La crisis del Antiguo Régimen. Guerra y revolución (1788-1814)

Historia de España. Cortes de Cádiz. Carlos IV. Godoy

  • Enviado por: M Cruz Martínez
  • Idioma: castellano
  • País: España España
  • 6 páginas
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TEMA 1: LA CRISIS DEL ANTIGUO REGIMEN: GUERRA Y REVOLUCION (1788-1814)

  • El Antiguo Régimen y el liberalismo: dos sistemas enfrentados.

  • 1.1.1.El Antiguo Régimen

    Denominamos Antiguo Régimen a la manera tradicional de gobierno en los Estados europeos que imperaba en el siglo XVIII.

    El Antiguo Régimen se identifica por tres elementos:

    • Una organización política basada en el poder absoluto de la Corona, sustentada por los siguientes principios:

    • La soberanía corresponde exclusivamente al rey, llamado soberano.

    • El Estado es propiedad de la Corona.

    • El poder del rey es absoluto. Concentra en su persona los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.

    • La administración territorial depende del régimen señorial.

    • Una organización social estamental, que perpetúa la situación privilegiada de una minoría poderosa. La sociedad se divide en tres estamentos: nobleza, clero y tercer estado.

    • Un sistema económico caracterizado por:

    • 1Existencia de trabas a la circulación de bienes inmuebles.

    • Pervivencia de monopolios derivados del régimen señorial sobre el uso de molinos, hornos, ríos, montes, etc.

    • Los artesanos están obligados a inscribirse en el gremio.

    1.1.2. El Liberalismo

    En los siglos XVII y XVIII surge una corriente de pensamiento que elaboró un sistema político, social y económico alternativo al Antiguo Régimen.

    Su programa es el siguiente:

    • Un nuevo régimen político basado en los principios liberales:

    • La soberanía no corresponde al rey, sino a la nación, entendida como una comunidad con una trayectoria histórica común, que habla una lengua determinada y habita un territorio concreto. Se delega, mediante el voto, en las Cortes.

    • El Estado es un conjunto de instituciones creado para garantizar los derechos de los ciudadanos.

    • El rey no está por encima de la ley, por lo que debe jurar la Constitución. Establece la separación de los tres poderes: el ejecutivo, asignado al rey, que lo ejerce a través del gobierno y sus ministros; el legislativo, ejercido por las Cortes en representación de la nación; y el judicial, desempeñado por los jueces.

    • Se suprime el régimen señorial.

    • Supresión de los estamentos. Se establece la igualdad de los individuos ante la ley y el fisco.

    • La actividad económica debe ser libre, regulada por el libre juego de la oferta y la demanda en el mercado. Los principios fundamentales que rigen esta actividad son:

    • La propiedad vinculada debe ser desamortizada, esto es, toda propiedad de bienes y medios de producción debe ser privada.

    • Deben ser abolidos los monopolios.

    • La supresión de los gremios da paso a la libre creación de empresas, y a la libertad de contratación. En el nuevo sistema, organizan la producción los que poseen el capital (capitalismo).

  • El impacto de la Revolución francesa en España: abandono de la política reformista y agudización de la crisis.

  • 1.2.1. El reinado de Carlos IV (1788-1808)

    Carlos IV subió al trono en 1788. Inicialmente se dispuso a continuar con el despotismo ilustrado, política impulsada por su padre, Carlos III .

    Carlos IV heredaba en 1788 una situación de crisis financiera y política, con profundas consecuencias sociales, quien mantuvo en el cargo a algunos de los ministros que habían colaborado con su padre. En su reinado culmina la crisis del Antiguo Régimen.

    En la Francia borbónica el reformismo ilustrado parecía haber llegado también a un callejón sin salida: la monarquía, la nobleza y el clero pensaron remediar la bancarrota con la obtención de impuestos extraordinarios que habrían de conceder los Estados Generales. Pero para el tercer estado, la convocatoria de los Estados Generales en la primavera de 1789, unido a la serie de malas cosechas que habían elevado el precio del trigo hasta alcanzar el máximo del siglo, provocó un estallido revolucionario de consecuencias imprevisibles.

    El conde de Floridablanca, que había sido primer ministro con Carlos III, dedicó sus esfuerzos a establecer un férreo control para evitar la entrada de cualquier tipo de propaganda o noticia procedente de Francia. Sin embargo, nada pudo impedir la llegada de noticias sobre los acontecimientos franceses, de modo que fue destituido en febrero de 1792.

    Le sustituyó el conde de Aranda, que permaneció nueve meses en el cargo, hasta noviembre de 1792. Defendió una postura pacifista. Esta política le llevó finalmente a su destitución.

    Manuel Godoy, dio un nuevo giro hacia una política más intervencionista. Se fijó como primer objetivo salvar la vida a Luis XVI, que había sido acusado del delito de traición por intentar provocar la invasión del país revolucionario. Sin embargo, el rey francés fue guillotinado en enero de 1793 y se proclamó la república en Francia.

    Estos acontecimientos desencadenaron una guerra generalizada de las potencias europeas contra Francia, que sólo no fue vencida, sino que pasó de sacudirse la invasión a contraatacar lanzando ofensivas fuera de su territorio.

    Las tropas francesas lograron introducirse en la Península. Ante el fracaso militar, tanto Prusia como España decidieron abandonar las hostilidades. Las negociaciones de paz llevaron a la firma del Tratado de Basilea (22 de julio de 1795), en la que Francia devolvía todas sus conquistas en territorio español a la Corona, y en compensación, recibía la parte francesa de la isla de Santo Domingo.

    Ante el escaso éxito de la intervención militar contra la Francia revolucionaria, Godoy decidió poner en práctica una política pragmática y realista. Inició conversaciones con las autoridades francesas, que dieron paso a la firma del Tratado de San Ildefonso (18 de agosto de 1796). Dicho tratado inaugura una nueva etapa de amistad entre ambos Estados. Por este acuerdo, España se comprometía a luchar junto a Francia contra Inglaterra. Dos meses más tarde, España movilizaba sus tropas en una guerra que comenzaría con la derrota de la armada española en el cabo de San Vicente (14 de febrero de 1797) y la pérdida de la isla de Trinidad en el Caribe.

    1.2.2. La crisis de gobierno de 1808 y la intervención de Napoleón.

    En Francia, la influencia del ejército en la política interior se fue haciendo cada vez más acusada.

    En estas circunstancias comenzó a destacar Napoleón Bonaparte. En 1799 se convirtió en cónsul de un Directorio formado por él y otros dos dirigentes. Pronto se desembarazó de sus colaboradores y se convirtió en cónsul vitalicio, para proclamarse en 1804 en emperador. Napoleón personalizó y transformó la Revolución francesa.

    Napoleón revolucionó la estrategia militar y transformó la guerra revolucionaria en una guerra de conquista. Logró derrotar a los monarcas absolutos del continente y reorganizó el mapa europeo, imponiendo como soberanos en los territorios vencidos a miembros de su familia o a sus lugartenientes. Pero el avance de los ejércitos napoleónicos desató al mismo tiempo una reacción nacionalista contra la ocupación del invasor y estimuló la formación de una conciencia patriótica y revolucionaria.

    En la Península, el desgaste provocado por la prolongación de la guerra recaía sobre todo en la población humilde, que además de sufrir la pérdida de brazos del reclutamiento, pagaba los impuestos y no alcanzaba a comprender la necesidad de continuar una guerra interminable.

    Godoy, que se había titulado príncipe de la Paz aparecía a los ojos de los campesinos como el principal responsable de la continuidad de la guerra. Esta situación, unida a las intrigas en la corte del príncipe Fernando, el heredero al trono, propiciaron una crisis de gobierno que puso fin al reinado de Carlos IV.

    Por el Tratado de Fontainebleau (27 de octubre de 1807), suscrito entre Godoy y Napoleón, España consentía en permitir el paso de tropas francesas por territorio español para ocupar Portugal, cuyo territorio habría de ser dividido posteriormente en tres partes independientes. A finales de ese mismo año, las primeras tropas francesas atravesaron la frontera cruzando el Bidasoa, con el anunciado pretexto de invadir Portugal y ocupar Lisboa (noviembre de 1807). A comienzos de 1808 se introdujeron nuevas tropas por Cataluña y Navarra y ocuparon las primeras fortalezas en territorio español. Cuando Godoy comprendió las verdaderas intenciones de Napoleón, intentó trasladar la familia real a Sevilla para embarcar hacia América.

    El descontento popular por la presencia de tropas extranjeras en territorio español, hábilmente agitado por el príncipe Fernando, que contaba con el apoyo del partido cortesano, dio lugar al Motín de Aranjuez (17 de marzo de 1808). Godoy fue arrestado y Carlos IV se vio obligado a abdicar a favor de su hijo. Una semana más tarde entraban las tropas francesas en Madrid.

    Tras los acontecimientos de Aranjuez, Fernando VII trató de buscar el reconocimiento de Napoleón. Éste reunió a toda la familia real española en Bayona y obligó a Carlos IV a abdicar a favor de Napoleón y a Fernando VII a devolver los derechos a la Corona a favor de su padre.

    Después de conseguir la abdicación de los herederos legítimos de la Corona española, Napoleón impuso la sustitución dinástica entregando la Corona a su hermano José Bonaparte (José I) el 10 de mayo de 1808. A su vez, quiso dar a la monarquía un nuevo carácter reformista, dotándola de una ley fundamental: la Constitución de Bayona de 1808, que respondía a las intenciones reformistas moderadas del emperador. En realidad se trataba de una Carta Otorgada, dado que su elaboración partía de la voluntad del monarca y no del pueblo soberano, hecho que la diferencia radicalmente con las constituciones modernas. Sin embargo, esta Constitución no llegó a tener vigencia porque su aplicación se vio interrumpida por el inicio de la guerra de liberación.

    Algunos ilustrados, se pasaron al bando de los patriotas para intentar frenar o reconducir el proceso revolucionario. Otros, a los que se denominó afrancesados, optaron por unirse a la legalidad impuesta por Napoleón, que les parecía la única vía realista para reformar y modernizar el país.

  • La revolución: la obra de las Cortes de Cádiz (1810-1813)

  • 1.3.1. La formación del poder revolucionario

    Las Juntas de Defensa no se limitaron exclusivamente a intentar repeler al invasor. Estaban ejerciendo el gobierno en las zonas que no aceptaban la soberanía francesa reconocida por los reyes en Bayona. Desplazaron a las autoridades legítimas, se sustituyeron los órganos de gobierno colaboracionistas por instituciones emanadas de la sublevación popular, por lo que la Guerra de la Independencia se convirtió, de hecho, en una guerra revolucionaria. En buena medida, el alzamiento de mayo de 1808 recogía el malestar popular manifestado contra el gobierno de Godoy durante el motín de Aranjuez y que ahora se iba a hacer extensivo a una tiranía exterior.

    Palafox, elegido por el pueblo aragonés como su líder revolucionario, convocó las viejas cortes estamentales del reino de Aragón, que habían sido suprimidas cien años antes por Felipe V durante la Guerra de Sucesión. Las cortes legitimaron la acción popular, elevando a Palafox al cargo de capitán general de Aragón y designaron los miembros de la Junta de gobierno. El propio Palafox nombró a las personas que acudirían a la Junta Suprema Central en representación de Aragón. En las directrices políticas elaboradas por él se puede observar que eran los sectores más activos en la defensa del país contra los franceses quienes impulsaban el proyecto revolucionario. El primer objetivo debía ser la defensa de las fronteras, o bien la reunión de un ejército español que arroje al enemigo de ellas y nos ponga a cubierto de una nueva invasión.

    La Junta Central Suprema Gubernativa del Reino estaba formada por una treintena de miembros, representantes de las Juntas Provinciales, cuyo presidente fue el conde de Floridablanca, y con sede en la ciudad de Aranjuez. El avance de las tropas napoleónicas les obligó a retirarse a Extremadura, para continuar retrocediendo hasta Sevilla más tarde. Por su parte, lo que quedaba de las instituciones del AR se aglutinó en el Consejo Supremo de España e Indias, que reunía a todos los consejos consultivos de la monarquía absoluta. Este consejo trató de desacreditar a la Junta Suprema Central, responsabilizándola de las derrotas militares. La Junta Central se disolvió (29 de enero de 1810) y fue sustituida a los dos días por un Consejo de Regencia formado por cinco miembros. Sin embargo, la Junta había estado trabajando en la reunión de una convocatoria de Cortes.

    1.3.2. Los decretos de las Cortes

    Las Cortes abrieron sus sesiones el 24 de septiembre de 1810 entre el alboroto de los espectadores y el bombardeo de la artillería. Meses más tarde se trasladaron a Cádiz (24 de febrero de 1811).

    Las Cortes permanecieron reunidas durante tres años, desde su apertura en septiembre de 1810 hasta su clausura el 14 de septiembre de 1813, con lo que se formaron las primeras cortes ordinarias. Debido a las dificultades de la guerra, los miembros de la alta aristocracia y la alta jerarquía del clero no siempre pudieron ser convocados. Tampoco los diputados de las provincias ocupadas, que eran la abrumadora mayoría, pudieron ser elegidos, de modo que se designaron suplentes entre los naturales de esas provincias que se encontrasen en Cádiz. Similar solución se adoptó para las provincias ultramarinas. Las primeras reuniones se celebraron con un centenar de diputados, hasta llegar a trescientos aproximadamente. Lo realmente significativo fue que el sistema de votación acordado fue individual y no por estamentos, como sucedía en el AR. De este modo, las Cortes de Cádiz fueron las primeras cortes modernas reunidas en España, réplica de la Asamblea Nacional Constituyente que había surgido en 1789 como origen de la Revolución Francesa.

    La labor de las Cortes de Cádiz se orientó a destruir los fundamentos del AR y a aplicar las ideas de los intelectuales ilustrados. La obra legislativa de las Cortes Constituyentes se plasmó no sólo en la promulgación de la Constitución de 1812, sino también en la aprobación de una serie de decretos. El primero fue el que establecía la libertad de imprenta (19 de octubre de 1810). Junto con la libertad de imprenta, se establecía una junta de censura que dictaminaría sobre lo publicado en cuestiones políticas.

    Relacionado con esta cuestión se halla el decreto de la abolición de la Inquisición, aprobado el 22 de febrero de 1813.

    Otro decreto que se aprobó fue el de los señoríos jurisdiccionales el 6 de agosto de 1811. De esta forma, se suprimían los monopolios señoriales y su capacidad de administrar justicia mediante el nombramiento de jueces locales en los territorios de sus dominios. Sin embargo, quedaban compensados con la conversión de sus derechos feudales en propiedad privada de las tierras y el reconocimiento de los contratos de arrendamiento en vigor. Los sucesivos gobiernos liberales alternativos desplazaron la responsabilidad de presentar los títulos de propiedad de los señores a los campesinos. Como la mayoría de las tierras se habían adquirido durante la Edad Media, casi nadie conservaba ningún título de propiedad, de manera que, a falta de presentación de títulos, se concedería la propiedad de las tierras a los señores.

    Dos decretos del mismo día (8 de junio de 1813) permitían a los propietarios ejercer la libertar de contratación en el campo y en las fábricas, lo que implicaba la disolución del sistema gremial y su sustitución por la libre empresa. Estas medidas afectaban duramente a los campesinos, que podrían ver reducida la duración de los contratos de arrendamiento y aumentado el precio de la renta a voluntad del dueño. También perjudicaba a artesanos y trabajadores fabriles, porque, permitía extender las jornadas y bajar los salarios.

    1.3.3. La Constitución de 1812

    El 19 de marzo de 1812 se proclamó la Constitución. Diseñaba un Estado basado en la monarquía parlamentaria. El Estado se concebía como la garantía de los derechos de los ciudadanos, la libertad civil, la propiedad, y los demás derechos legítimos de todos los individuos y no como patrimonio de ninguna familia ni persona. Las Cortes, en representación de la nación, elaboran las leyes, que son sancionadas y promulgadas por el rey. Éste cuenta con un Consejo de Estado. Los poderes se dividen en legislativo (las Cortes con el rey) y ejecutivo (el rey) y se completaba con la atribución de la administración de justicia a los tribunales independientes. Las Cortes se componían de una única cámara que se reunía durante tres meses consecutivos cada año. Los diputados se renovaban cada dos años y eran elegidos por sufragio universal indirecto.

    El concepto de soberanía nacional quedará definido: La soberanía nacional reside esencialmente en la Nación y, por lo mismo, pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales.

    La sociedad estamental quedará destruida con el establecimiento de la igualdad de los individuos ante la ley y ante el fisco sin privilegio alguno.

    Se creaba una milicia nacional y se ponían las bases del plan general de enseñanza: En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras en las que se les enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles.

    Toda la obra legislativa de las Cortes de Cádiz será anulada al regreso de Fernando VII, en la primavera de 1814. Los liberales y los principales impulsores de la reforma serán perseguidos. En la lucha que se desencadenó en los años siguientes entre absolutistas y liberales, la Constitución de 1812 se convirtió en bandera y símbolo para los enemigos del Antiguo Régimen.

    Fue reinstaurada durante tres años, después del pronunciamiento del oficial Riego que dio origen al Trienio Liberal.

    HISTORIA

    1ª EVALUACIÓN 5