EL ESTADO y LOS CAMPESINOS

La cuestión de la relación Estado-campesinos involucra prioritariamente el problema de la democracia. En el centro del discurso político oficial, así como en el de las organizaciones populares y campesinas en particular, está la cuestión de la democratización del sistema del Sistema Político Mexicano.

Al hablar de la democratización de la sociedad rural, distingo entre aquel proceso que emana de los actores sociales en sus esfuerzos por convertirse en sujetos de su propio devenir y algunas políticas estatales que buscan , modernizar las estructuras de poder en el campo, o sea, democratizar mecanismos de tomas de decisiones y fomentar la participación ciudadana.

Se Rompe el monopolio Priísta sobre la Organización Campesina:

La lucha por la democracia, comprende la defensa que, sin organización, los jornaleros agricolas hacen de su salarIo, la denuncia y sustitución de un comisariado ejidal corrupto, la reflexión social inspirada por la teología de la liberación, las reuniones de las mujeres para entender que pasa más allá del camal y el lavadero, y para desarrollar sus propios proyectos, etcétera.

Debe de considerarse al movimiento campesino de las ultimas décadas como una lucha por la democracia, en el sentido de que forma parte de una corriente más amplia, con un proyecto de país distinto al del partido en el poder, impuesto a pesar de no ser mayoritario en las elecciones de 1988.

En el periodo de Luis Echeverría Álvarez, el movimiento campesino en auge se expresó en múltiples movilizaciones y tomas de tierras y condujo al surgimiento de varios frentes regionales de composición mixta (obrera. campesina, estudiantil y popular). en Oaxaca, Durango, Zacatecas, Puebla, Chihuahua etcetera.

En el campo, a lo largo de los setenta las organizaciones disidentes fincan su identidad en su independencia del PRI, por lo que se proclaman independientes, concepto que entre 1970 y 1988 marcaría una línea divisoria absoluta entre dos alas del movimiento campesino: el independiente y el oficial corporativo.

El auge del movimiento en los setenta se explica tanto por la situación económica como por la crisis de legitimidad de las organizaciones tradicionales (CNC, CCI y otras ligadas al PRI) y por los espacios abiertos por la política neopopulista y agrarista del gobierno de Echeverría.

Al declararse, durante el gobierno de José López Portillo, terminada la fase distributiva de la reforma agraria y los reclamos por la tierra desatados por el discurso de Luis Echeverria Álvarez no tuvieron más respuestas que la represión, esta virtual desincorporación anticipada de la reforma agraria, las organizaciones formadas a principios de los setenta que anteriormente se expresaban sólo local o regional mente, buscaron mecanismos de coordinación nacional.

Así, en 1979 nació la Coordinadora Nacional del Plan de Ayala (CNPA el lema adoptado en un principio por la CNPA: hoy luchamos por la tierra, mañana por el poder", indica que su objetivo inmediato era la solución de los problemas agrarios su composición era más bien de campesinos pobres con o sin tierra, jornaleros y solicitantes de tierra.

Ante las respuestas negativas a las demandas planteadas, el endurecimiento de la política agraria y el aumento de la presión el lema inicial "hoy luchamos por la tierra, mañana por el poder, se transformó en "Hoy luchamos por la tierra y también por el poder", lo que expresa una politización de las demandas agrarias.

No fue la primera vez en la historia agraria de México que importantes núcleos de campesinos organizaos buscaron trascender la política meramente agraria para transformar la desigual estructura agraria o enfrentar políticas pro empresariales que lesionaban no sólo sus intereses sino los de la nación. El surgimiento de la UGOCM en el noroeste del país al final de os cuarenta representaba una respuesta a la política alemanista.

La Central Campesina Independiente surge en 1963 en el contexto del Movimiento de Liberación Nacional, que a principios de los sesenta aglutina a las tuerzas democráticas del país.

Los conflictos se agudizaron en coyunturas electorales. En aquellos momentos, el movimiento popular se encontraba polarizado entre, por un lado, los que no ponían gran interés en los procesos electorales dado el clima de constantes violaciones a la democracia y a los derechos humanos y tenían mayor presencia en los problemas cotidianos de las organizaciones y, por otro, los partidos políticos poco presentes fuera e las coyunturas electorales.

La Lucha por el Control del Proceso Productivo:

En los últimos años y de manera paralela al final del reparto agrario han surgido numerosas organizaciones de pequeños y medianos productores cuyas demandas son, entre otras, mejores precios para sus cosechas, subsidios a los insumos agrícolas, disminución de las tasas de interés, democracia en sus organizaciones y participación en las instancias donde se toman las decisiones relativas al sector agropecuario. Se trata de campesinos que luchan por no desaparecer ante la competencia de las grandes empresas agrícolas, y para quienes la índustria nacional en plena recesión no ofrece alternativas de empleo. Algunas de estas organizaciones surgieron independientes, otras como escisiones de la CNC o a partir de procesos de democratización en el ceno de esa central. En muchos casos, después de obtener la tierra los campesinos recién dotados, ante la oposición y hostilidad manifestadas por la banca y las organizaciones oficiales. tuvieron que seguir luchando para organizar la producción.

Desde principios de los años ochenta, las organizaciones de productores son las que demuestran mayor capacidad e movilización y negociación, igual que en la lucha por la tierra, se ha dado en los últimos años un reagrupamiento de múltiples núcleos aislados de organizaciones locales de productores.

Otra modalidad de organización son las coordinadores sectoriales, de productores forestales, cafetaleros, maiceros, etcétera, que sean constituido en espacios de análisis y elaboración de alternativas entre campesinos de determinada rama de la producción para posteriores negociaciones con el Estado.

Lo que da una idea de la envergadura de las luchas sociales en el campo y del encarcelamiento como una de las respuestas, es la amnistía proclamada durante el gobierno de Salinas de Gortari, mediante la cual se liberó a más de 1300 personas hasta junio de 1989.

Por su parte las mujeres campesinas, tanto en los organismos nacionales como en los locales y regionales, han iniciado un proceso de intercambio de experiencias y de organización. No sólo acompañan a sus maridos en la lucha por la tierra; se organizan para crear fuentes de trabajo, obtener servicios, y resolver problemas de salud y educativos más desatendidos que nunca por un gobierno que ha disminuido los programas de asistencia social.

Cuando se habla de la politización de las demandas campesinas, sea por la tierra o las cuestiones productivas, me refiero a la exigencia de respeto a la participación en la vida política local y municipal, en la elección de representantes de los gobiernos de los ejidos, de las comunidades y de los municipios. Sin la derrota de los caciques que ocupan estos puestos no es posible neutralizar a los terratenientes que sobornan a las autoridades militares y civiles para defender su situación legal.

No es posible hablar de democratización rural en México sin una referencia a la participación campesina en las elecciones de julio de 1988 para elegir presidente de la republica e integrantes del Congreso de la Unión. Amplios sectores de la población y analistas políticos están convencidos que el candidato del PTI perdió las elecciones. El que en México Jamás altas tasas de participación de participación v política se hayan presentado tradicionalmente en zonas rurales obedece fundamentalmente a dos factores: por una parte al recurrente corporativismo y al control del estado sobre los distintos servicios y recursos, y por la otra, a la manipulación y alteración de los resultados electorales.

Según los datos oficiales, si bien dos millones de campesinos votaron por la oposición, el PRI obtuvo más de las dos terceras partes del total de votos rurales.

La Política Agropecuaria Salinista:

La política económica del gobierno salinista se ha definido, desde los primeros momentos de su campaña electoral, como de modernización. En lo económico la modernización equivale a una cada vez mayor integración de la economía al mercado mundial. A esta política corresponde la apertura de nuestras fronteras al comercio internacional mediante la firma del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT), la contradicción de un volumen cada vez más importante de créditos extranjeros en vez de la moratoria de la deuda externa, la lucha contra la inflación a través del Pacto de Solidaridad con Miguel de la Madrid Hurtado y ahora el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico, fundamentalmente impuestos para crear mejores condiciones para el desarrollo del comercio exterior, por una parte, y mantener el tope salarial por la otra.

Otros rasgos de esta política que corresponden a una tendencia mundial y que son resultado de los lineamientos impuestos por el Fondo Monetario Internacional, lo constituyen el adelgazamiento del Estado a través de la privatización de las empresas paraestatales y la reducción del gasto público sobre todo en las áreas de beneficencia social.

En el campo, la política salinista no se distingue mucho de la del régimen anterior. Las diferencias más cualitativas son de ritmo. El efecto de privatización iniciado en el periodo de Miguel de la Madrid se aceleró, bajo el mando del sector agropecuario y forestal estatal existían 101 empresas. ;i hasta marzo de 1990 se realizó la venta o liquidación de 54 y otras 11 estaban en proceso de ser transferidas, las empresas industriales de CONASUPO fueron vendidas a la iniciativa privada y la paraestatal se retiró del control de precios de garantia de todos los productos básicos menos el maíz y el frijol.

La política agropecuaria tiene dos facetas:

Por un lado, el proyecto predominante para la agricultura "en serio": inversiones de maquiladoras, agricultura comercial, reducción de la participación estatal en la regularización de precios y en la producción de unidades agro industriales mixtas bajo control de la iniciativa privada, inversiones extranjeras, integración al mercado internacional, apertura del mercado e importación indiscriminadas de productos agrícolas, etcétera.

Por otro lado, una política fundamentalmente asistencialista, orientada a los marginados, a suavizar las contradicciones que el proceso. predominante genera,. a retener a la población rural pauperizada en las zonas de origen: o sea: el Programa Nacional de Solidaridad.

Los nuevos Términos de la Relación Estado-Campesinos:

En el marco de la nueva política agropecuaria que se manifiesta desde el gobierno de José López Portillo, existe mayor margen de negociación del gobierno con las organizaciones que luchan en el terreno de la producción que en el agrario. Esta situación ha repercutido en la política de impulsar la producción de granos básicos en las regiones de mayor potencial productivo para lo cual se requiere renovar los viejos cuadros del PRI, de las organizaciones tradicionales (CNC, CCI, CAM, etcétera), ligados a la mediación de los problemas de los campesinos y demasiado corruptos para garantizar una mínima eficiencia y a la necesidad de crear un nuevo interlocutor en el campo.

Al abandonar la bandera agrarista, la CNC se volteó hacia la organización de productores por tipo de cultivo. Sin embargo su vinculación con los grupos de poder en las zonas y su alineamiento demasiado incondicional a la política económica de Shock de los últimos gobiernos aceleró el proceso de rechazo y desafiliación de los productores a esta organización y la búsqueda de alternativas.

Es más evidente durante el gobierno de Salinas de Gortari que en los dos anteriores el reconocimiento de un nuevo actor social. Esta nueva relación se establece a través de la concertación. es decir, el financiamiento de proyectos económicos de las organizaciones. Si bien el vocablo es nuevo en el discurso y la practica política mexicana, su novedad radica sobre todo en el reconocimiento por parte del Estado de las organizaciones independientes como nuevo interlocutor. Por lo tanto, la concertación se constituye en uno de los terrenos donde se confortan los proyectos de democracia el que proviene de la base con el proyecto estatal.

Un corporativismo social tendría que descansar en el reconocimiento de la autonomía política de las organizaciones sociales respecto al estado, pero también en la necesidad de crear alianzas con él y no de fundirse con él.

En respuesta a los intentos de unificación del movimiento campesino a través del Convenio de Acción Unitaria (CAU) firmado en noviembre de 1988 por varias organizaciones independientes el Ejecutivo respondió llamando a la constitución del Congreso Agrario Permanente (CAP). Mientras el CAP es visto por unos como un foro donde procesar acciones en común, definiciones programáticas y negociaciones globales, otros ven en el un intento de corporativizar a la vieja usanza a las organizaciones allí reunidas.