1. MUERTE DE FRANCO Y fin del franquismo

    Franco muere a las 4.20 de la madrugada del 20 de noviembre de 1975 y es enterrado en el Valle de los Caídos, y Juan Carlos I de Borbón es su sucesor. El propio Franco lo había decidido el 22 de julio de 1969, con base en la ley de sucesión de 1947, en la que se decía que "la jefatura del Estado corresponde al Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde, y a él le está reservado el derecho de designar al sucesor”.

    La coronación se llevó a cabo el 27 de Noviembre en las Cortes, con la presencia de algunos Jefes de Estado y de Gobierno que se habían negado a asistir al entierro del General. El nuevo monarca en su discurso: "Hoy comienza una nueva etapa de la historia de España... Una sociedad libre y moderna requiere la participación de todos en los foros de decisión, en los medios de información, en los diversos niveles educativos y en el control de la riqueza nacional. Hacer cada día más cierta y eficaz esa participación debe ser una empresa comunitaria y una tarea de gobierno". El texto va dirigido más a calmar las inquietudes de los franquistas que a satisfacer las expectativas de la oposición. Por ello supone una gran decepción, que pronto se acrecienta con la confirmación de Carlos Arias Navarro en el cargo. No obstante, hay dos ideas que son una promesa de cambios. La primera concierne al pluralismo:

"Esta hora... exige una capacidad creadora para integrar en objetivos comunes las distintas y deseables opiniones."

Y la segunda se refiere a las nacionalidades:

"... permita reconocer dentro de la unidad del Reino y del Estado las peculiaridades regionales como expresión de la diversidad de pueblos que constituyen la sagrada realidad de España."

El carácter moderado y ambiguo del discurso, y el hecho de que en el acto de coronación hubiera jurado las Leyes Fundamentales del Reino, promulgadas por el general Franco, refuerza a los partidarios de la "ruptura" en sus temores de que el monarca está a merced de los continuistas del Régimen. Pero en realidad la intención del Rey y de Torcuato Fernández Miranda, su antiguo tutor y ahora su principal consejero, es encontrar a los hombres del régimen que lo hagan evolucionar desde dentro. No creen llegada aún la hora de integrar a personalidades ajenas al franquismo.

El primer problema que debió afrontar el Rey Juan Carlos fue decidir a quién colocar en las presidencias del Gobierno, del Consejo del Reino y de las Cortes. Finalmente mantuvo a Carlos Arias Navarro como Primer Ministro, siguiendo los consejos de la familia Franco, de los consejeros del Reino y del Cardenal Tarancón. En el nuevo gobierno estaban integrados todos los franquistas: los continuistas más recalcitrantes, los tímidos aperturistas y los reformistas moderados. Los más destacados fueron:

- Continuistas: al frente de la vicepresidencia de Defensa, el general Fernando de Santiago (futuro golpista en el 23 de febrero de 1981);

- Aperturistas: cabe situar a ministros "profesionales de la política" o ex falangistas, como Adolfo Suárez, Rodolfo Martín Villa, Carlos Robles Piquer y José Solís;

- Reformistas: hay que destacar a Manuel Fraga, con categoría de vicepresidente y ministro de Gobernación, a José María de Areilza al frente del ministerio de Asuntos Exteriores, a Antonio Garrigues y Díaz-Cañabate, en Justicia, y a Alfonso Osorio en el Ministerio de la Presidencia.

Al frente de las Cortes está Torcuato Fernández Miranda, al cual el Rey ha conseguido también nombrar presidente del Consejo del Reino, organismo éste que hasta entonces había sido inoperante, pero que, al tener la atribución de proponer al Rey la terna para el nombramiento del presidente de gobierno, debe desempeñar inmediatamente un gran papel. Miranda, un catedrático de Derecho Político hábil e inteligente odiado por los franquistas, ocupó interinamente la Presidencia del Gobierno tras la muerte del almirante Carrero Blanco, y tenía estudiada la forma en que se podía producir la reforma del Régimen.

El gobierno debuta con una declaración programática, escrita e impuesta por Fraga Iribarne, que contraria al propio presidente del gobierno y que éste es incapaz de bloquear.

El aislamiento y la debilidad de Arias Navarro, acosado no sólo por sus colegas de gabinete sino también por el propio Rey, aumentan a lo largo del mandato.

El intento reformista debe conducir a la constitución de un Congreso y un Senado elegidos por sufragio universal en sustitución de las Cortes y a una nueva regulación de los derechos de reunión y asociación. La ley sobre Manifestaciones y Reuniones reconoce plenamente este derecho, pero lo supedita al control y a la autorización, caso por caso, de la autoridad gubernativa. También la ley de asociaciones admite el derecho, pero lo condiciona a la legalización del ministerio de la Gobernación.

La ley de Asociaciones, que de hecho pone fin al régimen de partido único hasta entonces imperante, fue defendida paradójicamente por el ministro del Movimiento Nacional, Adolfo Suárez, en las Cortes. En su discurso empieza con un encendido elogio de la persona de Francisco Franco que levantó grandes aplausos y acaba con una llamada al realismo:

"... llámense partidos o no, existen ya como hecho político.

Vamos a elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de la calle es normal."

Con la aprobación de esta ley, los procuradores en Cortes, unos conscientes y otros no, dan el primer paso hacia su inmediata autoliquidación.

El gobierno decreta un indulto, pero no una amnistía, para todos los presos políticos sin delitos de sangre. Esta medida permite salir a la calle, entre otros, a los líderes de Comisiones Obreras, y facilita el regreso a Euskadi de medio millar de militantes nacionalistas vascos refugiados en Francia.

La distancia entre las demandas crecientes de la mayoría de la población y las insignificantes ofertas del gobierno para satisfacerlas aumentan a medida que transcurre el año 1976. Durante los primeros meses se renegocian las dos terceras partes de los convenios colectivos. La renegociación provoca una oleada de huelgas por todo el país. En algunas comarcas industriales, como la del Baix Llobregat (Barcelona), se paraliza completamente la actividad económica. El movimiento huelguista adquiere proporciones alarmantes para la clase dirigente.

Se plantea el dilema entre seguir un política de mano dura que conduciría a una segura involución, o acelerar sin vacilación el ritmo democratizador. La huelga del Metro de Madrid y el primer Congreso de la UGT son tests definitivos.

La víspera de Reyes, la capital se queda sin transporte subterráneo, y Arias Navarro propone la inmediata militarización del personal; pero, al final, se le convence de que esta medida puede acarrear consecuencias irremediables en el caso de que sea desobedecida, y acaba retirándola.

El congreso de la UGT (abril de 1976), autorizado por Martín Villa, se desarrolla con normalidad y acaba con el canto de "La Internacional" y el saludo con el puño alzado.

Pocos días después, por televisión, Arias advierte que tales hechos no se pueden tolerar y afirma que todas las actuaciones políticas y sindicales de la oposición están dirigidas por el comunismo internacional y constituyen "una vergonzosa traición a nuestro pueblo".

Estas declaraciones coinciden con las efectuadas por don Juan Carlos, de signo radicalmente contrario, en el semanario "Newsweek", y en las que por boca del periodista se señala:

"En opinión del rey, Arias es un desastre sin paliativos que se ha convertido en el soporte de los leales a Francisco Franco."

La destitución de Arias Navarro.

Junio de 1976. En esos días el Rey realiza su primera visita oficial a los Estados Unidos. Allí provoca el aplauso general en un discurso ante senadores y congresistas en el que nada de lo que dice tiene que ver con lo que defiende su Primer Ministro en Madrid. Nada más volver a Madrid, su propósito es ya firme: cesar a Arias Navarro. Pero se encuentra con una situación espinosa: se entera de que es el estamento militar el que le va a enviar una carta pidiéndole la destitución de Arias, acusado de ser demasiado tolerante y por lo tanto débil: la proclamación del Rey da lugar a una amnistía que pone en la calle a unos pocos presos políticos (Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius...); las fuerzas democráticas, aún no legalizadas, impulsan toda una ola de huelgas y manifestaciones que al grito de "Amnistía y Libertad" que ponen al Gobierno contra las cuerdas. Arias culpa de estos sucesos a los jueces, a la prensa, a la Iglesia y al "erotismo que lo invade todo", pero los militares quieren una respuesta contundente. Además Manuel Fraga, ministro de la Gobernación, declara en el diario estadounidense New York Times que "algún día tendrá que ser legalizado el Partido Comunista” . Demasiado ya para algunos.

Juan Carlos se da cuenta de que tiene que destituir a Arias con urgencia, antes de que le llegue la carta de los militares pidiéndole el cese: "Esto no puede seguir, so pena de perderlo todo... Yo tenía que tomar una decisión difícil y la he tomado. La pondré en ejecución de golpe, sorprendiendo a todos", le dice confidencialmente a José María de Areilza, ministro de Asuntos Exteriores, el 1 de julio, poco antes de recibir privadamente a Carlos Arias y decirle que agradece sus servicios a la patria y a la Corona, pero que los nuevos tiempos exigen nuevos políticos. Dicho y hecho: Arias, sorprendido, dimite allí mismo. La elección del nuevo jefe de gobierno no es fácil, pues debe de satisfacer a todos; tanto a los continuistas (franquistas) como a los renovadores (demócratas conservadores), sin desilusionar las expectativas de los más radicales (extrema izquierda).

Finalmente, el Consejo del Reino presenta al Rey una terna con los nombres de los propuestos para el cargo paso necesario para finalizar el proceso de nombramiento. El sábado 3 de julio Torcuato Fernández Miranda sale de la última reunión pronunciando la célebre frase: "Estoy en condiciones de ofrecer al Rey lo que me ha pedido".

Adolfo Suárez, ex ministro y Secretario del Movimiento es quien mejor cumple los requisitos, tanto por su pasado como falangista, como por su juventud e ideas progresistas, así como por sus virtudes políticas.

Los sucesivos gobiernos de Adolfo Suárez tendrán la doble tarea de desmantelar los últimos vestigios de la dictadura y colocar los primeros cimientos de un sistema de libertades democráticas, aprobar una ley de reforma política, y posibilitar las primeras elecciones generales, que culminarán con la promulgación de una Constitución en la cual queden amparados todos los españoles; sean cuales sean sus ideas.

El gobierno Suárez

    El Gobierno Suárez, que jura su cargo ante el Rey el lunes 5 de julio, no es bien recibido por nadie, ni por el búnker (grupo de leales a Franco, llamado así por defender la postura hitleriana de resistir en el búnker los ataques de sus enemigos en sus últimos días) ni por la oposición democrática, ni por los "reformistas": ni Fraga ni Areilza quieren seguir en el Gobierno, que es conocido como el Gobierno de los penenes (siglas de la denominación Profesores No Numerarios), que quiere significar que Suárez se ha visto obligado a buscar a personalidades menores para componer el ejecutivo.

    Tras un paquete de medidas económicas tomado en agosto, en el que se suprime el impuesto de plusvalías de origen bursátil, que recibe escasa atención por su "carácter veraniego" y que no impide que la Bolsa siga bajando, en septiembre el nuevo Gobierno da a la luz su proyecto de reforma política: se irá a "...las primeras elecciones a Cortes para constituir un Congreso de 350 diputados y elegir 207 senadores" . Dicho proyecto debe ser aprobado por los dos tercios de las mismas Cortes y luego refrendado por los españoles. El primer paso es tremendamente difícil: los procuradores franquistas deberían votar lo que significaría su propia desaparición.

La reforma política

    El 18 de noviembre ocurre el milagro: más de los dos tercios necesarios de las Cortes franquistas votan a favor del proyecto de ley, firmando pues su misma acta de defunción. A este episodio se le da el nombre de “el harakiri”.

    El 15 de diciembre de 1976 se celebra el esperado referéndum, en el que el 94% de los votantes dice sí al proyecto de reforma política, en las primeras elecciones libres desde febrero de 1936. Libres en el sentido de que no cabe duda de la veracidad del resultado, al contrario de lo que pasó con los dos referendos del régimen franquista. Sin embargo cabe destacar que no es un plebiscito democrático, por la simple razón que las fuerzas de la oposición todavía no están legalizadas, por lo que sólo hay campaña institucional a favor de la participación al voto (“Habla, pueblo, habla” fue uno de los lemas más destacados), y llamamientos a la abstención de las fuerzas de la oposición, no legales pero toleradas. Circula durante dicha campaña esta explicación de Miguel Herrero de Miñón, funcionario entonces del Ministerio de Justicia: "no es, sin duda, un referéndum democrático, puesto que no existen las libertades propias de la democracia; pero es un referéndum para establecer la democracia y las libertades que le son propias". De todas formas qué duda cabe de que es un referéndum viciado, puesto que pregunta algo así como: "¿Quieren ustedes la libertad o no?", sin consultarle a nadie de qué forma se va a dar esa libertad y dando a entender que el proceso va a consistir en renovar las leyes del franquismo para que todo quede redondo, para que no haya discontinuidades. Por lo tanto las fuerzas democráticas que inevitablemente están a favor de la ruptura, es decir, de hacer borrón y cuenta nueva y replantear todo el sistema, no pueden aprobar el referéndum. La abstención alcanza el 23% del censo electoral, pero los que se abstienen rezan porque gane el sí, porque ¿y si hubiese ganado el no? ¿Se hubiese ido todo el proceso al traste?

Los meses más difíciles

    Se trata ahora de volver a las urnas para elegir un Congreso y un Senado cuya misión será constituyente. Pero las dificultades antes de llegar al momento de esas elecciones serán muchas. Hay quien dice que los seis meses que transcurrieron entre el 15 de diciembre de 1976 hasta el 15 de junio de 1977 en que se realizaron dichas elecciones, fueron los más difíciles de la transición política. De hecho, la conflictividad laboral y social, el terrorismo, la legalización de los partidos, los nacionalismos, la situación económica que va empeorando día a día. Todas estas cuestiones quieren una respuesta rápida, y el Gobierno no puede dar una alegría a unos pocos sin echarse encima las críticas de muchos más. Por un lado hay unas fuerzas democráticas que, puesto que son toleradas, se sienten en derecho de hacer reivindicaciones, mítines, reuniones y manifestaciones; por otro, la extrema derecha, los nostálgicos, tienen todavía mucha relevancia. Y no sólo por el número de simpatizantes, sino por quiénes los controlan: parte del búnker (Blas Piñar, Silva Muñoz), amplios segmentos del ejército y varios sectores financieros.

2. REDACCIÓN DE LA LEY PARA LA REFORMA POLITICA

Esta Ley significó una importante transformación del sistema de representación política por cuanto se consagró la soberanía popular y se crearon unas instituciones que sustituían a las de la llamada democracia orgánica. Suárez se convirtió en el eje de la reforma política al proponer como principal objetivo de su mandato "que los gobiernos del futuro sean resultado de la libre voluntad de la mayoría de los españoles". En julio de 1976 Suárez recibió de manos del presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, la Ley básica de la Reforma Política, quien al hacerle entrega de la misma le dijo: "Aquí te doy esto que no tiene padre. Es la Ley para la Reforma Política" .

El entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Osorio, recordaba años después que su idea sobre esa Ley consistía en "modificar en un precepto el artículo segundo de la Ley de Cortes para permitir la elección de un Parlamento formado por representantes elegidos por sufragio universal directo y secreto; asumir en una breve disposición final la declaración universal de derechos humanos; y remitirnos a las nuevas Cortes para que un pacto nacional para la convivencia modificase adecuadamente las normas constitucionales".

Las ideas de Fernández-Miranda eran algo más complejas. Entre una y otra solución, el presidente optó por una intermedia. El 24 de agosto de 1976, el Consejo de Ministros presidido por Adolfo Suárez estudió por primera vez el borrador de lo que más adelante se convertirá en el proyecto de Ley para la Reforma Política, un proyecto que implicaba una dificultad formal importante, ya que debía hacerse a partir de la legalidad vigente y para cambiar esa misma legalidad.

El 8 de Septiembre Suárez convocó a la cúpula militar para informarle de que el cambio político era imprescindible, pero que no afectaría ni a la Corona, ni a la unidad nacional, ni al orden público, planteamiento que fue acogido de manera positiva por la gran mayoría de los convocados. Dos días después, el 10 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó la Reforma Política. El presidente Suárez presentó a la nación la Ley para la Reforma Política, en un discurso tranquilizador para todas las ideologías, que apuntó como una de las tareas de las futuras Cortes la redacción de "una Constitución completa y definitiva, reguladora de todos los aspectos de la vida política" .

Visto bueno de las Cortes franquistas y referéndum

Finalmente, el 18 de noviembre las Cortes franquistas aprobaron la Ley con 425 votos a favor (casi 100 votos más de los necesarios), 59 en contra y 13 abstenciones. En ella se contemplaba la convocatoria de elecciones, por sufragio universal, libre y secreto, de unas Cortes integradas por una Cámara de Diputados y un Senado con 350 y 248 miembros, respectivamente.

La Ley para la Reforma Política fue ratificada por el pueblo español en el referéndum nacional del 15 de diciembre, con una participación del 77,47 % del censo electoral y un 94,2 % de votos afirmativos. La abstención alcanzó el 22,6 %. Ante estos resultados, el presidente Suárez declaró: "ha ganado el sentido común. Ha ganado España. (..) Ahora sabemos de verdad y claramente lo que quieren los españoles".

El 4 de enero de 1977, el Rey sancionó y promulgó la Ley, que entró en vigor el día 25, con la firma de Don Juan Carlos y refrendada por el presidente de las Cortes, Torcuato Fernández-Miranda. Esta Ley, de rango Fundamental, quedó derogada con la Constitución.

La Reforma y el sistema electoral

La Ley atribuyó de hecho al gobierno la potestad de regular las elecciones. El Real Decreto-Ley de normas electorales llevó la fecha del 18 de marzo de 1977. El texto establece un Parlamento bicameral, elegido por sufragio universal, libre y secreto, y que las Leyes Fundamentales puedan ser modificadas por mayoría simple, en contra del complicado mecanismo que la Ley Orgánica del Estado de 1967 determinaba para la reforma constitucional. El sistema electoral es proporcional para la Cámara de los Diputados, y mayoritario para el Senado. En las elecciones de senadores el elector tenía la posibilidad de marcar la casilla de sus candidatos preferidos. Para el Congreso no tenía más que elegir la papeleta del partido que quería votar. La Ley previó la elección de 350 diputados del Congreso y de 207 senadores (otros 41, de un total de 248, serían nombrados por el Rey). Congreso y Senado formaban las Cortes, un sistema bicameral fuertemente diferenciado.

Los colegios electorales (distritos) se hicieron coincidir con la unidad administrativa constituida por la provincia. A las provincias se añadieron, como distritos autónomos, Ceuta y Melilla. Para el Congreso había que conseguir el 3% de los votos como mínimo para participar en el reparto de escaños en un distrito. Los escaños se distribuyeron entre los 52 distritos establecidos. A cada distrito o provincia se les asignó por lo menos dos diputados (Ceuta y Melilla sólo uno) y después un diputado por cada 144.500 habitantes o fracción superior a 70.000. Barcelona, con 33 y Madrid, con 32, fueron las provincias con más diputados. Para el Senado, a cada distrito se le asignó un número fijo de representantes, cuatro. Algunos de los distritos del Senado diferían con respecto a los del Congreso. Para el Senado se consideraban también distritos Mallorca, Gran Canaria, y Tenerife (con tres senadores cada uno), Ceuta y Melilla (con dos senadores) y Menorca, Ibiza-Formentera, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y La Gomera-Hierro (con un representante).

No estaba permitido ser candidato en más de un distrito. El derecho del voto se extendía a todos los mayores de 21 años que estuvieran incluidos en el censo electoral. La Ley Electoral también previó una reforma de financiación de los partidos. Había una subvención de los gastos electorales. El reembolso afectaba a las listas que hubieran obtenido por los menos un escaño y era de 40 pesetas por cada voto obtenido para el Congreso y de 25 por cada voto obtenido para el Senado y de un millón de pesetas por cada escaño conseguido. Además era posible para los partidos obtener una financiación previa de los bancos, que fueron autorizados a ello.

La reforma política se produjo en momentos de serias dificultades internas, como el terrorismo de ETA, la conflictividad laboral y social, pretensiones involucionistas, el secuestro por parte de los GRAPO del presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol, y la abstención de la oposición de izquierda, uno de cuyos principales partidos, el Comunista, aún no había sido legalizado.

3. Los europeos contra el franquismo

Los últimos terribles coletazos.

A pesar de su vejez, al dictador no le tiembla el pulso para firmar (durante el café, según cuentan) las penas de muerte de cinco terroristas, dos de ETA y tres del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista Patriótico), que son ejecutadas el 27 de septiembre de 1975. Ese episodio levanta una polvareda impresionante en toda Europa tanto antes como, sobre todo, después de las ejecuciones. Miles de telegramas de protesta inundan los organismos oficiales mientras son asaltadas las Embajadas y Consulados de España. Agencias de viaje, oficinas de Iberia y banderas de España son incendiadas.     El primer ministro de Holanda convoca al país a una manifestación de protesta, presidida por el gabinete en pleno, contra el Régimen español y hace un llamamiento para que ningún ciudadano de su país visite España.
    El Gobierno de Portugal no se hace responsable de la destrucción total, por indignados manifestantes, de la Embajada española en Lisboa. Miles de ciudadanos gritan en contra del dictador español por las calles de las capitales europeas, los embajadores de los países de la CEE son llamados a consultas por sus respectivos Gobiernos y hasta se solicita la reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para que vote la expulsión de España de los organismos internacionales.

Tampoco en la Santa Sede el recrudecimiento del Régimen pasa inadvertido: Pablo VI escribe tres cartas secretas al dictador, antes de las ejecuciones, pidiendo la gracia de los terroristas, pero no recibe contestación a ninguna de las tres, por lo que hace una alusión clarísima a este asunto después del Ángelus del domingo siguiente, cuando ya los terroristas han sido pasados por las armas. Tras las palabras públicas del Pontífice, Franco le escribe una carta llamándole Padre, manifestándose devoto hijo suyo y diciéndole que siente en el alma no haber podido acceder a su petición porque razones graves de orden interior se lo impedían.

Cierto es que la extrema derecha se manifiesta en España a favor de la mano dura en los procedimientos contra los terroristas, y que la Guardia Civil protagoniza incidentes porque a su parecer no se juzga con la debida severidad a los presuntos culpables de haber matado a agentes de las Fuerzas de Orden Público. Pero ¿son éstas razones suficientes para que Franco desoiga las peticiones de indulto del mismísimo Papa? Nace la duda de que las cartas de Pablo VI no llegaron a manos del destinatario a tiempo, gracias a la mano de Carlos Arias Navarro, según dice el Cardenal Tarancón en sus memorias.     Este incidente diplomático con el Vaticano no impide que el Papa diga de Franco que “ha hecho mucho bien a España y le ha proporcionado un desarrollo extraordinario y una época larguísima de paz. Franco merece un final glorioso y un recuerdo lleno de gratitud" .

4. LOS PROBLEMAS INTERIORES DE ESPAÑA: EL NACIONALISMO

El nacionalismo vasco

En el País Vasco, al que durante el franquismo se llama Vascongadas, la Segunda República había dado vida a un Gobierno autónomo muy poco antes del inicio de la Guerra Civil. El partido nacionalista más representativo era entonces el Partido Nacionalista Vasco (PNV), de origen burgués, que había mantenido un gobierno en el exilio y había tratado, tras el final de la IIª Guerra Mundial, de hacer que se escuchasen sus razones para la independencia en los USA y ante las Naciones Unidas. La actividad política ante los foros internacionales contrasta con el estancamiento de la lucha de las cabezas visibles del PNV en el País Vasco, y quizás sea esta la razón por la que un grupo de jóvenes pertenecientes al partido se desgaja en 1958 y crea Euskadi eta Askatasuna (ETA), un grupo político cuyos principios son "el independentismo innegociable, las posiciones radicales en la estrategia política, los contenidos de un socialismo humanista o el recurso a las armas si fuera preciso para expulsar al invasor, unidos al deseo de hacer tabula rasa de toda la inoperancia y el colaboracionismo anteriores” .

Las acciones violentas de ETA empiezan con algaradas callejeras que acaban con numerosas detenciones y se hacen cada vez más visibles a partir de su Vª Asamblea (1967), inmediatamente seguida por el asesinato del exponente policial Melitón Manzanas, conocido como “el torturador de Irún”. Si durante los últimos años del franquismo los asesinatos de ETA son vistos por el resto de partidos políticos con presencia en el País Vasco y en el resto de España si no con benevolencia al menos sin decidido rechazo, a partir de la muerte del dictador empiezan a ser unánimemente condenados como obstáculos a la transición democrática. Las perspectivas abiertas por la muerte del dictador llevan a la separación de ETA en ETA político militar (ETA-pm) y ETA militar (ETA-m), siendo la primera propensa a acompañar la lucha armada con una acción política constructiva, mientras que la segunda prefiere inventarse una guerra contra el resto de España.

Ante las elecciones de 1977, una parte de ETA-pm abandona la lucha armada y entra a formar parte del partido de izquierdas Euskadiko Ezkerra (EE), que obtiene un escaño, mientras el resto de la organización queda como brazo armado del partido. La distancia entre ETA-pm y EE se va ensanchando, la primera pierde fuerza y acaba por disolverse en septiembre de 1982. Mientras tanto ETA militar asesina sin criterio a periodistas afines, simpatizantes del PNV, militares, políticos, niños, amas de casa, pero eso sí, se enorgullece de ser ahora "la única ETA", apoyada a partir de 1978 por Herri Batasuna (HB), que es su brazo político.
El PNV por otro lado vuelve a recoger el voto nacionalista moderado y burgúes.

El nacionalismo catalán

Jordi Pujol es el continuador de la tradición del nacionalismo catalán burgués. En Cataluña son dos las facciones a las que el nacionalismo ha dado origen durante el siglo XX:

• Una radical, que aboga por la independencia de Cataluña del resto de España y representada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido tradicionalmente de izquierdas a través del que Francesc Macià y Lluis Companys dieron vida durante la Segunda República Española a la Generalitat de Catalunya, el gobierno autónomo que se apoyaba en un Estatuto de Autonomía aprobado por las Cortes de Madrid en 1932.

La otra rama es la representada a principio de siglo por la Lliga Regionalista de Francesc Cambó y que defiende los intereses de la industriosa y rica burguesía catalana. Esta segunda vía no tiene tanto éxito durante la Segunda República, mientras que se relanza durante los años 70 a través del Pacte Democràtic per Catalunya (PDC), del que el núcleo principal es la Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) de Jordi Pujol, su presidente aún en la actualidad. 

Jordi Pujol nace en 1930 y funda durante el franquismo, junto a su padre, la Banca Catalana, con la que tiene poder de financiación de parte de la industria catalana y de alimentación de la especulación territorial en los años de gran inmigración. Controla además el Fútbol Club Barcelona, un símbolo de la identidad catalana frente al centralismo representado por el Real Madrid, y participa en actos contraculturales catalanistas a finales de los años 50, cuando el régimen es más duro. A raíz de uno de estos actos es detenido y torturado por la policía franquista en mayo de 1960 y permanece en prisión durante dos años y medio. Este episodio le ha dado siempre un salvoconducto de hombre de las libertades de un pueblo reprimido, y a pesar de su talante conservador y de los intereses que defiende, hoy en día hablar mal de Pujol en Cataluña, incluso con los sectores más progresistas de la izquierda, es como insultar al padre de todos los catalanes. La identificación por parte tanto de todos los españoles como, inconscientemente, de los catalanes, de este hombre con la entera población de Cataluña es singular.

 En 1976 los principales partidos políticos catalanes son:

- a la izquierda, el Partit dels Socialistes Unificat de Catalunya (PSUC), de orientación comunista y que se asocia, para las elecciones de 1977, al PCE; el Partit Socialista de Catalunya (PSC) de Joan Raventòs, socialista, que se asocia al PSOE; y ERC, liderada por Heribert Barrera.

- a la derecha están el partido de Pujol, y Unió Democràtica de Catalunya (UDC), con origen en los años de la República y liderado ahora por Anton Canyelles. Éstos y otros de menor representatividad electoral están reunidos en la Assemblea de Catalunya desde 1971 y la exigencia de todos es el reconocimiento por parte de la nueva Monarquía de la Generalitat abolida por Franco en 1939 y mantenida en vida en el exilio por Josep Tarradellas. Éste, hombre anciano y que está empezando a afrontar en Francia serias dificultades económicas, no quiere que nadie negocie en Madrid su vuelta del exilio. Pujol sin embargo desobedece estas recomendaciones y se suma a las conversaciones que el Gobierno Suárez mantiene con la oposición todavía oficiosa.     

Es aquí donde empieza a crecer la importancia política de Pujol, que ha acabado por ser tan destacado que es considerado ya un gran estadista. Ha sabido imponer en la vida política española las exigencias de la burguesía catalana. En este sentido, sus coaliciones electorales (PDC en 1977 y sucesivamente Convergència i Unió), son concentraciones de lobbies (grupos de presión), desde la de la patronal hasta el potente gremio de pasteleros o la asociación de excursionistas.

5. La situación pre-electoral

Santiago Carrillo, secretario general del PCE, regresa del exilio en febrero de 1976 y vive en España clandestinamente, puesto que todavía en Agosto de ese año, siendo ya presidente Suárez, se le niega el pasaporte español. A pesar de estar escondido, mantiene contactos con las demás fuerzas democráticas y se deja ver siempre más por las calles de Madrid, con el fin de forzar un reconocimiento del PCE, cuando todavía ninguna fuerza democrática ha sido legalizada. Ante dichos atrevimientos el Gobierno no puede evitar demostrar su autoridad y su eficacia represora, y la policía lo detiene y lo tiene recluido durante una semana en los últimos días de diciembre de 1976, sometiéndolo a vejaciones en comisaría. No contenta con esto, la extrema derecha pasa a la acción: el 24 de enero de 1977 se produce la Matanza de Atocha, en Madrid, en la que resultan muertos siete abogados laboralistas del PCE. Es un episodio que provoca muestras de solidaridad en múltiples sectores de la vida española, y que permite que el Partido Comunista demuestre que es capaz de controlar a sus seguidores: la respuesta de masas al asesinato de los abogados comunistas es impresionante por la demostración de fuerza y serenidad. Se da la paradoja que la policía tiene que proteger a los miembros de un partido que no está legalizado, mientras que los agentes que detendrán luego a los responsables de la matanza se negarán a cobrar la recompensa a la que tienen derecho.

    La Matanza de Atocha es quizás el más grave de una serie de acontecimientos violentos que pusieron en grave peligro el camino hacia la reforma: tanto ETA y el GRAPO (Grupos de resistencia Antifranquista primero de Octubre) como, por ejemplo, el MPAIAC (Movimiento para la Autonomía e Independencia del Archipiélago Canario) dieron guerra en aquellos meses. En el momento de iniciarse la transición la totalidad de los nacionalistas vascos se niega a emplear el término terrorismo para designar a ETA, a pesar de que la misma mata a 26 personas en 1975, 21 en 1976 y 28 en 1977, pasando luego a cifras mucho más altas (85 en 1978, 118 en 1979 y 124 en 1980). Por lo que respecta al GRAPO, un grupo maoísta de ciega violencia, lleva a cabo dos secuestros en diciembre de 1976 que acaban con la liberación de los rehenes por parte de la policía en febrero de 1977.     En medio de este caos, en febrero de 1977 desaparecen los requisitos más restrictivos para la legalización de los partidos, así es que todos menos el PCE consiguen la legalidad. En ese mismo mes Suárez se reúne secretamente con Carrillo y charlan durante seis horas. Es significativo que el día después de dicho encuentro, el Gobierno Civil de Madrid prohíba un acto que los comunistas pretenden convocar ocultándose tras una denominación inocua.

Cuenta Carrillo que en su encuentro con Suárez nadie le pone condiciones a nadie sobre nada: ni Suárez pide que los comunistas rebajen el tono de sus reivindicaciones ni Carrillo pretende que el Monarca salga corriendo del país para instaurar una República de la que él será Presidente. Según el dirigente comunista Suárez le pidió sin mucho entusiasmo, sólo para cubrir el expediente, que los comunistas se presentasen como independientes a las próximas elecciones, a fin de intentar evitar la legalización del PCE.
Carrillo se niega, igual que se niega a anular el próximo viaje de Berlinguer y Marchais, secretarios generales de los partidos comunistas italiano y francés respectivamente, a Madrid., donde se va a celebrar la "Conferencia Eurocomunista". La revolución republicana ya está en el olvido para Carrillo.     

Fueran como fueran los términos de la conversación, lo cierto es que el 9 de abril de 1977, el Sábado Santo Rojo, el Gobierno decide la desaparición del Movimiento, el partido único franquista, y legaliza al Partido Comunista de España y, dos días después al PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya), causando la dimisión instantánea del Almirante Pita de Veiga, Ministro de la Marina, y el malestar de todo el ejército. Fraga juzga lo sucedido de "verdadero golpe de Estado", pero un 45% de la población está de acuerdo (y sólo un 17 está en contra).
También instantáneamente, en los mítines del PCE deja de ondear la bandera republicana y Carrillo dice: "Los que silban no saben que no hay color morado que valga una nueva guerra civil entre los españoles". La reivindicación republicana no volverá a la boca de un dirigente del PCE hasta bien entrada la etapa Anguita. El 17 de marzo Suárez promulga el decreto de amnistía para los presos políticos, el 28 de abril se legalizan los sindicatos y, finalmente, el 13 de mayo llega de la URSS Dolores Ibárruri, la Pasionaria, presidenta del PCE e histórica militante.
Las elecciones del 15 de junio van a ser totalmente democráticas, aunque los nuevos partidos apenas tuvieron tiempo de organizarse en la nueva legalidad.

6. PARTIDOS POLITICOS DE CARA A LAS ELECCIONES

La derecha

A la derecha encontramos a Alianza Popular (AP), el partido en el que Manuel Fraga Iribarne, brillante alto funcionario del régimen anterior, reúne a todos los ex franquistas convencidos: Gonzalo Fernández de la Mora, Cruz Martínez Esteruelas, Silva Muñoz, Licinio de la Fuente, Enrique Thomas de Carranza… La violencia verbal de Fraga hace que la escasez de su credibilidad democrática llegue a la ciudadanía, que le concede apenas 16 escaños, 4 menos que al PCE, dejando a todos boquiabiertos. “Creemos en la democracia, pero en la democracia con orden, con ley y con autoridad”, dice Fraga el día en que presenta públicamente a AP, en septiembre de 1976. Se incorporan más tarde nombres de prestigio indudable como Carlos Arias Navarro o José María de Areilza, lo que hasta pocos meses antes había sido el búnker propiamente dicho.

Numerosos candidatos de Alianza Popular son consejeros de importantes entidades financieras españolas, por lo que el partido consigue gastar, según un estudio publicado por el diario EL PAÍS un año después de las elecciones, 538 millones de pesetas, aunque las malas lenguas sitúan esa cifra por encima de los dos mil millones. La subvención estatal posterior le otorga por los resultados obtenidos sólo 55 millones.

Otros ex compañeros de Fraga colaboran también en el fracaso electoral de AP.
El general Alfonso Armada es el secretario de la Casa del Rey y pide el voto para Alianza Popular a través de cartas firmadas de su puño y con membrete de la Casa Real. A este episodio le sigue otro estremecedor: durante una reunión en presencia del Rey y Suárez, Armada critica abiertamente la legalización del PCE. El Presidente le manda cuadrarse, y
Alfonso Armada dimite de su cargo en Zarzuela, todavía estando en curso la campaña electoral, oficialmente para seguir su carrera militar.

La extrema derecha está integrada por Fuerza Nueva (FN) de Blas Piñar, y Falange Española de las JONS. Estos dos partidos, que no obtienen representación parlamentaria, recomiendan votar a AP en aquellas provincias en las que no presentan candidaturas.

El centro

La Unión de Centro Democrático (UCD) es un invento de Adolfo Suárez para sacarle provecho a su imagen en las elecciones. Suárez, mediante la fusión de pequeños partidos de escasa importancia y pocos militantes, crea una fuerza política que le respalde en las elecciones. Se incorporaron a ella los siguientes grupos: Partido Demócrata Cristiano (Álvarez de Miranda), Partido Socialdemócrata (Fernández Ordóñez), Unión Socialdemócrata (Eurico de la Peña), Partido Socialdemócrata Independiente (Gonzalo Casado), Federación Socialdemócrata (José Ramón Lasuén), Partido Popular (Pío Cabanillas), Federación de Partidos Demócratas y Liberales (Joaquín Garrigues Walker), Partido Demócrata Popular (Ignacio Camuñas), Partido Progresista Liberal (Juan García Madariaga), Partido Liberal (Enrique Larroque), Partido Social Liberal Andaluz (Manuel Clavero), Partido Gallego Independiente (José Luis Melián), Acción Regional Extremeña (Enrique Sánchez de León), Acción Canaria (Lorenzo Olarte) y Unión Demócrata de Murcia (Pedro Pérez Crespo). "A buena parte de estos líderes no los conocían ni en su casa y su militancia probablemente excediera las previsibles dimensiones de un taxi, pero no las de un microbús", comentaba un diario de la época. Más concretamente, la UCD es un intento de llevar a las urnas los propósitos del grupo Tácito, que nace durante los últimos años de Franco y está formado por moderados del régimen. En noviembre de 1976 nace el Partido Popular que aglutina a personalidades muy diversas entre las que destacan José María de Areilza y Pío Cabanillas, ambos ex altos funcionarios franquistas y en ese momento ministros del gabinete de Adolfo Suárez. El congreso del Partido Popular celebrado en Madrid en febrero de 1977, tiene una envergadura notable, comparable a la del congreso del PSOE de diciembre anterior. El Partido Popular es el mayor de una coalición llamada Centro Democrático, de la que Suárez consigue desplazar a Areilza. Es un buen orador que podría hacer sombra al actual Primer Ministro, y además no es del todo moderado. De hecho acaba en las filas de Alianza Popular, el partido de derechas por excelencia. Finalmente desembarca en la coalición para dirigirla otro ministro de Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo. Éste propone la que sería la denominación definitiva del partido añadiendo el término Unión.
De los candidatos a las elecciones de la UCD un 36% es independiente —colaboradores moderados del franquismo—; del resto, un 17% procede del Partido Popular y un 12% de los demócratas cristianos. De los 165 diputados que la UCD obtiene en las urnas (34% de los votos), un 17,5% habían sido con anterioridad procuradores de las Cortes franquistas.

De los partidos de centro que no figuran en el conglomerado de la UCD destaca la Democracia Cristiana (DC), que está convencida de que va a arrasar en las elecciones. Por varias razones, la DC apenas consigue unos pocos senadores en colaboración con otras fuerzas de izquierda.

Los socialistas

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) es el que va a recoger el masivo voto de izquierdas. Tras la muerte de Franco consigue dar una imagen de juventud y de aceptación internacional, que hace que la mayoría de la población acabe identificándolo con la oposición al régimen. Del 5 al 7 de diciembre de 1976, antes de la legalización, el PSOE organiza su primer congreso tras la muerte del dictador, el primero en España tras 32 años. El XXVII Congreso del partido reunió en Madrid a personajes de la talla de Willy Brandt, presidente de la Internacional Socialista, Olof Palme, Primer Ministro de Suecia, Bruno Kreisky, Primer Ministro de Austria, Anker Joergeson, Primer Ministro de Dinamarca, el aplaudidísimo líder socialista chileno Carlos

Altamirano y el italiano Pietro Nenni. Todos ellos habían llegado para legitimar como secretario general de los socialistas españoles a Felipe González, que encabeza el partido junto a Alfonso Guerra desde el anterior Congreso clandestino de Suresnes.
    Las líneas expuestas en el congreso eran esperanzadoras para los militantes:

• Altamirano propone unir los esfuerzos de comunistas y socialistas para construir un bloque anticapitalista de clase.

• Se usan positivamente palabras como marxismo y República.

• Se rechaza cualquier posible acomodo con el capitalismo.

• Se renueva la voluntad de mantener una escuela pública única.

• Se propone administrar la justicia mediante tribunales populares elegidos por los ciudadanos; se quiere implantar en España un modelo nuevo no implantado en ningún país.

De cara al electorado, el lenguaje es extremadamente más moderado y se propone el concentrar votos. Además, el PSOE logra reunir bajo sus siglas a Convergencia Socialista, de procedencia católica, y a otras agrupaciones socialistas, como por ejemplo a los catalanes del PSC, que durante el franquismo han llevado una vida prácticamente autónoma.

Felipe González no conecta en cambio con el Partido Socialista Popular (PSP) de Enrique Tierno Galván, teóricamente más radical, pero que atrae en la práctica un voto más intelectual y obtiene 6 escaños en las elecciones. La simpatía y el carisma de Felipe González junto al populismo de Alfonso Guerra, son en buena parte los responsables de que el PSOE logre el 29% de los escaños del Parlamento (118) el 15 de junio.

Los comunistas. Legalización del PCE

El Partido Comunista de España (PCE) había sido identificado durante todo el régimen franquista con la oposición, porque así lo había querido el propio sistema, y así lo había creído la mayoría de la población. A diferencia del PSOE, el PCE no había renovado su dirección política, encabezada por “Pasionaria” en la presidencia y Santiago Carrillo en la secretaría general. Dichos personajes han sido, durante el régimen, míticos para los militantes clandestinos, que sufrieron una ligera decepción cuando, durante la campaña electoral, vieron que a Carrillo le faltaba gancho necesario para conectar con los jóvenes y con el nuevo electorado potencial. Esta falta de carisma se manifiesta en un lenguaje relativamente moderado, como ya hemos visto, que si bien ayuda sin duda al desarrollo pacífico de la democracia, deja al PCE con sólo 20 escaños en las nuevas Cortes. Según un estudio publicado por el diario EL PAÍS un año después de las elecciones, el PCE se gastó 150 millones de pesetas en la campaña electoral, y recuperó sucesivamente, gracias a la subvención estatal por los resultados obtenidos, 44 millones. Quien lo financió con créditos fue la banca, como sucedió con los demás partidos, concretamente

el Banco de Bilbao, presidido por José Ángel Sánchez Asiaín: esta noticia se filtró y provocó tensiones en el consejo de administración del banco, cinco de cuyas sucursales sufren atentados con bomba simultáneamente en la noche del 18 de mayo de 1977.

A la izquierda del PCE se sitúa un mosaico de fuerzas (PTE, ORT, LCR, MC) que intenta absorber el voto de quienes no aprecian el sentido de moderación que reina en el PCE y en Comisiones Obreras, el sindicato comunista, cuyo secretario general no apoya la huelga general organizada para el 16 de mayo de 1977 en Euskadi porque “en el momento actual, cuando las libertades son todavía frágiles, creemos que el objetivo fundamental de la clase obrera es consolidar y desarrollar las libertades. Toda actuación que venga a desestabilizar es contraria a la clase obrera” . Las fuerzas de extrema izquierda se quedarán sin representación en las Cortes.

En cuanto a la legalización, éste fue el objetivo principal del PCE tras la muerte de Franco. En tanto que se aceleraba el progreso de la democratización, la desesperación del búnker se iba agudizando. Inmediatamente después de que Suárez hiciese su primera declaración comprometiéndose al cambiar las tornas, había comenzado un plan de la extrema derecha destinado a la desestabilización de España.

En febrero de 1977 dio comienzo el proceso de legalización de los partidos políticos. El escollo mayor lo representaba el PCE. Para el búnker y el ejército, la legalización del comunismo significaba el desmoronamiento de todo por lo que habían luchado desde la sublevación de 1936. Por otro lado, la democracia no podría ser completa se excluía un partido de la importancia del PCE. Además, tanto Suárez como los líderes de los demás partidos confiaban en que, al haber llegado con retraso a la palestra, el PCE dispondría de un apoyo popular menor del que esperaba.

El 27 de febrero Suárez estaba ya preparado para verse con Carrillo. A cambio de la legalización, Carrillo aceptó reconocer la monarquía, adoptó la bandera monárquica y ofreció su cooperación para llegar a un futuro pacto social. El 9 de abril, cuando la mayoría de la élite política y militar se hallaba fuera de Madrid por las vacaciones de Semana Santa, Suárez anunció la legalización del PCE.

Esto condujo a la última y más seria crisis en el camino hacia la democracia. El almirante Gabriel Pita da Veiga, ministro de Marina, presentó la dimisión como protesta por la legalización. Se rumoreó que los ministros de Aviación y del Ejército y cierto número de jefes militares importantes habían dimitido también. Ciertamente, la hostilidad del ejército contra Suárez será desde entonces un hecho, y, como mostrarán los acontecimientos de 1981, nunca disminuirá. El Consejo superior del Ejército encajó la noticia de la legalización con una demostración de reticente disciplina y patriotismo. El Rey y Gutiérrez Mellado hubieron de trabajar duro para contener la crisis.

El régimen de Franco llegó realmente a su fin el 15 de julio de 1977. El fin había estado cerca durante muchos años, pero había faltado el método. La decadencia del sistema franquista había sido algo evidente durante años: desde los últimos sesenta, un número cada vez mayor de antiguos franquistas comenzó a darse cuenta de ello. Por una parte, se hicieron diversos esfuerzos para adaptar el franquismo a las nuevas circunstancias sin cambiarlo demasiado. Por la otra, los repetidos fracasos en realizar la reforma convencieron a cada vez más amplios sectores de la oligarquía económica y de los monárquicos liberales de que su supervivencia dependía del cambio.

Así, los ideales de la oposición acabaron siendo compartidos, si bien de forma moderada, por algunos de sus enemigos de otras épocas. Lo que faltaba era un método por el cual pudiese llevarse a cabo la transición de la dictadura a la democracia sin que se produjesen actos violentos. En 1976 parecía que el enfrentamiento era inevitable. Si este enfrentamiento no se produjo fue sin duda gracias a la habilidad de Adolfo Suárez, al valor y a la decisión del Rey Juan Carlos, a la moderación que mostraron Felipe González, Santiago Carrillo y otros dirigentes de la oposición, y sobre todo, al buen sentido de la mayor parte del pueblo español.

7. Resultado de las elecciones. El nuevo gobierno

    Las elecciones las gana la UCD por mayoría relativa, y las urnas dan varias sorpresas: el PSOE arrasa y le quita muchos votos de izquierda al PCE, mientras que AP, que ha hecho una larga y carísima campaña electoral, obtiene unos resultados muy modestos. Los resultados electorales se hacen esperar varios días simplemente por la inexperiencia en el escrutinio de los votos.
    El 4 de julio de 1977 Adolfo Suárez jura nuevamente ante el Rey el cargo de Presidente del Gobierno, junto a sus nuevos ministros. En la fórmula de juramento por primera vez no se hace referencia al Movimiento, ni el notario mayor del Reino, Landelino Lavilla, responde eso de "Si así hacéis, que Dios os lo premie; y si no, que os lo demande" .

El nuevo gabinete, el tercero de la Monarquía, y el primero democráticamente legítimo tras el del Frente Popular del 16 de febrero de 1936, es expresión de las diversas componentes de UCD. Hay un solo militar: el teniente general Gutiérrez Mellado, persona de talante moderado, de origen franquista pero en aquella época ya un demócrata seguro, que recibe el cargo de Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Defensa. Las otras dos vicepresidencias van respectivamente a Enrique Fuentes Quintana (economía) y a Fernando Abril Martorell (asuntos políticos), ambos altos funcionarios en tiempos de Franco y ahora políticamente independientes, moderados y senadores designados por el Rey.

Otros ministros son Francisco Fernández Ordóñez (Hacienda), socialdemócrata asimilado a UCD que tendrá una impresionante carrera política, Alberto Oliart (Industria y Energía), independiente, muy estimado por el Rey como se verá más tarde, Joaquín Garrigues Walker (Obras Públicas), empresario liberal integrado a la UCD y Landelino Lavilla (Justicia), ya ministro en el anterior Gobierno y por lo tanto senador por designación del Rey.
Son dos los objetivos principales de las Cortes recién elegidas: dar una solución a la dramática situación económica y social del país y elaborar una Constitución que formalice la renovada situación democrática.

8. La economía. Los Pactos de la Moncloa

Los Pactos de la Moncloa son un acuerdo entre todas las fuerzas políticas parlamentarias para arreglar la alarmante situación económica. Probablemente se trate del punto más débil de la transición.

    En 1977 la situación económica es esta:

• En un país en el que el 66% de la energía es importada, la crisis petrolífera de 1973 ha pasado desapercibida, es decir, los últimos gobiernos de Franco no han tomado ninguna medida frente a la subida del barril de petróleo que pasa en doce meses de 1,63 a 14 dólares.

• Las exportaciones cubren el 45% de las importaciones, el país carece de recursos para mantener sus intercambios con el exterior y pierde 100 millones de dólares diarios de reservas exteriores.

• Se acumulan entre 1973 y 1977 14.000 millones de dólares de deuda exterior, lo que representa un importe superior al triple de las reservas de oro y divisas del Banco de España.

• La inflación está a niveles inauditos: del 20% de 1976 se pasa a mediados de 1977 al 44%, frente al 10% de promedio de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo).

• Las empresas tienen deudas de centenares de miles de millones de pesetas, lo cual contribuye a que el paro empiece su largo crecimiento: ya se sitúa en 900.000 personas de las cuales sólo 300.000 reciben subsidio de desempleo y seguirá subiendo hasta superar los 4 millones.

    Entre las fuerzas políticas es unánime la preocupación por esta situación y el Gobierno siente la necesidad de elaborar una solución que ponga de acuerdo a todo el arco parlamentario, es decir aplicar en este sentido una política de concentración. No hay que olvidar que desde octubre de 1973, cuando la recesión empieza a evidenciarse, son ocho los "paquetes de medidas económicas" publicados. El noveno tiene que funcionar y es Enrique Fuentes Quintana quien redacta el documento base, haciendo suya una declaración de un político republicano de 1932: “O los demócratas acaban con la crisis económica española o la crisis acaba con la democracia”.
    Durante el mes de agosto del 77 el Gobierno se reúne con los sindicatos para convencerlos de la necesidad de la moderación salarial para acabar con la inflación. Fuentes Quintana discute con el resto del Gobierno su documento base y en Octubre se redacta el texto final con los demás partidos políticos: en el fin de semana del 8 y 9 se lleva a cabo un "resumen de trabajo", como lo llama Felipe González para no darle excesiva importancia, durante los días siguientes se desarrolla ese resumen en comisiones especializadas y el día 25 de ese mes firman los Pactos de la Moncloa los representantes de los principales partidos políticos, incluidos Santiago Carrillo y Manuel Fraga, aunque éste no subscribe, lógicamente, el pacto sobre cuestiones jurídicas y políticas:

• Derecho de reunión y asociación,

• Reforma del Código Penal,

• Reorganización de las fuerzas de orden público.

    Los pactos son aprobados por el Parlamento el día 27 y su contenido se divide en medidas urgentes (contra la inflación y el desequilibrio exterior) y reformas necesarias a medio plazo para repartir los costes de la crisis, porque no sería lógico que pagasen sólo los que han estado robando durante 40 años.

Las medidas de saneamiento a corto plazo son:

• Una política monetaria que frene la expansión de la masa monetaria,

• Una política presupuestaria que reduzca el déficit público,

• La fijación de un cambio de la peseta realista que reduzca la deuda exterior, y la

• Obligación de incrementar los salarios en base a la inflación prevista y no a la pasada, con el objetivo de que los salarios no aumenten más de un 22% como promedio en 1978 respecto a 1977: se pide pues a los trabajadores que no mejoren su nivel de vida durante ese año.

• Contra el paro se presentan una serie de normas que permiten la contratación temporal, sobre todo de jóvenes que no han accedido nunca a un puesto de trabajo.

    Las reformas a estudiar son:

• La fiscal y la de la administración tributaria para que todos los ciudadanos paguen sus impuestos (en esos años muy poca gente lo hace, mientras que tras la etapa socialista, en los años 90, España es sin duda uno de los países donde más difícil es evadir),

• La aplicación de un control real a la liquidez y solvencia de los bancos y cajas de ahorro,

• La reforma en sentido flexibilizador del mercado laboral: en tiempos de Franco el despido era prácticamente imposible.

    Los efectos de los Pactos de la Moncloa son positivos en algunos sentidos y menos en otros: la inflación acaba el año en el 26,4% contra las previsiones del 80% y cerrará 1978 en el 16%. Las reservas de divisas se duplican y las cuentas de las empresas empiezan a mejorar y emprenden el camino hacia los beneficios. Las reformas a corto plazo, sin embargo, no se empiezan a discutir, según algunas fuentes a causa de la frivolidad de los ministros económicos Garrigues, Oliart, Jiménez de Parga y Sánchez de León. En la remodelación de Gobierno de febrero de 1978 ya no está Enrique Fuentes Quintana, que ha dimitido, y se encuentra muy incómodo ante dicha frivolidad. De hecho, la convierte en casus belli del conflicto con el Ministro de Industria Alberto Oliart, que se niega a la nacionalización de las líneas de alta tensión, cuya mala organización encarece mucho la energía eléctrica.
Oliart defiende así los intereses del conjunto de empresas eléctricas, UNESA.

9. La dimensión exterior de la transición española

El contexto internacional de la transición española

“Recuerdo una reunión celebrada hace algunos años en la Sección de Asuntos Europeos del Departamento de Estado, en la que uno de los diplomáticos de mayor antigüedad se dirigió al jefe de planificación de la sección y le preguntó: “¿Qué va a hacer? Tenemos a Adenauer con más de ochenta años, a De Gaulle que es octogenario, a Tito que tiene ochenta y tantos, a Franco que ya ha cumplido los ochenta, y a Salazar. ¿Qué va a hacer con todos estos viejos? ¿Cuáles son sus planes?” El jefe de planificación de la Sección, tras cavilar unos minutos, contestó: `Bueno, estamos en contacto con las funerarias locales”. (Wells Stabler, embajador de Estados Unidos en España, 1974- 78).

Al igual que había sucedido durante la transición de la Dictadura de Primo de Rivera a la II República, en los años setenta la transición del franquismo a la democracia se produjo en el contexto de una gravísima crisis económica internacional. Como es sabido, tras beneficiarse de casi década y media de crecimiento económico europeo sostenido, la economía española, enormemente dependiente de fuentes energéticas importadas, sufrió de lleno el impacto de la crisis del petróleo de 1973. Los gobiernos de 1974- 77 se abstuvieron de implementar medidas correctoras de envergadura hasta la firma de los Pactos de la Moncloa (1977), por temor a añadir nuevos agravios socioeconómicos a los ya existentes.

El contexto diplomático y político internacional fue notablemente más favorable en los años setenta que en los treinta. A pesar de que la Guerra Fría entre los dos grandes bloques seguía dominando las relaciones internacionales, el inicio de la transición española se desarrolló en el contexto de un deshielo incipiente. La cumbre celebrada entre EE.UU. y la URSS en Vladivostok en noviembre de 1974 hizo posible un ambiente más distendido, que tuvo como fruto la firma de la Declaración sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa en julio de 1975.

La pertenencia de España al bloque occidental, merced a sus relaciones con los EEUU, constituía un hecho universalmente reconocido en vísperas de la muerte de Franco. España era una pieza de cierta importancia en el tablero geo-estratégico occidental, ya que podía actuar de plataforma de suministro y de repliegue en el caso de producirse una agresión soviética en Europa central. Al mismo tiempo, desde sus costas se podía controlar el acceso al Mediterráneo occidental, teatro de operaciones decisivo en cualquier conflicto a gran escala. España ocupaba una situación periférica en relación con el centro de gravedad europeo, pero su futuro concernía muy directamente tanto a la OTAN como a la CE, con cuyos países miembros compartía fronteras.

En los años inmediatamente anteriores a la muerte de Franco se produjeron una serie de conflictos, algunos relacionados entre sí, que aumentaron el valor geoestratégico de España para Occidente. Ante todo, la crisis económica desencadenada por la subida del precio del petróleo en 1973 convirtió al Mediterráneo oriental en una de las zonas más inestables del globo. En octubre de 1973 estalló la guerra arabe-israelí del Yom Kipur, en el curso de la cual España se negó a que la fuerza aérea estadounidense emplease las bases de uso conjunto en apoyo de Israel, aunque sí permitió la presencia masiva de aviones- cisterna. En abril de 1974 sucumbió el régimen autoritario de Portugal, abriéndose la posibilidad de que elementos pro- soviéticos gobernasen un país de la OTAN. Poco después, el Mediterráneo oriental sería el escenario del conflicto armado entre Grecia y Turquía con motivo de la disputa chipriota, que traería consigo la caída de la junta militar griega. La opinión pública griega veía en los EEUU a un cómplice del régimen anterior, debido a lo cual el nuevo gobierno optó por retirarse de la estructura militar de la OTAN. Al mismo tiempo, y con el fin de satisfacer al poderoso lobby griego- americano, la administración Ford impuso un embargo de armamentos a Turquía, la cual reaccionó amenazando con acudir a los soviéticos. Por último, los primeros años setenta conocieron un notable incremento en el peso electoral de los comunistas italianos y franceses, hasta el punto que muchos creyeron inminente su llegada al poder.

Las superpotencias

Dada la pertenencia de España al bloque occidental y a su relación especial con los EEUU, derivada del acuerdo de 1953, las actitudes norteamericanas tuvieron especial trascendencia. Para los EEUU, el objetivo prioritario en relación con España consistía en evitar que la muerte de Franco se tradujera en una alteración sustancial del equilibrio de fuerzas a favor de la URSS. Ello requería garantizar la permanencia de sus bases militares en territorio español, y a ser posible obtener el ingreso de España en la OTAN, a lo cual se oponían diversos gobiernos europeos debido a la naturaleza no democrática del régimen franquista. Obsérvese que mientras que en otros países se relacionaba a la OTAN con la defensa de la democracia occidental, en España se la consideraba principalmente un instrumento de los intereses norteamericanos. Ello se debía en parte a que, a pesar de sus objetivos fundacionales, la OTAN no siempre había predicado con el ejemplo, como demuestra la presencia de Portugal entre sus miembros, o la permanencia de Grecia tras el golpe de los coroneles.

En opinión de Henry Kissinger, secretario de Estado en el periodo 1973- 76, "la contribución norteamericana a la evolución española durante los años setenta constituyó uno de los principales logros de nuestra política exterior" . En realidad, los EEUU estuvieron dispuestos a apoyar discretamente dicha evolución siempre y cuando ésta no pusiese en peligro la contribución española al sistema defensivo occidental. Cuando tuvieron que optar entre defender sus intereses geo-estratégicos y facilitar el cambio político, no dudaron en inclinarse por lo primero, como demuestra el apoyo prestado a Marruecos en la crisis del Sahara, que podía haber desencadenado un conflicto armado de consecuencias imprevisibles para España.

Dadas las excelentes relaciones norteamericanas con Franco, cabe preguntarse si los EEUU tenían motivos fundados para desear un cambio de régimen. Por un lado, una España democrática podría integrarse finalmente en la OTAN, reforzando así el flanco sur que tanto preocupaba a Kissinger. Sin embargo, también cabía esperar que un futuro gobierno democrático español se mostrase más exigente a la hora de renovar el acuerdo sobre las bases. Al mismo tiempo, y a pesar de que ello podía perjudicar sus intereses comerciales, los EEUU eran partidarios de que España ingresase en la CE, y ello requería necesariamente un cambio político profundo. Puede afirmarse, por tanto, que eran partidarios de un cambio de régimen en la medida en que ello conllevase la plena y definitiva incorporación de España al bloque occidental.

Según Kissinger, en España los EEUU habían tenido que elegir entre "condenar al ostracismo al régimen existente o trabajar con él a la vez que extendíamos nuestros contactos y por lo tanto nuestra influencia de cara al posfranquismo" , optándose por esto último. De hecho, el presidente Richard Nixon mostró un interés creciente por España a lo largo de su mandato (1968- 74), sobre todo a raíz de su visita a Madrid en octubre de 1970, a pesar de que entonces "la transición postfranquista era un tema excesivamente delicado incluso para la alusión más oblicua". Poco después visitó Washington Lord Mountbatten, tío-abuelo de D. Juan Carlos, quien procuró convencer al presidente y a su secretario de Estado de la necesidad de apoyar al príncipe. Sus palabras surtieron efecto, y en enero de 1971 D. Juan Carlos realizó un importante viaje oficial a los EEUU. En febrero, Nixon envió a España en misión secreta al general Vernon Walters para explorar la posibilidad de que Franco coronase al príncipe en vida. Walters regresó con el firme convencimiento de que esto jamás sucedería, y con la sospecha no menos firme de que el régimen no sobreviviría a su fundador.

A principios de 1975, el embajador Wells Stabler, un liberal nombrado por el presidente Gerald Ford, obtuvo el beneplácito de Kissinger para que el presidente se reuniese con la oposición moderada durante su visita de abril, pero el gobierno de Carlos Arias Navarro se opuso tajantemente. Stabler reconocería años después que el gobierno hubiese cedido ante una toma de postura más firme, lo cual "habría supuesto un gesto - aunque pequeño - en el sentido de que sí teníamos una opinión sobre las relaciones con la oposición". Por si fuera poco, la visita de Ford coincidió con la declaración del estado de excepción en dos provincias vascas, y fue duramente condenada por la oposición comunista y socialista. Sin embargo, y a pesar de la actitud gubernamental, a lo largo de 1975 el embajador lograría establecer contacto con los principales dirigentes de la oposición no comunista, incluido Felipe González.

Los EEUU no permitieron en ningún momento que la crisis del franquismo se interpusiese en la renovación de los acuerdos sobre las bases militares en territorio español. En agosto de 1970 se firmó un nuevo Acuerdo de Amistad y Cooperación, cuya renovación resultó compleja dados los deseos españoles de elevarlo a la categoría de tratado, lo cual hubiese requerido su aprobación por el Senado norteamericano. Durante su visita a Madrid en diciembre de 1973, Kissinger logró hacer desistir al gobierno, y en junio de 1974 el príncipe D. Juan Carlos, jefe del Estado en funciones, firmaría una declaración de principios como paso previo a la renovación del acuerdo.

En octubre de 1975, poco después de las ejecuciones de cinco militantes antifranquistas acusados de delitos de sangre, los EEUU se apresuraron a firmar un acuerdo-marco con el gobierno de Arias Navarro. El primer ministro irlandés Garrett Fitzgerald advertiría a Kissinger poco después que la firma del acuerdo podía tener resultados contraproducentes tras la muerte de Franco, provocando una reacción anti-norteamericana similar a la ocurrida en Grecia tras la caída de los coroneles. Fitzgerald creía tener la autoridad moral para criticar la postura estadounidense por ser uno de los pocos gobernantes europeos que no había llamado a consultas a su embajador tras las ejecuciones por considerarlo un gesto inútil. Para Kissinger, la retirada de embajadores era un ejemplo más de la "hipocresía" de sus aliados, atribuible al hecho de que "los europeos viven en el pasado en lo que a España se refiere". Fiel a esta filosofía, en noviembre de 1975 el vicepresidente de los EEUU, Nelson Rockefeller, estaría presente tanto en el funeral de Franco como en la proclamación del Rey.

Se ha especulado mucho sobre la injerencia de los EEUU en la política interior española durante la transición, y en especial su postura ante la legalización del Partido Comunista. Es evidente que Kissinger veía en los comunistas de la Europa occidental una grave amenaza para los intereses norteamericanos. De hecho, el Secretario fue sin duda el dirigente occidental que menos confió en la viabilidad de una democracia parlamentaria en Portugal debido a la presencia comunista. Por otro lado, en sus escasas declaraciones públicas sobre el fenómeno eurocomunista, Kissinger se mostró profundamente escéptico sobre la voluntad democrática de los partidos italiano y francés. En vista de ello, no debe sorprendernos que, en junio de 1976, le comentase a Areilza con su franqueza habitual que "no vamos a decir nada si ustedes se empeñan en legalizar el PCE. Pero tampoco les vamos a poner mala cara si lo dejan ustedes sin legalizar unos años más".

A raíz de la visita real, el Washington Post se aventuró a asegurar que Kissinger había exigido la no legalización del PCE a cambio de su apoyo a la Monarquía, lo cual fue rotundamente desmentido por la Secretaría de Estado, según la cual correspondía al gobierno español determinar esta cuestión, si bien "a nuestro juicio sería absurdo tomar la legalización de un partido dedicado a principios autoritarios como indicio de progreso en un proceso democratizador" . El texto oficial no logró disipar los temores de quienes daban por segura la existencia de un veto norteamericano, entre ellos el propio Santiago Carrillo, quien afirmaría poco después que el PCE no se opondría al ingreso de España en la OTAN si así lo decidía un gobierno democráticamente elegido.

También se ha especulado sobre la importancia que para España tuvo la derrota de Ford en las elecciones presidenciales de noviembre de 1976 (que trajo consigo la salida de Kissinger de la Secretaría de Estado) y la llegada de Jimmy Carter a la Casa Blanca. La nueva Administración demócrata adoptó una postura más abierta y pragmática ante la supuesta amenaza comunista en la Europa occidental, lo cual posiblemente facilitase la aceptación de la legalización del PCE. De hecho, un informe oficial sobre el eurocomunismo elaborado para Carter en febrero de 1977 reconocería que Kissinger había exagerado sistemáticamente la importancia de dicha amenaza.

Sin embargo, la llegada de Carter a la presidencia no eliminó por completo las suspicacias norteamericanas. En enero de 1977, el vicepresidente del gobierno, Alfonso Osorio, pudo comprobar en Washington que el nuevo secretario de Estado, Cyrus Vance, era partidario de legalizar al PCE, pero no hasta después de las primeras elecciones. “Los icebergs - le comentaría- es mejor verlos. Si están sumergidos son más peligrosos".

Por motivos históricos y políticos evidentes, la cantidad y calidad de información disponible sobre la política soviética hacia España durante la transición es mucho menor que en el caso norteamericano. Los soviéticos eran partidarios de un cambio de régimen en España en la medida en que ello pudiese conllevar una modificación favorable en el equilibrio global de fuerzas. Ante todo, deseaban evitar que la muerte de Franco permitiese una mayor contribución española a la defensa occidental. La URSS no era partidaria de la implantación de una democracia de corte occidental porque podía conllevar el ingreso de España tanto en la OTAN como en la CE, lo cual según la doctrina soviética entonces vigente hubiese supuesto un incremento en la influencia de los EEUU en Europa occidental.

La postura soviética hacia España estuvo condicionada por dos grandes paradojas. En primer lugar, las relaciones entre el régimen de Franco y los regímenes comunistas habían mejorado notablemente durante los primeros años setenta. En 1970, Gregorio López Bravo realizó una visita secreta a Moscú que se tradujo en un importante incremento en las relaciones comerciales, y tres años después la Alemania Oriental estableció relaciones diplomáticas con Madrid, medida que sin duda contó con el beneplácito de la URSS. Al mismo tiempo, las relaciones entre el PCUS y su teórico aliado natural en España, el PCE, se habían deteriorado progresivamente tras la condena de los comunistas españoles a la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968.

Tras la muerte de Franco, la URSS hizo todo lo posible por establecer plenas relaciones diplomáticas con Madrid. Ante todo, los soviéticos precisaban de una mayor presencia física oficial para poder observar e incluso influir en el proceso de cambio con mayor facilidad. Ello podía facilitar una relación más estrecha con organizaciones españolas afines, así como otorgar cierto margen de maniobra para actividades de inteligencia. Por otro lado, se esperaba que las relaciones diplomáticas trajesen consigo un incremento en los intercambios comerciales entre ambos países, aspecto al que los soviéticos otorgaban cierta importancia.

Los soviéticos podían haber influido en el proceso de democratización negándose a reconocer a la nueva Monarquía hasta que ésta legalizase al PCE, pero prefirieron establecer relaciones diplomáticas cuanto antes. Por su parte, el PCE no deseaba vincular públicamente su futuro a la voluntad de la URSS, y ya en diciembre de 1976 Carrillo se apresuró a anunciar que su partido no se opondría al establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y los países comunistas. El establecimiento de relaciones se llevó a cabo a lo largo de los tres primeros meses de 1977, poco antes de la legalización del PCE. El propio Suárez vincularía ambos hechos de forma sibilina al afirmar en su mensaje televisado del 3 de mayo que "sería paradójico que cuando hemos establecido relaciones diplomáticas plenas con los países del Este, mantuviésemos al margen de la ley a aquellos comunistas del interior que aceptan una convivencia legal".

En última instancia, el gobierno de la URSS necesitaba el establecimiento de plenas relaciones más que el gobierno español, ya que lo fundamental para éste último era el reconocimiento de las democracias occidentales. Por sorprendente que parezca, según el testimonio del entonces ministro de Asuntos Exteriores, lo único que realmente obstaculizó la normalización de relaciones fue el llamado “oro de Moscú”, enviado a la URSS por el gobierno de la II República durante la guerra civil.

Los Gobiernos Europeos

En vísperas de la muerte de Franco, la postura de las principales potencias de la Europa occidental ante una posible democratización española era cualitativamente distinta a la de los EEUU. Mientras que para éstos el problema español era fundamentalmente un problema de seguridad, para los gobiernos europeos era prioritaria la dimensión política. Entre otros motivos, ello se debía a que, dada su inferioridad militar, Europa -la "superpotencia civil", en expresión de Johan Galtung- se veía obligada a recurrir a incentivos de tipo económico y político para influir sobre otros estados. En contraste con la postura norteamericana, a lo largo de la transición los gobiernos europeos -y muy especialmente el alemán- apoyarían activamente el proceso de democratización español. Refiriéndose a esta actitud colectiva, Schmidt ha escrito que "pensábamos que en España las circunstancias eran especialmente propicias para un giro hacia la democracia, y apoyamos a todos los partidos democráticos y sindicatos hasta donde pudimos".

No debemos olvidar, sin embargo, que los gobiernos europeos habían convivido con la situación existente en España hasta 1975 sin excesivos sobresaltos. Durante años, y gracias a la presencia norteamericana en las bases españolas, Europa se benefició de la aportación del régimen de Franco a la seguridad occidental sin tener que ofrecerle nada a cambio. Por otro lado, a partir de la década de los sesenta, en los ámbitos gubernamentales europeos se impuso la teoría según la cual la mejor forma de contribuir a una futura democratización de España era propiciar su desarrollo socioeconómico, ya que su aislamiento sólo conduciría a la resistencia numantina de sus dirigentes y al sufrimiento de la población. Evidentemente, resultaba más fácil compatibilizar los intereses económicos de las grandes potencias europeas con la primera de estas soluciones que con la segunda.

A pesar del notable aumento en las relaciones comerciales registrado en los años sesenta, los gobiernos europeos mantuvieron las distancias respecto del régimen franquista. Prueba de ello es que ningún jefe de Estado ni de gobierno de la Europa occidental visitó oficialmente España durante estos años. El nombramiento de D. Juan Carlos como sucesor en 1969 modificó sustancialmente la situación, ya que permitió a los gobiernos europeos invertir en el futuro sin tener que asociarse excesivamente con el régimen todavía existente. En octubre de 1970 el príncipe realizaría un primer viaje oficial a Francia, y tres años después sería recibido por las autoridades alemanas. Ello contrasta con la actitud de gobiernos como el sueco, que todavía en junio de 1976 se negaría a invitar a los Reyes de España a la boda de su monarca.

A principios de los años setenta, y en contraste con la postura norteamericana, los gobiernos europeos comenzaron a intervenir de forma sistemática en apoyo de los dirigentes de la oposición democrática, amenazando al régimen con el escándalo internacional. Desde el punto de vista del régimen, esta presión supuso un incremento notable en el coste de la represión, lo cual se tradujo en una mayor tolerancia para con la oposición moderada, generalmente bien relacionada con el exterior. Ya en abril de 1970, el ministro de Asuntos Exteriores y vicecanciller alemán, el liberal Walter Scheel, exigió que se le permitiese recibir a los dirigentes de la oposición moderada durante su visita oficial a Madrid. El gobierno español accedió al encuentro para no perder el apoyo alemán en las negociaciones con la Comunidad entonces en curso, lo cual permitió a Bonn hacer explícito su reconocimiento de la existencia de una alternativa democrática al régimen de Franco.

En ocasiones, la presión exterior cosechó éxitos notables. En enero de 1971, González, Múgica y Redondo fueron detenidos y acusados de asociación ilícita, siendo liberados poco después gracias a la rápida intervención de la embajada alemana. En julio de 1975, en el curso de una entrevista celebrada durante la Conferencia de Helsinki, el canciller Schmidt pidió a Arias Navarro que le restituyese el pasaporte a González, petición que fue atendida. Dos meses después, el embajador alemán, al habla con D. Juan Carlos, obtendría la puesta en libertad de Yáñez, que había sido detenido por hacer declaraciones contrarias al régimen durante una visita a Suecia. En cambio, la presión europea no lograría evitar las ejecuciones de septiembre de 1975. Como vimos anteriormente, los principales gobiernos europeos llamaron a consultas a sus embajadores, medida que tendría como respuesta la última manifestación de adhesión a Franco, celebrada en la Plaza de Oriente el 1 de octubre de 1975.

Los gobiernos europeos dejaron constancia de su condena al régimen absteniéndose de enviar representantes de alto nivel al funeral de Franco, lo cual contrastó notablemente con la presencia de altos mandatarios en la ceremonia de proclamación del Rey, celebrada poco después. Algunos meses antes de la muerte de Franco, D. Juan había insistido ante el presidente Giscard'Estaing que “usted debe apoyar la Monarquía, porque eso es lo que va a ser España; es la única solución para que no tengamos una nueva guerra civil”. Esta conversación sin duda contribuyó a que Giscard (a quien algunos críticos apodaban Giscard d'Espagne, debido a su afán por inmiscuirse en los asuntos españoles), accediese a estar presente en la proclamación, a cambio de lo cual se le dispensó un tratamiento especial. También destacó por su importancia la presencia del presidente alemán Scheel, así como la del príncipe Felipe de Edimburgo, permitida por el gobierno laborista gracias a la intervención de la familia real inglesa.

Tras la muerte de Franco, la libertad de maniobra de los gobiernos europeos y sus posibilidades de influir en el proceso español aumentaron notablemente. El gobierno de Bonn se mostró especialmente activo, buscando una salida democrática al franquismo que conllevase la creación de un partido socialista de amplia base capaz de contener a los comunistas y de constituir a medio plazo una auténtica alternativa de gobierno.

Durante el primer gobierno de la Monarquía, la embajada alemana colaboró activamente con el PSOE en su estrategia de “conquista de parcelas de libertad”. Así, en diciembre de 1975 el embajador alemán se quejaría a Areilza de que el canciller Schmidt recibía presiones de su partido, el SPD, cada vez que el gobierno español actuaba contra el PSOE, como acababa de hacer con motivo de una concentración ante la tumba de Pablo Iglesias. En ocasiones, el sentido de la cadena de reacción formada por el SPD, el gobierno alemán, la embajada alemana, el gobierno español y finalmente el PSOE, podía invertirse. En marzo de 1976, por ejemplo, la decisión del PSOE de unirse a la llamada Platajunta, en la que también estaba presente el PCE, alarmó profundamente al gobierno, cuya estrategia tenía como objetivo la división de la oposición. Areilza no dudo en llamar al embajador alemán "para decirle que el PSOE no cumple lo que pactó con la socialdemocracia en Bonn respecto al partido comunista", con la esperanza de que su gobierno actuase cerca de los dirigentes del SPD, para que, a su vez, transmitiesen el mensaje a sus correligionarios españoles. En ésta ocasión, al menos, la gestión no tuvo el efecto deseado por Areilza, ya que según el embajador alemán, el gobierno del SPD podía influir sobre el PSOE, "pero no del todo".

NOTAS:

Discurso de coronación del rey Juan Carlos I (22 Noviembre 1975)

Discurso de Adolfo Suárez ante las Cortes tras la aprobación de la Ley de Asociaciones

Declaraciones realizadas por Juan Carlos I al diario estadounidense Newsweek durante su primer viaje oficial a los EE.UU. como rey de España

Declaraciones realizadas por el ministro Manuel Fraga al mismo periódico

Afirmación del propio Suárez respecto a su ley de reforma

Declaraciones aportadas por los biógrafos de Fernández miranda

Mensaje al pueblo español de Suárez emitido por televisión

Declaración del papa pablo VI poco tiempo después de la muerte de Franco.

Manifiesto fundacional de ETA

EL PAIS, 1976

Declaraciones oficiales de CC.OO. de cara a la huelga general en Euskadi

Fórmula tradicional para jurar los cargos oficiales en la dictadura

Kissinger, H: The White House Years (Ed. New York, 1982)

Idem

D. Eaton, S: The forces of freedom in Spain 1974-79: A personal account (Ed. Stanford,1983)

21.Sáinz Rodriguez, P: Un reinado en la sombra (Barcelona 1982). En sus memorias, Giscard recordaría "la mañana del 27 de noviembre de 1975, cuando fui a Madrid, el único de los dirigentes europeos, llevando tras de mi al presidente Scheel, para saludar al renacimiento de la democracia española, deseando que Francia actuase algo así como de madrina". Giscard d'Estaing, V: El poder y la vida (Madrid 1988)

Cartel a favor del Sí en el referéndum

Carrillo y “Pasionaria”

Firmantes de los Pactos de la Moncloa

F. González y A. Guerra

Arias Navarro y Fraga