ordenamiento jurídico que se ocupa de la determinación de los delitos y faltas, de las penas que procede imponer a los delincuentes y de las medidas de seguridad establecidas por el Estado para la prevención de la delincuencia. La tipificación de las conductas como delictivas puede variar, en alguna medida, según los tiempos y los países, pero en todo caso se tutela a la persona y sus bienes (vida, integridad física, propiedad, honor), amparándose también a la comunidad de que se trate en su conjunto. Requisitos del derecho penal son la proporcionalidad entre el delito y la pena y el respeto al principio de legalidad, formulado según la tradición procedente del derecho romano mediante la sentencia: "nullum crimen, nulla poena sine previa lege" ("ningún crimen, ninguna pena sin ley previa"). Los delitos pueden calificarse como acciones u omisiones típicas, antijurídicas, culpables y punibles. También las omisiones pueden ser delictivas; por ejemplo en la omisión del deber de socorro. El delito responde a un tipo descrito en el Código Penal, cuerpo legal que, en la mayoría de los países, contiene la esencia y el grueso de las leyes penales. La antijuridicidad no se da ante supuestos de una causa de justificación —legítima defensa, estado de necesidad. Los actos delictivos han de ser voluntarios y fruto de negligencia o del propósito de conseguir el resultado contemplado por la ley. Las penas, que pueden ser pecuniarias o privativas de libertad, tienen una función represiva (de compensación del mal causado) y de prevención (intimidación para posibles delincuentes futuros). Preventivas son también las medidas de seguridad: reclusión de locos o dementes, confinamiento, confiscación de objetos peligrosos o nocivos, vigilancia de la policía, medidas tutelares en relación con menores y otras muchas.

LA CORRUPCIÓN

POLICÍA

La policía son los cuerpos y fuerzas que utiliza el Estado para asegurar de modo coactivo el orden, la seguridad y la salubridad públicas, así como para investigar el delito y prevenir la delincuencia. Lo peor del caso es que en los policías es donde se presenta el mayor número de casos de corrupción.

Desde una perspectiva técnica, la actividad policial de la administración pública hace referencia a todas las intervenciones limitativas de las libertades y derechos de los ciudadanos, como son la imposición de prestaciones personales (por ejemplo, el servicio militar obligatorio), la expropiación forzosa, los decomisos de bienes muebles o los múltiples casos de coacción administrativa, como son aquéllos en que una persona ha obtenido la posesión de algo cuyo legítimo poseedor es la administración (y que no requerirá recurrir al juez para ejercitar los interdictos, pues la función de policía legitima sin más a la administración para llevar a cabo estas actividades coactivas) o los de imposición de deberes a los ciudadanos (declaraciones familiares para la elaboración de censos estadísticos, deberes laborales de higiene y seguridad en el trabajo, deberes de sanidad alimentaria o farmacéutica, deberes de escolarización obligatoria de la población hasta una determinada edad, entre otros). En este sentido, que es el propio del Derecho administrativo, la actividad de policía es el conjunto de medidas de coacción y represión que puede utilizar una administración pública para que el ciudadano ajuste sus actuaciones a fines de utilidad o de orden público, aunque ello suponga limitaciones a su libertad.

CORRUPCIÓN

Se trata de una de las peores lacras sociales de la actualidad. Consiste en la realización de negocios en función de intercambios claramente reprobables, como es la venta de puestos públicos, el otorgamiento de impunidad, la venta de seguridad, el lavado de dinero, el encubrimiento de fraudes, el trafico de influencias, etc. El caso más simple y frecuente es la llamada “mordida”. El interesado proporciona una cantidad de dinero y el policía no ve la infracción cometida. En todos estos “negocios” una de las partes obtiene una cierta cantidad de dinero y la otra parte obtiene libertad para proseguir en sus actividades ilícitas. La extorsión es la presión de una autoridad para obtener dinero a cambio de una promoción, recomendación o libertad para que la otra parte consiga sus objetivos ilícitos.

El mal moral que envuelve la corrupción suele encubrirse con diversas falacias tales como la habilidad para imaginar y ejecutar grandes negocios, la facilidad para entablar contactos con personas importantes, políticos poderosos, artistas renombrados, la inteligencia visionaria que produce réditos, amistades, mercancías y demás beneficios. Un niño y un joven que vive inmerso en un ambiente de esta calaña suele perder el sentido de la honradez, de la moralidad y de la justicia, su modelo de conducta es súper valorado como ideal digno de ser imitado, digno de ser elogiado y de ser defendido “contra la calumnias moralizantes de personas incapaces, taradas, de escasa visión y de vida miserable” (el que no tranza no avanza). La educación moral en estas circunstancias se vuelve prácticamente imposible. La virtud de la honradez y de la justicia se convierte, en estas circunstancias, en una actitud tonta, indigna de una persona verdaderamente valiosa.

Desde el punto de vista de la Ética es sumamente importante la colocación del valor del dinero y de las ganancias en negocios y demás producciones dentro del puesto que le corresponde. Colocar el valor de la justicia, la honradez y la verdad por encima del valor pecuniario es posiblemente la tarea más difícil que se puede lograr en el empeño de una autentica maduración humana.

La función que cumplen el cine, la televisión y la literatura en la propagación de estas lacras es muy importante. Basta pintar a los personajes viciosos con características de héroe y el público queda atrapado dentro de esa axiología; juzga a dichos personajes con simpatía, con benevolencia y, en ocasiones, como verdaderos modelos para la vida personal. Esto no significa que toda novela, película o programa televisivo tenga que ser moralizante o tenga que “castigar al malo” al final de la trama. En este momento se requiere la acción educativa de parte de los padres de familia, los cuales pueden comentar, matizar y alabar o condenar los hechos y los personajes que se presentan en los medios masivos. Esto, sin embargo, no deja de ser un papel incómodo, a veces imposible, y en ocasiones, contradictorio en relación con las ideas y valores de los encargados de la educación familiar y escolar. Así pues, uno de los factores educativos más eficaces puede se la toma de conciencia por parte de los productores de cine, televisión y literatura acerca de su responsabilidad en la propagación de estos vicios entre la niñez y la juventud. No se trata de actitudes ñoñas que se escandalizan de todo, se trata de un sentido ecológico, comunitario, de colaboración social, que coloca a cada persona dentro de su papel de responsabilidad ante el público en general y sabe sacrificar ganancias económicas allí donde ve una obra artística está emanando una axiología negativa en el público potencial.

La corrupción es un acto ilegal que ocurre cuando una persona abusa de su poder para obtener algún beneficio para sí mismo, para sus familiares o para sus amigos. Requiere de la participación de dos actores: uno que por su posición de poder pueda ofrecer algo valioso y otro que esté dispuesto a pagar una "mordida" o soborno para obtenerlo.

Estos actos los observamos diariamente desde que abordamos cualquier transporte, en el mercado, al realizar trámites oficiales, etc.; puede suceder en los lugares menos pensados y con las personas menos esperadas. En la escuela, por ejemplo, la corrupción puede producirse entre profesores y alumnos (venta de calificaciones), entre padres y maestros (compra de notas aprobatorias para sus hijos) entre directores y padres de familia (venta del derecho de ingreso a una escuela), entre directores y profesores (venta de plazas), entre autoridades de las escuelas (compra de permisos), etc. Aunque ilícita, hay quienes piensan que la corrupción puede ser útil. Argumentan que ayuda a esquivar las reglas excesivas, a acelerar los trámites y a ahorrar tiempo. Así, por ejemplo, dicen que sirve a los alumnos que tienen problemas con una materia para poder aprobarla, pues gracias a la corrupción pueden comprar al profesor. También dicen que sirve para establecer un criterio para determinar quiénes ingresan a las escuelas con mayor demanda. Sin embargo, los partidarios de este argumento no se dan cuenta de que en el largo plazo, la corrupción nos perjudica a todos. Por ejemplo, si en una escuela es común que los profesores acepten sobornos para aprobar a los alumnos, en el largo plazo la reputación de esa escuela se verá dañada. Esto terminará afectando a sus egresados, quienes cargarán para el resto de su vida con el sello de que vienen
de una escuela que no los formó bien. La corrupción tiene consecuencias graves que afectan el desarrollo de los países. Algunos datos recientes muestran que el dinero que se gasta en corrupción deja de gastarse en los servicios públicos que proporciona el gobierno, tales como transporte público, electricidad, agua potable, etc. La corrupción, entonces, provoca que haya fallas en el suministro de agua, baja calidad de los servicios médicos, baja calidad de los servicios educativos, fallas en la infraestructura vial y aumento en la incidencia de cortes eléctricos, por mencionar algunos ejemplos. Además, la corrupción puede terminar poniendo en riesgo la vida e integridad física de los ciudadanos. Por ejemplo, la baja calidad de los servicios médicos puede costarle la vida a un ciudadano enfermo. La construcción de edificios que no cumplen con los mínimos requisitos de seguridad, pueden costarle la vida a un ciudadano durante un temblor. La malas carreteras pueden ser muy peligrosas para los conductores de camiones y sus pasajeros, etc.

Por último, la corrupción rompe el tejido social pues disminuye la confianza de los ciudadanos en las instituciones, el gobierno y entre ellos mismos. También afecta el nivel ético de la sociedad en su conjunto. En la medida en que la corrupción se generaliza, los escrúpulos éticos se van perdiendo.

MÉXICO EN LOS ÍNDICES DE MEDICIÓN DE LA CORRUPCIÓN A NIVEL INTERNACIONAL

NOTAS SOBRE MÉXICO EN EL

INFORME ANUAL 2003 SOBRE LA CORRUPCIÓN MUNDIAL

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Los esfuerzos de México en la lucha contra la corrupción fueron elogiados por la organización Transparencia Internacional (TI), que cita dichos avances en su Informe anual 2003 sobre la Corrupción Mundial.

Aún cuando la calificación de México en el Índice de Percepción de la Corrupción (que publica la propia TI) cayó de 3.7 en 2001 a 3.6 en 2002, los avances en materia de combate a la corrupción son reconocidos en este reporte.

• “No hay duda de que México es líder en la región [Latinoamérica y el Caribe] en materia de instrumentación de medidas anticorrupción. La legislación aprobada durante el último año pudo penetrar considerablemente el secreto bancario. Otras leyes contemplan la ejecución de embargos precautorios en conexión con funcionarios sospechosos de participar en redes de corrupción; también se tomaron las medidas necesarias para investigar las cuentas o bienes registrados a nombre de parientes o terceros. La nueva ley que rige las responsabilidades administrativas de los servidores públicos fortalece el programa nacional de México para combatir la corrupción y prorroga los plazos impuestos para castigar actos de corrupción. La misma importancia reviste una nueva ley federal sobre el acceso a la información y la introducción de los sistemas de gobierno electrónico, Tramitanet y Declaranet, que se sumaron al de Compranet. Estas medidas pueden contribuir a limitar los efectos desestabilizadores y el alto costo que acarrea la corrupción”.

• “En México, donde el Presidente Vicente Fox había prometido impulsar legislación sobre la libertad de información dentro del primer año de su administración, un grupo de organizaciones cívicas conocidas como “Grupo Oaxaca” introdujo un proyecto de ley en octubre de 2001. Esta fue la primera vez que una organización cívica presenta un proyecto de ley al Congreso mexicano. Después de un trabajo de grupo y de concesiones recíprocas, la legislatura aprobó unánimemente el proyecto de ley en abril de 2002”.

• “[El objetivo de esta ley] es combatir la corrupción, reducir las facultades discrecionales de los funcionarios públicos y democratizar el acceso a la información pública. El procesamiento de trámites por Internet jugó un papel importante transparentando a la administración pública. Tramitanet, lanzado en enero de 2002, es un centro de información sobre trámites administrativos del gobierno federal que además ofrece la posibilidad de acceder a muchos trámites en línea. Es el segundo gran componente del proyecto de e-México tras la introducción de Compranet, el sistema de contrataciones públicas con base en Internet que permite a las compañías presentar sus ofertas en línea para contratos federales, haciendo que las adquisiciones estén abiertas al escrutinio del público y reduciendo las oportunidades de soborno. El gobierno desea que para el año 2004, el 50 por ciento de todas las licitaciones públicas en México se realicen a través de Compranet. En enero de 2002, México lanzó Declaranet, un programa en línea para que los funcionarios públicos detallen sus cuentas patrimoniales. La Organización de Estados Americanos (OEA) intenta aplicar el sistema de gobierno electrónico utilizado en México a otros países de América Latina, empezando por Perú”.

• “En México, el gobierno del Presidente Vicente Fox llamó la atención a la arraigada corrupción en la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), implicando al Partido Revolucionario Institucional en el desvío de recursos de PEMEX para el financiamiento de su campaña electoral”.

• “En los últimos 12 meses, la sociedad civil se ha mostrado bastante activa denunciando la corrupción. Las organizaciones anticorrupción de El Salvador, México y Panamá, por ejemplo, han elevado la toma de conciencia pública sobre el tema, a pesar de que la prensa continúa siendo el principal medio para denunciar la corrupción en toda la región”.

CORRUPCIÓN EN BRASIL

Marcelo Beraba reportero de un diario brasileño en Río de Janeiro nos habla de la corrupción y de cómo puede influir la prensa en campañas anti-corrupción

Soy director de la filial del periódico Folha de São Paulo, en la ciudad de Río de Janeiro. Trabajo en periódicos desde 1971 como reportero de policía, de ciudad y de política, editor de ciudad y de política, secretario de redacción del periódico Folha de São Paulo, editor ejecutivo del periódico Jornal do Brasil y de la emisora de televisión Globo.

Durante estos 31 años he vivido grandes transformaciones en la sociedad y en la prensa brasileñas.

Cuando comencé, Brasil aún vivía bajo una dictadura militar y los periódicos no podían hablar de la corrupción del gobierno. La prensa estaba amordazada por las imposiciones de la censura y por las persecuciones policíacas y económicas que se abatieron sobre periodistas y empresas periodísticas.

La generación de periodistas formada en esa coyuntura, que trabajaba en la llamada gran prensa (periódicos tradicionales de prestigio nacional que se distinguen de los periódicos sensacionalistas), sufrió un proceso esquizofrénico: de un lado, esta generación se forjó en la resistencia crítica a los militares y políticos que liquidaron las libertades democráticas; del otro, tuvo que someterse en las redacciones a la restricción de temas y enfoques que desfiguraban el periodismo. En tal periodo convivieron la resistencia creativa, a veces silenciosa, y la autocensura.

Esta realidad, que perduró desde 1964 -cuando los militares dan el golpe y asumen el poder- hasta 1985 al iniciarse la transición democrática con la elección indirecta de un presidente civil, Tancredo Neves, generó un periodismo conformado y deformado, despolitizado, con énfasis en las noticias económicas positivas, en los noticiarios de nota roja, deportivos y de hechos diversos.

Fue un periodo casi nulo de investigaciones de casos de corrupción. Inclusive, los fraudes detectados y castigados por los militares, como ocurrió con un gobernador destituido del cargo sumariamente, ni siquiera pudieron ser informados.

Por lo tanto, los periodistas brasileños despertaron tarde para los reportajes de investigación. El ciclo de modernización administrativa, comercial y tecnológica de las empresas periodísticas brasileñas, que se inició en las décadas de los setenta y ochenta, estaba inspirado en el modelo estadounidense. Pero por diversas razones no copiamos lo mejor del periodismo estadounidense de aquellos días: el periodismo de investigación.

Vale la pena recordar que la explosión del periodismo crítico y de investigación en Estados Unidos ocurrió en el mismo periodo en el que Brasil vivía los peores momentos del régimen militar. Los dos marcos de referencia de este periodismo están en la década de los setenta. Los documentos del Pentágono, publicados inicialmente por The New York Times y después por el The Washington Post, son de 1971. Las investigaciones de la incursión en la sede del Partido Demócrata, en el edificio Watergate, las inició The Washington Post en junio de 1972, y terminaron con la renuncia del presidente estadounidense Richard Nixon, en agosto de 1974.

Sin embargo, el padrón de trabajo periodístico que mostraban estos casos no podía ser adoptado por una prensa con censura previa, como la brasileña.

El golpe militar de 1964 fue justificado por los militares con dos argumentos: “alejar el peligro del comunismo” y “combatir la corrupción”. El peor periodo de la censura a los periódicos fue entre 1968 y 1975. En 1975, cuando los militares comenzaron a suavizar la censura previa, el periódico O Estado de São Paulo, uno de los más importantes de Brasil, publicó una serie de reportajes que mostraban los privilegios de la casta de superfuncionarios

públicos que se había formado a la sombra de la sociedad. El reportaje mostró que la corrupción no había sido liquidada, como prometían los militares. Casi podría decirse que la población tenía prohibido informarse.

El gran parteaguas en la cobertura periodística de investigación en Brasil ocurrió en 1992, cuando el presidente Fernando Collor fue acusado de corrupción y cesado de su cargo por el Congreso. Fue la primera vez que un presidente brasileño era abatido por una impugnación (impeachment), y la prensa tuvo un papel muy importante.

CORRUPCIÓN

Cuando pienso en el Brasil de hoy, diferencio dos formas de corrupción. La corrupción menor, rutinaria, de las costumbres, como la practicada por el conductor que se pasa un semáforo y soborna al policía, y la gran corrupción que sangra los escasos recursos de un país de desigualdades sociales evidentísimas, como es el caso de Brasil. En esta segunda categoría de crímenes contra las arcas y el patrimonio públicos, debemos distinguir hoy, en Brasil, tres motivaciones principales:

a) el enriquecimiento personal,

b) la expansión del crimen organizado y

c) el financiamiento ilegal de las campañas electorales.

La pequeña corrupción del policía de la esquina o del funcionario que presta servicios públicos es mala para las instituciones del país y para la consolidación del concepto de ciudadanía. Pero -y dicho sea esto sin cinismo- es más barata para el país y más fácil de ser denunciada por la prensa, principalmente por las televisoras, con sus cámaras y micrograbadoras camufladas, que hoy en día son omnipresentes.

La corrupción en Brasil también está asociada, como en el resto del mundo, con el crimen organizado: contrabando, narcotráfico, evasión de divisas, robo de vehículos para cambiarlos por drogas en Paraguay y Bolivia, juegos ilegales, atraco de cargas, etcétera. Estos son los principales puntos de corrupción en Brasil. El problema del narcotráfico en Brasil aún es diferente al de Colombia o al de México. No existen carteles monopolizadores, aunque la distribución es dominada, en las grandes ciudades, por comandos que controlan las favelas y los barrios pobres. Es posible que estos comandos ya hayan corrompido jueces y políticos, pero la fuerza corruptora de ellos se da principalmente en la policía.

A pesar de que los periódicos brasileños han dado gran atención al problema del crimen organizado, los grandes escándalos de corrupción han ocurrido en la esfera pública e involucran a los tres Poderes de la República: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El motivo principal de esta corrupción es, además del enriquecimiento personal obvio, el financiamiento ilegal de campañas electorales, que son cada vez más caras e inmorales. No generalizamos las acusaciones contra los políticos, pero podemos decir que no son pocos quienes roban y lo hacen tanto para enriquecerse como para financiar sus próximas campañas.

La corrupción es la transferencia ilegítima de lo público para lo privado. Según Rogelio Pérez Perdonio, la corrupción “es el arma más letal de la política contemporánea y corresponde a una estrategia de lucha por el poder”.

La corrupción en el medio político se da hoy a través del desvío del dinero de la nación, de los fraudes en las licitaciones para obras y explotación de servicios públicos, en la privatización de servicios del Estado, en los sobornos que reciben funcionarios del gobierno por el servicio que les prestan sus proveedores, en la manipulación de las inversiones financieras de los fondos públicos, en la superfacturación de las obras públicas y en la adquisición de mercancías que hace la administración federal, por citar algunos ejemplos.

El gran problema institucional, que sí es un peligro concreto para la solidificación de la democracia, es la megacorrupción practicada con los recursos públicos. Esta es la corrupción que la prensa tiene serias dificultades en investigar.

CAMPAÑAS ELECTORALES

En los últimos 12 meses, el Senado suspendió a tres senadores, dos de ellos ex presidentes del Congreso. Hoy tres gobernadores y dos ex gobernadores responden por denuncias de desvío de recursos públicos. Estos son indicadores de que las instituciones están reaccionando a los saqueos de las arcas públicas. Pero también indican la voracidad de los políticos. Y no se trata de valores pequeños. Un ex gobernador y ex candidato a la Presidencia de la República es acusado de fraude en licitaciones públicas, de desvío de dinero del erario y de evasión de por lo menos 200 millones de dólares. La hija de un ex presidente, hasta la segunda semana de abril también candidata a presidenta de la República en las próximas elecciones, tuvo que renunciar acusada de desvío de recursos públicos y sospechosa de recibir donativos ilegales para su campaña electoral.

El comité de la campaña de Fernando Henrique Cardoso declaró haber gastado en 1998, cuando se reeligió para la Presidencia, 43 millones de reales (cerca de 19 millones de dólares). El periódico Folha de São Paulo reveló que fueron gastados por lo menos 10 millones de reales (cerca de 4.3 millones de dólares), y no declarados. ¿Por qué no fue declarado este dinero? ¿De dónde provino? También fue constatado que su comité no declaró, en las elecciones de 1994, donaciones por un valor de 8 millones de reales (cerca de 3.4 millones de dólares).

En Estados Unidos, este año, la Cámara de Diputados, presionada por el escándalo de Enron, aprobó una reforma de ley sobre el financiamiento electoral que prohíbe a empresas y sindicatos donar dinero a partidos políticos.
Las donaciones electorales ilegales son la raíz de varios escándalos a nivel mundial. En Alemania, Helmut Kohl fue obligado a renunciar después de comprobarse que no registró donativos que recibió durante su campaña. En España, un escándalo semejante alcanzó al Partido Socialista de Felipe González.

En Brasil está en trámite una nueva ley que prevé el financiamiento público de las campañas electorales, prohíbe donaciones de personas jurídicas y limita en cinco mil reales (cerca de dos mil 100 dólares) las contribuciones de personas físicas. Es probable que estas medidas no sean suficientes para detener la corrupción. Hay un consenso de que el uso de dinero ilegal en las elecciones sólo será detenido con un gran esfuerzo de modernización en la fiscalización de los Tribunales Electorales, que tienen poder para castigar pero no tienen recursos para realizar sus investigaciones.

MEDIDAS RECIENTES CONTRA LA CORRUPCIÓN

No se puede afirmar que nada fue hecho en el país contra la corrupción en los últimos 15 años. El caso Collor provocó que posteriormente se promulgaran varias leyes para combatir el crimen organizado y los fraudes del sistema financiero, y se reglamentaran las licitaciones públicas y la utilización de recursos del erario durante las campañas electorales.

Con la Constitución de 1988, el Ministerio Público ganó autonomía administrativa y financiera al fortalecerse y transformarse, de hecho, en el cuarto poder. Se creó el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), ligado a la Secretaría de Hacienda e integrado al programa de combate al lavado de dinero, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En el Congreso, la Cámara de Diputados aprobó la enmienda constitucional que acaba con la inmunidad parlamentaria para crímenes comunes, y sólo se mantiene para crímenes de opinión. Vale la pena recordar que hasta la última elección, en el año 2000, muchas personas sólo querían ser candidatas para conseguir la inmunidad y escapar de procesos judiciales. Los políticos, sin embargo, rechazaron una de las medidas del nuevo Código de Ética de la Cámara: la que proponía el libre acceso a las declaraciones patrimoniales de los diputados. Hoy, ellos están obligados a presentarlas, pero se mantienen en secreto. El Senado, que nunca había cesado a un parlamentario en toda su historia, suspendió a cuatro en menos de un año.

Otra medida importante fue la creación del Sistema de Protección a Testigos. En los procesos de corrupción, la prueba testimonial es decisiva porque ningún corrupto deja documentos o impresiones digitales. El programa aún tiene pocos recursos y no goza de la confianza necesaria.

Pero todas estas medidas, y muchas otras que omito, no han sido suficientes para detener los abusos criminales. ¿Y por qué no? Son varias las razones y voy a enumerar algunas: lentitud de la Justicia, corporativismo en la Justicia y en el Legislativo, inoperancia de los Tribunales de Cuentas responsables de la fiscalización de las administraciones públicas; ineptitud, bajos salarios y atraso tecnológico de las diferentes policías, además de las deformaciones del proceso electoral.

¿Y LA PRENSA?

El gran problema es saber si, en un cuadro como el que he descrito, la prensa está cumpliendo o no su función social. Me parece que la cumple, pero parcialmente y con muchas dificultades.

La mayor de estas dificultades es la propia indefinición -vamos a llamarla mercadológica- que hace mucho tiempo se abatió sobre los diarios, obligados al malabarismo de combinar el noticiario serio -y en él se incluye su papel fiscalizador- con la noticia show, la noticia como entretenimiento. Resulta evidente que estos componentes pueden y deben convivir, pero la combinación no es fácil y provoca que frecuentemente los periódicos abandonen el papel fiscalizador, creyendo que al ser más ligeros venderán más.

¿Qué quieren nuestros lectores? Cuando cubrimos intensamente los grandes escándalos, ellos reaccionan. Piensan que los periódicos exageran, que sólo muestran las peores noticias, el lado negativo de la política. Creen que los periódicos hacen eso para vender más, que son sensacionalistas. Algunos incluso entienden el énfasis de los periódicos en estas coberturas, pero piden una tregua por no aguantar tantos escándalos. Reaccionan como los lectores que no soportan ver más fotos de guerra.

Pero cuando los periódicos serios disminuyen el ritmo de las investigaciones y resuelven conceder la tregua pedida por los lectores, la reacción es inmediata. Estos mismos lectores escriben y protestan contra la omisión del periódico y quieren saber si se vendió a algún político.

Tal indefinición mercadológica no es el único problema. Quiero volver ahora al caso Collor, de 1992. Ese incidente fue un parteaguas en la cobertura periodística de investigación en Brasil.

El proceso de impeachment de Collor no fue desencadenado por ningún reportaje, sino por una entrevista de la revista Veja con el hermano del Presidente. Hasta entonces, pocos reportajes realmente relevantes habían sido hechos por periódicos o revistas que investigaban al gobierno de Collor y a su entorno. A partir de la instalación de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) y del debilitamiento del Presidente, y estimulados por un clima de creciente competencia empresarial, los mismos periódicos y revistas que habían apoyado a Collor en su elección, en 1989, incluso de forma servil, encontraron el valor necesario para publicar reportajes con denuncias.

El caso Collor fue un hito para el periodismo brasileño por tres razones. En primer lugar, porque los lectores identificaron a los periódicos y a los semanarios como los instrumentos principales para cuestionar un gobierno inmoral. Esta sintonía con una sociedad frustrada trajo simpatía y credibilidad para la prensa escrita.

Periodistas Frente a la Corrupción

Periodistas Frente a la Corrupción, o PFC, es una iniciativa anticorrupción regional que contribuye a los procesos de democratización latinoamericanos, promoviendo y facilitando el papel fiscalizador de los medios de comunicación. Proporciona una red, recursos, asistencia investigativa y otros servicios a los periodistas que investigan o hacen reportajes sobre la corrupción. Además les ofrece respaldo cuando sufren represalias o enfrentan decretos, leyes y fallos que socavan su labor periodística.

Esta página web existe para el uso de los periodistas que investigan y hacen reportajes sobre la corrupción. Reúne información y recursos que ellos pueden ocupar para difundir e intercambiar sus experiencias, perspectivas, problemas y logros, análisis y reportajes, y para mejorar sus investigaciones y reportajes. Su desarrollo es producto de la participación de estos periodistas y de las organizaciones e individuos que trabajan en su beneficio.

LA CORRUPCIÓN, CÁNCER PARA LA DEMOCRACIA

La corrupción gubernamental no sólo afecta la competitividad de la economía de un país, también mina la eficacia del Estado y el desarrollo de las instituciones democráticas. A gran escala, la corrupción socava la legitimidad del gobierno, coinciden en señalar analistas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

Apenas en diciembre pasado, cuando se realizó en Mérida, Yucatán, la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, Daniel Kaufmann -director del Instituto del Banco Mundial para Gobernabilidad Global y Capacidad Regional- aseguró que la corrupción no sólo minaba el desarrollo económico y social de una nación, sino que afectaba su legitimidad gubernamental.

En su análisis el economista asegura que los países que tienen instituciones débiles y desafíos de gobernabilidad son los que encaran mayores problemas de corrupción y que los más perjudicados por esta enfermedad social son las clases sociales menos favorecidas.

“La corrupción daña más a los pobres quienes son los que resienten más el declive económico y son menos capaces de pagar los costos extras asociados con el fraude.”

Recientes datos del Banco Mundial apuntan que la corrupción absorbe anualmente del 5 al 10% del Producto Interno Bruto mundial. Esto quiere decir que en actos de corrupción se gastan de mil 500 a 3 mil billones de dólares, cifra que representa al menos la cuarta parte de los activos que se invierten cada año en licitaciones en todo el mundo.

Para los inversionistas extranjeros, la corrupción se compara a la gravación de un impuesto de 20% adicional. “A más corrupción, menos inversión extranjera”, sostiene Kaufmann.

Y es que cada año el sistema financiero global lava un millón de millones de dólares que provienen de actos de corrupción.

LA CORRUPCIÓN GENERA MÁS POBREZA

Para el analista queda claro que luchar en contra de la corrupción puede generar enormes beneficios a la sociedad de un país, pues se ha comprobado a través de diversos análisis económicos que los países que mejoran de manera moderada el control de la corrupción pueden esperar un aumento de cuatro veces en los ingresos per cápita a largo plazo.

El Fondo Monetario Internacional es otra de las organizaciones que ha identificado a la corrupción como un factor que debilita a las instituciones gubernamentales de un país y genera mayor pobreza. En un comunicado enviado por la oficina de prensa de este organismo se explica que la corrupción sabotea los programas que se enfocan a reducir la pobreza: “atacar a la corrupción es atacar a la pobreza”, explica.

Un análisis del organismo explica que la corrupción promueve el aumento de reglamentaciones excesivas y discrecionales así como el disparo de los costos de transacción y la incertidumbre de una economía.

Asimismo el FMI indica que el soborno generalizado suele llevar a resultados económicos poco eficaces. Impide las inversiones extranjeras e internas a largo plazo y menoscaba la capacidad del Estado para obtener ingresos produciendo un aumento incesante de los impuestos que pagan un número cada vez menor de contribuyentes.

Desde 1996 el Banco Mundial ha puesto en marcha más de 600 programas que tiene por objetivo terminar con la corrupción y cuyos lineamientos se desarrollan por los países miembros de la organización.

LA PROPAGANDA NO ES SUFICIENTE

Combatir a la corrupción con spots gubernamentales no es suficiente. Para emprender la guerra en contra de ella no es suficiente con armar campañas televisivas ni basarse sólo en buenos propósitos.

Tampoco es suficiente que las instituciones burocráticas creen oficinas anticorrupción o añadan a las leyes gubernamentales nuevos párrafos en contra del cohecho.

En su análisis, Kaufmann explica que la corrupción necesita ser vista dentro de un contexto más amplio de gobernabilidad, en el que se debe analizar, entre otros factores, la protección de derechos de la propiedad, la libertad de prensa, la competencia política y el financiamiento transparente de las campañas políticas.

“La corrupción es un problema que necesita ser tratado de frente. Para ello es imperativo entender cuáles son los desafíos de gobernabilidad en un país y cuáles son los factores clave por los que existen instituciones débiles e intereses creados que contribuyen a la corrupción en un país.”

En la batalla contra la corrupción también jugará un papel importante el sector privado. Para el economista del Banco Mundial las empresas pueden afectar, para bien o para mal, el desarrollo de las políticas gubernamentales.

La corrupción no es sólo un problema que atañe a las burocracias de nivel medio sino a la estructura política que mantiene conexiones con la elite privada.

En este sentido, la competencia entre empresas es importante pues de esta forma se dejan a un lado los intereses creados por monopolios que cuentan con una influencia indebida y que afecta la relación con la estructura política, explica el economista.

Por su parte Vito Tanzi, ex director del departamento de Finanzas del FMI, asegura que la lucha contra la corrupción no puede realizarse sin la reforma del Estado.

En un estudio, el economista explica que la corrupción en un país continuará si los gobiernos no cambian la forma en que operan: “He dicho que la corrupción se relaciona directamente con la forma en la que un gobierno se conduce. La lucha en contra de la corrupción se relaciona estrechamente con la reforma del Estado.”

¿QUÉ PASA EN NUESTRO MUNDO?

En lo Nacional

En el país también los escándalos están a la orden del día. Ahí es el PRD el que da la nota alta. Varios militantes perredistas, algunos de ellos representantes públicos (un diputado, dos jefes delegacionales, y el Secretario de Finanzas del DF) fueron encontrados culpables de corrupción y de recibir dinero de un empresario, Carlos Ahumada, de origen argentino, a quien lo vinculan con el Ex Presidente Carlos Salinas. Incluso la ex Presidenta del PRD ha estado involucrada en el conflicto por mantener una relación intima con dicho empresario y por supuestamente abrirle puertas y contactos en varias delegaciones para hacer obra publica. La noticia mayor se dio por medio de videos que salieron en noticiarios a nivel nacional prendiendo la mecha de lo que se ha llamado "los videoescandalos".

Obviamente también han querido vincular al actual Jefe del Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, quien es fuerte aspirante a la Presidencia Nacional del 2006 y que cuenta con el mayor porcentaje de simpatía de los mexicanos, muy por arriba de los posibles candidatos de los demás partidos. Hay una confrontación directa entre Andrés Manuel y el ejecutivo Federal, Vicente Fox, así como otras autoridades federales que incluyen al Procurador General de la Republica, Macedo de la Concha.

Es una gran lastima que en lugar de estar hablando de avances y desarrollos del país, se este hablando de problemas, escandalos y corruptelas. Este es nuestro México, mundo de contrastes y de surrealismos hechos realidad. Mientras la gente sigue trabajando y sobreviviendo con salarios bajos y precios altos.

EN CONCLUSIÓN

La corrupción es el principal obstáculo para el desarrollo de América Latina. Si ustedes abren los diarios o conversan con la gente en cualquier país de este continente, llegarán a la conclusión de que la corrupción ha alcanzado niveles de epidemia.

La gran pregunta aquí es: si la corrupción es tan importante y si el país le ha dado tanta atención a la corrupción, ¿por qué entonces hay tan pocos culpables en las cárceles? La respuesta es que la lucha contra la corrupción ha sido meramente retórica, pero tiene tanta fuerza que está obstaculizando el progreso del área. Es la retórica la que traba los progresos, más que la corrupción misma.

Esta manera de "luchar" contra la corrupción -a través de la retórica- señala que "nunca antes" había habido tanta corrupción. Es una idea que prevalece en cualquier país. Si ustedes preguntan en ese país cómo se compara "su" corrupción con la del resto del mundo, inevitablemente les dirán que la "suya" es una de las más altas, que son campeones mundiales.

La creencia subyacente en esta idea peligrosa, es que si se erradica la corrupción, la prosperidad y el progreso sobrevendrán más o menos automáticamente, porque así como prevalece la creencia anterior, igualmente se cree que, en el fondo, son países ricos.

Por otro lado, ¿cómo se mide el supuesto incremento de la corrupción? Lo que creo que pasa es que hoy se nota más que antes y los medios son más agresivos en exponerla. Sucede que la denuncia se ha transformado en un instrumento de debate político: si quieres estar en la política, debes acusar a tus contrincantes de corrupción. La combinación de estas cosas genera la sensación de que nos estamos hundiendo en medio de la corrupción.

Desde luego que existe la corrupción, pero no es exclusiva de Latinoamérica: ahí están los casos de Enron y algunos otros más discretos en Rusia, Asia y Europa.

Hay que aumentar la competencia y la transparencia. Hagamos cosas obvias más allá de la denuncia moral y la exhortación a la rectitud, ya que eso no nos lleva más que a mantener una histeria anticorrupción. La llamo así porque tiene mucho de agitación y poco de solución, y el continente está trabado por esta histeria. La corrupción es un problema que no se solucionará mediante la denuncia sino por los progresos reales en la educación moral, en los sistemas de justicia pero, sobre todo, cambiando el sistema de incentivos.

BIBLIOGRAFÍA

1993-2003 Microsoft Corporation.

http://ar.geocities.com/periodistamdq/pfalc.htm

www.mexicocontralacorrupcion.org/

El informe apareció el 23 de enero de 2003, y la primera edición se publicó en 2001. La versión completa está disponible en la página de Transparencia Internacional.