TEMA XIX. CONSECUENCIAS DE LA EXPANSIÓN DEL SIGLO XIII.

Acostumbrados por la historiografía tradicional a identificar la Edad Media con la Reconquista y ésta con una guerra santa, una guerra de religión entre cristianos y musulmanes, no resulta fácil ver la guerra bajo otro aspecto: como un modo de resolver los problemas económicos de los reinos o de grupos sociales determinados, y más difícil aún resulta ver las consecuencias sociales de la guerra, que es al mismo tiempo un factor de igualación y de libertad en las zonas próximas a la frontera y causa directa del ascenso social y político de los grupos militares que se traduce, a medio o largo plazo, en la existencia de grupos sociales claramente diferenciados.

Durante el siglo XI, las fronteras entre cristianos y musulmanes no experimentan las variaciones que cabría esperar de la superioridad militar de los cristianos; si exceptuamos algunas poblaciones aragonesas y la ciudad de Toledo, importante no por lo que se significa de anexión de tierras, sino por su valor como símbolo de la unidad peninsular en cuanto capital del reino visigodo, pocas son las conquistas realizadas por los reinos cristianos, que dedican sus esfuerzos a la consolidación de sus fronteras y a la repoblación de zonas ocupadas anteriormente y semiabandonadas hasta que el peligro almorávide obliga a establecer una línea defensiva.

Las conquistas se detienen debido a dos factores: a la escasez de población (de nada sirve la ocupación militar si no se dispone de personas capaces de asegurar la continuidad) y a la falta de interés de los reyes y nobles, que prefieren el dinero de las parias a la ocupación y llegan a proteger a los musulmanes y a enfrentarse entre sí para conseguir ese dinero; no tienen otra explicación el apoyo de El Cid a los reyes de Zaragoza o de Valencia y los enfrentamientos entre catalanes, aragoneses, navarros y castellanos por las parias de Zaragoza, Lérida, Tortosa o Valencia, y tampoco cabe ver otro móvil en la alianza, setenta años más tarde, del caudillo portugués Geraldo Sempavor con los almohades, en el exilio a tierras norteafricanas del infante castellano Enrique, hermano de Alfonso X, o en las campañas de Sancho VII de Navarra al lado de los almohades.

El dinero de las parias sirvió a Ramón Berenguer I de Barcelona para comprar los derechos de su madre al condado, pagar a sus fieles sin necesidad de enajenar el patrimonio condal, llegar a soluciones de compromiso con la nobleza feudal y asegurar la hegemonía del condado barcelonés; otra parte importante de las parias sería destinada a la compra de los condados y tierras que Ramón Berenguer consideraba interesantes para legarlos en herencia a los segundones, que sólo tenían derecho a las tierras adquiridas, no a las heredadas, que correspondían al primogénito: las parias están en el origen de la política ultrapirenaica de los condes de Barcelona, compradores de algunos derechos sobre el condado de Razés y la ciudad de Carcasona.

Sin el dinero de las parias no se explicaría la proliferación de monumentos románicos en el norte de los reinos cristianos ni la fortificación de las fronteras, y el dinero musulmán no sería ajeno a la llegada de importantes grupos de francos a la Península en los años finales del siglo XI y comienzos del XII, entre los que cabe destacar en Castilla-León a Raimundo de Borgoña, repoblador del valle del Duero, y a Enrique de Lorena, primer rey de hecho en Portugal, casados uno y otro con las hijas de Alfonso VI; en Cataluña, el normando Roberto Bordet fue el encargado de repoblar la ciudad y el campo de Tarragona a comienzos del siglo XII; Gastón de Bearne participó al frente de contingentes francos en la conquista de Zaragoza por Alfonso el Batallador en 1119... También el dinero de las parias es importante en la activación del Camino de Santiago.

Las parias siguen cobrándose en los siglos XII y XIII al desintegrarse los Imperios almorávide y almohade respectivamente, pero los ingresos de la guerra proceden fundamentalmen te del botín que pertenece a los combatientes, una vez entregado el quinto al rey o al conde, y de la explotación de las nuevas tierras incorporadas así como de las soldadas percibidas por los mercenarios, cuyo máximo representante pero no el único son los almogávares.

Las grandes conquistas del siglo XIII fueron seguidas de la entrega de tierras a quienes habían intervenido en la campaña, y en casos como el mallorquín, el inicio de la guerra fue precedido del reparto de tierras en función de la contribución militar o económica ofrecida por cada uno. Jaime I se reservó la mitad de la isla y distribuyó el resto entre los nobles; de la parte real saldrían las concesiones hechas a los oficiales del rey, a las ciudades que habían intervenido en la campaña y a quienes quisieron repoblar la isla. Sólo al rey le correspondieron 2.100 casas, 320 tiendas, 24 hornos y 30 molinos, que unidos a las tierras y derechos reales servirían para incorporar a la Corona el condado de Urgel, en 1231, previo acuerdo con Pedro de Portugal, viudo de Aurembiaix de Urgel, que cedió el condado a cambio de lo derechos del rey en Mallorca. Más tarde, cambiaría estos bienes por diversas posesiones en Valencia: el señorío de los castillos y villas de Murviedro, Segorbe, Castelló de Burriana y Morella. En la ciudad de Valencia fueron asentadas 300 familias de Barcelona, otras tantas de Teruel, 250 de Tortosa, 200 de Zaragoza, 175 de Lérida, 150 de Montpellier, 130 de Daroca...

El territorio andaluz, aunque lo sistemas de repoblación variaron de unos a otros reinos en función de la modalidad de conquista, puede aceptarse que fue dividido en donadíos y heredamientos. Los primeros, cuya extensión varía considerablemente según la importancia del beneficiario, constituyen la recompensa a quienes han intervenido en la campaña de modo directo (fuerzas militares) o indirecto (personas y organizaciones que han contribuido a financiar las expediciones, a avituallar las tropas, a gobernar el reino durante las ausencias del monarca...); los segundos son entregados a los repobladores que acuden a sustituir a los musulmanes huidos o expulsados.

Finalizadas las conquistas peninsulares, los nobles buscan salida en el exterior contratándose como mercenarios, entre los que cabe destacar en los años iniciales del siglo XII a Sancho VII de Navarra, cuyo reino carece de fronteras con los musulmanes, que obtiene de su actividad militar dinero suficiente para convertirse en prestamista de los reyes de Aragón; tropas castellanas intervienen en la defensa del norte de Africa e igual papel realizan las milicias catalano-aragonesas existentes desde 1257 en Túnez, Bona, Bujía y Constantina, cuyo jefe era nombrado por el rey aragonés al que correspondía una parte del salario de estos caballeros, valorada entre cuatro y nueve mil dinares de oro al año.

También en Tremecén existió una milicia formada por caballeros rebeldes y delincuentes que querían alejarse del reino como en el caso de Guitién Galcerán, repetidas veces sublevado contra el monarca y nombrado finalmente jefe de la milicia; vuelto a Cataluña en 1272, obtuvo del monarca el perdón para todos aquellos que, habiendo cometido algún delito, quisieran enrolarse en la milicia de Tremecén, de cuyo sueldo percibiría el rey una parte, así como un tributo pagado directamente por el rey musulmán. Por estos mismos años, Jaime I firmaba un tratado de amistad con el meriní Abu Yusuf por el que proporcionaría al norteafricano un ejército de quinientos caballeros y una flota de diez galeras, diez naves y hasta cincuenta barcos de menor tonelaje a cambio de un tributo anual. Los ejemplos podrían aumentarse hasta la instalación de los almogávares en Sicilia y su distribución por toda Italia y el Imperio bizantino tras el tratado de Caltabellota en el año 1302.

La repoblación pierde en los siglos XI-XII el carácter semiespontáneo de épocas anteriores. La importancia de las tierras conquistadas, en las que se incluyen núcleos urbanos que interesa mantener, y el avance sobre zonas de llanura, de más difícil defensa, exigen que la repoblación esté perfectamente organizada. No se trata sólo de poner en cultivo unas tierras sino ante todo de garantizar su incorporación definitiva mediante el establecimiento de una población numerosa dotada de la autonomía y de los medios necesarios para cumplir su misión.

Junto a esta repoblación de tipo fronterizo (se incluyen en ella las distintas fronteras entre los reinos cristianos), se lleva a cabo una repoblación de las comarcas del interior que interesa revitalizar por motivos económicos, como en el caso del Camino de Santiago, o por cualquier otra razón. La repoblación fronteriza la efectúan los municipios o concejos dotados de fueros especiales y, desde fines del siglo XII, las Ordenes Militares. Las ciudades del Camino de Santiago fueron repobladas por francos bajo la dirección del rey en unos casos y en otros bajo el control de los cluniacenses; los monjes cistercienses pusieron en cultivo amplias zonas interiores.

II.1. Repoblación fronteriza.

Tanto en los reinos occidentales como en los orientales, los avances cristianos se efectúan sobre tierra llana de difícil defensa si no se consigue atraer a pobladores ofreciéndoles privilegios que compensen el evidente riesgo que supone habitar en las zonas expuestas a las correrías de los musulmanes o a los ataques de los reinos vecinos. Esta situación militar hizo que en todos los reinos surgieran tierras nuevas en cuanto que sus pobladores tenían una condición nueva, diferente a la de los habitantes del norte; la libertad individual y la unión entre los distintos pobladores fue la característica esencial de la población asentada, en los siglos XI y XII, en la Cataluña Nueva (comarcas de Tarragona, Lérida y Tortosa), en la Tierra Nueva de Huesca y del reino de Zaragoza, en los municipios de Castilla la Nueva y en los concejos leoneses y portugueses de la Extremadura.

La atracción de los pobladores se logra mediante la concesión de fueros, cartas de población o cartas de franquicia, nombres con los que se designa a toda concesión hecha con la finalidad de repoblar, de procurar el asentamiento de grupos humanos y de fijar más o menos rudimentariamente las normas de convivencia entre los vecinos de las nuevas poblaciones.

El ofrecimiento de condiciones especialmente favorables, entre ellas la libertad para los pobladores de las nuevas tierras, tuvo repercusiones sociales no sólo sobre el territorio fronterizo sino también sobre las zonas alejadas de la frontera, cuyos pobladores intentarán trasladarse a las nuevas tierras o conseguir unas condiciones similares en sus lugares de origen. Se produce así un doble fenómeno en las regiones del norte de todos los reinos peninsulares: por una parte, los señores reforzarán los lazos jurídicos que unían a los campesinos a la tierra (para evitar que la abandonen) y, por otra, mejorarán las condiciones materiales de estos mismos campesinos.

A) La repoblación en los reinos occidentales.

La conquista de Toledo permitió incorporar definitivamente a los dominios castellanoleoneses la extensa zona situada entre el Duero y el Tajo; para colonizarla fueron llamados pobladores de las comarcas norteñas y de los reinos y condados europeos llegados con los peregrinos, clérigos y caballeros francos que se acercan al Apóstol, buscan la vinculación de la Iglesia hispana a Roma o llegan atraídos por la abundancia de botín, por el deseo de aventuras o por el afán de combatir al infiel. Aquí, como en los demás reinos, se ofrecerán importantes privilegios a los campesinos que acudan, lo que endurecerá la postura de la nobleza hacia los que les están sometidos y dará lugar a una generalización de la adscripción a la tierra en las zonas del norte.

La repoblación tuvo ante todo un carácter político-militar y estuvo dirigida por el rey o por personajes allegados a él y encargados de organizar las nuevas poblaciones, los concejos surgidos en la cuenca del Duero, llamada Extremadura, tanto en Castilla como en León o Portugal. En esta zona pueden distinguirse varios grupos: en la parte central se crearon los concejos de Medina, Cuéllar, Arévalo, Sepúlveda y Olmedo, repoblados por los habitantes de la vertiente norte del Duero, es decir, por los castellanos de Palencia, Valladolid, Burgos y La Rioja. La repoblación más importante se efectúa en la cuenca del Bajo Duero, en la que el conde Raimundo de Borgoña dirige la colonización de Segovia, Avila y Salamanca con pobladores de muy distinta procedencia, entre los que abundan los de origen franco, navarro y aragonés, así como algunos núcleos mozárabes. Al navarro Alfonso el Batallador se debe la creación de los municipios de Soria, Berlanga, Almazán y Belorado.

En todas y cada una de estas poblaciones, de acuerdo con los fueros otorgados, se acepta indiscriminadamente a cuantos quieran repoblar, siempre que se comprometan a fijar en ellas sus domicilios al menos durante un año; sus habitantes son eximidos de impuestos como la mañería y el nuncio; de peajes, montazgos y portazgos... Cada concejo tiene sus propias milicias, que actúan con gran independencia y a las que Castilla y León debieron el mantenimiento de sus fronteras durante los ataques almorávides y almohades. La guerra con los musulmanes es una fuente importante de ingresos para estas milicias y se halla estimulada en los fueros por el reconocimiento de una superior categoría social a quienes dispongan de un caballo de guerra y por la concesión a los concejos de amplias zonas de influencia, de tierra no conquistada por la que pueden y deben extenderse por la acción de estos caballeros concejiles, populares o villanos que alternan la guerra con el pastoreo, pues su economía se basa fundamentalmente en la ganadería.

La superioridad militar de los pastores-guerreros sobre los campesinos sedentarios provoca una diferencia social que los fueros recogen al establecer un estatuto distinto para los caballeros y encomendarles no sólo la defensa permanente del territorio sino también la protección del ganado comunal; ser caballero, disponer de un caballo, es un honor que lleva consigo la exención de determinados impuestos, pero es también una obligación para todos aquellos que disponen de medios económicos suficientes. Riqueza y eficacia militar convierten a los caballeros villanos en los personajes más influyentes de los concejos que, con el tiempo, se reservarán en exclusiva el gobierno de los municipios.

En el antiguo reino de Toledo, incorporado junto con la capital en 1085 por Alfonso VI, la repoblación inicial presenta características distintas por cuanto se mantuvo en él la población musulmana, mozárabe y judía. Más que de repoblación podría hablarse, para comienzos del siglo XII, de castellanización y de romanización eclesiástica, llevada a cabo por los nuevos pobladores castellanos y francos, minoritarios, que acabarán imponiéndose sobre los antiguos pobladores. Entre 1100 y 1300, los mozárabes perdieron la propiedad de las tierras que cultivaban, tuvieron que venderlas en los años difíciles y sus diferencias religiosas (rito mozárabe) y lingüísticas (su idioma es el árabe) desaparecerán bajo la presión del primer arzobispo, el cluniacense Bernardo, quien sustituirá al clero local por monjes de Sahagún y por clérigos franceses que implantarán el rito romano.

Los mudéjares fueron numerosos durante los primeros años al haberse ocupado Toledo mediante una capitulación que garantizaba a los musulmanes el disfrute de sus bienes; sin embargo, las oscilaciones de la frontera en el siglo XII favorecieron la emigración y parece seguro que al menos la aristocracia musulmana abandonó el reino y que sólo permanecieron en él los campesinos, sucesores sin duda de los que en el siglo VIII aceptaron resignadamente a los musulmanes. Su número disminuyó continuamente por conversión y su importancia fue siempre reducida si exceptuamos el campo artístico.

Los judíos controlaban gran parte de la administración toledana en el momento de la conquista, y los reyes los mantuvieron en sus funciones y los utilizaron como prestamistas, administradores y recaudadores de impuestos, lo que no dejó de acarrearles la animadversión de francos y castellanos, que asaltaron el barrio judío en 1108 e hicieron responsables a los hebreos de la derrota sufrida por Alfonso VI este mismo año. El predominio, en definitiva, corresponde a los castellanos que forman un grupo aparte dotado de fueros propios y controlan los puestos militares de mayor responsabilidad. Entre los francos cobra preeminencia el elemento eclesiástico aunque no faltan los cruzados; al igual que castellanos y mozárabes, recibieron su fuero propio, que sólo sería suprimido en 1118 por Alfonso VII, al conceder a todos un mismo fuero, el del Toledo visigodo o Fuero Juzgo, para conseguir la convivencia que los distintos fueros hacían difícil.

De las tierras situadas al sur del Duero e incorporadas a fines del siglo XI, muchas se perdieron durante los contraataques almorávides y almohades, y sólo pudieron ser mantenidas en poder de los castellano-leoneses las ciudades de Toledo, Talavera, Madrid, Maqueda y Guadalajara, que fueron organizadas de forma semejante a la empleada en los concejos del Duero. La conquista y repoblación definitiva del reino toledano, especialmente de las zonas situadas al sur del Tajo, fue obra de las Órdenes Militares, que sirvieron de lazo de unión entre los distintos reinos y garantizaron la continuidad de la defensa junto a las milicias concejiles.

La importancia repobladora de las Ordenes se explica no sólo por su actividad militar, sino también por los intentos pontificios de acentuar la centralización eclesiástica. Las Órdenes Militares y las mendicantes tendrán en el siglo XII un papel similar al de los cluniacenses en el siglo XI: unas y otras son agentes de la política pontificia y recibirán por ello numerosos privilegios, concedidos a veces en perjuicio de las sedes episcopales. Así, Alejandro III, al redactar en 1175 la bula fundacional de la Orden de Santiago, confirmó todas sus propiedades, eximió a los caballeros de la tutela episcopal y les garantizó la posesión pacífica de todas las tierras que hubieran estado desde tiempo inmemorial desiertas o en poder de los musulmanes y que ganaran ellos con su esfuerzo o por donación de los reyes, incluso cuando existieran escrituras que asignaran la propiedad de aquéllas a otras personas o grupos, caso en el que se hallaban numerosas tierras concedidas por Alfonso VI y sus sucesores al arzobispo de Toledo.

Las Órdenes Militares reemplazaron al rey, a los obispos y también a los concejos en las zonas repobladas por ellas, ya que sus dominios eran inmunes en la mayoría de los casos y estaban exentos de la tutela episcopal. En estas comarcas, Extremadura y La Mancha, no hubo ni grandes concejos ni establecimientos monásticos de importancia, y las Órdenes colonizaron sus propiedades mediante la concesión de derechos a algunos nobles o a través de fueros similares a los de los concejos del valle del Duero, pero nunca se llegó a la creación de grandes ciudades porque las Ordenes se reservaban diversos privilegios señoriales que coartaban la libertad y reducían el estímulo de los nuevos pobladores.

Junto a las Órdenes Militares, organizaron la repoblación las sedes episcopales, que eran igualmente grandes propietarios por sus riquezas directas y por los ingresos que suponían los derechos eclesiásticos (diezmos fundamentalmente), cuyo cobro daría lugar a enfrentamientos entre Ordenes y obispos al conseguir las primeras de Roma una serie de privilegios que las autorizaban a fundar iglesias en los lugares que hubieran permanecido en poder de los musulmanes desde tiempo inmemorial y a percibir en ellas los derechos eclesiásticos. Para defender estos ingresos y el mantenimiento de la jurisdicción sobre las iglesias, los obispos llegaron a frenar la repoblación iniciada por las Ordenes al disponer que los habitantes de lugares de frontera controlados por los caballeros abandonaran dichas villas bajo pena de excomunión, prohibiendo a los demás que acudieran a repoblarlas. Las Ordenes, por su parte, reaccionaron mudando la situación de las villas antiguas y obligando a poblar las creadas en lugares desiertos, con lo que, en virtud de los privilegios pontificios, ponían en ellas sus clérigos y percibían todos los derechos.

Hasta mediados del siglo XII las fronteras portuguesas apenas experimentaron cambios; el condado y posteriormente el reino tenía una extensión próxima a los 30.000 km2 divididos en tierras o territorios, que coincidían en unos casos con los señoríos y en otros con los arciprestazgos en que se dividían las diócesis de Braga, Porto, Coimbra, Lamego, Viseu e Idanha y la de Tuy, que, situada en el reino leonés, tenía jurisdicción sobre tierras portuguesas próximas a la frontera. En la base de la organización del territorio se hallaban las antiguas vilas o pazos cuyos límites coincidían con los de la parroquia o feligresía.

Por su situación marítima, Portugal pudo contar en diversas ocasiones con la ayuda de los cruzados, como en la conquista de Lisboa (1147) que fue realizada con la colaboración de una flota inglesa, dirigida en principio a las costas sirias. Las conquistas efectuadas al disgregarse el imperio almorávide situaron la frontera en las orillas del Tajo. La repoblación se hizo de una forma semejante a la empleada en León o en Castilla, cuyos fueros (forais) hallamos aplicados en numerosos lugares de Portugal, tanto en la frontera con los musulmanes como en las tierras próximas a León. La zona del Tajo fue repoblada en gran parte por las Órdenes Militares.

B) La repoblación aragonesa.

Entre 1086 y 1170 el pequeño reino aragonés incorporó a sus dominios tierras con una extensión superior a los 48.000 km2 entre la Tierra Nueva de Huesca, el reino de Zaragoza y la comarca de Teruel. A diferencia de lo ocurrido en los reinos occidentales, la conquista aragonesa se efectuó sobre tierras que, a excepción de la comarca turolense, contaban con abundante población musulmana, cuya pervivencia se hallaba garantizada por las capitulaciones firmadas entre vencedores y vencidos y por el interés de los primeros de mantener en cultivo unas tierras que su escaso potencial demográfico impedía cultivar directamente. En el campo puede afirmarse que se mantuvo la mayor parte de la población, aunque sometida ahora a los nuevos señores, que se limitaron a sustituir a la nobleza musulmana que, al igual que en Toledo, abandonó el reino tras la conquista; en las ciudades se toleró durante un año la presencia de los musulmanes quienes, pasado este plazo, fueron obligados a fijar su residencia en barrios situados extramuros. En todos los casos fueron respetadas las costumbres, religión y organización interna de la comunidad musulmana.

La sustitución de los campesinos fugitivos y de los ciudadanos expulsados, así como el control de los que permanecieron, exigía la instalación en los núcleos urbanos o semiurbanos de pobladores capaces de mantener el control de las tierras incorporadas, pero ni Aragón disponía de hombres suficientes ni los monarcas se hallaban en condiciones de obligar a la nobleza a permitir la salida de sus colonos o siervos del antiguo Aragón para cultivar tierras cuya rentabilidad, al menos en los primeros momentos, era dudosa. Para atraer a los nuevos pobladores era necesario ofrecerles condiciones ventajosas como las prometidas por Alfonso el Batallador a los repobladores de Zaragoza: posesión de las tierras que cultivaran dentro y fuera de la ciudad y concesión de la libertad; francos, campesinos libres y siervos fugitivos de Aragón y de Navarra acudieron a Zaragoza, pero su número sólo fue suficiente para cultivar las tierras más rentables, las de regadío, pero no las de secano, que serían nuevamente repartidas por Ramón Berenguer IV, así como otras abandonadas por algunos pobladores de primera hora. A pesar de estas disposiciones, Zaragoza quedaría insuficientemente poblada, y lo mismo ocurriría con otros lugares de la Tierra Nueva y del reino zaragozano.

Las dificultades para hallar repobladores aumentan en las zonas fronterizas, expuestas a la guerra, y fue preciso conceder los fueros de las ciudades castellano-leonesas de frontera (el fuero de Sepúlveda) para conseguir la repoblación de ciudades como Soria, Almazán, Medinaceli, Calatayud, Daroca, Belchite o Teruel. La ciudad que servía de centro a este tipo de repoblación estaba confiada normalmente a un noble, quien con su comitiva era el aglutinador y organizador de la defensa y de los ataques a tierras musulmanas en busca de botín, que se convirtió en una fuente normal de ingresos de estas poblaciones. El origen heterogéneo de los repobladores hizo que el derecho vigente no fuera el aragonés, sino el de los lugares de origen de cada grupo repoblador, pero por encima de esta diversidad jurídica existió siempre la uniformidad del derecho de frontera: el concejo y sus funcionarios continuaron en algunos aspectos actuando a las órdenes del señor de la villa, pero tan sólo en cuanto éste era delegado del rey; la nueva situación era incompatible con las atribuciones señoriales y el concejo no estará sus órdenes, sino que constituirá una entidad de gobierno con autonomía derivada de los fueros.

La conquista y repoblación de los territorios fue acompañada de la restauración de las sedes episcopales de Zaragoza, Huesca, Lérida (se trasladó a esta ciudad el obispado ribagorzano de Roda-Barbastro) y Tarazona. La dotación de estas sedes y de las iglesias parroquiales se hizo según el esquema toledano: entrega a las iglesias de los bienes de las mezquitas, de diversos castillos y heredades y del derecho a cobrar diezmos y primicias. Ramiro II, en su breve reinado, concedió a los dominios eclesiásticos inmunidad total frente a los laicos y exención de todo servicio al rey, incluso del servicio militar; con estas disposiciones la jerarquía eclesiástica aragonesa se unía a las corrientes emanadas de Roma y derivadas de la reforma cluniacense y gregoriana.

A la diversidad territorial de Aragón corresponde una clara diferenciación social; en los núcleos originarios de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, zona de valles y de hábitat disperso, predomina el campo sobre la ciudad, la organización señorial sobre el derecho territorial; en la Tierra Nueva, de hábitat concentrado, predominan los núcleos locales con derecho y normas de gobierno propias, aunque en el campo existan distritos militares y señoríos laicos y eclesiásticos donde los campesinos musulmanes pasan de aparceros a siervos adscritos a la gleba. Los vecinos de la Tierra Vieja necesitan poseer caballo para ser libres; los de la frontera son libres en su totalidad por el hcho de habitar en esta zona y sus hombres sólo acuden al fonsado, a la guerra, con el rey y bajo su dirección, por lo que se convierten o se intenta convertirlos en eficaz contrapeso del poder nobiliario y en valiosos auxiliares del monarca.

El único vínculo que une a todos los aragoneses es la dependencia del rey, y estos lazos se refuerzan al unirse Aragón y Cataluña; las diferencias entre aragoneses y catalanes hicieron que disminuyeran las diferencias existentes dentro del reino; si la unión no sirvió para unificar a aragoneses y catalanes, sí tuvo efectos positivos en la cohesión interna de los habitantes de Aragón, cuyo derecho fue unificado y codificado a mediados del siglo XIII, para expresar jurídicamente la personalidad aragonesa.

C) La repoblación de Cataluña.

La Cataluña Vieja sólo superó ligeramente los límites alcanzados en vida de Carlomagno, es decir, la línea que partiendo del Llobregat enlazaba con las aguas del Cardoner para seguir por la cuenca superior del Segre hasta el Montsec. Las diferencias entre la zona situada al norte de esta línea y las comarcas del sur eran tan evidentes, que ya desde el siglo XII se dio a las segundas el nombre de Cataluña Nueva para indicar su distinta organización social, directamente relacionada con el sistema de repoblar el territorio.

El sistema concejil y la concesión de fueros especiales a los repobladores de frontera no es una innovación aparecida en el siglo XI ni se limita a Castilla; también en Cataluña los condes ofrecieron privilegios cuando se trataba de repoblar zonas de frontera, como en el caso de Cardona, para la cual Vifredo I concedió en la temprana fecha de 880-886 exención de peajes y tributos, inmunidad a los criminales que acudieran a repoblarla y libertad a los siervos. También aquí, como en el fuero castellano de Castrojeriz cien años posterior, hubo un intento de equiparar a los pobladores con cierto tipo de nobleza al disponer el conde que las compensaciones debidas a los pobladores de Cardona cuando se les causara algún mal fueran dobles que los daños recibidos y dobles que las compensaciones pagadas normalmente en otros lugares. Esta misma población recibió en el año 986, tras las campañas de Almanzor, un nuevo fuero en el que se recogían los privilegios del siglo IX, excepto la inpunidad a los criminales, y Borrell II otorgó a los pobladores licencia para unirse, organizar la defensa, crear un mercado y acuñar moneda.

La cración de estos concejos se incrementó tras la expedición de los condes de Urgel y de Barcelona a Córdoba, en el año 1010, para apoyar a los eslavos en la guerra civil musulmana; por un lado, existía la confianza suficiente en las propias fuerzas para sobrepasar las antiguas fronteras y, por otro, los condes disponían de las tierras y del dinero preciso para repoblar nuevos territorios sin necesidad de recurrir a los servicios de la nobleza o, como afirma FONT RIUS, para crear una comunidad libre de habitantes bajo dependencia directa de los condes; sustraída a las agobiantes mallas del complejo señorial extendido por toda la Cataluña Vieja.

Este tipo de fuero o carta de población sería otorgado en 1025 a la ciudad de Barcelona por el conde Ramón Berenguer I en un documento en el que se habla de una zona franca, libre, que comprende el territorio asignado a la ciudad; no cabe duda de que la concesión de la libertad a los habitantes de Barcelona, situada en un territorio en el que predominaba la servidumbre, serviría para atraer a numerosos pobladores y no sería ajena al desarrollo económico de la ciudad en años posteriores. La debilidad musulmana del siglo XI permitió importantes avances fronterizos de los condados de Urgel y de Barcelona, avances que fueron seguidos de la instalación de nuevas poblaciones en las zonas protegidas por los castillos. Para evitar la huida de los campesinos del norte hacia estas localidades, los señores feudales se vieron obligados a mejorar las condiciones de sus trabajadores, declarando villas francas o villas libres, pero este tipo de documento es raro y sólo será utilizado de un modo sistemático a fines del siglo XII y durante el XIII por los reyes para crear núcleos fieles al monarca y contrarrestar la influencia feudal. De hecho, las concesiones de franquicias y las cartas pueblas no se generalizaron hasta la segunda mitad del siglo XII, es decir, hasta que fueron conquistadas y fortificadas Lérida y Tortosa y pudieron asentarse en ellas nuevos pobladores con garantías de continuidad. Las primeras cartas de población se refieren, como es lógico, a estas ciudades y, posteriormente, a la ciudad y comarca de Tarragona, aunque aquí los concejos libres coexistan con los grandes señoríos feudales.

Tortosa y Lérida eran ciudades con una fuerte población musumana, cuyos derechos fueron mantenidos según los modelos de Tudela y Zaragoza, es decir, permitiendo la permanencia en el campo, y en el núcleo urbano durante un año. A los pobladores cristianos de Tortosa se les concedió la plena propiedad del suelo, la exención de impuestos y la promesa de que la administración de la justicia sería regulada por el conde junto con los prohombres de la ciudad, cuyo territorio fue repartido entre los genoveses que habían colaborado en la conquista (un tercio), el noble Guillermo Ramón de Montcada (un tercio) y el conde de Barcelona, que cedió la quinta parte de sus derechos a los templarios en virtud de los acuerdos firmados durante las negociaciones relativas a la sucesión de Alfonso el Batallador.

La repoblación de Tarragona se inició oficialmente en 1118 con la entrega, por Ramón Berenguer III, al obispo barcelonés Olegario y a la sede tarraconense, de la ciudad y de su territorio, para cuya repoblación se autorizaba a reunir pobladores de cualquier procedencia y clase social, a los que se ofrecía la libre posesión de sus bienes de acuerdo con las normas que, en su momento, dictara Olegario. El arzobispo confió la repoblación efectiva al normando Roberto Bordet, al que infeudó el territorio. Roberto, a su vez, otorgó una carta en la que ofrecía a los pobladores la libre posesión de las tierras sin censos ni servicios, pero el peligro almorávide era todavía demasiado fuerte y para que se dé una repoblación efectiva habrá que esperar a la ocupación de Tortosa. Desde 1151, Tarragona y su territorio aparecen regidos por tres coseñores: el arzobispo, Roberto Bordet y el conde de Barcelona.

D) Las fronteras entre los reinos cristianos.

La Rioja fue una zona fronteriza disputada desde la muerte de Sancho el Mayor hasta comienzos del siglo XIII. Resumiendo brevemente podemos distinguir en la historia política de esta comarca las siguientes fases: atribuida por Sancho al reino de Navarra, fue incorporada a Castilla tras la victoria de Fernando I en Atapuerca (1054) y a consecuencia de la guerra entre Sancho II de Castilla y Sancho Garcés de Navarra. Alfonso el Batallador retuvo numerosas plazas castellanas después de inhibirse en la sucesión de Alfonso VI, y entre ellas figuró La Rioja, que sería recuperada en parte por Alfonso VII al producirse la separación de navarros y aragoneses. La guerra civil castellana durante la minoría de Alfonso VIII permitió a Sancho VI ocupar de nuevo esta región, que volvería a ser conquistada por Alfonso VIII entre 1173 y comienzos del siglo XIII, al tiempo que ocupaba Alava y Guipúzcoa. Las tres zonas fueron repobladas y en ellas se establecieron concejos de frontera con población de origen castellano en Vitoria, Treviño, Arganzón, Fuenterrabía, San Sebastián, Carranza y Miranda.

Los incidentes fronterizos entre Castilla y León en las segunda mitad del siglo XII dieron lugar a la fortificación de la Tierra de Campos por Fernando II, Alfonso IX de León y Alfonso VIII de Castilla, que establecieron fuertes guarniciones en Guardo, Villafrechós y Villagarcía en la zona castellana; y en Almansa,, Ferrera, Mansilla, Coyanza, Villalpando, Rueda, Ardón y Benavente por parte leonesa. El sistema de repoblación fue en todos los casos el concejil con asentamiento de numerosos caballeros villanos encargados de la defensa del territorio. La frontera castellano-leonesa en el sur fue reforzada por Alfonso VIII con la creación de los concejos de Béjar y Plasencia, en el último de los cuales creó una nueva diócesis, mientras que Cáceres y Mérida, ocupados más tarde, serían leoneses.

Las fronteras entre León y Portugal fueron reforzadas en la zona gallega (Tuy, Castro Mazamud, Salvatierra y Lobeira), pero los intentos de implantar concejos fracasaron en parte por la resistencia opuesta por los señores eclesiásticos y por la negativa de los pobladores libres a instalarse en zonas controladas por señores con atribuciones feudales. Más hacia el sur se repobló Puebla de Sanabria y Ciudad Rodrigo, así como Ledesma. Con la repoblación de Ciudad Rodrigo, Fernando II recortaba los límites del poderoso concejo salmantino que veía obstruido, además, el camino de penetración en la zona musulmana de la que obtenían sus milicias abundante botín; y la creación de la sede de Calabria en Ciudad Rodrigo perjudicaba al obispo salmantino que veía desgajarse de su diócesis numerosos lugares. Obispo y concejo no dudaron en alzarse contra el monarca ni en pedir la ayuda del monarca portugués, pero nada pudieron hacer. La plaza mirobrigense fue fortificada y otro tanto hicieron los monarcas portugueses en su territorio.

II.2. La repoblación interior.

La emigración hacia el sur y la insuficiencia demográfica de los reinos cristianos, obligados por las circunstancias militares a dar preferencia a la repoblación fronteriza, dejaron sin poblar numerosos lugares del interior, que serían repoblados por iniciativa real, por los artesanos y mercaderes de origen franco a lo largo del Camino de Santiago, bajo la dirección de clérigos cluniacenses en el siglo XI, y por los monjes del Císter a partir de mediados del siglo XII en todos los reinos hispánicos.

Aunque los caminos por los que llegaban a Santiago los peregrinos eran muy numerosos, sólo una de las vías adquirió importancia al combinar el factor religioso de la peregrinación con una intensa actividad comercial. Esta vía, el Camino de Santiago por antonomasia o el Camino Francés, es la ruta que seguían los peregrinos desde que atravesaban la frontera por los puertos de Somport y Roncesvalles para unirse en Puente la Reina tras haber pasado por Jaca, Sangüesa y Monreal en el primer caso y por Pamplona en el segundo; desde Puente la Reina los peregrinos seguían por Estella, Monjardín, Logroño, Nájera, Santo Domingo de la Calzada, Belorado y Burgos donde se unía otro camino que desde Bayona cruzaba Tolosa, Vitoria, Miranda de Ebro y Briviesca. Las etapas a partir de Burgos estaban situadas en Castrojeriz, Frómista, Carrión, Sahagún, León (una parte de los peregrinos se desviaba desde esta ciudad hasta Oviedo y seguía luego el camino de la costa hasta Santiago), Astorga, Ponferrada, Villafranca del Bierzo, Cebrero, Portomarín, Palas del Rey y Santiago.

La fijación de la ruta principal fue obra de Alfonso VI de Castilla-León y Sancho Ramírez de Aragón, que eximieron de peajes y portazgos a los peregrinos, garantizaron la seguridad del viaje y los facilitaron mediante la reparación de caminos y puentes y la creación de hospitales y ciudades donde los peregrinos pudieran hallar cuanto necesitaban. Las primeras medidas tendentes a lograr estos objetivos fueron tomadas por Sancho Ramírez al conceder privilegios a los francos (europeos) que quisieran poblar la capital de su reino, Jaca: les concedió libertad para comprar bienes muebles e inmuebles, inviolabilidad del domicilio, exención parcial del servicio de hueste..., con lo que logró el asentamiento en el Burgo Nuevo o Burgo de Santiago de un núcleo importante de francos que se dedicaron a atender a los peregrinos, crearon baños, hospitales, posadas y un mercado semanal que dio un gran impulso a la economía del reino.

Entre Pamplona y Nájera el rey creó la ciudad de Estella, a la que otorgó el fuero de los francos de Jaca en 1090 y en la que sólo se admitían francos. Este fuero se extendió más tarde a Sangüesa, Pamplona, Puente la Reina, Monreal... En Pamplona, la población extranjera fue superior numéricamente a la indígena y tuvo el monopolio del abastecimiento a los peregrinos; de hecho Pamplona estuvo formada por tres ciudades (dos barrios francos y el de la navarrería) permanentemente en conflicto y separadas por murallas y fosos hasta que Carlos el Noble las unificó en 1422. En Logroño, que recibió el fuero de los francos en 1095, se admitió a francos e hispanos; en Nájera, los francos controlaron desde 1052 el mercado y en 1079 aumentó su influencia al dar Alfonso VI al monasterio de Cluny la alberguería de Santa María de Nájera. Santo Domingo de la Calzada recibió en 1207 el fuero de Logroño. En Belorado convivieron francos e hispanos desde 1116. Burgos debió gran parte de su prosperidad a las peregrinaciones y al hecho de que los francos revitalizaran el comercio con Flandes e Inglaterra a través de los puertos cantábricos desde los que el camino hacia el interior pasaba por Burgos.

En el resto de las poblaciones del Camino disminuye el elemento francés hasta llegar a Sahagún, donde Alfonso VI concedió el monasterio a los cluniacenses en 1079 y donde el abad otorgó hacia 1085 un fuero para facilitar el asentamiento de “herreros, carpinteros, sastres, pelliceros, zapateros, escuderos...” de todos los países. En el resto de las ciudades del Camino hubo igualmente pobladores francos, pero su número sólo tuvo verdadera importancia en Compostela, donde pertenecían a dicho grupo la mayoría de los posaderos, cambistas, plateros y los clérigos al acentuarse la influencia cluniacense.

Los francos asentados en Navarra y Aragón gozaron de un estatuto social y de una posición económica privilegiada, que los diferenciaba claramente del resto de la población. Los indígenas intentarían en todo momento poner fin a estas diferencias, alcanzar los privilegios y exenciones de los francos y el derecho a residir en los burgos y barrios creados especialmente para los francos, que tuvieron que sufrir la enemistad de sus vecinos menos favorecidos. Los francos se defendieron de la presión navarra mediante las armas en el caso de Pamplona y de un modo psicológico en todas las ciudades: “justificaron” su situación privilegiada afirmando que las tierras aragonesas y navarras habían sido ocupadas por Carlomagno y por sus francos, que se convertían así en los primeros peregrinos a Santiago. Estas ideas fueron la base de la literatura épica dedicada a exaltar la peregrinación y la actividad reconquistadora de Carlomagno convertido en el héroe de los francos navarros.

Los francos castellano-leoneses gozaron igualmente de una situación de privilegio en relación con los campesinos, pero esta libertad estuvo mediatizada por la dependencia respecto de los abades cluniacenses y a los obispos de gran parte de las ciudades del Camino. La búsqueda de la libertad llevará a los francos de Nájera, Carrión, Burgos, Palencia y Sahagún, así como a los de Zamora y Lugo, a unirse a Alfonso el Batallador frente a Urraca y Alfonso VII, apoyados por la jerarquía eclesiástica.

La importancia económica del Camino no es conocida con detalle, pero existen datos aislados suficientemente expresivos: las comunicaciones entre Zaragoza y Valencia en el siglo XII sólo eran posibles integrándose en las caravanas que desde la Valencia musulmana se dirigían a Zaragoza para luego seguir comercialmente la ruta jacobea; los fueros de Sahagún y las disposiciones de Santiago de 1095, al igual que los privilegios concedidos a las restantes ciudades, son indicativos de la importancia económica de estos núcleos de población. Santiago fue sin duda una de las ciudades comerciales más importantes de la Península, como lo prueba la llegada en 1130 de un grupo de peregrinos ingleses con mercancías por un valor superior a 22.000 marcos de plata; acompañaban a estos mercaderes ingleses comerciantes de paños procedentes de Flandes, a los que iba a parar el dinero sobrante de las parias, así como a los reinos musulmanes en los que los cristianos adquirían los productos que ellos no producían.

A pesar de la actividad comercial realizada en las ciudades situadas a lo largo del Camino de Santiago, ni en Aragón ni en Navarra ni en Castilla surgió una burguesía activa durante la Edad Media a causa de que, en ningún caso, estas ciudades crearon una artesanía o industria de mediana importancia y se limitaron a recoger los beneficios del comercio efectuado a través del Camino entre al-Andalus y Europa, entre los cristianos y los musulmanes. Al desaparecer en el siglo XIII su privilegiada situación de intermediario entre el Islam y Europa, por la destrucción de los reinos islámicos y la apertura del Estrecho a la navegación europea, estas ciudades desaparecieron como centros económicos y perdieron importancia del mismo modo que la perdió el Camino de Santiago al quedar reducido únicamente a su papel de camino de peregrinación.

Los monjes cistercienses llegados a mediados del siglo XII se instalan en lugares desiertos de las montañas de Galicia, León y en las nuevas tierras de Cataluña y Portugal. Los monasterios más importantes fueron los de Fitero, Sacramenia, Veruela, Valbuena, Huerta, Carracedo, Melón, Alcobaça, Tarouca, Poblet y Santes Creus. Todos los monasterios se hallan en la mitad norte de la Península y la mayor parte está en la Meseta, a ambas orillas del Duero. El Tajo parece actuar como frontera de las abadías: el sur es zona reservada a las Órdenes Militares, quizás porque los cistercienses buscan lugares aislados, alejados de las rutas de peregrinación, de comercio y de guerra. De esta forma los cistercienses completaron la acción repobladora de los cluniacenses.

El establecimiento de los cistercienses -llegaron a tener 60 abadías- se inicia con la deforestación de las cercanías del monasterio, tarea que realizan personalmente los monjes, auténticos maestros en el trabajo agrícola en el que se hacen ayudar por os conversos o por jornaleros cuando el dominio se extiende lejos de la abadía; en estos casos se crean granjas en las que residen estos trabajadores y que, con el tiempo, se transforman en villas, en nuevos centros de población en los que se acepta a cuantos tienen algo que hacerse perdonar. En realidad, los cistercienses se limitaron en este punto a copiar las disposiciones de los fueros de frontera para atraer a su dominios a los marginados de la sociedad. En determinados casos las abadías cistercienses se transforman en verdaderos señoríos feudales como ocurre en el Monasterio de Las Huelgas de Burgos, cuya abadesa tenía autoridad sobre un territorio de 150 kms. por 225. Lo mismo puede afirmarse de Poblet que, además de cinco granjas próximas al monasterio, poseía numerosas baronías en las que el abad disponía de una autoridad plenamente feudal.

III.1. Modalidades de la repoblación.

A) La repoblación andaluza y murciana.

La fertilidad de las tierras conquistadas y las facilidades dadas por los soberanos deberían haber atraído a la gran masa de campesinos semilibres, pero sabemos que el número de gallegos, asturianos y leoneses instalados en Sevilla fue considerablemente inferior al de castellanos y leoneses procedentes de los concejos creados en los siglos XI y XII y de las zonas castellanas de Burgos, Palencia y Valladolid, donde el control nobiliario era menor; no obstante, el control del reino por los nobles no fue total y resultó imposible evitar la huida de los campesinos, según se desprende de la exigencia, presentada en 1271 por los nobles sublevados contra Alfonso X, de que cesara la creación de nuevas poblaciones reales porque hacían disminuir las rentas y vasallos que la nobleza tenía en León y en Galicia; si no se permite la emigración interna a pueblas reales, mucho menos podían permitir los nobles que fueran abandonadas sus tierras para acudir a Andalucía, y sólo aceptando este supuesto puede entenderse la permanencia de la población musulmana hasta 1264 y la relativa despoblación posterior de las tierras conquistadas por los monarcas castellano-leoneses.

A la insuficiencia demográfica y a la resistencia nobiliaria, decisivas para explicar la permanencia musulmana en los primeros momentos, se añadieron razones de carácter político-militar, psicológico y económico. Fernando III debió la mayor parte de sus conquistas a la alianza con los reyes musulmanes, y más que de conquista debe hablarse de capitulaciones; la expulsión sistemática de los antiguos pobladores significó el final de la diplomacia castellana, y difícilmente habría podido Fernando III incorporar Andalucía por la fuerza de las armas. Era preciso respetar escrupulosamente los tratados para evitar la unificación de los ejércitos musulmanes. Por otro lado, la larga coexistencia en la Península de cristianos y musulmanes, aun cuando frecuentemente se hallaran enfrentados, no había producido un odio irreparable entre ambas comunidades, y tanto la experiencia aragonesa y valenciana como la castellana demostraron a los cristianos que era posible y deseable la convivencia pacífica de unos y otros si se privaba a los vencidos de sus dirigentes y los vencedores controlaban castillos y plazas fuertes. Ante esta situación ni el rey castellano ni los que con él colaboraron en las campañas militares tenían el menor interés en prescindir de una población que era necesaria para mantener la producción agraria y urbana.

En resumen, allí donde la ocupación castellana se realizó sin recurrir a las armas, mediante acuerdos o pactos, la población musulmana permaneció y el rey castellano se limitó a tomar posesión de las fortificaciones, de los bienes fiscales y de las rentas y derechos correspondientes al soberano musulmán. Hubo un cambio de soberano pero no de situación. No fue necesario repoblar sino establecer guarniciones y ocupar algunas tierras abandonadas. Este tipo de acuerdos sólo fue posible en las zonas rurales y de escaso valor estratégico; la ocupación pacífica de las ciudades importantes y de las plazas fortificadas era sin embargo imposible, porque allí residían los funcionarios y la aristocracia político-militar musulmana, de los que los reyes musulmanes no podían prescindir. Estos lugares fueron tomados por capitulación o por asalto, y aquí sí se produjo despoblación, porque los musulmanes perdían sus propiedades -sólo los bienes raíces, en caso de capitulación; todos, cuando la conquista se había producido al asalto-, que eran repartidos por el rey castellano. En primer lugar el monarca recompensa a los que han intervenido en la campaña de un modo directo (fuerzas militares) o indirecto (personas y organizaciones que han contribuido a financiar las expediciones, a avituallar a las tropas, a gobernar el reino durante las ausencias del monarca...). A estas recompensas se les da el nombre de donadíos para diferenciarlos de los heredamientos entregados a los repobladores que acuden a sustituir a los musulmanes expulsados.

Sólo tras la sublevación de 1264 se produjo un cambio de población en Andalucía y Murcia, con características distintas. En Andalucía predominaron los grandes latifundios, cuyos dueños terminarían controlando a los repobladores de las ciudades. Todos los intentos de los reyes castellanos para contrarrestar la influencia nobiliaria fracasarían al no instalar en las ciudades una población artesana o comercial; la escasa industria y el importante comercio sevillano quedaron en manos de extranjeros a los que el fuero vedaba la participación en el gobierno municipal, y en poco tiempo los grandes propietarios agrícolas extenderían su acción sobre las ciudades. Los pequeños propietarios de los concejos de la zona del Duero, los únicos que podían moverse libremente, fueron los más atraídos por las nuevas tierras, y para acudir a Andalucía malvendieron o abandonaron sus propiedades, facilitando con su actitud la concentración de la propiedad y la aparición de las dehesas o latifundios salmantinos y extremeños, que si no alcanzaron la importancia de los andaluces, sirvieron como éstos para romper a favor de la nobleza el equilibrio económico y político entre nobles y concejos.

En Murcia, Alfonso X completó la repoblación inicial dirigida por Jaime I, aunque con criterios diferentes; mientras el rey aragonés llevó a cabo un reparto de carácter señorial al otorgar grandes extensiones de tierra de regadío a un grupo reducido de caballeros a los que estarían sometidos los habitantes de la ciudad, Alfonso X quiso evitar la excesiva fuerza de los nobles y alejó a éstos de Murcia dándoles grandes extensiones de tierra en las zonas próximas a la frontera granadina donde la población era escasa; en estas comarcas la economía fue preponderantemente ganadera y la población se agrupó alrededor de las fortalezas. En la huerta, la atribución de bienes a los repobladores se realiza con gran cuidado, y cuando se conceden grandes extensiones, éstas se hallan divididas en lotes separados y sin posibilidad de unirlos mediante compras, permutas o donaciones, expresamente prohibidas por el rey, porque si los pobladores pudiesen... comprar y vender... podrían venir algunos hombres con grandes haberes y comprarían muchos heredamientos y quedaría poca gente en la ciudad, y los que quedaran estarían enteramente sometidos a los grandes propietarios.

En la Corona de Aragón los nobles, antes que permitir la emigración de sus campesinos, apoyaron a los mudéjares valencianos sublevados contra Jaime I en 1248 y 1254 o consintieron el relativo despoblamiento de Valencia y Mallorca; en este último reino, a juzgar por el habla de los mallorquines, hubo numerosos campesinos procedentes del Ampurdán, es decir, de una zona fuertemente señorializada, por lo que cabe suponer que e establecerían en los dominios concedidos a los nobles. Mallorca absorbería el excedente demográfico de la montaña catalana y, una vez restablecido el equilibrio entre la población y los recursos ampurdaneses, se impediría la emigración por suponer la despoblación de la Cataluña Vieja la pérdida de una parte de los ingresos señoriales.

El sistema de repoblación empleado en Mallorca impidió la creación de grandes propiedades, y el carácter urbano de los repobladores de la ciudad permitió mantener las actividades artesanales y comerciales que la isla había tenido bajo el dominio musulmán. En el reino valenciano pueden distinguirse dos zonas, todavía diferenciables en la actualidad: en el litoral, repoblado por catalanes y aragoneses de la frontera, predominó la pequeña propiedad y se mantuvo un cierto comercio que alcanzaría su mayor desarrollo en el siglo XV; en el interior, repoblado por nobles aragoneses, abunda la gran propiedad, escasean las ciudades y la economía es exclusivamente agrícola.

En el reino de Aragón, a lo largo del siglo XIII los nobles obtuvieron de la monarquía concesiones judiciales y económicas que dejaron a los colonos de las tierras señoriales totalmente en manos de los dueños de la tierra. Ciertamente, un recrudecimiento de la dependencia campesina habría sido inconcebible mientras hubiera tierras libres si no hubiese ido acompañado de una mejora de la situación económica de los campesinos; las condiciones de trabajo, arbitrarias hasta el siglo XIII, comenzaron ser especificadas en los contratos, desaparecieron o disminuyeron las prestaciones personales que fueron sustituidas por el pago de una cantidad en productos o en dinero y, según afirma el profesor LACARRA, este endurecimiento de las relaciones señoriales parece haber sido mayor en las comarcas del norte, de tierras más pobres...”, es decir, allí donde los campesinos habrían abandonado las tierras si los señores no hubieran dispuesto de la fuerza militar y legal para impedírselo.

Por lo que se refiere a Cataluña, PIERRE VILAR ha señalado como la expansión hacia el sur y hacia el Mediterráneo fue acompañada en el interior del doble fenómeno ya descrito: por un lado, concesión de franquicias y de privilegios a los campesinos; por otro lado, aumento de las presiones señoriales en las zonas montañosas y de escaso rendimiento. De esta forma se produjo una diferenciación en el mundo campesino de la Cataluña Vieja. En las zonas fértiles, de llanura, no fue preciso someter al campesino a una mayor dependencia para evitar la huida; bastó hacer algunas concesiones económicas. En las zonas pobres, los privilegios y franquicias fueron insuficientes para retener a los campesinos y se les impidió, legalmente, la emigración. Esta diferencia será decisiva para explicar el distinto carácter de los movimientos campesinos a fines del siglo XIV y del XV. En la comarca próxima a Barcelona y en Vic desaparecieron los malos usos a fines del siglo XIII y los campesinos lucharían para que se les permitiera cultivar la tierra en condiciones ventajosas, mientras que en el norte se exigiría el derecho a abandonar la tierra. Los primeros se mostrarían dispuestos a negociar, los segundos optarían por la revuelta armada.

La remensa, la obligación de pagar un rescate para abandonar la tierra, se fijó en el siglo XIII, sin duda para frenar el movimiento migratorio. Su área de expansión fue señalada por el jurista PERE ALBERT: En alguna parte de Cataluña a la que se da el nombre de Cataluña Vieja, en la que hay hombres libres que no son caballeros y están tan sometidos a sus señores que sus hijos son hombres de los señores y que no pueden casarse (sin autorización) ni abandonar los mansos, y si lo hacen tienen que redimirse. En las Cortes de Barcelona de 1283, Pedro el Grande reconoció la vigencia de la remensa y dispuso que los campesinos de los lugares donde acostumbraban redimirse no podían establecerse en villas de realengo si antes no pagaban la cantidad exigida, y la disposición tendrá carácter retroactivo: los campesinos que se hubieran acogido a lugares de realengo en fechas anteriores estarían obligados a redimirse.

En estas mismas Cortes, convocadas como consecuencia de los problemas planteados por la conquista de Sicilia, se fijó la dependencia de los vasallos respecto de su señor: ningún vasallo podría ser detenido por deudas en los lugares de realengo a no ser que el señor, requerido por tres veces, se negara a hacer justicia en sus hombres. La autoridad señorial no se limita a los vasallos directos, sino que tiene también un carácter territorial: quienes poseen tierras dentro de los términos de un castillo, aunque sean libres, están obligados a contribuir en las tallas impuestas por el castellano, tanto si el castillo es del rey como si pertenece a un particular; el veguer o representante del rey no tiene autoridad para intervenir en las riñas que se produzcan dentro del territorio o de los términos de los castillos, y los señores vieron confirmada la disposición de 1202 por la que se reconocía el derecho de maltratar a sus rústicos y de ocupar sus bienes sin que por ello tuvieran que responder ante el rey, salvo en los casos en que los siervos hubieran sido cedidos en feudo a los nobles por el monarca o por las personas eclesiásticas. Para evitar la competencia entre señores y la atracción de los campesinos de unos por otros, en 1202 -fue confirmado en 1283- se prohibió a todos recibir bajo su protección al hombre de otro señor sin autorización de éste.

III.2. Los gastos suntuarios y de prestigio.

Las riquezas incorporadas por los cristianos durante el siglo XIII están en la base de un cambio de mentalidad en el que, por otra parte, influye la extraordinaria difusión que adquiere el comercio por estos años. La existencia de un público comprador que dispone de dinero en abundancia y la pacificación relativa del Mediterráneo tras el control del Estrecho que supone la ocupación del Algarve y de Andalucía hicieron posible la llegada masiva a la Península de productos italianos y flamencos cuya posesión se convierte en símbolo de riqueza y de importancia social. Los vestidos y adornos que eran sólo el símbolo y el reflejo de una situación económica y de la categoría social correspondiente, pasaron a ser el elemento esencial y se consideró más rico y más importante desde l punto de vista social a quien más lujosos vestidos y objetos de adorno poseía.

Se inició así una desenfrenada competencia que acabó por provocar la ruina de numerosas personas y la confusión externa entre los diversos grupos sociales. La búsqueda de nuevos ingresos para mantener su prestigio social daría lugar a las sublevaciones nobiliarias de la segunda mitad del siglo y obligaría a los reyes a tomar medidas: fijación de precios y salarios, adopción de medidas proteccionistas y promulgación de leyes suntuarias con las que se pretendía tanto reducir el gasto como fijar claramente los signos externos que podría utilizar cada persona de acuerdo con su condición social.

A través de las normas aprobadas en 1258 en Castilla (en la Corona de Aragón se tomaron medidas semejantes, menos drásticas, en 1235) podemos deducir que eran distintivos de una categoría social superior las pieles blancas, las sillas de montar plateadas y doradas, las calzas de escarlata, los zapatos dorados y los sombreros con tiras de plata o de seda, cuyo uso estaba permitido a los caballeros y a los oficiales mayores de la casa del rey y prohibido a los demás oficiales y a los escuderos. Semejantes distinciones se fijan entre clérigos y canónigos y entre cristianos, moros y judíos. Los clérigos no podían vestir ropas verdes, rojas o rosadas; las sillas de sus cabalgaduras habrían de ser blancas (a los canónigos se les permitía usar sillas azules)... A judíos y moros se les prohibía usar pieles blancas, sillas de montar doradas o plateadas, paños de color y calzas bermejas, y el negro quedó como color fundamental de las clases bajas de la población.

V. Páginas 10-11.

V. Texto en página 56 Tomo I, Volumen 4, Historia de España de Historia 16.

Según JOSE LUIS MARTIN, el predominio de la ganadería se debe a causas demográficas y militares. La continua presencia de los musulmanes (la guerra es una fuente de ingresos también para ellos) hace poco rentable la siembra de cereales. Los campesinos prefieren dedicarse a la cría de ganado, más fácilmente defendible por su movilidad en caso de ataque; por otra parte, la ganadería exige menor mano de obra y ni Castilla ni León disponían de hombres suficientes para poner en cultivo todas las tierras conquistadas.

V. Textos en Páginas 53 y 54 del Tomo II UU.DD. UNED.

V. Texto en páginas 55-56 del Tomo II UU.DD. UNED.

V. Textos en páginas 129-130 TOMO II UU.DD. UNED.

V. Textos en página 108 RABANAL Y PEINADO y 27-30 TOMO II UU.DD. UNED.

V. Textos en páginas 53-56 TOMO II UU.DD. UNED.