A todas las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras residentes en el territorio nacional identificadas como sujeto pasivo de la obligación tributaria. Obligan también a las mismas personas por las rentas, ingresos y patrimonio, que se obtuvieren en el extranjero, cuando así lo dispongan las leyes.

A todas las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras no residentes en el país que tuvieren bienes y/u obtuvieren ingresos y rentas en el territorio nacional vinculados a hechos generadores previstos como tales en las leyes tributarias.

Residan en el territorio nacional más de 183 días sin interrupción.

Tengan en el territorio nacional su vivienda habitual o domicilio permanente. Se presume salvo prueba en contrario, que tienen su residencia habitual en territorio boliviano cuando residan en él, el cónyuge y los hijos menores.

Se hubieran constituido conforme a las leyes bolivianas.

Tengan su domicilio legal en territorio boliviano.

Tengan su sede de dirección efectiva en territorio boliviano.

Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas determinen sin perjuicio de lo dispuesto en los siguientes numerales:

Cuando se trate de tributos que se determinen o liquiden por períodos anuales, las normas regirán desde el primer día del año calendario siguiente al de su publicación y desde el primer día del período siguiente cuando se trate de períodos menores.

Las normas que gravan hechos inmediatos seguirán el principio general.

Las normas que establezcan deberes formales, entrarán en vigencia a partir del período fiscal siguiente al de la fecha de su publicación cuando estén directamente vinculadas a un tributo. Cuando no exista relación con un tributo en particular, a partir del primer día del mes siguiente al de su publicación.

Se entiende por publicación oficial a los fines de este artículo, la difusión de las leyes, decretos y resoluciones emitidas por el Poder Ejecutivo y demás normas administrativas que dicte la Administración Tributaria mediante un órgano de difusión oficial, además en medios de comunicación masiva.

Los plazos en años y/o meses serán continuos y vencerán en el último momento hábil del día hábil anterior del año o mes respectivo.

Los plazos en días que determine este Código, cuando la norma aplicable no disponga expresamente lo contrario:

Comenzarán a computarse desde el primer momento hábil del día hábil siguiente y se vencerán en el último momento hábil del día respectivo; se entienden por momentos y días hábiles, aquellos en los que la Administración cumple sus funciones, por consiguiente, los plazos que vencieren en día inhábil para la Administración, se entenderán prorrogados hasta el día hábil siguiente.

Se entenderán siempre referidos a días hábiles en tanto no excedan de diez (10) días y siendo más extensos se computarán por días corridos.

Son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación normativa:

La Constitución Política del Estado.

El presente Código Tributario.

Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo, conforme el procedimiento previsto en la Constitución Política del Estado, debiendo sujetarse a ellas las potestades tributarias locales.

Las leyes especiales de aplicación tributaria.

Los Decretos Supremos.

Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación establecidos en este Código.

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de contenido tributario, en el marco de su jurisdicción y competencia, que cumplan con las previsiones constitucionales, el presente Código, los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo, las leyes especiales de aplicación tributaria y en su caso, los Decretos Supremos reglamentarios dictados por el Poder Ejecutivo cuando así lo disponga la Ley.

No constituyen fuente del Derecho Tributario, las Circulares, Ordenes e Instrucciones internas impartidas por los órganos administrativos o sus dependencias jerárquicas a sus funcionarios por ser su aplicación de carácter exclusivamente interno.

Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, las disposiciones generales del Derecho Administrativo y las de otras ramas del Derecho que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular y que sean compatibles con los principios del Derecho Tributario.

A los casos que no puedan resolverse por las disposiciones anteriores se aplicarán supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular.

En aplicación de los artículos 26° y 27° de la Constitución Política del Estado, sólo mediante Ley se podrá:

Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; y designar al sujeto activo y al sujeto pasivo.

Excluir hechos económicos gravables del objeto de un tributo.

Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios.

Condonar total o parcialmente el pago de tributos, intereses y sanciones con carácter general.

Establecer los procedimientos jurisdiccionales.

Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones.

Establecer privilegios, preferencias y garantías para el cobro de las obligaciones tributarias.

Las tasas y patentes municipales, se crearán, modificarán, exencionarán, condonarán y suprimirán mediante Ordenanza Municipal aprobada por el Honorable Senado Nacional.

El tratamiento del Gravamen Arancelario se sujetará a lo dispuesto en el artículo 11° del presente Código.

La designación de sustitutos se sujetará a lo dispuesto por el artículo 38° del presente Código.

Terceros responsables son los definidos por el presente Código.

Con arreglo a todos los métodos admitidos en Derecho.

Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas por otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la interpretación deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad económica considerada por la Ley al crear el tributo.

Cuando la norma tributaria no defina o no de expresamente un significado distinto a los términos en ella empleados, se entenderán indistintamente conforme al sentido jurídico, técnico o usual del término, según corresponda.

Para determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o imponible, quien aplique la norma tributaria deberá atender y considerar los hechos, actos y relaciones económicas que efectivamente realicen los contribuyentes.

En los actos o negocios en los que se produzca simulación, el hecho generador gravado será el efectivamente realizado por las partes con independencia de las formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados. El negocio simulado será irrelevante a efectos tributarios.

Son tributos las obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, impone con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines.

Los tributos se clasifican en: impuestos, tasas, patentes y contribuciones especiales.

Las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o la realización de actividades sujetas a normas de Derecho Público individualizadas en el sujeto pasivo, cuando concurran las dos (2) siguientes circunstancias:

Que dichos servicios y actividades sean de solicitud o recepción obligatoria por los administrados.

Que, para los mismos, esté establecida su reserva a favor del sector público por referirse a registros públicos, regulación sectorial o cualquier otra manifestación del ejercicio de autoridad.

El uso y/o aprovechamiento de bienes de dominio público y/o

La obtención de autorizaciones específicas para la realización de actividades económicas.

Contribución de mejora o plusvalía, es la instituida por Ley para costear la obra pública que produce una valoración inmobiliaria y tiene como límite total el gasto realizado y como límite individual el incremento de valor del inmueble beneficiado.

Contribución de seguridad social, es el aporte a cargo de patronos o empleadores destinado a la financiación de los servicios de seguridad social.

En lo material, la obligación tributaria surge entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, en cuanto se produce el hecho generador previsto por la Ley específica de cada tributo.

Asimismo, los sujetos pasivos y terceros responsables están obligados al cumplimiento de las obligaciones formales que la norma legal o administrativa establezca.

Los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en ningún caso serán oponibles al fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en el ámbito civil, comercial u otras ramas del derecho.

Las estipulaciones entre sujetos de derecho privado y el Estado, contrarias a las leyes tributarias, son nulas de pleno derecho.

En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o realizado las circunstancias materiales previstas por Ley.

En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente constituidas de conformidad con la norma legal aplicable.

En el momento de su celebración, si la condición fuera resolutoria.

Al cumplirse la condición, si ésta fuera suspensiva.

La Ley que establezca exenciones, deberá especificar las condiciones y requisitos exigidos para su procedencia, los tributos que comprende, si es total o parcial y en su caso, el plazo de su duración.

Las exenciones que incentiven inversiones necesariamente deberán contemplar el plazo de su duración.

Cuando la Ley disponga expresamente que las exenciones deben ser formalizadas ante la Administración correspondiente, una vez dictada la Resolución Administrativa de formalización la exención tendrá vigencia desde la fecha del cumplimiento de las condiciones previstas para su procedencia.

Son sujetos de la relación jurídica tributaria el sujeto activo y el sujeto pasivo.

Es sujeto pasivo el contribuyente o su sustituto, en los términos definidos en esta Sección.

La responsabilidad tributaria del sujeto pasivo recae sobre terceros responsables en los casos previstos en este Código, sea solidaria o subsidiariamente.

En las personas naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho privado.

En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a quienes las leyes atribuyen calidad de sujetos de derecho.

En las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica que constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición.

Son sustitutos en calidad de agentes de retención o de percepción, las personas naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, actividad, oficio o profesión intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención o percepción de tributos, asumiendo la obligación de empozar su importe al Fisco.

Son agentes de retención las personas naturales o jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por Ley.

Son agentes de percepción las personas naturales o jurídicas designadas para obtener junto con el monto de las operaciones que originan la percepción, el tributo sobre dichas operaciones.

Efectuada la retención o percepción, el sustituto es el único responsable ante el Fisco por el importe retenido o percibido. De no realizar la retención o percepción, responderá solidariamente con el contribuyente.

Los sustitutos son responsables civilmente ante el contribuyente por las retenciones o percepciones efectuadas sin normas jurídicas que las autoricen.

Están solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador, salvo que la ley especial de cada tributo dispusiere lo contrario. En los demás casos la solidaridad debe ser establecida expresamente por ley.

Los efectos de la solidaridad son:

La obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores a elección del sujeto activo.

El pago total efectuado por uno de los deudores libera a los demás, sin perjuicio de su derecho a repetir civilmente contra los demás.

El cumplimiento de una obligación formal por parte de uno de los obligados libera a los demás.

La exención de la obligación alcanza a todos los beneficiarios, salvo que el beneficio haya sido concedido a determinada persona. En este caso, el sujeto activo podrá exigir el cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional del beneficio.

Cualquier interrupción o suspensión de la prescripción, a favor o en contra de uno de los deudores, favorece o perjudica a los demás.

Son responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias que derivan del patrimonio que administren:

Los padres, albaceas, tutores y curadores de los incapaces.

Los directores, administradores, gerentes y representantes de las personas jurídicas y demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida.

Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de entes colectivos que carecen de personalidad jurídica.

Los mandatarios o gestores voluntarios respecto de los bienes que administren y dispongan.

Los síndicos de quiebras o concursos, los liquidadores e interventores y los representantes de las sociedades en liquidación, así como los administradores judiciales o particulares de las sucesiones.

Esta responsabilidad alcanza también a las sanciones que deriven del incumplimiento de las obligaciones tributarias a que se refiere este artículo.

Los donatarios y los legatarios, por los tributos devengados con anterioridad a la transmisión y los correspondientes a la transmisión.

Los adquirentes de bienes mercantiles por la explotación de estos bienes y los demás sucesores en la titularidad o explotación de empresas o entes colectivos con personalidad jurídica o sin ella.

Los derechos y obligaciones del sujeto pasivo y el tercero responsable fallecido serán ejercitados o en su caso, cumplidos por el heredero universal sin perjuicio de que éste pueda acogerse al beneficio de inventario.

En ningún caso serán transmisibles las sanciones, excepto las multas ejecutoriadas antes del fallecimiento del causante que puedan ser pagadas con el patrimonio de éste.

Ningún socio podrá recibir, a ningún título, la parte que le corresponda, mientras no queden extinguidas las obligaciones tributarias de la sociedad o entidad que se liquida o disuelve.

Las obligaciones tributarias pendientes de sociedades o entidades disueltas o liquidadas se transmitirán a los socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiera adjudicado.

Tendrán capacidad de obrar en el orden tributario, las personas que la tuvieran con arreglo a la ley .

Los incapaces serán representados conforme a las leyes civiles.

El lugar de su residencia habitual o su vivienda permanente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4.

El lugar donde desarrolle su actividad principal, en caso de no conocerse la residencia o existir dificultad para determinarla.

El que elija el sujeto activo, en caso de existir más de un domicilio en el sentido de este artículo.

El lugar donde ocurre el hecho generador, en caso de no existir domicilio en los términos de los numerales precedentes.

El señalado en la escritura de constitución.

El lugar donde se encuentra su dirección o administración efectiva.

El lugar donde se halla su acividad principal, en caso de no conocerse dicha dirección o administración.

El que elija el sujeto activo, en caso de existir más de un domicilio en el sentido de este artículo.

El lugar donde ocurra el hecho generador, en caso de no existir domicilio en los términos de los numerales precedentes.

Si tienen lugar fijo de negocios en el país, se aplicarán a éstas las disposiciones establecidas en los Artículos 51y 52.

En los demás casos, tendrán como domicilio el de su representante.

A falta de representante domiciliado en el país, el lugar donde ocurra el hecho generador del tributo.

Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo.

Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el artículo siguiente.

Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrán utilizarse indicios o presunciones ante la imposibilidad de conocer los hechos.

Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes.

Que no presenten declaración o presenten declaraciones incompletas y/o inexactas.

Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo de sus facultades de fiscalización.

Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación comprobatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las normas tributarias.

Que se dé alguna de las siguientes irregularidades:

Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del costo.

Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos.

Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo.

No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias.

Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta.

Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros manuales o informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que contengan datos y/o información de interés fiscal no coincidentes para una misma actividad comercial.

Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término de la prescripción.

La sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización indebida de etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la alteración de las características de mercaderías, su ocultación, cambio de destino o falsa indicación de procedencia.

Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación sobre base cierta.

Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles en su real magnitud.

Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, considerando las características de las unidades económicas que deban compararse en términos tributarios.

Valorando signos, índices, o módulos que se den en los respectivos contribuyentes según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes.

El tributo debido, su anticipo, cada pago a cuenta, cada retención o cada percepción.

Cuando corresponda, también formará parte de la deuda tributaria, su actualización efectuada en los términos definidos en este Código.

Las multas tendrán la naturaleza de deuda tributaria, en los términos definidos en este Código.

Deuda tributaria actualizada, es el monto total que obligatoriamente debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo correspondiente para el cumplimiento de la obligación tributaria.

La actualización de la deuda tributaria procederá desde el día calendario siguiente a la fecha de vencimiento, hasta la fecha de pago inclusive.

Cuando correspondiera la actualización de multas, que se practicará conforme al parágrafo V del Artículo 65, se entenderá por fecha de vencimiento a los efectos del cálculo respectivo, aquella que la Administración Tributaria hubiera fijado para el pago de las mismas.

La actualización integrará la base para el cálculo de multas.

La actualización será exigida también en los casos de suspensión de la ejecución de la deuda tributaria y en los de concesión de facilidades de pago.

La obligación de pagar la actualización subsiste aunque no exista disposición expresa de la Administración a recibir el pago de la deuda tributaria actualizada, o no hubiera señalado expresamente su derecho a percibirlo.

A los efectos de calcular la deuda tributaria actualizada, se aplicará el año comercial, equivalente a trescientos sesenta (360) días.

Cuando los tributos debidos, sus anticipos, pagos a cuenta, retenciones, percepciones y multas se cancelen parcial o totalmente con posterioridad a la fecha fijada por los respectivos vencimientos, sus cuantías se actualizarán por el tiempo transcurrido desde el día calendario siguiente a la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago inclusive. Forman parte de la actualización la indexación y la aplicación de intereses, conforme a lo que establecen los parágrafos siguientes.

La indexación procederá sobre la base de la variación de la cotización oficial para la venta del Dólar estadounidense respecto de la moneda nacional, producida entre el día de vencimiento de la obligación tributaria y el día hábil anterior en que se efectuare el pago.

La indexación se calculará aplicando la siguiente fórmula:

La actualización de la deuda tributaria indexada se calculará con una tasa que será igual a la tasa de interés bancario activa efectiva promedio, utilizada para créditos en moneda extranjera, publicada por el Banco Central de Bolivia, incrementada en cinco (5) puntos porcentuales, estos últimos se aplicarán sólo cuando existan créditos tributarios a favor del Fisco.

Cuando corresponda la actualización de multas, éstas serán sólo indexadas conforme a los parágrafos precedentes.

La tasa de interés a que se refiere el parágrafo anterior, será la del mes calendario inmediato anterior a la fecha de pago, aunque hubieran estado vigentes otras tasas en el transcurso del periodo de mora que se produce desde el día calendario siguiente a la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago inclusive.

La actualización se calculará aplicando la siguiente fórmula:

Los salarios, sueldos y aguinaldos devengados de los trabajadores.

Los beneficios sociales de los trabajadores y empleados, las pensiones de asistencia familiar fijadas u homologadas judicialmente y las contribuciones y aportes patronales y laborales a la Seguridad Social.

Los garantizados con derecho real o bienes muebles sujetos a registro, siempre que ellos se hubieran constituido e inscrito en el Registro de Derechos Reales o en los registros correspondientes respectivamente, con anterioridad a la notificación con la Resolución Determinativa definitiva o a cuenta.

Pago total.

Compensación.

Confusión.

Condonación

Prescripción.

La obligación tributaria se extingue con el pago total de la deuda tributaria actualizada.

Existe pago respecto al contribuyente cuando se efectúa la retención o percepción del tributo en la fuente o en el lugar que el sujeto activo lo disponga.

El pago debe efectuarse en el lugar, la fecha y la forma que disponga este Código, o las normas jurídicas que se dicten al efecto.

La Administración podrá disponer con carácter general prórrogas de oficio para el pago de tributos. En este caso no procede la actualización de la deuda tributaria ni la aplicación de sanciones.

Cuando se efectúen pagos parciales, para determinar el saldo adeudado se deberá calcular la diferencia del valor presente de la deuda tributaria total y el correspondiente al pago parcial.

La suma del valor presente de los pagos parciales, debe ser igual al total del valor presente de la deuda tributaria.

El valor presente de la deuda tributaria pagada total o parcialmente, se calcula con las siguientes fórmulas:

Cuando la deuda sea por varios tributos y por distintos períodos, el pago se imputará a la deuda elegida por el deudor; de no hacerse esta elección, la imputación se hará a la obligación más antigua y entre éstas a la que sea de menor monto y así, sucesivamente, a las deudas mayores.

En ningún caso la Administración podrá negarse a recibir los pagos que efectúen los contribuyentes bajo responsabilidad funcionaria, siempre que los mismos se realicen conforme a lo dispuesto en el Artículo 73.

El pago total anticipado de un impuesto podrá ser exigido durante el período fiscal en curso a cuyo término corresponda su pago, solamente mediante Ley y con carácter general, de conformidad al artículo 112°, numeral 2° de la Constitución Política del Estado.

Los pagos a cuenta de un impuesto anual podrán ser exigidos durante el período fiscal en curso a cuyo término corresponda su pago, mediante norma administrativa y siempre con carácter general, previa aprobación por el Honorable Senado Nacional. Estos pagos se fijarán proporcionalmente a la fracción transcurrida del período fiscal y sobre la base del tributo correspondiente al período inmediato anterior o bien con base en otros índices o parámetros aplicados por sectores de contribuyentes, tales como rentas, capitales, ventas, importe de suministros o inversiones.

Los sujetos pasivos y terceros responsables podrán, conforme a lo que establezca con carácter general la norma reglamentaria, efectuar pagos voluntarios a cuenta de futuras obligaciones materiales.

El sujeto activo podrá conceder por una sola vez y con carácter improrrogable facilidades para el pago de la deuda tributaria actualizada a solicitud expresa y motivada del contribuyente, en cualquier momento, inclusive estando iniciada la ejecución fiscal, en los casos y en la forma que reglamentariamente se determinen. Estas facilidades no procederán en ningún caso para retenciones y percepciones.

Para la concesión de facilidades de pago deberán exigirse una o ambas de las siguientes garantías hasta cubrir el monto de la deuda tributaria actualizada:

Boleta de Garantía Bancaria

Hipoteca

En caso de estar en curso la ejecución fiscal, la facilidad de pago tendrá efecto simplemente suspensivo , por cuanto el incumplimiento del pago oportuno de alguna de las cuotas fijadas, dará lugar automáticamente a la ejecución de las medidas que correspondan adoptarse por la Administración Tributaria según sea el caso.

También se reconocen como válidas las prórrogas de oficio que disponga con carácter general la Administración, y aquellas que estén expresamente determinadas por la norma legal reguladora del pago de los tributos.

Prescribirán a los cinco (5) años los derechos y acciones de la Administración para:

Investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.

Determinar la deuda tributaria.

Imponer sanciones.

Ejercer su facultad de ejecución fiscal.

El término precedente se extenderá a diez (10) años cuando el sujeto pasivo - sucesor a título universal o particular - omita la declaración del hecho generador en las transmisiones de bienes por causa de muerte o cualquier otro acto a título gratuito o cuando no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros respectivos, casos en los que este plazo se aplicará a todos los tributos pendientes de pago.

Las obligaciones o deberes formales establecidos en los artículos 97 y 98 del presente Código, en cuanto tengan el carácter de accesorios de una obligación material prescriben en el mismo tiempo que ésta, y no serán exigibles una vez prescrita la obligación material.

En los supuestos 1 y 2 del parágrafo I del artículo anterior, el término se computará:

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

Para los tributos instantáneos desde el 1 de enero del año calendario siguiente al momento en que el pago pudo ser exigido legalmente.

En el supuesto 3) del parágrafo I del artículo anterior, el término se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente en que se cometió la infracción, excepto en el caso de delitos tributarios para los que se aplicará el cómputo establecido en el Código Penal.

En el supuesto 4 del parágrafo I del artículo 81 el término se computará desde la notificación con el Pliego de Cargo.

En los supuestos 1 y 2 del parágrafo I del Artículo 81:

Por la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa.

Por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo y por la solicitud de facilidades de pago.

En el caso de ilícitos tributarios, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 248 del presente Código.

El curso de la prescripción se suspende, en los supuestos 1 y 2 del parágrafo I del artículo 81, por la notificación al sujeto pasivo con el instrumento que dispone el inicio de la fiscalización y con la Vista de Cargo, emitidas por la Administración. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende, en el primer caso por 6 (seis) meses o, hasta la fecha en que efectivamente se emita la Vista de Cargo, lo que ocurra primero, sin computarse las prórrogas solicitadas por el sujeto pasivo. En el segundo caso, se extiende hasta el momento en que deba emitirse la Resolución Determinativa dentro de los plazos previstos al efecto por este Código o hasta la fecha en que efectivamente se emita la Resolución Determinativ, si esto ocurrió antes del plazo indicado.

En los supuestos 1 y 2 del parágrafo I del artículo 81, en los casos en que se hubiera dictado resolución administrativa o fallo judicial anulando la Resolución Determinativa o actos anteriores a ésta, el término de la prescripción no se computará:

Por el tiempo que duró el proceso emergente de la interposición de cualquier recurso en vía administrativa. Esta resta se aplicará por el tiempo que transcurrió entre la fecha de interposición del recurso y aquella en que efectivamente se emitió la resolución correspondiente. En caso de no haberse emitido tal resolucion dentro los plazos previstos al efecto por este Código, la resta se aplicará hasta el término de ese plazo.

Por el tiempo que duró el proceso emergente de la interposición de recursos administrativos y de la acción contenciosa administrativa. Esta resta se aplicará por el tiempo que transcurrió entre la fecha de interposición del recurso y aquella en que la Administración recepcionó formalmente el expediente de la causa para la ejecución del fallo correspondiente.

En el supuesto 3 del parágrafo I del artículo 81, la suspensión de la prescripción se regula por el artículo 248 del presente Código.

El curso de la prescripción se suspende, en el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo 81, por la oposición al Pliego de Cargo en los casos previstos en el Artículo 150. Esta suspensión se inicia en la fecha de presentación de la oposición hasta la fecha en que la Administración emita la resolución correspondiente.

La Administración Tributaria podrá dictar normas reglamentarias administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos constitutivos.

En especial, podrá dictar normas obligatorias con relación a los siguientes puntos:

La Administración Tributaria deberá imprescindiblemente responder las cuestiones planteadas por el sujeto pasivo que requieran de ella un pronunciamiento expreso, quedando obligada a expedir resolución en los plazos establecidos en este Código, respecto de toda consulta, petición o recurso que, en ejercicio de su derecho presenten los sujetos pasivos o quienes se consideran afectados por un acto de la Administración.

Tratándose de otras peticiones que no tuvieran un plazo expresamente establecido, la Administración deberá adoptar resoluciones en el término máximo de dos (2) meses.

La inobservancia de esta obligación dará lugar a la responsabilidad por la función pública.

Esta obligación no será exigida en los procedimientos en que se produzca la renuncia o desistimiento de los interesados.

Los órganos del Poder Legislativo cuando lo requieran con fines de fiscalización.

Las autoridades judiciales, mediante orden expresa.

Los restantes organismos que administren tributos en el país, en tanto las informaciones estén vinculadas con el control y recaudación de los tributos de sus respectivas jurisdicciones.

Las Administraciones Tributarias de otros países, en cumplimiento de los intercambios de información acordados en convenios interinstitucionales.

La Superintendencia de Bancos, en tanto la información se refiera a la situación tributaria de las entidades financieras.

A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y el ejercicio de sus derechos.

A que la Administración resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos.

A solicitar certificación y copia de las declaraciones juradas presentadas por éstos.

A la reserva y confidencialidad de los datos, informes o antecedentes que obtenga la Administración Tributaria, en el ejercicio de sus funciones, quedando las autoridades, funcionarios, u otras personas a su servicio, obligados a guardar estricta reserva y confidencialidad, bajo responsabilidad funcionaria.

A ser tratados con el debido respeto y consideración por el personal que desempeña funciones en las Administraciones Tributarias.

Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del artículo 105.

A que las actuaciones de la Administración que requieren su intervención se verifiquen en la forma que les resulte menos gravosa.

A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, alegatos y todo tipo de pruebas que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución.

A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones.

El pago total de la deuda tributaria, y cuando corresponda su actualización.

Inscribirse en los registros habilitados por el sujeto activo, cumpliendo con las normas reglamentarias dictadas por el mismo.

Respaldar todas las operaciones de enajenación, transferencia de bienes y prestación de servicios, según la naturaleza del acto, mediante nota fiscal, documentos y/o instrumentos públicos.

Determinar correctamente el tributo a pagar.

Llevar libros y registros generales y especiales referidos a las actividades y operaciones gravadas que en cada caso se establezcan.

Declarar el tributo determinado en la forma, medios, plazos y lugares que al efecto disponga el sujeto activo. En los casos que proceda la intervención de la Administración, deberá dar aviso oportuno de los hechos generadores, proporcionando la información necesaria para la determinación o liquidación del tributo.

Aportar los datos que le fueran requeridos por la Administración, comunicando ulteriores modificaciones en su situación tributaria.

Exhibir el número de registro que les hubiera asignado la Administración, identificarse con él en toda gestión, diligencia, o transacción con efecto tributario.

Facilitar las tareas de determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración, observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones.

Concurrir a las oficinas de la Administración personalmente o por medio de sus representantes o patrocinadores legales cuando fueran citados formalmente.

Facilitar el acceso a la información de sus estados financieros cursantes en Bancos y otras instituciones financieras.

Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el tributo, conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades; presentar, exhibir y poner a disposición del sujeto activo los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los programas de sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible.

Permitir la utilización de programas y aplicaciones informáticas provistos por el sujeto activo, en los equipos y recursos de computación que utilizaran, así como el libre acceso a la información contenida en la base de datos.

Cumplir las obligaciones formales que defina la Administración con carácter general.

Las obligaciones a que se refiere el parágrafo anterior, serán cumplidas en particular, por los siguientes agentes de información:

Los sustitutos con relación a su actividad de retención o percepción.

Las sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que entre sus funciones realicen cobros por cuenta de sus socios, asociados o colegiados, de honorarios profesionales o de otros derivados de la propiedad intelectual o industrial o los derechos de autor, con relación a estos cobros.

Aquellas personas o entidades, incluidas las bancarias, crediticias o de intermediación financiera en general, que legal, estatutaria o habitualmente realicen cobros de honorarios profesionales o de comisiones, por las actividades de captación, colocación, cesión o intermediación en el mercado de capitales con relación a estos cobros.

Los que administren Tarjetas de Crédito, con relación a las ventas de sus clientes canceladas con dichos instrumentos de pago.

Las personas o entidades depositarias de dinero en efectivo, valores u otros bienes de propiedad de deudores al sujeto activo que estén en proceso de ejecución fiscal, sobre la existencia o cuantía de aquellos.

Aquellos cuya declaración importa violación del secreto de la correspondencia epistolar o de las comunicaciones en general.

Los parientes próximos, en caso de que su declaración estuviera relacionada con hechos que pudieran motivar la aplicación de penas privativas de libertad, salvo los casos en que estuvieran vinculados por alguna actividad económica. Se considera parientes próximos al cónyuge, a los ascendientes y descendientes en línea directa y a los hermanos.

Impulso procesal de oficio.- La autoridad administrativa debe impulsar todas las actuaciones hasta llegar al dictado del acto administrativo sobre la base del establecimiento de la verdad material, dentro de los plazos establecidos por las disposiciones legales.

Economía, celeridad y eficacia.- El procedimiento tributario debe desenvolverse con diligencia, con el menor gasto y la máxima celeridad, de manera de poder reunir dentro del menor tiempo y con el mínimo dispendio, toda la documentación necesaria para la comprobación de la verdad material y correcta decisión.

Formalismo moderado y sencillez. Tiene por objeto obviar todas las tramitaciones superfluas y las dilaciones innecesarias. En favor del administrado rige la dispensación de toda exigencia formal no esencial y que pueda subsanarse antes de la decisión final.

Debido proceso formal y material.- Garantiza el derecho del administrado a ser oído, a ofrecer y producir pruebas oportunamente y obtener una decisión fundada.

Los interesados podrán actuar personalmente o por medio de sus representantes mediante instrumento público. Quien invoque una representación acreditará su personería en la primera presentación, salvo que ésta curse en los respectivos registros de la Administración o en el expediente administrativo.

La constitución del mandato y su revocatoria total o parcial, sólo surtirá efecto frente a la Administración cuando ésta tuvo conocimiento oficial de dichos actos.

La falta o insuficiencia de poder no impedirá la admisión del trámite, siempre que se acompañe aquél o se subsane el defecto dentro del plazo perentorio de diez (10) días que necesariamente deberá conceder la Administración. En caso de haber sido subsanado el defecto, el plazo para la Administración se computará a partir de ese momento.

Se presume concedida la representación en los actos de mero trámite que no causen estado de acuerdo a disposición reglamentaria de la Administración.

Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con excepción de la confesión de empleados públicos que pertenezcan a la Administración respectiva.

Son también medios legales de prueba los medios magnéticos y las impresiones de la información contenida en ellos, siempre y cuando éstos fueren proporcionados a la Administración con ocasión del cumplimiento de sus deberes formales por los sujetos pasivos o terceros responsables, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte.

Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que se acredite lo contrario.

La Declaración Jurada es la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que ésta emita.

También tiene carácter de Declaración Jurada la liquidación que el sujeto pasivo, o un tercero responsable a nombre de éste, comunique a la Administración, cuando la norma tributaria establezca para aquél la obligación de determinar la Deuda Tributaria resultante de los hechos, actos y datos declarados.

Las Declaraciones Juradas se presumen ciertas. Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el aumento del saldo a favor del Fisco, la disminución del saldo a favor del declarante o la corrección de cualquier información o dato brindados a la Administración no vinculados a la determinación de la Deuda Tributaria.

No es rectificatoria la Declaración Jurada que actualiza cualquier información o dato brindados a la Administración no vinculados a la determinación de la Deuda Tributaria. En estos casos, la nueva información o dato brindados serán los que tome como válidos la Administración a partir de su presentación.

Las presunciones establecidas por las leyes tributarias admiten prueba en contrario, salvo en los casos en que aquellas lo prohiban expresamente.

En las presunciones legales que no admiten prueba en contrario, quien se beneficie con ellas deberá probar el hecho conocido del cual se evidencie o se deduzca la aplicación de la presunción.

En las presunciones legales que admiten prueba en contrario, quien se beneficie con ellas, deberá probar el hecho conocido del cual resulte o se deduzca la aplicación de la presunción. Quien pretenda desvirtuar la presunción deberá aportar la prueba correspondiente.

Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias o superfluas.

Las que habiendo sido requeridas por el sujeto activo durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera hecho constar en actas denominadas “De Acciones u Omisiones” la imposibilidad de hacerlo, así como el compromiso de su presentación en el momento señalado por el sujeto pasivo hasta antes de la conclusión de la fiscalización.

Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.

El instrumento o acto que dispone el inicio de fiscalización, las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas definitivas o a cuenta, que superen la cuantía establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 122 de este Código; así como los actos que impongan sanciones, resuelvan recursos administrativos, decreten apertura de término de prueba y Pliegos de Cargo, serán notificados personalmente al interesado o a su representante legal.

La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera practicado.

En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales.

Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario formulará representación circunstanciada de los hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración instruirá se proceda a la notificación por cédula.

La Administración mediante publicación en órganos de difusión oficial citará a los sujetos pasivos para que dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la publicación, se apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración efectuará una segunda y última publicación a los quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si los interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el expediente se tendrá por practicada la notificación.

Será definitiva la determinación de la deuda tributaria realizada por la Administración Tributaria previa fiscalización completa del hecho generador y de su valoración, hubieran mediado o no una o más determinaciones a cuenta.

En cualquier otro caso la determinación será a cuenta.

Por el sujeto pasivo, a través de declaraciones juradas, en las que se determina la deuda tributaria.

Por el sujeto activo, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas por Ley.

La determinación de la deuda tributaria por el sujeto pasivo es un acto de declaración de éste a la Administración Tributaria, que no tiene en ningún caso el carácter de acto administrativo.

No obstante, la deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo y comunicada a la Administración en la correspondiente declaración jurada, podrá ser objeto de ejecución fiscal mediante el respectivo Pliego de Cargo, sin necesidad de intimación ni determinación administrativa previa, cuando la Administración compruebe su falta de pago parcial o total.

Los declarados por el sujeto pasivo en sus declaraciones juradas.

Los elementos de prueba que obren en poder de la Administración cuando éstos pongan de manifiesto: la realización del hecho imponible no declarado; la existencia de elementos del mismo que no hayan sido declarados; o la existencia de elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria distintos a los declarados.

Los hechos, datos y valores resultado de la fiscalización, verificación e investigación por parte del sujeto activo.

Para dictar la Resolución Determinativa definitiva o a cuenta, la Administración podrá comprobar, fiscalizar o verificar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por el sujeto pasivo.

Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no declarados por el sujeto pasivo.

Las competencias de la Administración para comprobar, verificar, fiscalizar e investigar se ejercerán con arreglo a lo establecido en la sección siguiente.

La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo, de los elementos de prueba en poder de la Administración o de los resultados de las actuaciones de comprobación, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda y contendrá la liquidación previa del tributo debido.

La Vista de Cargo que dicte la administración, deberá contener los siguientes requisitos:

Lugar y fecha.

Nombre o razón social del sujeto pasivo.

Número de registro tributario.

Indicación del tributo (s) y periodo (s) fiscal (es) correspondiente (s).

Detalle de los cargos observados de la deuda tributaria actualizada reflejados en una liquidación previa.

Cuando corresponda, la conformidad de la Administración Tributaria con las declaraciones juradas presentadas por el sujeto pasivo.

Cuando corresponda, el monto presunto del tributo debido, calculado de acuerdo a lo dispuesto por las normas reglamentarias de cada tributo.

El acto u omisión que se atribuye al presunto autor.

La calificación de la sanción pecuniaria o administrativa que pudiera corresponderle.

La liquidación previa de la sanción, en base a lo señalado en el numeral anterior.

La conminatoria al contribuyente a objeto de que formule descargos presentando las pruebas conducentes al efecto o preste su conformidad en relación a los cargos establecidos, y pague la deuda tributaria.

Firma, nombre y cargo de la autoridad competente.

Vencido el plazo de descargo, se dictará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días, aún cuando el sujeto pasivo hubiera prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria.

La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener los siguientes requisitos:

Lugar y fecha.

Nombre o razón social del sujeto pasivo.

Número de registro tributario.

Indicación del tributo (s) y periodo (s) fiscal (es) correspondiente (s).

Los fundamentos de hecho y de derecho de la resolución adoptada.

La existencia y cuantía de la deuda tributaria actualizada, discriminada en sus componentes, o su inexistencia.

Calificación de la conducta y cuantificación de la sanción pecuniaria, discriminando las infracciones tributarias de las contravenciones.

El carácter definitivo o a cuenta de la Resolución Determinativa.

La conformidad o disconformidad del sujeto pasivo con la Vista de Cargo, la que se manifestará de la siguiente manera:

Si el sujeto pasivo ha pagado la deuda tributaria actualizada determinada en la Vista de Cargo, se entenderá que ha prestado su conformidad.

Si el sujeto pasivo no ha prestado su conformidad expresa ni ha realizado el pago, se entenderá que está disconforme.

Lugar y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria actualizada y la especificación del plazo de treinta (30) días para el pago o impugnación de la misma.

Los medios de impugnación que puedan ser utilizados, con indicación de los órganos en que habrán de ser interpuestos.

Firma, nombre y cargo de la autoridad competente.

Exigir al sujeto pasivo su comparecencia personal o de su representante legal para proporcionar información.

Requerir al sujeto pasivo la presentación de documentos contables y cualquier otro relacionado con el tributo sujeto a revisión, así como la exhibición de sus libros, documentos y correspondencia comercial con efectos tributarios.

Inspeccionar, registros contables, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información contenida en las bases de datos y toda otra documentación que sustenta la obligación tributaria. Cuando de estas actuaciones fuera necesario tomar pruebas, se aplicarán las Medidas para la Conservación de Pruebas a que se refiere el artículo 140.

Exigir informaciones a personas naturales o jurídicas en los términos del artículo 98.

Requerir el auxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario para hacer comparecer a los responsables o terceros o cuando sus funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. Dicho auxilio deberá prestarse sin demora, bajo responsabilidad penal para los funcionarios policiales en caso de su reticencia u omisión.

Ordenar se practique control, avalúo o verificación física de toda clase de bienes, incluso durante su transporte, de acuerdo a reglamentación específica.

Recabar orden de allanamiento de autoridad judicial competente, la misma que se sujetará a las reglas del artículo 139.

Requerir la presentación de dictámenes técnicos elaborados por profesionales especializados en la materia, de acuerdo a reglamentación especial.

La facultad de comprobación, verificación, fiscalización e investigación, se podrá desarrollar indistintamente:

En el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio tributario o en el del representante que a tal efecto hubiera designado.

Donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas o se encuentren los bienes gravados.

Donde exista alguna prueba al menos parcial, de la realización del hecho imponible.

En las oficinas públicas, cuando los elementos sobre los que hayan de realizarse los actos de comprobación, verificación, fiscalización e investigación, puedan ser examinados en dicho lugar.

Los fiscalizadores en ejercicio de sus funciones podrán ingresar en los establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen para ejercer las funciones previstas en este Código, las mismas que podrán incluso desarrollarse en días y horas inhábiles cuando exista fundado riesgo de no poderse realizar investigaciones, verificaciones o comprobaciones en días y horas hábiles. En este último caso se requiere orden de allanamiento de la autoridad judicial competente, la misma que deberá ser despachada dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes a la presentación de su solicitud, designando un funcionario público que no sea de la Administración Tributaria solicitante para que presencie el acto de allanamiento autorizado y levante un acta de su desarrollo.

Cuando se deba entrar en el domicilio particular de cualquier persona natural, también se precisará la obtención de orden de allanamiento de autoridad judicial competente.

Para la conservación de la documentación y de cualquier otro elemento de prueba relevante para la determinación de la deuda tributaria, incluidos programas informáticos y archivos en soporte magnético, la autoridad competente de la Administración correspondiente podrá autorizar la adopción de las medidas precautorias que se estimen precisas al objeto de impedir su desaparición, destrucción o alteración.

Las medidas serán proporcionales al fin que se persiga. En ningún caso se adoptarán aquellas que puedan producir un perjuicio de imposible reparación.

Las medidas podrán consistir en el precinto o depósito de mercaderías o productos sometidos a gravamen, así como en la intervención e incautación de los libros, registros y toda clase de archivos, inclusive los que se realizan en medios magnéticos, computadoras y otros documentos inspeccionados, adoptándose los recaudos para su conservación.

Cuando se prive al sujeto pasivo o tercero responsable de la disponibilidad de sus documentos, la adopción de estas medidas deberá estar debidamente justificada y podrá extenderse en tanto la prueba sea puesta a disposición de la autoridad jurisdiccional que deba valorarlas. Al momento de incautar los documentos, la Administración queda obligada, a su costo, a proporcionar al sujeto o tercero responsable un juego de copias legalizadas de dichos documentos, que tendrán igual valor legal que los originales.

El procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la Administración, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este efecto se emitan.

Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en actas denominadas “De Acciones u Omisiones”, las cuales si no fueran desvirtuadas por el fiscalizado, harán prueba preconstituida de la existencia de los mismos.

Se tendrán por admitidos los hechos consignados en las actas “De acciones y Omisiones” a que se refiere el parágrafo anterior, si el fiscalizado no presenta los documentos, libros o registros de referencia o no señala el lugar en que se encuentran, hasta antes de la conclusión de la fiscalización, siempre que éste sea el domicilio tributario.

Corresponderá al sujeto pasivo presentar los documentos, libros de contabilidad u otros medios que las normas establezcan con relación a las operaciones que deban servir para el cálculo del tributo. El sujeto activo, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la subsanación de defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto a condición de ser conocidas y validadas expresamente por la fiscalización actuante. Las declaraciones que no fueran conocidas ni validadas por la fiscalización actuante no surtirán efecto legal alguno, pero en todos los casos los pagos realizados se tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran.

Los fiscalizadores a fin de asegurar la documentación, correspondencia o bienes que no estén registrados en la contabilidad, podrán indistintamente, sellar o colocar marcas en dichos documentos, bienes o en muebles, archivos u oficinas donde se encuentren, así como dejarlos en calidad de depósito al fiscalizado o a la persona con quien se entienda la diligencia, previo inventario que al efecto formulen. Cuando algún documento que se encuentre en los muebles, archivos u oficinas que se sellen, sea necesario al fiscalizado para realizar sus actividades, se le permitirá extraerlo ante la presencia de los fiscalizadores, quienes podrán sacar copia del mismo, dejándose constancia de este hecho.

Notificada la conclusión de la fiscalización se emitirá la Vista de Cargo correspondiente.

Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo o Resolución Determinativa, bastando la emisión de una Resolución Administrativa de conclusión del proceso de fiscalización.

Para asegurar el cobro de la deuda tributaria actualizada determinada o que pudiera determinarse o del monto indebidamente devuelto o repetido actualizado, la Administración podrá adoptar medidas precautorias cuando exista fundado riesgo de que dicho cobro se verá frustrado o gravemente perjudicado.

Anotación preventiva de los bienes del deudor.

Embargo preventivo de los bienes del deudor.

Arraigo del deudor.

Retención del pago de devoluciones tributarias o de otros pagos que deba realizar la Hacienda Pública al deudor, en la cuantía estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda tributaria actualizada.

Retención de fondos del deudor en la cuantía necesaria para asegurar el cobro de la deuda tributaria actualizada. Esta medida se adoptará cuando las anteriores no pudieren garantizar el pago de la obligación tributaria.

Las medidas podrán adoptarse cuando la deuda tributaria se haya devengado y haya transcurrido el plazo reglamentario para su pago. Estas medidas se adoptarán por la cantidad determinada o que potencialmente adeuden los sujetos pasivos y/o terceros responsables según se exprese en una Vista de Cargo y con base en un informe técnico del funcionario actuante que especifique la cuantía y el fundamento del riesgo.

Adoptadas las medidas precautorias, la Administración deberá agilizar el procedimiento hasta su conclusión. Si el pago de la deuda tributaria actualizada se hiciere dentro de los plazos concedidos por la Administración conforme a los procedimientos descritos en este Código, el contribuyente no estará obligado a cubrir los gastos que origine la diligencia y se levantará la medida precautoria.

El cumplimiento de las obligaciones omitidas o la concesión de un plan de facilidades de pago, determinará bajo responsabilidad de la Administración, el levantamiento inmediato de las medidas precautorias adoptadas. Las medidas precautorias se levantarán aún cuando no hubiera sido pagada la deuda tributaria actualizada, si las circunstancias que justificaron su adopción desaparecen.

El deudor podrá solicitar el cambio de una medida precautoria por otra que le resultara menos perjudicial, siempre que ésta garantizara suficientemente el derecho del Fisco. Podrá asimismo, pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor o la reducción del monto por el cual la medida precautoria fue adoptada.

Se podrá disponer el embargo preventivo de dinero y mercancías en cuantía suficiente para asegurar el pago de la deuda tributaria actualizada que corresponda exigir por actividades lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas.

Las medidas precautorias adoptadas por la Administración Tributaria mantendrán su vigencia durante la sustanciación de los recursos administrativos previstos en el Título III de este Código, sin perjuicio de la facultad de la Administración de levantarlas con arreglo a lo dispuesto en el parágrafo VI. Asimismo, podrá adoptar cualquier otra medida establecida en este artículo que no la hubiera adoptado.

La adopción de las medidas a que se refiere el presente artículo se realizará bajo responsabilidad funcionaria de la autoridad que la autorice o ejecute.

Son actos ejecutables los siguientes:

La Resolución Determinativa firme, por el total de la deuda tributaria que impone.

Las resoluciones firmes dictadas para resolver el Recurso de Alzada así como las que se dicten para resolver el Recurso Jerárquico.

Los fallos judiciales firmes, por el total de la deuda tributaria que imponen.

La declaración jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo deudor.

Las Resoluciones que conceden planes de facilidades de pago, cuando los pagos han sido incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos.

Las resoluciones administrativas firmes que exijan la restitución de lo indebidamente devuelto o repetido.

El Ministro de Hacienda queda facultado para establecer montos mínimos, a propuesta de la Administración Tributaria, a partir de los cuales ésta deba efectuar la intimación de deudas tributarias o el inicio de su ejecución fiscal. En el caso de las Administraciones Tributarias Municipales, éstos montos serán fijados por los Alcaldes Municipales.

El procedimiento de ejecución fiscal será exclusivamente administrativo, debiendo la Administración conocer y resolver todos sus incidentes, conforme al procedimiento descrito en la presente sección.

Lugar y fecha.

Nombre o razón social del sujeto pasivo.

Número de registro tributario.

Identificación de la deuda tributaria.

Cuantificación de la deuda tributaria actualizada o el monto indebidamente devuelto o repetido actualizado.

Auto Intimatorio.

El lugar y forma en que debe ser satisfecha la suma exigida.

El plazo para efectuar el pago.

Firma, nombre y cargo de la autoridad competente.

Pago total documentado, prescripción u otra forma de extinción de la deuda tributaria, declarada por autoridad competente en forma previa a la notificación con el Pliego de Cargo y su Auto Intimatorio.

Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declaren la inexistencia del cargo que se pretende ejecutar.

Nulidad del título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió.

Falta de notificación con la Resolución Determinativa, cuando ésta corresponda ser emitida según los procedimientos establecidos en este Código, nulidad o suspensión de la misma.

Si el sujeto pasivo no cancelara dentro de tres (3) días después de haber sido notificado con el Pliego de Cargo la totalidad de la deuda tributaria actualizada, o no se acogiere a un plan de facilidades de pago, al vencimiento del plazo anteriormente señalado, el sujeto activo dispondrá inmediatamente las medidas coactivas que garanticen el cobro de la deuda tributaria actualizada. Estas medidas deben ser proporcionales al daño que se pretende evitar.

Son medidas de ejecución fiscal:

Retención de valores por devoluciones tributarias o de otros pagos que deba realizar la Hacienda Pública, en la cuantía necesaria para asegurar el cobro de la deuda tributaria actualizada.

Anotación preventiva de los bienes del sujeto pasivo en los respectivos registros.

Arraigo del deudor.

Embargo de los bienes del deudor.

Retención de fondos del deudor, en la cuantía necesaria para asegurar el cobro de la deuda tributaria actualizada, y su traspaso directo e inmediato a la Administración.

Secuestro de los bienes del deudor.

Intervención de la gestión del negocio del deudor, correspondiente a la deuda.

Clausura del o los establecimientos o locales del deudor hasta el pago total de la deuda, con excepción de aquellos en los que por su naturaleza se realicen procesos de producción que no puedan interrumpirse; en los que presten servicios de salud y educación; y en los de hotelería con arreglo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 274.

Prohibición de celebrar el deudor actos o contratos de transferencia sobre bienes determinados.

Intervención de los ingresos económicos del deudor, sin perjuicio del privilegio general del crédito tributario, establecido en el artículo 67 del presente Código.

Decomiso de placas de vehículos automotores del deudor, vinculados al objeto del tributo que forma parte de la Deuda Tributaria en ejecución.

Otras medidas legalmente previstas, relacionadas directamente con la ejecución fiscal de la deuda.

Las medidas de ejecución fiscal se aplicarán con liberación de valores y otros derechos, que hubieran en los respectivos registros e instituciones públicas.

El embargo o secuestro se efectuará sobre los bienes del deudor en cuantía suficiente para cubrir el importe de la deuda tributaria actualizada y las costas del procedimiento.

No se embargarán los bienes y derechos declarados inembargables por Ley .

Cuando los bienes embargados o secuestrados estuvieran constituidos por bienes perecederos u otros que por su naturaleza impliquen costos para su mantenimiento o conservación, los mismos estarán a cargo exclusivo del deudor, quedando exceptuado el sujeto activo de toda responsabilidad por eventuales pérdidas o deterioros de los bienes embargados, cuando el deudor no provea en forma suficiente y oportuna los recursos para su mantenimiento o conservación.

Cuando se ordene el embargo de establecimiento mercantil o industrial o en general de los bienes y derechos integrantes de una empresa, si se apreciara que la continuidad en la dirección de la actividad económica hace previsible la producción de perjuicios irreparables en la solvencia del deudor, la autoridad competente de la Administración, previa audiencia con el titular del negocio u órgano de administración de la entidad, podrá acordar el nombramiento de un funcionario que intervenga en la gestión del negocio en la forma que reglamentariamente se establezca.

El embargo o secuestro de los bienes del deudor, se hará constar en acta y se pondrán bajo inventario, en depósito de persona solvente. El depositario estará sujeto a los derechos y obligaciones establecidos en el Código Civil.

Serán responsables de conformidad a la legislación aplicable, las siguientes personas:

Los que sean causantes o colaboren en la ocultación maliciosa de bienes o derechos del obligado al pago, con la finalidad de impedir su ejecución.

Quienes por culpa o negligencia incumplan las órdenes de embargo o secuestro.

Los que con conocimiento del embargo, colaboren o consientan en la disposición de los bienes.

Aquellas con montos mínimos, fijados de acuerdo al parágrafo III del Artículo 145, que no justifiquen, por la relación costo beneficio, la acción de cobranza debiendo reiniciarse el procedimiento de ejecución fiscal en función a la facilidad para el cobro o por acumulación de deudas que superen el monto mínimo.

Aquellas sobre las cuales se hubieran agotado todas las acciones contempladas en el procedimiento de ejecución fiscal, sin que se logre el pago de la deuda tributaria actualizada, por insolvencia de los obligados al pago en los términos dispuestos por este Código, sin perjuicio de procederse a la inmediata ejecución de las medidas correspondientes cuando cesen las circunstancias que provocaron la suspensión temporal de cobranza, siempre que no hubiera operado la prescripción.

La enajenación de los bienes embargados o secuestrados se llevará a efecto mediante subasta, concurso y/o adjudicación directa, en los casos y condiciones que se fijen reglamentariamente.

En cualquier momento anterior al de la adjudicación de los bienes se podrán librar los bienes embargados o secuestrados, pagando la deuda tributaria actualizada y los gastos incurridos.

Queda estrictamente prohibido adquirir los bienes que se enajenen, objeto de embargo y/o secuestro, por sí o mediante interpósita persona, a todos aquellos que hubieran intervenido en el procedimiento de ejecución fiscal y remate. Su infracción será sancionada con la nulidad de la adjudicación, sin perjuicio de las responsabilidades que se determinaran.

Para la venta en subasta de bienes, embargados y/o secuestrados, de propiedad del sujeto pasivo, se cumplirán las siguientes diligencias:

En el caso de bienes sujetos a registro, deberá requerirse informes sobre las condiciones de dominio, hipotecas o gravámenes que pesen sobre el bien, incluyendo las deudas tributarias actualizadas.

Para la valuación de los bienes sujetos a remate se tomará como base:

En el caso de bienes no sujetos a registro, será el sujeto activo el que emita el avalúo de acuerdo a los precios que rijan en el mercado.

En el caso de bienes sujetos a registro, la base imponible para la liquidación del tributo que grava la propiedad del bien; a falta de ésta el valor, de mercado.

En cuanto a acciones y otros valores endosables de comercio, el valor de mercado y a falta de éste, el valor en libros.

El acto de remate se realizará de inmediato, siendo suficiente la publicación del aviso por cualquier medio de comunicación social, con anticipación de veinticuatro (24) horas. Se procederá al remate sin precio base y se adjudicará al mejor postor.

Si no se presentaran postores, el sujeto activo donará los bienes o mercaderías a entidades e instituciones de beneficencia pública, pudiendo en último caso proceder a su destrucción.

Quien tuviera un interés personal y directo, podrá consultar sobre la aplicación y alcance de la norma legal correspondiente a alguna gestión económica por iniciarse y/o a una situación de hecho concreta y real, siempre que se trate de temas tributarios oscuros y/o controvertibles.

La consulta se formulará por escrito y deberá cumplir los siguientes requisitos:

Lugar, fecha e identificación del consultante con señalamiento de su registro tributario. Cuando se trate de consultas efectuadas por no residentes en Bolivia, no será necesario señalar el registro tributario.

Ser formulada con claridad y precisión, refiriendo los antecedentes y circunstancias del caso y acompañando, cuando fuera necesario, la documentación correspondiente.

Expresar opinión fundada sobre la forma de aplicar e interpretar la norma, con cita expresa de las disposiciones legales o reglamentarias que el consultante considere aplicables.

En todos los casos se tendrá por domicilio del consultante la Secretaría de la Administración.

Cuando la consulta no cumpla con los requisitos descritos en el parágrafo II, la Administración no la admitirá, devolviéndola al consultante para que en el término perentorio de diez (10) días la complete, caso contrario la considerará no presentada.

La Consulta será presentada a la máxima autoridad operativa de la Administración y será ésta la que ponga a disposición del consultante la respuesta a su Consulta dentro del plazo de cuatro (4) meses, a partir de la fecha de su admisión.

Una vez admitida formalmente la Consulta, si ésta se refiere a temas operativos regulados por normas dictadas por la propia Administración, será absuelta por la máxima autoridad ejecutiva de la Administración. Si la Consulta se refiere a la aplicación de normas superiores a las que dicta la Administración, será absuelta por la autoridad jerárquicamente superior a la Administración. En ambos casos, la respuesta podrá rechazar la Consulta si ésta no se refiere a un tema tributario oscuro y/o controvertible.

La respuesta a la Consulta o el rechazo a la misma se expedirán mediante resolución motivada.

El incumplimiento del plazo establecido, dará lugar a responsabilidad de los funcionarios encargados de la absolución de consultas.

Mientras se absuelva la Consulta, el Consultante aplicará el criterio expuesto en la opinión fundada contenida en su Consulta. Sin embargo, la respuesta que emita la autoridad competente surtirá efecto desde el momento en que debió aplicarse la norma sobre cuya aplicación se presentó la Consulta.

La presentación de la Consulta no suspende el transcurso de plazos ni justifica el incumplimiento de las obligaciones a cargo de los consultantes, sin embargo:

La consulta presentada al menos con quince (15) días de anticipación al vencimiento del plazo para pagar el tributo, exime de sanciones al consultante, sólo si la deuda tributaria actualizada fuera pagada en el término de cinco (5) días, computables a partir de la notificación a éste, con la respuesta a su Consulta.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en el numeral anterior no eximirá de sanciones al consultante, exigiéndosele el pago de la deuda tributaria actualizada.

La respuesta a las consultas surtirá efectos únicamente sobre el caso concreto consultado, siempre y cuando no se hubieran alterado las circunstancias, antecedentes y demás datos que la motivaron.

Cada respuesta que emita la Administración y su autoridad jerárquicamente superior será independiente de aquellas que con anterioridad se hubieran emitido en otros casos, salvo que se trate de hechos económicos idénticos, verificados por la Administración.

Sobre la base de datos, información y/o documentos falsos o inexactos proporcionados por el consultante.

En manifiesta infracción de la ley.

El interesado que interponga la acción de repetición, deberá acompañar la documentación que la respalde; la Administración verificará previamente si el solicitante tiene alguna deuda tributaria líquida y exigible, en cuyo caso procederá a la compensación de oficio, dando curso a la repetición sobre el saldo favorable al contribuyente, si lo hubiera.

Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser objeto de repetición, aunque el pago se hubiera efectuado en desconocimiento de la prescripción operada.

Cuando se niegue la acción, el sujeto pasivo tiene expedita la vía de impugnación prevista en el Título III de este Código.

La actualización a que se refiere el presente artículo, se calculará con una tasa que será igual a la tasa de interés anual bancario pasiva efectiva promedio, utilizada para depósitos a plazo fijo en moneda extranjera, publicada por el Banco Central de Bolivia.

Las normas dictadas por el Poder Ejecutivo y las reglamentarias que emita la Administración competente, regularán las modalidades de devolución impositiva, estableciendo parámetros, coeficientes, indicadores y otros, cuyo objetivo será identificar la cuantía de los impuestos a devolver y el procedimiento aplicable.

La Administración competente deberá revisar y evaluar los documentos pertinentes que sustentan la solicitud de devolución impositiva. Dicha revisión no es excluyente de las facultades que asisten a la Administración para verificar el comportamiento tributario del contribuyente, según las previsiones y plazos establecidos en el presente Código.

La Administración deberá previamente verificar si el solicitante tiene alguna deuda tributaria, en cuyo caso procederá a la compensación de oficio, devolviendo el saldo si éste fuera a favor del beneficiario; en caso contrario la Administración ejercerá el cobro por el saldo a su favor.

La Administración se pronunciará sobre la procedencia total, parcial o improcedencia de la devolución solicitada mediante resolución expresa, la que podrá ser impugnada en la forma y condiciones que el presente Código dispone.

La devolución impositiva no estará sujeta al régimen de actualización previsto por este Código, salvo que la ley especial disponga lo contrario.

La emisión física del instrumento de pago por devoluciones impositivas estará a cargo de la Administración titular del tributo correspondiente, sin perjuicio que la tramitación se realice en otras instituciones.

Prescribirá a los tres (3) años el derecho a la repetición o a la devolución impositiva, salvo que en este último caso la Ley que instituye el derecho establezca un plazo menor.

El término se computará a partir del momento en que se realizó el pago indebido o el nacimiento del derecho en los términos dispuestos por Ley.

En estos casos, el curso de la prescripción se suspende por las mismas causales, formas y plazos dispuestos por el Artículo 84 de este Código.

Las normas que con alcance general dicte la Administración en uso de las facultades que le reconoce el artículo 89 de este Código, respecto de tributos que se hallen a su cargo, podrán ser impugnadas en única instancia por asociaciones o entidades representativas o por personas naturales o jurídicas que carezcan de una entidad representativa, dentro de los veinte (20) días de publicadas, aplicando el procedimiento que se establece en el presente Capítulo, salvo cuando procedan los recursos previstos constitucionalmente.

Dicha impugnación deberá presentarse debidamente fundada ante el superior jerárquico de la máxima autoridad ejecutiva de la Administración respectiva sobre el total de la resolución o sobre alguna de sus disposiciones.

La impugnación presentada no tendrá efectos suspensivos.

El superior jerárquico deberá requerir a la Administración respectiva informe previo sobre el tema debatido, el cual deberá ser elevado dentro de los cinco (5) días de su requerimiento.

La autoridad que conozca de la impugnación deberá pronunciarse dentro de los cuarenta (40) días computables a partir de la presentación de la impugnación, bajo responsabilidad.

La resolución que pronuncie el superior jerárquico disponiendo la inaplicabilidad de la o las disposiciones impugnadas, surtirá efectos para todos los sujetos pasivos alcanzados por dichas normas, incluido el impugnante, desde la fecha de su publicación, lo cual deberá ocurrir dentro del tercer (3) día de su pronunciamiento.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración podrá dictar normas generales que modifiquen o dejen sin efecto la resolución impugnada.

La declaración de inaplicabilidad de una norma administrativa no tendrá efectos sobre los actos firmes dictados a su amparo con anterioridad al pronunciamiento de la resolución que dispone la inaplicabilidad de la norma.

Como parte del Poder Ejecutivo y bajo tuición del Ministerio de Hacienda, créase la Superintendencia Fiscal como el único órgano competente para conocer y resolver los Recursos que establece este Código.

Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas a la jurisdicción ordinaria y aquellas otras que, aunque relacionadas con actos de la Administración u otros entes públicos, se atribuyen por ley a otras jurisdicciones.

Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración y las jurisdicciones ordinarias o especiales y las relativas a conflictos de atribuciones.

La impugnación de las normas administrativas reglamentarias dictadas por la Administración.

La impugnación de los actos administrativos de la Administración Aduanera.

Como órgano autárquico, la Superintendencia Fiscal es una persona jurídica de Derecho Público, con jurisdicción nacional, autonomía de gestión técnica, administrativa y económica.

Las actividades de la Superintendencia Fiscal se financiarán con:

Tres punto veinticinco por mil de las recaudaciones percibidas en efectivo a través de la red bancaria del Servicio de Impuestos Nacionales o la entidad que lo sustituya en el futuro, que se debitará automáticamente, conforme al reglamento que al efecto dicte el Poder Ejecutivo, antes de la coparticipación tributaria establecida por ley.

Otros ingresos que pudiera captar de fuentes nacionales o internacionales.

Ser boliviano de origen;

Tener una edad mínima de treinta (30) años;

Ser de reconocida solvencia moral e idoneidad en materia fiscal.

Tener como mínimo, nivel de licenciatura y diez (10) años de experiencia en materia fiscal, para el caso del Superintendente Fiscal Nacional, y ocho (8) años para los Superintendentes Fiscales Departamentales. A estos efectos se tomará en cuenta el ejercicio de la cátedra, la investigación científica, títulos y grados académicos, cargos y funciones que denoten amplio conocimiento de la materia;

No haber sido sancionado a pena privativa de libertad, ni otra sanción por procesos administrativos emergentes de la responsabilidad por la función pública, o emergentes del ejercicio indebido de la profesión. Si dicha sanción fuese impuesta durante el ejercicio de sus funciones como Superintendente Fiscal, por hechos ocurridos antes de su nombramiento, tal situación dará lugar a su inmediata remoción del cargo.

No tener pliego de cargo ni nota de cargo pendientes por deudas tributarias ni emergentes de responsabilidad civil o administrativa con el Estado.

No tener relación de parentesco de consanguinidad, en línea directa o colateral, o de afinidad, hasta el segundo grado inclusive, con el Presidente o Vicepresidente de la República, o con los Superintendentes Departamentales.

Conocer y resolver, de manera fundamentada, los Recursos Jerárquicos contra las Resoluciones de los Superintendentes Fiscales Departamentales, de acuerdo al presente Código;

Conocer y tramitar las denuncias que la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria presente contra las Resoluciones de los Superintendentes Fiscales Departamentales, conforme a lo establecido en el Capítulo VII de este Título;

Revisar, de oficio o a petición de parte, las Resoluciones firmes dictadas por los Superintendentes Fiscales Departamentales para resolver los Recursos de Alzada, conforme al procedimiento establecido en el Capítulo VIII de este Título.

Dirimir y resolver los conflictos de competencias que se susciten entre los Superintendentes Fiscales Departamentales;

Formular las políticas de desarrollo y controlar el cumplimiento de los objetivos, planes y programas administrativos de la Superintendencia Fiscal;

Representar a la Superintendencia Fiscal ante instituciones públicas o privadas, nacionales e internacionales, en las materias de su competencia;

Aprobar y hacer cumplir las normas internas de la Superintendencia Fiscal así como dirigir y evaluar la gestión administrativa del organismo;

Suscribir contratos y convenios en nombre y representación de la Superintendencia Fiscal para el desarrollo de sus actividades administrativas y técnicas; estas funciones podrán ser delegadas a los Superintendentes Fiscales Departamentales, conforme a reglamento;

Designar al personal técnico y administrativo de la Superintendencia Fiscal Nacional y destituirlo conforme a las normas aplicables;

Aprobar y aplicar las políticas salariales y de recursos humanos de la Superintendencia Fiscal así como la estructura general administrativa del organismo;

Aprobar el presupuesto institucional de la Superintendencia Fiscal para su presentación al Ministerio de Hacienda a los fines de su incorporación al Presupuesto General de la Nación, conforme a las normas legales presupuestarias vigentes;

Administrar los recursos económicos y financieros de la Superintendencia Fiscal en el marco de las normas del Sistema Nacional de Administración Financiera y Control Gubernamental.

Mantener el Registro Público de la Superintendencia Fiscal, en el que se archivarán copias de las resoluciones que hubiera dictado resolviendo los Recursos Jerárquicos así como copias de las resoluciones que los Superintendentes Departamentales dictaran para resolver los Recursos de Alzada;

Proponer al Poder Ejecutivo normas relacionadas con la Superintendencia Fiscal y cumplir las que éste dicte sobre la materia;

Realizar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus responsabilidades.

Conocer y resolver, de manera fundamentada, los Recursos de Alzada contra los actos de la Administración Tributaria, de acuerdo al presente Código;

Admitir los Recursos Jerárquicos contra las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y remitirlos a conocimiento del Superintendente Fiscal Nacional sin demora injustificada.

Remitir al Registro Público de la Superintendencia Fiscal copias de las Resoluciones que hubieran dictado resolviendo los Recursos de Alzada, en el plazo establecido por este Código.

Designar al personal técnico y administrativo de su Superintendencia Fiscal Departamental y destituirlos conforme a las normas aplicables.

Realizar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus responsabilidades.

La Superintendencia Fiscal llevará un Registro Público en el que cursen copias legalizadas de todas las Resoluciones que dicten el Superintendente Fiscal Nacional y los Superintendentes Fiscales Departamentales; al efecto, estos Superintendentes deben enviar dichos documentos al Registro Público en un plazo máximo e impostergable de cinco (5) días a partir de su emisión.

El Registro Público debe emitir, a solicitud escrita de personas que aleguen y demuestren un interés legítimo, copias legalizadas y/o certificaciones de las resoluciones cursantes en sus archivos; asimismo debe publicar periódicamente estas resoluciones así como una Memoria Anual de las actividades del organismo, incluidos sus estados financieros.

Principio inquisitivo.- La finalidad de los recursos administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos imponibles, de forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del Sujeto Pasivo a que se presuma su inocencia hasta que en debido proceso se pruebe lo contrario; dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino que el respectivo Superintendente Fiscal, atendiendo a la finalidad pública del mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del recurso haciendo prevalecer su carácter inquisitivo sobre el simplemente dispositivo.

Principio de oralidad.- Para garantizar la inmediación, transparencia e idoneidad, los Superintendentes Fiscales podrán sustanciar los recursos mediante la realización de Audiencias Públicas conforme a los procedimientos establecidos en el presente Código.

Tienen capacidad procesal en la tramitación de recursos administrativos, las personas que la tuvieren con arreglo a la legislación civil.

Las partes podrán concurrir por sí o mediante apoderado legalmente constituido.

Las personas jurídicas legalmente constituidas, así como las corporaciones, entidades autárquicas, autónomas, cooperativas y otras con personalidad jurídica, serán obligatoriamente representadas por quienes acrediten su mandato de acuerdo a la legislación civil o mercantil.

En las sociedades de hecho podrán accionar quienes efectúen operaciones en nombre de la sociedad y en las sucesiones indivisas cualquiera de los derecho - habientes.

La representación de la Administración que fuera parte en el recurso, será ejercida por la máxima autoridad operativa, quien acreditará su personería a tiempo de su apersonamiento.

En los Recursos Jerárquicos, el Superintendente Fiscal Departamental contra cuya resolución se recurre podrá designar un representante, conforme a reglamento que emita el Superintendente Fiscal Nacional.

La Audiencia Pública, cuando se convoque, se realizará antes de dictarse resolución definitiva.

En el caso de los Recursos Jerárquicos, la Audiencia podrá efectuarse indistintamente, a criterio del Superintendente Fiscal Nacional, en la sede de la Superintendencia Fiscal Nacional o de la Superintendencia Fiscal Departamental recurrida. En los Recursos de Alzada, la Audiencia, si se convocara, necesariamente deberá realizarse en la sede del Superintendente Fiscal Departamental que la convocare.

La Audiencia se llevará a cabo con la presencia del recurrente o su representante, la o las autoridades recurridas o sus representantes y sus respectivos abogados; podrán también estar presentes un técnico por cada parte, el funcionario de la Intendencia Técnica Jurídica de la Superintendencia Fiscal Nacional o Departamental y cualquier persona que aporte informes técnicos, estudios especializados u otros instrumentos de similar naturaleza.

Los participantes, en orden alfabético, expondrán sus opiniones sobre el asunto que motivó la Audiencia, teniendo derecho al uso de la palabra por tiempos iguales, lapsos que serán establecidos por el Superintendente Fiscal que esté dirigiendo la Audiencia.

La Audiencia se realizará en forma continua, sin suspensión, en horas hábiles prorrogables a criterio del Superintendente Fiscal y no excederá de dos (2) días hábiles.

La inconcurrencia de una de las partes, no suspenderá la audiencia, siempre que los representantes o los abogados de ambas partes estén presentes. En caso que la inconcurrencia sea debidamente justificada con anterioridad a la fecha de realización de la Audiencia, la misma podrá suspenderse, por una sola vez, y ser convocada nuevamente para su realización impostergablemente dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que originalmente debió realizarse.

Concluida la intervención de los participantes, el Superintendente Fiscal declarará clausurada la Audiencia, debiendo procederse a la elaboración del Acta correspondiente.

El recurrente podrá desistir del recurso en cualquier estado del proceso, debiendo el Superintendente Fiscal Nacional o Departamental aceptarlo sin más trámite.

Si el recurso se hubiere presentado por dos (2) o más interesados, el desistimiento sólo afectará a aquellos que lo hubieran formulado.

Aceptado el desistimiento, el Superintendente Fiscal Nacional o Departamental, según sea el caso, declarará reconocida la deuda tributaria disponiendo su inmediata ejecución.

Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Fiscal que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las mismas.

Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho aplicable que justifiquen su dictado.

Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en derecho, con excepción de la prueba confesoria de la autoridad y funcionarios del ente público respectivo.

Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas en los artículos 106 al 114 del presente Código relativos a la carga de la prueba.

La prueba testifical tendrá valor de indicio. La declaración de testigos se registrará por escrito.

No podrá proponerse más de tres (3) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a partir del cuarto se tendrán por no ofrecidos.

No constituye impedimento para intervenir como testigo, la condición de empleado o autoridad pública, a condición de que no pertenezca al ente público que sea parte en el proceso.

Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente.

Los documentos por los que la Administración acredita la existencia de pagos.

La impresión de la información contenida en los medios magnéticos proporcionados por los contribuyentes a la Administración.

Todo otro documento emitido por la Administración respectiva, que será considerado a efectos tributarios, como instrumento público.

El Recurso de Alzada será admisible contra los siguientes actos:

Los que definitivamente denieguen un derecho o declaren una obligación.

Los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o pongan término al procedimiento.

En particular será admisible contra los siguientes actos:

Las resoluciones determinativas definitivas o a cuenta.

Las resoluciones sancionatorias.

Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución de tributos.

Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente repetido o devuelto en los casos de devoluciones impositivas.

Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo.

Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con mandato legal expreso.

Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y la razón de su impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen.

Copia o fotocopia legalizada del acto que se impugna.

Indicación de los montos impugnados por tributos y periodos, así como la discriminación de los componentes de la deuda tributaria consignada en el acto contra el que se recurre.

Lugar, fecha y firma del recurrente.

Para formar debido conocimiento de la causa, cuando así lo considere necesario, el Superintendente Fiscal Departamental podrá convocar a Audiencia conforme al artículo 201 del presente Código.

Fenecido el término de prueba, el Superintendente Fiscal Departamental dictará su resolución conforme a lo que establece el artículo 204 de este Código.

El Recurso Jerárquico deberá interponerse por escrito, debiendo cumplir los mismos requisitos establecidos en el artículo 215 de este Código para la interposición del Recurso de Alzada.

La resolución que resuelve este recurso es plenamente ejecutable, sin perjuicio de la interposición del proceso contencioso administrativo

Dentro del plazo perentorio de veinte (20) días desde la fecha de admisión del Recurso, el Superintendente Fiscal Departamental que emitió la resolución impugnada deberá elevar al Superintendente Fiscal Nacional los antecedentes de dicha resolución junto con su respuesta al recurso, negando o aceptando total o parcialmente los argumentos del recurrente. En el caso de resoluciones que impongan clausuras, el plazo para la respuesta al Recurso será de diez (10) días.

Dentro del plazo común de veinte (20) días computables desde la notificación con la respuesta del Superintendente Fiscal Departamental respectivo, éste y el recurrente podrán presentar todas las pruebas para hacer valer sus posiciones, siempre y cuando se sujeten a lo dispuesto en los artículos 209 al 212 de este Código. En el caso de resoluciones relativas a la imposición de clausuras, el plazo será de diez (10) días.

Para formar debido conocimiento de la causa, cuando así lo considere necesario, el Superintendente Fiscal Nacional podrá convocar a Audiencia conforme al artículo 201 del presente Código.

Fenecido el término de prueba, el Superintendente Fiscal Nacional dictará su Resolución conforme a lo que establece el artículo 204 de este Código.

La denuncia de resoluciones se presentará directamente ante el Superintendente Fiscal Nacional, dentro de los treinta (30) días computables desde la notificación con la resolución denunciada.

La denuncia contendrá una exposición fundada de los agravios que se invoquen, acompañando toda la prueba conducente y la cuantificación del daño provocado al fisco por la resolución denunciada.

La denuncia deberá ser procesada en un plazo máximo de sesenta (60) días computables desde su presentación, bajo responsabilidad funcionaria del Superintendente Fiscal Nacional, quien, a este efecto, gozará de las más amplias facultades para citar y obtener informes especialmente del denunciante, del Superintendente Fiscal Departamental denunciado, del o los beneficiados con la resolución denunciada, asesorarse de expertos y peritos y todas las demás que fueran conducentes.

Si del análisis técnico jurídico que se realice resultaren verificados los extremos de la denuncia, el Superintendente Fiscal Nacional dispondrá las medidas y gestiones que conforme a derecho correspondan para asegurar la sanción legalmente pertinente al Superintendente Fiscal Departamental denunciado. Si en cambio, la denuncia resultara injustificada, quedarán abiertas para el Superintendente Fiscal Departamental afectado todas las vías legales para obtener el resarcimiento que legalmente corresponda al daño moral sufrido, debiendo el Superintendente Fiscal Nacional facilitarle, en calidad de prueba, todos los antecedentes que cursan en su poder, sin perjuicio de retener para el archivo del organismo copias de dichos documentos o, en su caso, los propios originales.

Los resultados del procesamiento de la denuncia no afectarán el fallo que motivó su interposición, sin embargo podrán ser utilizados como prueba para el Recurso de Revisión Extraordinaria que se dispone en el Capítulo siguiente en cuanto se acomoden a alguno de los supuestos que le dan lugar.

Únicamente por medio de su máxima autoridad ejecutiva, la Administración podrá revisar, de oficio o a instancia de parte, dentro del plazo de prescripción, sus actos administrativos firmes, en los siguientes supuestos:

Cuando exista error de identidad en las personas.

Cuando después de dictado el acto se recobren o descubran documentos decisivos detenidos por fuerza mayor o por obra de la parte a favor de la cual se hubiera dictado el acto, previa sentencia declarativa de estos hechos y ejecutoriada.

Cuando dichos actos tengan como base documentos declarados falsos por sentencia judicial ejecutoriada o bien cuando su falsedad se desconocía al momento de su dictado.

Cuando dichos actos se hubieran dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia y otra acción delictiva y se haya declarado así en sentencia judicial ejecutoriada.

Dentro del mismo plazo, el Superintendente Fiscal Nacional podrá revisar, de oficio o a petición de parte, las resoluciones firmes dictadas por los Superintendentes Fiscales Departamentales para resolver los Recursos de Alzada, bajo los mismos supuestos que establecen los numerales 2, 3 y 4 del parágrafo I. precedente.

La resolución que se emita declarará la nulidad del acto revisado o su anulabilidad total o parcial.

La declaratoria de nulidad o anulabilidad total o parcial del acto o resolución, cuando corresponda, deberá emitirse en un plazo máximo de sesenta (60) días a contar desde la presentación de las alegaciones del interesado cuando sea a instancia de parte, en mérito a pruebas que la acrediten.

Ante la declaración de nulidad o anulabilidad total o parcial del acto o resolución, deberá emitir la Administración o el Superintendente Fiscal Departamental, según corresponda, un nuevo acto o resolución que corrija al anterior, procediendo contra este nuevo, los Recursos Administrativos previstos en este Título.

Los ilícitos tributarios se rigen por las normas de este Código, por las demás normas tributarias y de manera supletoria por las del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal compatibles con los principios del Derecho Tributario.

Los ilícitos tributarios emergentes de las operaciones aduaneras se regirán por su legislación específica.

Son causales de exclusión de responsabilidad:

La incapacidad absoluta calificada por autoridad judicial.

La fuerza mayor.

El error excusable de hecho o de derecho y el error aritmético.

En los supuestos de decisión colectiva, el haber salvado el voto o no haber asistido a la reunión en que se tomó la decisión, siempre y cuando este hecho conste expresamente en el acta correspondiente.

En la materia que regula este Código no son aplicables las causales de exclusión de responsabilidad que establezcan otros cuerpos legales.

Son sanciones aplicables al autor o autores de los ilícitos tributarios, según corresponda:

Reclusión.

Multa (Sanción pecuniaria)

Clausura del establecimiento.

Pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas tributarias.

Prohibición de suscribir contratos con el Estado por el término de dos años. Esta sanción será comunicada a la Contraloría General de la República y a los órganos del Poder Ejecutivo que eventualmente contratan bienes y servicios, para su efectiva aplicación bajo responsabilidad funcionaria.

Comiso de mercadería en caso de ser inaplicable la sanción de clausura.

El Ministro de Hacienda, mediante Resolución Ministerial expresa, modificará los importes de las sanciones pecuniarias en el momento en que se produjeran variaciones superiores al veinte por ciento (20%) en la cotización oficial del Dólar estadounidense respecto de la moneda nacional.

En ningún caso las sanciones pecuniarias podrán ser convertidas en sanciones de reclusión.

La sanción de clausura podrá ser convertida en sanción pecuniaria en los casos expresamente previstos en el presente Código.

A los coautores se les aplicará la misma sanción que al autor principal, sin perjuicio de la incomunicabilidad, de conformidad al artículo 24° del Código Penal, y la graduación que correspondiera en atención a sus circunstancias personales.

A los cómplices, encubridores e instigadores se les aplicará la mitad de la sanción impuesta al autor principal.

Al que, para su provecho, adquiera servicios o productos, respecto de los cuales no haya obtenido la correspondiente factura, nota fiscal o documento equivalente, se le sancionará con una multa equivalente a veinte (20) veces el monto no facturado.

A quienes en la prestación de sus servicios profesionales induzcan a cometer ilícitos tributarios en cualquiera de las formas previstas en los numerales 1 y 2 del presente artículo, además de las sanciones en ellos establecidas, deberá suspendérseles en el ejercicio de la profesión ante la Administración Tributaria por el término de seis (6) meses.

La graduación de la pena de reclusión por delitos tributarios se realizará de acuerdo con las normas previstas en el Código Penal.

Las sanciones establecidas en este Código, excepto la de reclusión, se graduarán de acuerdo a los siguientes criterios:

Cuando no concurra ninguna circunstancia de graduación, sólo se aplicará la sanción dispuesta respectivamente por este Código.

La concurrencia de cada una de las circunstancias de graduación determinará que la sanción se incremente en la cuantía fijada.

Son circunstancias de graduación las siguientes:

La reincidencia, cuando el autor hubiere sido sancionado por resolución administrativa o sentencia firmes por la comisión de un ilícito del mismo tipo dentro del plazo de cinco (5) años anteriores a la comisión del ilícito que se pretende sancionar.

La resistencia a la acción investigadora o fiscalizadora de la Administración, cuando el sujeto pasivo se niegue a atender los requerimientos de la Administración respecto a facilitar su acción investigadora o fiscalizadora.

El pago de la deuda tributaria actualizada después de iniciada la fiscalización o efectuada cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración y antes de la notificación con la Vista deCargo, determinará la reducción de la sanción aplicable en el cincuenta por ciento (50%).

El pago de la deuda tributaria actualizada efectuado después de notificada la Vista de Cargo y antes de la notificación con la Resolución Determinativa definitiva o a cuenta, determinará la reducción de la sanción en el veinticinco por ciento (25 %). Después de notificada la misma no se aplicará esta reducción.

Cuando el sujeto pasivo declare la totalidad de la deuda tributaria actualizada antes de cualquier actuación de la Administración, de modo que permita la ejecución fiscal de la deuda declarada, la sanción procedente se reducirá en un ochenta y cinco por ciento (85%), siempre que se pague la totalidad de la deuda tributaria actualizada dentro de los tres (3) días, computables a partir de la notificación con el Pliego de Cargo.

En los casos de reclusión se aplicarán las reglas del concurso dispuestas en el Código Penal, salvándose el derecho del Fisco al cobro de la multa en la misma sentencia.

En el caso de las otras sanciones, se observarán las siguientes reglas:

En concurso ideal, cuando un hecho o conducta configure más de un ilícito, sean delitos tributarios, infracciones tributarias o contravenciones especiales, la sanción pecuniaria aplicable será la correspondiente a la que resulte más onerosa para el autor, individualmente liquidada. En ningún caso de concurso ideal procederá la acumulación de sanciones.

En concurso real, cada conducta será sancionada de manera individual con la sanción prevista para cada hecho.

Cuando la comisión de delitos comunes hubiera servido de medio para la comisión de delitos tributarios, la ley penal tributaria se aplicará con prelación y exclusión de la ley penal ordinaria, siempre que el delito común tenga una sanción menor que el delito tributario.

Por muerte del autor, salvo que las sanciones pecuniarias estuvieren ejecutoriadas con anterioridad al fallecimiento del mismo y puedan ser pagadas con el patrimonio de éste.

Por prescripción.

Muerte del autor, salvo que las sanciones pecuniarias estén ejecutoriadas y puedan ser pagadas con el patrimonio del causante. La muerte del autor no impide la prosecución de la acción sancionatoria contra los coautores, cómplices o encubridores.

Prescripción.

Condonación.

La facultad para ejercer la acción por ilícitos tributarios prescribe:

En cinco (5) años computables a partir del 1 de enero del año calendario siguiente en que se cometió el ilícito.

En diez (10) años cuando el autor no estuviera inscrito en los registros tributarios correspondientes.

La facultad para ejecutar sanciones impuestas por sentencias o resoluciones firmes prescribe:

Para la de reclusión, conforme a lo establecido en el artículo 105 del Código Penal.

Para las demás sanciones, en cinco (5) años computables a partir de la fecha en que quedó firme el fallo que las impuso.

En los casos de reclusión, la interrupción y suspensión de la prescripción de la acción como el de la ejecución de la sanción se sujetará a lo dispuesto en el Código Penal.

En las demás sanciones el término para la prescripción de la acción como el de la ejecución de la misma, se interrumpirá por:

La comisión de un nuevo ilícito del mismo tipo, en este caso el nuevo plazo de prescripción se contará desde la fecha en que se cometió el nuevo ilícito.

La notificación con el auto inicial de proceso o con la Resolución Sancionatoria, el nuevo plazo se contará desde la notificación con cualquiera de estas actuaciones.

El término para la prescripción de la acción como el de la ejecución de la misma, se suspenderá por:

La interposición de cualquier recurso administrativo o judicial.

En el caso de delitos tributarios para sanciones que no sea la de reclusión, por la presentación de denuncia al Fiscal.

Contravenciones,

Contravenciones especiales,

Infracciones tributarias,

Delitos tributarios.

El contraventor será sancionado con una multa graduada de acuerdo a disposiciones reglamentarias que irá desde cuatrocientos cincuenta Bolivianos (Bs. 450.-) a tres mil setecientos cincuenta Bolivianos (Bs. 3.750.-), a excepción del caso previsto en el parágrafo siguiente.

La falta de presentación de declaraciones juradas en la forma y plazos fijados por las normas respectivas, determinará la aplicación de una multa del diez por ciento (10 %) sobre la deuda tributaria actualizada hasta un máximo de tres mil setecientos cincuenta Bolivianos (Bs. 3.750.-), con un monto mínimo de noventa Bolivianos (Bs. 90.-) en el caso de personas naturales y cuatrocientos cincuenta Bolivianos (Bs. 450.-) en el caso de personas jurídicas incluidas las empresas unipersonales.

La omisión de inscripción en los registros tributarios;

La no emisión o emisión defectuosa de notas fiscales;

No llevar libros o registros contables estando obligado a hacerlo.

El sujeto pasivo que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes; se inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le corresponda y de cuyo resultado se produjeran beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento por treinta (30) días corridos, más la multa de tres mil setecientos cincuenta Bolivianos (Bs. 3.750); sin perjuicio del derecho de la Administración Tributaria a inscribir de oficio, recategorizar y fiscalizar al contraventor por los períodos no prescritos.

La inscripción voluntaria en los registros pertinentes o la corrección de la inscripción, previa a cualquier actuación de la Administración Tributaria, exime de la clausura y multa, pero en ningún caso de la deuda tributaria actualizada ni de la sanción por contravención que correspondiera.

Quien en virtud de disposiciones establecidas en normas jurídicas, esté obligado a la emisión de facturas u otras notas fiscales y omitiera hacerlo, será sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada. Se aplicará la misma sanción a quien emita una factura u otra nota fiscal defectuosa, entendiéndose por tal la que contenga defectos sustanciales que resulten equivalentes a su no emisión, de acuerdo a lo que reglamentariamente se establezca.

La sanción será de siete (7) días corridos hasta un máximo de cincuenta y seis (56) días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La primera contravención será penada con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia será agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior.

Para efectos de cómputo en los casos de reincidencia, los establecimientos registrados a nombre de un mismo contribuyente, sea persona natural o jurídica, serán tratados como si fueran una sola entidad, debiéndose cumplir la clausura, solamente en el establecimiento donde se cometió la contravención.

Durante el período de clausura cesará totalmente la actividad comercial del establecimiento pasible a la misma, salvo la que fuera imprescindible para la conservación y custodia de los bienes depositados en su interior, o para la continuidad de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por razones inherentes a la naturaleza de los insumos y materias primas. La sanción de clausura no exime al sujeto pasivo del cumplimiento de las obligaciones tributarias, sociales y laborales correspondientes.

El que mediante acción u omisión que no constituya delito y que produzca como resultado la disminución o falta de pago total o parcial del tributo, así como la obtención o utilización indebida de beneficios tributarios, exenciones, devoluciones o repeticiones tributarias, comete infracción tributaria.

También comete infracción tributaria, el sustituto que omita retener o percibir el tributo adeudado sea total o parcialmente en los plazos fijados por la norma legal pertinente.

Las infracciones tributarias serán sancionadas con multa del cincuenta por ciento (50%) sobre la deuda tributaria actualizada, salvo:

Las multas establecidas en el presente artículo quedan sujetas a los criterios de graduación y reducción de sanciones establecidos en los artículos 242 y 243 de este Código.

La defraudación tributaria,

Insolvencia tributaria fraudulenta,

La falsificación y/o comercialización de facturas falsas,

La instigación pública a no pagar tributos,

La violación de precintos y otros controles tributarios,

La destrucción dolosa o culposa de documentación con efectos tributarios.

Será sancionado con reclusión de un (1) mes a seis (6) años y multa de cien por ciento (100%) sobre la deuda tributaria actualizada, el que obtenga para sí o un tercero un beneficio económico indebido, no pague o efectúe un pago de menos del tributo, mediante las siguientes conductas:

Utilizar comprobantes, formularios o documentos respaldatorios de contabilidad, declaraciones o de operaciones y transacciones comerciales, falsos o adulterados.

Utilizar una o más personas interpuestas, de manera que quede oculta la identidad del sujeto pasivo.

No ingresar oportunamente al Fisco los tributos retenidos o percibidos.

Obtener maliciosamente y/o usar, en virtud de documentos falsos, inexistentes o que revelen operaciones ficticias, beneficios fiscales, exenciones, desgravaciones, deducciones, devoluciones o repeticiones tributarias.

Elaborar, comerciar o trasladar clandestinamente mercaderías de origen nacional o nacionalizadas gravadas, considerándose comprendidas en esta previsión la sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización indebida de etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control que se hubieran establecido mediante norma previa con carácter general; la adulteración o falsificación de las mercaderías o de los medios de control a ellos aplicados; la alteración de las características de las mercaderías, su ocultación, cambio de destino, falsa indicación de procedencia o que estén total o parcialmente indocumentadas, o amparadas en documentación falsa.

Llevar más de una contabilidad, sistemas de registros manuales o informáticos o registros de cualquier tipo para una misma actividad comercial.

No inscribirse o inscribirse incorrectamente en los registros tributarios correspondientes.

No emitir notas fiscales.

No llevar libros o registros contables, estando obligado a hacerlo.

Destruir dolosamente documentación con efectos tributarios antes de que se cumpla el término de la prescripción.

La multa establecida en el presente artículo queda sujeta a los criterios de graduación y reducción de sanciones establecidos en los artículos 242 y 243 del presente Código.

La tenencia de mercaderías de cualquier naturaleza con fines comerciales y/o su comercialización, sin la documentación tributaria que acredite su legal adquisición o consignación por parte del vendedor, será sancionada con multa del cien por ciento (100%) del valor de las mercaderías.

El juez penal podrá, adicionalmente, imponer como sanciones accesorias las establecidas en el artículo 239 numerales 3, 4 y 5 de este Código.

Cuando el delito de defraudación esté vinculado a contratos con el Estado, concesiones, privilegios o prerrogativas tributarias, el juez penal aplicará como sanciones accesorias las establecidas en los numerales 4 y 5 del artículo 239 del presente Código.

La Administración titular del crédito tributario, tratándose de infracciones tributarias, contravenciones especiales y contravenciones. Las sanciones se impondrán mediante resolución determinativa definitiva o a cuenta, sancionatoria o mediante liquidaciones en caso de sanciones automáticas por contravenciones, las sanciones podrán ser impugnadas en la forma y plazos dispuestos en los artículos 214 y siguientes de este Código.

La Jurisdicción Penal en el caso de delitos tributarios, para el juzgamiento y aplicación de las penas. En el caso de la pena privativa de libertad se sujetará a las normas de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal. No obstante la limitante de competencia establecida para el Juez de Sentencia en el numeral 2 del artículo 53 del Código de Procedimiento Penal, el Juez de Sentencia es competente para el juzgamiento de delitos tributarios y no así los Tribunales de Sentencia.

Se amplía la competencia de la Administración para el procesamiento e imposición de la sanción pecuniaria que corresponda por otros ilícitos en aquellos casos en que el. juez penal haya dictaminado sobreseimiento por defraudación o el Ministerio Público haya rechazado la denuncia interpuesta por la Administración Tributaria.

Sólo la máxima autoridad operativa de la Administración Tributaria correspondiente, denunciará delitos tributarios ante el Ministerio Público, si durante el ejercicio de sus funciones constatara hechos que presumiblemente constituyan delito tributario.

En los casos de defraudación tributaria, la denuncia se formulará con posterioridad a la notificación de la resolución administrativa firme o el fallo judicial pasado en autoridad de cosa juzgada que se pronuncie sobre la existencia de la deuda tributaria actualizada.

Siempre que la conducta ilícita no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de los ilícitos tributarios se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al presunto autor del ilícito. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor de quince (15) días. El cargo será notificado al presunto autor del ilícito, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho.

Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan aportado pruebas, o analizadas las mismas, la Administración deberá pronunciar resolución en el plazo de los veinte (20) días siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en los artículos 214 y siguientes de este Código.

Cuando la contravención sea establecida en un acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario administrativo, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar descargos y vencido éste, se emitirá la resolución sancionatoria correspondiente.

Tratándose del delito de defraudación tributaria en los supuestos del parágrafo III del artículo 265 de éste Código, la resolución sancionatoria se limitará a imponer la sanción pecuniaria.

La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la Administración.

La falta de cumplimiento de los requerimientos efectuados por la Administración en los plazos establecidos en los mismos.

La Administración, mediante operativos de control podrá verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo, pudiendo advertir la comisión de contravenciones especiales. En estos casos procederá a ELABORAR un acta, donde se asienten todas las circunstancias relativas al hecho, incluyendo la prueba que motivó la contravención especial cuando hubiera, notificando al sujeto pasivo con la misma y conminándolo a aportar todas las pruebas que hagan a su derecho dentro de los cinco (5) días posteriores, computables desde la fecha en que se elaboró el acta.

El acta necesariamente deberá llevar la firma de los funcionarios actuantes y la del sujeto pasivo o quien lo represente en el momento. En caso que el contraventor se negara a firmar, los funcionarios actuantes deberán hacer constar este hecho en el acta, dejando una copia de la misma al contraventor. Ante denuncias de particulares, la Administración deberá elaborar un acta sobre la base de la denuncia y notificarla al contraventor en el plazo de veinte (20) días, computables desde la fecha de la denuncia, bajo alternativa de declararse nula la actuación administrativa efectuada fuera de éste término, con la consiguiente responsabilidad de los funcionarios correspondientes.

El cobro de la deuda tributaria actualizada a que hubiera lugar, es independiente de la aplicación de la pena de reclusión.

No habrá lugar a la reparación civil en los delitos tributarios cuando la Administración haya hecho efectivo el cobro de la deuda tributaria actualizada correspondiente.

La denuncia al Ministerio Público se efectuará por la máxima autoridad operativa de la Administración correspondiente inmediatamente tenga conocimiento y convicción sobre los indicios del delito.

En los casos de defraudación, la denuncia se formulará con posterioridad a la notificación de la resolución administrativa firme o el fallo judicial pasado en autoridad de cosa juzgada que se pronuncie sobre la existencia de la deuda tributaria actualizada.

Cuando fueran absolutorias, la Administración, previo sumario administrativo, deberá imponer y ejecutar la sanción pecuniaria por contravención o infracción tributaria, cuando corresponda.

Cuando fueran condenatorias, para que en ejecución de sentencia la Administración liquide y cobre la sanción pecuniaria impuesta por el órgano jurisdiccional.