Francisco Franco

Historia de España. Dictadura franquista. Franquismo. Política exterior. Fuero de los españoles

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CARRERA MILITAR: HASTA LA JEFATURA DEL ESTADO  

Nació el 4 de diciembre de 1892 en El Ferrol (Ferrol, localidad coruñesa que recibió la denominación oficial de El Ferrol del Caudillo durante la dictadura franquista). En 1907 ingresó en la Academia Militar de Toledo. Tres años después recibió el grado de segundo teniente de Infantería. Con 20 años comenzó su carrera militar en el Ejército de África, lo que le permitió cosechar méritos y ascensos por acciones bélicas durante la guerra de Marruecos. Tras una breve estancia en la península Ibérica, durante la cual contrajo matrimonio en 1923 con Carmen Polo, perteneciente a la alta sociedad asturiana, retornó al norte de África ese mismo año para mandar la primera bandera del Tercio Extranjero (Legión). A partir de entonces se produjo la aceleración de la que sería una brillante carrera militar, que le llevó a ascender a general de brigada en 1926, convirtiéndose en el general más joven de Europa.


Durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, que había dado comienzo en 1923, desempeñó el cargo de director general de la Academia General Militar de Zaragoza desde 1928. Pocos meses después de la proclamación de la II República, que había tenido lugar en abril de 1931, Manuel Azaña, el entonces ministro de la Guerra del gobierno provisional republicano, decretó el cierre de dicha institución castrense y el consiguiente cese de Franco al frente de la misma. Finalizada la etapa de gabinetes reformistas formados por republicanos y socialistas, intervino como asesor del ministro de la Guerra, Diego Hidalgo Durán, en la represión de la insurrección revolucionaria de Asturias (octubre de 1934) y en 1935 asumió la jefatura del Estado Mayor por designación del nuevo ministro de la Guerra, José María Gil - Robles.

Tras el triunfo electoral del Frente Popular (febrero de 1936) el gobierno presidido por Azaña le destinó a la comandancia general de Canarias. Desde este puesto intervino en el levantamiento militar contra el gobierno republicano, iniciado el 17 de julio en Marruecos y origen de la Guerra Civil. Llegó a Tetuán el 19 de julio para tomar el mando del Ejército de África. El 20 de julio moría en accidente de aviación el general José Sanjurjo, quien debía dirigir la insurrección militar. Entre otros acuerdos, la Junta de Defensa Nacional constituida el 24 de julio en Burgos por los militares sublevados y presidida por el general Miguel Cabanellas distribuyó el mando del Ejército rebelde del Norte y del Sur entre los generales Emilio Mola y Francisco Franco. No obstante, poco después se resolvió la unidad de mando militar y político a favor de Franco.

El 29 de septiembre de 1936 fue nombrado por la Junta de Defensa Nacional generalísimo de las fuerzas militares sublevadas y jefe del gobierno. El 1 de octubre asumió esos cargos, a los que él mismo añadió el de jefe del Estado. Con esta medida, Franco dispondría en adelante de plenos poderes, que ejerció hasta su muerte. El fallecimiento en accidente de aviación del general Mola (junio de 1937) le liberó de un posible competidor. Otro tanto sucedió al ser fusilado en noviembre de 1936 en la cárcel de Alicante José Antonio Primo de Rivera, el fundador de Falange Española. En efecto, el 19 de abril de 1937 promulgó el Decreto de Unificación que, so pretexto de superar las divisiones en el seno de las fuerzas políticas colaboradoras en el alzamiento militar, unía a Falange con los tradicionalistas (carlistas) y ponía bajo la jefatura directa del caudillo (título recibido por el propio Franco) a Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (FET y de las JONS), único partido autorizado por el régimen, y pronto diluido bajo la expresión “Movimiento Nacional”.


Sin haber finalizado la contienda, Franco presidió el 30 de enero de 1938 el primer gobierno de su larga dictadura. Desde que terminó la guerra el 1 de abril de 1939 y hasta su muerte (acaecida el 20 de noviembre de 1975 en Madrid), monopolizó un régimen que se confunde con su titular: el franquismo. Hasta junio de 1973, cuando por primera vez cedió la jefatura del gobierno a su “mano derecha”, el almirante Luis Carrero Blanco, Franco fue al mismo tiempo jefe del Estado, del gobierno y del Ejército.

EL FRANQUISMO

El periodo durante el cual ejerció el poder el general Franco, así como el régimen político creado por éste ha recibido el nombre de franquismo. Comprende un dilatado proceso que entremezcla continuismo y cambios durante casi cuatro décadas. Desde el Alzamiento (denominación que los sublevados dieron al inicio de su rebelión con la que comenzó la Guerra Civil), nadie dudó de que, en caso de vencer, el régimen previsto sería una ruptura respecto del pasado republicano. Así lo fueron las primeras instituciones gubernamentales creadas para la España “nacional” (nombre con el que los sublevados reconocían el territorio sobre el que ejercían su control) en plena Guerra Civil: Junta de Defensa Nacional (julio-octubre de 1936), Junta Técnica de Estado (octubre de 1936-enero de 1938) y primer gobierno presidido por Franco, que serían el germen de la dictadura.


Los apoyos recibidos desde el principio permitían presumir el futuro político del “Nuevo Estado” que, por su larga duración, pasó sucesivamente por las fases de dictadura personal, totalitarismo autoritario de “pluralismo limitado” y tecnocrático o, como gustó repetir su creador, de democracia orgánica. En cualquier caso, se trató de un régimen sin ningún carácter democrático, no sólo por su origen (sedición generadora de una guerra civil) sino por su posterior desarrollo, caracterizado por el mando personal del caudillo, la inexistencia de partidos políticos, de división de poderes y de libertades, así como por el fuerte control ejercido desde el poder, cuya naturaleza coincidía con la ideología franquista: antiliberalismo, anticomunismo, antirrepublicanismo, nacionalismo, concepción jerárquica y autoritaria y nacionalcatolicismo. En su última fase, sin abandonar el trauma de la Guerra Civil y la despolitización como recursos, se incorporaron otros factores: la ideología desarrollista, un nuevo sistema educativo y el europeísmo, junto con el evidente cambio de la estructura social que tuvo efecto desde la década de 1960.

Con todo, y hasta el final, el franquismo defendió a ultranza la trama ideológica de los llamados principios del Movimiento: unidad e integridad de la patria, confesionalidad del Estado, la monarquía tradicional como forma de gobierno (aunque no apareció la figura del monarca) y el corporativismo, que definía la representatividad a través del municipio, el sindicato vertical (nacionalsindicalismo) y la familia. Este fue, en efecto, el proceso institucionalizador del Nuevo Estado, no consumado hasta enero de 1967 con la promulgación de la Ley Orgánica del Estado que culminaba las denominadas siete Leyes Fundamentales, el peculiar acercamiento al constitucionalismo del régimen franquista: Fuero del Trabajo (marzo de 1938), Ley Constitutiva de las Cortes Españolas (julio de 1942), Fuero de los Españoles (julio de 1945), Ley del Referéndum Nacional (octubre de 1945), Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado (julio de 1947), Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional (mayo de 1958) y la ya citada Ley Orgánica del Estado.

Quedaba como resquicio de cara al futuro la proclamación en 1969 del príncipe de España como sucesor a título de rey, en una monarquía instaurada, que no restaurada. El fallecimiento de Franco propició de alguna manera en 1975, y sin que el dictador se lo hubiera propuesto, la monarquía democrática bajo el reinado del nieto de Alfonso XIII, Juan Carlos I, poniendo de manifiesto la inviabilidad del “franquismo sin Franco”. El proceso posterior al deceso del general se conoce como transición a la democracia.


Todo este proceso de lento y tímido aperturismo demandado por el desarrollo económico de la década de 1960 y que según cabía esperar debía conllevar un desarrollo político, tropezó con las tensiones entre los llamados inmovilistas (falangistas ortodoxos) y los conocidos como aperturistas en cuestiones tales como la sucesión en la jefatura del Estado, la apertura hacia los países de la órbita soviética, el asociacionismo o la atención de las demandas expresadas por la conflictividad laboral, en definitiva: el posible camino hacia la democracia.

Si, como se ha dicho, un amplio sector del pueblo aceptó el franquismo, al menos en los dos primeros decenios, y siempre como un mal menor tras una cruenta guerra civil, tampoco faltó la presencia de una oposición política. En los primeros años ésta estuvo a cargo de las guerrillas que actuaron en determinadas zonas del territorio español, así como de la oposición democrática llevada a cabo desde el exilio (republicanos, monárquicos seguidores de Juan de Borbón y Battenberg, socialistas y comunistas) cuyo punto álgido fue el Congreso de 1962, que la prensa oficial descalificó como “contubernio de Munich”.

A todo ello deben unirse las huelgas y conflictos laborales (el recién nacido sindicato Comisiones Obreras consiguió infiltrarse en las instituciones autorizadas, en tanto que la socialista Unión General de Trabajadores (UGT) mantuvo la lucha clandestina) y estudiantiles (contrarios al oficial Sindicato Español Universitario, SEU) y, en el último tramo, las actuaciones de grupos ligados a la Iglesia católica que marcaron distancias con el régimen después del Concilio Vaticano II (1962-1965), sin olvidar la acción de grupos terroristas como la organización independentista vasca ETA. Sin embargo, este abanico opositor fue a la postre débil y no logró sus propósitos de vencer al régimen, que actuó con dureza a la hora de reprimirlo.


Otro tanto ocurrió con las relaciones exteriores. El franquismo consiguió superar el aislamiento internacional al que estuvo sometido el régimen durante la década de 1940 por haber mantenido, bajo la capa de neutralidad en la II Guerra Mundial, la amistad con las potencias del Eje. España, en un primer momento, quedó fuera de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), creada en 1945. Pero la Guerra fría modificó el panorama y obligó a aceptar la situación española. Los pilares de este reconocimiento internacional se plantaron en 1953 con la firma del Concordato con la Santa Sede y la de los pactos económicos y militares con Estados Unidos (Convenio de Amistad y Cooperación). Ambos hicieron saltar el cerco impuesto hasta entonces a Franco. En 1955 España ingresó en la ONU, si bien antes lo había hecho en otras organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El presidente estadounidense, Dwight David Eisenhower, visitó Madrid en diciembre de 1959. Desde finales de 1969, coincidiendo con la llegada al Ministerio de Asuntos Exteriores del tecnócrata Gregorio López Bravo, la diplomacia española inició una apertura hacia los países del entorno soviético, en un principio con carácter comercial y más tarde en forma de relaciones diplomáticas plenas.

En lo que respecta a las relaciones con Latinoamérica, la política exterior franquista cabalgó sobre las conveniencias de cada momento. Los gobiernos latinoamericanos se dividieron al iniciarse la Guerra Civil en torno a la actitud que deberían adoptar frente al conflicto y aunque México (presidida durante la guerra por Lázaro Cárdenas) mantuvo siempre una política de firme defensa de las instituciones republicanas, que se prolongó hasta la muerte de Franco y la celebración de las primeras elecciones democráticas en 1977, los demás países fueron reconociendo al dictador y su régimen, sin excepción. Franco, por otra parte, encontró apoyo y simpatía en los gobernantes autoritarios latinoamericanos de todas las épocas: las actitudes personales y gubernamentales del argentino Juan Domingo Perón, el dominicano Rafael Leónidas Trujillo o el chileno Augusto Pinochet fueron una buena muestra de ello.

De otro lado, a las buenas relaciones con los países musulmanes expresadas en las visitas de los jefes de Estado de Arabia Saudí, Jordania, Irak, Irán y Egipto, cabe añadir el reconocimiento español a la independencia del territorio de Marruecos bajo su protectorado (1956), el reconocimiento de los derechos de dicho país sobre Ifni (1969) o la independencia de Guinea Ecuatorial (1968). En el ocaso del franquismo (octubre de 1975), el rey marroquí Hasan II organizó la Marcha Verde sobre el territorio del Sahara Español, lo que supuso abandonar éste en manos de Marruecos y Mauritania.

Sin quebrar el monolitismo del sistema, los principales grupos colaboradores en los gobiernos franquistas fueron militares, falangistas, monárquicos, católicos y tecnócratas. Salvo en los dos últimos gabinetes (presididos por Luis Carrero Blanco desde junio hasta diciembre de 1973, y por Carlos Arias Navarro, que sustituyó a éste tras su asesinato a manos de ETA), todos tuvieron como presidente a Franco, responsable único de los equipos ministeriales, sujetos en la duración y composición a su exclusiva voluntad. Según la coyuntura (cierre autocrático o liberalización política) se mantuvieron o fueron sustituidos, siempre al compás de la astucia del general que tuvo especial empeño en mezclar las distintas “familias” del régimen dando la impresión de un falso pluralismo, por cuanto no se reconocía la existencia de partidos políticos.

Algunos de los principales ministros de los gobiernos presididos por Franco fueron, además de los ya mencionados Carrero Blanco, Arias Navarro y López Bravo: Ramón Serrano Súñer, Francisco Gómez Jordana, Juan Antonio Suances, José Enrique Varela, Alberto Martín Artajo, Agustín Muñoz Grandes, Fidel Dávila, José Antonio Girón, Raimundo Fernández Cuesta, Joaquín Ruiz Giménez, José Solís Ruiz, Manuel Fraga Iribarne, Alberto Ullastres, Camilo Alonso Vega y Torcuato Fernández-Miranda.

Por último, y en otro orden de cosas, la economía y la política económica sufrieron una interesante evolución a lo largo de los cuarenta años de gobierno franquista. El primer periodo, transcurrido desde 1939 hasta 1951, fue una etapa de autarquía que acusó los efectos de las guerras civil y mundial. Durante ese primer periodo España experimentó una auténtica depresión que contrastaba con la recuperación europea, lograda por la ayuda prestada por el Plan Marshall y de la cual no disfrutó el país gobernado por Franco.


FUERO DE LOS ESAPAÑOLES

Por cuanto las Cortes Españolas, como órgano superior de participación del pueblo en las tareas del Estado, según la Ley de su creación, han elaborado el Fuero de los Españoles, texto fundamental definidor de los derechos y deberes de los mismos y amparador de sus garantías; y teniendo en cuenta, al igual que ocurre en el Fuero del Trabajo, que sus líneas maestras acreditan el valor permanente del ideario que las inspira y gran número de sus declaraciones y preceptos constituyen un fiel anticipo de la doctrina social-católica, recientemente puesta al día por el Concilio Vaticano II y finalmente, dada la modificación introducida en su artículo 6 por la Ley Orgánica del Estado, aprobada previo referéndum de la Nación, a los efectos de adecuar su texto a la Declaración Conciliar sobre la libertad religiosa, promulgada el 1 de diciembre del año 1965, que exige el reconocimiento explícito de este derecho, en consonancia, además, con el segundo de los Principios Fundamentales del Movimiento, según el cual la Doctrina de la Iglesia habrá de inspirar nuestra legislación:

Vengo en disponer lo siguiente:

Artículo único. Queda aprobado, con el carácter de Ley fundamental reguladora de sus derechos y deberes, el Fuero de los Españoles, que a continuación se inserta:

TITULO PRELIMINAR

Artículo 1.º El Estado español proclama como principio rector de sus actos el respeto a la dignidad, la integridad y la libertad de la persona humana, reconociendo al hombre, en cuanto portador de valores eternos y miembro de una comunidad nacional, titular de deberes y derechos, cuyo ejercicio garantiza en orden al bien común.

TITULO PRIMERO

DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESPAÑOLES

Capítulo primero

Art. 2.º Los españoles deben servicio fiel a la Patria, lealtad al Jefe del Estado y obediencia a las leyes.

Art. 3 La Ley ampara por igual el derecho de todos los españoles, sin preferencia de clases ni acepción de personas.

Art. 4.º Los españoles tienen derecho al respeto de su honor personal y familiar. Quien lo ultraje, cualquiera que fuese su condición, incurrirá en responsabilidad.

Art. 5.º Todos los españoles tienen derecho a recibir educación e instrucción y el deber de adquirirlas, bien en el seno de su familia o en centros privados o públicos, a su libre elección. El Estado velará para que ningún talento se malogre por falta de medios económicos.

Art. 6.º La profesión y práctica de la Religión Católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial.

El Estado asumirá la protección de la libertad religiosa, que será garantizada por una eficaz tutela jurídica que, a la vez, salvaguarde la moral y el orden público.

Art. 7.º Constituye título de honor para los españoles el servir a la Patria con las armas.

Todos los españoles están obligados a prestar este servicio cuando sean llamados con arreglo a la Ley.

Art. 8.º Por medio de leyes, y siempre con carácter general, podrán imponerse las prestaciones personales que exijan el interés de la Nación y las necesidades públicas.

Art. 9.º Los españoles contribuirán al sostenimiento de las cargas públicas según su capacidad económica. Nadie estará obligado a pagar tributos que no hayan sido establecidos con arreglo a ley votada en Cortes.

Art. 10. Todos los españoles tienen derecho a participar en las funciones públicas de carácter representativo, a través de la familia, el municipio y el sindicato, sin perjuicio de otras representaciones que las leyes establezcan.

Art. 11. Todos los españoles podrán desempeñar cargos y funciones públicas según su mérito y capacidad.

Art. 12. Todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los principios fundamentales del Estado.

Art. 13. Dentro del territorio nacional, el Estado garantiza la libertad y el secreto de la correspondencia.

Art. 14. Los españoles tienen derecho a fijar libremente su residencia dentro del territorio nacional.

Art. 15. Nadie podrá entrar en el domicilio de un español ni efectuar registros en él sin su consentimiento, a no ser con mandato de la Autoridad competente y en los casos y en la forma que establezcan las Leyes.

Art. 16. Los españoles podrán reunirse y asociarse libremente para fines lícitos y de acuerdo con lo establecido por las leyes.

El Estado podrá crear y mantener las organizaciones que estime necesarias para el cumplimiento de sus fines. Las normas fundacionales, que revestirán forma de ley, coordinarán el ejercicio de este derecho con el reconocido en el párrafo anterior.

Art. 17. Los españoles tienen derecho a la seguridad jurídica. Todos los órganos del Estado actuarán conforme a un orden jerárquico de normas preestablecidas, que no podrán arbitrariamente ser interpretadas ni alteradas.

Art. 18. Ningún español podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que prescriben las Leyes.

En el plazo de setenta y dos horas, todo detenido será puesto en libertad o entregado a la Autoridad judicial.

Art. 19. Nadie podrá ser condenado sino en virtud de Ley anterior al delito, mediante sentencia de Tribunal competente y previa audiencia y defensa del interesado.

Art. 20. Ningún español podrá ser privado de su nacionalidad sino por delito de traición, definido en las Leyes penales, o por entrar al servicio de las armas o ejercer cargo público en país extranjero contra la prohibición expresa del Jefe del Estado.

Art. 21. Los españoles podrán dirigir individualmente peticiones al Jefe del Estado, a las Cortes y a las Autoridades.

Las Corporaciones, funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas e Institutos armados sólo podrán ejercitar este derecho de acuerdo con las disposiciones por que se rijan.

Capítulo II

Art. 22. El Estado reconoce y ampara a la familia como institución natural y fundamento de la sociedad, con derechos y deberes anteriores y superiores a toda ley humana positiva.

El matrimonio será uno e indisoluble.

El Estado protegerá especialmente a las familias numerosas.

Art. 23. Los padres están obligados a alimentar, educar e instruir a sus hijos. El Estado suspenderá el ejercicio de la patria potestad o privará de ella a los que no la ejerzan dignamente, y transferirá la guarda y educación de los menores a quienes por Ley corresponda.

Capítulo III

Art. 24. Todos los españoles tienen derecho al trabajo y el deber de ocuparse en alguna actividad socialmente útil.

Art. 25. El trabajo, por su condición esencialmente humana, no puede ser relegado al concepto material de mercancía, ni ser objeto de transacción alguna incompatible con la dignidad personal del que lo presta. Constituye por sí atributo de honor y título suficiente para exigir tutela y asistencia del Estado.

Art. 26. El Estado reconoce en la Empresa una comunidad de aportaciones de la técnica, la mano de obra y el capital en sus diversas formas, y proclama, por consecuencia, el derecho de estos elementos a participar en los beneficios.

El Estado cuidará de que las relaciones entre ellos se mantengan dentro de la más estricta equidad y en una jerarquía que subordine los valores económicos a los de categoría humana, al interés de la Nación y a las exigencias del bien común.

Art. 27. Todos los trabajadores serán amparados por el Estado en su derecho a una retribución justa y suficiente, cuando menos, para proporcionar a ellos y a sus familias el bienestar que les permita una vida moral y digna.

Art. 28. El Estado español garantiza a los trabajadores la seguridad de amparo en el infortunio y les reconoce el derecho a la asistencia en los casos de vejez, muerte, enfermedad, maternidad, accidentes del trabajo, invalidez, paro forzoso y demás riesgos que pueden ser objeto de seguro social.

Art. 29. El Estado mantendrá instituciones de asistencia y amparará y propulsará las creadas por la Iglesia, las Corporaciones y los particulares.

Art 30. La propiedad privada como medio natural para el cumplimiento de los fines individuales, familiares y sociales, es reconocida y amparada por el Estado.

Todas las formas de propiedad quedan subordinadas a las necesidades de la Nación y al bien común.

La riqueza no podrá permanecer inactiva, ser destruida indebidamente ni aplicada a fines ilícitos.

Art. 31. El Estado facilitará a todos los españoles el acceso a las formas de propiedad más íntimamente ligadas a la persona humana: hogar familiar, heredad, útiles de trabajo y bienes de uso cotidiano.

Art. 32. En ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes.

Nadie podrá ser expropiado sino por causa de utilidad pública o interés social, previa la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las Leyes.

TITULO II

DEL EJERCICIO Y GARANTIA DE LOS DERECHOS

Art. 33. El ejercicio de los derechos que se reconocen en este Fuero no podrá atentar a la unidad espiritual, nacional y social de España.

Art. 34. Las Cortes votarán las Leyes necesarias para el ejercicio de los derechos reconocidos en este Fuero.

Art. 35. La vigencia de los artículos doce, trece, catorce, quince, dieciséis y dieciocho podrá ser temporalmente suspendida por el Gobierno total o parcialmente mediante Decreto ley, que taxativamente determine el alcance y duración de la medida.

Art. 36. Toda violación que se cometiere contra cualquiera de los derechos proclamados en este Fuero será sancionada por las Leyes, las cuales determinarán las acciones que para su defensa y garantía podrán ser utilizadas ante las jurisdicciones en cada caso competentes.

uó hasta 1973, respondiendo en cierto modo al esquema propuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): energía barata, precios favorables en alimentos y materias primas, reservas de mano de obra barata procedente del sector primario, aumento de la población activa y expansión del mercado internacional.

ETAPAS DEL RÉGIMEN DEL FRANCO

El NUEVO ESTADO:

El 1 de octubre, durante la celebración de la ceremonia de investidura en la gran de la capitanía general de Burgos, Franco pronunció un discurso en el que expresaba su voluntad de organizar el país según el modelo propuesto por la propaganda fascista, y recogido en España por la Falange.

Esbozó los temas clásicos: fin de la lucha de clases, estado jerárquico y totalitario, corporativismo, estado como valor supremo, etc. El estado de nueva planta se configuró entorno a tres puntales básicos. La Falange Española Tradicionalista y de las JONS, que tras el decreto del 19 de abril de 1937, quedaba constituida como partido único, en el que se reunían las diferentes corrientes antagónicas(falangistas y carlistas) anulándose mutuamente, y del que Franco sería el jefe.

Franco utilizó este movimiento, que no tenía proyectos políticos precisos, y cuya cabeza visible, José Antonio, había desaparecido, contra los monárquicos, de ambiciones definidas y peligrosas para su poder personal. La carta suscrita el 1 de febrero de 1937 por casi toda la totalidad del episcopado español convertiría la guerra de los nacionalistas en una “cruzada”. El apoyo de la Iglesia, que se acentuó a partir de octubre con el establecimiento de relaciones diplomáticas con el Vaticano, vino a reforzar ideológicamente la postura del nuevo régimen. Y con la promulgación, un año más tarde, del Fuero del Trabajo, se configuraron los sindicatos verticales, controlados por la Falange. Se sentaban así las bases de una democracia orgánica, que se ofrecía como alternativa a las democracias liberales, consideradas como caducas. El 1 de febrero se constituyó el nuevo gobierno, con sede en Salamanca. El personaje central era Serrano Súñer, ministro de gobernación y también de Prensa y Propaganda, y ardiente partidario de la línea política de Hitler. El 19 de julio de 1938, un decreto otorgó al generalísimo la dignidad, que hasta entonces solo habían tenido los reyes de España, de capitán general de ejército y de la marina.

LA PROSGUERRA: 1939-1945

La toma de Barcelona (26 de enero de 1939) y la caída de Madrid (28 de marzo de 1939) supusieron el final de una guerra que había durado tres años y el triunfo definitivo del ejército franquista sobre el gobierno republicano. Se inició así un período de fuerte represión ejercida contra todo el antiguo sector republicano, cuyos detalles han sido muy controvertidos. Al margen de las estimaciones más o menos exactas sobre el número de detenciones y ejecuciones perpetradas en los años inmediatamente posteriores al fin de la guerra, existen unos datos más totalmente ciertos: se llevó a cabo una amplia “operación de limpieza” contra todo individuo susceptible de hostilidad al nuevo régimen, que, junto con la huida masiva hacia el exilio, de todos aquellos que estaban más seriamente comprometidos en la guerra, acabó de diezmar la población española.

Las elevadas pérdidas en vidas humanas supusieron un gran descenso de la población activa, y por lo tanto de la producción nacional. La situación del campo y de la producción industrial era desastrosa. Cundieron la miseria y el hambre en las zonas agrícolas y urbanas. El gobierno era impotente para hallar una solución rápida al problema. Durante eso años, se levó a cabo el montaje del mito de Franco “Caudillo de España por la gracia de Dios”, como salvador de la patria y el único jefe posible para la evolución pacífica. Mito que perduraría durante todo su mandato y le conferiría una aureola enigmática, de mezcla de jefe carismático y monarca medieval.

Un mito propiciado además por una situación concreta, en el personaje de Franco se convirtió en el punto de central de un conflicto de intereses entre diferentes fuerzas que él supuso utilizar a su favor, enfrentándolas entre sí. La política exterior, el régimen franquista se encontraba en verano de 1939 ante una contradicción difícil de resolver, ya que dependía de la correlación de fuerzas entre el Eje y las potencias democráticas. Durante la entrevista con el conde Ciano, cuando éste acudió a España, Franco confirmó su intención de acercarse cada vez más al eje Roma - Berlín, esperando identificarse con el sistema político de los países totalitarios, pero estimaba necesario un período de paz de por lo menos cinco años, para rehacerse. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Hitler presionaría para obtener de España un trato de favor y colaboración en las actividades militares. En este sentido, la entrevista de Hendaya entre Hitler y Franco supuso la ratificación de la postura de “no beligerancia” por parte de España, dado que sus intereses por los territorios coloniales franceses en África no fueron satisfechos y ,por otra parte, dada la extrema precariedad de la economía española.

A partir del año 1942, se fue produciendo un paulatino cambio en la situación a medida que se evidenciaban las dificultades de triunfo del nazismo. Con el fin de reforzar su situación en el interior, de cara a los monárquicos, que se consideraban como la solución de repuesto en caso de derrota de las fuerzas totalitarias, Franco se vio obligado a evolucionar hacia una postura más cercana a los aliados. La nueva etapa de desligamiento de las potencias del Eje, caracterizada por los intentos de desvincular la Falange de todas sus ataduras con la Italia del Duce, por la adopción de la fórmula “neutralidad” como sustituto de la “no beligerancia” y por la retirada de la División Azul del frente soviético, repercutió en un aumento, en detrimento del falangismo, de las ventajas otorgadas a la Iglesia católica. Así, el franquismo se apartó de la característica de los regímenes fascistas, siempre preocupados por darse una base de masa entre los jóvenes( la enseñanza a todos los niveles se confió al control de las autoridades religiosas), para configurarse como una forma extrema de reacción tradicional española, que utilizó, a causa de época y de las circunstancias, ciertos aspectos del fascismo.

DE LA AUTARQUÍA A LA ESTABILIZACIÓN: (1945 - 1960)

La capitulación de Alemania (8 de mayo de 1.945), colocó al franquismo en uno de sus momentos más difíciles, dada su vinculación a las potencias derrotadas. Una resolución de la asamblea general de las naciones Unidas (13 de diciembre de 1.946), condenó al régimen establecido por Franco, al tiempo que recomendaba a las naciones miembros de la organización la retirada de sus embajadas de Madrid. La respuesta internacional a esta nueva situación tuvo dos sentidos. Se desarrolló una intensa campaña nacionalista, que venía a justificar ideológicamente la política autárquica que el régimen se vio obligado a seguir. Dado el colapso del comercio exterior, se trataba de lograr el más alto grado de autoabastecimiento posible. Mediante las leyes de protección, fomento, ordenación y defensa de la industria nacional se protegió la producción en España de toda una amplia gama de productos (fertilizantes nitrogenados, celulosa, fibras sintéticas, fármacos, etc.) que antes se importaban del extranjero. Para soslayar la previsible incapacidad de la iniciativa privada, se creó el Instituto Nacional de Industria (INI), ente estatal cuya función sería promover empresas en las más diferentes ramas de producción: carburantes, líquidos, electricidad, minería, aluminio, textiles, siderurgia, etc. Este conjunto de leyes ofreció el marco general para la industrialización durante el periodo 1.931 - 1.951, dentro de un proceso que tropezó con graves dificultades de escasez de bienes de equipo, de materias primas y de energía. Sin embargo no se logró una expansión importante en la producción industrial, dada la escasez de importaciones para reponer el equipo industrial y de transportes para normalizar los stocks de materias primas. La imposibilidad de entrar en el mecanismo del Plan Marshall, que durante esta época beneficiaba a toda Europa, relegó a España a una larga posguerra de escasez.

Sin embargo a pesar de la intensa campaña nacionalista, fue necesario poner en marcha una operación de remozamiento tendente a liquidar la simbología fascista. En julio de 1.945 se promulgó el Fuero de los Españoles, en un intento de transformar la imagen del régimen. En él se reconocían todos los derechos individuales, pero sin garantizar, de hecho, ninguno. El 1 de abril de 1.947, el Caudillo anunció un proyecto de ley de sucesión, que tenía que ser aprobado por referéndum nacional. En dicho proyecto se establecía que España era un reino cuya dirección correspondía al Caudillo. En él recaería la composición de un Consejo del Reino encargado de limitar los poderes del futuro soberano, y el derecho de proponer a las Cortes su sucesor a título de rey o de regente, o en su defecto un consejo de regencia. El referéndum se celebró el 6 de julio. Fue aprobado y se proclamó el día 20 de julio. En cuanto al gobierno, se procedió al nombramiento de un nuevo gabinete, con fuerte participación de los propagandistas de acción Católica, en detrimento de los falangistas. Pero también se extremó la dureza represiva contra los intentos de la oposición clásica de izquierdas, que, alentada por los resultados de la guerra mundial, desarrollaba la táctica de la guerrilla.

Pero el periodo de aislamiento total debido al aislamiento económico no fue muy largo. La postura anticomunista mantenida por Franco durante los años anteriores se convirtió en un lugar de encuentro con las potencias occidentales, que permitió la reanudación del diálogo. En 1.950, el Congreso de Estados Unidos votó una enmienda a la ley de atribución de créditos, autorizando la apertura de créditos para España. Se abría así un amplio periodo de ayuda económica por aparte de estados Unidos, que se concretó básicamente en importaciones de comestibles y materias primas. Este tipo de ayuda sirvió para paliar la escasez de alimentos y para terminar con el racionamiento que había durado 13 años. Por otro lado, el despertar de la combatividad a nivel de masas demostró que era imposible continuar con la política de autarquía, que a la postre solo podía conducir a un estrangulamiento de la economía. El 1 de marzo de 1.951, el boicot general a los tanvñias de Barcelona, para protestar por la subida de las tarifas, sorprendió al régimen. El alcalde Barcelona tuvo que dimitir y se suspendieron las nuevas tarifas. Era la primera vez, después de la guerra civil, que se producía un verdadera movimiento de masa, y lograba triunfar.

La incipiente recuperación provocó el éxodo masivo del campo a la ciudad. La miseria en el campo no permitía subsistir a sus habitantes, mientras que en las ciudades, los centros industriales prosperaban gracias a las inversiones extranjeras, y se convertían en focos de atracción de mano de obra barata. La firma del Concordato con la Santa Sede (Agosto de 1.953) y los tratados de defensa militar y ayuda económica entre Estados Unidos y España (pacto de Madrid, 26 de septiembre de 1.953) confirmaron la nueva trayectoria de normalización respecto al extranjero. En adelante, España se convertiría en una zona protegida por Estados Unidos, a cambio de la cesión de territorios para la instalación de bases militares norteamericanas.

Pero en 1.956, cuando los primeros efectos de la ayuda norteamericana empezaron a disminuir, se planteó una nueva crisis. Se produjo una vasta oleada de huelgas en el País Vasco y Cataluña, así como los primeros desórdenes estudiantiles en Madrid, que dieron lugar a la dimisión de Ruiz Giménez como ministro de Educación. El origen estaba en una situación económica catastrófica, debido a la inflación y al gran déficit de la balanza de pagos. El valor de la moneda descendió vertiginosamente; la subida de precios acentuó las desigualdades sociales y la degradación de las condiciones de vida. Para superar esta crisis se imponía abandonar el dirigismo y el burocratismo antártico, a favor de una economía libre de mercado para impedir el anquilosamiento económico y el aislamiento de las instituciones internacionales.

A esta época correspondió la ofensiva del Opus Dei como tercera fuerza política. Esta tendencia criticaba los sectores católicos opuestos a la línea de excesiva vinculación al franquismo seguida por la Iglesia, así como a los falangistas de izquierda y a los sindicalistas. Defendía un programa en el que se pedía la restauración de la monarquía, el control de los gastos públicos, una reorganización administrativa y la afirmación de las libertades económicas. En febrero de 1.957, después de dos meses de desórdenes estudiantiles, se produjo un importante cambio ministerial. Desaparecieron los ministros falangistas doctrinarios, se otorgaron seis ministerios a militares y se dio entrada a un grupo de tecnócratas vinculados al Opus Dei, que pasaron a controlar la orientación económica del país. Propusieron un proyecto coherente, que contaba con el apoyo de todos los bancos, y que significaba la salida de la autarquía. El plan de estabilización incluía medidas en todos los sectores, para sanear la economía en vistas a la integración en el capitalismo europeo. Se unificaron os cambios de moneda, se elaboró una nueva reglamentación fiscal, se decidió congelar los salarios y los sueldos de los funcionarios y se aumentaron las tasas de descuento bancario.

DE LA ESTABILIZACIÓN AL DESARROLLO: 1.960 - 1.970.

Las consecuencias del plan de estabilización no se hicieron esperar. El aumento del nivel de vida y la desvalorización de la peseta atrajeron a millones de turistas, que aportaban reservas de divisas al país. Se consiguió aumentar las exportaciones, reequilibrar las balanza de pagos y aumentar la producción.

Los efectos del plan fueron inmediatos, y en muchos casos realmente alentadores. Pero, en el interior, la contención de la inflación produjo una disminución de la actividad económica, más pronunciada en los sectores que ya experimentaban dificultades antes de ponerse en ejecución el plan (minería del carbón, industrias de construcción, de maquinaria, industria textil y papelera).

Lo mismo sucedió en el mercado del trabajo. El estancamiento debido a las medidas deflacionarias determinó que aumentara el paro, al tiempo que la disminución de remuneraciones complementarias del salario (horas extraordinarias y pluses) significó disminuciones en los ingresos de hasta un 50 %. La disminución del consumo determinó que algunas empresas se vieran obligadas a cerrar, y se aceleró el proceso de concentración economiza. El excedente de mano de obra tuvo que iniciar la emigración al extranjero, especialmente a Alemania, con la que se firmó un convenio de emigración.

El año 1.962 marcó el momento del gran despegue industrial. El nuevo equipo gubernamental, que contaría por primera vez con un vicepresidente, dio entrada junto a los técnicos del Opus Dei, a una nueva generaci´pon franquista, con un nuevo estilo, hecho de competencia y de habilidad. Fraga Iribarne presentó a la prensa las intenciones del nuevo gobierno: La fundamental sería la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Económico de la nación. Asimismo se permitiría una cierta liberalización, en el marco del régimen; o sea, a condición de no ser impugnado o atacado, el régimen aceptaría la oposición.

En septiembre de 1.963, se renovó por cinco años el tratado Madrid-Washington. El nuevo acuerdo constituía una garantía de su unidad interior, al tiempo que España se convertía en un elemento decisivo de la red estratégica americana.

El Plan de desarrollo entró en vigor el 1 de enero de 1.964, para el periodo 1.964 - 1.967. Preveía la creación de polos de promoción (en Burgos y Huelva), de Polos de Desarrollo (La Coruña, Zaragoza, Sevilla, Valladolid y Vigo) y de polígonos de descentralización industrial sin límite ni número.

Durante los años siguientes a 1.966 se desarrolló una gran ofensiva de la oposición, que, pese a la represión, adquirió una amplitud sin límites. En el País Vasco surgieron ininterrumpidamente movimientos de protesta que exigían, a nivel político, las libertades básicas y, a nivel sindical, se dirigían contra el aumento del coste de la vida. El asesinato del jefe de la brigada político - social de la policía de Guipúzcoa dio lugar a un consejo de guerra contra los 16 militantes de ETA, acusados del hecho; nueve de ellos fueron condenados a muerte. La reacción no se hizo esperar, y alcanzó tales proporciones que Franco indultó a los condenados a muerte, conmutándoles la pena capital por 30 años de reclusión mayor. Este proceso de tensión culminó con el decreto de estado de excepción de toda España (enero - 1.969), por 1ª vez tras la guerra civil. El motivo vino por un incidente en la Universidad de Barcelona, en el curso del cual los estudiantes en su protesta contra el rector, arrojaron a la calle un busto de Franco y quemaron la bandera nacional.

Dentro de esta época de tensiones, la designación de un sucesor en la persona de don Juan Carlos (22 de julio de 1.969) venía a ser la culminación de otro proceso que se había iniciado dos años antes con la destitución de Muñoz Grandes.

1.970 - 1.975

El equipo de López Rodó, junto con Carrero Blanco, pretendía instaurar las bases de un nuevo tipo de sociedad franquista, en la que, gracias al desarrollo económico y al bienestar, se consiguiera mantener el orden, sin necesidad de los antiguos medios represivos. Se trataba de que la oposición fuera aplastada por la misma mecánica social.

Pero la subida de precios y el coste de la vida ponía de relieve una intensificación de las tendencias inflacionistas. El segundo Plan de desarrollo (octubre de 1.968) preveía una mayor coordinación y una rigurosa selección de las inversiones. Pero no afrontaba la necesidad de modificaciones estructurales. Por otra parte, existía un serio obstáculo que frenaba estas transformaciones: el poder político estaba ligado a los grandes propietarios, que se negaban a plantear una reforma fiscal, y rechazaban cualquier imposición sobre el sector privado.

Estos condicionantes determinaron que el último periodo franquista fuera sumamente agitado. Se inició con el estallido del escándalo MATESA: se hizo la luz pública sobre un asunto de presunta estafa a gran escala, sobre el que tenían responsabilidad directa algunos ministros; las cifras se estimaban en miles de millones de pesetas. El ministerio de Información permitió cualquier tipo de investigación periodística, y los ministros para asuntos económicos presentaron su dimisión. El nuevo impulso dinámico y europeísta que el ministro López Bravo quiso imponer al equipo gubernamental se vio seriamente comprometido con el malestar creado con la nueva oleada terrorista.

El 20 de diciembre de 1.973, un comando terrorista provocó una tremenda explosión que daría muerte al almirante Carrero Blanco. Este golpe insólito y de incalculable repercusión política daría un giro definitivo a la situación. Torcuato Fernández Miranda asumió interinamente la presidencia del gobierno, hasta que franco nombró nuevo presidente, el hasta entonces ministro de gobernación Arias Navarro. El 12 de febrero, ante el pleno de las Cortes, pronunció un discurso que pretendía marcar una nueva época en la política nacional. Suponía una invitación a todos los sectores políticos a participar en una evolución hacia la democratización desde dentro del sistema. Los sectores reaccionarios libraron una dura lucha contra el proceso de apertura.

La crisis planteada por la autorización de una homilía por el Obispo de Bilbao, monseñor Añoveros, con la orden de exilio dictada contra él, dio lugar a un enfrentamiento gravisimo con la Iglesia, que amenazó con la excomunión de los responsables del gobierno.

Un atentado terrorista en la calle del Correo, de Madrid, junto a la Dirección General de Seguridad, sumió al país en el desconcierto dados los orígenes confusos de la filiación política de los ejecutores.

Finalmente, Franco, aquejado por un ataque de tromboflebitis, tuvo que ser ingresado en una clínica de Madrid, y firmó la cesión de poderes en interinidad para el príncipe Juan Carlos. Poco después, restablecido, reasumió el poder. Sin embargo, dado que la salud de Franco era precaria, se hacía evidente que su mandato ya no podía prolongarse mucho. Se imponía la necesidad de una transformación política, para asegurar la transición, una vez desaparecido Franco.

La oposición se reorganizó durante este periodo, y por primera vez se llegó a la formación de una plataforma de consenso en la Junta Democrática (París 1.974), por otra parte los frentes de acción terrorista (el FRAP en Madrid y Cataluña, la ETA en el País Vasco) perseveraban en su línea de enfrentamiento al régimen. La oleada de atentados, dirigidos contra las fuerzas del orden, encadenó una lista de muertes sin precedentes en los últimos tiempos. Una amplia operación represiva logró desarticular a comandos de ETA y FRAP. Se incoaron varios consejos de guerra contra los principales detenidos y se dictaron once condenas a muerte, de las cuales seis fueron indultadas. Los otros cinco condenados fueron ejecutados el 27 de septiembre de 1.975 en Madrid, Barcelona y Burgos.

Se produjo una violenta reacción europea con manifestaciones de protesta a todos los niveles. Era la máxima oleada de repulsa desde el bloqueo diplomático de la ONU, y se acabó por desvirtuar totalmente la validez del llamado proceso de apertura.

El 20 de noviembre de 1.975. tras una dolorosa agonía de cinco semanas murió Francisco Franco, en la residencia sanitaria La Paz en Madrid. Sus restos descansan en el Valle de los Caídos.

Terminaba así un periodo de la historia de España, fuertemente marcado por la personalidad de un hombre que supo mantenerse en el poder a pesar de las corrientes políticas antiautoritarias que caracterizan la segunda mitad del siglo XX.