EL GASTO PÚBLICO EN COLOMBIA

El gasto público social está constituido por las erogaciones del Estado en los sectores "sociales". Si bien la definición de tales sectores no es del todo precisa, existe consenso en incluir en ellos a los gastos en educación, salud, agua y servicios sanitarios, y a los relativos a programas nutricionales, de vivienda y promoción social. Generalmente también se incluyen los seguros sociales (seguridad social, asignaciones familiares y obras sociales) y las erogaciones en los sectores trabajo, cultura, deportes, recreación, turismo social, ciencia y técnica y servicios urbanos. Así, más que una definición precisa del concepto de gasto público social, tenemos una enumeración de los sectores que abarca.

En la valorización del gasto pueden surgir tres tipos de problemas. En primer término y por el lado de la oferta, en la imputación del gasto no se considera la "calidad" de los bienes y servicios prestados por el Estado, aspecto de importancia para la evaluación de los gastos sociales. La segunda cuestión es que el costo de producción puede ocultar una subvaloración del valor real cuando el Estado genera economías de escala en su producción, o a la inversa, una sobrevaloración cuando se generan ineficiencias. En éste último caso, el valor de producción de las prestaciones del Estado no guarda relación con los bienes y servicios percibidos realmente por los beneficiarios. En tercer término y por el lado de la demanda, los usuarios pueden considerar el bien o servicio recibido como poco útil, aunque el costo sea elevado y/o representar un alto valor en el ingreso familiar por ese concepto.

A su vez, los gastos sociales están conformados por dos tipos de erogaciones: por un lado, por aquellas que constituyen el costo de producción de bienes y servicios provistos públicamente (ej. educación y salud) y, por otro, las transferencias monetarias (ej. jubilaciones, subsidio de desempleo).

El gasto público social no constituye un concepto simple de analizar ya que engloba diversos tipos de programas, su ejecución está a cargo de los distintos entes descentralizados y responde a objetivos de eficiencia, equidad, etc. Muchas de sus funciones son obligaciones que emanan de la Constitución Nacional mientras que otras han sido incorporadas a la órbita natural de la acción estatal.

Es importante destacar que históricamente, la decisión sobre la magnitud del gasto público social se tomó en gran parte fuera del ámbito de los sectores sociales. Esto es así debido a que se determina conjuntamente con el resto de los gastos, en correspondencia con la disponibilidad de ingresos fiscales y según el déficit o superávit presupuestario que adopte la política fiscal. Resulta entonces claro que el nivel del gasto público social está fuertemente condicionado por dicha política.

La cuestión de los objetivos que persigue el Estado al gastar en sectores sociales está íntimamente relacionada con la discusión sobre el rol que a éste le cabe en las actividades socio-económicas. Así las prescripciones sobre el gasto social diferirán completamente entre quienes sustenten una posición de un simple "Estado Guardián" y los que tengan una visión socialista; entre quienes sustenten posiciones paternalistas, o entre quienes prioricen la cuestión de la eficiencia por sobre la equidad y viceversa. La cuestión del "rol del Estado" ha sido y es una de las cuestiones centrales de debate en las ciencias sociales y en la política en general.

Básicamente distinguimos dos grandes objetivos económicos que el Estado persigue al gastar en sectores sociales: la eficiencia y la equidad. La primera se refiere a una asignación (socialmente) "correcta" de los recursos productivos entre los distintos bienes y la segunda a una asignación (desde un punto de vista social) "correcta" del ingreso y la riqueza existente entre las personas que componen una sociedad. La eficiencia y la equidad deben estar referidos a todas las dimensiones de la prestación de un servicio, y específicamente deben incluir la variable calidad. El acceso universal a un servicio no garantiza un trato igualitario si la calidad del servicio es distinta entre grupos de individuos.

La contribución Keynesiana a la teoría de la política económica fue la demostración de que cuando la demanda agregada del sector privado se debilita y como consecuencia de ello se entra en una recesión, es racional y no inflacionario ejecutar políticas fiscales expansivas para acelerar la recuperación económica sin esperar al "largo plazo". Ese aporte teórico llegó a convertirse en la sabiduría convencional.

Keynes no previó que su recomendación de acudir al gasto público como fórmula de emergencia, pues sería luego usada en forma abusiva por los Gobiernos para defender sus políticas de gasto excesivo.

Las finanzas públicas de Colombia están en crisis, como resultado un aumento progresivo del gasto público que no se compensa con sus ingresos. Para 1997 se requiere un ajuste superior al los $ 2 billones de pesos, si el Gobierno no quiere ser el responsable de llevar a un descenso en el crecimiento económico.

En el modelo Keynesiano, se esperaría que un incremento en el gasto público fuera la "chispa" generadora de empleo y mayor demanda agregada, lo cual a corto plazo produciría un aumento del PIB. Sin embargo en el caso de Colombia, éste modelo no es aplicable, puesto que el déficit fiscal es grande y promete ser aún mayor si no se disminuyen los gastos del Gobierno y las formas de financiar este déficit son todas nocivas para la economía, pues supone un mayor endeudamiento externo o acudir a los prestamos internos (lo cual disminuye la disponibilidad de dinero y compite con la inversión que podría hacer el sector privado).

El nivel del gasto público asignado a los sectores sociales aumentó en casi todos los países.
Una mayor voluntad política para abordar el rezago social han demostrado los gobiernos de la región durante los años noventa, lo que abre un escenario promisorio para las reformas en las políticas sociales.

En 7 de los 11 países que entregan información sobre aumentos en el gasto social, los niveles alcanzados superaron aquellos de inicios de los ochenta. El gasto público social como porcentaje del PIB aumentó, en promedio, en 1.8 puntos porcentuales. Esto ocurrió incluso en países que registraron caídas en el coeficiente del gasto público.

La educación y la seguridad social son los sectores en los que más creció el gasto social entre 1990 y 1995. El gasto real per cápita en educación aumentó en 12 de 15 países; en seguridad social, en 10 de ellos, y en salud, en 10 de 13 países, comprueba el documento.

En la mayoría de los países de la región el nivel del gasto público asignado a los sectores sociales ascendió durante los primeros años de la década de 1990. A diferencia de lo observado hasta 1993, en 7 de los 11 casos en que se registraron aumentos se logró incluso superar las magnitudes alcanzadas a comienzos de los años ochenta.

Es importante destacar que los sectores que han encabezaron el crecimiento del gasto público social son la educación, la seguridad social y, en menor medida, la salud. En el caso de la educación, parte del incremento observado en algunos países reflejó a la demanda de mayores recursos para la implementación de procesos de reforma. A su vez, el aumento del gasto en seguridad social ha sido el resultado de diversos factores, entre los que figuran la introducción de mecanismos para reajustar las pensiones de jubilación, el reconocimiento de obligaciones acumuladas con los beneficiarios del sistema y, en otros casos, la extensión de la cobertura del sector.