Derecho Civil de Catalunya

DERECHO CIVIL CATALÁN

I. INTRODUCCIÓN

TEMA 1 EL ORDENAMIENTO CIVIL CATALÁN.

ANTECEDENTES

La formación del derecho civil catalán va muy unida a los acontecimientos histórico-políticos que han tenido lugar en Cataluña.

Merece la pena destacar los siguientes antecedentes:

1) Durante los siglos VIII a X rigió en Cataluña el Liber Iudiciorum.

2) Durante los siglos XI y XII tuvieron lugar importantes acontecimientos en Cataluña: la aparición del feudalismo y la unión de Cataluña y Aragón, con lo que en esta época progresivamente dejó de aplicarse el Liber, con lo que con la promulgación de los Usatges comenzaron a aplicarse éstos, que surgieron por la necesidad de que se creara un derecho nuevo, pues el Liber había quedado desfasado, porque aparecen nuevas situaciones, realidades a las que el Liber no daba solución.

3) Durante los siglos XIII y XIV se produce el apogeo de la Corona de Aragón y tiene lugar su expansión mediterránea, sobretodo a partir de Jaime I.

Las fuentes del derecho en esta época son:

a) La legislación emanada de Cortes, que según de quien surgiera la iniciativa legislativa se distinguía entre, Constitucions y Capítols de Corts.

En las Constitucions la iniciativa procedía del monarca, y en los Capítols a algunos de los estamentos que formaban la Corte (clero, nobleza o pueblo).

b) Legislación real, que procedía del monarca y recibía distintos nombres (pragmáticas, sentencias arbitrales, privilegios).

c) El “ius comune” que venía a cubrir los vacíos que tenía la legislación nacional, y que estaba formado por:

- El derecho romano. Textos del Digesto y del Codex.

- El derecho canónico. Inicialmente se compuso de costumbres y tradiciones eclesiásticas y posteriormente de textos legales como el Decreto de Graciano o las Decretales.

- El derecho feudal. Contenido fundamentalmente en el Libri feudorum.

- La doctrina de los comentaristas elaborada en torno a los textos legales.

d) Colecciones de costumbres. Destacan:

- Costumbres de Lérida.

- Llibre de Costums de Tortosa.

- El derecho local de Barcelona, cuyos libros más importantes fueron: “Recognoverunt próceres” y “Ordinacions de Sanctacilia.

- El derecho local de Gerona.

- Las costumbres de los valles pirenaicos.

e) El llibre del Consolat del Mar, en el que se regula el derecho marítimo y que tuvo una gran importancia dada la expansión catalana por el mediterráneo.

4) En el siglo XV las características más importantes de la producción del derecho pueden concretarse en la progresiva importancia que adquiere la legislación emanada de Cortes y por el monarca, y e el inicio de la debilitación de los derechos locales, y además adquiere una gran importancia el ius comune, lo que hizo necesario una recopilación, con lo que la primera Recopilación de derecho civil catalán se promulgó en el año 1495.

5) Siglos XVI y XVII. Debido a las sucesivas crisis por las que pasó Cataluña y que acabaron con la guerra conocida por “Guerra dels segadors”, Cataluña se empobrece y aquella hegemonía mercantil del mediterráneo fue disminuyendo, por lo que hubo una incidencia en la producción del derecho en esta época hasta el Decreto de Nueva Planta, que se caracteriza porque cada vez es más escasa la legislación de Cortes y menor la importancia de los derechos locales, y por otro lado, en que va tomando auge la doctrina jurisprudencial y la doctrina científica, de la que se dice que tiene su mayor esplendor en este período, con autores como Jaime Cáncer y Fontanella.

Hay que destacar también que en 1588-1589 se hace una segunda Recopilación de la s leyes de Cataluña, con lo que se pretende poner al día la legislación suprimiendo las normas que habían quedado derogadas.

En una Constitución de 1599 se estableció el orden de prelación de las fuentes del ordenamiento jurídico catalán que prácticamente duró hasta la Compilación de 1960.

Poco antes del Decreto de Nueva Planta se hace una tercera Recopilación de la que se dice que es la definitiva recopilación de las leyes catalanas, es decir, de las disposiciones que formaban las “Constitucions i altres drets de Catalunya” que se finalizó en 1704. Consistió en una revisión de la anterior e incorporó las pocas disposiciones dictadas por las Cortes, y sobretodo, se incluyó la Constitución de 1599. Esta recopilación estuvo en vigor hasta que se promulgó la Compilación de 1960.

6) Siglo XVIII. La rendición de Barcelona el 11 de setiembre de 1714 en la guerra de sucesión española comportó la inmediata abolición del régimen político catalán. En Cataluña se impuso el Decreto de Nueva Planta de 16 de enero de 1716, de Felipe V, que en el ámbito del derecho catalán, éste, se vio privado de sus fuentes de producción y progresivamente se produjo la desaparición del derecho civil catalán y su sustitución por el derecho castellano (el Decreto de Nueva Planta afectó a la organización político administrativa de Cataluña).

En materia de Administración de Justicia estaba todo muy centralizado, los jueces que ejercían en Cataluña eran castellanos y no conocían el derecho catalán y por lo tanto no lo aplicaban.

Además, se dictaron leyes por parte del poder legislativo central, referidas exclusivamente a Cataluña, y algunas de ellas, lo que hacían era extender a Cataluña la aplicación de otras leyes que se habían dictado para Castilla.

7) Siglo XIX, es la época de la Codificación en la que predominó el ideal de elaborar un solo Código de leyes civiles.

Esta es una idea que se manifiesta en las Constituciones del siglo XIX.

El Código Civil se elaboró partiendo de una Ley de Bases (11-7-88). En esa Ley a los derechos forales se hacía alusión en los artículos:

Artículo 6 de la Ley de Bases:

“ El Gobierno, oyendo a la Comisión de Códigos, presentará a las Cortes un uno o varios proyectos de ley los apéndices del Código Civil, en los que se contengan las instituciones forales que conviene conservar en cada una de las provincias o territorios donde hoy existen”.

Artículo 7 de la Ley de Bases: Hace referencia a la forma de disposición de los derechos forales de determinadas provincias e instrucciones para la aplicación de los derechos forales (es largo).

Hay que fijarse en la palabra apéndices del artículo 6.

Se encomendó a juristas de las distintas regiones forales que se redactaran proyectos de ley en los que se contuvieran los apéndices correspondientes.

Este sistema no tuvo éxito porque los apéndices se presentaban como leyes especiales, accesorias o meramente complementarias del Código Civil y no en pie de igualdad con respecto de éste.

8) Siglo XX. Existe un nuevo planteamiento del tema de los derechos forales a partir de la Constitución de 1931 (II República). Sobre la base de esta Constitución se reconocía autonomía a las regiones forales.

Ese reconocimiento de los derechos políticos provocó la posibilidad de que el derecho civil catalán se desarrollara. Se recogía esta posibilidad en el Estatuto de Autonomía de 1932.

Tuvo importancia la creación del Tribunal de Casación, mediante Ley de 12 de marzo de 1934, pues muchas de sus sentencias sirvieron de base a los compiladores para redactar la Compilación de 1960.

Una ley de 8 de setiembre de 1939 dejó sin efecto todas las leyes emanadas del Parlamento catalán y la doctrina del Tribunal de Casación, por lo que tuvieron que dejar de aplicarse, restableciéndose en su integridad el derecho existente al promulgarse el Estatuto de Autonomía.

Así las cosas, en 1944 el Consejo de Estudios de Derecho Aragonés promovió la celebración en Zaragoza de un Congreso Nacional de Derecho Civil, que autorizado por el Ministerio de Justicia se celebró en 1946.

Su finalidad fue la de solucionar definitivamente el problema de la coexistencia de los denominados derechos civiles forales con el Código Civil con el fin de evitar la desaparición de éstos.

Su principal consecuencia fue la promulgación del Decreto de 23 de mayo de 1947. Este decreto puso en vigor el sistema de compilaciones dejando de lado el de los apéndices, y además se crearon las Comisiones de Juristas para el estudio y ordenación de los derechos forales.

La Comisión de Juristas catalanes acordó en el Acta de su constitución, de 8 de marzo de 1948, tomar como base el Proyecto de Apéndice de 1930.

La Compilación del Derecho Civil Especial de Cataluña se promulgo por la Ley 40/1960, de 21 de julio.

La Constitución de 1978 consagra la tradicional pluralidad en materia civil existente en España estableciendo un sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Esa distribución se hace sobre la base del reparto de materias entre las Cortes Generales y los Parlamentos autonómicos. Este sistema está establecido en el:

Artículo 149.1.8 de la Constitución Española:

“ El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

8ª. Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan.

(El resto del artículo se refiere a las reglas de aplicación de la legislación civil).

que viene a coincidir con el:

Artícle 9.2 de l'Estatut d'Autonomia:

“ La Generalitat de catalunya té competència exclusiva sobre les matéries següents:

2. Conservació, modificació i desenvolupament del dret civil catalá.

Con fundamento en ello se concluye lo siguiente:

a) La Constitución Española abandona de forma definitiva la política de elaborar un Código Civil único.

b) Las Comunidades Autónomas que tienen competencia en materia civil son:

Galicia, País Vasco, Aragón, Navarra, Baleares y Cataluña.

c) El derecho civil catalán no es un derecho civil especial o marginal, sino que tiene la misma consideración constitucional que el resto de los ordenamientos civiles españoles y concretamente la misma consideración que el Código Civil (están en pie de igualdad).

Partiendo del artículo 149.1.8 de la C.E. (visto atrás), hay que distinguir entre el alcance de las competencias civiles de las Comunidades Autónomas con el derecho civil propio y el alcance de las competencias exclusivas del Estado:

Alcance de las competencia en materia civil de las Comunidades Autónomas con derecho civil propio

El artículo 149.1.8 del C.E. utiliza la siguiente expresión: sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan.

Con esta expresión se atribuye sin perjuicio se atribuye a las Comunidades Autónomas la posibilidad de conservar, modificar y desarrollar el derecho civil propio.

La interpretación de estas expresiones la formula el Tribunal Constitucional en la STC 88/93 de 12 de marzo, confirmada ésta por la STC 156/93 de 6 de mayo.

Conservar quiere decir mantener el derecho vigente hasta el momento de la entrada en vigor de la Constitución Española lo que comporta la integración de la leyes reguladoras de las instituciones propias del derecho autonómico y la formalización de las costumbres efectivamente vigentes en el ámbito territorial de que se trate.

Modificar quiere decir, poder cambiar esta legislación.

Desarrollar significa que la legislación vigente hasta la Constitución Española puede crecer mediante una acción legislativa, lo que es posible mediante la asunción de competencias por parte de las Comunidades Autónomas.

Es esta última competencia la que ofrece más problemas porque la Constitución Española no precisa el alcance material de las competencias de las Comunidades Autónomas en materia civil, sino que lo hace forma negativa atribuyendo determinadas materias concretas al Estado.

Ahora bien, la STC 12/93 considera que no ha de existir un crecimiento ilimitado del derecho autonómico sino que esta limitado por los principios informadores peculiares del derecho local de que se trate y admite que las Comunidades Autónomas pueden regular instituciones conexas con las ya reguladas en la compilación actualizada o inundando su contenido conforme a los principios informadores del derecho foral.

Alcance de las competencias exclusivas del Estado

Las materias sobre las que el Estado tiene competencia exclusiva son:

1) La aplicación de la reglas relativas a la eficacia de las normas jurídicas, dentro de éstas se incluyen las normas de interpretación, (STC 83/86 de 26 de junio).

2) Las relaciones jurídico-civiles relativas a la forma del matrimonio, pero la reglamentación sobre las relaciones patrimoniales corresponde a las Comunidades Autónomas que tengan derecho civil propio.

3) Ordenación de los Registros e instrumentos públicos.

El Tribunal Constitucional ha reconocido la competencia de la Generalitat de Catalunya para regular el uso del catalán en las escrituras públicas, según STC 74/89 de 29 de abril.

4) Bases de la obligaciones contractuales.

Es una competencia discutida porque no existe una ley de bases sobre esto, pero parece que cuando se habla de esto se está haciendo referencia a que es competencia exclusiva del Estado establecer los principios que podrán ser luego desarrollados por los respectivos Parlamentos.

5) Las normas para resolver los conflictos de leyes, y aquí se incluyen tanto las normas reguladoras para resolver los conflictos en el ámbito del derecho internacional como los posibles conflictos interregionales.

En el contexto político y social propiciado por la Constitución Española se han promulgado en Cataluña varias leyes sobre materias específicas, el Código de Familia y el de Sucesiones.

Estos Códigos junto con el anunciado Código de Derecho Patrimonial están llamados a integrarse en el que ha de ser el futuro Código Civil de Cataluña.

Hay que tener en cuenta que aunque se llegue a elaborar nunca se regularán en él todas las materias propias del derecho civil.

FUENTES DEL DERECHO CIVIL CATALÁN:

INTERPRETACIÓN E INTEGRACIÓN

Competencia exclusiva del Estado es la determinación de las fuentes del derecho con respeto a las normas de derecho foral especial, por lo tanto, las Comunidades Autónomas pueden decidir cual es su sistema de prelación de fuentes y cuales lo van a ser de un determinado ordenamiento foral lo decidirán ellas.

El sistema de fuentes del Derecho civil catalán resulta de la Compilación en su:

Article 1 de la Compilació:

1. De conformitat amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, les disposicions del Dret Civil de Catalunya regiran amb preferència al Codi Civil i a les altres disposicions d'igual aplicació general.

2. Per tal d'interpretar i integrar aquesta Compilació i les altres normes hom prendrà en consideració les lleis, els costums, la jurisprudència i la doctrina que constitueixen la tradició jurídica catalana, d'acord amb els principis generals que inspiren l'ordenament jurídic de Catalunya.

1) La ley es la principal fuente del Derecho civil catalán.

Solo forman parte del ordenamiento jurídico catalán las leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña, aplicándose el Código Civil solo de forma supletoria.

Los aspectos formales de las leyes catalanas se regulan en la ley 3/82 de 23 de marzo, sobre el Parlament, el President i el Consell Executiu.

Son leyes vigentes en Cataluña entre otras:

a) La Compilación de Derecho Civil catalán, texto refundido aprobado por el Decreto 1/84 de 19 de julio, que ha sido sucesivamente modificado.

b) Ley 1/82, de 3 de marzo, de Fundaciones Privadas y su reglamento.

c) Ley 24/84, de 28 de noviembre, de Contratos de Integración y su reglamento. d) Ley 6/90, de 16 de marzo de Censos.

e) Ley 13/90, de 9 de julio, de la Acción negatoria, las inmisiones, servidumbres y relaciones de vecindad.

f) Ley 22/91 de 29 de noviembre de Garantías posesorias sobre cosa mueble.

g) Ley 37/91, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y la adopción y su reglamento, que ha sido sustituido por lo que ahora hay en el Código de Familia.

h) Ley 40/91, de 30 de diciembre, del Código de Sucesiones.

i) Ley 8/95, de 27 de julio, de atención y protección de los niños y adolescentes.

j) Ley 7/97, de 18 de junio, de Asociaciones y su reglamento.

k) Ley 9/98, de 15 de julio, del Código de Familia.

l) Ley 10/98, de 15 de julio, de Uniones estables de parejas.

m) Ley 19/98, de 28 de diciembre, sobre situaciones convivenciales de ayuda mutua.

2) La costumbre.

Diversas disposiciones reconocen la vigencia de la costumbre como fuente del Derecho civil catalán, por ejemplo, artículos 337 al 339 de la Compilación, el 148 y 149 del Código de Sucesiones, el artículo 3 de la Ley de Contratos de integración.

La:Disposició Final 1ª de la Compilació:Sens perjudici de la competència exclusiva de la Generalitat sobre el Dret Civil Català en relació a la seva conservació, la modificació i el desenvolupament, les normes del Dret Civil de Catalunya, escrit o consuetudinari, principal o supletori, vigents en promulgar-se la Llei estatal 40/1960, de 21 de juliol, resten substituïdes per les que hi són contingudes, sens perjudici de les modificacions introduïdes per la Llei catalana 13/1984, de 20 de març.

dispone el papel de la costumbre como fuente del Derecho. En el ordenamiento jurídico catalán es secundario, porque solo será fuente si la Compilación u otra norma jurídica lo prevé.

Hay que tener en cuenta lo que sobre el derecho local prevé el:

Article 2 de la Compilació:

El dret local, escrit o consuetudinari peculiar d'algunes poblacions o comarques, com són Barcelona, Tortosa o els seus termes, el Camp de Tarragona, el Bisbat de Girona, la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà i la Conca de Tremp, serà observat al mateix territori que d'antic aquelles comprenien, en la part que aquesta Compilació el reculli o s'hi remeti.

Los requisitos para que la costumbre sea considerada fuente del Derecho civil son los mismos que se establecen en el:

Artículo 1.3 del Código Civil.:

3. La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada.

3) Los Principios Generales del Derecho.

Son aquellos cuya existencia se infiere de la debida interpretación de las normas vigentes, por ejemplo, el principio de veracidad biológica en materia de filiación, el principio de prohibición de enriquecimiento injusto, etc.

La aplicación de estos principios se recoge en el artículo 1.2 de la Compilación (visto atrás) y en la:

Disposició Final 4ª de la Compilació:

Conformement al que disposa el article 1 d'aquesta Compilació, sens perjudici de les normes de directa aplicació general, en el que no preveuen les disposicions de Dret Civil de Catalunya regeixen supletòriament els preceptes del Codi Civil i de les altres lleis estatals de càracter civil, en la mesura que no s'oposin a aquelles disposicions o als principis generals que informen l'ordenament jurídic català.

Las funciones que cumplen son básicamente las siguientes:

a) Colmar las lagunas de la ley.

b) Evitar, en consecuencia, la aplicación del derecho supletorio.

c) Limitar la tradición jurídica catalana, ya que no se podrá alegar ésta para interpretar una norma si contradice los Principios Generales del Derecho.

4) La jurisprudencia.

No es una fuente del derecho, sino que conforme al:

Artículo 1.6 del Código Civil:

“ La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho”.

se desprende que complementa el ordenamiento jurídico, y entre otras cosas, unifica las normas.

Hay que distinguir tres tipos de jurisprudencia:

1) La jurisprudencia del Tribunal Supremo, que durante muchos años aplico e interpretó el Derecho civil catalán.

2) La Jurisprudencia del Tribunal de Casación de la II República, que fue creado por ley de 10 de marzo de 1934 y actuó hasta que una ley de 8 de setiembre de 1939 dispuso que quedasen sin efectos las doctrinas emanadas del mismo.

Hay que tener en cuenta la:

Disposició Final 2ª de la Compilació:

La doctrina jurisprudencial del Tribunal de Cassació de Catalunya, en màteria de Dret Civil Català, no modificada por aquesta Compilació o altres lleis, forma part de la tradició jurídica catalana i pot ésser invocada com a doctrina legal als efectes del recurs de cassació.

3) La jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que culmina la organización judicial en el ámbito de la Comunidad autónoma catalana, siendo el complemento lógico y natural de la atribución de competencia legislativa a dicha Comunidad.

La competencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, conforme al:

Article 19 de l'Estatut d'Autonomia:

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el qual s'integrarà l'actual Audiència Territorial de Barcelona, es l'òrgan jurisdiccional en el què culminarà l'organització judicial en el seu àmbit territorial i davant el qual s'esgotaran les succesives instàncies processals, en els termes de l'article 152 de la Constitució i d'acord amb el present Estatut

alcanza los recursos de casación y revisión en materia de Derecho civil catalán, y además conforme al:

Article 20.1.e de l'Estatut d'Autonomia:

1. La competència dels òrgans jurisdiccionals a Catalunya s'estén:

e) Als recursos sobre qualificació de documents referents al dret privatiu català que hauran de tenir accés als Registres de la Propietat.

el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también tiene competencia para resolver los recursos sobre calificación de documentos.

La interpretación: Hay que partir del:

Article 1.2 de la Compilació:

2. Per tal d'interpretar i integrar aquesta Compilació i les altres normes hom prendrà en consideració les lleis, els costums, la jurisprudència i la doctrina que constitueixen la tradició jurídica catalana, d'acord amb els principis generals que inspiren l'ordenament jurídic de Catalunya.

De esta norma hay que destacar:

1) Se trata de una disposición general que no limita su alcance a la Compilación sino que también abarca otras leyes catalanas.

2) No excluye la aplicación del:

Artículo 3 del Código Civil:

1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativo y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.

2. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita.

3) No se puede aplicar este precepto cuando el resultado interpretativo a que nos lleve sea contrario a los Principios Generales del Derecho catalán.

4) Las normas sobre cánones interpretativos son indicativas del procedimiento a seguir, pero no imperativas, una STTSJC de 1997, de 26 de mayo, afirma que este artículo tiene un carácter enunciativo y programático, y por tanto, su redacción es necesariamente genérica.

Lo que hace es declarar preferente la interpretación histórica, pero deja libertad al intérprete para recurrir a otros medios de interpretación y ello es así desde que el Tribunal Constitucional ha declarado que no son competencia exclusiva del Estado las normas interpretativas de las leyes (149.1.8 C.E.).

5) Los cánones interpretativos del 1.2 son:

a) Antiguas leyes, pues es a éstas a las que se refiere el precepto. Cabe incluir la Constitució i altres drets de Catalunya en su redacción de 1704.

b) Antiguas costumbres, si se trata de costumbres que interpretan una norma.

c) La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Casación.

d) La doctrina científica. Cabe incluir la de aquellos autores que se considera que han contribuido a la formación del actual derecho catalán actual.

La integración: Es un sistema para solucionar lagunas de la ley o del ordenamiento jurídico. Ahora bien, cuando se trata de ordenamientos autonómicos hay que tener en cuenta junto a las lagunas legales y a las lagunas del derecho, es decir, a las lagunas internas, las llamadas lagunas externas o conjuntos vacíos, que son instituciones que el legislador deliberadamente no regula, y por ello, no son lagunas en sentido propio. Se trata de instituciones desconocidas, que no existen, por ejemplo en derecho civil catalán la institución de la mejora no existe, no es que haya una laguna en el ordenamiento civil catalán.

Es normal que en todos los ordenamientos haya lagunas legales, pero la solución que se da a las lagunas internas y a las externas es distinta, porque en el primer caso hay que dar solución al supuesto de hecho que no está contemplado en la ley, mientras que en el segundo caso no ha lugar a buscar solución alguna por la razón de que se trata de instituciones desconocidas.

Para la solución de las lagunas en derecho civil catalán se han de distinguir dos sistemas: la autointegración y la heterointegración.

Autointegración: Se trata de dar solución a la situación no prevista en la ley mediante los recursos que ofrece el mismo derecho civil catalán.

Son:

1) La analogía, aunque no está directamente prevista como sistema de autointegración, se puede deducir de:

Article 1.2 de la Compilació:

2. Per tal d'interpretar i integrar aquesta Compilació i les altres normes hom prendrà en consideració les lleis, els costums, la jurisprudència i la doctrina que constitueixen la tradició jurídica catalana, d'acord amb els principis generals que inspiren l'ordenament jurídic de Catalunya.

Disposició Final 4ª de la Compilació:

Conformement al que disposa el article 1 d'aquesta Compilació, sens perjudici de les normes de directa aplicació general, en el que no preveuen les disposicions de Dret Civil de Catalunya regeixen supletòriament els preceptes del Codi Civil i de les altres lleis estatals de càracter civil, en la mesura que no s'oposin a aquelles disposicions o als principis generals que informen l'ordenament jurídic català.

que las normas catalanas se pueden aplicar analógicamente a supuestos semejantes que no estén previstos directamente en la ley. La posibilidad de acudir a la analogía se deduce de la Disposición Final 4ª.

2) La tradición jurídica catalana, según el 1.2 (visto atrás), sirve tanto para interpretar como para integrar. Hay que tener en cuenta que el recurso a la tradición jurídica catalana no puede hacer revivir normas que no han sido recogidas por el actual derecho civil catalán, así se ha dicho en STS de 1983 y 1985.

3) Remisión a otros cuerpos legales. Esto solo es posible cuando lo prevé el propio ordenamiento afectado. Podemos encontrar remisiones a conjuntos de normas como en el:

Article 3 de la Compilació:

Els efectes dels estatuts personals, real i formal a Catalunya i per als catalans, així com la condició de tals en relació amb altres territoris i persones de diferent legislació civil, es regiran per les normes establertes en el Títol preliminar del Codi Civil i en les disposición concordants.

que remite en bloque al Título preliminar del Código Civil.

También puede hacerse la remisión a artículos concretos como en el caso del artículo 320 de la Compilación que incorpora el artículo 1656 del Código Civil.

Hay que tener presente a estos efectos la:

Disposició Final 3ª de la Compilació:

Les remissions que aquesta Compilació fa a l'articulat del Codi Civil s'entén sempre que són fetes en la seva redacció actual.

En estos casos no se puede hablar de que se aplican supletoriamente estos cuerpos legales porque aquí lo que sucede es que determinados artículos del Código Civil se incorporan al derecho catalán en virtud de la técnica de la remisión.

Heterointegración: Consiste en la supletoriedad del derecho del Estado.

Se recoge esta supletoriedad en la Disposición Final 4ª. El derecho supletorio solamente a las lagunas internas, no cuando las instituciones sean desconocidas, por eso resulta muy difícil en ocasiones esta técnica de aplicar supletoriamente el derecho estatal y por ello hay que tener en cuenta las siguientes indicaciones:

1) El derecho supletorio del derecho civil de Cataluña lo constituye el Código Civil y las leyes estatales de carácter general.

2) El derecho supletorio solo se puede aplicar cuando falta la regulación de una institución jurídica prevista en el ordenamiento catalán después de haber recurrido a todos los elementos de interpretación que proporciona el mismo ordenamiento.

3) El derecho supletorio no se puede aplicar cuando las soluciones que comporta sean contrarias a los Principios Generales del Derecho catalán.

4) El derecho supletorio de las leyes especiales catalanas será el derecho civil catalán general integrado por los textos vigentes y los Principios Generales del Derecho catalán.

ÁMBITO PERSONAL Y TERRITORIAL DE APLICACIÓN

La coexistencia del derecho civil catalán y otros derechos civiles españoles plantea el problema de determinar si el derecho civil catalán solo se aplican a quien tienen vecindad civil catalana, con fundamento en el principio de personalidad, o si por el contrario se aplica en Cataluña sea cual sea la vecindad de quienes habiten en esta Comunidad Autónoma, con fundamento en el principio de territorialidad.

Este planteamiento nos lleva a tratar:

1) Vigencia territorial del derecho civil catalán: Según el:

Article 7 de l'Estatut d'Autonomia:

1. Les normes i disposicions de la Generalitat i el dret civil de Catalunya tindràn efic`cia territorial, sens perjudici de les excepcions que puguin establir-se en cada màteria i de les situacions que s'hagin de regir per l'estatut personal o altres normes d'extraterritorialitat.

2. Els estrangers que adquiriran la nacionalitat española quedaràn sotmesos al dret civil català mentre mantinguin el veïnatge administratiu a Catalunya, salvant que manifestessin llur voluntad en contra.

si lo relacionamos con el:

Article 1.1 de la Compilació:

1. De conformitat amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, les disposicions del Dret Civil de Catalunya regiran amb preferència al Codi Civil i a les altres disposicions d'igual aplicació general.

se llega a las siguientes conclusiones:

a) Son de aplicación inmediata y preferente en Cataluña las disposiciones de derecho civil aprobadas por el Parlamento catalán.

b) También se aplican de forma inmediata en Cataluña las normas estatales sobre aquellas materias cuya competencia tiene reservada en exclusiva el Estado.

c) También se aplican pero con carácter provisional en Cataluña, las normas civiles de origen estatal que regulan materias sobre las que tiene competencia el Parlamento de Cataluña mientras éste no legisle efectivamente, siempre que no se opongan a los Principios Generales del Derecho catalán.

d) Frente al principio de territorialidad existen excepciones, pues hay materias que se rigen por el estatuto personal o por otras normas de extraterritorialidad.

2) Aplicación extraterritorial del derecho civil catalán. El principio de territorialidad rige siempre que se den cumulativamente una serie de circunstancias que hagan indiscutible la aplicación del derecho civil catalán.

Puede suceder que una relación jurídica aparezca en principio conectada con mas de un ordenamiento jurídico-civil.

En estos casos habrá que decidir cual es la ley aplicable.

En relación con el derecho civil catalán esto supone una doble posibilidad:

1) Que los órganos jurisdiccionales que se encuentran en Cataluña tengan que resolver el litigio, no según el derecho civil catalán, sino conforme a las normas de cualquier otro derecho civil español.

2) Aunque en principio el derecho civil catalán rige en Cataluña, puede ser que órganos judiciales que ejerzan sus funciones fuera de la Comunidad Autónoma catalana tengan que aplicar el derecho civil catalán.

¿Cómo se resuelven estos conflictos?-Mediante el derecho interregional español.

Derecho interregional:

Tiene por objeto determinar el derecho civil que se ha de aplicar en una relación jurídica conectada con más de un ordenamiento jurídico de los que coexisten en España. Según el artículo 149.1.8 de la C.E. (visto atrás), las normas sobre derecho interregional son competencia exclusiva del Estado.

Precepto fundamental es el:

Artículo 16 del Código Civil:

1. Los conflictos de leyes que puedan surgir por la coexistencia de distintas legislaciones civiles en el territorio nacional se resolverán según las normas contenidas en el cap. IV con las siguientes particularidades:

1º) Será ley personal la determinada por la vecindad civil.

2º) No será aplicable lo dispuesto en los aps. 1, 2 y 3 art. 12 sobre calificación, remisión y orden público.

que remite esencialmente a los: Artículo 9 del Código Civil:

1. La ley personal correspondiente a las personas físicas es la determinada por su nacionalidad. Dicha ley regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte.

El cambio de ley personal no afectará a la mayoría de edad adquirida de conformidad con la ley personal anterior.

2. Los efectos del matrimonio se regirán por la ley personal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo; en defecto de esta ley, por la ley personal o de la residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento auténtico otorgado antes de la celebración del matrimonio; a falta de esta elección, por la ley de la residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración, y, a falta de dicha residencia, por la del lugar de celebración del matrimonio.

La separación y el divorcio se regirán por la ley que determine el art. 107.

3. Los pactos o capitulaciones por los que se estipule, modifique o sustituya el régimen económico del matrimonio serán válidos cuando sean conformes bien a la ley que rija los efectos del matrimonio, bien a la ley de la nacionalidad o de la residencia habitual de cualquiera de las partes al tiempo del otorgamiento.

4. El carácter y contenido de la filiación, incluida la adoptiva y las relaciones paterno-filiales, se regirán por la ley personal del hijo y si no pudiera determinarse ésta, se estará a la de la residencia habitual del hijo.

5. La adopción, constituida por Juez español se regirá, en cuanto a los requisitos, por lo dispuesto en la ley española. No obstante, deberá observarse la ley nacional del adoptando en lo que se refiere a su capacidad y consentimientos necesarios:

1º) Si tuviera su residencia habitual fuera de España.

2º) Aunque resida en España, si no adquiere, en virtud de la adopción la nacionalidad española.

A petición del adoptante o del Ministerio Fiscal, el Juez, en interés del adoptando, podrá exigir, además, los consentimientos, audiencias o autorizaciones requeridas por la ley nacional o por la ley de la residencia habitual del adoptante o del adoptando.

Para la constitución de la adopción, los Cónsules españoles tendrán las mismas atribuciones que el Juez, siempre que el adoptante sea español y el adoptando esté domiciliado en la demarcación consular. La propuesta previa será formulada por la entidad pública correspondiente al último lugar de residencia del adoptante en España. Si el adoptante no tuvo residencia en España en los dos últimos años, no será necesaria propuesta previa, pero el Cónsul recabará de las autoridades del lugar de residencia de aquél informes suficientes para valorar su idoneidad.

En la adopción constituida por la competente autoridad extranjera, la ley del adoptando regirá en cuanto a capacidad y consentimientos necesarios. Los consentimientos exigidos por tal ley podrán prestarse ante una autoridad del país en que se inició la constitución o, posteriormente, ante cualquier otra autoridad competente. En su caso para la adopción de un español será necesario el consentimiento de la entidad pública correspondiente a la última residencia del adoptando en España.

No será reconocida en España como adopción la constituida en el extranjero por adoptante español, si los efectos de aquélla no se corresponden con los previstos por la legislación española. Tampoco lo será, mientras la entidad pública competente no haya declarado la idoneidad del adoptante, si éste fuera español y estuviera domiciliado en España al tiempo de la adopción.

La atribución por la ley extranjera de un derecho de revocación de la adopción no impedirá el reconocimiento de ésta si se renuncia a tal derecho en documento público o por comparecencia ante el encargado del Registro Civil.

6. La tutela y las demás instituciones de protección del incapaz se regularán por la ley nacional de éste. Sin embargo, las medidas provisionales o urgentes de protección se regirán por la ley de su residencia habitual.

Las formalidades de constitución de la tutela y demás instituciones de protección en que intervengan autoridades judiciales o administrativas españolas se sustanciarán, en todo caso, con arreglo a la ley española.

Será aplicable la ley española para tomar las medidas de carácter protector y educativo respecto de los menores o incapaces abandonados que se haIlen en territorio español.

7. El derecho a la prestación de alimentos entre parientes habrá de regularse por la ley nacional común del alimentista y del alimentante. No obstante, se aplicará la ley de la residencia habitual de la persona que los reclame cuando ésta no pueda obtenerlos de acuerdo con la ley nacional común. En defecto de ambas leyes, o cuando ninguna de ellas permita la obtención de alimentos, se aplicará la ley interna de la autoridad que conoce de la reclamación.

En caso de cambio de la nacionalidad común o de la residencia habitual del alimentista, la nueva ley se aplicará a partir del momento del cambio.

8. La sucesión por causa de muerte se regirá por la ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país donde se encuentren. Sin embargo, las disposiciones hechas en testamento y los pactos sucesorios ordenados conforme a la ley nacional del testador o del disponente en el momento de su otorgamiento conservarán su validez aunque sea otra la ley que rija la sucesión, si bien las legítimas se ajustarán, en su caso, a esta última. Los derechos que por ministerio de la ley se atribuyan al cónyuge supérstite se regirán por la misma ley que regule los efectos del matrimonio, a salvo siempre las legítimas de los descendientes.

9. A los efectos de este capítulo, respecto de las situaciones de doble nacionalidad previstas en las leyes españolas se estará a lo que determinen los tratados internacionales, y, si nada estableciesen, será preferida la nacionalidad coincidente con la última residencia habitual y, en su defecto, la última adquirida.

Prevalecerá en todo caso la nacionalidad española del que ostente además otra no prevista en nuestras leyes o en los tratados internacionales. Si ostentare dos o más nacionalidades y ninguna de ellas fuera la española se estará a lo que establece el apartado siguiente.

10. Se considerará como ley personal de los que carecieren de nacionalidad o la tuvieren indeterminada, la ley del lugar de su residencia habitual.

11. La ley personal correspondiente a las personas jurídicas es la determinada por su nacionalidad y regirá en todo lo relativo a capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación, disolución y extinción.

En la fusión de sociedades de distinta nacionalidad se tendrán en cuenta las respectivas leyes personales.

Texto redactado, con las excepciones abajo indicadas, conforme D 1836/1974 de 31 mayo

Apartados 2, 3, 5 y 8 redactados conforme L 11/1990 de 15 octubre

Párrafos 3º, 4º y 5º apartado 5.2º) redactados conforme LO 1/1996 de 15 enero, de Protección Jurídica del Menor

Apartado 4 redactado conforme LO 1/1996 de 15 enero, de Protección Jurídica del Menor

Párrafo final apartado 5 añadido por art. unico L 18/1999 de 18 mayo

Artículo 10 del Código Civil:

1. La posesión, la propiedad y los demás derechos sobre bienes inmuebles, así como su publicidad, se regirán por la ley del lugar donde se hallen.

La misma ley será aplicable a los bienes muebles.

A los efectos de la constitución o cesión de derechos sobre bienes en tránsito, éstos se considerarán situados en el lugar de su expedición, salvo que el remitente y el destinatario hayan convenido, expresa o tácitamente, que se consideren situados en el lugar de su destino.

2. Los buques, las aeronaves y los medios de transporte por ferrocarril, así como todos los derechos que se constituyan sobre ellos, quedarán sometidos a la ley del lugar de su abanderamiento, matrícula o registro. Los automóviles y otros medios de transporte por carretera quedarán sometidos a la ley del lugar donde se hallen.

3. La emisión de los títulos-valores se atendrá a la ley del lugar en que se produzca.

4. Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y tratados internacionales en los que España sea parte.

5. Se aplicará a las obligaciones contractuales la ley a que las partes se hayan sometido expresamente, siempre que tenga alguna conexión con el negocio de que se trate; en su defecto, la ley nacional común a las partes; a falta de ella, la de la residencia habitual común, y, en último término, la ley del lugar de celebración del contrato.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, a falta de sometimiento expreso, se aplicará a los contratos relativos a bienes inmuebles la ley del lugar donde estén sitos, y a las compraventas de muebles corporales realizadas en establecimientos mercantiles, la ley del lugar en que éstos radiquen.

6. A las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, en defecto de sometimiento expreso de las partes y sin perjuicio de lo dispuesto en el ap. 1 art. 8, les será de aplicación la ley del lugar donde se presten los servicios.

7. Las donaciones se regirán, en todo caso, por la ley nacional del donante.

8. Serán válidos, a efectos del ordenamiento jurídico español, los contratos onerosos celebrados en España por extranjero incapaz según su ley nacional, si la causa de la incapacidad no estuviese reconocida en la legislación española. Esta regla no se aplicará a los contratos relativos a inmuebles situados en el extranjero.

9. Las obligaciones no contractuales se regirán por la ley del lugar donde hubiere ocurrido el hecho de que deriven.

La gestión de negocios se regulará por la ley del lugar donde el gestor realice la principal actividad.

En el enriquecimiento sin causa se aplicará la ley en virtud de la cual se produjo la transferencia del valor patrimonial en favor del enriquecido.

10. La ley reguladora de una obligación se extiende a los requisitos del cumplimiento y a las consecuencias del incumplimiento, así como a su extinción. Sin embargo, se aplicará la ley del lugar de cumplimiento a las modalidades de la ejecución que requieran intervención judicial o administrativa.

11. A la representación legal se aplicará la ley reguladora de la relación jurídica de la que nacen las facultades del representante, y a la voluntaria, de no mediar sometimiento expreso, la ley del país en donde se ejerciten las facultades conferidas.

Texto redactado conforme D 1836/1974 de 31 mayo

Artículo 11 del Código Civil:

1. Las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás actos jurídicos se regirán por la ley del país en que se otorguen. No obstante, serán también válidos los celebrados con las formas y solemnidades exigidas por la ley aplicable a su contenido, así como los celebrados conforme a la ley personal del disponente o la común de los otorgantes. Igualmente serán válidos los actos y contratos relativos a bienes inmuebles otorgados con arreglo a las formas y solemnidades del lugar en que éstos radiquen.

Si tales actos fueren otorgados a bordo de buques o aeronaves durante su navegación, se entenderán celebrados en el país de su abanderamiento, matrícula o registro. Los navíos y las aeronaves militares se consideran como parte del territorio del Estado a que pertenezcan.

2. Si la ley reguladora del contenido de los actos y contratos exigiere para su validez una determinada forma o solemnidad, será siempre aplicada, incluso en el caso de otorgarse aquéllos en el extranjero.

3. Será de aplicación la ley española a los contratos, testamentos y demás actos jurídicos autorizados por funcionarios diplomáticos o consulares de España en el extranjero.

a efectos de resolver conflictos de derecho interregional, aunque esos artículos se refieren a conflictos de leyes internacionales.

Ahora bien, a diferencia de lo que sucede en el derecho internacional conforme al artículo 16.1.2 del C.C. (visto atrás), no será aplicable a los conflictos legislativos interregionales las llamadas excepciones de calificación, remisión y orden público que se regulan en el artículo 12.1, 2, 3 y 4 del C.C.(visto atrás).

De la lectura de los apartados 1º y 2º se deduce que no ha lugar a aplicar las excepciones de calificación y remisión en derecho interregional.

En cuanto al orden público, éste es único en España.

En cambio, como el artículo 16 del C.C.(visto atrás) no hace excepción alguna al fraude de ley regula en el artículo 12.4 del C.C.(visto atrás), hay que entender que si que se aplica esta figura en derecho interregional.

Así lo entendió la STS de 1994, de 5 de abril, en la que se declara la nulidad de un testamento en fraude de ley. Se ha criticado por la doctrina esta solución.

Conclusión:

La norma de derecho interregional determina la aplicación de un ordenamiento civil español de acuerdo con el elemento preponderante de una relación conectada con diferentes derechos civiles españoles. El legislador se vale de unos criterios de conexión personales o territoriales que llevan a establecer el ámbito personal y territorial de aplicación del derecho civil catalán.

Ámbito personal

El criterio de conexión personal, según el:

Artículo 16.1.1 del Código Civil:

1. Los conflictos de leyes que puedan surgir por la coexistencia de distintas legislaciones civiles en el territorio nacional se resolverán según las normas contenidas en el cap. IV con las siguientes particularidades:

1º) Será ley personal la determinada por la vecindad civil.

es la vecindad civil.

Se aplica únicamente a las personas que tienen vecindad civil catalana las normas que regulan el derecho civil catalán que regulan las cuestiones siguientes:

1) Capacidad y estado civil de las personas, según el:

Artículo 9.1 del Código Civil:

1. La ley personal correspondiente a las personas físicas es la determinada por su nacionalidad. Dicha ley regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte.

El cambio de ley personal no afectará a la mayoría de edad adquirida de conformidad con la ley personal anterior.

2) Efectos del matrimonio contraído por personas sujetas al derecho civil catalán según los:

Artículo 9.2 y 3 del Código Civil:

2. Los efectos del matrimonio se regirán por la ley personal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo; en defecto de esta ley, por la ley personal o de la residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento auténtico otorgado antes de la celebración del matrimonio; a falta de esta elección, por la ley de la residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración, y, a falta de dicha residencia, por la del lugar de celebración del matrimonio.

La separación y el divorcio se regirán por la ley que determine el art. 107.

3. Los pactos o capitulaciones por los que se estipule, modifique o sustituya el régimen económico del matrimonio serán válidos cuando sean conformes bien a la ley que rija los efectos del matrimonio, bien a la ley de la nacionalidad o de la residencia habitual de cualquiera de las partes al tiempo del otorgamiento.

Artículo 16 del Código Civil:

3. Los efectos del matrimonio entre españoles se regularán por la ley española que resulte aplicable según los criterios del art. 9 y, en su defecto, por el Código Civil.

En este último caso se aplicará el régimen de separación de bienes del

Código Civil si conforme a una y otra ley personal de los contrayentes hubiera de regir un sistema de separación.

3) Carácter y contenido de la filiación y de las relaciones paterno-filiales, siempre que el hijo tenga vecindad catalana, según el:

Artículo 9.4 del Código Civil:

4. El carácter y contenido de la filiación, incluida la adoptiva y las relaciones paterno-filiales, se regirán por la ley personal del hijo y si no pudiera determinarse ésta, se estará a la de la residencia habitual del hijo.

4) Capacidad y consentimiento necesario para adoptar a un catalán, según:

Artículo 9.5 del Código Civil:

5. La adopción, constituida por Juez español se regirá, en cuanto a los requisitos, por lo dispuesto en la ley española. No obstante, deberá observarse la ley nacional del adoptando en lo que se refiere a su capacidad y consentimientos necesarios:

1º) Si tuviera su residencia habitual fuera de España.

2º) Aunque resida en España, si no adquiere, en virtud de la adopción la nacionalidad española.

A petición del adoptante o del Ministerio Fiscal, el Juez, en interés del adoptando, podrá exigir, además, los consentimientos, audiencias o autorizaciones requeridas por la ley nacional o por la ley de la residencia habitual del adoptante o del adoptando.

Para la constitución de la adopción, los Cónsules españoles tendrán las mismas atribuciones que el Juez, siempre que el adoptante sea español y el adoptando esté domiciliado en la demarcación consular. La propuesta previa será formulada por la entidad pública correspondiente al último lugar de residencia del adoptante en España. Si el adoptante no tuvo residencia en España en los dos últimos años, no será necesaria propuesta previa, pero el Cónsul recabará de las autoridades del lugar de residencia de aquél informes suficientes para valorar su idoneidad.

En la adopción constituida por la competente autoridad extranjera, la ley del adoptando regirá en cuanto a capacidad y consentimientos necesarios. Los consentimientos exigidos por tal ley podrán prestarse ante una autoridad del país en que se inició la constitución o, posteriormente, ante cualquier otra autoridad competente. En su caso para la adopción de un español será necesario el consentimiento de la entidad pública correspondiente a la última residencia del adoptando en España.

No será reconocida en España como adopción la constituida en el extranjero por adoptante español, si los efectos de aquélla no se corresponden con los previstos por la legislación española. Tampoco lo será, mientras la entidad pública competente no haya declarado la idoneidad del adoptante, si éste fuera español y estuviera domiciliado en España al tiempo de la adopción.

La atribución por la ley extranjera de un derecho de revocación de la adopción no impedirá el reconocimiento de ésta si se renuncia a tal derecho en documento público o por comparecencia ante el encargado del Registro Civil.

5) Tutela e instituciones de protección de las personas que tengan vecindad civil catalana, según el:

Artículo 9.6 del Código Civil:

6. La tutela y las demás instituciones de protección del incapaz se regularán por la ley nacional de éste. Sin embargo, las medidas provisionales o urgentes de protección se regirán por la ley de su residencia habitual.

Las formalidades de constitución de la tutela y demás instituciones de protección en que intervengan autoridades judiciales o administrativas españolas se sustanciarán, en todo caso, con arreglo a la ley española.

Será aplicable la ley española para tomar las medidas de carácter protector y educativo respecto de los menores o incapaces abandonados que se haIlen en territorio español.

6) Alimentos entre parientes siempre que tengan vecindad civil catalana las personas con derecho a reclamarlos y los obligados a prestarlos, según el:

Artículo 9.7 del Código Civil:

7. El derecho a la prestación de alimentos entre parientes habrá de regularse por la ley nacional común del alimentista y del alimentante. No obstante, se aplicará la ley de la residencia habitual de la persona que los reclame cuando ésta no pueda obtenerlos de acuerdo con la ley nacional común. En defecto de ambas leyes, o cuando ninguna de ellas permita la obtención de alimentos, se aplicará la ley interna de la autoridad que conoce de la reclamación.

En caso de cambio de la nacionalidad común o de la residencia habitual del alimentista, la nueva ley se aplicará a partir del momento del cambio.

7) Sucesiones por causa de muerte si el causante de la sucesión tenía vecindad civil catalana en el momento de su fallecimiento, según el:

Artículo 9.8 del Código Civil:

8. La sucesión por causa de muerte se regirá por la ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país donde se encuentren. Sin embargo, las disposiciones hechas en testamento y los pactos sucesorios ordenados conforme a la ley nacional del testador o del disponente en el momento de su otorgamiento conservarán su validez aunque sea otra la ley que rija la sucesión, si bien las legítimas se ajustarán, en su caso, a esta última. Los derechos que por ministerio de la ley se atribuyan al cónyuge supérstite se regirán por la misma ley que regule los efectos del matrimonio, a salvo siempre las legítimas de los descendientes.

8) Donaciones, si el donante tiene vecindad civil catalana, según el:

Artículo 10.7 del Código Civil:

7. Las donaciones se regirán, en todo caso, por la ley nacional del

donante.

Ámbito territorial

Con carácter general se prevé en el:

Article 2 de l'Estatut d'Autonomia:

El territori de Catalunya com a comunitat autònoma és el de les comarque compreses en les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, en el moment d'ésser promulgat el present Estatut.

Los criterios de conexión territorial son:

- Lugar de situación de la cosa o del bien.

- Lugar del otorgamiento del acto o negocio jurídico.

Desde esta perspectiva se aplican en Cataluña las normas de derecho civil que hacen referencia a:

1) La posesión, la propiedad y los demás derechos reales sobre bienes muebles o inmuebles, según el:

Artículo 10.1 del Código Civil:

1. La posesión, la propiedad y los demás derechos sobre bienes inmuebles, así como su publicidad, se regirán por la ley del lugar donde se hallen.

La misma ley será aplicable a los bienes muebles.

A los efectos de la constitución o cesión de derechos sobre bienes en tránsito, éstos se considerarán situados en el lugar de su expedición, salvo que el remitente y el destinatario hayan convenido, expresa o tácitamente, que se consideren situados en el lugar de su destino.

2) También se aplica el derecho civil catalán a los contratos relativos a bienes

inmuebles, a menos que los interesados hayan convenido someter la relación contractual a otra ley, según el:

Artículo 10.5 del Código Civil:

5. Se aplicará a las obligaciones contractuales la ley a que las partes se hayan sometido expresamente, siempre que tenga alguna conexión con el negocio de que se trate; en su defecto, la ley nacional común a las partes; a falta de ella, la de la residencia habitual común, y, en último término, la ley del lugar de celebración del contrato.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, a falta de sometimiento expreso, se aplicará a los contratos relativos a bienes inmuebles la ley del lugar donde estén sitos, y a las compraventas de muebles corporales realizadas en establecimientos mercantiles, la ley del lugar en que éstos radiquen.

3) Las formas y las solemnidades de los contratos, testamentos y otros actos jurídicos que se celebran en Cataluña, según el:

Artículo 11 del Código Civil:

1. Las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás actos jurídicos se regirán por la ley del país en que se otorguen. No obstante, serán también válidos los celebrados con las formas y solemnidades exigidas por la ley aplicable a su contenido, así como los celebrados conforme a la ley personal del disponente o la común de los otorgantes. Igualmente serán válidos los actos y contratos relativos a bienes inmuebles otorgados con arreglo a las formas y solemnidades del lugar en que éstos radiquen.

Si tales actos fueren otorgados a bordo de buques o aeronaves durante su navegación, se entenderán celebrados en el país de su abanderamiento, matrícula o registro. Los navíos y las aeronaves militares se consideran como parte del territorio del Estado a que pertenezcan.

2. Si la ley reguladora del contenido de los actos y contratos exigiere para su validez una determinada forma o solemnidad, será siempre aplicada, incluso en el caso de otorgarse aquéllos en el extranjero.

3. Será de aplicación la ley española a los contratos, testamentos y demás actos jurídicos autorizados por funcionarios diplomáticos o consulares de España en el extranjero.

La elección de la ley aplicable se deja en determinados casos a la decisión de los interesados y ello sobre la base del principio de la autonomía de la voluntad.

Supuestos significativos:

1) Posibilidad de pactar antes de la celebración del matrimonio que sus efectos se regulen por el derecho civil catalán si los contrayentes no tienen la misma vecindad

civil y cualquiera de ellos tiene vecindad civil catalana o su residencia habitual en Cataluña, según el artículo 9.2 y 3 del C.C. (visto atrás).

2) Posibilidad de que los contratantes puedan someter la relación contractual al orden civil catalán siempre que el contrato tenga alguna conexión con el derecho catalán, según el artículo 10.5 del C.C.(visto atrás).

3) Posibilidad de que las formas y solemnidades de contratos, testamentos y otros actos jurídicos se regulen por el derecho civil catalán aunque se otorguen fuera de Cataluña si su contenido se ha de regular por el derecho civil catalán, o si el otorgante u otorgantes tienen vecindad civil catalana, o por último, si se trata de actos que se refieran a bienes inmuebles que se encuentren en Cataluña, según el artículo 11.1 del C.C. (visto atrás).

II. Derecho de la persona

TEMA 2 INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA

El derecho civil catalán no contiene una regulación completa sobre la persona física. A lo que dedica más protección es al menor de edad y a las instituciones tutelares.

En Cataluña rige el sistema de adquisición de la personalidad previsto en el:

Artículo 30

Para los efectos civiles, sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno.

de acuerdo con la tradición jurídica catalana que en este punto ha seguido el criterio romanista del Código Civil.

Hay que distinguir distintas situaciones en las que la persona física puede hallarse:

1) Mayoría de edad: La plena capacidad se consigue con la mayoría de edad por aplicación del:

Artículo 322 del Código Civil:

El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales por este Código.

pero también se deduce indirectamente de algunos artículos de las leyes catalanas, como son los:

Article 158.c del Codi de Família:

Sens perjudici del que estableix l'article 136 la potestad del pare i de la mare s'extingeix per:

c) L'emancipació o la majoritat dels fills.

Article 220.1.a del Codi de Família:

1. La tutela s'extingeix per:

a) La majoria d'edat o l'habilitació d'edat del tutelat o tutelada, llevat que amb anterioritat hagués estat incapacitat judicialment.

2) Minoría de edad: El Código de Familia parte del reconocimiento de la capacidad natural del menor, según los:

Article 155.2.b del Codi de Família:

2. S'exceptuen de la representació legal atribuïda al pare i a la mare:

b) Els actes que, de conformitat ambs les lleis i segons l'edat i la capacitat natural, pugui fer el fill o la filla per si mateix.

Article 209.2.b del Codi de Família:

El tutor i la tutora i, si és el cas, l'aministrador o administradora patrimonial, en l'ambit de les respectives competències, són els representants legals del tutelat o tutelada.

2. S'exclouen de la representació a què fa referència l'apartat 1 els actes següents:

b) Els que, de conformitat amb les lleis i les condicions de la persona tutelada, pot fer ella mateixa.

En consecuencia se establece que las limitaciones a su capacidad se ha de interpretar de forma restrictiva, según el:

Article 133.3 del Codi de Família:

3. Les limitacions a la capacitat d'obrar dels fills menors s'han d'interpretar de forma restrictiva.

Aquellos actos que exclusivamente crean derechos y no comportan cargas u obligaciones y para los que basta la capacidad natural del menor, puede realizarlos éste por sí solo, por ejemplo, la adquisición de la posesión.

Cuando la capacidad natural no es suficiente, entonces, deberá actuar a través de su representante legal.

La ley legitima al menor para actuar por sí solo en determinados actos, como contraer matrimonio, otorgar testamento, según el:

Article 104 del Codi de Successions:

Són incapaços per a testar els menors de catorze anys i els que no tenen capacitat natural en el moment de l'atorgament.

constituir asociaciones juveniles, según el:

Article 4 de la Llei d'Associacions:

1. Poden constituir associacions i ésser-ne membres:

c) Les persones menors d'edat, quan es tracta d'associacions juvenils.

En otros supuestos se exige la audiencia del menor de edad, que tiene derecho a expresar su opinión.

Esto tiene relación en que las decisiones que se tomen en relación con el menor han de redundar en su interés.

3) Emancipación y habilitación de edad:

La emancipación tiene su equiparación en el Código Civil con el beneficio de la mayor edad. El Código de Familia no alude a los tipos de emancipación ni regula de forma completa esta institución sino que se limita a considerarla como un caso de extinción de la potestad del padre y de la madre y a regular deficientemente la actuación del menor emancipado.

El Código de Familia parece que parte de la admisión de las causas de emancipación recogidas en el Código Civil.

Según el:

Article 159.1 del Codi de Família:

1. Els fills emancipats poden actuar, en relació amb la seva persona i els seus béns i drets, com si fossin majors d'edat, però necessiten que el pare i la mare o, si tots dos manquen o estan impedits per a exercir l'assistència que la llei determina, el curador o, si és casat amb una persona major d'edat, el cònjuge, complementin la seva capacitat en els actes següents:

a) Els determinat per l'article 150.2

b) l'acceptació del càrrec d'administrador en qualsevol mena de societat

c) Els actes que excedeixen l'administració ordinària pel que fa al béns adquirits pel fill o filla de més de setze anys amb la seva activitat que generi benefici.

los actos que necesitan el complemento de capacidad son:

a) Actos determinados por el:

Article 150.2 del Codi de Família:

2. Els béns i drets assenyalats per la lletra c del article 149 han d'ésser administrats pel fill o la filla, que necessita l'assistència del pare i la mare en els supòsits determinats per l'article 159.

que nos remite al:

Article 149.c del Codi de Família:

c) Els adquirits pel fill o filla de més de setze anys amb la seva activitat que generi benefici, amb relació amb els quals ha d'actuar com si fos emancipat.

que se refiere a los bienes adquiridos por el hijo/a de más de 16 años con su actividad, y además el artículo 150 del C.F. nos vuelve a remitir al 159.

Si nos vamos a los antecedentes legislativos parece que la remisión que originariamente se hacía lo era para referirse a los actos en los cuales los padres necesitan autorización judicial. Hay doctrina que entiende que esto tiene más sentido que no lo que resulta de la actual redacción. Habrá que ver lo que dice el TSJC.

b) La aceptación del cargo de administrador en cualquier tipo de sociedades.

c) Los actos que excedan de la administración ordinaria por lo que hace a los bienes adquiridos por el hijo/a de más de 16 años con su actividad.

Los actos celebrados sin ese complemento son anulables tal como se desprende del:

Article 245 del Codi de Família:

Els actes del pròdig o de la persona afectada de incapacidad relativa que requereixin assistència de la persona titular de la curatela i s'hagin fet sense aquesta assistència són anul.lables en la forma establerta per la llei.

Además, según el:

Article 159.2 del Codi de Família:

2. La complementació de capacitat no es pot concedir de manera general, però es pot donar per a una pluralitat d'actes de la mateixa naturalesa o els referits al mateix negoci, activitat o societat, encara que siguin futurs, quen sigui convenient ateses les característiques dels dits actes, les cicumstàncies fonamentals dels qual, però, cal especificar.

el complemento de capacidad no se puede conceder de manera general, pero se puede dar para una pluralidad de actos de la misma naturaleza o que se refieran a un conjunto de actos, aunque sean futuros.

Destacar que en el artículo 159.3 del C.F. (visto atrás) se prevé que en casos de desacuerdo o de imposibilidad de complementar la capacidad de los padres, sea la autoridad judicial u otras personas quienes presten dicho complemento.

Esas otras personas son, según el:

Article 138.2 del Codi Família:

2. Per acord del pare i de la mare, formalitzat en document públic, la intervenció judicial pot ésser substutuïda per l'acord dels dos parents més pròxims del fill als qual fa referència l'article 149 del Codis de Successions, formalitzat també en document públic. A aquests efectes, els germans del fill no poden intervenir com a parents més pròxims d'aquest. Si aquests parents no arribessin a l'acord, es pot instar la intervenció judicial, d'acord amb el que disposa l'apartat 1.

los dos parientes más próximos, de tal suerte, que para que puedan intervenir, esto ha de estar expresamente previsto en documento público.

En cuanto al aspecto personal se hace referencia en el Código de Familia al supuesto de que en el ejercicio de la patria potestad por parte del emancipado, según el:

Article 141.1.b del Codi de Família:

1. El pare o la mare menors exerceixen la potestat sense la necessitat de cap assistència en els casos següents:

b) Si estan emancipats i, en el cas que ho estiguin per haver contret matrimoni, si tenen al menys setze anys o estan casats amb una persona que gaudexi de plena capacitat.

los emancipados pueden ejercer la potestad sobre sus hijos sin necesidad de asistencia.

El menor de vida independiente (la emancipación de hecho).

Artículo 319 del Código Civil:

Se reputará para todos los efectos como emancipado al hijo mayor de dieciséis años que con el consentimiento de los padres viviere independientemente de éstos. Los padres podrán revocar este consentimiento.

El Código de Familia se limita a recoger en algunas normas aisladas el régimen de los bienes adquiridos por el hijo/a de más de 16 años.

El Código de Familia viene a decir en los artículos 149 y 150 del C.F. que ese menor tiene libertad para todo lo relativo a la administración ordinaria de los bienes que adquiere con su trabajo, pero para todo lo que exceda de esa administración necesita la asistencia de su padre y madre.

En la misma línea está el:

Article 209.2.e del Codi de Família:

1. El tutor i la tutora i, si és el cas, l'aministrador o administradora patrimonial, en l'ambit de les respectives competències, són els representants legals del tutelat o tutelada.

2. S'exclouen de la representació a què fa referència l'apartat 1 els actes següents:

e) Els relatius als béns que el menor que tingui setze o més anys hagi adquirit con la seva feina o indústria. Per als actes que excedeixin l'administració ordinària, el menor necessita l'assistència del tutor o la tutora.

La habilitación de edad, del:

Article 217 del Codi de Família:

1. Si el menor ha complert setze anys i l'accepta, la persona que exerceix la tutela, sola o conjuntament amb el titular de l'administració patrimonial, si és el cas, i amb l'autorització prèvia judicial o del consell de tutela, si n'hi ha, pot concedir a aquell el benefici de l'habilitació d'edat, que s'ha de formalitzar en escriptura pública.

2. L'habilitat d'edat pot actuar en relació amb la seva persona i els seus

béns igual que el menor emancipat, si bé el complement de capacitat

establert per l'article 159 és prestat per la persona o les persones titulars de la tutela o de la prestació patrimonial. Si la tutela havia estat exercida per dos tutors, pot prestar l'indicat complement de capacitat, en tot cas, com a curadors.

que tiene su homólogo en el beneficio de la myor edad previsto en el:

Artículo 321 del Código Civil:

También podrá el Juez, previo informe del Ministerio Fiscal, conceder el beneficio de la mayor edad al sujeto a tutela mayor de dieciséis años que lo solicitare.

Entre ambas figuras hay diferencias.

En el caso de la habilitación de edad no es el Juez quien concede la habilitación, sino el tutor con el consentimiento del sujeto a tutela, pues el Juez lo único que hace es fiscalizar la decisión del tutor y es por esto por lo que la habilitación de edad se ha de formalizar en escritura pública, que se inscribirá en el Registro Civil mediante la escritura, no con una resolución judicial como prescribe el Código Civil.

PUIG FERRIOL y ROCA TRIAS en su manual dicen que cuando existan discrepancias entre el tutor y el administrador patrimonial, parece que habrá de recurrirse a la aplicación del artículo 321 del C.C. (visto atrás) (el menor ha de acudir al Juez para solicitar el beneficio de la mayor edad).

4) El incapacitado. En derecho catalán para que una persona sea considerada incapaz ha de reunir los requisitos del:

Artículo 200 del Código Civil:

Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, que impidan a la persona gobernarse por sí misma.

y haber sido incapacitada judicialmente.

En el derecho civil catalán, al igual que en el Código Civil, las situaciones de la persona que dan lugar a un régimen de protección son la minoría de edad y la incapacitación, y en menor medida la emancipación.

De la protección del menor de edad se encargan sus progenitores mediante la potestad, sólo en última instancia entran en juego las instituciones tutelares.

La protección de los incapaces la asumen los padres, en ocasiones mediante el ejercicio de la potestad, o se consigue mediante las instituciones tutelares propiamente dichas. Éstas entran en juego siempre que no es posible prorrogar o rehabilitar la potestad.

En ocasiones el Código de Familia considera que aun siendo posible prorrogar la potestad es más aconsejable constituir la tutela o la curatela, según el:

Article 162 del Codi de Família:

L'autoritat judicial, no obstant el que disposen els articles 160 i 161, atesa l'edat i la situació personal i social del pare i de la mare, el grau de deficiència del fill o filla incapaç i les seves relacions personals, pot no acordar la pròrroga o la rehabilitació de la potestad i ordenar la constitució de la tutela o de la curatela.

La protección de los emancipados tiene lugar mediante la asistencia de sus padres, curador o cónyuge mayor de edad, según el 159 C.F. (visto atrás)

Las instituciones tutelares.

En derecho catalán se configuran entorno a dos regímenes estables: la tutela y la curatela.

En segundo lugar en torno a un régimen transitorio que es el defensor judicial.

En tercer lugar mediante un régimen fáctico que es la guarda de hecho.

La tutela: Se constituye para la protección de los menores no emancipados y para la protección de los incapaces cuando lo establezca una sentencia judicial. Al lado de esta tutela que es la ordinaria existe la tutela automática que asume la autoridad pública competente en el caso de desamparo de menores.

La curatela: Se constituye para la protección de los emancipados o que hayan obtenido la habilitación de edad, siempre que los padres no puedan prestar asistencia.

También se constituye para:

1) Protección de los incapaces cuando así lo declara una sentencia.

2) Protección de los pródigos (según el 242 del C.F. el curador no tiene la representación del pródigo, se limita a completar su capacidad), pero en muchos aspectos se aplican los:

Artículo 294 del Código Civil:

Podrán pedir la declaración de prodigalidad el cónyuge, los descendientes o ascendientes que perciban alimentos del presunto pródigo o se encuentren en situación de reclamárselos, y los representantes legales de cualquiera de ellos. Si no la pidieren los representantes legales, lo hará el Ministerio Fiscal.

Texto redactado conforme L 13/1983 de 24 octubre

Texto redactado conforme L 13/1983 de 24 octubre

Artículo 296 del Código Civil:

Cuando el demandado por prodigalidad no compareciere en el juicio, le representará el Ministerio Fiscal, y, si éste fuera parte, un defensor nombrado por el Juez, sin perjuicio de lo que determina la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre los procedimientos en rebeldía.

3) Para la protección de los bienes dispuestos a favor de los no concebidos. Estamos en este caso ante una curatela “sui generis” o “específica”, porque se protegen espectativas sucesorias, según los:

Article 143.3 del Codi de Successions:

Si el testador institueix genèricament els fills o els descendents d'una altra persona, no són eficaces les crides d'aquells que, al temps que es defereixi l'herència, no hagin nascut ni hagin estat concebuts.

Això no obstant, quan el testador ha llegat l'usdefruit universal a favor d'algun ascendent o d'aquests fills o descendents s'entén que són cridats els nascuts o concebuts en extingir-se per causa distinta de la renúncia, l'usdefruit o el darrer dels usdefruits successius.

Els no concebuts són representats per un curador designat pel testador, amb les facultats que aquest li atribueixi, i, en defecte d'ell, ho són pel mateix legatari d'usdefruit universal, amb facultats de disposició i administració, que ha d'actuar d'acord amb els fills o els descendents nascuts o llurs representants legals.

Article 226 del Codi de Successions:

En cas de possibles fideïcomissaris que no hagin nascut ni estat concebuts la notificació ha d'ésser feta als qui serien els seus ascendents més inmediats que visquin. Si la personalitat dels possibles fideïcomissaris només és determinable per algun esdeveniment futur, ha d'ésser feta la notificació a un curador que exerceixi la representació i la defensa dels interessos d'aquests fideïcomissaris. El mateix fideïcomitent pot, en disposar el fideïcomís, o en testament o en codicil posteriors, nomenar un o diversos curadors i llurs suplents. Aquest càrrec es regeix per les normes dels marmessors i correspon al seu nomenament, en defecte del nomenat pel testador o si mancaven els designats al jutge competent, pels tràmits de jurisdicció voluntària.

El càrrec de curador subsisteix en cada successió mentre persisteix la situació que l'ha originat. El curador ha de procedir en tot cas amb autorització judicial prèvia, i les despeses que ocasioni la seva actuació i, si és el cas, el seu nomenament judicial, són a cárrec del fieïcomís.

El defensor judicial:

Se concibe como un cargo transitorio que ha de ser proveído en casos en que existen conflictos de intereses, ya sea entre los padres y un menor, entre tutores, o en caso de interinidad, según el:

Article 247 del Codi de Família:

El jutge o jutgessa ha de nomenar un defensor o defensora judicial en els casos següents:

a) Quan en alguna qüestió hi hagi un conflicte d'interessos entre el tutor o tutora i la persona tutelada, o bé entre els tutors entre sí, o entre el curador o curadora i els pròdigs o les persones en situació d'incapacitat relativa, o l'administrador o administradora de béns i el menor o incapacitat.

b) Quan ho exigeixin les circumstàncies del menor o incapacitat mentre no es constitueixi la tutela o no sigui declarat el desemparament.

c) Mentre no es constitueixi la curatela de pròdigs o de persones en situació de incapacitat relativa.

d) En els supòsits en que per qualsevol causa els titulars de la tutela o de la curatela no exerceixin llurs funcions, mentre no acabi la causa o no es designi una altra persona per a l'exercici dels càrrecs.

e) En la resta de casos determinats per la llei.

El guardador de hecho: En el Código de Familia es una persona física o jurídica que tiene acogida transitoriamente a un menor desamparado o a una persona declarada incapaz o sujeta a curatela, según el:

Article 253 del Codi de Família:

El guardador o guardadora de fet és la persona física o jurídica que té acollit transitoriàment un menor que ha estat desemparat per aquella o aquelles persones que n'han de tenir cura, o qualsevol altra persona que, per raó de les seves circumstàncies personals, pot ésser declarada incapaç o subjecta a curatela.

PARTICULARMENTE, DE LOS MENORES DESAMPARADOS:

EL ACOGIMIENTO

La protección de los menores desamparados afecta a personas marginadas y que normalmente no tienen patrimonio, siendo este el motivo determinante de que sea muy difícil encontrar personas dispuestas a asumir su tutela o la simple guarda, de ahí que sea la entidad pública la que subsidiariamente ejerza una función de protección.

Hay que distinguir tres intervenciones:

1) Intervención de la Administración (Dirección General de Atención a la Infancia).

La acción protectora de la Administración se efectúa mediante la declaración de desamparo.

En concepto de desamparo se ve en concreto en el:

Article 164 del Codi de Família:

1. La resolució de desemparament de la persona menor que es troba en una situació de fet en la qual li manquen els elements bàsics per al desenvolupament integral de la seva personalitat comporta l'assumpció automàtica per l'entitat pública de les funcions tutelars sobre el menor, mentre no sigui reintegrat a qui en tingui la potestad o tutela, no es procedeixi a la constitució d'una tutela per les regles ordinàries o el menor no sigui adoptat, no s'emancipi o no arribi a la majoria d'edat.

2. L'assumpció de les funcions tutelars implica la suspensió de la potestad o de la tutela ordinària durant el temps d'aplicació de la mesura.

Es un concepto que se desarrolla en la ley de protección del menor, y a esta ley se remite el:

Article 166 del Codi de Família:

L'entitat pública ha de prendre les mesures necessàries per a assolir la protecció efectiva dels menors desemparats, d'acord amb els principis i el procediment establerts per la legislació sobre protecció de menors, amb aplicació de les normes del títol VII en allò que no s'oposi al régim propi de l'entitat pública.

Esta ley, la 37/91, de 30 de diciembre, de su:

Article 1 de la Llei de protecció de menors y adopció:

La Generalitat de Catalunya, per mitjà de l'organisme que tingui atribuïda aquesta competència, exrceix, d'acord amb aquesta llei i amb la Llei 11/1985, del 13 de juny, en la part que resta vigent, la protecció sobre els menors desemparats domiciliats a Catalunya o que s'hi trobin eventualment.

se desprende que tiene eficacia territorial.

Partiendo de esta eficacia territorial del artículo 1, en el:

Article 2 de la Llei de protecció de menors i adopció:

se detallan situaciones en las que se considera que el menor está desamparado.

En cuanto al procedimiento para la declaración de desamparo se regula en el artículo 2.3 (visto atrás).

Cualquier persona que tenga conocimiento de que un menor se haya en situación de desamparo lo tiene que comunicar a la autoridad judicial o a la Administración competente.

La Ley, en la misma línea que el Código Civil ha optado por potenciar el protagonismo de la Administración concediéndole importantes facultades: la Administración declara el desamparo; puede adoptar medidas de protección, etc..

Con esto se persigue evitar la lentitud existente en la actualidad en los procesos judiciales, procurando que la protección del menor sea inmediata, sin perjuicio de que se pueda impugnar la decisión de la Administración en caso de desacuerdo.

La entidad pública ha de prestar atención inmediata a través de los Centros de Acogimiento. La declaración de desamparo se ha de efectuar mediante resolución motivada para lo que es competente la DGAI. La declaración de desamparo ha de ser comunicada al fiscal y notificada a los representantes legales, guardadores o familiares que hayan vivido últimamente con el menor.

2) Intervención del Ministerio Fiscal: El Ministerio Fiscal en tanto que defensor de los intereses del menor, ejerce el control de los mecanismos de protección y asesora a las entidades públicas; sirve de enlace entre éstas y la organización judicial, todo ello comprobando periódicamente la situación del menor.

Para cumplir sus funciones se le ha de notificar inmediatamente las medidas de protección que comporta separar al menor de su familia, según el:

Article 6.1 de la Llei de protecció dels menors y adpoció:

1. Les mesures de protecció han d'ésser sempre acordades per escrit. L'organisme competent ha de comunicar al Ministeri Fiscal l'adopció de les mesures que comportin la separació dels menors de llur família. El fiscal, a la vista de les actuacions, pot instar a l'autoritat judicial la modificació o la suspensió de la mesura adoptada.

Se le ha de comunicar también la declaración de desamparo y la prórroga del acogimiento.

3) Intervención del Juez: Éste, actúa garantizando que todas las actuaciones de las entidades públicas redunden en el beneficio del menor, aunque su actuación es “a posteriori”, según los artículos 2.6 y 6.1 (vistos atrás).

Junto a este desamparo cabe hablar de otro:

El desamparo no imputable a los padres, debido a fuerza mayor y de carácter transitorio, según el:

Article 9 de la Llei de protecció de menors i adopció:

Si el desemparament es degut a força major de caràcter transitori, no cal la resolució formal que l'apreciï, i és suficient per a legitimar la intervenció de l'organisme competent la sol.licitud dels pares o els guardadors. En aquests casos, l'organisme competent exerceix només la guarda mentre es mantingui aquella situació.

y el:

Article 165 del Codi de Família:

Si el desemparament es deu a força major de caràcter transitori, l'entitat pública exerceix només la guarda mentre es mantingui la situació.

En este tipo de desamparo la entidad pública solo asume la guarda de los menores, en cambio en el acogimiento imputable a los padres, la entidad asume la tutela automática, quedando en suspenso la potestad de los padres, o la tutela.

Adopción de una serie de medidas:

En cada caso la entidad pública adopta las que considera más conveniente dentro del catálogo que contempla el:

Article 5.1 de la Llei de protecció de menors i adopció:

1. Les mesures a adoptar, sempre amb informe previ dels eqips técnics competents i tenint en compte l'interés del menor, poden ésser:

Primera. L'atenció en la propia família del menor, mitjançant ajuts de suport psico-social, de caire personal o económic, de l'Administració.

Segona. L'acolliment simple del menor per una persona o una família que puguin substituir, provisionalment o definitivament, el seu nucli familiar natural.

Tercera. L'acolliment simple en un centre públic o col.laborador.

Quarta.L'acolliment familiar preadoptiu.

Cinquena. Qualsevol altra millora aconsellable, de caràcter assistencial, educatiu o terapèutic, ateses les circumstàncies del menor.

Estas medidas suponen necesariamente una interferencia en el ejercicio de la potestad por parte de los padres o de la tutela por parte del tutor, por lo que la ley dota a la entidad pública de los instrumentos necesarios para la efectividad de esas medidas concediéndole la tutela o en su caso la guarda del menor.

La tutela automática comporta la representación legal del menor que asume la entidad pública, mientras que en la guarda, no.

Se asigna a la DGAI el ejercicio de la guarda y de las funciones tutelares.

Se parte del principio de que siempre que sea posible se han de aplicar medidas que no comporten la separación del menor de su hogar, de ahí que la primera medida del artículo 5 (visto atrás) (“en la propia familia”).

Tiene mucha importancia la medida del acogimiento. El acogimiento familiar lo ha de adoptar la entidad pública, aunque también lo puede acordar el Juez.

El acogimiento familiar consiste en separar al menor de su propia familia, integrándole en otra familia o procurándole la convivencia con otra persona, pero intentando siempre que lleve una vida familiar.

Hay que distinguir el acogimiento simple del preadoptivo.

Con el primero se pretende que el menor vuelva después de cierto tiempo de acogimiento con su familia, mientras que con el acogimiento preadoptivo se contempla en la ley como un período de prueba y subsiguiente adopción.

Acogimiento simple

A) Clases:

El artículo 5 (visto atrás), prevé:

1) Acogimiento en institución.

2) Acogimiento por persona o familia.

1) Acogimiento en institución: Tiene lugar en los denominados centros residenciales de acción educativa, según el:

Article 41 del Reglament de protecció dels menors i adopció:

L'organització dels Centres es durà a terme de manera que reprodueixi al màxim possible les condicions de vida d'una família que permeti al menor un creixement harmònic i estable. Els grups de convivència seràn reduïts i cada menor tindrà un educador tutor de referència.

del que se desprende que estos centros han de reproducir las condiciones de vida de una familia que permita al menor un crecimiento armónico y estable.

En el:

Article 12.3 de la Llei de protecció de menor i adopció:

3. Les institucions d'acolliment han d'ésse totalment obertes, integrades en un barri o una comunitat i han d'organitzar-se sempre en unitats que permetin un tracte afectiu i una vida quotidiana personalitzats.

se dice que las instituciones de acogimiento han de estar integradas en un barrio o comunidad.

2) Acogimiento por persona o familia:

Hay que distinguir entre:

a) Existencia de vínculo familiar entre el menor y el acogedor:

El acogimiento en familia extensa del menor es aquel que tiene lugar cuando existe una previa relación de parentesco entre el menor y los acogedores, según el:

Article 56 del Reglament de proteeció dels menors i adopció:

L'acolliment en família extensa tindrà preferència respecte de l'acolliment en família aliena sempre que concorrin les circumstàncies establertes en el article següent.

este acogimiento es el preferente.

b) No existencia de vínculo entre el menor y el acogedor:

Este es el acogimiento en familia ajena, en el cual, el menor es asignado a la persona o familia con la que sin tener ningún vínculo familiar con el menor, ha presentado una solicitud de acogimiento y ha obtenido un informe favorable del equipo técnico en el proceso de selección, según el:

Article 62 del Reglament de protecció de menors i adopció:

1. El procés d'estudi i valoració de la persona o família que s'ofereix per acollir inclourà un mínim de dues entrevistes, de les que al menys una serà efectuada per un diplomat en treball social i una per un psicòleg del equip tècnic competent. Hi haurà una visita domiciliària i també es podran incloure qüestionaris i proves psicomètriques.

2. Dins del procés de selecció, hi haurà unes sessions informatives que s'establiran a aquest efecte, consistents en una vessant teòrica sobre les característiques fonamentals de l'acolliment simple en família amb participació de professionals relacionats amb la infància i l'educació, i una vessant més pràctica que inclourà l'aportació de persones o famílies que ja han viscut esta experiència.

3. De l'assistència dels sol.licitants a les sessions esmentades i de les entrevistes, n'ha de quedar constància.

4. Cada menbre del eqip tècnic elaborarà els informes de cada fase del procés i un informe final respecte de les circumstàncies que concorren en la persona o família del sol.licitant.

5. L'informe favorable del equip tècnic competent ha de incloure una valoració sobre les característiques del menor o menors susceptibles de ser acollits per cada persona o família.

En:

Article 10.4 de la Llei de protecció de menors i adopció:

4. Els criteris de selecció de la persona o família d'acolliment han d'ésser establerts per reglament i han de tenir en compte l'edat, l'aptitud

educadora, la situació familiar i altres circumstàncies en interès del menor.

fija con carácter general criterios que se han de tener en cuenta a la hora de seleccionar a la persona o familia que llevará a cabo el acogimiento.

Esto está desarrollado por el:

Article 61 del Reglament de protecció de menors i adopció:

Les circumstàncies que es tindràn en compte per a la valoració de les persones o famílies per a l'acolliment simple són el següents:

a) Característiques personals:

No patir cap malaltia física o psíquica que impossibiliti l'atenció del menor.

Tenir capacitat d'adaptació personal d'avant noves situacions.

Estabilitat emocional.

Possibilitat de dedicació.

b) Circumstàncies socioeconòmiques:

Mitjants de vida suficients.

Habitatge en condicions adequades.c) Capacitat educativa i entorn familiar directe que pugui donar suport a la tasca educativa:

Motivació adequada a la finalitat de l'acolliment simple.

Voluntad d'acollir per tot el nucli familiar que conviu

Acceptació, si s'escau, de la relació del menor amb la seva família biològica i de facilitar-hi el retorn, i acceptació de la història, identitat i cultura pròpia del menor.

B) Contenido:

Según el:

Article 10.2 de la Llei de protecció de menors i adopció:

2. Les persones que rebin un menor en acolliment simple tenen l'obligació de vetllar per ell, tenir-lo em llur companyia, alimentar-lo, educar-lo i procurar-li una formació integral, sempre sota la vigilància, l'assesorament i l'ajut de l'organisme competent.

La participación del menor acogido en esa convivencia familiar no afecta al estado civil, no comporta ningún tipo de parentesco, ni cambio de apellido, ni alteración en el orden sucesorio y ni siquiera el acogedor es el representante del acogido.

C) Duración:

El acogimiento se configura como una medida de carácter transitorio limitada en el tiempo, además, según el:

Article 11 de la Llei de protecció dels menors i adopció:

1. L'adopció del acolliment simple en família es constitueix per resolució del organisme competent. Aquesta resolució ha d'ésser motivada i ha d'especificar la forma en què s'ha de exercir l'acolliment i el temps de durada, que no pot ésser més d'un any, llevat que, havent-ho comunicat prèviament al Ministeri Fiscal, la mesura sigui prorrogada.

2. La resolució anterior no requereix el consentiment dels pares o del tutor, llevat del supòsit determinat en l'article 9, en el qual els pares o els tutors han d'expresar llur consentiment.

la duración no puede ser de más de un año, salvo que habiéndolos nombrado previamente el Ministerio Fiscal, la medida sea prorrogada.

D) No es necesario el consentimiento de los padres ni del tutor, salvo en los casos en que la institución ha intervenido a petición de éstos (casos de fuerza mayor).

El:

Aricle 52 del Reglament de protecció de menors i adopció:

1. La mesura d'acolliment simple per una persona o família serà acordada per la Direcció General d'Atenció a la Infància, amb audiència prèvia dels pares, del tutor, del guardador, o dels familiars que hagin conviscut amb el menor, si estan identificats i localitzables.

2. En la mateixa resolució que acordi la mesura es podrà constituir l'acolliment simple en interès del menor si ja es compta amb una persona o família proposada per a tal fi.

si que prevé la audiencia de los padres, tutor, que hayan convivido con el menor, si están identificados y localizables, pero solo son escuchados, queda siempre a salvo la impugnación judicial de la medida.

E) Impugnación judicial de la medida: Se puede impugnar, pero como requisito previo a la vía judicial se exige la presentación de reclamación administrativa previa ante la Consellería de Justícia, según la:

Disposició Addicional Primera del Reglament de protecció dels menors i adopció:

1. Quan es tracti del reconeixement d'una adopció constituïda a l'estranger sense la intervenció de la Direcció General d'Atenció a la Infància, aquesta entitat, a petició de l'autoritat judicial competent, procedirá a l'estudi i valoració de la persona o personas adoptants, per determinar si reuneixen les condicions necessàries d'idoneïtat per tal de procurar el desenvolupament integral del menor i una aptitud educadora adequada.

2. Es procedirà de la mateixa manera quan s'hagi pronunciat una mesura equiparable a l'acolliment preadoptiu del menor.

3. Si la valoració és favorable, es lliurarà el certificat d'idoneïtat a l'autoritat judicials als efectes del que estableix l'article 9.5 del Codi Civil, i si la valoració no es favorable, es comunicará a l'autoritat judicial.

Artículo 9.5 del Código Civil:

5. La adopción, constituida por Juez español se regirá, en cuanto a los requisitos, por lo dispuesto en la ley española. No obstante, deberá observarse la ley nacional del adoptando en lo que se refiere a su capacidad y consentimientos necesarios:

1º) Si tuviera su residencia habitual fuera de España.

2º) Aunque resida en España, si no adquiere, en virtud de la adopción la nacionalidad española.

A petición del adoptante o del Ministerio Fiscal, el Juez, en interés del adoptando, podrá exigir, además, los consentimientos, audiencias o autorizaciones requeridas por la ley nacional o por la ley de la residencia habitual del adoptante o del adoptando.

Para la constitución de la adopción, los Cónsules españoles tendrán las mismas atribuciones que el Juez, siempre que el adoptante sea español y el adoptando esté domiciliado en la demarcación consular. La propuesta previa será formulada por la entidad pública correspondiente al último lugar de residencia del adoptante en España. Si el adoptante no tuvo residencia en España en los dos últimos años, no será necesaria propuesta previa, pero el Cónsul recabará de las autoridades del lugar de residencia de aquél informes suficientes para valorar su idoneidad.

En la adopción constituida por la competente autoridad extranjera, la ley del adoptando regirá en cuanto a capacidad y consentimientos necesarios. Los consentimientos exigidos por tal ley podrán prestarse ante una autoridad del país en que se inició la constitución o, posteriormente, ante cualquier otra autoridad competente. En su caso para la adopción de un español será necesario el consentimiento de la entidad pública correspondiente a la última residencia del adoptando en España.

No será reconocida en España como adopción la constituida en el extranjero por adoptante español, si los efectos de aquélla no se corresponden con los previstos por la legislación española. Tampoco lo será, mientras la entidad pública competente no haya declarado la idoneidad del adoptante, si éste fuera español y estuviera domiciliado en España al tiempo de la adopción.

La atribución por la ley extranjera de un derecho de revocación de la adopción no impedirá el reconocimiento de ésta si se renuncia a tal derecho en documento público o por comparecencia ante el encargado del Registro Civil.

Para impugnar la declaración de desamparo no es necesaria la reclamación administrativa.

F) El cese de estas medidas de protección se prevé en los:

Article 16 de la Llei de protecció de menors i adopció:

Les mesures de protecció cessen per:

a) Majoritat o habilitació d'edat.

b) Adopció del menor.

c) Resolució judicial.

d) Acord de l'organisme competent quan hagi desaparegut les circumstàncies que donaren lloc a l'adopció de la mesura.

e) Caducitat del temps de durada previst en la resolució d'adopció de la mesura i, si escau, de la pròrroga.

Article 17 de la Llei de protecció dels menors i adopció:

1. A més de les causes previstes en l'article 16, l'acolliment simple i el preadoptiu cessen per mort, incapacitat o voluntad de la família o la persona acollidora, sens perjudici que, de manera inmediata, hom procedeixi a un nou acolliment en família, en institució o preadoptiu.

2. L'acolliment preadoptiu cessa també per sol.licitud del menor, si té més de dotze anys, en el qual cas cal establir tot seguit la mesura de protecció que escaigui en benefici del menor.

3. Quan hagi transcorregut el temps de durada previst en la resolució de constitució, que en cap cas no pot ésser superior a un any, sense que hagi estat revisada la mesura adoptada, o quan ho determine l'organisme competent, es pot procedir a l'adopció del menor d'acord amb allò que disposa el Capítol II.

Acogimiento preadoptivo:

El elemento decisivo para que se adopte un acogimiento simple o preadoptivo es la conveniencia y posibilidad de que el menor vuelva con su familia o no.

Tampoco hay inconveniente en que previsto inicialmente un acogimiento simple, la situación resulte irrecuperable y que directamente de ese acogimiento simple se pase a la adopción, según el:

Article 117.1.e del Codi de Família:

1. Poden ésser adoptades les persones menors no emancipades en els supòsits següents:

e) Excepcionalment, les persones que estiguin en situació d'acolliment simple dels qui els volen adoptar, si les circumstàncies han canviat i ja no és possible el retorn d'aquelles a la seva família, perquè i concorri alguna de les circumstàncies de l'acolliment preadoptiu o altres que en facin impossible el reintegrament.

El:

Article 13 de la Llei de protecció de menors i adopció:

1. Es pot adoptar la mesura d'acolliment preadoptiu, com a pas previ per a l'adopció:

a) Si el menor presenta signes de maltractament físic o psíquic, d'abusos sexuals, d'explotació o d'altres de naturalesa anàloga o si pel qualssevol motius els pares o els tutors estan sotmesos a una causa de privació de la pàtria potestad o remoció de la tutela o si no consta qui la té.

b) Si els pares o tutors estan impossibilitats per a exercir llur potestad i es preveu que aquesta situació pot ésser permanent.

c) Si els pares o tutors ho sol.liciten a l'organisme competent i fan abandonament dels drets i dels deures inherents a llur condició.

d) Si ho determina l'autoritat judicial.

2. En els casos determinats en l'apartat 1, s'han de suspendre les visites i les relacions amb la família biològica, per tal d'aconseguir la millor integració en la família acollidora, si convé a l'interès del menor.

dice que procede el acogimiento preadoptivo en determinados casos (los del artículo anterior).

Se aproximan ambos acogimientos en que tampoco es posible el acogimiento preadoptivo negocial, sino que lo ha de acordar la Administración o en su caso el Juez.

Tampoco crea un vínculo familiar mientras no se materialice la adopción

El contenido es el mismo.

En el acogimiento preadoptivo se puede prohibir a los progenitores que vean a sus hijos.

A diferencia del acogimiento simple, que puede constituirse por el órgano competente sin necesidad del consentimiento de los padres o tutor, en el acogimiento preadoptivo, para que se constituya extrajudicialmente es necesario el consentimiento de los padres o el tutor, según el:

Article 14.1 de la Llei de protecció de menors i adopció:

1. L'organisme competent ha d'acordar l'acolliment preadoptiu, amb l'assentiment dels pares o els tutors que no estiguin privats de la pàtria potestad o remoguts del càrrec tutelar i havent escoltat al menor de dotze anys, si té prou coneixement i és possible. Si el menor té més de dotze anys, l'acolliment requereix el seu consentiment. Si no s'ha pogut conèixer el domicili o parador dels pares o els tutors, o si haven estats citats no compareixen en el termini de trenta dies, o dissenteixen, només el jutge, en interès del menor, pot acordar l'acolliment preadoptiu.

INSTTUCIONES TUTELARES:

LA TUTELA, LA CURATELA Y EL DEFENSOR JUDICIAL

LA TUTELA: Según el Código de Familia se prevén dos modalidades, la voluntaria y la dativa.

A) La tutela voluntaria:

En esta a su vez distinguimos:

1) La tutela deferida por uno mismo.

2) La tutela deferida por el padre o la madre.

1) Se prevé en el:

Article 172 del Codi de Família:

1. Qualsevol persona, en previssió d'ésser declarada incapaç, pot nomenar, en esciptura pública, les personas que vol que exerceixin algun o alguns dels càrrecs tutelars establerts per aquest Codi, i també designar-ne substituts o exclore'n determinades persones. En cas de pluralitat successiva de designacions, preval la posterior. També pot establir el funcionament, la remuneració i el contingut, en general, de la seva tutela, especialment pel que fa a la cura de la seva persona. Aquests nomenaments es poden fer tant de forma conjunta com successiva.

2. Els nomenaments i les exclusions poden ésser impugnats per les persones cridades per la llei per a exercir la tutela o pel Ministeri Fiscal, si en constituir-se la tutela s'ha produït una modificació sobrevinguda de les causes explicitades o que presumiblement hagin estat tingudes en compte en efectuar la designació o l'exclusió.

En precedentes legislativos se hablaba de autotutela, pues uno mismo prevé quien sea su tutor.

Se ha de otorgar o formalizar en escritura pública y ha de inscribirse en el Registro de Consentimientos tutelares no testamentarios, según el 172 (visto atrás) y el:

Article 251.1 del Codi de Família:

1. En el Registre de Nomenaments Tutelars no Testamentaris s'inscriuen les delacions de les tuteles que han estat atorgades en ús de les facultats establertes per l'article 172.

2) Ha de formalizarse, según el:

Article 173 del Codi de Família:

El pare i la mare que no estiguin privats de la potestad poden ordenar es escriptura pública, testament o en codicil els nomenaments, les substitucions i les exclusions a que es refereix l'article 172 i en la forma que estableix per a cadascun dels seus fills menors, m¡no emancipats i per als fills emancipats o majors d'edat incapacitats, si en tenen potestad prorrogada o rehabilitada.

en escritura pública, testamento o codicilo.

Si el padre o la madre han previsto disposiciones contradictorias se ha de estar a los criterios de preferencia del:

Article 175 del Codi de Família:

En cas de concurrència de nomenaments o d'exclusions fets per pare i pel la mare, és preferida la voluntad del qui ha exercit darrerament la potestad, sens perjudici, si és el cas, de l'eficàcia del nomenament fet pel l'altre del titular de l'administració especial dels béns que ell mateix hagi disposat per donació, herència o llegat a favor del menor o incapaç.

B)La tutela dativa:

Cuya delación corresponde a la autoridad judicial. Se contempla en el:

Article 178 del Codi de Família:

Si no hi ha tutor o tuora nomenat per la mateixa persona interessada o pel pare i la mare, o si la persona designada és incapaç per a exercir el càrrec, s'excusa o no és remoguda, correspon a l'autoritat judicial aquesta designació. També li correspon, en els mateixos supòsits, la del titular de l'administració patrimonial, si ho estima convenient.

y siguientes del Código de Familia (hasta el 182).

El orden de la delación se recoge en el:

Article 179 del Codi de Família:

1. Per a l'exerccici de la tutela o, si és el cas, per a l'administració patrimonial, s'ha de preferir:

a) En la tutela d'incapaç, el seu cònjuge o la persona de sexe diferent amb qui es conviu en relació estable de parella, en ambdòs casos, si la persona designada conviu amb líncapaç.

b) Els descendents de l' incapacitat si són majors d'edat o, altrament ascendents,i, en aquest cas, si són el pare i la mare, comporta la pròrroga o la rehabilitació de la potestad dels dos o de qualsevol d'ells.

c) El cònjuge del pare o de la mare del menor o incapacitat o la persona que, en morir un o altre, es trobi respecte a aquest en el supòsit de persona de sexe diferent amb qui es conviu en relació estable de parella; en ambdòs casos si la persona designada ha conviscut amb el menor o incapacitat durant els últims tres anys.

d) Els gemans del menor o incapacitat.

2. No obstant això, si ho estima més convenient per als interessos del menor o incapacitat, l'autoritat judicial, en resolució motivada, pot alterr l'ordre establert o elegir una altra persona, tenint en compte aquelles que es presentin voluntàriament per a assumir els càrrecs indicats, si poden beneficiar al menor.

Hay que destacar que si el Juez lo estima conveniente para los intereses de la persona tutelada, en resolución motivada, puede alterar el orden establecido, o nombrar a otra persona.

1) Constitución de la tutela:

Se constituye siempre por la autoridad judicial en un procedimiento de jurisdicción voluntaria.

En el:

Article 183 del Codi de Família:

se hace una relación de las personas que están obligadas a promover la constitución de la tutela y que son las personas llamadas para ejercerla:

- las instituciones que tengan al menor bajo su guarda.

- el Ministerio Fiscal.

- el mismo Juez, de oficio.

- cualquier otra persona que tenga conocimiento de que un sujeto se ha de someter a tutela tiene el deber de comunicarlo al Juez o al Ministerio Fiscal.

En el procedimiento de constitución el Juez tiene que pedir certificados al Registro de Nombramientos Tutelares no testamentarios y al Registro General de Actos de última voluntad, y después deberá de oír a una serie de personas:

- al menor.

- a las personas llamadas para ser tutor.

- al Ministerio Fiscal.

- a quien crea conveniente.

Después de comprobar que a las personas a quien se ha de nombrar tutores tienen aptitud legal y no están incursas en causas de inhabilitación, el Juez procederá al nombramiento de tutor, según los:

Article 185 del Codi de Familía:

Article 186 del Codi de Família:

b)Per resolució judicial, estiguin o hagin estat privades o suspeses de l'exercici de la potestad o de una tutela o privades totalment o parcialment de la guarda i l'educació.

c) Hagin estat remogudes de una tutela.

d) Estiguin complin una pena privativa de llibertat.

e) Hagin fet fallida o no estiguin rehabilitades de un concurs de creditors, llevat que la tutela no inclogui l'administració dels béns.

f) Hagin estat condemnades per qualsevol delicte que faci suposar fonamentadament que no desenvoluparan la tutela de manera correcta.

g) Per llur conducta puguin perjudicar la formació del menor o la cura de l'incapacitat.

h) Estiguin en situació d'impossibilitat de fet per a exercir el càrrec.

i) Tinguin enemistad manifesta amb la persona tutelada, tinguin o hagin tingut amb ella plets o importants conflictes d'interessos o en siguin deutors pel qualsevol concepte.

j) No disposin de mitjans de vida coneguts.

2. No poden ésser tampoc tutors ni administradors patrimonials les persones jurídiques desqualificades o intervingudes per l'Administració, o si las persones a què es refereix l'apartat 3 del article 185 estan en algunes de les esmentades situacions d'incapacitat descrites per l'apartat 1 d'aquest article.

3. Tampoc no poden ésser tutors ni administradors patrimonials les persones físiques o jurídiques que mantinguin una relació laboral d'assalariat o contractat o de naturalesa anàloga amb l'incapacitat. En cas de persones jurídiques, aquesta incompatibilitat és aplicable quan qualsevol dels membres que integrin l'òrgan de representació o d'administració mantingui, directament o indirectament, una relació d'aquell tipus amb l'incapacitat.

Nombrados los tutores se puede formular oposición. Además, los tutores se pueden excusar de ejercer el cargo por las causa de los:

Article 187 del Codi de Família:

1. Es poden al.legar com a excuses per a no exercir la tutela, l'edat, la malaltia, la manca de relació amb el menor o incapaç, les derivades de les característiques peculiars de l'ocupació professionall del designat o qualsevol altra que faci especialment feixuc o pugui afectar el bon exercici de la tutela.

2. Les persones jurídiques poden excusar-se si no disposen de mitjans suficients per al desenvolupament adequat de la tutela.

Article 188 del Codi de Família:

1. L'excusa s'ha d'al.legar en la constitució de la tutela, en termini de quinze dies comptadors de la notificació del nomenament, i quan l'excusa sobrevé posteriorment, amb la màxima diligència possible.

2. La persona que s'excusa després d'haver acceptat el càrrec està obligada a exercir la seva funció mentre l'excusa no li sigui acceptada judicialment.

3. Simultàniament a l'admissió de l'excusa, l'autoritat judicial ha de procedir al nomenament d'una altra persona per a exercir la tutela o, si és el cas, per a l'administració patrimonial.

4. L'acceptació de l'excusa comporta la pèrdua d'allò que s'hagi deixat en consideració al nomenament.

El Juez apreciará si procede la excusa o no, y si la admite, nombrará a otra persona.

2) Intervención judicial en la constitución y ejercicio de la tutela:

El Juez interviene por diferentes razones y en diferentes momentos en la constitución y ejercicio de la tutela:

1º) Para constituir la tutela y determinar las condiciones de ejercicio de la misma. Puede establecer las medidas de control y vigilancia que crea conveniente, según el:

Article 181.1 del Codi de Familía:

1. En establir la tutela, l'autoritat judicial pot establir, en benefici de la persona tutelada, les mesures de vigilància i control de la tutela i, si és el cas, de l'administració patrimonial que cregui convenients.

por ejemplo, la exigencia de una caución, según el:

Article 189.1 del Codi de Família:

1. L'autoritat judicial, ateses les circumstàncies de la tutela, pot exigir caució a la persona designada per a exercir-la, si és el cas, a la nomenada per a portar l'administració patrimonial, abas de donar-los la possesssió del càrrec. En qualsevol moment i per justa causa, pot deixar-la sense efecte o modificar-la totalment o parcialment.

también puede separar los cargos de tutor de la persona y tutor de los bienes.

2º) El Juez puede adoptar medidas posteriores de control con el fin de asegurar el buen funcionamiento de la tutela, según el:

Article 193 del Codi de Família:

Si no hi ha consell de tutela, l'autoritat judicial, d'ofici o a instància del ministeri fiscal, de la persona tutelada, del titular de la tutela i, si és el cas, de qui en tingui al seu càrrec l'administració patrimonial pot disposar, en qualsevol moment de la tutela, les mesures que estimi necessàries per al control del seu bon funcionament, especialment en allò que faci referència a la gestió patrimonial.

En el Código de Familia no se atribuyen al Juez poderes inquisitivos tan intensos y discrecionales como en el Código Civil, y la intervención del Ministerio Fiscal también es más diluida.

3º) El Juez ha de autorizar actos de cierta relevancia, según el:

Article 212.1 del Codi de Família:

b) Alienar o gravar accions o participacions socials. No cal l'autorització, però, per a alienar, almenys pel preu de cotització les accions cotitzades en borsa ni per a alienar els drets de subscripció preferent.

c) renunciar crèdits.

d) Acceptar herències sense benefici d'inventari i renunciar donacions, herències o llegats, acceptar llegats i donacions modals o oneroses. La denegació de l'autorització judicial per a les renúncies esmentades comporta l'acceptació de la transmissió. Si es tracta d'una herència, s'entén sempre acceptada a benefici d'inventari.

e) Atorgar arrendaments sobre béns inmobles per a un termini superior a quinze anys.

f) Donar i prendre diners en préstec.

g) Cedir a terceres persones els crèdits que el tutelar o tutelada tingui contra elles i adquirir a títol onerós els crèdits de terceres persones contra el tutelar o tutelada.h) Avalar o prestar fermança, o constituir drets de garantia d'obligacions alienes per un termini superior a deu anys.

i) Constituir a oadquirir la condició de soci en societats que no limitin la responsabilitat dels seus socis, i també dissoldre, fusionar o escindir aquestes societats.

j) Transigir en qüestions relacionades amb els béns o els actes indicats en aquest apartat 1 o sotmetre-les a arbitratge.

k) Establir alguna obligació personal o laboral de la persona tutelada.

éstos, son actos que se han de autorizar previamente por el Juez y que son de carácter más bien patrimonial.

En los:

Article 215 del Codi de Família:

1. En l'exercici de les funcions tutelars, s'ha de proporcionar una formació integral al menor.

2. Cal l'autorització judicial per a internar al menor en un centre o una institució d'educació especial.

3. En les decisions relatives a l'educació del menor, si aquest té almenys dotze anys i manifesta una opinió diversa, el tutor o tutora necessita també l'autorització judicial o la del consell de tutela si n'hi ha.

Article 219 del Codi de Família:

1. La persona titular de tutela necessita autorització judicial per a:

a) internar la persona incapacitada en un establiment adequat.

b) Aplicar a la persona incapacitada tractaments mèdics que fonamentalment puguin posar en greu perill la seva vida o la seva integritat física o psíquica.

2. Les mesures indicades per l'apartat 1 poden ésser preses sense l'autorització prèvia si el fet d'obtenir-les pot comportar un retard que implique un greu risc per a la persona tutelada, per a altres persones o per als béns. En aquest cas, s'ha de comunicar al jutjat que correspongui i al consell de tutela, si n'hi ha, la decisió adoptada, en el termini de vint-i-quatre hores, com a màxim.

se prevé la autorización judicial para adoptar decisiones de naturaleza personal, como internar al menor en un centro; decisiones relativas a la educación del menor si tiene 12 años si no está de acuerdo con la educación que recibe, etc..

4º) El Juez ha de intervenir en las rendiciones de cuentas de la tutela:

Hay tres tipos:

a) Las cuentas anuales, en las que el Juez ha de intervenir si no existe Consejo de Tutela, según el:

Article 204 del Codi de Família:

1. Si no hi ha consell de tutela, el tutor o tutora i, si és el cas, l'administrador o administradora patrimonial han de dipositar anualment el comptes de la tutela dins els sis primers mesos de l'exercici següent. Malgrat tot, si el patrimoni de la persona tutelada és d'entidad reduïda, l'autoritat judicial, després de la primera rendició de comptes anuals, pot disposar, amb l'audiència prèvia del tutelat o tutelada, si té prou coneixement o sempre si al menys té dotze anys i es tracta de tutela de menor, que les succesives es duguin a terme per períodes més llargs, que no ultrapassin els tres anys.

2. El dipòsit a què fa referència l'apartat 1 s'ha de fer davant el jutge o jutgessa encarregat del Registre Civil on consta inscrita la tutela.

3. Si hi ha consell de tutela, els ccomptes es reten al consell, en la forma establerta per l'article 231.1.

b) Rendición final de cuentas (final de la tutela), según el:

Article 221 del Codi de Família:

1. En acabar la tutela, la persona titular de la tutela i, si és el cas, ella i l'administrador o administradora patrimonial han de retre comptes finals de la tutela a l'autoritat judicial en el termini de sis mesos comptadors des de l'extinció d'aquella, prorrogables judicialment, per justa causa, per un altre període de tres mesos com a màxim. L'obligació es transmet al hereus, si la persona obligada mor abans de la rendició de comptes, però, en aquest cas, el termini s'interomp entre la defunció i l'acceptació de l'herència.

2. La rendició de comptes pot ésser requerida per la persona tutelada o, si és el cas, pel seu representant legal o els seus hereus, i també per qui tingui la presidència del consell de tutela, si és el cas. L'acció de reclamació prescriu als tres anys de l'extinció del termini establert per a la rendició. Si escau, el còmput de la prescripció de l'acció no s'inicia fins al moment que hagi cessat la convivència entre la persona tutelada y el tutor o tutora.

3. Les despesses necessàries de la rendició de comptes són a càrrec de la tutela.

c) Rendición de cuentas por cese en el cargo del tutor, según el:

Article 222 del Codi de Família:

1. En el cas que, abans de l'extinció de la tutela, es produeixi el cessament de la persona que exerceix el càrrec de tutor o, si és el cas, l'administrador patrimonial, aquests han de retre comptes al jutjat de la seva gestió, en el termini indicat per l'article 221, comptador des de el cessament.

2. Si el cessament és per defunció, la rendició de comptes l'han de fer els hereus i el termini es compta des de l'acceptació de l'herència.

Estos dos últimos tipos de rendición están equiparados en cuanto a la manera de practicarse y se practican, respectivamente, cuando se extingue la tutela y cuando el tutor cesa por cualquier causa.

3) El Consell de tutela: Es un órgano existente en Cataluña.

1) Caracteres:

A) Es un órgano voluntario, ya que tan solo existirá si quienes nombran al tutor deciden establecerlo. Solo cabe en los supuestos del delación voluntaria de la tutela, contemplado en las artículos 226 al 236 del Código de Familia.

B) Se formaliza judicialmente en el procedimiento de constitución de la tutela, según el:

Article 226 del Codi de Família:

En la tutela deferida per la persona interessada o pel seu pare o pel la seva mare, hom pot preveure que hi hagi un consell de tutela, que ha d'ésser formalitzat pel jutjat en el marc de la constitució d'aquesta tutela.

C) Es un órgano colegiado que se integra por un mínimo de tres personas y máximo de cinco, nombrados por el Juez, que ha de funcionar colegiadamente, tanto que para su válida constitución han de estar presentes al menos la mitad de sus miembros, según el:

Article 232 del Codi Família:

1. Per la deguda constitució del consell de tutela, cal la concurrència, al menys, de la meitad dels membres, que no poden delegar-ne l'assistència.

2. Si no hi assisteix el titular de la presidència, la reunió és presidida per la persona de més edat de les assistents i, si manca el secretario o secretària, actua com a tal la persona més jove.

porque sus acuerdos se han de adoptar por mayoría simple de sus miembros presentes, según el:

Article 233 del Codi de Família:

1.Els acords del consell de tutela es prenen per majoria simple dels membres presents, i el vot de la persona que hagi presidit la reunió es un vot de qualitat.

2. Al final de la reunió, la persona que n'hagi estat secretària esten l'acta corresponent, amb el vistiplau de qui la hagi presidida.

3. Se aplican a sus miembros algunas normas de la tutela, según el:

Article 229 del Codi de Família:

1. Són aplicables al membres del consell de tutela, en la mesura que correspongui, les normes de la tutela, especialment quant al nomenament, a les causes d'incapacitat, i en màteria de responsabilitat.

2. La seu del consell de tutela ha d'ésser el domicili de la persona que en tingui la presidència.

2) Funciones:

Se preven en el:

Article 234 del Codi de Família:

1. El Consell de tutela vetlla pel bon funcionament de la tutela, tant en l'aspecte personal com en el patrimonial i, amb aquesta finalitat, la persona que en tingui la presidència ha de mantenir una relació regular amb la persona que exerceix la tutela i, si és el cas, amb la titular de l'administració patrimonial.

2. En especial, correspon al consell de tutela:

a) Modificar la remuneració de la persona titular de la tutela i la que té cura de l'administració patrimonial, sempre que la situació patrimonial de la persona tutelada així ho aconselli, i sens perjudici de la intervenció judicial que ho deixi sense efecte.

b) Resoldre els desacordss entre tutors, quan n'hi ha més d'un, o entre el tutor o la tutora i l'aministrador o administradora patrimonial.

c) Atorgar les autoritzacions establertes per les articles 212, 215 i 219.

3. El consell de tutela ha d'ésser escoltat pel jutge o jutgessa en tots els casos en què cal l'audiència de la persona titular de la tutela o de la persona tutelada, i pot adreçar-s'hi en sol.licitud de les mesures que cregui adquades per al bon desenvolupament de la tutela, inclosa, si és el cas, la remoció del tutor o tutora de la persona que administra el patrimoni.

A) El 234.1 dice que el Consejo de tutela, en general vela por el buen funcionamiento de la tutela.

B) El 234.2 dice que corresponde al Consejo de tutela, en especial:

a) Modificar la remuneración del titular de la tutela o el administrador patrimonial, siempre y cuando la situación patrimonial de la persona tutelada así lo aconseje.

b) Mediación para resolver desacuerdos entre tutores.

c) En sustitución del Juez puede otorgar ciertas autorizaciones (arts. 212, 215 y 219 CF.

Sobre esto hay que hacer alguna puntualización, puesto que respecto de los acuerdos referentes a lo dispuesto en los:

Article 215.2 del Codi de Família:

2. Cal l'autorització judicial per a internar al menor en un centre o una institució d'educació especial.

Article 219 del Codi de Família:

1. La persona titular de tutela necessita autorització judicial per a:

a) internar la persona incapacitada en un establiment adequat.

b) Aplicar a la persona incapacitada tractaments mèdics que fonamentalment puguin posar en greu perill la seva vida o la seva integritat física o psíquica.

2. Les mesures indicades per l'apartat 1 poden ésser preses sense l'autorització prèvia si el fet d'obtenir-les pot comportar un retard que implique un greu risc per a la persona tutelada, per a altres persones o per als béns. En aquest cas, s'ha de comunicar al jutjat que correspongui i al consell de tutela, si n'hi ha, la decisió adoptada, en el termini de vint-i-quatre hores, com a màxim.

hay autores que opinan y con fundamento, que son erróneas:

1º) Porque un análisis de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley del Código de Familia hace pensar que la remisión que se quería hacer, es en realidad a los:

Article 215.3 del Codi de Família:

3. En les decisions relatives a l'educació del menor, si aquest té almenys dotze anys i manifesta una opinió diversa, el tutor o tutora necessita també l'autorització judicial o la del consell de tutela si n'hi ha.

Article 217 del Codi de Família:

1. Si el menor ha complert setze anys i l'accepta, la persona que exerceix la tutela, sola o conjuntament amb el titular de l'administració patrimonial, si és el cas, i amb l'autorització prèvia judicial o del consell de tutela, si n'hi ha, pot concedir a aquell el benefici de l'habilitació d'edat, que s'ha de formalitzar en escriptura pública.

2. L'habilitat d'edat pot actuar en relació amb la seva persona i els seus

béns igual que el menor emancipat, si bé el complement de capacitat

establert per l'article 159 és prestat per la persona o les persones titulars de la tutela o de la prestació patrimonial. Si la tutela havia estat exercida per dos tutors, pot prestar l'indicat complement de capacitat, en tot cas, com a curadors.

2º) Este razonamiento es confirmado por el hecho de que en los casos del 215.2 y 219 (vistos atrás), parece que siempre ha de intervenir el Juez.

3º) Resulta difícil de admitir que el Consejo de tutela pueda autorizar el internamiento de un menor o incapaz en lugar de la autoridad judicial, por ser medidas que afectan a derechos fundamentales de la persona.

C) El 234.3 atribuye al Consejo de tutela una función de información y colaboración con el Juez y con los tutores.

3) Intervención del Juez:

El Juez interviene en la formalización de ese órgano, nombra a los miembros del Consejo de tutela, pero como regla general, no interviene en las decisiones y toma de acuerdos del Consejo de tutela.

Pero sí puede hacerlo en caso de que sea posible tomar algún acuerdo en los términos del:

Article 235 del Codi de Família:

4) Extinción:

El Consejo de tutela acaba sus funciones cuando se extingue la tutela y se aprueban las cuentas finales, según el:

Article 236 del Codi de Família:

El consell de tutela acaba les seves funcions amb l'extinció de la tutela, un cop aprovats els comptes finals i lliurada la documentació a la persona interessada o als seus hereus.

4) Extinción de la tutela:

Causas y efectos de la extinción:

A) Causas:

Se recogen en el:

Article 220 del Codi de Família:

1. La tutela s'extingeix per:

a) La majoria d'edat o l'habilitació d'edat del tutelat o tutelada, llevat que amb anterioritat hagués estat incapacitat judicialment.

b) El matrimoni del tutelat o tutelada menor amb persona capacitada.

c) L'adopció de la persona tutelada.

d) La desaparició de la incapacitat, o la modificació de la sentencia de declaració d'incapacitat, de manera que doni lloc a la substitució de la tutela per la curatela, o si es dicta resolució judicial d'extinció de la incapacitat.

e) La mort o la declaració d'absència o de defunció de la persona tutelada.

2. En cas d'extinció de la tutela. la persona tutelada, la que exerceix la tutela o la que porta l'administración patrimonial, si és el cas i, si hi ha consell de tutela, la persona que en tingui la presidència han de comunicar la circumstància al jutjat on fou constituïda la tutela. Pot fer-ho igualment qualsevol altra persona interessada.

B) Efectos:

1) La rendición final de cuentas del 221 C.F. (visto atrás). Si este deber del tutor no es cumplido voluntariamente se puede exigir su cumplimiento mediante acción judicial que tiene un plazo de prescripción de tres años a contar desde la extinción del plazo establecido para la rendición (221 C.F).

2) Si las cuentas no son aprobadas, el Juez puede exigir al tutor y en su caso al administrador patrimonial que presente garantías para la protección del interés de la persona tutelada, además, ha de comunicar su negativa a aprobar la cuentas al Ministerio Fiscal para que éste inste, si ha lugar, las acciones oportunas, según el:

Art. 225 del Codi de Família:

En el cas de que no hi hagi aprovació dels comptes, l'autoritat judicial pot demanar al titular de la tutela i, si és el cas, al de l'administració patrimonial, o als seus hereus, les garantíes que cregui convenient per a la protecció de l'interès de la persona tutelada, i, edn tot cas, ho ha de comunicar al Ministeri Fiscal a fi que insti, si escau, les accions oportunes, inclosa la de responsabilitat.

LA CURATELA

1) Supuestos en los que procede la constitución de la curatela:

Según el:

Article 237 del Codi de Família:

Estan sotmesos a curatela:

a) Els menors d'edat emancipats o que han obtingut el benefici de la majoria d'edat quan el pare i la mare o els tutors es morin o quedin impedits per a exercir l'assistència prescrita per la llei, amb excepció de la persona menor emancipada per matrimoni amb persona major d'edat.

b) Els pròdigs.

c) Els incapacitats en relació amb els quals no s'hagi considerat adequada la constitució de la tutela.

d) Els béns disposats mortis causa a favor d' una persona no concebuda, en els termes establerts pel Codi de successions.

son:

a) Emancipados o habilitados de edad.

b) Pródigos.

c) Incapacitados.

d) Bienes dispuestos mortis causa a favor de un no concebido.

2) Contenido:

Este resulta del:

Article 242 del Codi de Família:

1. El titular de la curatela no té la representació del pròdig o de la persona que estigui en situació d'incapacitat relativa, i es limita a completar-ne la capacitat.

2. La sentència que declari la prodigalitat o la incapacitat relativa ha de determinar l'àmbit en el qual la persona afectada pot administrar els seus béns i aquell en el qual necessita l'assistència de la persona titular de la curatela. En qualsevol cas, aquesta assistència és necesssària per als actes definits per l'article 212 i per a atorgar capítols matrimonials.

3. Si el curador o curadora refusa prestar l'assistència en algun dels actes que la requereixen , la persona afectada pot sol.licitar l'autorització judicial per fer-ho tota sola o, alternativament, la designació d'un defensor o defensora judicial.

- El titular de la curatela no tiene la representación del sujeto sometido a la misma, se limita solo a completar su capacidad.

- En el caso de los emancipados y habilitados de edad, la relación de los actos en que necesitan asentimiento del curador se hace según el:

Article 159.1 del Codi de Família:

1. Els fills emancipats poden actuar, en relació amb la seva persona i els seus béns i drets, com si fossin majors d'edat, però necessiten que el pare i la mare o, si tots dos manquen o estan impedits per a exercir l'assistència que la llei determina, el curador o, si és casat amb una persona major d'edat, el cònjuge, complementin la seva capacitat en els actes següents:

a) Els determinat per l'article 150.2

b) l'acceptació del càrrec d'administrador en qualsevol mena de societat

c) Els actes que excedeixen l'administració ordinària pel que fa al béns adquirits pel fill o filla de més de setze anys amb la seva activitat que generi benefici.

- En el caso de los pródigos e incapaces, la relación de los actos para los que necesitan asistencia del curador se encuentran en el 242.2 C.F. (visto atrás).

- A diferencia de lo que sucede en el:

Artículo 287 del Código Civil:

Igualmente procede la curatela para las personas a quienes la sentencia de incapacitación o, en su caso, la resolución judicial que la modifique coloquen bajo esta forma de protección en atención a su grado de discernimiento.

en el que se deja a la discrecionalidad del Juez en que casos ha de intervenir el curador, en derecho catalán, en el 242.2 C.F. (visto atrás), se dice que como mínimo es necesaria la asistencia del curador para los actos dispuestos en el 212 C.F. (visto atrás) y para otorgar capitulaciones matrimoniales.

3) Intervención judicial:

Si se compara con la tutela, la intervención del Juez en el régimen de la curatela es similar en la fase de constitución.

Es mucho más esporádica durante su ejercicio y prácticamente irrelevante en el momento de su extinción:

1) La constitución de la curatela tiene lugar ante el Juez y puede ser deferida voluntariamente y en los mismos casos que la tutela.

El Juez hará la designación del curador teniendo en cuenta la delación voluntaria o la delación dativa. Hay que tener presente el:

Article 241 del Codi Família:

Si es tracta de constituir la curatela d'una persona que està sotmesa a tutela, la ha d'exercir la persona que n'és el tutor o tutora o que té cura de l'administració patrimonial, tret que l'autoritat judicial ho disposi altrament.

Además, se prevé en el:

Article 240.2 del Codi de Família:

2. L'autoritat judicial pot disposar la constitució de la curatela, malgrat que la petició s'hagi fet en relació a la tutela, si així resulta de les circumstàncies de la persona afectada.

que la autoridad judicial pueda disponer la constitución de la curatela aunque se haya pedido la constitución de la tutela, si así resulta de las circunstancias de la persona afectada.

2) Durante el ejercicio de la curatela la ley no prevé que el Juez adopte medidas de control análogas a las de la tutela porque el curador no tiene la representación del sometido.

Además, el curador no tiene que rendir cuentas de su actuación, y si en algún caso el curador se niega a prestar la asistencia para algún acto que lo requiere, la persona afectada puede pedir la autorización judicial para realizar el acto ella sola, o alternativamente, puede pedir que se nombre un defensor judicial, según el 242.3 (visto atrás).

3) La extinción de la curatela no comporta ninguna intervención judicial porque el procurador no ha de hacer una rendición final de cuentas.

Esto parece que se contradice con el:

Article 246 del Codi de Família:

La curatela s'extingeix, ultra els casos d'extinció de la tutela, si és curatela de pròdig o la persona és incapacitada per resolució judicial i correspon la constitució de la tutela, i, en el cas que sigui curatela de béns disposats mortis causa a una persona no concebuda, s'extingeix en el moment de néixer aquesta. En aquest últim cas, en finir la curatela, el curador o curadora que ha administrat el béns ha de rendir els comptes finals. Hi són aplicables les mateixes regles de la rendició de comptes de la tutela. Pero lo que sucede es que tan solo se prevé una rendición de cuentas finales para el caso de la curatela dispuesta en protección de bienes que se dejan mortis causa a un no concebido.

EL DEFENSOR JUDICIAL

1) Supuestos en que procede el nombramiento de defensor judicial:

Este cargo es transitorio y ha de estar provisto por el Juez en los supuestos del:

Article 247 del Codi de Família:

El jutge o jutgessa ha de nomenar un defensor o defensora judicial en els casos següents:

a) Quan en alguna qüestió hi hagi un conflicte d'interessos entre el tutor o tutora i la persona tutelada, o bé entre els tutors entre sí, o entre el curador o curadora i els pròdigs o les persones en situació d'incapacitat relativa, o l'administrador o administradora de béns i el menor o incapacitat.

b) Quan ho exigeixin les circumstàncies del menor o incapacitat mentre no es constitueixi la tutela o no sigui declarat el desemparament.

c) Mentre no es constitueixi la curatela dels pròdigs o de persones en situació d'incapacitat relativa.

d) En els supòsits en què per qualsevol causa els titulars de la tutela o de la curatela no exerceixin llurs funcions, mentre no acabi la causa o no es designi un altra persona per a l'exercici dels càrrecs.

e) En la resta de casos determinats per la llei.

Estos son:

A) Cuando existe un conflicto de intereses entre quien ejerza algún cargo tutelar y el sometido a él. Si hay dos tutores y el conflicto se plantea entre uno de ellos y el sometido a la institución tutelar, entonces, corresponde actuar al otro tutor, sin necesidad, en ese caso, de que se nombre un defensor judicial, según el:

Article 202 del Codi de Família:

En el cas d'oposició d'interessos amb el tutelat o tutelada, si hi ha dos tutors o tutor o tutora i administrador o administradora patrimonial, la persona afectada és substituïda per l'altra. Si només hi ha un tutor o tutora o si l'oposició d'interessos també hi és en relació amb la persona substituta, el jutge o jutgessa nomena un defensor o defensora judicial. Si hi ha consell de tutela, correspon a aquest nomenar la persona substituta.

B) Cuando exista un conflicto de intereses entre aquellos quienes ejercen los cargos tutelares.

C) Mientras no se constituya la tutela o la curatela, o no sea declarado el desamparo si así lo exigen las circunstancias del menor o incapacitado.

D) En aquellos supuestos en que por cualquier caso los titulares de la tutela o la curatela no ejerzan sus funciones.

E) Conforme al:

Article 247 del Codi de Família:

El jutge o jutgessa ha de nomenar un defensor o defensora judicial en els casos següents:

e) En la resta de casos determinats per la llei.

en todos los demás casos determinados por la ley.

Hay que pensar en el caso en que hay conflicto entre el menor y sus padres.

2) Contenido:

La actuación del defensor judicial se ha de limitar a los actos que se hayan determinado en su nombramiento.

3) Intervención judicial en el nombramiento y actuación del defensor judicial:

La designación tiene lugar en un procedimiento de jurisdicción voluntaria y se puede hacer de oficio o a petición del Ministerio Fiscal. También a petición del tutor, o de cualquier persona legitimada para comparecer en juicio, según el:

Article 248 del Codi de Família:

El nomenament de defensor o defensora judicial es fa d'ofici o a petició del ministeri fiscal, del tutor o tutora o de qualsevol persona legitimada per comparèixer a judici, i ha de recaure en la persona que l'autoritat judicial cregui més idònia, tenint en compte el fet determinant del seu nomenament, o bé d'entre les que li proposin les parts, o bé en l'advocat o advocada que actuï en defensa de la persona incapacitada, en el mateix procediment, o bé en qualsevol altra persona idònia.

El Juez no queda vinculado a lo que le propongan las partes, y si el acto que ha de llevarse a término por parte del defensor judicial requiere autorización judicial, según el:

Article 249 del Codi de Família:

L'actuació del defensor o defensora judicial s'ha de limitar a l'acte o els

actes que n'hagin determinat el nomenament. Si aquest acte requereix autorització judicial, aquesta s'ha d'entendre implícita en el seu nomenament.

Una vez acabada su gestión, el defensor judicial ha de rendir cuentas al Juez que le designó, según el:

Article 250 del Codi de Família:

Són aplicables al defensor o defensora judicial les causes d'inhabilitació, excuses i remoció de la persona que exerceix la tutela i, si escau, la retribució. El defensor o defensora judicial ha de donar compte de la seva gestió a l'autoritat judicial una vegada acabada.

TEMA 3 PERSONAS JURÍDICAS

El legislador catalán en ejercicio de las competencias que le atribuye a la Generalitat el:

Article 9.24 de l'Estatut d'Autonomia:

La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva sobre les màteries següents:

24. Fundacions i associacions de càracter docent, cultural, artístic, benèfico-assistencials i similars, que exerceixin principalment llurs funcions a Catalunya.

ha dictado sendas leyes que regulan las Fundaciones y Asociaciones catalanas.

Las fundaciones:

Las Fundaciones catalanas se regulan en la ley 1/82, de 3 de marzo, modificada por una ley de 1985, además, su régimen jurídico se halla completado por el Decreto 37/87, de 29 de enero, por el que se aprueba la instrucción para la organización y el funcionamiento del Protectorado de la Generalitat sobre las Fundaciones Privadas de Cataluña.

La legislación catalana sólo se aplica a Fundaciones Privadas constituidas por personas naturales o jurídico-privadas y que ejerzan sus funciones principalmente en Cataluña, según el artículo 1 de la ley de Fundaciones Privadas.

Las asociaciones:

La ley 7/1997, de 18 de junio, que está complementada por el Decreto 206/1999, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Asociaciones.

Esta ley ha sido objeto de un recurso de inconstitucionalidad, básicamente, por considerar, que se viola con esta ley el principio de reserva de ley orgánica establecido en el:

Artículo 81.1 de la Constitución:

Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.

además, también se considera que se vulneran otras competencias exclusivas del Estado ( las del artículo 22 C.E).

La admisión a trámite del recurso no suspendió la vigencia de esta ley.

Un recurso similar se interpuso contra la ley vasca de Asociaciones y el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales algunos de sus artículos.

Esta ley se aplica a Asociaciones que tienen su domicilio y desarrollan sus actividades, principalmente, en Cataluña, siempre que no estén sometidas a alguna normativa específica que establezca la inscripción de su constitución en un régimen especial, según el:

Article 1.2 de la Llei d'Associacions:

2. Aquesta Llei s'aplica a les Associacions que tenen el domicili i desenvolupen llurs activitats principalment a Catalunya i no estan sotmeses a cap normativa específica que n'estableixi la inscripció de la constitució en un registre especial.

En virtud de esta última exclusión no se aplica la ley de Asociaciones a los partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresariales o religiosas, ni a los clubs ni asociaciones deportivas.

LAS FUNDACIONES PRIVADAS CATALANAS

A) Concepto:

De acuerdo con el:

Article 1 de la Llei de fundacions privades:

Es regeixen per la present Llei les fundacions privades a què es refereix l'article 9, apartat 24, de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, constituïdes en l'exercici del dret de fundació reconegut en la Constitució per les persones naturals o jurídiques privades que afectin un patrimoni a la realització, sense afany de lucre, de finalitats d'interès

general i que exerceixin les seves funcions principalment a Catalunya.

la fundación privada catalana es una organización constituida por medio de un acto celebrado por uno o más fundadores de afectación de un patrimonio a la realización sin ánimo de lucro de finalidades de interés general.

B) Caracteres:

Las esenciales de una fundación privada catalana son:

1) La afectación patrimonial, que según el:

Article 3.1 de la Llei de fundacions privades:

1. L'aportació del patrimoni fundacional s'ha de fer per cessió gratuïta entre vius o per successió per causa de mort, i pot consistir en béns i en drets de qualsevol mena.

se ha de hacer por cesión gratuita entre vivos o por sucesión por causa de muerte y que puede consistir en bienes o derechos de cualquier tipo, ya sea a título de propiedad o de uso, e incluso se pueden aportar bienes sujetos a modos o cargas dentro de los límites del:

Article 3.4 de la Llei de fundacions privades:

4. Els modes i les càrregues que gravin els béns aportats no poden absorvir llur valor. Tampoc no poden significar unes despeses anuals que impedeixin el compliment de l'obligació establerta en l'apartat 2 de l'article 5, llevat, en aquest cas, que ho autoritzi el protectorat, atès l'interès de la fundació.

2) Para el cumplimiento de las finalidades de interés general, los rendimientos de los bienes fundacionales y demás ingresos que pueda obtener la fundación, según el:

Article 5.2 de la Llei de fundacions privades:

2. A la realització de la finalitat fundacional ha d'ésser destinat almenys el vuitanta per cent de les rendes que obtingui la fundació y dels altres ingressos que no formin part de la dotació de la fundació.

se han de destinar, al menos el 80% de las rentas que obtenga la Fundación en cada ejercicio, al cumplimiento de los fines fundacionales.

3) Falta de ánimo de lucro. Resulta del:

Article 9.2 de la Llei de fundacions privades:

2. La previsió de la destinació dels béns sobrants, en cas d'extinció de la fundació, només podrà fer-se a favor d'altres fundacions, d'entitats públiques o d'entitats privades, sense ànim de lucre i amb finalitats anàlogues. Si els estatuts no la preveiessin, correspondrà al protectorat de decidirla dintre dels límits assenyalats.

que dice que si en el momento de extinción de la Fundación hay bienes sobrantes, éstos, se han de aplicar a otras fundaciones o a entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro y con finalidades análogas. También se deduce del:

Article 11.5 de la Llei de fundacions privades:

5. Els patrons exerceixen llur càrrec gratuïtament, però poden ésser remborsades de les despeses, degudament justificades, que aquest els produeixi.

4) Estructura. Se estructura en torno a un único órgano, el Patronato, según el:

Article 11 de la Llei de fundacions privades:

(el artículo 9.1.e contiene la regulación del Patronato, y el 8.e dice que se podrá hacer constar en escritura pública el nombramiento de los miembros del patronato).

El Patronato gobierna, administra y representa a la fundación.

La actuación de los miembros del Patronato es objeto de una supervisión externa a cargo del Protectorados de la Generalitat (el Protectorados es un conjunto de órganos administrativos encargados de examinar las cuentas de la Fundación y de aprobar o autorizar actos de índole patrimonial o estructural de la Fundación.

C) Constitución: Tiene lugar mediante una declaración de voluntad emitida por un fundador y formalizada en la escritura pública de carta fundacional, según el:

Article 6.1 de la Llei de fundacions privades:

1. La fundació queda constituïda amb l'atorgament de la carta fundacional en escriptura pública, sempre que aquella s'inscrigui en el Registre de Fundacions.

La voluntad fundacional también se puede manifestar en negocio “mortis causa”, caso en el cual el fundador tendrá que encargar a otras personas que otorguen la carta fundacional, según el:

Article 6.2 de la Llei de fundacions privades:

2. La voluntad fundacional manifestada en testament ha d'esser executada per les persones designades pel fundador, les quelas hauran de completar-la ambs els requisits que s'exigeixen per a la carta fundacional, atorgar aquesta i demanar-ne la inscripció en el Registre. Si no ho fessin, per qualsevol causa, l'omissió serà suplerta pel protectorat.

La carta fundacional, según el:

Article 8 de la Llei de fundacions privades:

L'escriptura pública de carta fundacional contindrà almenys:

a) Les circumstàncies personals del fundadors, siguin persones físiques o jurídiques, que determinin llur capacitat per a constituir una fundació.

b) La voluntad de constituir una fundació privada, la qual implica la submissió als preceptes d'aquesta llei.

c) Els estatuts que regularan el funcionament de la fundació ajustats a les disposicions de l'article 9.

d) La dotació inicial de la fundació, amb la descripció i la naturalesa dels béns i els drets que la integran, llur pertinença i llurs càrregues i el títol d'aportació.

e) Els noms de les persones naturals o jurídiques que han de constituir el patronat inicial de la fundació. L'acceptació del càrrecs podrà fer-se constar en la mateixa escriptura o en un altra, o en document privat amb les firmes legitimades.

ha de contener los estatutos de la Fundación, y su dotación inicial, a su vez, la Fundación ha de ser inscrita en el Registro de Fundaciones de la Generalitat, con lo que una vez inscrita adquiere personalidad jurídica, según el artículo 6.1 (visto atrás) y el:

Article 2.2 de la Llei de fundacions privades:

2. La personalitat jurídica d'aquestes fundacions comença en l'instant mateix que, conforme a la present Llei. hauran estat vàlidament constituïdes.

La inscripción es un acto obligatorio para el administrador.

Existe el derecho constitucional a constituir una fundación, según el:

Artículo 34 de la Constitución:

1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley.

2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22.

Artículo 22.2 y 4 de la Constitución:

2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales.

4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada.

Si se deniega la inscripción porque los documentos no se ajustan a lo previsto en la ley, entonces, se puede recurrir en la vía administrativa y ante la jurisdicción contencioso-administrativa, según los:

Article 10.2 de la Llei de fundacions privades:

2. La inscripció és obligatòria i només pot ésser denegada si els documents no s'ajusten a les disposicions d'aquesta Llei.

Article 16 de la Llei de fundacions privades:

Els acords i les resolucions definitives del protectorat pode ésser recorreguts davant del Conseller competent de la Generalitat, i els d'aquest, presos en primera o segona instància davant de la jurisdicció contenciosa administrativa.

D) Impugnación de acuerdos:

La Ley 1/82 no regula el requisito de impugnación de los acuerdos del Patronato que sean contrarios a la ley o a los estatutos, o lesivos a los intereses generales a los que la Fundación ha de servir.

Ello genera graves problemas de índole sustantiva porque uno se puede preguntar a que tipo de ineficacia tienden determinados acuerdos, y de índole procesal porque hay que preguntarse quien está legitimado para impugnar dichos acuerdos, etc..

La ley 30/94, de 24 noviembre, de Fundaciones e incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general, en su:

Artículo 32.3 de la Ley 30/94 (último inciso):

....., y para impugnar los actos y acuerdos del Patronato que sean contrarios a los preceptos legales y estatutarios por los que se rige la Fundación.

dispone que para impugnar los actos y acuerdos del Patronato contrarios a los preceptos legales o estatutarios está legitimado el Protectorado.

La:

Disposición Final 1ª. de la Ley 30/94:

3. Los artículos 16.3; 20.3, último inciso; 28.3, 30.4, 32.3, 34.3 y 35 constituyen legislación procesal, dictada al amparo del artículo 149.1.6 de la Constitución.

de esta ley estatal califica este precepto como una norma procesal dictada al amparo del:

Artículo 149.1.6 de la Constitución:

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

6) Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo en las Comunidades Autónomas.

y por tanto, de aplicación general en todo el Estado.

Así y todo no se solucionan todas las dudas. Por eso, ante la falta de una regulación propia en materia de impugnación de acuerdos de las Fundaciones hay que pensar en integrar las lagunas con las disposiciones de la Ley de Asociaciones, o en última instancia, con las normas generales sobre ineficacia de los actos jurídicos.

E) Acción de responsabilidad:

Se hace referencia a esta acción en el:

Article 12.3 de la Llei de fundacions privades:

El components del patronat estan obligats a:

3. L'acció de responsabilitat serà exercida davant dels Tribunals ordinaris per la mateixa fundació, pel protectorat o per aquells que seran legitimats d'acord amb les lleis.

Se puede ejercitar esta acción para reclamar responsabilidad a los miembros del Patronato.

Los legitimados son:

1) el Protectorado.

2) la misma Fundación (hay que pensar en aquellos miembros del Patronato que se oponen a los actos que causen perjuicio, o bien los miembros de un Patronato frente a otro anterior).

3) aquellos que lo están según las leyes, lo que permite ejercer esta acción a cualquier persona individual si la actuación de los patronos ha lesionado directamente sus derechos o intereses.

F) Extinción:

La ley 1/82 no recoge las causas de extinción de la Fundación.

Tan solo dice que la existencia de las Fundaciones será acordada por el Patronato, de acuerdo con el:

Article 14.1 de la Llei de fundacions privades:

1. La modificació del estatuts, la fusió o l'agregació d'una altra fundació i l'extinció de les fundacions seran acordades pel patronat, el qual en cada cas n'haurà de justificar la necessitat o la conveniència, tenint sempre en compte la voluntat fundacional expressa o presumible. Aquests actes no poden ésser executats sense l'aprovació del Protectorat.

en el que se dice que el mismo Protectorado puede iniciar los expedientes correspondientes. Por ello parece que hay que estar a lo que prevé el:

Artículo 29 de la Ley 30/94:

La Fundación se extinguirá:

a) Cuando expire el plazo por el que fue constituida.

b) Cuando se hubiese realizado íntegramente el fin fundacional.

c)Cuando sea imposible la realización del fin fundacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículo 27 y 28 de la presente Ley.

d) Cuando así resulte de la fusión a que se refiere el artículo anterior.

e) Cuando concurra cualquier otra causa prevista en el acto constitutivo o en los Estatutos.

f) Cuando concurra cualquier otra causa prevista en las leyes.

en el que se mencionan las causas de extinción de la Fundación.

LAS ASOCIACIONES, EN LA LEY 7/1997, DE 18 DE JUNIO

Partiendo de la ley en su:

Article 2.1 de la Llei d'Associacions:

1. En les associacions, tres o més persones s'uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per a conseguir, sense afany de lucre, una finalitat comuna d'interès general o particular i es comprometen per a això a posr en comú llurs coneixements, activitats o recursos econòmics, amb caràcter temporal o indefinit.

del que se extrae el:

A) Concepto:

La Asociación es una organización integrada por un conjunto de personas unidas para conseguir sin ánimo de lucro un fin común de interés general o particular, poniendo en común sus actividades, conocimientos o recursos económicos.

Partiendo de esta definición se llega a la conclusión de que la Asociación tiene los siguientes:

B) Caracteres:

1) Es una unión de personas (como mínimo tres).

2) Falta de ánimo de lucro. Si lo que se tiene es ánimo de lucro lo que se constituye es otra persona jurídica. Esto se pone de manifiesto en el momento de la extinción porque los socios no se pueden adjudicar el patrimonio resultante de la liquidación, según el:

Article 28.e de la Llei d'Associacions:

e) Aplicar el béns sobrants de l'associació a les finalitats que els statuts estableixen, els quals mai poden consistir en els repartiments dels béns entre les persones associades o qualsevol altra persona física o jurídica amb afany de lucre, a excepció de les aportacions condicionals. Si els estatuts no ho disposen altrament, aquests béns s'han de destinar a la realització de les finalitats anàlogues en interès d'altres entitats sense afany de lucre, les finalitats de les quals siguin similars a les de l'associació en liquidació.

También se manifiesta en que el ejercicio de los cargos de gobierno de la Asociación es gratuito, según el:

Article 21.2 de la Llei d'Associacions:

2. Els membres del òrgan de govern exerceixen llur càrrec gratuïtament, però tenen dret a la bestreta i reembossament de les despeses, degudament justificades, i també a l'indemnització pels danys que en derivin. S'actua de la mateixa manera quan un altre associat o associada duu a terme una funció o un encàrrec determinats.

3) La Asociación tiene un fin común de interés general o particular, lo que no impide que puedan tener actividades económicas que generen beneficios, siempre que los resultados se dediquen exclusivamente a la finalidad de la Asociación.

4) Puesta en común de recursos, ya sean éstos prestaciones personales o patrimoniales.

5) Estructura corporativa. Existen dos órganos imprescindibles:

- La Asamblea General. Es el órgano soberano integrado por todos los socios. Es a él a quien corresponde tomar las decisiones más relevantes de la vida de la

Asociación, según el:

Article 12.1 de la Llei d'Associacions:

En les asssociacions hi ha d'haver, com a mínim, ells òrgans següents:

1. Una assemblea general d'associats i associades, sobirana, que s'ha de reunir com a mínim, un cop a l'any i ha de tenir les competències següents:

- Un Órgano de Gobierno ( Junta de Gobierno, Junta Directiva, etc.) que asume las funciones de gobierno, gestión y representación de la Asociación, según el:

Article 17.1 de la Llei d'Associacions:

1. L'òrgan de govern d'una associació, de càracter col.legiat, és el que la governa, la gestiona i la representa dins i fora de judici.

Hay que destacar de la Ley de Asociaciones catalana la exigencia de democracia interna prevista en su:

Article 2.2 de la Llei d'Associacions:

2. L'organització interna i el funcionament de les associacions han d'ésser democràtics, amb ple respecte al pluralisme.

C) Constitución: Tiene lugar mediante un acuerdo de los socios fundadores, que se ha de documentar en un Acta pública o privada que ha de contener como mínimo lo previsto en el:

Article 4.3 de la Llei d'Associacions:

3. L'acord de constitució ha de constar en acta pública o privada, la qual, com a mínim, ha de contenir:

a) El lloc i la data en què s'ha estès.

b) La identificació de socis i sòcies fundadors, és a dir,, el nom, els cognoms i el document nacional d'identitat de les persones físiques, i també si són o no majors d'edat, i la denominació i el número d'identificació fiscal de les persones jurídiques.

c) El document acreditatiu de la personalitat i la nacionalitat, si són persones físiques o jurídiques estrangeres.

d) El domicili de cada persona sòcia fundadora, ja sigui física o jurídica.

e) La voluntad de les persones sòcies fundadores de constituir l'associació. Les persones físiques acrediten aquesta voluntad amb la seva signatura de l'acta. Les persones físiques l'acrediten mitjançant la inclusió d'una còpia de l'acord de formar part de l'associació, adoptat vàlidament per l'òrgan competent. Aquest acord ha de contenir també la designació de la persona física que la representa, que ha d'ésser qui signi l'acta.

f) L'aprovació del text dels estatuts pels quals s'ha de regir l'associació.

g) La designació dels primers membres de l'organ de govern.

en el que se prueba el texto de los estatutos, en los que a su vez ha de constar lo previsto en el:

Article 5 de la Llei d'Associacions:

( Es un artículo largo donde principalmente se dice que se ha de contener la denominación, el domicilio social, la duración, el ámbito territorial el objeto y nueve requisitos más)

El acuerdo de constitución es un negocio jurídico privado, es decir, no está sujeto a ningún tipo de intervención administrativa y judicial. Se trata del ejercicio del derecho fundamental a la libertad de asociación recogido en la Constitución.

Las asociaciones se deben de inscribir a efectos de publicidad en el Registro de Asociaciones de la Generalitat, según el:

Article 9.2 de la Llei d'Associacions:

2. Les associacions que s'han de constituir d'acord amb el que estableixen els articles anteriors s'han d'inscriure, només als efectes de la publicitat, en el Registre d'Associacions de la Generalitat. La inscripció és una garantia tant per a terceres persones que s'hi relacionen com per als seus propis membres.

En este artículo el legislador catalán viene a expresar lo previsto en el:

Artículo 22.3 de la Constitución:

3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de su publicidad.

Tampoco nos dice el legislador catalán si la inscripción es necesaria para que la Asociación adquiera personalidad jurídica, lo que si dice son las consecuencias de la no inscripción. En este caso, en el:

Article 11.1 de la Llei d'Associacions:

1. Els qui actuen en nom d'una associació no inscrita responen personalment i solidàriament de les obligacions concretes amb terceres persones per qualsevol dels seus associats o associades que hagi manifestat actuar en nom de la col.lectivitat. En tot cas, aquesta responsabilitat solidària s'ha d'aplicar als promotors o fundadors de l'associació i als que hagin establerty qualsevol relació jurídica amb tercers persones tribuint-se la representació de l'associació.

se impone responsabilidad a los que actúen en nombre de la Asociación no inscrita.

En la jurisprudencia y la doctrina predomina la tesis de que es suficiente con el pacto asociativo para adquirir personalidad jurídica, porque otorgar eficacia constitutiva a la inscripción en el Registro no sería compatible con el 22.3 de la Constitución (visto atrás).

D) Funcionamiento:

Hay que destacar:

1) Convocatoria de la Asamblea: Ha de ser convocada la Asamblea de socios por el Órgano de Gobierno como mínimo una vez al año, según el artículo 12.1 (visto atrás). (Los requisitos y quorums necesarios para la validez de la Asamblea se ven en el artículo 13).

2) Impugnación de los acuerdos sociales: Los acuerdos de la Asamblea General son impugnables ante la autoridad judicial si son contrarios a las leyes, a los Estatutos, o si lesionan los intereses de la Asociación en beneficio de uno o más asociados o de terceras personas.

La legitimación y el plazo de ejercicio para impugnar los acuerdos varían según cual sea la causa de la impugnación:

a) Para los acuerdos contrarios a las leyes, la legitimación es más amplia y es mayor el plazo de caducidad, según el:

Article 15.2 de la Llei d'Associacions:

2. Estan legitimats per a impugnar els acords contraris a las lleis els associats i associades i qualsevol persona que acrediti un interès legítim.

L'acció caduca al cap d'un any d'haver estat pres l'acord.

b) Otros casos: Tienen una legitimación más restringida y el plazo de caducidad es menor, según el:

Article 15.3 de la Llei d'Associacions:

3. Estan legitimats per a impugnar qualsevol altre acord, a part dels esmentats per l'apartat 1, els associats i associades assistents a l'assemblea que hagin fet constar en acta llur oposició a l'acord, els associats i associades absents, els que han estat privat il-legítimament del dret de vot i els membres de l'òrgan de govern. L'acció caduca al cap de quaranta dies d'haver estat pres l'acord.

3) Impugnación de los acuerdos del órgano de Gobierno: Se impugnan por los mismos casos que los acuerdos de la Asamblea General, ahora bien, su impugnación está sujeta a un régimen específico previsto en el:

Article 20.2 i 3 de la Llei d'Associacions:

2. Els acords de l'òrgan de govern poden ésser impugnats per qualsevol membre d'aqust en el termini de trenta dies des de que s'adoptin. També poden ésser impugnats por un 10% de les persones associades, les quals en el termini de trenta dies d'ença que els han pogut conéixer, han d'instar la convocàtoria de l'assemblea general amb caràcter ordinari o extraordinari perquè els convalidi o els anul.li, si no hi ha terceres persones afectades per aquests acords. Si n'hi ha anul.lació s'ha de instar a l'òrgan judicial que correspongui. En tot cas, l'assemblea pot acordar la separació dels membres de l'òrgan de govern.

3. Les causes, els tràmits i el terminis de caducitat per a la impugnació i la constància en el Registre són els mateixos que els establerts per la impugnació dels acords de l'assemblea.

4) Responsabilidad de los miembros del Órgano de Gobierno: Se puede exigir responsabilidad a los miembros del Órgano de Gobierno por sus actos u omisiones contrarios a las leyes, a los Estatutos, o realizados con dolo o negligencia en el ejercicio de su cargo.

La ley distingue a estos efectos una acción social o individual.

La acción social es la ejercida por la Asociación, y por lo tanto requiere que la Asamblea General haya adoptado un acuerdo en ese sentido.

La acción individual puede ser ejercitada por cualquier asociado o por terceras personas, siempre que la actuación del Órgano de Gobierno hayan lesionado directamente sus intereses, según el:

Article 21.3 de la Llei d'Associacions:

3. Sens perjudici de la responsabilitat de l'associació davant de terceres persones, els membres de l'òrgan de govern responen davant de l'associació, els associats i associades i les terceres persones pels actes o les omissions contraris a la llei o als estatuts, i també pels danys causats dolosa o negligentment que hagin estat comesos en l'exercici de llurs funcions.

5) Potestad disciplinaria de la Asociación contra sus asociados: Uno de los ámbitos de la vida de la Asociación que suscita más litigios es el de los procedimientos disciplinarios seguidos contra los asociados.

El correcto ejercicio de esta facultad presupone:

a) Que los Estatutos hayan establecido el procedimiento que se debe de seguir para imponer una sanción a los asociados.

b) Que se observen las garantías establecidas en el:

Article 22 Quart de la Llei d'Associacions:

Quart. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries després d'haver estat informats de les cuases que les motiven, les quals només es poden fundar en l'incompliment dels deures com a associat o associada. La imposició de les sancions ha d'ésser sempre motivada.

de él se desprende que las garantías mínimas son:

- Que se informe al asociado de las causas que motivan la sanción.

- Audiencia del asociado, que tenga la oportunidad de defenderse.

- Que la sanción se fundamente en el incumplimiento de los deberes que tiene el asociado al que se quiere sancionar. Estos deberes se contemplan en el:

Article 23 de la Llei d'Associacions:

1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per a l'assoliment d'aquestes.

2. Contribuir al sosteniment de les despeses de l'associació amb el pagament de quotes, derramens i altres aportacions econòmiques previstes pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.

3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.

- Motivación de la sanción, es decir, explicitar las razones de la sanción. Esto es esencial para que el socio si no está de acuerdo con la sanción pueda impugnar el acuerdo.

Los Estatutos pueden contemplar otras garantías, como por ejemplo, la tipicidad de las sanciones.

En derecho catalán la sanción más grave, la expulsión del asociado, ha de ser acordada por la Asamblea General, según el 12.1.h. (visto atrás).

Los acuerdos sancionadores acordados por la Asamblea General o por el Órgano de Gobierno pueden ser impugnados por vía interna (recursos previstos en los Estatutos) y por vía judicial. En el caso de la vía judicial se tendrán que tener en cuenta las normas generales correspondientes a la impugnación de los acuerdos sociales.

E) Extinción:

Se extingue la Asociación por las causas del:

Article 25 de la Llei d'Associacions:

Les associacions es poden dissoldre per les causes següents:

a) Una resolució judicial ferma.

b)Un acord de l'assemblea general.

c) L'expiració del termini fixat en els estatuts o la realització del fi per al qual es van constituir o la impossibilitat d'assolir-lo.

d) La baixa dels associats i associades, de manera que quedin reduïts a menys de tres socis o sòcies.

e) Qualsevol altra causa establerta pels estatuts.

Hay que tener en cuenta que la disolución de la Asociación contra la voluntad de sus miembros solo puede tener lugar en virtud de resolución judicial motivada, según el:

Artículo 22.2 de la Constitución:

4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada.

y de la misma manera por la remisión que a este artículo hace el:

Artículo 34.2 de la Constitución:

2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22.

sobre Fundaciones.

III. Derecho Patrimonial

TEMA 4 INEFICACIA DEL CONTRATO

El derecho civil catalán no regula con carácter general la invalidez ni la ineficacia del contrato, a diferencia del Código Civil que lo hace en los artículos 1290 y siguientes con respecto a la rescisión, y en el 1300 y siguientes con respecto a la anulabilidad, sino que a estas categorías jurídicas hacen alusión preceptos dispersos, diseminados por el ordenamiento jurídico catalana.

Los tipos de invalidez e ineficacia recogidos en la ley catalana son:

- Nulidad.

- Anulabilidad.

- Rescisión por lesión.

- Revocación.

- Reducción de donaciones.

LA ACCIÓN DE RESCISIÓN POR LESIÓN

Concepto:

Es una institución que existe en el Derecho civil, pero que en el Derecho civil catalán tiene una particularidad con respecto al Código Civil.

Es una causa de la ineficacia de los contratos, pero difiere de las otras en que el contrato “a priori” es perfecto, válido y eficaz.

El artículo 1261 del Código Civil establece los elementos del contrato (consentimiento, objeto y causa), si falta alguno de estos elementos el contrato será nulo o anulable, o se puede llegar a la condición resolutoria del contrato establecida en el artículo 1124 del Código Civil.

La rescisión por lesión se da en el contrato que cumple todos los requisitos y en apariencia es válido, pero en el cual una de las partes contratantes sufre una lesión por desequilibrio económico en la prestación recibida que supera más de la mitad del justo precio.

Su regulación esta en los:

Article 321 de la Compilació:

Els contractes de compra-venda, permuta i altres de caràcter onerós, relatius a bén inmobles, en què l'alienant hagi sofert lesión en més de la meitad del preu just, seran rescindibles a instància seva, baldament en el contracte concorrin tots els requisits necessaria per a la seva validessa.

Aquesta acció rescissòria no serà procedent en les compravendes o alienacions fetes mitjançant subhasta pública, ni en aquells contractes

en els quals el preu ocontra prestació hagi estat decisivament determinat pel caràcter aleatori o litigiós del que s'adquireix o pel desig de liberalitat de l'alienant.

En les vendes a carta de gràcia o amb pacte de retrovenda no és podrà exercitar la dita acció rescissòria fins que s'hagi extingit o hagi caducat el dret de redimir, lluir, quitar o recuperar.

Article 322 de la Compilació:

L'acció rescissòria a què es refereix l'article anterior és de mena personal, transmissible als hereus, i caduca al cap de quatre anys de la data del contracte.

Solament serà renunciable després de celebrat el contacte lesiu, llevat a Tortosa i el seu antic territori, on la renúncia es podrà fer en el mateix contracte.

Article 323 de la Compilació:

Alienades diverses coses en el mateix contracte, solament en serà procedent la rescissió prenent-les en conjunt i per llur valor total, encara que hom especifiqui el preu o valor de cadascuna d'elles.

Per tal d'apreciar l'existència de la lesió hom s'atindrà al preu just o sia al valor de la venda que les coses tiguessin al temps d'ésser atorgat el contracte en relació amb altres d'iguals o d'anàlogues circumstàncies a la respectiva localitat, baldament el contracte es consumés després.

En les vendes a carta de gràcia, el càlcul del preu just s'ha de fer sobre el valor de la propietat gravada. Si aquest valor no consta, hom presumeix que és de dues terceres parts del valor de la propietat lliure del gravamen del dret de redimir, en el moment de la venda.

Article 324 de la Compilació:

Serà aplicable a la rescissió el que disposa l'article 1295 del Codi Civil, però no hauran d'ésser restituits els fruits o els interessos anteriors a la reclamació judicial, i hauran d'ésser abonades les despeses extraordinàries de conservació o refecció i les millores útils.

Article 325 de la Compilació:

El comprador o adquirent demandat podrà evitar la rescissió mitjançant el pagament en diners all venedor o alienant del complement del preu o valor lesius, ambs els interessos, a comptar des de la consumació del contracte.

Requisitos del contrato rescindible:

1) Ha de ser un contrato de compraventa, permuta o cualquier otro de carácter oneroso, contrato mediante el cual una de las partes se compromete a transmitir la propiedad de un bien a cambio de una contraprestación.

Se trata de obligaciones recíprocas, hay un nexo de interdependencia causal entre ellas.

2) El bien objeto del contrato ha de ser inmueble.

3) Se ha de producir una lesión en más de la mitad del precio justo para el enajenante.

No todos los contratos en los que se produce una enajenación dan lugar a la rescisión por lesión. Excepciona la Compilación las enajenaciones que provengan de subastas públicas, contratos de carácter aleatorio o litigioso, o debidos a liberalidad (se entiende que cuando se celebran estos contratos, debido a la naturaleza de los mismos el precio del bien objeto del contrato siempre es menor que el de su valor real, pues en otro caso el enajenante no tendría interés en realizar el contrato), por ejemplo, en la pública subasta se adjudican los bienes por un precio inferior al del mercado (no se dan las condiciones normales del tráfico jurídico ordinario). Lo mismo pasa con respecto de los contratos aleatorios o litigiosos.

Naturaleza jurídica:

Es una acción personal que corresponde a quien la ejercita por el hecho de ser parte del contrato, y como tal es transmisible a los herederos.

El plazo es de caducidad y es de 4 años a partir de la fecha en que se celebra el contrato.

Efectos:

Comporta la ineficacia del contrato.

El artículo 324 de la Compilació (visto atrás) nos remite al 1295 del Código Civil (abajo) de los que se desprende que existe la obligación de devolver las cosas, pero no los frutos e intereses anteriores a la reclamación, aunque si se habrán de abonar los gastos extraordinarios y las mejoras útiles.

El derecho del comprador (adquirente), a que una vez se le demande, de pagar el complemento del precio con sus intereses, con lo que así se protege al adquirente de buena fe.

La auténtica naturaleza de esta acción es restablecer el desequilibrio económico que se haya podido producir en la relación jurídica contractual entre las partes.

LA REVOCACIÓN POR FRAUDE DE ACREEDORES

En materia de ineficacia de actos y contratos por fraude de acreedores en lo no regulado por el derecho civil catalán rige el Código Civil como supletorio.

En concreto para los actos de disposición de los bienes a título gratuito que sean válidos, pero que perjudican a los acreedores, el derecho civil catalán, para esos actos contiene una regla específica de protección de los acreedores en el:

Article 340.3 de la Compilació:

3. No perjudicaran els creditors del donant les donacions que aquest atorgui amb posterioritat a la data del fet o de l'acte del qual neixi el crèdit d'aquells, sempre que manquin altres recursos lrgals per a llur cobrament.

El ejercicio de esta acción se caracteriza por lo siguiente:

1) Se trata de una acción personal para cuyo ejercicio está legitimado el acreedor que haya experimentado un perjuicio, y se ha de dirigir la acción contra el deudor donante y el adquirente a título gratuito (contra cualquier tercero que haya adquirido el bien de mala fe).

2) Que el crédito que fundamenta esta acción haya nacido antes que el deudor haya dispuesto de sus bienes a título gratuito.

3) Que se trate de una acción subsidiaria, ya que según el artículo 340 , último inciso (visto arriba) se ha de iniciar cuando no haya otros recursos legales.

4) El efecto fundamental de esta acción es el de restaurar la responsabilidad que se podía hacer efectiva sobre el objeto de la enajenación gratuita.

Se trata de que aunque los bienes sigan en poder del donatario se pueda hacer efectiva la responsabilidad para poder cobrar el crédito contra esos bienes.

El adquirente tendrá que soportar la ejecución.

Cuando el bien no ha desaparecido del patrimonio del adquirente la acción se convierte en indemnizatoria por aplicación del artículo 1295.3 del Código Civil:

Artículo 1295 del Código Civil:

La rescisión obliga a la devolución de las cosas que fueron objeto del contrato con sus frutos, y del precio con sus intereses; en consecuencia, sólo podrá llevarse a efecto cuando el que la haya pretendido pueda devolver aquello a que por su parte estuviese obligado.

Tampoco tendrá lugar la rescisión cuando las cosas, objeto del contrato, se hallaren legalmente en poder de terceras personas que no hubiesen procedido de mala fe.

En este caso podrá reclamarse la indemnización de perjuicios al causante de la lesión.

5) En cuanto al término o plazo de caducidad la Sta. TSJC. de 30 de enero de 1992 ha establecido que esta acción revocatoria está sometida a un término de caducidad de 4 años, que comienzan a computar desde el momento que el acreedor perjudicado tiene conocimiento de que se ha realizado el acto dispositivo a título gratuito que le ha perjudicado.

TEMA 5 CONTRATOS ESPECIALES

El Derecho civil catalán define y regula algunos tipos de contratos, entre ellos:

1) La compraventa a carta de gracia.

2) Los contratos de integración.

3) Los contratos agrarios.

4) Los contratos censales.

5) Los contratos violarios

Sobre estos dos últimos contratos se ha promulgado la ley 6/2000, de 19 de junio, de pensiones periódicas.

6) Los contratos de creación de los censos.

Además, la Compilación regula algunos aspectos de determinados tipos contractuales de forma diferente a como lo hace el Código Civil.

Esto ocurre con el contrato de compraventa, del:

Article 277 de la Compilació:

En el contacte de compra-venda, la tradició o el lliurament de la cosa venuda tindrà lloc per qualsevol de las formes admeses en el Codi Civil i també pel pacte en què el venedor declara que extreu del seu poder i possessió la cosa venuda i la transfereix al comprador amb facultad a aquest per a prendre-la per si mateix i constituir-se en l'interim posseïdor en nom seu. Això serà també d'aplicació als contractes anàlegs que requereixen tradició.

Les despeses de lliurament de la cosa venuda seran de compte del venedor. Les de l'atorgament de l'escriptura, expedició de primera còpia i altres posteriors a la venda seran a càrrec del comprador, llevat pacte contrari.

que se fija fundamentalmente en la “traditio” (ha de haber entrega de la cosa para el perfeccionamiento y consumación del contrato, en el Código Civil rige la teoría del título y el modo, es decir, la cosa también se considera entregada a través del título, o, por ejemplo, mediante la entrega de las llaves del inmueble que se adquiere).

También se regulan aspectos específicos de la donación, en el:

Article 340 de la Compilació:

Per a la validesa de les donacions, qualsevol que en sigui la quantia, no serà exigit el requisit de la insinuació.

Seran nul.les les donacions universals fetes fora dels capítols matrimonials.

No perjudicaran els creditors del donant les donacions que aquest atorgui amb posterioritat a la data del fet o de l'acte del qual neixi el crèdit d'aquells, sempre que manquin altres recursos legals per a llur cobrament.

y siguientes de la Compilación.

Ahora bien, estos contratos con regulación específica no tienen una aplicación demasiado generalizada.

LA VENTA A CARTA DE GRACIA

Consiste en vender un bien reservándose el vendedor el derecho de recuperar el bien que vende, este derecho se denomina “derecho de redención”, que en el derecho catalán se conoce como el “dret de lluir i quitar”.

Los artículos que regulan este tipo de contratos fueron modificados por la ley 29/1991, de 13 de diciembre. Son los:

Article 326 de la Compilació:

1. En la venta a carta de gràcia el venedor es reserva el dret de redimir o recuperar la cosa venuda, per un preu determinat, durant un termini màxim de trenta anys, si és inmoble, o de sis anys, si és moble. En el cas d'inmobles, el termini del dret de redimir es pot fixar per la vida d'una o de dues persones determinades existents en el moment d'ésser subscrit el contracte. Per excepció, si el venedors o els seus successor ocupen la finca venuda amb carta de gràcia o la detenen per qualsevol títol, el dret de redimir no caduca pel simple transcurs del termini pactat i cal un requeriment especial, amb fixació d'un nou termini improrrogable, que no pot ésser inferior a tres mesos.

2. El dret de redimir té caràcter real i pot ésser sotmés a condició.

3. El dret de redimir és indivisible, llevat que diferents coses siguin venudes a carta de gràcia en una mateixa compra-venda i s'hi estableixi una part del preu individualitzada per a cadascuna. En aquest cas, es pot obtenir la redempció de cada cosa a mesura que se satisfà la part del preu corresponent.

4. El dret de redimir és susceptible de transmissió i gravamen. En aquest darrer cas, és directament executable, sense neccesitat de l'exercici previ del dret.

Article 327 de la Compilació:

1. La propietat gravada és susceptible de transmissió i de gravamen.

Si la redempció es produeix abans de l'execució, si s'escau, del gravamen, aquest acte ha d'ésser notificat feafentment al creditor, el qual pot exigir la consignació de la quantitat pagada com a preu de la redempció, la qual queda afectada al pagament del crèdit.

Si la cosa venuda a carta de gràcia i gravada es deteriora per culpa del

posseïdor, el creditor pot demanar al jutge de primera instància, havent

justificat prèviament aquell fet, que faci cessar les activitats que produeixen o poden produir el deteriorament de la cosa. Si continua l'abús del posseïdor o el deterioramet, el jutge pot acordar el nomenament d'un administrador judicial de la cosa.

2. Redimida la cosa venuda a carta de gràcia, resta lliure de les càrregues o els gravàmens que el comprador o els successius titulars de la propietat gravada li hagin imposat desde la data de la venda, però el preu de la redempciò resta afecte, fins on absti, a l'abonament de tals càrregues o gravàmens.

No obstant això, el rediment pot resoldre els arrendaments notòriament gravosos que el propietari hagi realitzat.

3. Al temps de la restitució, el titular de la propietat gravada ha d'indemnitzar el rediment per la disminució de valor que la cosa hagi sofert per causa imputable a ell mateix i als anteriors titulars.

Article 328 de la Compilació:

Per a obtenir la redempció, el rediment ha de satisfer al titular de la propietat gravada:

1. El preu fixat per a la redempció en el moment de la venda, que pot ésser diferent del preu d`aquesta. Si no es fixa expresament cap preu per a la redempció, s'entén que aquest és el mateix de la venda, calculats en pessetes constanst des de la data de la venda.

2. Les addicions posteriors al preu el valor de les quals es justifiqui.

3. Les despeses de reparació de la cosa, però no pas las de simple conservació.

4. Les despese útils, estimades en l'augment de valor que per elles hagi experimentat la cosa al temps de la redempció, les quals no poden excedir el preu de cost ni, en cap cas, el vint-i-cinc per cent del preu fixat per a la redempció.

5. El cost de les despeses inherents a la constitució de les servituds adquirides en profit de la cossa inmoble venuda, calculat en pessetes constants des de la data de la venda.

6. Les despeses de conreu relatives a la producció dels fruits pendents al temps de la redempció, llevat que el rediment autoritzi el titular de la propietat gravada a recollir-los al seu temps.

7. Les despeses que hagi ocasionat el contracte de venda a carta de gràcia, inclosos els impostos i el lluïsme, si ha estat pactat així.

La compraventa a carta de gracia es un contrato típico y propio del derecho catalán, diferente de la venta con “pacto de retro” que se puede celebrar según el:

Artículo 1507

Tendrá lugar el retracto convencional cuando el vendedor se reserve el derecho de recuperar la cosa vendida, con obligación de cumplir lo

expresado en el art. 1518 y lo demás que se hubiese pactado.

y siguientes del Código Civil, porque en derecho civil catalán la posibilidad de redimir es un elemento estructural de este tipo de contratos, en cambio en el Código Civil, la compraventa con pacto de retro es una compraventa a la que se añade un pacto.

Esto se ve más claro si se tiene presente que en la compraventa a carta de gracia, el derecho de redimir tiene carácter real, mientras que en el Código Civil el pacto tiene naturaleza obligacional.

Muchas veces el contrato de compraventa a carta de gracia se ha utilizado con fines de garantía, es decir, para obtener un crédito, por proporcionar una seguridad de cumplimiento más eficaz que la que se obtiene mediante los sistemas formales.

Ello es así porque el aparente comprador es en realidad un acreedor que sabe que si la obligación no se cumple tiene ya la titularidad del bien dado en garantía.

Se critica este tipo de contratos, así celebrados, porque suponen el eludir la prohibición de pacto comisorio.

A veces se utiliza con finalidades de garantía, y esto es lo que mayores problemas presenta, pues se obtiene una garantía mucho más fuerte que una hipoteca.

Postura del TSJ Cataluña: Ha considerado que no se puede afirmar que la regla general de un contrato de este tipo encubre una finalidad de garantía, aunque no niega que puede servir para esta finalidad, ello dependerá de las circunstancias concurrentes en cada caso.

1) Elementos objetivos:

Se pueden vender a carta de gracia los bienes muebles y los inmuebles.

En cuanto al precio de la venta hay que tener presente que como el derecho a redimir es un derecho real tiene un valor en el mercado, por eso el precio de esta compraventa se suele configurar teniendo en cuenta el valor de la cosa, restándole el valor del derecho a redimir.

Las partes son libres de fijar el precio que deseen, pero se ha de tener en cuenta la figura de la rescisión por lesión.

Las partes contratantes pueden pactar para la redención un precio diferente al de la venta, siempre que no se vulneren las prohibiciones de usura del artículo 328 de la Compilación (visto atrás).

2) Efectos de la compraventa a carta de gracia respecto del comprador:

La compraventa a carta de gracia transmite la propiedad, y por tanto el comprador tiene las siguientes facultades:

a) Transmitir y gravar la propiedad, según el 327 CDCC (visto atrás).

b) Mejorar la cosa y hacer suyos los frutos que la cosa produce.

c) Administrar el bien.

A pesar de esto, el vendedor tiene derecho a solicitar que se evite el deterioro de la cosa vendida por falta de actividad o actividad perjudicial del comprador.

Una reclamación de este tipo puede dar lugar, incluso, al nombramiento de un administrador judicial, según el 327.1.3 de la Compilación (visto atrás).

3) El derecho de redimir:

Es un derecho real que nace a consecuencia de la celebración de este tipo de contrato. Esta característica reconocida en el 326 de la Compilación (visto atrás), y en la Ley Hipotecaria, en su:

Artículo 107.7 de la Ley Hipotecaria:

7º Los bienes vendidos con pacto de retro o a carta de gracia, si el comprador o su causahabiente limita la hipoteca a la cantidad que deba de recibir en caso de resolverse la venta, dándose conocimiento del contrato al vendedor, a fin de que si se retrajeren los bienes antes de cancelarse la hipoteca, no devuelva el precio sin conocimiento del acreedor, a no mediar para ello precepto judicial.

permite que el derecho de redimir sea objeto de hipoteca.

Se trata de un derecho real, temporal, transmisible e indivisible, según se desprende del artículo 326 de la Compilación (visto atrás).

Se puede ejercitar, además, extrajudicialmente.

Sobre el ejercicio del derecho de redimir hay que hacer las siguientes observaciones:

a) Están legitimados activamente para el ejercicio de este derecho, el vendedor, sus sucesores y todas aquellas personas que traigan causa del vendedor.

b) Están legitimados pasivamente, el comprador, sus sucesores y quien haya adquirido el bien, pero si se trata de un tercero hipotecario, éste, resultará inmune frente a la acción del vendedor, lo único que se podrá ejercitar, en este caso, es una acción indemnizatoria contra el comprador.

c) El derecho de redimir se ha de ejercitar en un tiempo determinado, el que se haya pactado. Se trata de un término de caducidad, según el 326.1 de la Compilación (visto atrás), que prevé un término máximo de 30 años para los bienes inmuebles y 6 años para los bienes muebles.

4) Obligaciones y derechos del vendedor y el comprador cuando se ejercita el derecho de redimir:

A) Vendedor:

Según el artículo 328 de la Compilación (visto atrás) está obligado a:

a) Pagar el precio fijado para la redención. Si no se fija precio se entiende que es el mismo de la venta, pero actualizado.

b) Satisfacer los gastos útiles y las mejoras.

c) Pagar los gastos que ha causado el contrato.

B) Comprador:

La obligación básica del comprador es la de no oponerse al ejercicio del derecho a redimir y en cuanto a derechos, tiene el derecho de retención mientras el redimente no le pague, garantice o consigne judicialmente las cantidades por gastos y mejoras.

Se considera que tiene este derecho por aplicación del:

Article 278 de la Compilació:

El qui amb bona fe hagi edificat, sembrat, plantat o romput en sòl d'altri podrà retenir l'edificació, la plantació o el conreu fin sque l'amo reintegri, fianci o consigni judicialment els preus del materials, llavors o plantes i dels jornals dels operaris, en la quantia que declari aquell que en pretengui la retenció, sens perjudici de les comprovacions posteriors. Aquell qui en edificar, sembrar, plantar o rompre hagi obrat de mala fe perdrà a favor de l'amo del sòl, l'edificació, la plantació o el conreu.

si el bien es inmueble, y por aplicación del:

Article 2 de la Lei de Garanties Possesòries:

1. Els efectes del dret de garantia mobiliària són:

a) La retenció de la possessió de la cosa fins al pagament complet del dute garantit.

b) La imputació dels fruits de la cosa als interessosdel dute garantit i, si s'escau, al capital.

c) La realització del valor de la cosa, en els casos previstos legalment.

2. Tant en la imputació dels fruits com en l'atribució del preu obtingut en la realització del valor de la cosa, el crèdit del retenidor se sotmet a les regles generals sobre la prelació de crèdits.

y siguientes, para los bienes muebles.

5) Liberación de los gravámenes:

Se parte del presupuesto de que el redimente tiene derecho a obtener de nuevo la cosa tal como se encontraba jurídicamente en el momento en que la vendió, según el artículo 327. de la Compilación (visto atrás), del que se desprende que para que la cosa se reciba tal como estaba en el momento de la venta, cualquier gravamen impuesto por el comprador se extingue.

PARTICULARIDADES DE LA DONACIÓN

No se regula unitariamente la donación en el Derecho civil catalán., sin embargo, de las normas dispersas que hay sobre donaciones en el ordenamiento catalán se puede deducir una regulación propia de este contrato, lo que impide la aplicación del Código Civil, salvo cuando existe una remisión tácita, como por ejemplo, en materia de causas de revocación de las donaciones, que se ve en los:

Article 14 del Codi de Família:

Les donacions entre cònjuges fetes fora de capítols matrimonials són revocables en els casos generals de revocació de donacions, per bé que, en el cas de supervenció de fills, la revocació només té efecte si es tracta de fills comuns.

Article 34 del Codi de Família:

Les donacions a què es refereix l'article 31 també es poden revocar per la causa i en el temini establerts per l'article 22 en màteria de donacions capitulars.

La regulación propia de las donaciones se caracteriza por:

1) En Cataluña es imposible la distinción entre las donaciones que tienen su causa en el matrimonio del donatario y las otras donaciones, es imposible desde la perspectiva de la ineficacia.

2) Las donaciones por causa de muerte se asimilan a los legados, por eso se establece una normativa separada en los:

Article 392 del Codi de Successions:

Les donacions per causa de mort no poden ésser universals i es regeixen per les normes dels llegats tocant a: les causes d'incapacitat per a succeir i la indignitat succesòria declarada del donatari; el dret preferent dels creditors hereditaris per al cobrament de llurs crèdits; el dret a acrèixer entre els donataris; la possibilitat de substitució vulgar del donatari; les condicions, les càrregues, els fideïcomisos i els modes imposats al donatari, i la pèrdua posterior dels béns donats. En tota altra cosa, es regeixen per les normes de les donacions entre vius, en tant que ho permiti llur naturalesa especial.

Article 393 del Codi de Successions:

Les donacions atorgades sota la condició suspensiva de sobreviure el donatari al donant tenen el caràcter de donacions per causa de mort, i estan subjectes al règim d'aquestes, sens perjudici de les disposicions en màteria de heretaments.

Article 394 del Codi de Successions:

Pot atorgar donacions per causa de mort el qui té capacitat per a testar; però, en cas de no ésser attorgades en escriptura pública, només són vàlides si el donant és major d'edat. Pot acceptar-les el donatari amb capacitat per a contractar o els seus representants legals.

Article 395 del Codi de Successions:

En morir el donant, el donatari fa seus els béns donats, independentment que el hereu accepti l'her`ncia i de la validesa o subsistència del testament del donant o de les seves disposicions. El donatari es pot possessionar dels dits béns sense necessitat de lliurament per l'hereu o pel marmessor.

La transmissió de la propietat de la cosa donada està supeditada al fet que quedi definitivament ferma la donació, fora que la voluntad de les parts sigui de transmissió inmediata sota la condició resolutòria de revocació o premoriència del donatari.

Article 396 del Codi de Successions:

Les donacions per causa de mort resten sense efecte si el donant les revoca expressament en escriptura pública, testament o codicil; si aliena o llega els béns donats; si atorga amb posterioritat heretament no prelatiu, des del moment en què aquell produeix efecte; si el donatari premort al donant, i si aquest no pereix amb ocasió de l'especial perill determinant de la donació.

3) La capacidad de las partes se rige se rige por la normativa contractual del:

Article 67.3 del Codi de Succesions:

3. Poden atorgar heretament les persones majors d'edat. Nongesmenys, per a poder atorgar heretaments preventius és suficient la capacitat per a contreure matrimoni.

4) Se admite la donación de bienes futuros a diferencia de lo que en general se prevé en el Código Civil, que dice en su:

Artículo 635 del Código Civil:

La donación no podrá comprender los bienes futuros.

Por bienes futuros se entienden aquellos de que el donante no puede disponer al tiempo de la donación.

que las donaciones no podrán comprender bienes futuros.

LOS CONTATOS DE INTEGRACIÓN

Concepto:

Se establece en el:

Article 1 de la Llei de Contractes d'integració:

1. El contracte d'integració es un contracte és un contracte civil que té

per objecte d'obtenir en col.laboració productes pecuaris per a la reproducció, la cria o l'engreix.

2. En aquest contracte, una de les parts, anomenada integrador, s'obliga a proporcionar el bestiar, els subministraments necessaris a què fa referència aquesta Llei i la direcció técnica de la producció, i l'altra anomenada integrat, s'obliga a facilitar els espais, les instal.lacions i els serveis necessaris per a la producció, a canvi d'una remuneració que aquell li ha de satisfer en relació a la producció obtinguda.

que el contrato de integración es un contrato civil que tiene por objeto obtener en colaboración productos pecuarios para la reproducción, cría y engorde del ganado.

En esta Ley se tipifica un contrato antes regido por normas consuetudinarias.

Caracteres:

Son los siguientes:

1) Es un contrato civil: Con esta afirmación se confirma la competencia de la Generalitat de Catalunya en la regulación de este tipo de contratos, pues supone un desarrollo del:

Article 339 de la Compilació:

Els contractes de soccita o soccida pels quals hom s'obliga a menar, àdhuc a pasturar, el bestiar d'altri, repartint-se entre ambdós els fruits i els guanys, així com el conlloc, i altres d'anàlegs, que se solen celebrar en algunes comarques sobre cria i recria de bestiar, amb dret a utilitzar-lo o sense, es regiran per les convencions atorgades,i, en llur defecte, pels usos i costums de les comarques respectives.

en el que se regula la “soccita” o “soccida”, modalidad del contrato de integración.

2) Es un contrato bilateral: Porque tiene dos partes, el integrador, persona que se obliga a proporcionar el ganado, los suministros necesarios y la técnica para la producción, y el integrado, que facilita los espacios, instalaciones y los servicios necesarios para la producción a cambio de una remuneración. Cada una de las partes puede estar integrada por una o varias personas físicas o jurídicas, lo que no convierte este contrato en plurilateral, según se desprende del artículo 1.2 (visto atrás).

3) Es un contrato oneroso: Porque la obligación de cada una de las partes tiene la contraprestación en la obligación de la otra.

4) Es un contrato asociativo: Se desprende del término “colaboración” del artículo 1 (visto atrás).

5) Es un contrato “intuitu personae”:

Article 12.b de la Llei de Contractes d'integració:

A més de fer-ho per les causes generals d'extinció de les obligacions, el contracte d'integració s'extingeix:

a) Pel fet d'haver arribat al terme establert en el contracte, o, en defecte d'aquest, un cop acabat l'engreix en curs.

b) Per defunció o extinció de qualsevol de les dues parts contactants un cop acabat l'engreix en curs, encara que no hagi transcorregut el període de temps pactat inicialment, llevat d'un acord entre el contractants supervivent i els successors del premort o del cas que els successors del premort siguin professionals de la ramaderia i col.laboradors principals i directes en la producció afectada a la integració, en el qual sopòsit tenen dret a succeir el premort en idèntiques condicions que les establertes en el contracte i fins al termini que consta en aquest.

Del artículo anterior se deduce que el contrato de integración se hace en base a la confianza entre la personas que contratan, de tal manera que en él se recoge como causa de extinción la defunción o extinción de cualquiera de las partes contratantes.

6) Fuentes por las que se regula:

a) La voluntad de las partes:

Article 3.2 de la Llei de Contractes d'integració:

1. El contracte d'integració es regeix pels pactes convinguts entre les parts i pel costum del lloc on radica la instal.lació de l'integrat, sempre que no siguin contraris a les normes imperatives d'aquesta Llei o d'altres lleis, i, supletòriament, per les normes dispositives d'aquesta Llei i de la legislació general.

2. Són nuls, en tots els casos, els pactes que fan participar l'integrat en les pèrdues en una proporció superior a la que li correspon en els guanys.

De este artículo se desprende que se pueden realizar los pactos que se tengan por conveniente siempre que no sean contrarios a las normas imperativas.

b) La costumbre del lugar donde radique la instalación.

Estructura:

Elementos subjetivos: Son el integrador y el integrado.

Ambas partes han de tener la capacidad general para contratar y obligarse, y el integrador poder de disposición sobre el ganado.

Elementos objetivos:

Del:

Article 11 de la Llei de Contractes d'integració:

Si, per un cas fortuït o per una altra causa de força major, es mor una part del bestiar o cal sacrificar-la, per compensar-ne l'integrat se li ha d'abonar la quantitat que li correspongui, d'acord amb el que s'hagi estipulat o, si no s'havia convingut, d'acord amb el costum de la comarca, per raó dels animals morts o sacrificats i proporcionalment al temps que ha tingut el bestiar, i restaran a favor de l'integrador les indemnitzacions que aboni l'Administració per aquest concepte.

completado con el:

Article 4 de la Llei de Contractes d'integració:

El contracte d'integració que té per objecte l'engreix de bestiar es regeix

per les normes de aquest capítol.

se deduce que el objeto es la obtención de productos pecuarios mediante la reproducción, cría y engorde del ganado.

Elemento formal:

La ley no exige ninguna forma para la validez del contrato por lo que rige el principio de libertad de forma. Se establece en el:

Article 16 de la Llei de Contractes d'integració:

1. Els documents públics o privats en què consten els contractes d'integració es poden presentar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a inscriure'ls en els Registre de Contractes d'Integració, que el dit Departament ha de dur amb caràcter i amb efectes merament administratius.

2. Per a obtenir el beneficis que l'Administració de la Generalitat concedeix amb relació amb l'activitat que és objecte d'un contracte d'integració, és un requisit necessari que el contracte hagi estat inscrit en el Registre.

3. Qualsevol de les parts pot unilateralment presentar el contracte per a la inscripció en el Registre de Contractes d'Integració; és ineficaç

qualsevol pacte en contrari.

pero se entiende que la inscripción y por tanto la redacción escrita de estos contratos, porque solo en ese caso, se podrán obtener los beneficios que la Administración concede con relación a la actividad que es objeto de estos contratos.

Además, en el 16.3, se dice que cualquiera de las partes, unilateralmente, puede presentar el contrato para su inscripción en el Registro.

Elemento temporal: La duración del contrato será la estipulada por las partes.

Hay que tener en cuenta lo previsto en el artículo 12 (visto atrás) y en el:

Article 13 de la Llei de Contractes d'integració:

Si la durada del contracte no s'estableix per períodes d'engreix sinó per un termini fix i en vèncer aquest hi ha un engreix en curs, el contracte no s'extingeix fins al finiment del període corresponent.

Efectos:

A) Obligaciones del integrador:

Resultan de los:

Article 5 de la Llei de Contractes d'integració:

L'integrador és obligat a:

Article 9.1 de la Llei de Contractes d'integració:

1. Són per compte de l'integrador tots els pagaments de dret públic corresponet a la propietat del bestiar.

Article 10 de la Llei de Contractes d'integració:

1. L'integrador ha de pagar la retribució convinguda tant bon punt retiri el bestiar, llevat que no s'hagi acordat expressament una forma diferent de pagament.

2. A més, si, en el cas d'un contracte que abasta més de un engreix, transcorre un període de temps superior al pactat o al normal segons el costum de la comarca ntre la retirada i la nova entrada del bestiar, l'integrat té dret a una indemnització proporcional al valor de la superficie desocupada. No té dret a cap indemnització si el període entre dos engreixos consecutius s'allarga per raos sanitàries o per acord exprés d'ambdues parts.

y se sistematizan de la siguiente manera:

1) Entrega del ganado: Se trata de la obligación principal, por lo que si esta no se cumple, no se pueden cumplir las demás.

Aunque el integrador entrega el ganado mantiene la propiedad sobre el mismo y el integrado sólo adquiere la posesión. El:

Article 8 de la Llei de Contractes d'integració:

El contracte d'integració no transfereix la propietat a l'integrat, el qual té el caps de bestiar en dipòsit mentre dura el contracte, i en cap cas no pot disposar o gravar-los pel seu compte, llevat que no s'hagi estipulat altrament en contracte.

habla de depósito, pero el integrado sólo tiene la posesión.

2) Suministrar el pienso con carácter exclusivo.

3) Retirar el ganado una vez acabe el periodo de engorde.

4) Pagar la retribución correspondiente.

5) Asesorar desde un punto de vista técnico-sanitario la explotación.

6) Satisfacer los impuestos correspondientes a la propiedad del ganado.

7) Satisfacer indemnizaciones en casos especiales:

a) La indemnización prevista en el 10.2 (visto atrás).

b) La del artículo 11 (visto atrás).

8) Las obligaciones residuales que se recogen en el 5.h (visto atrás).

B) Obligaciones del integrado:

Hay que relacionar los:

Article 1.2 de la Llei de Contractes d'integració:

2. En aquest contracte, una de les parts, anomenada integrador, s'obliga a proporcionar el bestiar, els subministraments necessaris a què fa referència aquesta Llei i la direcció técnica de la producció, i l'altra anomenada integrat, s'obliga a facilitar els espais, les instal.lacions i els serveis necessaris per a la producció, a canvi d'una remuneració que aquell li ha de satisfer en relació a la producció obtinguda.

Article 6.1 de la Llei de Contractes d'integració:

1. L'integrat és obligat a fer tot allò que cal per a l'engreix adequat del bestiar, fins al moment de retirar-lo l'integrador.

de los que se desprende que la Ley establece una obligación genérica que consiste en realizar todo aquello que haga falta para el adecuado engorde del ganado y que se concreta en las siguientes obligaciones específicas que se prevén en el:

Article 6.2 de la Llei de Contractes d'integració:

2. Especialment, l'integrat és obligat a:

a) Tenir els espais i les intal.lacions en bon estat, especialment pel que fa al funcionament, a la neteja i a la desinfecció.

b) Disposar la la mà d'obra necessaària.

c) Efectuar totes les operacions que requereix la cura adequada del bestiar, seguint les normes d'alimentació, de vacunació i de medicació indicadas per l'integrador.

d) Facilitar l'accés del integrador i dels tècnics d'aquest a les instal.lacions, i el de les persones i les màquines que l'integrador destinarà per al lliurament i retirada del bestiar o dels subministraments

e) Complir la normativa sanitària establerta o que s'estableixi.

f) Complir totes les altres obligacions que deriven del contracte i que tenen per finalitat el bon funcionament de l'explotació.

del que se desprende que el integrado ha de:

1) Mantener los espacios e instalaciones en buen estado.

2) Disponer de la mano de obra necesaria.

3) Cuidar del ganado siguiendo las normas de alimentación, vacunación, etc., indicadas por el integrador.

4) Facilitar el acceso del integrador y de sus técnicos a las instalaciones.

5) Cumplir la normativa sanitaria.

6) Pagar todo lo correspondiente a los espacios e instalaciones para el desarrollo de la actividad y al personal necesario para desarrollarla.

7) Con carácter residual lo previsto en el 6.2.f (visto atrás).

Extinción:

Además de extinguirse por las causas generales de las obligaciones, según el artículo 12 (visto atrás), se extingue este contrato, por:

a) Por haber llegado el término.

b) Por defunción o extinción de cualquiera de las partes contratantes. En la letra b) del artículo 12 se prevé la sucesión en el contrato de integración de los sucesores de cualquiera de las partes contratantes

LOS CONTRATOS AGRARIOS

Según la Dra. Roca, el régimen jurídico de los contratos agrarios en Cataluña es:

1) Se rigen por la normas imperativas de la Ley de Arrendamientos Rústicos, en lo relativo a la aparcería.

2) Por las normas de la Compilación.

3) Por los pactos entre las partes.

4) Por los usos y costumbres de la localidad.

5) Por la Ley de Arrendamientos Rústicos.

Los contratos agrarios se prevén en la Compilación en los:

Article 337 de la Compilació:

Els contractes de parcería réstica, en allò a que no s'oposi la legislació especial sobre arrendaments rústics, es regiran preferentment pels pactes dels contractants i, en llur defecte, pels usos i costums de la localitat.

En la masoveria, llevat pacte contrari, el masover no haurà de satisfer al propietari cap mena de preu de lloguer per la casa i altres dependències que ocupi com a tal, àdhuc amb la seva família; però aquesta ocupació seguirà la sort del contracte.

Article 338 de la Compilació:

Els contractes de terratge, boïgues, eixarmades i altres d'anàlegs, en els quals el conreador assumeix com a obligació principal la de millorar una finca o posar-la en conreu, es regiran, a manca de pacte, pels usos i costums del lloc, i acabaran de dret en finalitzar el termini estipulat o, en defecte seu, l'usual a la comarca.

Article 339 de la Compilació:

Els contractes de soccita o soccida pels quals hom s'obliga a menar, àdhuc a pasturar, el bestiar d'altri, repartint-se entre ambdós els fruits i els guanys, així com el conlloc, i altres d'anàlegs, que se solen celebrar en algunes comarques sobre cria i recria de bestiar, amb dret a utilitzar-lo o sense, es regiran per les convencions atorgades,i, en llur defecte, pels usos i costums de les comarques respectives.

1) En el 337.1 se alude a la aparcería.

Hace una remisión a las disposiciones sobre aparcería de la Ley de Arrendamientos Rústicos.

La aparcería rústica, según el:

Articulo 102.1 de la L.A.R.:

1. Por el contrato de aparcería el titular de una finca rústica cede temporalmente para su explotación agraria el uso y disfrute de aquélla o de alguno de sus aprovechamientos, aportando al mismo tiempo un 25 por 100, como mínimo, del valor total del ganado, maquinaria y capital circulante y conviniendo con el cesionario en repartirse los productos por partes alícuotas, en proporción a sus respectivas aportaciones. El cedente será considerado como cultivador directo.

se define, como aquel contrato en el que el titular de una finca rústica cede temporalmente para su explotación, el uso y disfrute de aquella, o alguno de sus aprovechamientos, aportando al mismo tiempo al menos el 25% del valor total del ganado, maquinaria agrícola y capital circulante, conviniendo con el cesionario el repartirse los productos por parte alícuotas, en proporción a sus respectivas aportaciones.

La masovería:

Concepto: Es aquel contrato por el cual una de las partes es al mismo tiempo aparcero, apoderado y administrador del dueño de la tierra, teniendo éste la obligación de proporcionarle la vivienda.

Es uno de los más típicos de la agricultura catalana.

Combina elementos de la aparcería, la sociedad y el mandato.

El 337.2 sólo se fija en uno de los aspectos más conflictivos, que es el de la vivienda,

cuando dice: “però aquesta ocupació seguirà la sort del contracte”.

Contenido:

Puede variar de comarca a comarca.

Como normas generales se puede decir que genera las siguientes obligaciones:

Masovero:

a) Cultivar la tierra.

b) Vivir en la propiedad. Es a la vez un derecho y un deber.

c) Entregar la parte correspondiente de los frutos, ya que se trata de un contrato parciario.

d) Actuar como encargado del propietario.

Propietario:

Son obligaciones correlativas a los derechos del masovero.

Hay que destacar la obligación de pagar los impuestos sobre la finca y satisfacer al masovero los gastos por mejoras necesarias y útiles hechas durante la vigencia del contrato. Esta obligación surge cuando se extingue el contrato.

Extinción: El 337 no establece término, por lo que en principio tiene una duración indefinida. La vivienda sigue la suerte del contrato.

Contratos especiales sobre tierra de cultivo

Según el 338 la característica común de estos contratos es que lo que se persigue con su celebración es acondicionar la finca para el cultivo, y viene a ser variedades de la aparcería.

Terratge: Es aquel contrato en virtud del cual el propietario de un terreno lo cede para que se destine a la plantación y cultivo de árboles.

Las obligaciones del terratger son las de cultivar la finca y pagar la parte de los frutos correspondientes.

Entre los usos y costumbres que regulan este contrato se encuentra una, según la cual, la duración normal del mismo es de 20 años.

Boïga: Significa “haz de leña” y viene a indicar que el terreno objeto del contrato era forestal.

Consiste este contrato en ceder una pieza de tierra plantada de bosque para que sea preparada para su cultivo con carácter transitorio. Es el boïgaire quien tiene que cultivar el terreno y pagar los frutos.

Es un contrato de corta duración al que se le asignan, tradicionalmente, 5 años.

Aixermades: Procede de yermo, “erm”. Es un contrato en virtud del cual se prepara una finca para ser cultivada.

Normalmente las plantaciones son de cereales y legumbres.

El cultivador tiene que dar frutos al propietario.

Su duración suele ser de 5 años.

Soccita o soccida: Según el 339 es un contrato de integración que tradicionalmente ha recibido este nombre.

La “soccita” era un contrato en virtud del cual una persona se comprometía a llevar a pastar una ganado repartiéndose por mitad los productos con el cedente.

Tiene dos modalidades: “soccita simple” y “soccita a mitad”.

En la “soccita simple” una de las partes tan solo se obliga a cuidar y llevar a pastar el ganado de otro.

En la “soccita a mitad” ambas partes aportan la mitad de las cabezas de ganado, comprometiéndose sólo a cuidarlo.

El 339 se refiere al aspecto del reparto de las ganancias. Hay que entender que no son sólo frutos la leche, la lana, etc., sino que también las crías son frutos, incluso las concebidas a la hora de la extinción del contrato.

Este contrato se extingue por el plazo señalado por las partes, o por el establecido consuetudinariamente.

En la “soccita simple” se devuelven todos los animales al propietario.

En la “soccita a mitad” se reparten los animales por mitad.

Además se mencionan en el 339 otros caracteres de este contrato, pero tienen carácter consuetudinario.

LOS CENSALES Y LOS VIOLARIOS

Se ha promulgado recientemente la Ley 6/2000, de 19 de junio, de pensiones periódicas, que actualmente regla reste tipo de contratos.

Según su Preámbulo el Derecho catalán a lo largo de su historia ha conocido diversas instituciones que han supuesto una prestación de pensiones periódicas, que han sido de carácter perpetuo o temporal; rescindibles o irrescindibles; y de naturaleza real u obligacional.

Estas instituciones en el Derecho catalán son:

- El censo enfitéutico.

- El censo vitalicio.

- El censal y el violario.

La Compilación regulaba el censal y el violario en los artículos 330-335, quedando estos sustituidos por la Ley 6/2000.

Esta ley moderniza la regulación de las pensiones periódicas con carácter real (el censo enfitéutico u el vitalicio). Pretende acomodar ambas figuras a la realidad actual de la sociedad catalana.

Esta voluntad de actualización queda patente porque se utilizan los términos “pensión vitalicia” como sinónimo de “violaría, según los:

Articulo 1 de la Ley de pensiones periódicas:

1. Se rigen por la presente ley los derechos de crédito a percibir una pensión periódica, establecidos con carácter indefinido o vitalicio.

2. Las pensiones periódicas reguladas en la presente ley pueden sujetarse a una cláusula de estabilización monetaria de su valor.

Artículo 2 de la Ley de pensiones periódicas:

Los derechos de crédito de duración indefinida a percibir una pensión periódica reciben el nombre de “censales” y los que consisten en la percepción de una pensión periódica durante la vida de una o más personas reciben el nombre de “violario” o “pensión vitalicia”.

Regulación del contrato censal:

Concepto:

Se recoge en el:

Artículo 3 de la Ley de pensiones periódicas:

El censal consiste en el derecho de crédito a percibir y la consiguiente obligación de pagar indefinidamente una pensión a una persona y sus sucesores en virtud del capital recibido.

Constitución:

Los títulos de constitución del censal pueden ser, conforme al:

Artículo 4 de la Ley de pensiones periódicas:

1. Los títulos de constitución pueden ser:

a) El contrato.

b) La donación.

c) El legado.

2. En el caso de la constitución a título gratuito, las atribuciones se efectúan al censatario con la obligación de que pague la pensión al censualista.

Forma:

Según el:

Artículo 5 de la Ley de pensiones periódicas:

1. El censal debe de constar en escritura pública, de la misma forma que las garantías reales que, en su caso, se establezcan para asegurar el pago de la pensión.

2. En el título de constitución, deben constar la forma de pago de la pensión y su determinación, así como las eventuales garantías, y, si es de carácter oneroso, debe de constar el capital recibido.

el censal debe de constar en escritura pública, y también las garantías reales que se establezcan para asegurar el pago de la pensión.

Las posibles garantías en que piensa la ley son la fianza y la Hipoteca, según el:

Artículo 6 de la Ley de pensiones periódicas:

1. El censal puede garantizarse con fianza e hipoteca y puede contener pacto de mejora para garantizarlo o mejorar las garantías que se hubiesen establecido.

2. Las hipotecas constituidas en garantía del censal no prescriben mientras no prescriba éste. Sin embargo, puede pactarse la extinción de la hipoteca.

Hay que entender, que según esta ley, el censal tiene una naturaleza personal u obligacional pues genera obligaciones personales, no tiene naturaleza real, porque el censal no grava directamente el inmueble, como así sucede con los censos, con independencia de que se puedan pactar garantías con carácter real.

Pago:

Debe de pagarlo el censatario al censualista, al que históricamente se ha llamado comprador del censal, porque a cambio de la entrega de un capital adquiría un derecho de pensión.

Según el:

Artículo 8 de la Ley de pensiones periódicas:

1. La pensión del censal debe de pagarse por anualidades vencidas salvo que exista pacto en contra.

2. Son de aplicación a los censales las normas de pago de pensiones atrasadas relativas a los censos.

la pensión salvo que exista pacto en contrario debe de pagarse por anualidades vencidas.

Extinción:

Además de las causas generales por las que se extinguen las obligaciones, se regula como causa específica de extinción del censal su redención, según el:

Artículo 9 de la Ley de pensiones periódicas:

1. El censatario puede extinguir el censal mediante la redención. A tal fin debe de retornar el importe del capital con el que se constituyó y debe de estar al día en las pensiones que hayan vencido. Sin embargo, puede pactarse que el censal sea irredimible, pero sólo temporalmente, con la aplicación de los límites establecidos para los censos.

2. En los censales creados a título gratuito sin expresión de capital, la

determinación del capital, a efectos de la redención, se obtiene a partir de la capitalización de la pensión inicial al precio del dinero en el momento de su constitución.

3. La redención parcial del censal requiere la conformidad del censualista.

y consiste esta causa en que el censatario puede extinguir el censal retornando el importe del capital que recibió, ello siempre y cuando esté al corriente de pago de las pensiones.

También se puede pactar que el censal se irredimible, pero sólo temporalmente.

Regulación del violario:

Concepto:

Resulta del:

Artículo 10 de la Ley de pensiones periódicas:

El violario o pensión vitalicia consiste en el derecho de crédito a percibir y la consiguiente obligación de pagar una pensión periódica en dinero, durante el tiempo definido por la vida de una o más personas que estén vivas en el momento de su constitución.

Constitución:

La vemos en el:

Artículo 11 de la Ley de pensiones periódicas:

1. La pensión vitalicia puede constituirse a título oneroso, en cuyo caso tiene como causa la percepción de un capital en bienes muebles o inmuebles, o a título gratuito, en cuyo caso tiene como causa la mera liberalidad.

2. Cuando la pensión vitalicia se constituye a título gratuito, le son de aplicación las normas sobre donaciones. El constituyente puede determinar expresamente en el momento de la constitución que el beneficiario no la pueda transmitir.

3. Cuando la pensión se constituye a título oneroso, el transmitente queda obligado al saneamiento en los mismos términos que el vendedor.

Forma:

Nada dice esta Ley, pero habrá que estar a lo dispuesto para las donaciones o legados, y si se trata de un contrato en principio regirá la libertad de forma.

Duración:

Conforme al:

Artículo 12 de la Ley de pensiones periódicas:

1. La pensión vitalicia puede constituirse sobre la vida del deudor o de la persona que se obliga a su pago, del acreedor o beneficiario, de quien eventualmente entrega el capital o de una tercera persona o más. No puede constituirse un violario o pensión vitalicia sobre la existencia de una persona jurídica por un tiempo superior a treinta años.

2. Si la pensión se constituye sobre la vida de varias personas, el derecho a percibirla íntegramente subsiste hasta la defunción de la última de dichas personas.

3. En caso de duda sobre la duración de la pensión vitalicia se entiende que es sobre la vida del acreedor.

la pensión vitalicia puede constituirse sobre la vida del acreedor o de otras personas.

Se coge como baremo la vida de una persona.

Si la pensión se constituye sobre la vida de varias personas el derecho a percibirla íntegramente subsiste hasta la defunción de la última de ellas.

En caso de duda sobre la duración de la pensión vitalicia, se entiende que es sobre la vida del acreedor.

Cuando la pensión se constituye sobre la vida de una persona jurídica su duración no puede ser superior a 30 años.

Acreedores o beneficiarios

Artículo 13 de la Ley de pensiones periódicas:

1. Los acreedores o beneficiarios de la pensión vitalicia pueden ser cualquier persona o personas, así como los concebidos y no naciods en el momento de su constitución.

2. No es necesario que el acreedor o beneficiario sea quien, en su caso, entregue el capital o precio.

3. El acreedor o beneficiario puede ser una persona distinta a la persona o personas sobre cuya vida se constituye la pensión. En dicho caso, si el acreedor o beneficiario premuera a dichas personas, transmite el derecho a cobrar la pensión vitalicia a sus herederos, hasta la extinción de los mismos.

4. Cuando la pensión se ha constituido a favor de una pluralidad de acreedores o beneficiarios la designación puede ser simultánea o sucesiva. Si la designación es simultánea, la parte o cuota de cada una de las personas que fallezca incrementa la de los demás. Si la designación es sucesiva, se aplican las limitaciones establecidas para la sustitución fideicomisaria.

5. Cuando la pensión se constituye a favor de una tercera persona distinta de la que entrega el precio o capital, la designación del beneficiario puede revocarse antes de ser aceptada. En tal caso y también en el de la renuncia del beneficiario, salvo que exista una persona sustituta, la pensión se paga a quien entregó el capital.

Conforme al artículo anterior, lo será cualquier persona, incluso los concebidos no nacidos en el momento de su constitución.

No es necesario que sea el acreedor quien entregue el capital, sino que puede ser una tercera persona. Se dice que en este caso si el acreedor premuere a la persona cuya vida se tiene en cuenta para fijar la duración de la pensión, entonces se transmite el derecho del acreedor a sus herederos.

Cuando la pensión se constituye a favor de varios acreedores hay que distinguir:

1) Designados simultáneamente, la parte del que fallezca acrece a los demás.

2) Designados sucesivamente se aplican las limitaciones establecidas para la sustitución fideicomisaria.

Pago de la pensión:

Artículo 14 de la Ley de pensiones periódicas:

1. Las pensiones se pagan en la forma convenida en el título de constitución y, en su defecto, por anticipado y en el domicilio del acreedor.

2. La pensión correspondiente al periodo dentro del cual se ha producido la defunción de la persona o de la última de las personas sobre cuya vida se había constituido la pensión debe pagarse íntegramente.

3. En caso de duda sobre la periodicidad de la pensión, se estará a la de los pagos efectuados.

Según este artículo, las pensiones se han de pagar de la forma prevista en el título constitutivo, y en su defecto por anticipado, y en el domicilio del acreedor.

En el caso de impago reiterado, según el:

Artículo 15.2 y 3 de la Ley de pensiones periódicas:

2. En caso de impago reiterado de las pensiones, también puede solicitarse a la autoridad judicial que se adopten las medidas de garantía necesarias para asegurar el pago de las pensiones futuras.

3. La pensión vitalicia puede asegurarse mediante garantía real. En dicho caso podrá constituirse en escritura pública.

se puede solicitar al Juez que adopte las garantías necesarias para asegurar el pago de las pensiones futuras, y siempre puede asegurarse el pago mediante garantía real.

En este caso se tiene que constituir la pensión vitalicia en escritura pública.

Extinción:

Además de por las causa generales de la extinción de las obligaciones, se extinguen específicamente, según el:

Artículo 16.1 de la Ley de pensiones periódicas:

• 1. El derecho a la pensión vitalicia se extingue por:

• a) La muerte de las personas en relación a cuyas vidas se había constituido, excepto cuando el deudor o la persona obligada al pago hayan sido condenados por sentencia firme en su participación en la causación de la citada muerte. En tal caso, y sin perjuicio de la responsabilidad civil exigible, subsiste íntegro el derecho a percibir la pensión para el beneficiario o sus sucesores, por toda la vida de éste o éstos o por el tiempo que les quede hasta llegar a la edad de noventa años.

• b) La redención, que puede tener efecto, a voluntad del pagador de la pensión si está al día del pago de las pensiones vencidas, con la restitución íntegra del capital o precio.

1) Por la muerte de las personas en relación a cuyas vidas se había contratado (16.1.a). Se establece una excepción, cuando el deudor ha sido condenado por haber participado en la muerte de la persona cuya vida servía de baremo.

2) Por redención. Por la restitución del capital o del violario. Si el violario se otorga gratuitamente se fija un capital como precio de la redención.

Hay que tener en cuenta el:

Artículo 16.2 de la Ley de pensiones periódicas:

2. Es nula la pensión vitalicia constituida sobre la vida de una persona fallecida a la fecha del otorgamiento o que sufra una enfermedad que pueda llegar a causarle la muerte durante los dos meses siguientes a la fecha de su constitución.

PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES

Article 12.1.5 de l'Estatut d'Autonomia:

1. D'acord amb les base i l'ordenació de l'activitat econòmica general i la política monetària de l'Estat, correspon a la Generalitat, en els termes d'allò que disposen els articles 38, 131, i els números 11 i 13 de l'apartat 1 del article 149 de la Constitució, la competència exclusiva de les màteries següents:

5) Comerç interior, defensa del consumidor i de l'usuari, sens perjudici

de la política general de preus i de la legislació sobre la defensa de la

competència. Denominacions d'origen en col.laboració amb l'Estat.

Este artículo atribuye a la Generalitat de Catalunya la competencia sobre la defensa de los consumidores y del usuario, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado.

El Tribunal Constitucional ha delimitado el alcance de las competencias legislativas de la Generalitat en lo referente a la protección de los consumidores.

De sus pronunciamientos se extrae la conclusión de que la defensa de los consumidores es un materia interdisciplinaria, y que por su carácter, es compartida por el Estado y las Comunidades Autónomas. Este carácter se debe a que para lograr la defensa de los consumidores se utilizan remedios de naturaleza civil, mercantil y administrativa.

La legislación catalana más importante dictada en defensa de los consumidores, siguiendo las pautas de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional son:

- Ley 1/1983, de 18 de febrero, de regulación administrativa de estructuras comerciales y ventas especiales.

- Ley 1/1990, de 1 de enero, de disciplina de mercada y defensa de los consumidores.

- Ley 23/1991, de 29 de noviembre, de comercio interior.

- Ley 24/1991, de 29 de noviembre, de la Vivienda.

- Ley 3/1993 de 5 de marzo, del Estatuto del Consumidor.

Esta normativa se ha de complementar con regulaciones sectoriales, como puede ser en lo relativo a talleres de reparación de vehículos, etc..

La normativa catalana sobre esta materia no regula la totalidad de los problemas que plantea los derechos de los consumidores, por lo cual también es aplicable en Cataluña la Ley 26/1984, de 19 de julio, (LGDCU).

Respecto de los contratos de consumo, se trata normalmente de contratos de adhesión, en los que son típicas las condiciones generales de los contratos, regulados en la Ley 26/1984.

Existen determinadas ventas especiales que pueden producir un perjuicio en el consumidor, por hallarse éste en una situación de inferioridad, o desprotegido.

Estas ventas se regulan básicamente en las leyes 1/1983 y 23/1991, que contienen una regulación que tiende a reequilibrar el contrato en beneficio del consumidor.

Son:

1) Ventas ambulantes: Son aquellas que no tienen carácter sedentario, se hacen fuera de establecimientos comerciales, en instalaciones comerciales desmontables.

La protección del consumidor se justifica por la ausencia de establecimiento mercantil permanente, que permite identificar al comerciante, y en su caso exigirle responsabilidad.

La protección se consigue mediante un sistema de permisos que han de obtener los que realicen estas ventas para llevarlas a cabo.

2) Venta a domicilio: En la ley 1/1983 se definen de forma negativa. No se consideran ventas a domicilio aquellas que se hacen correspondencia o en establecimientos mercantiles.

La protección se intenta conseguir mediante la exigencia de una autorización.

La protección se justifica por la previsible falta de reflexión del consumidor al adquirir el producto, porque en este tipo de ventas, el comprador se ve sorprendido en su intimidad, porque no esperaba ninguna oferta de compra y por eso puede encontrarse indefenso.

3) Venta por precio inferior:

Hay que distinguir:

A) Venta a pérdida: Es aquella que tiene lugar cuando el precio de venta es inferior al precio por el que se obtuvo la mercancía, o lo que costará reponer ese género.

B) Venta en liquidación: Cuando cesa total o parcialmente el negocio.

C) Venta de saldos: Con la que se intenta dar salida a productos que tienen defectos o están deteriorados.

D) Venta a precios rebajados

Con la regulación de estas ventas lo que fundamentalmente se persigue es el correcto funcionamiento del mercado, y en concreto, la libre competencia de los comerciantes, pero también existen normas puntuales de protección de los consumidores, como por ejemplo, la prohibición de poner a la venta como género rebajado un género que es de escaso valor o calidad.

4) Venta con concurso, sorteos o regalos: Con éstas, se pretender promocionar determinados productos. La protección del consumidor se fundamenta en que éste, tiende a rebajar sus exigencias en cuanto a la calidad de los productos ante la perspectiva de obtener una ventaja.

Se exige que en la venta con sorteos, éstos, estén autorizados.

Se prevé como infracción por fraude o engaño que el consumidor no reciba el regalo prometido, etc..

5) Venta sin contacto directo con el consumidor:

A) Venta a distancia: El riesgo principal es que no se reciban los productos que se han solicitado.

Se exige que las empresas hagan constar en el Registro de Comerciantes una serie de datos relacionados con la garantía de los productos que se ofrecen; una relación de los establecimientos que ofrecen esos productos; direcciones donde se atienden reclamaciones, etc..

Las medidas de protección son: prohibición de enviar mercancías no solicitadas; que se fije un periodo de reflexión para probar el producto no inferior a 7 días; imposición de los gastos de devolución del producto en caso de disconformidad

B) Venta automatizada: El riesgo es que el producto no esté en condiciones.

En las ventas automáticas se exigen más requisitos de garantía que en el caso de las ventas a distancia.

6) Venta en cadena: La ley 23/1991 la define como cualquier tipo de venta que consista en ofrecer a los consumidores productos a precios reducidos o gratuitamente, condicionando esta ventaja al hecho de que le consumidor consiga más clientes.

Este tipo de venta está prohibido.

TEMA 6 ADQUISICIÓN DE LOS DERECHOS REALES

La regulación de los derechos reales es muy fragmentaria en Derecho catalán, y por eso en lo no previsto en él hay que acudir al Código Civil.

También es aplicable en Cataluña la regulación registral.

Los modos de adquirir los derechos reales en Cataluña son también los previstos en el:

Artículo 609 del Código Civil

La propiedad se adquiere por la ocupación.

La propiedad y los demás derechos sobre los bienes se adquieren por la ley, por donación, por sucesión testada e intestada y por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición.

Pueden también adquirirse por medio de la prescripción.

Con respecto a la sucesión y a la donación, como modos de adquisición de derechos reales, las veremos más adelante.

Modos de adquirir:

Ocupación: Considerando que la ocupación es la toma de posesión de una cosa sin dueño, con ánimo de apropiarsela, este modo de adquirir, lo es de la propiedad, y limitado a los bienes muebles, incluyendo también la caza y la pesca.

La falta de regulación propia hace hace que sean aplicables los:

Artículo 610 del Código Civil

Se adquieren por la ocupación los bienes apropiables por su naturaleza que carecen de dueño, como los animales que son objeto de la caza y pesca, el tesoro oculto y las cosas muebles abandonadas.

Artículo 611 del Código Civil

El derecho de caza y pesca se rige por leyes especiales.

Artículo 612 del Código Civil

El propietario de un enjambre de abejas tendrá derecho a perseguirlo sobre el fundo ajeno, indemnizando al poseedor de éste el daño causado. Si estuviere cercado, necesitará el consentimiento del dueño para penetrar en él.

Cuando el propietario no haya perseguido, o cese de perseguir el enjambre dos días consecutivos, podrá el poseedor de la finca ocuparlo o retenerlo.

El propietario de animales amansados podrá también reclamarlos dentro de veinte días, a contar desde su ocupación por otro. Pasado este término, pertenecerán al que los haya cogido y conservado.

Artículo 613 del Código Civil

Las palomas, conejos y peces, que de su respectivo criadero pasaren a otro perteneciente a distinto dueño, serán propiedad de éste, siempre que no hayan sido atraídos por medio de algún artificio o fraude.

Artículo 614 del Código Civil

El que por casualidad descubriere un tesoro oculto en propiedad ajena, tendrá el derecho que le concede el art. 351 de este Código.

Artículo 615 del Código Civil

El que encontrare una cosa mueble, que no sea tesoro, debe restituirla a su anterior poseedor. Si éste no fuere conocido, deberá consignarla inmediatamente en poder del Alcalde del pueblo donde se hubiese verificado el hallazgo.

El Alcalde hará publicar éste, en la forma acostumbrada, dos domingos consecutivos.

Si la cosa mueble no pudiere conservarse sin deterioro o sin hacer gastos que disminuyan notablemente su valor, se venderá en pública subasta luego que hubiesen pasado ocho días desde el segundo anuncio sin haberse presentado el dueño, y se depositará su precio.

Pasados dos años, a contar desde el día de la segunda publicación, sin haberse presentado el dueño, se adjudicará la cosa encontrada o su valor al que la hubiese hallado.

Tanto éste como el propietario estarán obligados, cada cual en su caso, a satisfacer los gastos.

Artículo 616 del Código Civil

Si se presentare a tiempo el propietario, estará obligado a abonar, a título de premio, al que hubiese hecho el hallazgo, la décima parte de la suma o del precio de la cosa encontrada. Cuando el valor del hallazgo excediese de 2000 pesetas, el premio se reducirá a la vigésima parte en cuanto al exceso.

Artículo 617 del Código Civil

Los derechos sobre los objetos arrojados al mar o sobre los que las olas arrojen a la playa, de cualquier naturaleza que sean, o sobre las plantas y hierbas que crezcan en su ribera, se determinan por leyes especiales.

aunque alguna normas, de manera puntual, mencionan este mecanismo originario de adquirir, por ejemplo, los Reglamentos para la ejecución del Patrimonio de la Generalitat de Cataluña y el del Patrimonio de los Entes locales.

En la actualidad los bienes inmuebles no pueden adquirirse por ocupación porque pertenecen al Estado.

Este principio fue adoptado por la Ley de Mostrencos de 1839 y regogido en la Ley de Patrimonio del Estado. En su día, el artículo 11 de la Ley 11/1981 del Patrimonio de la Generalitat establecía que la Generalitat puede reivindicar los bienes inmuebles detentados sin título válido por entidades o particulares.

Este precepto fue impugnado ante el Tribunal Constitucional y declarado nulo mediante una sentencia del año 1987, por considerar que es Ley catalana subrogaba a la Generalitat en lugar del Estado, y para esto, entendió el Tribunal Constitucional, que la Generalitat no es competente.

Ahora bien, en cambio, en materia de sucesiones, se ha considerado válida la llamada de la Generalitat como sucesor en última instancia, en el sistema de la sucesión “ab intestato”.

Accesión: Es un modo de adquirir la propiedad por ocurrir ciertos hechos, que según la ley determinan la adquisición de la propiedad (son hechos que no menciona el artículo 609, pero este artículo si menciona “la ley”).

El Derecho civil catalán tiene una norma específica sobre accesión inmobiliaria en el:

Article 278 de la Compilació:

El qui amb bona fe hagi edificat, sembrat, plantat o romput en sòl d'altri podrà retenir l'edificació, la plantació o el conreu fin sque l'amo reintegri, fianci o consigni judicialment els preus del materials, llavors o plantes i dels jornals dels operaris, en la quantia que declari aquell que en pretengui la retenció, sens perjudici de les comprovacions posteriors. Aquell qui en edificar, sembrar, plantar o rompre hagi obrat de mala fe perdrà a favor de l'amo del sòl, l'edificació, la plantació o el conreu.

Doctrina y jurisprudencia catalanas entienden que esta norma no se aplica a los casos de construcción extralimitada.

En estos casos los Tribunales catalanes aplican la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre la accesión invertida.

El 278 centra la atención en el derecho de retención, y distingue los efectos de edificar, sembrar, plantar o roturar en suelo de otro, según sea de buena o mala fe la persona que ha realizado estas actuaciones.

Buena fe: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha interpretado el concepto de buena fe en base a los:

Artículo 433 del Código Civil

Se reputa poseedor de buena fe al que ignora que en su título o modo de adquirir exista vicio que lo invalide.

Se reputa poseedor de mala fe al que se halla en caso contrario.

Artículo 1950 del Código Civil

La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueño de ella, y podía transmitir su dominio.

En alguna sentencia se ha considerado que es un poseedor de buena fe quien construye en terreno ajeno, sabiéndolo, pero con la aquiescencia y aprobación del dueño del terreno.

La buena fe ha de ser valorada en el momento en que se realizan los actos de incorporación:

1) En este punto el Derecho catalán sigue el principio “mala fides superveniens nocet” (mala fe sobrevenida), que es el principio adoptado por el derecho canónico, que se sigue también en el:

Artículo 435 del Código Civil

La posesión adquirida de buena fe no pierde este carácter sino en el caso y desde el momento en que existan actos que acrediten que el poseedor no ignora que posee la cosa indebidamente.

en oposición al derecho romano.

2) Aplicación del principio “superficie solo cedit”. Se parte del principio de que lo que hay en la superficie ha de ceder en favor del dueño del suelo.

El 278 no recoge expresamente este principio porque se fija básicamente en el derecho de retención, pero de su contexto no queda ninguna duda de que recoge este principio.

Desde este punto de vista, el Derecho catalán llega a una solución análoga a la del:

Artículo 361 del Código Civil

El dueño del terreno en que se edificare, sembrare o plantare de buena fe, tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación, previa la indemnización establecida en los arts. 453 y 454, o a obligar al que fabricó o plantó a pagarle el precio del terreno, y al que sembró, la renta correspondiente.

pero sin reconocer al propietario del terreno la facultad de obligar al poseedor a pagarle el terreno.

En Derecho catalán solo se contemplan las opciones del 361, por lo tanto deduce la doctrina que en Cataluña, si el propietario del terreno prefiere desprenderse de lo que se ha construido, sembrado o plantado, tendrá que negociarlo con el que realizó esos actos, pero no podrá imponerlo.

Partiendo de la regulación del Código Civil, entiende la doctrina, que se adquiere la propiedad una vez que el propietario ejercite la opción que tiene, mientras que en Derecho catalán se suele interpretar que el otorgamiento al poseedor de un derecho de retención implica un reconocimiento de que el propietario del suelo adquirió desde le mismo momento de la incorporación la propiedad de lo que se halla en la superficie.

3) Derecho de retención: Se configura como una excepción a la obligación de restituir la posesión, y no comporta la facultad de realizar el valor de la cosa, ni ninguna preferencia para el cobro, a diferencia de lo que se regula en la Ley de Garantías Posesorias para bienes muebles.

Para dejar sin efecto este derecho, el propietario del suelo ha de reintegrar o consignar el importe de los materiales y la mano de obra, en la cuantía que declare el que ejercita el derecho de retención. Se le concede una facultad unilateral para fijar el precio, y si el propietario del terreno no está de acuerdo habrá que ir a juicio.

4) Consecuencias de la mala fe del propietario del suelo: El 278 no regula esta situación. Es de mala fe cuando viendo que otro construye o siembra sobre su terreno, no le dice nada.

Hay quien sugiere que en este caso hay que mantener los efectos que se aplican a la buena fe del propietario, mientras que otros autores mantienen, que, además de de reintegrar el valor de los materiales y la mano de obra, habrá de indemnizar todos los daños que se produzcan.

Mala fe: El 278 no presenta diferencia respecto de la regulación del:

Artículo 362 del Código Civil

El que edifica, planta o siembra de mala fe en terreno ajeno, pierde lo edificado, plantado o sembrado, sin derecho a indemnización.

por lo que se prevé en el último inciso del 278.

Esta norma no menciona el caso en que el propietario del suelo también sea de mala fe.

En este caso la jurisprudencia ha admitido la aplicación del criterio del:

Artículo 364 del Código Civil

Cuando haya habido mala fe, no sólo por parte del que edifica, siembra o planta en terreno ajeno, sino también por parte del dueño de éste, los derechos de uno y otro serán los mismos que tendrían si hubiesen procedido ambos de buena fe.

Se entiende haber mala fe por parte del dueño siempre que el hecho se hubiere ejecutado a su vista, ciencia y paciencia, sin oponerse.

del que se desprende de que cuando hay mala fe por ambas partes, ésta, se compensa, y la posición jurídica de ambas partes es la misma que si tuviesen buena fe.

Tradición: La aceptación de la teoría del título y el modo como mecanismo para adquirir derechos reales recogida en el 609 del Código Civil (visto atrás), se concreta en el Derecho catalán en el:

Article 277 de la Compilació:

En el contacte de compra-venda, la tradició o el lliurament de la cosa venuda tindrà lloc per qualsevol de las formes admeses en el Codi Civil i també pel pacte en què el venedor declara que extreu del seu poder i possessió la cosa venuda i la transfereix al comprador amb facultad a aquest per a prendre-la per si mateix i constituir-se en l'interim posseïdor en nom seu. Això serà també d'aplicació als contractes anàlegs que requereixen tradició.

Les despeses de lliurament de la cosa venuda seran de compte del venedor. Les de l'atorgament de l'escriptura, expedició de primera còpia i altres posteriors a la venda seran a càrrec del comprador, llevat pacte contrari.

y también por el pacto.

De acuerdo con los precedentes de este artículo, en el mismo se regula la cláusula “constitutum possessoria”, que tiene la ventaja de transmitir la posesión inmediata del adquirente del derecho real.

Usucapión: En Cataluña no se distinguen dos tipos de usucapión, tan solo se regula la conocida en el ámbito de aplicación del Código Civil como usucapión extraordinaria, porque la usucapión del dominio y otros derechos reales, se adquiere, según el:

Article 342 de la Compilació:

La usucapió del domini i altres drets reals sobre coses inmobles, àdhuc les servituds no compreses a l'article 283, tindrà lloc per la possessió en concepte d'amo pel temps de tenta anys, sense necessitat de títol ni de bona fe. Això mateix serà aplicable al domini i tots altres drets reals sobre coses mobles, però el temps serà de sis anys.

por la posesión en concepto de propietario durante 30 años sin necesidad de título ni de buena fe, si se trata de inmuebles.

En el caso de bienes muebles basta con la posesión durante 6 años.

Aunque el 342 únicamente exige expresamente una posibilidad en concepto de dueño, doctrina y jurisprudencia catalanas entienden, que además, para que la posesión sea “ad usucapionem”, ha de ser pública, pacífica y no interrumpida, integrando lo no regulado en Derecho catalán con lo previsto en el Código Civil.

Existe en Derecho catalán un régimen específico de usucapión en:

1) Servidumbres, en la Ley de la Acción Negatoria, de los:

Article 6 de la Llei 13/1990

Les servituds es constitueixen per títol, per usucapió i per disposició de la llei.

Article 11 de la Llei 13/1990

L'adquisició de les servituds per usucapió té lloc mitjançant la possessió, pública, pacífica i ininterrompuda, en concepte de titular del dret de servitud, per un període de trenta anys.

se desprende que pueden usucapirse todo tipo de servidumbres.

2) Censos, según el:

Article 3.b de la Llei de Censos

Els títols de constitució del cens poden ésser:

b) La usucapió. La quasi possessió del cens per espai de trenta anys equival al títol, si s'han percebut les pensions durant aquest temps.

se dispone que se pueden constituir los censos mediante la usucapión, si durante treinta años se han percibido las pensiones correspondientes, con lo que en este caso se llega a la adquisición por la usucapión, aunque no exista propiamente una posesión material, sino una cuasi posesión, que se considera apta para usucapir el derecho de censo.

LIMITES DEL DERECHO DE PROPIEDAD

El legislador catalán no ha regulado el derecho de propiedad en general, por lo que son aplicables los:

Artículo 348 del Código Civil

La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.

El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla.

Artículo 349 del Código Civil

Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por Autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública, previa siempre la correspondiente indemnización.

Si no precediere este requisito, los Jueces ampararán y, en su caso, reintegrarán en la posesión al expropiado.

Artículo 350 del Código Civil

El propietario de un terreno es dueño de su superficie y de lo que está debajo de ella, y puede hacer en él las obras, plantaciones y excavaciones que le convengan, salvas las servidumbres, y con sujeción a lo dispuesto en las leyes sobre Minas y Aguas y en los reglamentos de policía.

Artículo 351 del Código Civil

El tesoro oculto pertenece al dueño del terreno en que se hallare.

Sin embargo, cuando fuere hecho el descubrimiento en propiedad ajena, o del Estado, y por casualidad, la mitad se aplicará al descubridor.

Si los efectos descubiertos fueren interesantes para las Ciencias o las Artes, podrá el Estado adquirirlos por su justo precio, que se distribuirá en conformidad a lo declarado.

Artículo 352 del Código Civil

Se entiende por tesoro, para los efectos de la ley, el depósito oculto e ignorado de dinero, alhajas u otros objetos preciosos, cuya legítima pertenencia no conste.

Sí se ha fijado el legislador catalán en algunas modalidades de propiedad, como la urbanística; la de inmuebles, cuando se trata de viviendas, o la de los terrenos forestales privados.

De otro lado la Ley de la Acción Negatoria, contempla las relaciones de vecindad como límites de la propiedad, y regula la acción negatoria como mecanismo de tutela del propietario.

El Capítulo IV de la Ley de la Acción Negatoria regula unos límites bajo la rúbrica de Relaciones de Vecindad, que afectan a la propiedad inmobiliaria en beneficio de los particulares, con el fin de dar solución a conflictos de intereses que puedan darse entre propietarios de predios vecinos.

Por esta razón los límites del derecho de propiedad establecidos en interés privado se denominan también relaciones de vecindad.

Estos límites se configuran legalmente como restricciones impuestas al derecho de propiedad, que en ningún caso suponen la subordinación de una finca a la otra, que es lo propio de la servidumbres, sino que las fincas afectadas lo están, a estos efectos, en situación de igualdad y reciprocidad.

La inherencia de estos límites al derecho de propiedad comporta que no dan derecho a indemnización alguna.

Según Puig Ferriol también se aplican en Derecho catalán los:

Artículo 569 del Código Civil

Si fuere indispensable para construir o reparar algún edificio pasar materiales por predio ajeno, o colocar en él andamios u otros objetos para la obra, el dueño de este predio está obligado a consentirlo, recibiendo la indemnización correspondiente al perjuicio que se le irrogue.

Artículo 586 del Código Civil

El propietario de un edificio está obligado a construir sus tejados o cubierta de manera que las aguas pluviales caigan sobre su propio suelo o sobre la calle o sitio público, y no sobre el suelo del vecino. Aun cayendo sobre el propio suelo, el propietario está obligado a recoger las aguas de modo que no causen perjuicio al predio contiguo.

La ley de la Acción Negatoria regula los límites relativos a las relaciones de vecindad en los:

1) Al cierre de las fincas. En el:

Article 34 de la Llei 13/1990

1. La mitgeria és forçosa en les parets de tanca de patis, d'horts, de jardins i de solars fins a l'alçària mínima de dos metres.

2. El sòl de la tanca divisòria es mitger, però el veí no té l'obligació de contribuir a la meitad de les despeses de construcció i de manteniment de la paret fins de que la seva banda hi edifiqui o tanqui la finca.

3. La paret de tanca entre dos predis es presumeix sempre mitgera.

con respecto a la medianeria en patios y huertos, y en el:

Article 36 de la Llei 13/1990

El propietari pot construir una paret i acostar-la o adossar-la de llarg o de trevés a la paret veïna, sense menyscabar-la i amb l'obligació de respectar les servituds existents.

que se refiere al “dret d'atans”, que consiste en arrimar una pared a la del vecino, pero a diferencia del derecho de medianeria, sin tener ningún derecho sobre la pared del vecino.

2) Distancia en materia de construcciones o plantaciones. Según el:

Article 35 de la Llei 13/1990

Entre predis separats per una tanca, cap titular no pot mantenir un arbre o un element de construcció que, por la proximitat a aquella, n'inutilitzi la funció de facilitar l'accés al predi veí.

se hace referencia a los árboles y construcciones que estando cerca del cierre del predio vecino impiden el paso al mismo, éstos, no se pueden mantener.

Se hace referencia a los pozos en el:

Article 39 de la Llei 13/1990

Ningú no pot obrir cap pou a una distància menor de 60 cm. d'una paret mitgera o del límit amb el predi veí. En tot cas, resta sempre salvat el que disposa la legislació sobre aigües.

y a las plantaciones de árboles y arbustos en el:

Article 41 de la Llei 13/1990

1. Sens perjudici del que disposa l'article 35, el propietari que planti arbusts o arbres entre predis destinats a la plantació o cultiu ho ha de fer a una distància mínima d'un metre o de dos metres, respectivament, de la línia de partió.

2. L'acció per a exigir l'arrencament dels arbres o arbusts plantats en contravenció del que disposa l'apartat 1 prescriu als deu anys.

3. En màteria de plantació forestal, hom s'ha de atenir a allò que disposa la legislació especial.

3) Relativas a las aguas pluviales, en el:

Article 37 de la Llei 13/1990

1. L'amo del predi inferior és obligat a rebre les aigües pluvials que arriben naturalment del predi superior, però el propietari d'aquest no pot posar obstacles als curs de l'aigua ni alterar-ne el règim, ni fer-lo més carregós.

2. Si en una finca hi ha obres de defensa contra l'aigua, l'amo del predi superior està obligat a permetre que el propietari del predi inferior faci les obres de reparació que siguin necessàries.

4) El régimen de luces y vistas, en concreto, en el:

Article 40 de la Llei 13/1990

1. Ningú no pot tenir vistes ni llum sobre el predi veí, ni obrir cap finestra o construir cap voladís ni, tampoc, en la paret pròpia que confronti amb la del veí, si no té constituïda una servitud a favor seu, sense deixar en el terreny propi una androna de l'amplada fixada per les ordinacions o pels costums locals o, a manca d'aquests, d'un metre en quadre, almenys, comptat des de la paret la línia més sortida si hi havia voladís.

2. Hom no pot obrir tampoc cap finestra en una paret contigua a la del veí o que hi formi angle de seixanta graus si no és a una distància mínima d'un metre i mig comptat des de la línia d'unió d'ambdues parets.

se recoge el régimen de la “androna”, que consiste en un espacio vacío que hay que dejar entre dos fincas, y cuya anchura puede variar, según la comarca de quer se trate (en defecto de medida concreta, ésta será de 1 metro cuadrado, como regla general).

LAS INMISIONES Y LA ACCIÓN NEGATORIA

Inmisiones:

Se regulan en el Capítulo I de la Ley de la Acción negatoria, , junto a la acción negatoria que se concede al afectado para reaccionar contra las inmisiones.

Aunque la denominación de la ley da un trato individualizado a las inmisiones, en realidad las inmisiones entrañan también límites que se imponen con fundamento en las relaciones de vecindad.

Este hecho resulta bastante claro del Preámbulo de la Ley cuando precisa que regulará dos objetos específicos: las servidumbres y las relaciones de vecindad.

El régimen de esta Ley resulta de normas de Derecho privado y de normas de Derecho público. La Ley de la Acción Negatoria contiene normas de Derecho Privado, y normas de Derecho público que se ocupan de bienes de interés general (Medioambiente, Salud Pública) y no de resolver posibles conflictos de intereses particulares entre vecinos por razón de las inmisiones.

Derecho Privado de la Ley de la Acción Negatoria:

Concepto: Esta Ley no define las inmisiones, ni da ejemplos de inmisiones.

Doctrina y jurisprudencia la suelen definir como injerencias producidas por la introducción de materias imponderables procedentes de una finca que es la causante del daño, y que son conducidas mecánica o físicamente, ocasionando perjuicios en una finca vecina. Los supuestos típicos son: ruidos, olores, calor, vibraciones, radiaciones y otros parecidos.

Caracteres:

1) Carácter material de las inmisiones: Esas injerencias han de producir consecuencias físicamente apreciables (se han de percibir por los sentidos).

2) Carácter indirecto: Han de tratarse de actividades que tienen lugar en la propia finca de la que proceden y que repercuten perjudicialmente en la finca vecina(las acciones directas no son inmisiones).

3) Continuidad: El perjuicio que provoca las inmisiones no se agota en un solo acto sin que ha de tener una continuidad, porque si se agotara en un solo acto no sería procedente aplicar el régimen de las inmisiones.

Efectos:

La Ley de la Acción Negatoria distingue entre:

1) Inmisiones inocuas o que causan perjuicios no sustanciales.

2) Inmisiones que causan perjuicios sustanciales.

1) Inocuas:

Ha de soportarlos el vecino sin derecho a indemnización, siempre, según la doctrina, partiendo del:

Article 3 de la Llei 13/1990

1. Les inmission produïdes per actes il.legítims del veí que causin danys a l'inmoble són prohibides, i generen responsabilitat pel dany causat. El propietari de l'inmoble que és afectat per una inmissió dolosa o culposa té acció negatòria per fer-la cessar i té dret a rebre la indemnització pels danys causats.

2. Tot propietari ha de tolerar les inmissions provinents d'una finca veïna, si aquestes son inòcues o si causen perjudicis no substancials.

3. Igualment, ha de tolerar les inmissions que produeixen perjudicis substancials sin són conseqüencies de l'ús normal del predi veí, segons el costum local, i si la cessació comporta una despesa desproporcionada econòmicament. Tanmateix, pot adoptar les mesures procedents per tal d'atenuar els danys a càrrec del propietari veí.

4. En aquest cas, el propietari afectat té dret a la indemnització pels danys produïts en el passat i a una compensació econòmica, fixada de comú acord o judicialment, pels que els pugui produir en el futur si auqestes inmissions afecten exageradament al producte del predi o l'us normal d'aquest, segons el costum local.

5. Les inmissions substancials pronvinents d'instal-lacions autoritzades administrativament només faculten el propietari veí afectat per a sol.licitar l'adopció de les messures tècnicament possibles i econòmicament raonables per a evitar les conseqüencies danyoses. Si d'aquesta manera les conseqüencies no es poden evitar, el propietari pot reclamar la indemnització corresponent pels danys i perjudicis que sofreixi.

6. Cap propietari no és obligat a tolerar inmissions dirigides especialment o artificialment vers la seva propietat.

no sean dolosas o culposas, y siempre que no estén dirigidas especial o artificialmente hacia la propiedad del vecino (3 apartados 1.2.6)

2) Perjudiciales:

a) En estas segundas se puede ejercitar la acción negatoria con el fin de que cesen las inmisiones.

b) Dan derecho a percibir una indemnización.

c) O, pueden dar lugar a ambas cosas.

Para adoptar una determinada solución se tiene en cuenta el artículo 3 de la Ley de Acción Negatoria (visto atrás):

1) Si las inmisiones son consecuencia del uso normal del predio, según la costumbre local, y si la cesación comporta un gasto desproporcionado.

2) Si provienen de instalaciones autorizadas administrativamente.

Si concurren estas circunstancias no se puede ejercitar la acción negatoria para hacer cesar las inmisiones, pero sí es posible adoptar medidas para atenuar los daños o evitar las consecuencias dañosas, y en su caso, se puede pedir una indemnización.

La acción negatoria:

Concepto:

Se puede definir como aquella acción que se dirige a conseguir el cese de perturbaciones presentes o la cesación de perturbaciones futuras a la propiedad, según el:

Article 2.1 de la Llei 13/1990

L'acció negatòria té per objecte la protecció de la llibertad del domini dels inmobles i el restabliment de la cosa a l'estat anterior a una pertorbació jurídica o material.

Cuando no procede esta acción, procede la reivindicatoria.

De esta definición resulta que en Derecho catalán, la acción negatoria tiene un carácter residual y complementario de la acción reivindicatoria.

Presupuestos para su ejercicio:

1) La perturbación ilegítima.

2) El perjuicio.

1) La perturbación ilegítima, a su vez ha de reunir los siguientes requisitos:

a) No puede consistir en una privación o retención de la posesión, porque de ser así, la acción pertinente es la reivindicatoria, o bien un interdicto, según el:

Article 1.1 de la Llei 13/1990

1. El propietari d'un inmoble té acció per fer cessar les pertobacions il.legítimas del seu dret que no consisteixin en la privació o el reteniment indeguts de la possessió. Igualment en té per a exigir l'abstenció de pertorbacions futures i previsibles d'aquest mateix gènere.

b) Ha de ser atribuible a una conducta humana.

c) Ha de ser persistente, porque si se origina por un hecho puntual habrá que reclamar una indemnización por daños y perjuicios, y si lo que se pretende es la abstención de una perturbación futura, el peligro ha de se permanente.

La perturbación puede ser jurídica o material (jurídica, puede ser por ejemplo, cuando alguien que no está legitimado se atribuye un derecho de servidumbre, y material, cuando se introducen inmisiones en la finca del vecino, o, por ejemplo, entrar en la finca del vecino y cogerle fruta).

Para que la perturbación se pueda calificar de ilegítima no es necesario que concurra con dolo o culpa, es suficiente que el propietario no tenga la obligación de soportarla.

No hay perturbación ilegítima si el propietario perjudicado ha renunciado contractualmente al ejercicio de la acción, según el:

Article 1.2.b) de la Llei 13/1990

2. No pertoca l'acció:

b) Si, per disposició de la llei, o negoci jurídic, el propietari ha de suportar la pertorbació.

2) Este presupuesto resulta del:

Article 1.2.a) de la Llei 13/1990

2. No pertoca l'acció:

a) Si els fets actuals que es pretenen fer cessar o els futurs que es pretenen evitar no perjudiquen l'interès del propietari en la seva propietat.

El perjuicio puede ser patrimonial o de otra naturaleza.

Legitimación:

Legitimación activa:

Corresponde al propietario del inmueble que padece la perturbación, según el artículo 1.1 (visto atrás). La doctrina también reconoce esta legitimación al titular de un derecho real (usufructuario), y en la jurisprudencia menor, en el caso de las inmisiones también se reconoce legitimación al arrendatario.

Legitimación pasiva:

La acción se ha de dirigir contra el responsable del perjuicio. El perjudicado ha de probar que su propiedad está padeciendo una perturbación o que existe una amenaza de que la perturbación se producirá, y sobre la base de que la propiedad se presume libre de cargas, corresponde al demandado probar que su actuación es legítima, según el:

Article 2.3 de la Llei 13/1990

3. En l'exercici de l'acció negatòria, no cal que l'actor provi la il.legítimitat de la pertorbació.

Contenido de la acción:

1) El contenido esencial de la acción es hacer cesar las perturbaciones ilegítimas o exigir la abstención de perturbaciones futuras y previsibles, según el:

Article 2.2 de la Llei 13/1990

2. En l'exercici de l'acció negatòria, amés de la cessació de la pertorbació, hom pot reclamar la indemnització corresponent pels danys i perjudicis produïts.

2) La posible reclamación de una indemnización.

Hay que tener presente que cuando se pide una indemnización mediante el ejercicio de la acción negatoria, entiende la doctrina que es necesario que exista culpa o negligencia por parte del perturbador.

Prescripción de esta acción:

Según el:

Article 2.5 de la Llei 13/1990

L'acció negatòria prescriu als cinc anys, comptadors a partir que el propietari tingui coneixement de la pertorbació il-legítima.

esta acción prescribe a los cinco años, contados a partir del momento en que el propietario tenga conocimiento de la perturbación.

Precisiones:

1) Hay autores que entienden que no se puede dar el mismo trato a efectos de prescripción a la pretensión de la cesación de las inmisiones y a la pretensión de indemnización, porque si fundamentalmente lo que se persigue con la acción negatoria es que cesen las perturbaciones, mientras existan se debe de poder pedir su cese. por eso entienden que el plazo de prescripción de 5 años afecta a la pretensión de indemnización y no a la de la cesación de las perturbaciones.

2) Por lo que se refiere a las perturbaciones jurídicas, la posibilidad de pedir su cese se agota con la usucapión por parte de la persona que se atribuye un determinado derecho, en virtud del cual, dice estar legitimada para realizar la perturbación.

Con esta interpretación se evita la incongruencia que existe entre el tiempo de ejercicio de la acción negatoria y el tiempo establecido para usucapir (se piensa en la usucapión de las servidumbres).

EL USUFRUCTO

No ha sido objeto de regulación completa por parte del legislador catalán, por lo tanto resultan de aplicación los:

Artículo 467 del Código Civil

El usufructo da derecho a disfrutar los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa.

Artículo 468 del Código Civil

El usufructo se constituye por la ley, por la voluntad de los particulares manifestada en actos entre vivos o en última voluntad, y por prescripción.

Artículo 469 del Código Civil

Podrá constituirse el usufructo en todo o parte de los frutos de la cosa, a favor de una o varias personas, simultánea o sucesivamente, y en todo caso desde o hasta cierto día, puramente o bajo condición. También puede constituirse sobre un derecho, siempre que no sea personalísimo o intransmisible.

Artículo 470 del Código Civil

Los derechos y las obligaciones del usufructuario serán los que determine el título constitutivo del usufructo; en su defecto, o por insuficiencia de éste, se observarán las disposiciones contenidas en las dos secciones siguientes.

y siguientes del Código Civil, en lo referente al usufructo.

El ordenamiento catalán regula algunos usufructos en el ámbito del derecho de familia y en el de sucesiones, limitándose a establecer particularidades del régimen general.

En la Compilación se dedica al usufructo un título específico, cuando en realidad se centra en la regulación de unos determinados usufructos, que son el de árboles y el de arbustos y el de bosques, en los artículos 279 a 282.

En función del objeto se hace una clasificación de usufructos y se distingue:

1) Usufructo de árboles o arbustos que se renuevan o vuelven a brotar, según el:

Article 279.1 de la Compilació

L'usufructuari d'un predi podrà tallar a l'època i a la ,manera que sigui costum a la comarca els arbres i els arbusts que es renoven o rebrollen, pel tronc o les arrels, si doncs no han estat plantats per a ombreig, ornament o una altra destinació específica. En aquest cas només podrà disposar de llurs productes i de llurs branques, mitjançant podada, segons el costum.

2) Usufructo de árboles de ribera de crecimiento rápido, según el:

Article 279.2 de la Compilació

Als arbres de ribera, de creixença ràpida, serà aplicable el que disposa el paràgraf anterior, amb l'obligació de reposar tot el que es talli.

3) Ususfructo de árboles nuevos o arbustos de vivero, según el:

Article 279.3 de la Llei 13/1990

L'usufructuari podrà disposar també dels plançons o arbusts de viver, però haurà de reposar en temps hàbil les tretes efectuades.

4) Usufructo de árboles o arbustos que después de talados ni se renuevan ni renacen, según el:

Article 280 de la Llei 13/1990

Tocant els arbres o arbusts que tots seguita de tallats no es renoven o rebrollen, l'usufructuari només podrà disposar de llurs productes mitjançant podes de les branques, segons el costum de la comarca; si li calia tallar cap arbre per a atendre les necessitats de la finca usufructuada, necessitarà autorització del nu propietari.

5) Usufructo de árboles frutales, según el:

Article 281.3 de la Llei 13/1990

3. L'usufructuari no pdrà disposar de cap arbre fruiter, però podrà disposar del que hagi mort o deperit per accident, amb la obligació de reposar-lo.

En función de cual sea el objeto específico, las facultades del usufructuario son diferentes, por ejemplo, cuando se trata de árboles o arbustos que vuelven a brotar, el usufructuario puede talar esos árboles.

No se permite la tala de los árboles que una vez talados no se renuevan.

El usufructo de bosque hace la distinción entre bosques que se destina a madera y otros cuyo destino sea distinto, según el:

Article 282 de la Llei 13/1990

L'usdefruit de boscos per llur naturalesa destinats a fusta donarà dret a efectuar tallades curtes adequades a l'explotació racional, conformement a un pla tècnic i amb sujecció als usos i costums de la comarca.

Quan els boscos tinguin una destinació distinta de la d'obtenir fusta, l'usufructuari no podrà alterar-la, i, en conseqÚencia, li serà prohibit de tallar arbres. Seran compresos en aquesta classe de boscos, entre altres, els que abans de la constitució de l'usdefruit tenien una funció d'esbarjo o d'ornament de una finca, les masses d'arbrat destinades a fer ombra, a augmentar l'aglutinament del sòl o a fixar les sorres, a defensar els predis dels vents, endegar les aigües, a donar fertilitat al sòl i els explotats per tal d'obtenir productes distints de la fusta, com és ara la reïna, la saba, l'escorça i altres.

La regulación de estos usufructos específicos comporta la inaplicabilidad de los:

Artículo 483 del Código Civil

El usufructuario de viñas, olivares u otros árboles o arbustos podrá aprovecharse de los pies muertos, y aun de los tronchados o arrancados por accidente, con la obligación de reemplazarlos por otros.

Artículo 484 del Código Civil

Si, a consecuencia de un siniestro o caso extraordinario, las viñas, olivares u otros árboles o arbustos hubieran desaparecido en número tan considerable que no fuese posible o resultase demasiado gravosa la reposición, el usufructuario podrá dejar los pies muertos, caídos o tronchados a disposición del propietario, y exigir de éste que los retire y deje el suelo expedito.

Artículo 485 del Código Civil

El usufructuario de un monte disfrutará todos los aprovechamientos que pueda éste producir según su naturaleza.

Siendo el monte tallar o de maderas de construcción, podrá el usufructuario hacer en él las talas o las cortas ordinarias que solía hacer el dueño, y en su defecto las hará acomodándose en el modo, porción y épocas, a la costumbre del lugar.

En todo caso hará las talas o las cortas de modo que no perjudiquen a la conservación de la finca.

En los viveros de árboles podrá el usufructuario hacer la entresaca necesaria para que los que queden puedan desarrollarse convenientemente.

Fuera de lo establecido en los párrafos anteriores, el usufructuario no podrá cortar árboles por el pie como no sea para reponer o mejorar alguna de las cosas usufructuadas, y en este caso hará saber previamente al propietario la necesidad de la obra.

como ha dicho el Tribunal Supremo.

Existe un proyecto de ley para la regulación de los derechos de usufructo, uso y habitación.

Se ha de destacar que en este proyecto se recoge una disposición general que hace referencia al usufructo de uso y al de habitación, y es interesante la remisión que en última instancia se hace al Código Civil, para no repetir lo que en él se dice, ya que en el fondo es derecho romano.

Después hay disposiciones relativas al usufructo en general en el Capítulo II.

Se regula el usufructo con capacidad de disposición en el Capítulo III.

En el Capítulo IV se regula el usufructo de bosques y plantas de forma similar a lo previsto en la Compilación.

Se regula el usufructo de participaciones en fondos de inversión y recuerda al usufructo de inversiones en Sociedades Anónimas en el Capítulo V.

En el Capítulo VI se regulan los derechos de uso y habitación.

LAS SERVIDUMBRES

Se regulan en el Capítulo II de la Ley de la Acción Negatoria.

Primero se recogen unas disposiciones generales y después se presta atención a varias servidumbres concretas.

Disposiciones generales:

Concepto:

Article 4 de la Llei 13/1990

1. La servitud és un dret real que grava parcialment un inmoble en benefici d'un altre. L'inmoble a favor del qual està constituïda la servitud es diu predi dominant, i el que la pateix, predi servent.

2. El titular del predi dominant pot utilitzar el servent en la mesura determinada pel títol constitutiu de la llei.

3. El titular del predi servent no pot realitzar els actes ni exercir els drets per als quals estaria legitimat si no existia la servitud.

partiendo de esta definición se pueden destacar como:

Caracteres:

1) La servidumbre opera como derecho real sobre inmuebles vecinos, no hace falta que sean colindantes.

Se regula en esta ley las servidumbres prediales, no las personales, sin embargo, se ha dicho que sobre la base del principio de “numerus apertus”, podrían pactarse servidumbres personales.

2) La utilidad es parcial pues no se excluye el uso del predio por parte del titular del predio sirviente.

3) No se exige que los dos predios pertenezcan a propietarios diferentes, a diferencia de lo que sucede en el:

Artículo 530 del Código Civil

La servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño.

El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante; el que la sufre, predio sirviente.

En el:

Article 17 de la Llei 13/1990

La servitus no s'extingeix pel sol fet que s'arribin a reunir en una sola persona las propietats dels predis dominant y servent, però l'interessat pot manifestar la seva voluntad d'extingir-la i d'obtenir-ne la cancelació registral.

se admite la servidumbre de propietario, por influencia alemana.

4) La ley de la Acción Negatoria recoge como clasificación de las servidumbres de una lado las servidumbres forzosas y las voluntarias, y de otro, las servidumbres positivas y las negativas, aunque no las denomina como tales en este último caso.

No se han hecho clasificaciones de servidumbres aparentes y no aparentes, continuas y discontinuas, como en el:

Artículo 532 del Código Civil

Las servidumbres pueden ser continuas o discontinuas, aparentes o no aparentes.

Continuas son aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin la intervención de ningún hecho del hombre.

Discontinuas son las que se usan a intervalos más o menos largos y dependen de actos del hombre.

Aparentes, las que se anuncian y están continuamente a la vista por signos exteriores que revelan el uso y aprovechamiento de las mismas.

No aparentes, las que no presentan indicio alguno exterior de su existencia.

Se han considerado ajenas al derecho catalán.

Constitución:

Se constituyen:

1) Por título oneroso o gratuito. intervivos o mortis causa.

2) Por usucapión (posesión pública, pacífica e ininterrumpida en concepto de dueño por más de 30 años, según el artículo 11 de la 13/1990).

3) Por disposición legal. Son aquellas que puede exigir un sujeto por así preverlo la Ley.

Estos modos se recogen en el:

Article 6 de la Llei 13/1990

Les servituds es constitueixen per títol, per usucapió i per disposició de la llei.

Hay que añadir que el propietario de dos fincas, unilateralmente, puede constituir una servidumbre sobre una de las fincas, en favor de la otra, de manera tácita o expresa. Esto tiene escasa relevancia, excepto, en el caso de que se enajene una de las fincas.

La mera existencia de un signo aparente que de publicidad sobre una servidumbre no se considera título suficiente para su continuidad, si el propietario al enajenar el predio sirviente, no manifiesta que esta es su voluntad.

Este es un aspecto en que el derecho catalán difiere del:

Artículo 541 del Código Civil

La existencia de un signo aparente de servidumbre entre dos fincas, establecido por el propietario de ambas, se considerará, si se enajenare una, como título para que la servidumbre continúe activa y pasivamente, a no ser que, al tiempo de separarse la propiedad de las dos fincas, se exprese lo contrario en el título de enajenación de cualquiera de ellas, o se haga desaparecer aquel signo antes del otorgamiento de la escritura.

Contenido:

Sobre esto hay que destacar:

1) La servidumbre ha de ejercitarse “civiliter”, es decir, el titular de la servidumbre puede tratar de obtener el máximo rendimiento para el predio dominante, pero ocasionando las mínimas molestias al predio sirviente.

Por eso el:

Article 8 de la Llei 13/1990

La servitud es constitueix per a utilitat exclusiva del predi dominant i no s'estén més enllà del que cal per assolir-la.

Congruentemente con esto, si el titular del predio sirviente considera que el ejercicio del derecho de servidumbre le resulta demasiado gravoso o incómodo podrá exigir las modificaciones que crea conveniente, siempre que no perjudique el uso de la servidumbre, o su valor, y que el titular del predio sirviente sufrague los gastos que produzcan las modificaciones.

Por otra parte se faculta al titular del predio dominante a realizar las obras que hagan falta pagándolas él, pero si el titular del predio sirviente también se beneficia, deberán contribuir al pago proporcionalmente, según el:

Article 10.2 i 3 de la Llei 13/1990

2. Correspon al propietari del predi dominant el pagament de les despeses d'establiment i manteniment de les instal.lacions necessàries per a l'ús de la servitud.

3. Nogensmenys, si la instal.lació seveix també per a la utilitat del propietari del predi servent, aquest hi ha de contribuir proporcionalment.

2) El titular del derecho de servidumbre tiene la “acción confesoria” para mantener su derecho de servidumbre, o que le sea restituido el ejercicio de su derecho, según el:

Article 5 de la Llei13/1990

1. El titular del predi dominant té acció real per a mantenir i restituir l'exercici de la servitud establerta per la utilitat del seu predi contra el titular del predi servent que s'hi oposi.

2. L'actor ha de provar l'existència de la servitud i la lesió causada a aquest dret.

3. L'acció confessòria prescriu als trenta anys comptats des de l'acte obstatiu.

Está legitimado para ejercitar esta acción:

Activamente: El titular del predio dominante.

Doctrina y jurisprudencia entienden que también puede ejercitar esta acción, el usufructuario, el censatario, etc..

Pasivamente: El titular del predio sirviente, que es quien normalmente impide el ejercicio de la servidumbre, pero también se reconoce a cualquier tercero que obstaculice el ejercicio de la servidumbre.

Nada se dice de que si al mismo tiempo que se ejercita la acción confesoria se puede reclamar la indemnización por daños y perjuicios.

Hay autores que entienden que al ejercitar la acción confesoria se puede pedir una indemnización, otros defienden la solución contraria, basándose en la literalidad de la ley, que no hace alusión a la indemnización, y entienden que la reclamación de indemnización tendrá que ser objeto de una acción independiente, y que sólo procedería se concurrieran los requisitos del:

Artículo 1902 del Código Civil

El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.

Extinción:

Las causas se recogen en el:

Article 13 de la Llei 13/1990

Les servituds s'extingeixen:

a) Pel no-ús durant trenta anys.

b) Per l'arribada del terme, en les temporals, o pel compliment de la condició, en les condicionals.

c) Per renúncia del titular del predi dominant.

d) Per redempció convinguda entre els titulars dels predis dominants i servents.

En el:

Article 14 del la Llei 13/1990

1. Si l'exercici de la servitud esdevé impossible, el titular del predi servent en pot exigir l'extinció.

2. La impossibilitat d'exigir la servitud es determina en funció de la naturalesa de la servitud a la qual afecta, però en cap cas no es té en compte la que dura menys d'un any complet.

3. El titular del predi que fou dominant té dret a reclamar al titular del que fou servent el restabliment, sense indemnització, de la servitud si, abans de transcórrer el temps necessari per a la prescripció, les circumstàncies del predi dominant y servent en permeten novament l'exercici.

se recoge como causa de extinción la imposibilidad del ejercicio de la servidumbre.

En ese caso el titular del predio sirviente puede exigir su extinción.

Existen normas especiales sobre extinción de servidumbres de luces y desagües en el:

Article 15 de la Llei 13/1990

1. La servitud de llums consistent en la lluerna, o sia, el buit que mesura una amplària constant en el parament extern de a2cm i una alçària mínima de 45cm i màxima de 70cm, i la de degotís o desguàs adquirides

per usucapió s'extingeixen si, per voluntad de l'amo del predi dominant,

hom en fa desaparèixer el signe exterior, finestra, canal o conducció, mitjantçant el qual s'exercia.

2. En el cas que les dites servituds hagin estat constituides per títol, només s'extingeixen per no-ús durant trenta anys.

La servidumbre no se extingue por consolidación, según el:

Article 17 de la Llei 13/1990

La servitus no s'extingeix pel sol fet que s'arribin a reunir en una sola persona las propietats dels predis dominant y servent, però l'interessat pot manifestar la seva voluntad d'extingir-la i d'obtenir-ne la cancelació registral.

El:

Article 16 de la Llei 13/1990

1. La divisió del predi dominant no extingeix la servitud, però tampoc no en pot fer més carregós l'exercici.

2. Si la servitud només és útil `per a alguna de les finques que resulten de la divisió, el titular o els titulars del predi servent en poden exigir l'extinció respecte a les altres.

3. En cas de divisió o segregació, els titulars de la finca o finques resultants que no tenen cap utilitat per al predi dominant poden exigir l'extinció de la servitud respecte d'aquelles finques.

recoge el caso en que a consecuencia de la división de los predios dominante y sirviente, las fincas dejen de prestar la utilidad que justifica el mantenimiento de la servidumbre. Entonces los titulares de los predios sirvientes pueden pedir su extinción.

Servidumbres reguladas en derecho catalán:

La Ley de la Acción negatoria regula algunas servidumbres forzosas, que son aquellas cuya constitución puede ser impuesta por el titular del predio beneficiado, por preverlo así la Ley.

En concreto son:

Article 18 de la Llei 13/1990

Article 19 de la Llei 13/1990

El titular del predi servent pot exigir l'extinció d'aquestes servituds si la sortida a la via pública és inutilitzada per un acte arbitrari del titular del predi dominant; aqust, però, pot reclamar l'establiment de la servitud tornant a pagar la indemnització corresonent.

Article 20 de la Llei 13/1990

Sí, com a conseqüència d'un acte de disposició sobre una o més parts d'una finca, en resulta alguna part sense sortida, els titulars de las que en tenen han de concedir pas a la part sense sortida.

Article 21 de la Llei 13/1990

1. La servitud de pas és accesòria de les servituds principals d'aqüeducte, de sèquia, de pastures, de llenyes i de la de xarxes aèries i conduccions superficials i subterrànies a que es refereix l'article 22.

2. També és accesòria per a fer les instal.lacions necessàries per a establir una servitud i per a realitzar-hi els treballs de reparació i conservació.

cuya finalidad es la de conseguir tener salida a un camino público.

El titular del predio sirviente tendrá una indemnización que consistirá en el precio del terreno afectado.

Si también se aprovecha de la construcción de la servidumbre el propietario del predio sirviente, en ese caso la indemnización se tendrá que reducir proporcionalmente a la utilización de cada uno de ellos, según el 18.3 (visto atrás).

2) Servidumbre de redes aéreas y conducciones superficiales y subterráneas del:

Article 22 de la Llei 13/1990

1. El propietari d'un inmoble ha de premetre, a canvi de la indemnització corresponent, la instal.lació a través de la seva finca i en benefici d'una altra, de xarxes aèries i conduccions seperficials i subterrànies si la conexió a les conduccions públiques no es pot fer per un altre lloc sense despeses desproporcionades i si els perjudicis ocasionats no són substancials.

2. Si l'interessat necessita només conectar el seu predi a la condució que discorre pel predi veí, té dret a fer-ho si paga les despeses de la connexió i la part proporcional de la que al principi va a pagar el propietari afectat.

3. L'amo del predi pel qual ha de discórrer la conducció pot exigir que aquesta es faci de manera que ell també s'en pugui servir; en aquest cas, ha de contribuir proporcionalment a les despeses produïdes per la connexió.

4. Els interessats han de contribuir al manteniment de la instal.lació proporcionalment a l'ús que en fan.

5. En cas que les instal.lacions a què fan referència els apartats, 1, 2, 3 i 4, produeixin perjudicis, el beneficiat per la servitud els ha d'indemnitzar.

Esta servidumbre obliga al titular de la finca gravada a soportar las redes aéreas y las conducciones superficiales y subterráneas si no pueden conducirse por otro lugar sin gastos desproporcionados y si los perjuicios ocasionados no son sustanciales.

El titular de la finca gravada tiene derecho a indemnización.

Article 23 de la Llei 13/1990

3. El titular del predi dominant és responsable dels perjudicis causats, per inmissions, filtracions i altres defectes de construcció.

Permite al titular del predio dominante conducir el agua a través del predio sirviente. Esta servidumbre comporta la construcción, conservación y limpieza de las acequias, las reparaciones y mejoras que no hagan más gravosa la servidumbre.

Como contrapartida el titular del predio dominante es responsable por daños y perjuicios causados por la construcción, así como de las inmisiones y filtraciones que se produzcan.

Las dos primeras servidumbres, según el:

Article 24 de la Llei 13/1990

1. Les servituds forçoses a què es refereixen els articles 18 i següents fins al 22 s'han de regular, en allò que no determina el títol constitutiu, pel que estableixen les normes per a les servituds voluntàries contingudes en els articles 8 i següents fins al 17, que el siguin aplicables.

2. La servitud forçosa d'aqüeducte s'ha de regir per la legislació d'aigües.

en lo no determinado por el título constitutivo de las mismas, se regularán por las normas de las servidumbres voluntarias, mientras que la servidumbre de acueducto se regirá por la Ley de Aguas.

Estas servidumbres no son las únicas reguladas por el derecho catalán, pues existen otras, en otras leyes.

4) Servidumbres de luces y vistas, que se ve en los:

Article 25 de la Llei 13/1990

1. La servitud voluntària de llums permet rebre la llum que entra pel predi servent i passa al predi dominant.

2. La servitud voluntària de vistes comprèn la de llums i permet d'obrir finestres.

Article 26 de la Llei 13/1990

Si un predi té constituïda a favor seu una servitud de llums i vistes, l'amo del predi servent que vulgui edificar ha de deixar davant de l'obertura l'androna a què es refereix l'article 40, llevat que el títol constitutiu estableixi una altra cosa; pot, però obrir finestres que rebin la llum per la dita androna.

La servidumbre de luces es aquella que permite recibir la luz que entra por otro predio, mientras que la de vistas es aquella que permite no sólo eso, sino otras cosas.

Lo normal es que se constituya una servidumbre de luces y vistas, cuando esto ocurre, es necesario respetar la androna.

LOS CENSOS

La ley 6/1990, de 16 de marzo, de los Censos, configura la enfitéusis, no como una división de dominio, sino como un derecho real, y la regula junto al censo vitalicio.

Concepto:

Se desprende del:

Article 1 de la Llei de Censos

El cens és una pretació periòdica dinerària anual de caràcter perpetu o temporal que es vincula a la propietat d'una finca, la qual respon directament i inmediata del seu pagament.

Rep el nom de censatari el qui està obligat a pagar la pensió i el de censalista el qui té dret a rebre-la.

Caracteres:

1) Los censos, comportan en Derecho catalán una sujeción directa de la finca, real, es decir, el acreedor de la pensión, además de tener una acción personal frente al censatario, también tiene una acción real, pues responde la propia finca.

2) Los censos tienen, en Derecho catalán, una vocación a durar indefinidamente, por lo que se prevé en el:

Article 8.2 de la Llei de Censos

2. La pensió solament pot consistir en diners. En el títol de la constitució del cens, o també posteriorment, per acord entre el censalista i el censatari, es pot determinar una clàusula d'estabilització del valor de la pensió.

que se puedan pactar cláusulas de estabilización de la pensión (si no el importe de la pensión, con el paso del tiempo, podría ser ridículo).

3) El contenido esencial del censo es la pensión, que sólo se puede pagar en dinero (8.2), a diferencia de lo que sucede en el:

Artículo 1613.2 del Código Civil

La pensión o canon de los censos se determinará por las partes al otorgar el contrato.

2. Podrá consistir en dinero o frutos.

que admite que se pueda pagar en dinero o frutos.

Además, la falta de pago de la pensión, en Derecho catalán, no comporta que la finca caiga en comiso, según el:

Article 8.7 de la Llei de Censos

7. La manca de pagaments de les pensions no fa caure la finca en comís. El comís no pot ésser pactat en el títol de constitució del cens.

a diferencia de lo previsto en el:

Artículo 1648

Caerá en comiso la finca, y el dueño directo podrá reclamar su devolución:

1º) Por falta de pago de la pensión durante tres años consecutivos.

2º) Si el enfiteuta no cumple la condición estipulada en el contrato o deteriora gravemente la finca.

que dispone que en el caso de impago de la pensión la finca caerá en comiso y el dueño directo podrá reclamar su devolución, por falta de pago de tres años consecutivos, o si el enfiteuta no cumple la condición estipulada en el contrato.

Su pago es anual, sin perjuicio de que se puede pactar un pago fraccionado, según el:

Article 8.3 de la Llei de Censos

La pensió ha d'ésser sempre anual, sens perjudici de que per estipulació o per clàusula expressa es pugui determinar una forma fraccionada de pagament.

4) El:

Article 6 de la Llei de Censos

1. Els censos són esencialments divisibles. La divisió d'una finca gravada amb un cens comporta la divisió del gravamen, de manera que hi hagi tants censos com a finques gravades.

2. La divisió del cens correspon al censatari, el qual distribueix la pensió equitativament en funció de la superfície i segons les característiques de la finca gravada. Quan alguna de les finques resultants de la divisió del cens estigui constituïda en règim de propietat horitzontal, la pensió que s'hi assigni d'acord amb el paràgraf anterior s'ha de distribuir entre els elements que conformen la dita propietat en proporció a la quota corresponent a cadascun d'aquests elements.

3. El censatari ha de notificar feafentment la divisió al censalista en el seu domicili en el termini de tres mesos. En cas que el domicili no sigui conegut, aquesta circumstància s'ha de fer constar en l'escriptura pública de divisió del cens i el registrador de la propietat, una vegada inscrita, hja de publicar durant tres mesos edictes que anunciïn la dita divisió a l'Ajuntament del terme municipal on radiqui la finca dividida.

4. El censalista té un termini de caducitat d'un any per a impugnar judicialment la divisió.

prevé que los censos son esencialmente divisibles.

La división del censo corresponde al censatario y basta con que le notifique fehacientemente la división al censualista.

En cambio, en el Código Civil, como regla general, no puede dividirse entre dos o más personas las fincas gravadas con censo, ya que solo es posible con el consentimiento expreso del censualista. El fundamento de que esto se así en el Código Civil reside en evitar problemas al censualista, pues si el censo se divide, el cobro de la pensión se ha de efectuar a diferentes personas.

Constitución:

Los títulos de constitución de los censos, ya sean enfitéutico o vitalicio, son:

1) El contrato.

2) La usucapión.

3) Las disposiciones “mortis causa”, según el:

Article 3 de la Llei de Censos

Els títols de constitució del cens pode ésser:

a) El contracte. La constitució contractual d'un cens es pot fer:

Primer: Per la transmissió de la titularitat del dret de propietat al censatari, a canvi de la prestació periòdica anual al censalista. En aquest cas de constitució del cens es pot determinar el pagament a favor del censalista i per una sola vegada, al comptat o a terminis, d'un quantitat que s'anomena “entrada”.

Segon: Per revessejats, en virtud de la constitució del cens pel propietari de la finca i la cessió a tercer del dret a rebre la prestació periòdica anual.

b) La usucapió. La quasi possessió del cens per espai de trenta anys equival a títol, si s'han percebut les pensions durant aquest temps.

c) La disposició per causa de mort.

La costitución negocial exige escritura pública, ya que se dice en el:

Article 4 de la Llei de Censos

La constitució negocial d'un cens ha de fer-se necessàriament en escriptura pública, en la qual s'ha de'expressar la pensió i s'ha de fer constar la valoració de la finca a l'efecte de redempció.

que es requisito de validez (también lo es de eficacia). Según algún autor, Carmen Gete Alonso, por ejemplo, opinan que si no se otorga escritura pública el contrato vinculará a las partes, pero con un carácter meramente obligacional, pero que el censo como derecho real no llegará a nacer.

En la escritura se ha de expresar la pensión y la valoración de la finca (artículo 4), y además, si se constituye en censo enfitéutico se tendrá que hacer constar el “lluïsme” y la “fadiga”, si es que ene ese caso concreto existen esos derechos.

El censo como derecho real podrá acceder al Registro de la Propiedad, pero la inscripción no es constitutiva. El derecho real nace con el otorgamiento de la escritura pública.

En el:

Article 7.1 de la Llei de Censos

1. La inscripció de censos al Registre de la Propietat han d'expressar la classe del cens, la pensió que implica, la valoració de la finca a efectes de redempció, el lluïsme i la fadiga, si s'han estipulat, i el títol de constitució, a més de les altres circumstàncies exigides per la legislació hipotecaria.

se enumeran los conceptos que se deben de expresar en la inscripción, además de los exigidos por la legislación hipotecaria.

También tiene lugar la constitución de la usucapión por la cuasi posesión que tiene lugar por la percepción del pago de la prestación periódica durante treinta años, según el artículo 3.b) (visto atrás).

Extinción:

El derecho de censo se extingue por las causas recogidas en el:

Article 10 de la Llei de Censos

El cens s'extingeix:

a) Per pèrdua de la finca:

1. En el cas d'expropiació forçosa s'ha d'efectuar necessàriament la redempció del cens.

2. La pèrdua parcial de la finca no eximeix de pagar la pensió, llevat que la pérdua afecti la major part de la finca, ja que, llavors, es redueix proporcionalment la pensió.

b) Per expiració del termini o del compliment de la condició.

c) Per consolidació.

d) Per prescripció extintiva, que corre des de el dia que el censatari deixa de pagar la pensió.

e) Per redempció.

f) Per renúncia del censalista.

a) Pérdida total de la finca.

b) Expiración del término o por el cumplimiento de la condición.

c) Por consolidación, al reunirse la calidad de censatario y censualista en una misma persona.

d) Por prescripción extintiva.

e) Por redención.

f) Por renuncia del censualista.

La ley de Censos concede especial atención a la redención que permite extinguir, tanto censos perpetuos, como los de carácter temporal en los que se haya pactado expresamente su redención. En el:

Article 11 de la Llei de Censos

1. Els censos de caràcter perpetu i els de caràcter temporal en els quals s'hagia estipulat expressament són redimibles a voluntad del censatari.

2. En els censos de caràcter perpetu i en els de caràcter temporal constituïts como redimibles en els quals no es determini res diferent en el títol de constitució, el censatari no pot imposar la reempció fins que hagin transcorregut vint anys de la constitució del cens.

3. Això no obstant, en els censos de caràcter perpetu es pot pactar la no- redimibilitat del cens per un termini màxim de seixanta anys, o durant la vida del censalista i una generació més. La generació es considera extingida en morir el darrer del descendents en primer grau del censalista.

se establecen unos períodos máximos y mínimos para el ejercicio del derecho de redención.

La redención se ha de formalizar en escritura pública, no puede ser parcial y tiene lugar mediante la entrega de una cantidad equivalente al valor de la finca, según el:

Article 12 de la Llei de Censos

1. La redempció no pot ésser parcial, de manera que ha de comprendre necessaàriament i íntegrament la pensió i, si esacau, els altres drets inherents al cens.

2. El censatari no pot imposar la redempció si no està al corrent en el pagament de tot allò que degui al censalista per raó del cens.

3. La redempció es formalitza en escriptura pública i s'efectua, si no hi ha un acord en contra, amb el lliurament de la quantitat equivalent al valor de la finca que consti en el títol de constitució. En el cas que s'hagi estipulat el lluïsme, el preu de redempció ha d'incloure també l'import d'un lluïsme. En el supòsit que el cens s'hagi adquirit per usucapió, el valor de la finca ha d'ésser el que tenia en el moment d'iniciar-se l'esmentada usucapió.

4. Del preu de redempció, se'n dedueix l'entrada, si se n'ha estipulat e pagament en el títol de constitució

5. El preu de redempció, si no es pacta el contrari, s'ha de satisfer en diner i al comptat.

Clases de censos en derecho catalán:

En el Código civil se regulan tres clases de censos, el enfitéutico, en el:

Artículo 1605 del Código Civil

Es enfitéutico el censo cuando una persona cede a otra el dominio útil de una finca, reservándose el directo y el derecho a percibir del enfiteuta una pensión anual en reconocimiento de este mismo dominio.

el consignativo, del:

Artículo 1606 del Código Civil

Es consignativo el censo, cuando el censatario impone sobre un inmueble de su propiedad el gravamen del canon o pensión que se obliga a pagar al censualista por el capital que de éste recibe en dinero.

y el reservativo, del:

Artículo 1607 del Código Civil

Es reservativo el censo, cuando una persona cede a otra el pleno dominio de un inmueble, reservándose el derecho a percibir sobre el mismo inmueble una pensión anual que deba pagar el censatario.

En Derecho civil catalán existen, según el:

Article 2 de la Llei de Censos

El cens pot ésser constituït amb carácter perpetu i redimible a voluntad del censatari, d'acord amb el requisits establerts pels articles 11 i 12, el qual pren la denominació de cens entitèutic, o amb caràcter temporal i irredimible a voluntat del censatari, sens perjudici que expressament s'en pugui estipular la redimibilitat, el qual pren la denominació de cens vitalici.

El censo enfitéutico se caracteriza por su vocación de perpetuidad y su redimibilidad a voluntad del censatario, y el vitalicio por su carácter temporal y su irremibilidad, aunque se puede pactar su redimibilidad.

Censo enfitéutico: Puede dar derecho, además de al cobro de la pensión, al “lluïsme” (laudemio), y también puede dar derecho a la “fadiga”, que es un derecho de adquisición preferente, que comporta en un primer momento un derecho de tanteo, y más tarde un derecho de retracto.

Lluïsme: Hay que recordar que el “lluïsme” es la cantidad que recibe el censualista en caso de transmisión onerosa de la finca. Esta obligado a satisfacerlo el adquirente, según el:

Article 14 de la Llei de Censos

1. Quan s'ha pactat, el censalista té dret a precebre el lluïsme per cada transmissió de la finca, fora dels casos regulats per l'article 15.

2. En cas d'usdefruit, el dret a percebre el lluïsme correspon a l'usufructuari.

En el:

Article 15 de la Llei de Censos

En cap cas no es deu el lluïsme:

1. En alienacions fetes per expropiació forçosa o per aportació de la finca a juntes de compensació o adjudicació d'aquestes als seus mebres.

2. En alienacions fetes a títol gratuït, sigui qui sigui l'adquirent, i en les transmissions per causa de mort.

3. En les adjudicacions de la finca per dissolució de comunitats matrimonials de béns o per cessió substitutiva de pensió, en supòsits de divorci o separació i en el de nul.litat del matrimoni.

4. En l'agnició de bona fe, és a dir, la declaració que, dins de l'any de la signatura del contracte, fa el comprador d'haver fet l'adquisició en interès i amb diner de la persona que designa.

se establecen excepciones con respecto al cobro del “lluïsme”, estas son: las enajenaciones pro expropiación forzosa, a título gratuito, las transmisiones “mortis causa”, etc..

No se diferencia respecto del Código Civil.

Fadiga: El equivalente en el Código Civil es el derecho de retracto.

Es un derecho de adquisición preferente que puede ejercitar siempre el censatario, y de existir pacto expreso también el censualista, según el:

Article 22.1 de la Llei de Censos

1. El dret de prelació anomenat fadiga, el qual es reconeix per llei només al censatari, pot ésser atorgat al censalista si s'ha determinat expressament al títol de constitució.

El Código Civil, en el:

Artículo 1636 del Código Civil

Corresponden recíprocamente al dueño directo y al útil el derecho de tanteo y el de retracto, siempre que vendan o den en pago su respectivo dominio sobre la finca enfitéutica.

Esta disposición no es aplicable a las enajenaciones onerosas por causa de utilidad pública.

se prevé que corresponden “recíprocamente” al dueño directo y al útil el derecho de tanteo y retracto.

Aquí subyace un poco la distinta configuración del censo enfitéutico en uno y otro ordenamiento.

En Derecho catalán, en principio, el derecho de “fadiga” adopta la forma de tanteo, y únicamente ha lugar al ejercicio del retracto si no se notifica a quien tiene derecho a ejercitar el derecho preferente de enajenación, es decir, que si se produce la venta, sólo ha lugar al derecho de retracto si no se produce la notificación de la que se habla en el:

Article 23.2 de la Llei de Censos

2. Si no hi ha notificació, el censalista i el censatari tenen, recíprocament, el dret de retracte, que pot ésser exercit dins de l'any següent a la data de la inscripció de la alienació en el Registre de la Propietat.

Se recogen las excepciones al derecho de “fadiga” en el:

Article 25 de la Llei de Censos

El dret de fadiga no té lloc:

1. En les permutes.

2. En les retrovendes.

3. En les transaccions.

4. En les altres alienacions en les quals el titular del dret no pugui fer o donar allò a què s'hagi obligat l'adquirent.

Censo vitalicio: Otorga al censualista el derecho a pedir una pensión periódica anual, durante la vida de una o dos personas que vivan en el momento de la constitución del censo, según el:

Article 28 de la Llei de Censos

El cens vitalici atorga al censalista el dret a rebre una prestació periòdica anual durant la vida d'una o dues persones que visquin en el moment de la constitució del cens.

Se trata, en principio, de un censo irredimible salvo acuerdo en contra, según el:

Article 29 de la Llei de Censos

El vitalici és irredimible, llevat d'acord mutu o disposició en contra.

El censo vitalicio tiene un carácter aleatorio, dado que su duración depende del tiempo que vivan una o dos personas, por eso se prevé en el:

Article 30.2 de la Llei de Censos

2. Això no obstant, el cens constituït resta sense efecte si la persona o persones sobre la vida de les quals s'ha constituït moren, com a conseqüència d'una malaltia existent en el moment de la constitució, dins els dos mesos següents a aquesta. Se n'exceptua el temps que la malaltia fos coneguda pel censalista.

que queda sin efecto el censo constituido sobre la vida de una persona o persones que estuviesen enfermas al tiempo de su constitución si mueren en los dos meses siguientes a la misma, con la excepción del tiempo en que la enfermedad fuese conocida por el censualista.

Es posible constituir el censo en favor del transmitente de la finca o de otras personas, en este caso estaremos ante un contrato a favor de terceros, por lo que se tendrá que tener en cuenta el:

Artículo 1257.2 del Código civil

2. Si el contrato contuviere alguna estipulación en favor de un tercero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquélla revocada.

En caso de pluralidad de beneficiarios, cuando el nombramiento haya sido conjunto, si uno de ellos no acepta o muere, su cuota incrementará la de los otros, según el:

Article 30.3 de la Llei de Censos

En el supòsit de cotitularidad del dret de cens, quan la designació dels beneficiaris ha estat conjunta, si un d'ells no accepta o, havent acceptat, es mor, la seva quota en el dret de cens incrementa la dels altres beneficiaris.

A la pensión que hay que pagar se refiere el:

Article 31 de la Llei de Censos

1. El pagament de les pensions, amb independència de la forma de pagament fraccionat convinguda, si es tracta d'anualitats vençudes, es fa de manera que la corresponent a l'any que mori la darrera de les persones a favor de les quals s'ha constituït el cens és pagada als seus hereus en la part proporcional als dies que hagi viscut. Però, si és per anualitats avançades, la corresponent al peròde de defunció s'abona íntegra sense que el censatari tingui dret a devolució.

2. No es pot exigir el pagament de la pensió sense acreditar que la persona per a la vida de la qual s'ha establert és viva.

que distingue según se haya pactado el pago de la pensión por anualidades vencidas o anticipadas.

Como contenido accesorio puede pactarse que quien transmite la propiedad de la finca a cambio de la pensión (censualista), retenga la posesión mediante un derecho de usufructo o de habitación, según el:

Article 32 de la Llei de Censos

Pot pactar-se vàlidament que la persona que trnsmet la finca a canvi de la pensió retingui, amb caràcter vitalici o temporal, un dret d'usdefruit o d'habitació sobre la mateixa finca, la qual es consolida necessàriament amb la propietat quan s'extingeix el cens.

Con este pacto se ha pretendido mejorar la situación económica de muchos pensionistas que solo tienen la casa donde habitan.

Rabassa morta: Junto a la enfiteusis, la “rabassa morta” ha sido una de las instituciones fundamentales para el desarrollo económico de la agricultura catalana.

Consiste en la cesión de un terreno para el cultivo de viñas por el tiempo que vivan las primeras cepas, quedando obligado el cesionario al pago de una pensión anual en frutos o en dinero, se regula, o más bien se hace alusión a ella, en el artículo 320 de la Compilación, que remite directamente al:

Artículo 1656 del Código Civil

El contrato en cuya virtud el dueño del suelo cede su uso para plantar viñas por el tiempo que vivieren las primeras cepas, pagándole el cesionario una renta o pensión anual en frutos o en dinero, se regirá por las reglas siguientes:

1ª) Se tendrá por extinguido a los cincuenta años de la concesión, cuando en ésta no se hubiese fijado expresamente otro plazo.

2ª) También quedará extinguido por muerte de las primeras cepas, o por quedar infructíferas las dos terceras partes de las plantadas.

3ª) El cesionario o colono puede hacer renuevos y mugrones durante el tiempo del contrato.

4ª) No pierde su carácter este contrato por la facultad de hacer otras plantaciones en el terreno concedido, siempre que sea su principal objeto la plantación de viñas.

5ª) El cesionario puede transmitir libremente su derecho a título oneroso o gratuito, pero sin que pueda dividirse el uso de la finca, a no consentirlo expresamente su dueño.

6ª) En las enajenaciones a título oneroso, el cedente y el cesionario tendrán recíprocamente los derechos de tanteo y de retracto, conforme a lo prevenido para la enfiteusis, y con la obligación de darse el aviso previo que se ordena en el art. 1637.

7ª) El colono o cesionario puede dimitir o devolver la finca al cedente cuando le convenga, abonando los deterioros causados por su culpa.

8ª) El cesionario no tendrá derecho a las mejoras que existan en la finca al tiempo de la extinción del contrato, siempre que sean necesarias o hechas en cumplimiento de lo pactado.

En cuanto a las útiles y voluntarias, tampoco tendrá derecho a su abono, a no haberlas ejecutado con consentimiento por escrito del dueño del terreno, obligándose a abonarlas. En este caso se abonarán dichas mejoras por el valor que tengan al devolver la finca.

9ª) El cedente podrá hacer uso de la acción de desahucio por cumplimiento del término del contrato.

10ª) Cuando después de terminado el plazo de los cincuenta años o el fijado expresamente por los interesados, continuare el cesionario en el uso y aprovechamiento de la finca por consentimiento tácito del cedente, no podrá aquél ser desahuciado sin el aviso previo que éste deberá darle con un año de antelación para la conclusión del contrato.

Sobre su naturaleza, la ambigüedad ya resulta del propio Código Civil, porque se regula la “rabassa morta” en la Sección II, bajo la rúbrica de los “foros y otros contratos análogos a la enfiteusis”, mientras que en el artículo 1656, se califica al cesionario, de colono, y se concede al propietario la posibilidad de desahuciar la colono como si de un arrendatario se tratara (reglas 3ª, 9ª y 10ª del 1656).

LAS GARANTÍAS MOBILIARIAS. EL DERECHO DE RETENCIÓN

En la actualidad, la Ley 22/91, de 29 de noviembre, de Garantías posesorias sobre cosa mueble regula los derechos de retención y prenda, calificando ambas figuras como derechos reales, lo que supone una novedad con respecto a lo previsto en el Código Civil sobre el derecho de retención.

Ambas figuras se regulan en el derecho catalán con la idea de adaptarlas al tráfico jurídico actual (esto se ve en el Preámbulo de la Ley).

Ambos derechos, retención y prenda, generan tres efectos comunes:

1) La retención de la posesión de la cosa hasta el completo pago de la cosa garantizada, según el:

Article 2.1.a) de la Llei de GPSCM

1. Els efectes dels drets de garantia mobiliària són:

a) La retenció de la possessió de la cosa fins al pagament complet del dute garantit.

2) La imputación de los frutos al pago de los interese, y si procede al del capital. Con este segundo efecto se recoge legalmente el pacto anticrético, según el:

Article 2.1.b) de la Llei de GPSCM

1. Els efectes dels drets de garantia mobiliària són:

b) La imputació dels fruits de la cosa als interessos del deute garantit i, si s'escau, al capital.

3) El efecto común es el de la realización del valor de la cosa en los casos previstos legalmente, según el:

Article 2.1.c) de la Llei de GPSCM

1. Els efectes dels drets de garantia mobiliària són:

c) La realització del valor de la cosa, en els casos previstos legalment.

Además en el:

Article 2.2 de la Llei de GPSCM

Tant en la imputació dels fruits com en l'atribució del preu obtingut en la realització del valor de la cosa, el crèdit del retenidor se sotmet a les regles generals sobre prelació de crèdits

se añade que tanto en la imputación de los frutos, como en la atribución del precio obtenido por la realización del valor de la cosa, el crédito del retenedor se somete a las reglas generales de la prelación de créditos, de los

Artículo 1921 del Código Civil

Los créditos se clasificarán, para su graduación y pago, por el orden y en los términos que en este capítulo se establecen.

Artículo 1922 del Código Civil

Con relación a determinados bienes muebles del deudor, gozan de preferencia:

1º) Los créditos por construcción, reparación, conservación o precio de venta de bienes muebles que estén en poder del deudor, hasta donde alcance el valor de los mismos.

2º) Los garantizados con prenda que se halle en poder del acreedor, sobre la cosa empeñada y hasta donde alcance su valor.

3º) Los garantizados con fianza de efectos o valores, constituida en establecimiento público o mercantil, sobre la fianza y por el valor de los efectos de la misma.

4º) Los créditos por transporte, sobre los efectos transportados, por el precio del mismo, gastos y derechos de conducción y conservación, hasta la entrega y durante treinta días después de ésta.

5º) Los de hospedaje, sobre los muebles del deudor existentes en la posada.

6º) Los créditos por semillas y gastos de cultivo y recolección anticipados al deudor, sobre los frutos de la cosecha para que sirvieron.

7º) Los créditos por alquileres y rentas de un año, sobre los bienes muebles del arrendatario existentes en la finca arrendada y sobre los frutos de la misma.

Si los bienes muebles sobre que recae la preferencia hubieren sido sustraídos, el acreedor podrá reclamarlos de quien los tuviese, dentro del término de treinta días contados desde que ocurrió la sustracción.

Artículo 1923 del Código Civil

Con relación a determinados bienes inmuebles y derechos reales del deudor, gozan de preferencia:

1º) Los créditos a favor del Estado, sobre los bienes de los contribuyentes, por el importe de la última anualidad, vencida y no pagada, de los impuestos que graviten sobre ellos.

2º) Los créditos de los aseguradores, sobre los bienes asegurados, por los premios del seguro de dos años; y, si fuere el seguro mutuo, por los dos últimos dividendos que se hubiesen repartido.

3º) Los créditos hipotecarios y los refaccionarios, anotados e inscritos en el Registro de la Propiedad, sobre los bienes hipotecados o que hubiesen sido objeto de la refacción.

4º) Los créditos preventivamente anotados en el Registro de la Propiedad en virtud de mandamiento judicial, por embargos, secuestros o ejecución de sentencias, sobre los bienes anotados, y sólo en cuanto a créditos posteriores.

5º) Los refaccionarios no anotados ni inscritos, sobre los inmuebles a que la refacción se refiera, y sólo respecto a otros créditos distintos de los expresados en los cuatro números anteriores.

Artículo 1924 del Código Civil

Con relación a los demás bienes muebles e inmuebles del deudor, gozan de preferencia:

1º) Los créditos a favor de la provincia o del Municipio, por los impuestos de la última anualidad vencida y no pagada, no comprendidos en el art. 1923 núm. 1º.

2º) Los devengados:

3º) Los créditos que sin privilegio especial consten:

Estos créditos tendrán preferencia entre sí por el orden de antigüedad de las fechas de las escrituras y de las sentencias.

Precepto redactado por L 17 julio 1958

Número 2º B redactado conforme L 11/1990 de 15 octubre

Artículo 1925 del Código Civil

No gozarán de preferencia los créditos de cualquiera otra clase, o por cualquiera otro título, no comprendidos en los artículos anteriores.

Artículo 1926 del Código Civil

Los créditos que gozan de preferencia con relación a determinados bienes muebles, excluyen a todos los demás hasta donde alcance el valor del mueble a que la preferencia se refiere.

Si concurren dos o más respecto a determinados muebles, se observarán, en cuanto a la prelación para su pago, las reglas siguientes:

1ª) El crédito pignoraticio excluye a los demás hasta donde alcance el valor de la cosa dada en prenda.

2ª) En el caso de fianza, si estuviere ésta legítimamente constituida a favor de más de un acreedor, la prelación entre ellos se determinará por el orden de fechas de la prestación de la garantía.

3ª) Los créditos por anticipo de semillas, gastos de cultivo y recolección, serán preferidos a los de alquileres y rentas sobre los frutos de la cosecha para que aquéllos sirvieron.

4ª) En los demás casos el precio de los muebles se distribuirá a prorrata entre los créditos que gocen de especial preferencia con relación a los mismos.

Artículo 1927 del Código Civil

Los créditos que gozan de preferencia con relación a determinados bienes inmuebles o derechos reales, excluyen a todos los demás por su importe hasta donde alcance el valor del inmueble o derecho real a que la preferencia se refiera.

Si concurrieren dos o más créditos respecto a determinados inmuebles o derechos reales, se observarán, en cuanto a su respectiva prelación, las reglas siguientes:

1ª) Serán preferidos, por su orden, los expresados en los núms. 1º y 2º art. 1923 a los comprendidos en los demás números del mismo.

2ª) Los hipotecarios y refaccionarios, anotados o inscritos, que se expresan en el núm. 3º del citado art. 1923 y los comprendidos en el núm. 4º del mismo, gozarán de prelación entre sí por el orden de antigüedad de las respectivas inscripciones o anotaciones en el Registro de la Propiedad.

3ª) Los refaccionarios no anotados ni inscritos en el Registro a que se refiere el núm. 5º art. 1923, gozarán de prelación entre sí por el orden inverso de su antigüedad.

Artículo 1928 del Código Civil

El remanente del caudal del deudor, después de pagados los créditos que gocen de preferencia con relación a determinados bienes, muebles o inmuebles, se acumulará a los bienes libres que aquél tuviere para el pago de los demás créditos.

Los que, gozando de preferencia con relación a determinados bienes, muebles o inmuebles, no hubiesen sido totalmente satisfechos con el importe de éstos, lo serán, en cuanto al déficit, por el orden y en el lugar que les corresponda según su respectiva naturaleza.

Artículo 1929 del Código Civil

Los créditos que no gocen de preferencia con relación a determinados bienes, y los que la gozaren, por la cantidad no realizada, o cuando hubiese prescrito el derecho a la preferencia, se satisfarán conforme a las reglas siguientes:

1ª) Por el orden establecido en el art. 1924.

2ª) Los preferentes por fechas, por el orden de éstas, y los que la tuviesen común, a prorrata.

3ª) Los créditos comunes a que se refiere el art. 1925, sin consideración a sus fechas.

La naturaleza jurídica en el derecho de retención en el ámbito de aplicación del Código Civil es discutida, porque más bien se considera que se trata de una facultad que refuerza la posición del acreedor, y tradicionalmente se le ha negado al derecho de retención recogido en el Código Civil la naturaleza de derecho real, por eso en Derecho catalán es una innovación, porque configura al derecho de retención como un derecho real, y como tal tiene los atributos siguientes:

1) Poder inmediato sobre la cosa.

2) La reipersecutoriedad.

3) La facultad de realización del valor.

No sucede lo mismo con el derecho de prenda, porque la regulación en Derecho catalán de la actual ley de prenda sigue la línea tradicional del Código Civil, sin perjuicio de algunas particularidades, por eso se justifica que se centre la atención en el derecho de retención.

Derecho de retención:

Presupuestos para que suceda:

Han de concurrir:

1) Posesión de buena fe por parte del retenedor.

2) Obligación de entregar la cosa poseída.

3) Existencia de una deuda a favor de quien retiene.

Ahora bien, esas deudas han de ser las previstas en el:

Article 4.1 de la Llei de GPSCM

1. Les obligacions que originen el dret de retenció són:

a) El rescabalament de les despeses necessàries per a la conservació i gestió de la cosa.

b) Els rescabalaments dels danys produïts per raó de la cosa a la persona obligada al lliurament.

c) La retribució de l'activitat realitzada per raó de la cosa, per encàrrec del posseïdor legítim, sempre que hi hagi hagut un pressupost acxceptat i que l'activitat realitzada s'adeqüi a aquest.

d) Els interessos de les obligacions garantides en aquest article, des de sigui notificat el dret de retenció en la forma prevista en aquest article.

e) Qualsevol altre deute al qual la llei atorgui expressament aquesta garantia.

A) La indemnización por gastos necesarios, parece que se excluye la de gastos útiles.

B) Cuando se trata de indemnizaciones por daños producidos por razón de la cosa a la persona obligado a la entrega.

C) Cuando se trata de retribuciones por la actividad realizada por razón de la cosa.

D) Cuando se trata de intereses de las obligaciones a los que se ha hecho antes alusión (obligaciones generalizadas de este artículo).

E) Cualquier otra deuda a la que la ley otorgue expresamente esta garantía.

4) Hace referencia a la ejecución del derecho de retención, y es que para que sea oponible este derecho ante terceros y se pueda ejercitar, el retenedor ha de hacer la comunicación notarial prevista en el:

Article 4.2 de la Llei de GPSCM

2. El retenidor ha de comunicar notarialment al deutor i al propietari, si fos un altre, la decisió de retenir, la liquidació practicada i la determinació de l'import de les obligacions precedents. Aquests poden oposar-s'hi judicialment durant el termini de tres mesos, a comptar des de la data de la notificació.

Los destinatarios de esa comunicación notarial son, el deudor y en su caso el propietario del bien retenido, y el contenido de esa comunicación ha de se, en esencia el siguiente:

a) Se ha de incluir la decisión de retener.

b) Se ha de incluir la liquidación practicada.

c) Se ha de determinar el importe de las obligaciones.

Contenido:

El retenedor ostenta las siguientes facultades:

1) Puede retener la cosa hasta el pago completo de la deuda asegurada, sin perjuicio del derecho de sustitución previsto en el:

Article 7.1 de la Llei de GPSCM

1. Durant la retenció, el deutor pot imposar al retenidor la substitució de la cosa retinguda per una garantia real o fiançament solidari de l'entitat de crèdit, que siguin suficients.

Se prevé esto porque puede existir una grave desproporción entre el importe de la deuda y el bien retenido, o puede tener un gran valor de uso para su propietario.

Como la posibilidad de esa sustitución disminuye la presión sobre el deudor, supone el derecho de retención, es posible que el retenedor no lo acepte, en cuyo caso, se tendrá que solicitar judicialmente.

2) Perseguir la cosa. Como derecho real, el derecho de retención no se extingue aunque el retenedor pierda la posesión.

Esto sucederá si el retenedor devuelve voluntariamente la cosa, según el:

Article 5.3 de la Llei de GPSCM

3. El dret de retenció s'extingeix si el retenidor torna voluntàriament la cosa, encara que posteriorment en recuperi la possessió.

porque puede recuperar la posesión mediante los interdictos.

3) Imputar los frutos a los intereses, y en su caso al capital.

4) Realizar el valor de la cosa retenida.

5) Derecho a cobrar preferentemente con cargo a lo obtenido, ello sometido a las reglas generales obre prelación de créditos contenidas en los artículos 1921 al 1929 del Código Civil (vistos atrás).

Como contrapartida, se le impone al retenedor el deber de conservar la cosa retenida con diligencia y sólo le cabe el uso conservativo de la misma, según el:

Article 5.2 de la Llei de GPSCM

2. El retenidor ha de conservar amb diligència la cosa retinguda, i no la pot utilitzar llevat de l'ús consevatiu. Les despeses necessàries resultants d'aquesta conservació queden sotmeses al règim general de la retenció.

Ejecución: El impago de la obligación asegurada con el derecho de retención permite ejecutar la garantía siempre que hayan transcurrido tres meses desde que conste fehacientemente la retención, es decir, desde que se haya comunicado notarialmente, pues constará desde que se haya efectuado la comunicación notarial.

La ejecución puede ser de dos tipos:

Notarial: La ley de Garantías posesorias sobre cosas muebles, en su:

Article 6.1 i 2 de la Llei de GPSCM

1. El retenidor, a partir dels tres mesos que consti de manera fefaent la retenció, feta en la forma prevista en l'article 4, pot procedir a l'alienació de la cosa per subhasta pública notarial.

2. És requisit de l'execució forçosa notarial haver procedit a la valoració del bé, de mutu acord entre el creditor i el propietari, i que no hi hagi hagut l'oposició judicial prevista a l'article 4.

se refiere a la comunicación notarial y a la posibilidad de la enajenación de la cosa retenida en subasta pública, para lo que se han de cumplir dos requisitos:

1) Valoración del bien de mutuo acuerdo entre acreedor y propietario.

2) Que no haya existido oposición judicial a la comunicación notarial.

Judicial: Aunque la Ley de Garantías posesorias sólo alude a la ejecución notarial, es obvio que también cabe la judicial, y ello es así porque será inevitable la ejecución judicial cuando no concurre alguno de los dos requisitos que se exigen para la ejecución notarial.

IV. Derecho de familia

TEMA 7 MATRIMONIO

Se define el matrimonio en el:

Article 1 del C.F.

1. El matrimoni és una institució que dóna lloc a un vincle jurídic, que origina una comunitat de vida en la qual el marit i la muller ha nde respectar-se i ajudar-se mútuament i actuar en interès de la família. Els cònjuges han de guardarse fidelitat i prestar-se socors mutu.

2. El marit i la muller tenen en el matrimoni els mateixos drets i deures.

De este y otros artículos resulta lo siguiente:

1) En Derecho catalán el matrimonio origina una relación jurídica que genera derechos y deberes, tanto personales como patrimoniales, y éstos, no tienen su origen en la autonomía de la voluntad de los cónyuges, sino que vienen impuestos por la ley.

2) Los efectos derivados de la relación jurídica que se crea con el matrimonio se basan en el principio de igualdad, según el:

Article 1.2 de la Compilació

2. Per tal d'interpretar i integrar aquesta Compilació i les altres normes hom prendrà en consideració les lleis, els costums, la jurisprudència i la doctrina que constitueixen la tradició jurídica catalana, d'acord amb els principis generals que inspiren l'ordenament jurídic de Catalunya.

En cuanto a la competencia de la Generalitat sobre esta materia se considera que el:

Artículo 149.1.8 de la Constitución Española:

“ El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

8ª. Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan.

(El resto del artículo se refiere a las reglas de aplicación de la legislación civil).

incluye dentro de la competencia exclusiva del Estado los requisitos de validez del matrimonio, las formas de celebración y las causas de nulidad, separación y divorcio, fuera de esto tiene competencia la Generalitat.

EFECTOS PERSONALES Y PATRIMONIALES

Efectos personales: Se concretan en los derechos y deberes de los cónyuges de carácter personal. Estos derechos y deberes son indisponibles, no admiten pacto que los modifique o suprima, aunque los cónyuges pueden acordar la forma de su ejercicio mediante capitulaciones matrimoniales.

Los deberes matrimoniales no son una auténtica obligación, no cabe su ejecución forzosa, pero su incumplimiento si puede ser objeto de otro tipo de sanciones, como por ejemplo, ser causa de divorcio, etc..

En concreto los deberes son:

1) Respeto, por ejemplo, a la religión del otro cónyuge, ideas políticas, etc..

2) Ayuda y socorro mutuo, por ejemplo, el deber de prestarse alimentos entre cónyuges, según el:

Article 260.1 del C.F.

1. Els cònjuges, els descendents, els ascendents i els germans estan obligats a perstar-se aliments.

3) Fidelidad.

4) Obligación de actuar en interés de la familia.

5) Deber de convivencia.

Los cuatro primeros se mencionan en el Código de Familia, y el quinto, aunque no se establece, se ha de considerar implícito, y se cumple, fundamentalmente, en el domicilio familiar, al que se dedica el:

Article 2 del C.F.

1. El marit i la muller determinan de comú acord el domicili familiar. Davant terceres persones, es presumeix que el domicili familiar és aquell on els cònjuges conviuen habitualment o bé un d'ells i la major part de la família.

2. En cas de desacord respecte al domicili, qualsevol dels cònjuges pot acudir a l'autoritat judicial, qui el determinarà en interès de la família als efectes legals.

Lo previsto en el artículo anterior se presume con carácter “iuris tantum”.

El domicilio familiar se ha de determinar de común acuerdo entre los cónyuges, y en caso de desacuerdo, cualquiera de los cónyuges (2.2), puede acudir a la autoridad judicial para que lo determine en interés de la familia.

Efectos patrimoniales: La comunidad de vida que genera el matrimonio tiene consecuencias también en la esfera patrimonial de los cónyuges.

Hay que distinguir el régimen matrimonial primario, del que regirá en concreto en cada matrimonio, que puede ser el que voluntariamente adopten los cónyuges, o en su defecto el supletorio legal.

Régimen económico matrimonial primario: Es un conjunto de normas referidas a las necesidades básicas de la familia.

Forma el régimen económico matrimonial primario las normas relativas a los siguientes aspectos:

1) Potestad de dirección, de la que se ocupa básicamente el:

Article 3.1 i 2 del C.F.

1. La direcció de la família correspon als dos cònjuges de comú acord, tenint sempre en compte l'interès de tots els seus membres.

2. En interès de la família, qualsevol dels cònjuges pot actuar tot sol per a atendre les despeses familiars ordinàries, i es presumeix que el cònjuge que actua té el consentiment de l'altre.

En este artículo se parte de la necesidad de decisión conjunta a la hora de realizar gastos, pero en el 3.2 se prevé la actuación individual de uno de los cónyuges para atender a los gastos familiares ordinarios, presumiéndose, que ese cónyuge tiene el consentimiento del otro.

La duda surge de si esta presunción es “iuris tantum” o “iuris et de iure”.

La Doctrina considera que si la presunción es “iuris tantum”, esta previsión genera una gran inseguridad jurídica, por eso parece que hay que considerar que se trata de una presunción “iuris et de iure”, y que sólo cabe demostrar que el gasto realizado por uno solo de los cónyuges no tiene el carácter de familiar, conforme al:

Article 4 del C.F.

1. Tenen la consideració de despeses familiars les necessàries per al manteniment de la família amb adequació als usos i al nivell de vida familiar, i en especial:

a) Les originades en concepte d'aliments en el seu sentit més ampli, d'acord amb la definició que en fa aquest Codi.

b) La adquisició i millora, si és de titularitat conjunta, dels habitatges i d'altres béns d'ús de la família i, en tots els casos, les despeses de conservació.. Les derivades de l'adquisició, de pagaments de millores i de préstecs concedits a la finalitat d'adquirir o fer millores a l'habitatge familiar o a altres béns d'ús de la família únicamente tenen la consideració de despeses familiars, en la part que correspongui al valor del seu ús, si es tracta de béns de titularitat d'un dels cònjuges en el régimen de separació de béns o si es tracta de béns privatius en els altres

régims económics matrimonials. En tots els casos també son despeses familiars les de conservació.

c) Les atencions de previsió, mèdiques i sanitàries.

2. També és considerada despesa familiar l'originada pels aliments en el sentit més ampli, dels fills no comuns que convisquin amb el marit i la muller, i les despeses originades pels altres parents que hi convisquin, llevat, en ambdòs casos, que no ho necessitin.

3. No tenen la consideració de despeses familiars les derivades de la gestió i la defensa dels béns privatius, excepte les que tenen connexió directa amb el manteniment familiar. Tampoc no tenen la consideració de despese familiars las que responen a l'interès exclusiu d'un dels cònjuges.

Se impone a los cónyuges el deber de información recíproca sobre la gestión patrimonial que lleven a cabo respecto del mantenimiento de los gastos familiares, conforme al:

Article 6 del C.F.

Els cònjuges tenen l'obligació recíproca d'informar-se adequadament de la gestió patrimonial que duguin a terme en atenció al manteniment de les despeses familiars.

2) Contribución a los gastos, y sobre este aspecto habrá que ver cuales son los gastos familiares, por lo que nos hemos de fijar:

A) Gastos familiares.

B) Deber de contribuir a los gastos familiares de los cónyuges.

C) Responsabilidad de los cónyuges por la deudas

A) Gastos familiares: En el artículo 4 del Código de Familia (visto atrás) se hace una enumeración de gastos familiares que no tienen el carácter de “numerus clausus”, por lo que se consideran gastos familiares:

a) Los alimentos, en el sentido más amplio. Aquí por alimentos no hay que comprender sólo los previstos en el:

Article 259 del C.F

S'entén per aliments tot el que és indispensable per el manteniment, l'habitatge, el vestit i l'assistència mèdica de l'alimentat, i també les despeses per a la formació si aquest és menor, i per a la continuació de la formació, un cop arribat a la majoria d'edat, si no l'ha acabada abans per causa que no li sigui imputable. Així mateix, els aliments inclouen les despeses funeràries.

y hay que incluir según resulta del 4.2, cualquier pago hecho para el sostenimiento de las personas que convivan con el matrimonio.

b) Adquisiciones y mejoras de las viviendas u otros bienes si son de titularidad conjunta.

Si resulta que esos bienes son titularidad de uno solo de los cónyuges, el precepto habla de que en este caso solo se consideran gastos familiares en la parte que corresponde al valor de su uso.

Los gastos de conservación, ya sean de bienes de titularidad conjunta o privativa, que sean de uso familiar se consideran gastos familiares (4.1b).

c) Atenciones de previsión, médicas y sanitarias. Se incluyen aquí, seguros de cualquier tipo si se refieren al hogar conyugal, que sean por enfermedad, muerte, etc..

d) Los derivados de la gestión y defensa de los bienes privativos de un cónyuge, si tienen conexión directa con el mantenimiento familiar.

No se consideran gastos familiares los que responden al interés particular de uno de los cónyuges.

Una vez establecidos cuales son los gastos familiares hay que tener en cuenta que el artículo 4 establece un límite máximo, más allá del cual los gastos no tendrán la naturaleza de familiares.

Ese límite es que esos gastos se adecuen a los usos y nivel de vida familiar.

B) Deber de contribución y forma de contribuir a los gastos familiares: Aunque ningún artículo impone de forma clara y directa la obligación de los cónyuges de contribuir a los gastos familiares, se puede deducir del:

Article 5.1 del C.F.

1. En la forma que pactin, els cònjuges contribueixen a les despeses del manteniment familiar amb l'aportació pròpia del treball domèstic, amb la seva col.laboració personal o professional no retribuïda o amb retribució insuficient en l'activitat professional o empresarial de l'altre cònjuge, amb els recursos procedents de la seva activitat o dels seus béns, en proporció als seus ingressos i, si aquests no són suficients, en proporció als seus patrimonis.

que establece la forma de contribución, que pueden ser personales, por ejemplo, realizar las tareas del hogar; ayudar al otro cónyuge en sus actividades profesionales, por ejemplo, esposa del médico que atiende las tareas administrativas del consultorio de su marido; mediante los ingresos propios, sean éstos de su actividad o de sus bienes.

En el:

Article 5.2 del C.F.

2. Els fills, mentre conviuen amb la família, contribueixen poroporcionalment a aquestes despeses en la forma establerta per l'article 146.

se prevé que los hijos también están obligados a contribuir a los gastos familiares, tal como se prevé en sede de potestad, y en el:

Article 5.3 del C.F.

3. Els altres parents que conviuen amb la família hi contribueixen, si és el cas, en la mesura de llurs possibilitats i d'acord amb les despeses que generen.

se prevé que también contribuyan los parientes que convivan con la familia en la medida de sus posibilidades y en virtud de los pactos que se generen.

También se puede deducir del deber de contribuir a los gastos familiares, del:

Article 7 del C.F.

En cas d'incompliment per part d'una de les persones obligades, qualsevol de les altres pot demanar a l'autoritat judicial, a part de l'efectivitat dels pagaments pendents, que acordi la prestació de les garanties o l'adopció de les mesures convenients per a assegurar els pagaments futurs. Aquestes mesures poden ésser modificades o revocades.

en el queda patente que ante el incumplimiento de uno de los cónyuges se pueden ejercitar acciones.

C) Responsabilidad de los cónyuges por las deudas familiares:

Se prevé en el:

Article 8 del C.F.

Davant terceres persones, ambdòs cònjuges responen solidàriament de les obligacions contretes per raó de les despeses familiars a què fa referència l'article 4, si es tracta de despeses adequades als usos i als nivell de vida de la família; en un altre cas, en respon el cònjuge que ha contret l'obligació.

que ante terceras personas los cónyuges responden solidariamente de las obligaciones contraídas por los gastos familiares.

Se ha de comparar este artículo con el:

Artículo 1319

Cualquiera de los cónyuges podrá realizar los actos encaminados a atender las necesidades ordinarias de la familia, encomendadas a su cuidado, conforme al uso del lugar y a las circunstancias de la misma.

De las deudas contraídas en el ejercicio de esta potestad responderán solidariamente los bienes comunes y los del cónyuge que contraiga la

deuda y, subsidiariamente, los del otro cónyuge.

El que hubiere aportado caudales propios para satisfacción de tales necesidades tendrá derecho a ser reintegrado de conformidad con su régimen matrimonial.

En Cataluña el régimen económico matrimonial legal supletorio es el de separación de bienes, mientras que en el resto de España loe el de gananciales.

Responsabilidad relativa a la vivienda familiar:

Article 9 del C.F.

1. Amb independència de quin sigui el règim econòmic matrimonial aplicable, el cònjuge titular, sense consentiment de l'altre, no pot dur a terme cap acte d'alienació, gravamen o, en general, de disposició del seu dret en l'habitatge familiar o en els mobles d'ús ordinar que en comprometi l'ús, encara que es refereixi a quotes indivises. Aquest consentiment no es pot excloure per pacte ni atorgar-se amb caràcter general. Si manca el consentiment, el jutge o jutgessa pot autoritzar l'acte, atès l'interès de la familia o si hi concorre una altra causa justa.

2. L'acte efectuat sense el consentiment o l'autorització que estableix l'apartat 1 és anul.lable, a instància de l'altre cònjuge o dels seus fills menors, si conviuen en l'habitatge, dins del termini de quatre anys des que en tinguin coneixement o des de la seva inscripció en el Registre de la Propietat.

3. No és procedent l'anul.lació quan l'adquirent actua de bona fe i a títol onerós, sí, a més, el titular ha manifestat que l'inmoble no tenia la condició de habitatge familiar, encara que sigui manifestació inexacta. Tanmateix, el cònjuge que n'disposat respon dels perjudicis que hagi pogut causar, d'acord amb la legislació aplicable.

4. En els casos de separació judicial, de nul.litat o de divorci, no cap el consentiment de l'altre cònjuge ni l'autorització judicial per a disposar lliurement del que havia estat habitatge familiar, tret el cas en què el cònjuge no titular o els fills tinguin dret a l'ús de l'esmentat habitatge, llevat que la disposició es faci respectant aquest dret.

Cuestiones:

A) Ámbito de aplicación: A los efectos del artículo 9, se han de entender excluidos de este precepto los locales que no sirvan de residencia habitual de los cónyuges, como las segundas residencias, o los locales utilizados por uno de los cónyuges en el ejercicio profesional o actividad empresarial. Se incluyen los muebles de uso ordinario.

Es indiferente a efectos de aplicación de este artículo el título que proporciona el uso del local destinado a vivienda familiar, pues puede ser un derecho real, personal, etc..

B) Régimen jurídico que se establece en cuanto a los actos de disposición del derecho sobre la vivienda familiar: Se exige el consentimiento del cónyuge no titular para llevar a cabo cualquier acto de enajenación, gravamen, o en general de disposición, si con ello compromete su uso, lo que si puede hacer el propietario es enajenar la nuda propiedad, si queda en usufructo para la familia.

Lo establecido en el artículo 9, respecto al consentimiento del cónyuge no titular, se aplica tanto cuando la vivienda sea de la titularidad de uno de los cónyuges, como si está repartida entre ambos, porque en este segundo caso, la exigencia del consentimiento hay que entenderla referida a la disposición de una cuota.

C) Soluciones del artículo 9 a distintos supuestos en que falta el consentimiento:

1) Que el cónyuge no pueda prestar su consentimiento, o no quiera, de manera injustificada.

Se establece en el 9.1, que el Juez podría autorizar el acto.

2) Cuando no conste el consentimiento o la autorización judicial y se realiza el acto de disposición.

En este caso el acto es anulable a instancia del otro cónyuge, o de los hijos menores si conviven en la vivienda, dentro del término de cuatro años desde que tengan conocimiento o desde la inscripción den el Registro de la Propiedad.

La excepción a esta regla es que no procede la anulación cuando concurren las circunstancias previstas en el 9.3:

1) Buena fe del adquirente.

2) Adquisición a título oneroso.

3) Que el titular haya manifestado que el inmueble no tenía la condición de vivienda familiar.

Si concurren estas circunstancias la adquisición se consolida y sólo se podrían ejercitar acciones indemnizatorias de acuerdo con el:

Artículo 1902 del Código Civil

El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.

Según la doctrina, este sistema se aplica a las disposiciones a título oneroso (Encarna Roca), con lo que quedan excluidos los realizados a título gratuito, que serán nulos, o si se ha ocultado la condición de vivienda familiar.

D) Normas que se refieren a la contratación entre cónyuges:

Se recoge el principio de libre contratación entre cónyuges en el:

Article 11 del C.F.

Els cònjuges es poden transmetre béns i drets pel qualsevol títol i dur a terme entre ells tot tipus de negocis jurídics. En cas de impugnació judicial, es correspon la prova de caràcter onerós de la transmissió.

y por lo tanto, la validez de los contratos celebrados entre ellos.

Como en el Código de Familia hay normas específicas sobre donaciones y contratos de gestión, no referiremos a ellos.

Donaciones entre cónyuges: Pueden ser de diversas clases, lo que comporta la aplicación de regímenes jurídicos diferentes. Tipos:

1) Pactadas en capitulaciones matrimoniales, y que los son por razón de matrimonio, que se rigen por los:

Article 21 del C.F.

1. Les donacions atorgades pel pare i la mare als fills comuns, sense designació de parts, s'entenen fetes per totsd dos a mitges.

2. Els béns donats conjuntament als contraents o als cònjuges pertanyen a tots dos proindivís ordinari i a parts iguals, llevat que el donant no ho disposi altrament.

Article 22 del C.F.

Les donacions atorgades en capítols matrimonials únicament són revocables per incompliment de càrregues, en el termini d'una any, comptador a partir de l'incompliment, si bé poden ésser reduïdes, en allò que resultin inoficioses per raó de llegítimes, en cas de supervivència o supervenció de fills.

Article 23 del C.F.

1. Són nuls, encara que s'atorguin a nom d'una persona interposada:

a) les retrodonacions fetes posteriorment per l'hereu o donatari a favor de l'heretant o el donant, o dels seus hereus, de béns compresos en un heretament o en una donació atorgada en capítols matrimonials.

b) Els actes posteriors del donant o de l'heretant, en disminució, derogació o perjudici de la donació o de l'heretament, i els de l'hereu o del donatari que els consenti.

2. Es presumeixen fraudulents, en particular, la compra feta pel pare o la mare a fill o filla de béns compresos en un heretament o en una donació atorgada en capítols matrimonials, si el pagament del preu consta solament per confessió i el reconeixement de deutes per als fills a favor del pare o de la mare, si no en consta la realitat per altres mitjans de prova.

3. Igualment és ineficaç qualsevol acte o contracte adereçat a eludir les prohibicions establertes en aquest article.

2) Aquellas que se otorgan por razón de matrimonio fuera de capitulaciones matrimoniales, que se regulan en los:

Article 31 del C.F.

Les donacions atorgades fora de capítols matrimonials per un dels contraents a favor de l'altre en consideració al matrimoni i les que atorguin altres persones per la mateixa raó es regeixen per les regles generals de les donacions, llevat del que disposin les articles 32, 33 i 34.

Article 32 del C.F.

1. Les donacions a què es refereix l'article 31 estan supeditades al fet que s'arribi a celebrar el matrimoni. Si aquest esdevé impossible o si no té lloc en termini d'un any des del lliurament del bé donat, el donant pot revocar la donació i reclamar-ne la restitució, i no és aamissible cap altre deteriorament que el causat per l'ús, d'acord amb la naturalesa del bé.

2. El donant ha d'indemnitzar el donatari de les millores necessàries i útils fetes al bé donat. Pel que fa a altres millores, el donatari pot precindir-ne si no resulta dany per a la cosa donada o no es devalua.

Article 33 del C.F.

1. Les donacions per raó de matrimoni, atorgades fora de capítols, es poden sotmetre a condicions i modes.

2. Si el bé donat és subjecte a càrrega o gravamen, el donant no està obligat a l'alliberament corresponent.

Article 34 del C.F.

Les donacions a què es refereix l'article 31 també es poden revocar per la causa i en el termini establert per l'article 22 en matèria de donacions capitulars.

3) las demás donaciones, pactadas fuera de capitulaciones matrimoniales y que no se hacen por razón de matrimonio: Se rigen por las normas generales de las donaciones, y en concreto hay que destacar el:

Article 14 del C.F.

Les donacions entre cònjuges fetes fora de capítols matrimonials són revocables en els casos generals de revocació de donacions, per bé que, en el cas de supervenció de fills, la revocació només té efecte si es tracta de fills comuns.

en el que se establece una especialidad: la revocación.

La doctrina entiende que hay una remisión explícita al Código Civil.

Contratos de gestión entre cónyuges: Ninguno de los cónyuges se puede atribuir la representación del otro si no le ha sido conferida, según el:

Article 3.3 del C.F.

3. Cap del cònjuges no es pot atribuir la representació de l'altre si no li ha estat conferida, llevat de les situacions d'urgència o d'impossibilitat que l'altre cònjuge presti el seu consentiment.

Este precepto nos lleva a la conclusión de que los cónyuges pueden hacer contratos de gestión, de manera que se encomiende al otro cónyuge la gestión de los bienes.

De este mismo artículo y del:

Article 3.4 del C.F.

4. A la gestió feta per un dels cònjuges en nom de l'altre, li són aplicables les regles en matèria de gestió de negocis.

resulta que también cabe la posibilidad de que un cónyuge actúe en nombre del otro sin estar autorizado. Esto puede suceder, básicamente, en dos casos:

1) Se puede producir en las situaciones de urgencia o de imposibilidad de prestar el consentimiento.

En este caso el otro cónyuge se puede encargar de gestionar los bienes, y sus gestiones, o bien serán ratificadas posteriormente, o se aplicarán las normas del mandato, según el:

Artículo 1892 del Código Civil

La ratificación de la gestión por parte del dueño del negocio produce los efectos del mandato expreso.

o si no se aplicarán las normas de la gestión de negocios ajenos sin mandato.

2) Cuando uno de los cónyuges gestiona bienes del otro sin su oposición. En estos casos puede existir un mandato tácito, según el 1710 del Código Civil, y si es así se aplicarán las normas previstas para el mandato, en los:

Artículo 1709

Por el contrato de mandato se obliga una persona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra.

Artículo 1710

El mandato puede ser expreso o tácito.

El expreso puede darse por instrumento público o privado y aun de palabra.

La aceptación puede ser también expresa o tácita, deducida esta última de los actos del mandatario.

Artículo 1711

A falta de pacto en contrario, el mandato se supone gratuito.

Esto no obstante, si el mandatario tiene por ocupación el desempeño de

servicios de la especie a que se refiera el mandato, se presume la obligación de retribuirlo.

Artículo 1712

El mandato es general o especial.

El primero comprende todos los negocios del mandante.

El segundo uno o más negocios determinados.

Artículo 1713

El mandato, concebido en términos generales, no comprende más que los actos de administración.

Para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso.

La facultad de transigir no autoriza para comprometer en árbitros o amigables componedores.

Artículo 1714

El mandatario no puede traspasar los límites del mandato.

Artículo 1715

No se consideran traspasados los límites del mandato si fuese cumplido de una manera más ventajosa para el mandante que la señalada por éste.

Artículo 1716

El menor emancipado puede ser mandatario, pero el mandante sólo tendrá acción contra él en conformidad a lo dispuesto respecto a las obligaciones de los menores.

Texto redactado conforme L 14/1975 de 2 mayo

Artículo 1717

Cuando el mandatario obra en su propio nombre, el mandante no tiene acción contra las personas con quienes el mandatario ha contratado, ni éstas tampoco contra el mandante.

En este caso el mandatario es el obligado directamente en favor de la persona con quien ha contratado, como si el asunto fuera personal suyo. Exceptúase el caso en que se trate de cosas propias del mandante.

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las acciones entre mandante y mandatario.

o si no se prueba que había un mandato, se aplicarán las normas de la gestión de negocios ajenos sin mandato.

Régimen concreto aplicable a cada matrimonio:

Conforme al:

Article 10 del C.F.

1. El règin econònic matrimonial és el convingut en capítols.

2. Sin hi ha pacte, o en el cas que els capítols matrimonials siguin ineficaços, el règim económic és el de separació de béns.

el régimen económico matrimonial concreto pueden convenirlo los cónyuges en capitulaciones matrimoniales, y si no hay capitulaciones matrimoniales, entonces, el régimen que se aplicará será el de separación de bienes.

EFECTOS DE LA NULIDAD, SEPARACIÓN Y DIVORCIO

Hasta que entró en vigor el Código de Familia, el ordenamiento jurídico catalán no contenía regulación alguna sobre las crisis matrimoniales, a pesar de que el 149.1.8 de la Constitución, no reservaba esta materia como exclusiva del Estado.

El legislador catalán se refiere a los efectos de la nulidad, separación y divorcio, en los artículo 76 a 86 del Código de Familia.

No contiene una regulación de las medidas provisionales, y por tanto, admitida la demanda, se producirán los efectos previstos en el:

Artículo 102

Admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, se producen, por ministerio de la ley, los efectos siguientes:

1º) Los cónyuges podrán vivir separados y cesa la presunción de convivencia conyugal.

2º) Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro.

Asimismo, salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.

A estos efectos, cualquiera de las partes podrá instar la oportuna anotación en el Registro Civil y, en su caso, en los de la Propiedad y Mercantil.

Según el derecho catalán las demandas de nulidad, separación y divorcio pueden ser consensuadas o contenciosas, según el procedimiento.

En el primer caso es obligado que se acompañe a la demanda un convenio regulador, en el segundo tendrá que resolver el Juez.

CONSENSO: Se deduce que le convenio regulador es obligatorio cuando los cónyuges llegan a un acuerdo, es decir, actúan de común acuerdo o lo hace uno de ellos con el consentimiento del otro, según el:

Article 77 del C.F.

Quan la nul.litat del matrimoni, el divorci o la separació legal siguin instats per ambdòs cònjuges de comú acord o per un d'ells amb el consentiment de l'altre, la demanda o l'escrit inicial ha d'anar acompanyat d'un aproposta de conveni regulador, on es determina els aspectes indicats per l'article 76

Los sujetos que han de hacer el convenio son los cónyuges, aunque puede afectar a otras personas, como son los hijos.

Contenido del convenio regulador: Se deduce que en el convenio regulador existe un contenido imperativo, del:

Article 76 del C.F.

1. En els casos de nul.litat del matrimoni, de divorci o de separació judicial, si hi ha fills sotmesos a la potestad del pare i de la mare, cal establir:

a) Aquell amb qui han de conviure els fills i també, si és el cas, el règim de visites, d'estada i de comunicació amb el pare o la mare amb qui no convisquin.

b) La forma com ha d'ésser exercida la potestad dels fills, en els termes que estableix l'article 139.

c) La quantitat que pel concepte d'aliments dels fills, d'acor amb l'article 143, correspongui satisfer al pare o a la mare i la peridicitat i la forma de pagament.

d) Les normes per a la actualització dels aliments i, si és el cas, les garanties per a assegurar-ne el pagament.

2. Si hi ha fills majors d'edat o emancipats que convisquin amb un dels progenitors i que no tinguin ingressos propis, s'han de fixar els aliments que corresponguin en els termes que estableix l'article 259.

3. Els altres aspectes que s'han de regular, d'acord amb les circumstàncies de cada cas són els següents:

a) L'atribució de l'ús de l'habitatge familiar, amb el parament corresponent, i, si és el cas, de les altres residències.

b) La pensió compensatòria o el aliments, que, si és el cas, correspongui satisfer a un del cònjuges en favor de l'altre.

c) La forma, si correspon, com el cònjuges continuen contribuint a les despeses familiars.

d) Les normes per a l'actualització del aliments i de la pensió

compensatòria i, si és el cas, les garantes per a assegurar-ne el pagament.

e) La liquidació, si és el cas, del règim matrimonial i la divisió dels béns comuns, d'acord amb el que estableix l'article 143.

En concreto:

1) En relación a los hijos sometidos a la patria potestad, se dice en el:

Article 82.1 del C.F.

1. La nul.litat del matrimoni, el divorci o la separació judicial no exinmeixen el pare i la mare de les seves obligacions envers els fills, d'acord amb el que disposa el títol VI.

que la nulidad, separación o divorcio, no eximen a los padres de sus deberes con los hijos, y por ello deben de seguir cumpliendo con todo lo relativo a la potestad, según el artículo 132 y siguientes del Código de Familia.

No obstante, la falta de convivencia con alguno de los cónyuges obliga a pactar sobre los siguientes aspectos:

- Persona con la que han de convivir los hijos.

- Régimen de visitas, estancia y comunicación.

- Ejercicio de la potestad.

- Alimentos. Cantidad que han de satisfacer cada uno de ellos, garantías y reglas de estabilización.

2) Alimentos y otros gastos, es decir, entre cónyuges, en el caso de que la crisis matrimonial sea de separación.

También habrá que pronunciarse sobre los alimentos que se habrán de dar a los hijos mayores de edad o emancipados que convivan con uno de los cónyuges y no tengan ingresos propios.

3) Atribución de la vivienda familiar, se ve en el:

Article 76.3.a) del C.F.

3. Els altres aspectes que s'han de regular, d'acord amb les circumstàncies de cada cas són els següents:

a) L'atribució de l'ús de l'habitatge familiar, amb el parament corresponent, i, si és el cas, de les altres residències.

4) Liquidación del régimen económico matrimonial. Si los cónyuges tenían el régimen de separación de bienes, en su caso, tendrán que pactar, si ha lugar a ello, sobre la compensación a que se refiere el:Article 41 del C.F.

1. En els casos de separació judicial, divorci o nul.litat, el cònjuge que, sense retribució o amb una retribució insuficient, ha treballat per a la casa o per a l'altre cònjuge té dret a rebre d'aquest una compensació econòmica, en el cas que s'hagi generat, per aquest motiu, una situació de desigualtat en le patrimoni de tots dos que impliqui un enriquiment injust.

2. La compensació s'ha de satisfer en metàl.lic, llevat d'acord entre les parts o si l'autoritat judicial, per causa justificada autoritza el pagament amb béns del cònjuge obligat. El pagament ha de tenir efecte en el termini màxim de tres anys, amb meritació de interès legal des del reconeixement, cas en el qual pot acordar-se judicialment la constitució de garanties a favor del cònjuge creditor.

3. El dret a aquesta compensació és compatible amb els altres drets de caràcter econòmic que corresponen al cònjuge beneficiat, i ha d'ésser tingut en compte per a la fixació d'aquests altres drets.

Además, se permite que en el convenio regulador conste la división de las cosas que los cónyuges tengan en comunidad proindiviso. Hay que tener en cuenta el:

Article 43 del C.F.

1. En els procediments de separació, divorci o nul.litat i d'execució en l'ordre civil de les resolucions o de les decisions eclesiàstiques a què fa referència l'article 42, de matrimonis subjectes al règim de separació de béns, qualsevol del cònjuges pot exercir simultàniament l'acció de divisió de cosa comuna respecte als que tinguin en proindivís. Si els béns afectats són més d'un i l'autoritat judicial ho estima procedent, aquells poden ésser considerats en conjunt, als efectes de la divisió.

2. Si la sentència dòna lloc a l'acció de divisió de la cosa comuna es pot procedir a la indicada divisió dels béns en el tràmit d'execució de la sentència.

5) Pensión compensatoria. Cuando alguno de los cónyuges tenga derecho a la misma, tendrá que pactar la cuantía, forma de pago, etc..

Por último, los cónyuges pueden adoptar las garantías que estimen oportunas para asegurar el cumplimiento de los pactos.

6) Aprobación judicial: El convenio ha de ser aprobado judicialmente para que sea incorporado a la sentencia y tenga valor ejecutivo.

Lo contenido en el mismo puede ser exigido por vía de apremio, según el:

Article 81 del C.F.

Les prestacions establertes per la sentència poden ésser exigides per la via de constrenyiment.

El Juez no aprobará el convenio si de él se deriva un grave perjuicio para los hijos o para uno de los cónyuges, según el:

Article 78 del C.F.

1. El conveni regulador esmentat per l'article 77 ha d'ésser aprovat judicialment, llevat en allò que sigui perjudicial per als fills. En aquest cas l'autoritat judicial ha d'indicar els punts que han d'ésser objecte de modificació i fixr-ne el termini.

2. Si els cònjuges no duen a terme la modificació demanada o si auqesta tampoc no pot ésser aprovada pels mateixos motius a què fa referència l'apartat 1, el jutge o jutgessa ho resol.

Además, aunque la demanda se haya presentado individualmente, el Juez puede considerar que ciertas cuestiones aun pueden decidirlas los cónyuges mediante acuerdo, y es que por esto en el:

Article 79.2 del C.F.

2. Si, ateses las circumstàcies del cas, l'autoritat judicial considera que els aspectes indicats en l'article 76 encara poden ésser resolts mitjantçant acord, pot remetre les parts a una persona o a una entitat mediadora amb la finalitat que intentin resoldre les diferències i que presentin una proposta de conveni regulador, a la qual, si s'escau, s'aplica el que disposa l'article 78.

se prevé que el Juez puede remitir a las partes, a una persona o entidad mediadora con la finalidad de que intenten resolver sus diferencias, para que se intente evitar el conflicto.

CONTENCIOSO:

Cuando ha de intervenir el Juez, según el:

Article 79.1 del C.F.

1. En els casos de nul-litat del matrimoni, divorci o separació judicial sol.licitada per un sol del cònjuges sense consentiment de l'altre, l'autoritat judicial resol directament sobre els aspectes indicats per l'article 76.

en el artículo 82 y siguientes del Código de Familia se proporciona al Juez unas pautas de las que no puede prescindir a la hora de decidir sobre las cuestiones sobre las que ha de pronunciarse. En concreto hemos de fijarnos en:

1) Disposiciones en relación con los hijos:

A) El Juez tiene la obligación de resolver los aspectos relativos, según el 76 (visto atrás), de acuerdo con dos grandes principios:

- Interés de los hijos.

- Audiencia de los hijos.

En el:

Article 82.2 del C.F.

2. A l'hora de decidir sobre la cura dels fills i els altres aspectes a què fa referència l'article 76, l'autoritat judicial ha de tenir en compte preferentment l'interès dels fills i, abans de resoldre, ha d'escoltar als de dotze anys o més, y les de menys, si tenen prou coneixement.

se dice que antes de resolver, el Juez, ha de oír a los hijos que tienen doce años o más, y a los menores de doce amos si tienen suficiente conocimiento.

B) El Juez está obligado a fijar los alimentos de los hijos, y no sólo a los menores de edad, sino también a los mayores de edad o emancipados que se encuentren en estado de necesidad.

C) Puede privar de la potestad a uno o a ambos progenitores si se acredita el incumplimiento grave o reiterado de los deberes que les corresponden, según el:

Article 136.1 del C.F.

1. El pare i la mare poden ésser privats de la titularitat de la potestad només per sentència ferma, fonamentada en l'incompliment greu o reiterat de llurs deures, o por sentència dictada a cuasa penal o matrimonial. La privació no afecta l'obligació de fer tot el que calgui per a assistir els fills menors ni la de prestar-los aliments en el sentit més ampli.

2) Sobre la atribución de la vivienda familiar: Es uno de los aspectos más problemáticos.

A) Criterios de atribución: Se distingue si no hay acuerdo, según haya o no haya hijos.

Si hay hijos conforme al:

Article 83.2.a) del C.F.

2. Si manca acord o si aquest és rebutjat, a criteri del jutge o jutgessa, ateses les circumstàncies del cas, decideix, pel que fa a l'habitatge familiar, en els terme següents:

a) Si hi ha fills, l'ús s'atribueix, preferentment, al cònjuge que en tingui atribuïda la guarda, mentre duri aquesta. Si laguarda dels fills es distribueix entre el cònjuges, resol l'autoritat judicial.

Si no hay hijos conforme al:

Article 83.2.b) del C.F.

2. Si manca acord o si aquest és rebutjat, a criteri del jutge o jutgessa, ateses les circumstàncies del cas, decideix, pel que fa a l'habitatge familiar, en els terme següents:

b) Si no hi ha fills se n'atribueix l'ús al cònjuge que en tingui més necessitat. L'atribució té lloc amb acràcter temporal, mentre duri la necessitat que l'ha motivada, sens perjudici de pròrroga, si és el cas.

B) Título de atribución: Cuando el cónyuge al que se atribuye el uso de la vivienda familiar es el titular de la misma no hay problema, pero cuando se atribuye el uso de la vivienda al cónyuge que no es titular del derecho sobre la misma, hay que pronunciarse sobre cual es el título que legitima la atribución.

La doctrina catalana, entiende en general, que se ha creado un derecho real de uso en el:

Article 83.3) del C.F.

3. El dret d'ús regulat en aquest article és inscriptible en el Registre de la Propietat.

con la consecuencia de que según este artículo será inscribible en el Registro de la Propiedad, y se regulará en los artículos:

Artículo 523 del Código Civil

Las facultades y obligaciones del usuario y del que tiene derecho de habitación se regularán por el título constitutivo de estos derechos; y, en su defecto, por las disposiciones siguientes.

Artículo 524 del Código Civil

El uso da derecho a percibir de los frutos de la cosa ajena los que basten a las necesidades del usuario y de su familia, aunque ésta se aumente.

La habitación da a quien tiene este derecho la facultad de ocupar en una casa ajena las piezas necesarias para sí y para las personas de su familia.

Artículo 525 del Código Civil

Los derechos de uso y habitación no se pueden arrendar ni traspasar a otro por ninguna clase de título.

Artículo 526 del Código Civil

El que tuviere el uso de un rebaño o piara de ganado, podrá aprovecharse de las crías, leche y lana en cuanto baste para su consumo y el de su familia, así como también del estiércol necesario para el abono de las tierras que cultive.

Artículo 527 del Código Civil

Si el usuario consumiera todos los frutos de la cosa ajena, o el que

tuviere derecho de habitación ocupara toda la casa, estará obligado a

los gastos de cultivo, a los reparos ordinarios de conservación y al pago de las contribuciones, del mismo modo que el usufructuario.

Si sólo percibiera parte de los frutos o habitara parte de la casa, no

deberá contribuir con nada, siempre que quede al propietario una parte de frutos o aprovechamientos bastantes para cubrir los gastos y las cargas. Si no fueren bastantes, suplirá aquél lo que falte.

Artículo 528 del Código Civil

Las disposiciones establecidas para el usufructo son aplicables a los derechos de uso y habitación, en cuanto no se opongan a lo ordenado en el presente capítulo.

Artículo 529 del Código Civil

Los derechos de uso y habitación se extinguen por las mismas causas que el usufructo y además por abuso grave de la cosa y de la habitación.

Conforme al 525 (visto atrás) ese derecho de uso tendrá carácter personal e intransferible, intervivos y mortis causa.

Esta configuración como derecho real de uso origina los siguientes problemas:

1) Según la definición del 524 (visto atrás), el derecho de uso da derecho a percibir los frutos de la cosa, por lo tanto, parece que el legislador catalán ha utilizado un concepto jurídico incorrecto, y que más que un derecho de uso se trata de un derecho de habitación.

2) El derecho real de uso no es aplicable cuando la titularidad de la vivienda consiste en un derecho personal, como lo es el de arrendamiento o comodato.

Cuando la titularidad que ostente el cónyuge sobre la vivienda, al que no se ha atribuido su uso sea un arrendamiento, es aplicable el artículo 15.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, del que se desprende que el cónyuge supérstite se subroga en todos los derechos que tenía el cónyuge fallecido como arrendatario.

Régimen de actos de disposición sobre la vivienda:

Cuando el titular del derecho de uso sobre la vivienda sea el que tiene la titularidad, se le permite disponer de ella libremente, según el:

Article 9.4 del C.F.

4. En els casos de separació judicial, de nul.litat o de divorci, no cap el consentiment de l'altre cònjuge ni l'autorització judicial per a disposar lliurement del que havia estat habitatge familiar, tret el cas en què el cònjuge no titular o els fills tinguin dret a l'ús de l'esmentat habitatge, llevat que la disposició es faci respectant aquest dret.

Si se ha atribuido el uso al cónyuge no titular de la vivienda, entonces se aplicará el régimen del artículo 9 del Código de Familia, sobre los actos de disposición de la vivienda familiar.

C) El Juez se tendrá que pronunciar sobre la liquidación del régimen económico matrimonial, correspondiente al concreto régimen que tengan los cónyuges.

Si se trata del de separación de bienes, entonces tendrá que tener en cuenta lo dispuesto en el:

Article 42.1 del C.F.

1. El dret a la compensació económica establert per l'article 41 només es pot exercir en el primer procediment en el qual se sol.liciti la separació, el divorci o la nul.litat, i, per tant, no es pot formular en l'eventual procediment subsegüent de nul.litat o divorci, llevat que hi hagi hagut reconciliació i nova convivència per raó d'aquesta.

sobre la compensación económica, que sólo se puede pedir en un primer procedimiento, salvo que haya habido nueva convivencia.

Además, el Juez habrá de proceder a la división de los bienes que los cónyuges tengan en comunidad proindiviso, siempre que se ejercite en el procedimiento la acción de la división de la cosa común del artículo 43 (visto atrás).

D) Pensión compensatoria:

Procede en los supuestos del:

Article 84 del C.F.

1. El cònjuge que, com a consecuència de divorci o de la separació judicial, vegi més perjudicada la seva situació econòmica i, en el cas de nul.litat, només quan al cònjuge de bona fe, té dret a rebre de l'altre una pensió compensatòria que no excedeixi el nivel de vida del què gaudia durant el matrimoni, ni el que pugui mantenir el cònjuge obligat al pagament.

2. Per a fixar la pensió compensatòria, l'autoritzat judicial ha de tenir en compte:

a) La situació econòmica resultant per als cònjuges com a consecuència de la nul.litat, el divorci o la separació judicial i les perspectives econòmiques previsibles per a un i altre.

b) La durada de la convivènciaconjugal.

c) L'edat i la salut d'ambdòs cònjuges.

d) Si és el cas, la compensació econòmica regulada per l'article 41.

e) Qualsevol altra circumstància rellevant.

3. La pensió compensatòria ha d'ésser disminuïda si qui la percep passa a millor fortuna o qui la paga passa a pitjor fortuna.

4. A petició de part, la sentència pot establir les mesures pertinents per a garantir el pagament de la pensió i pot fixar els criteris objectius i automàtics d'actualització dineraria.

en la misma línea que el:

Artículo 97 del Código Civil

El cónyuge al que la separación o divorcio produzca desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tiene derecho a una pensión que se fijará en la resolución judicial, teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias:

1ª) Los acuerdos a que hubieren llegado los cónyuges.

2ª) La edad y estado de salud.

3ª) La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo.

4ª) La dedicación pasada y futura a la familia.

5ª) La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge.

6ª) La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal.

7ª) La pérdida eventual de un derecho de pensión.

8ª) El caudal y medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge.

En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad.

trata el tema de la pensión compensatoria de forma independiente a los alimentos.ç

Mientras en el Código Civil se dice que ha lugar a ella en caso de desequilibrio entre los patrimonios de los cónyuges, en el Código de Familia se requiere que haya un perjuicio en la situación económica de un cónyuge por el que deba de se compensado mediante el pago de la pensión.

En este caso tiene derecho a recibir una pensión que no exceda del nivel de vida que tenía durante el matrimonio.

En los casos de nulidad sólo el cónyuge de buena fe tiene derecho a recibir una compensatoria, según el artículo 84.

Caracteres de la pensión compensatoria:

1) No es un derecho de alimentos, pues, puede pedir la pensión compensatoria quien sin hallarse obligado a pedir alimentos, vea rebajado su nivel de vida.

2) Es un derecho de crédito personalísimo.

3) Rige el principio de rogación y el Juez no puede imponerla si no la solicita el cónyuge afectado.

4) En Cataluña se puede acordar por un plazo fijo, según el:

Article 86.1.d) del C.F.

1. El dret a la pensió compensatòria s'extingeix:

d) Pel transcurs del temps pel qual es va establir.

Parámetros para la fijación de la cuota. Se pueden tener en cuenta varias circunstancias, según el:

Article 84.2 del C.F.

2. Per a fixar la pensió compensatòria, l'autoritzat judicial ha de tenir en compte:

a) La situació econòmica resultant per als cònjuges com a consecuència de la nul.litat, el divorci o la separació judicial i les perspectives econòmiques previsibles per a un i altre.

b) La durada de la convivènciaconjugal.

c) L'edat i la salut d'ambdòs cònjuges.

d) Si és el cas, la compensació econòmica regulada per l'article 41.

e) Qualsevol altra circumstància rellevant.

3. La pensió compensatòria ha d'ésser disminuïda si qui la percep passa a millor fortuna o qui la paga passa a pitjor fortuna.

4. A petició de part, la sentència pot establir les mesures pertinents per a garantir el pagament de la pensió i pot fixar els criteris objectius i automàtics d'actualització dineraria.

Actualización y garantías de cumplimiento de la pensión compensatoria

Según el:

Article 84.4 del C.F.

4. A petició de part, la sentència pot establir les mesures pertinents per a garantir el pagament de la pensió i pot fixar els criteris objectius i automàtics d'actualització dineraria.

La doctrina ha criticado que tengan que ser a petición de parte la fijación de los criterios objetivos y automáticos de actualización dineraria.

Pago, modificación y extinción de la pensión compensatoria

Se ha de pagar en dinero y por mensualidades anticipadas, según el:

Article 85.1 del C.F.

1. la pensió compensatòria s'ha de pagar en diners i per mensualitats avançades.

También se prevé la posibilidad de sustituir la pensión como tal por la entrega

de bienes en propiedad o usufructo.

En cuanto a la modificación, del:

Article 80 del C.F.

1. Les mesures establertes per la sentència poden ésser modificades, en atenció a les circumstàncies sobrevingudes, mitjantçant resolució judicial porterior.

2. El conveni regulador o la sentència poden preveure anticipadament les modificacions pertinents.

se desprende que cuando se alteran las circunstancias, se puede modificar la pensión, conforme al:

Article 84.3 del C.F.

3. La pensió compensatòria ha d'ésser disminuïda si qui la percep passa a millor fortuna o qui la paga passa a pitjor fortuna.

supuesto típico de modificación por circunstancias sobrevenidas de pasar a mejor o peor fortuna de los cónyuges.

Se ve la extinción en el:

Article 86 del C.F.

1. El dret a la pensió compensatòria s'extingeix:

a) Per millora de la situació econòmica del cònjuge creditor, que deixi de justificar-la o per empitjorament de la situació del cònjuge obligat al pagament que justifiqui l'extinció.

b) Per matrimoni del cònjuge creditor o per convivència marital amb una altra persona.

c) Per la defunció o per la declaració de mort del cònjuge creditor.

d) Pel transcurs del temps pel qual es va establir.

2. El dret a la pensió compensatòria no s'extingeix per mort del cònjuge obligat a prestar-la, per bé que els seus hereus poden demanar-ne la reducció o la exoneració si la rendibilitat del béns de l'herència no resulta suficient per a fer-ne el pagament.

que la regula en términos muy parecidos al:

Artículo 101

El derecho a la pensión se extingue por el cese de la causa que lo motivó, por contraer el acreedor nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona.

El derecho a la pensión no se extingue por el solo hecho de la muerte

del deudor. No obstante, los herederos de éste podrán solicitar del Juez

la reducción o supresión de aquélla, si el caudal hereditario no pudiera

satisfacer las necesidades de la deuda o afectara a sus derechos en la

legítima.

UNIONES ESTABLES DE PAREJA

Es una figura exclusiva del derecho civil catalán, regulada en la Ley 10/1998, de 15 de julio. Es una institución que supera la institución matrimonial del:

Artículo 32 de la Constitución Española:

1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.

2. La ley regulará las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.

El legislador catalán quiso adecuar la realidad jurídica a la social

Esta ley tiene dos Capítulos, uno de ellos dedicado a las parejas de hecho heterosexuales, y el otro a las homosexuales.

Régimen jurídico de la parejas de hecho heterosexuales:

El artículo 1 contiene los requisitos para ser pareja de hecho heterosexual.

1) Estar formada por un hombre y una mujer, ambos mayores de edad.

2) Que no existan impedimentos para que puedan contraer matrimonio, según los:

Artículo 46

No pueden contraer matrimonio:

1º) Los menores de edad no emancipados.

2º) Los que estén ligados con vínculo matrimonial.

Texto redactado conforme L 30/1981 de 7 julio

Artículo 47

Tampoco pueden contraer matrimonio entre sí:

1º) Los parientes en Iínea recta por consanguinidad o adopción.

2º) Los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado.

3º) Los condenados como autores o cómplices de la muerte dolosa del cónyuge de cualquiera de ellos.

En concreto esta ley se refiere a que no sean parientes por línea resta o adopción o por línea colateral hasta el 4º grado.

3) Que hayan convivido maritalmente durante dos años o haber otorgado escritura pública en la que manifiesten su voluntad de someterse al régimen establecido en esta ley.

4) Por lo menos uno de ellos ha de tener vecindad catalana.

Vemos la acreditación de esta situación en el artículo 2.

1) Mediante documento público donde expresamente se pacte.

2) Por cualquier medio de prueba admisible o suficiente.

Se regula la convivencia en el artículo 3.

Produce efectos en cuanto al régimen económico de la pareja, que podrá pactarse verbalmente entre ambos, o en un documento público o privado.

A falta de pacto se entiende que cada uno de ellos participará en los gastos comunes en proporción a sus ingresos o patrimonio.

Los gastos comunes de la pareja se regulan en el artículo 4.

a) Los alimentos, en el sentido más amplio.

b) La conservación y mejora de la vivienda y los bienes de uso común.

c) La prevención de atenciones médicas o sanitarias.

Responsabilidad por deudas regulada en el artículo 5.

Responden solidariamente ambos miembros de la pareja de las deudas contraídas por gastos comunes que sean adecuados a los usos y nivel de vida de la parejas, en otro caso, responderá de las deudas quien de los dos las haya contraído.

Adopción - artículo 6.

Ambos pueden adoptar conjuntamente.

Tutela - artículo 7.

Ambos son tutores recíprocos en el caso de declaración de incapacidad de uno de ellos.

Alimentos - artículo 8.

Tiene la pareja la obligación de prestarse alimentos recíprocamente.

El artículo 9 contiene los beneficios que puede obtener de la Función Pública un funcionario en situación convivencial de pareja de hecho.

1) Excedencia voluntaria, por un período de dos a quince años, por obtención de un puesto de funcionario del convivente, o de personal laboral, en otro municipio en el que habrá de residir.

2) Permiso de dos días, si es en la misma localidad, o de cuatro días, si es en diferente localidad, por muerte o enfermedad grave del conviviente.

3) Reducción de la jornada laboral en los términos que establece la ley (1/3 o ½ jornada), con disminución proporcional del salario, por incapacidad del conviviente, mientras dure la convivencia.

El artículo 10 contiene la especial acreditación si no se ha otorgado escritura pública para poder hacer valer los derechos del artículo 9.

Hay que aportar acta de notoriedad de la convivencia por el transcurso de dos años.

Disposición de la vivienda común - artículo 11.

El propietario de la vivienda no puede realizar ningún acto de enajenación o que comprometa el uso de la vivienda común si el consentimiento del otro miembro de la pareja, o por resolución judicial.

Este artículo es equivalente al:

Artículo 1320

Para disponer de los derechos sobre la vivienda habitual y los muebles de uso ordinario de la familia, aunque tales derechos pertenezcan a uno solo de los cónyuges, se requerirá el consentimiento de ambos o, en su caso, autorización judicial.

La manifestación errónea o falsa del disponente sobre el carácter de la vivienda no perjudicará al adquirente de buena fe.

Se ven la causas de extinción en el:

Article 12.1 de la Llei d'Unios estables de parella.

La ley establece la obligación a los miembros de la pareja de dejar sin efecto la escritura pública que en su caso se haya otorgado.

La extinción comporta la revocación de poderes que se hayan otorgado entre sí la pareja.

Derechos al cese de la convivencia - artículos 13, 14 y 15.

13) Compensación económica al miembro de la pareja que sufra un desequilibrio patrimonial, en base al principio de enriquecimiento injusto.

14) Pensión alimentaria al miembro de la pareja que la necesite para atender adecuadamente a su sustento. Dos casos:

- Si la convivencia reduce la capacidad del solicitante de obtener ingresos.

- Si tiene a cargo hijos comunes.

15) Se puede pactar, según prevé la ley, el régimen de visitas, y en caso de que no haya acuerdo, lo decretará el Juez.

El artículo 16 prevé el ejercicio de otros derechos.

Ruptura unilateral - artículo 17.

Se establece en esta artículo la prohibición, de que una vez extinguida la situación convivencial, no se podrá volver a inscribir otra igual hasta que hayan transcurrido 6 meses.

Derechos sucesorios - artículo 18.

a) No hay derechos sucesorios como tal, solo se recoge un derecho sobre el ajuar de la vivienda común del miembro de la pareja sobreviviente, siempre que no se trate de bienes de extraordinario valor.

b) Tiene derecho el miembro sobreviviente a vivir en la vivienda común un año.

c) Se subroga en el arrendamiento, según el 15.1 de la L.A.U.

Régimen jurídico de las parejas de hecho homosexuales:

En principio el régimen aplicable a estas uniones es prácticamente el mismo que para las heterosexuales, por lo tanto, solo resaltaremos las diferencias.

El artículo 20 recoge los requisitos.

No pueden constituir la unión estable objeto de esta normativa:

a) Las personas menores de edad.

b) Las que estén ligadas por vínculo matrimonial.

c) Las que formen pareja estable con otra persona.

d) Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción

e) Los parientes colaterales por consanguinidad o adopción dentro del segundo grado.

Se desprende del apartado e). que el límite es el segundo grado, por lo tanto, si que se podrá establecer una unión estable dentro del 3er. grado.

A “sensu contrario” de este artículo se desprende que podrán formar una pareja estable homosexual aquellas personas que no reúnan lo requisitos enumerados en él.

Según el artículo 21, la constitución de estas uniones solo se podrá acreditar por medio de escritura pública.

- No hay efectos respecto de los hijos.

- No pueden adoptar conjuntamente, pero si individualmente porque lo permite el Código Civil.

En el artículo 34 se hace referencia a la sucesión intestada y en el 35 a la sucesión testada.

En la sucesión intestada, la reclamación de derechos por parte del miembro superviviente de la pareja prescribe al año de la muerte del causante.

* El legislador catalán si que incluye derechos sucesorios en el Capítulo II de esta ley, con referencia a las parejas de hecho homosexuales, mientras que no lo hace así en el Capítulo I, respecto de las parejas de hecho heterosexuales.

No queda claro si es que no hay regulación sucesoria en esta ley nada más que para las parejas homosexuales, o bien que se pueden equiparar éstas con las heterosexuales, o que el legislador ha incurrido en un error sistemático.

TEMA 8 CAPÍTULOS MATRIMONIALES

Régimen jurídico:

Se encuentran regulados en los:

Article 15 del C.F.

1. En els capítols matrimonials, hom pot determinar el règim econòmic matrimonial, convenir heretaments, fer donacions, i establir les estipulacions i els pactes lícits que es considerin convenientts, àdhuc en previsió d'una ruptura matrimonial.

2. Els capítols matrimonials es poden atorgar abans o després del casament. Els atorgats abans només produeixen efectes a partir de la celebració del matrimoni.

Article 16 del C.F.

1. Poden atorgar capítols matrimonials els qui poden contreure vàlidament matrimoni, però necessiten, si escau, els complements de capacitat que corresponguin.

2. No cal la intervenció del defensor o defensora judicial en les disposicions establertes pel pare o la mare a favor dels seus fills menors no emancipats, encara que hi hagi reserva de drets a favor d'aquells, sempre que no hi hagi contraposició d'interessos, cas en que s'ha d'aplicar el que disposa l'article 157.

Article 17 del C.F.

1. Els capítols matrimonials i llurs modificacions s'han d'atorgar en escriptura pública.

2. Els capítols matrimonials, i llurs modificacions, i també els pactes, les resolucions judicials i altres fets que canviïn o modifiquin el règim econòmic matrimonial, no són oposables a terceres persones mentre no es facin constar en la inscripció del matrimoni en el Registre Civil, i, si és el cas, en els altres registres públics la legislació dels quals ho estableixi.

Article 18 del C.F.

1. Per a la modificació dels capítols o per deixar-los sense efecte, cal el consentiment de totes les persones que els havien atorgat, o dels seus hereus, si la modificació afecta drets que aquelles haguessin conferit.

2. La modificació del règim econòmic matrimonial i dels pactes successori srecíprocs entre cònjuges i llur resolució, i també dels establerts per ells a favor dels fills, la poden acordar exclusivament els cònjuges, sense necessitat d'acord de les altres persones que hagin concurregut en els capítols ni dels hereus.

Article 19 del C.F.

La modificació del règim econòmic matrimonial no afecta als drets adquirits per terceres persones.

Article 20 del C.F.

1. Els capítols queden sense efecte si el matrimoni és declarat nul o es dissol per divorci.

2. Si el matrimoni es dissol per divorci, conserven l'eficàcia:

a) Els heretaments i les donacions a favor d'un dels contraents, si l'afavorit o afavorida continua treballant per la casa i hi ha descendència del matrimoni. Són ineficaços l'usdefruit vidual i els altres drets que, si escau, s'hagin pactat en forma accesòria a favor del cònjuge d'aquell o d'aquella. Si no es continua treballant per a la casa o no hi ha descendència, i també si el cònjuge contreu nou matrimoni, l'heretament o la donació esdevenen revocables per la sola voluntad de l'heretant o donant.

b) Els heretament a favor de la descendència del matrimoni, en consideració al qual es varen atorgar els capítols. Els heretaments purs esdevenen revocables.

c) El reconeixement de fills fet per qualsevol del cònjuges.

En derecho catalán son un negocio jurídico que se puede celebrar antes o después de celebrar el matrimonio, pero los otorgados antes sólo producen efectos a partir de la celebración del mismo, según el:

Article 15.2 del C.F.

2. Els capítols matrimonials es poden atorgar abans o després del casament. Els atorgats abans només produeixen efectes a partir de la celebració del matrimoni.

Elementos subjetivos:

Capacidad:

Article 16.1 del C.F.

1. Poden atorgar capítols matrimonials els qui poden contreure vàlidament matrimoni, però necessiten, si escau, els complements de capacitat que corresponguin.

No coincide la capacidad para contraer matrimonio con la capacidad para otorgar capítulos matrimoniales, según se desprende de los:

Artículo 46 del Código Civil

No pueden contraer matrimonio:

1º) Los menores de edad no emancipados.

2º) Los que estén ligados con vínculo matrimonial.

Texto redactado conforme L 30/1981 de 7 julio

Artículo 47 del Código Civil

Tampoco pueden contraer matrimonio entre sí:

1º) Los parientes en Iínea recta por consanguinidad o adopción.

2º) Los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado.

3º) Los condenados como autores o cómplices de la muerte dolosa del cónyuge de cualquiera de ellos.

Texto redactado conforme L 30/1981 de 7 julio

Artículo 48 del Código Civil

El Ministro de Justicia puede dispensar, a instancia de parte, el impedimento de muerte dolosa del cónyuge anterior.

El Juez de Primera instancia podrá dispensar, con justa causa y a instancia de parte, los impedimentos del grado tercero entre colaterales y de edad a partir de los catorce años. En los expedientes de dispensa de edad deberán ser oídos el menor y sus padres o guardadores.

La dispensa ulterior convalida, desde su celebración, el matrimonio cuya nulidad no haya sido instada judicialmente por alguna de las partes.

donde la capacidad para contraer matrimonio se establece en la mayoría de edad, emancipación o a partir de los 14 años de edad con dispensa, por ello en necesitados supuestos será necesario el complemento de capacidad. Supuestos:

1) Capítulos otorgados por menores de catorce años con dispensa antes del matrimonio. Necesitarán la dispensa de los padres.

2) Capítulos otorgados por emancipados y habilitados de edad. Hay que tener en cuenta el:

Article 159 del Codi de Família:

1. Els fills emancipats poden actuar, en relació amb la seva persona i els seus béns i drets, com si fossin majors d'edat, però necessiten que el pare i la mare o, si tots dos manquen o estan impedits per a exercir l'assistència que la llei determina, el curador o, si és casat amb una persona major d'edat, el cònjuge, complementin la seva capacitat en els actes següents:

a) Els determinat per l'article 150.2

b) l'acceptació del càrrec d'administrador en qualsevol mena de societat

c) Els actes que excedeixen l'administració ordinària pel que fa al béns adquirits pel fill o filla de més de setze anys amb la seva activitat que

generi benefici.

2. La complementació de capacitat no es pot concedir de manera

general, però es pot donar per a una pluralitat d'actes de la mateixa naturalesa o els referits al mateix negoci, activitat o societat, encara que siguin futurs, quen sigui convenient ateses les característiques dels dits actes, les cicumstàncies fonamentals dels qual, però, cal especificar.

3. En els casos de desacord o d'impossibilitat, la complementació de capacitat ha d'ésser substituïda per l'autoritat judicial o per acord de les persones indicades per l'article 138.2, amb els requisits que aquest exigeix.

3) Capítulos otorgados por incapacitados. Habrá que estar a lo que diga la sentencia de incapacitación.

4) Capítulos otorgados por el pródigo. Hay que tener presente el:

Article 242 del C. F:

1. El titular de la curatela no té la representació del pròdig o de la persona que estigui en situació d'incapacitat relativa, i es limita a completar-ne la capacitat.

2. La sentència que declari la prodigalitat o la incapacitat relativa ha de determinar l'àmbit en el qual la persona afectada pot administrar els seus béns i aquell en el qual necessita l'assistència de la persona titular de la curatela. En qualsevol cas, aquesta assistència és necesssària per als actes definits per l'article 212 i per a atorgar capítols matrimonials.

3. Si el curador o curadora refusa prestar l'assistència en algun dels actes que la requereixen , la persona afectada pot sol.licitar l'autorització judicial per fer-ho tota sola o, alternativament, la designació d'un defensor o defensora judicial.

Si se otorgan capítulos matrimoniales sin ese complemento, serán anulables, según se desprende del:

Article 245 del Codi de Família:

Els actes del pròdig o de la persona afectada de incapacidad relativa que requereixin assistència de la persona titular de la curatela i s'hagin fet sense aquesta assistència són anul.lables en la forma establerta per la llei.

En el:

Article 16.2 del C.F.

2. No cal la intervenció del defensor o defensora judicial en les disposicions establertes pel pare o la mare a favor dels seus fills menors no emancipats, encara que hi hagi reserva de drets a favor d'aquells, sempre que no hi hagi contraposició d'interessos, cas en que s'ha d'aplicar el que disposa l'article 157.

se prevé la intervención de defensor judicial de acuerdo con el:

Article 157 del C.F.

Si en algun assumpte hi ha contraposició d'interessos entre els fill y el pare o la mare, quan la potestad és exercida per ambdòs, el fill o la filla és representat, per aquell pare o la mare amb el qual no tingui contraposició d'interessos. Quan la contraposició es amb el pare i la mare conjuntament o amb el que exerceixi la potestad, s'ha de nomenar el defensor judicial que estableix el títol VII.

para el caso en que haya contraposición de intereses entre quien asisten al menor y éste.

En Cataluña es tradicional la intervención de otras personas al otorgar capítulos matrimoniales, por regla general, parientes muy próximos, que hacen aportaciones patrimoniales sobre las que se asentará la futura economía del matrimonio.

Estas terceras personas han de tener la capacidad necesaria para contratar y para realizar el concreto acto de que se trate.

Elementos objetivos:

Contenido:

El:

Article 15.1 del C.F.

1. En els capítols matrimonials, hom pot determinar el règim econòmic matrimonial, convenir heretaments, fer donacions, i establir les estipulacions i els pactes lícits que es considerin convenientts, àdhuc en previsió d'una ruptura matrimonial.