Lección 16

La Antijuricidad.

1.1.- antijuricidad formal y material.

1.2.- El desvalor de resultado y el desvalor de acción.

LECCION 16

LA ANTIJURICIDAD.

1.1.- ANTIJURIDICIDAD FORMAL Y MATERIAL.

Una vez tipificado el caso de la realidad en el supuesto de hecho de una norma penal, es decir, una vez comprobado que el caso de la realidad es subsumible en el tipo de delito previsto en la norma penal, el siguiente paso, el orden a la averiguación de si ese caso puede engendrar responsabilidad penal, es la determinación de la antijuridicidad, es decir, la constatación de que el hecho producido es contrario a derecho, injusto o ilícito.

A) ANTIJURICIDAD FORMAL.

Se afirma de un acto que es “formalmente antijurídico”, cuando a su condición de típico une la de no estar especialmente justificado por la concurrencia de alguna de eximentes de tal naturaleza (20.4 ; 20.5 y 20.7 (por ejemplo: defensa propia, etc.)

Por lo tanto, la antijuricidad formal no es mas que la oposición entre un hecho y el ordenamiento jurídico positivo, juicio que se constata en el modo expuesto.

B) ANTIJURIDICIDAD MATERIAL.

En sentido material se dice que una acción es antijurídica cuando, habiendo transgredido una norma positiva (condición que pone el principio de legalidad), lesiona o pone en peligro un bien jurídico que el derecho quería proteger.

1.2.- EL DESVALOR DE RESULTADO Y EL DESVALOR DE ACCION.

El contenido material de la antijuridicidad no se agota, sin embargo, en la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. No toda lesión o puesta en peligro de un bien jurídico (desvalor de resultado) es antijurídica, sino solo aquella que se deriva de una acción desaprobada por el OJ (desvalor de acción).

El Derecho penal, por imperativo del principio de inter­vención mínima, no sanciona toda lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, sino sólo aquellas que son consecuencia de acciones especialmente intolerables.

Así, por ejemplo, el Código penal sólo sanciona la ocupación de inmuebles (art. 241, 1), cuando se realiza con violencia o intimidación; o castiga el apoderamiento de cosa mueble ajena (art. 234) si se realiza con ánimo de lucro; imputa resultados cuando han sido producidos dolosa o imprudentemente; castiga más gravemente algunos hechos ya delictivos cuando se realizan de una forma especialmente intolerable, como el asesinato (art. 139) o el robo (arts. 237 ss.), etc.

Ambos conceptos, desvalor de acción y desvalor de resul­tado, son igualmente importantes en la configuración de la antijuridicidad, ya que están perfectamente entrelazados y son inimaginables separados. El valor o desvalor de una conducta supone siempre el valor o desvalor de un resulta­do.

Así, por ejemplo, la prohibición de matar es una conse­cuencia de la protección a la vida; la prohibición de robar, una consecuencia de la protección a la propiedad, etc. En ambos ejemplos, el desvalor de la acción (matar, robar) se deriva ya del desvalor del resultado (destrucción de la vida, lesión de la propiedad). Lógicamente los mandatos «no matar», «no robar», etc., sólo tienen sentido si previamente se reconocen los valores que los fundamentan: vida, propie­dad, etc. Pero igualmente la protección a esos valores, por medio de la norma penal, sólo puede conseguirse sancionan­do o prohibiendo las acciones humanas que puedan lesionarlos.

Por ello parece superflua la polémica sobre la prioridad entre el desvalor de la acción y el desvalor del resultado. No existe una jerarquía lógica o valorativa entre ellos, ya que ambos contribuyen, al mismo nivel, a constituir la antijuridicidad de un comportamiento.

Lo que sucede es que, por razones político-criminales, el legislador a la hora de configurar los tipos delictivos puede destacar o hacer recaer más el acento en uno u otro tipo de desvalor.

En el Derecho penal tradicional, por influencia de la idea de la responsa­bilidad por el resultado, se hacía recaer el centro de la gravedad en el desvalor del resultado, especialmente en la lesión del bien jurídico, castigando más gravemente el delito consumado que la tentativa, admitiendo los delitos cualifi­cados por el resultado, etc.

En el moderno Derecho penal, del que es un buen ejemplo el Código penal de 1995, se tiende a dar mayor importancia al desvalor de la acción, haciendo recaer el acento en la peligrosidad de la acción en sí misma considerada, por el mero hecho de infringir deter­minadas normas o reglamentos de carácter extrapenal, san­cionando la simple desobediencia a la norma sin requerir ningún tipo de peligro concreto para el bien jurídico prote­gido (de ahí la proliferación de los delitos de peligro abstrac­to, de los que son un buen ejemplo los «delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente», algunos delitos socioeconómicos, contra la salud pública, etc.).

Para limitar en la medida de lo posible estos excesos por vía interpretativa debe tenerse en cuenta siempre las ideas anteriormente expuestas del principio de intervención mínima (sólo los ataque más graves a los bienes jurídicos más importantes deben ser objeto de sanción penal) y de la antijuridicidad material (sólo la lesión o la puesta en peligro concreto de un bien jurídico puede ser sancionada con una pena).

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Son causas tasadas de justificación o mejor dicho, que eximen de responsabilidad. El art. 20.7 dice por el ejercicio de un Derecho, por ejemplo: un médico amputa un brazo, si no fuera por finalidad curativa sería un delito de lesiones.

Dº PENAL I

Lección 16.- La antijuricidad.

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