INTRODUCCIÓN

El sistema penitenciario en México ha sido objeto de estudio en diversas ocasiones debido a que se encuentra en un periodo de crisis por factores como: un alto índice de corrupción, hacinamiento, violaciones a los derechos humanos, saturación, etc.

Ni todos los delincuentes están en prisión, ni todos los reclusos son delincuentes. Esta es una aseveración popular que alude tanto al fenómeno de la impunidad como a los desaciertos de la justicia penal, agravando sistemáticamente la injusticia que recae prioritariamente en los ciudadanos más desprotegidos.

Vivimos una crisis de credibilidad hacia las instituciones. La parcialidad con la que actúan y la autonomía que debería gozar el Poder Judicial con respecto del Legislativo y Ejecutivo parece todavía muy lejana.

Con frecuencia escuchamos la preocupación de las autoridades por la inseguridad que rodea a los ciudadanos, y buscan solucionar esta "inseguridad" mediante el endurecimiento de las leyes. Sin investigar lo que no funciona en nuestras instituciones de procuración e impartición de justicia, qué hace que la delincuencia, a pesar de todo, no disminuya.

Los ciudadanos que por alguna circunstancia se ven en la necesidad de acudir

a estas instituciones y deciden presentar una denuncia ante el Ministerio Público, deben ir cargados de una gran dosis de paciencia, pues este sencillo trámite puede tomar un promedio de seis o más horas. Ahora, si por algún motivo fueron detenidos por algún cuerpo de Seguridad Pública, Policía Judicial o Ministerial, es la palabra del ciudadano frente a la del policía (esta última, tomada como la verdadera, a pesar de que en muchas ocasiones no se cuente con pruebas suficientes, o éstas sean obtenidas bajo tortura, amenazas o recabadas deficientemente), que priva de la libertad a las personas, consignadas ante el juez para que ejercite acción penal.

Esto puede solucionarse si el ciudadano en proceso cuenta con dinero y además contrata a un buen abogado. Es decir, la sociedad civil interpreta la parcialidad con la que actúan como algo inherente al Poder Judicial, esta circunstancia desalienta la denuncia de los delitos y violaciones, porque las víctimas no creen en el buen uso de su denuncia. Según reportó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un 40 por ciento de los presos considera inútil quejarse por maltrato ante las autoridades, porque sólo consiguen insultos, golpes, confinamiento o, en el mejor de los casos, caso omiso.

Una vez terminada la Averiguación Previa, se ejercita la acción penal contra el presunto responsable del delito. Ahí inicia el proceso penal y la libertad se pone en serio riesgo. Esta situación coloca en gran vulnerabilidad a cualquier persona, pues aunque en el derecho penal de todos los países democráticos se presume la inocencia del procesado hasta que no se demuestre su culpabilidad, no ocurre así en la realidad. El procesado tendrá que demostrar su inocencia, para lograrlo, en gran medida depende de los recursos económicos que tenga, contar con un abogado particular hace una gran diferencia, pues se pueden utilizar los recursos legales para desvirtuar las pruebas que hubiese aportado la Procuraduría y hacer vigentes los derechos constitucionales de su defendido. El problema es que los millones de mexicanos que pertenecen a un estrato social de bajos ingresos no pueden contratar un abogado particular. Su libertad queda en manos de los defensores de oficio, que quizá por falta de voluntad, aunada al exceso de trabajo y la falta de infraestructura, no garantizan el derecho a la defensa de los procesados.

He querido analizar este fenómeno desde un medio de comunicación de la clase media, el diario “La Prensa”; un diario bastante “satanizado” por algunos sectores de la sociedad, debido a su alto contenido de imágenes violentas y sensacionalismo que utiliza en la presentación de sus noticias; no obstante es un medio que tiene una fuerte penetración en la clase baja, media baja, media e incluso en la media alta; es por eso que quiero analizar tan polémico diario buscando la fórmula que lo hace tan popular y atractivo.

También he tomado algunas referencias del diario la jornada; este último de izquierda que tiene un impacto casi tan fuerte como lo es “La Prensa” sólo que en un sector distinto; un nivel académico superior al de los lectores de la prensa, sin embargo; es un diario bastante leído y genera opinión siendo fuente para diversos sectores políticos y sociales por sus publicaciones.

ENFOQUE TEÓRICO

Desde el punto de vista psociológico, para Rosseau es necesario evitar el caos derivando que el hombre es el lobo del hombre y la ley del más fuerte, debe existir un equilibrio donde existan leyes y normas, si estas se violan, aquél insurrecto se hace acreedor a un castigo, sin este efecto producido por alterar el orden se formaría una anomía.(*).

Podríamos incluir que la lucha de clases es un elemento importante en este conflicto social; al haber clases poseedoras de bienes; las clases desposeídas buscan equilibrar esa situación a través del robo y despojo de esos bienes, lo que incurre en delito y posteriormente el confinamiento en una prisión, aunque la socialización y en especial la primaria podría ser otro factor muy importante al transmitir e inculcar hábitos de convivencia y respeto entre los individuos, ejemplo de esto es si a un niño se le inculca que el robar es malo, o el matar también lo es, tendrá otra concepción de aquél niño que no recibió esas ideas y las tomó para sí, tampoco podemos catalogarlo como medio principal de degeneración; ya que existen muchos individuos que recibieron esos valores, hábitos y normas desde niños y que de adultos se convirtieron en delincuentes y transgresores de la ley.

No debemos olvidar el aspecto cultural que ocupa otro lugar importante en este caso, en algunos países se castiga severamente el violar la ley o los valores religiosos y eso simplemente no se piensa en la mayoría de la población , en el medio oriente se decapita a aquél que comete homicidio, se mutila a aquél que roba, se castra a aquél que viola y en esos países no se tienen problemas penitenciarios, sin en cambio en nuestro país, al haber esa flexibilidad e impunidad, podría generar menos temor a las consecuencias de los actos que se llegan a cometer.

Es esta desigualdad social que trae como consecuencia un conflicto social por esa lucha de clases existentes en México desde tiempos muy remotos, la que es motor en muchas ocasiones de los delitos que se cometen en nuestro país; aunado a todos aquellos problemas que aquejan a nuestra sociedad como la corrupción y la impunidad principalmente, sin justificar las conductas reprobables que originan los delitos que se cometen al por mayor tanto en esta ciudad como en los lugares más recónditos de la república mexicana, un hecho lamentable es que muchos delitos no son externados ni denunciados y por lo tanto quedan impunes, motivo de ello: la ignorancia, el miedo, la compasión, o amenazas.

MODELO DE COMUNICACIÓN

SE TOMA REFERENCIA DE LA NOTA PUBLICADA EL DOMINGO 21 DE ENERO DEL 2001 RELACIONADO A LA FUGA DEL CHAPO GUZMÁN EJEMPLAR #26,460

K. J. Berlo, uno de los pilares de la Teoría de la Comunicación, propuso este modelo:

El emisor.- Mario Martínez

manda un mensaje a través de un vehículo, “el diario la Prensa”

Y el receptor, los lectores,

reciben el mensaje.

Existen otros elementos que encontramos en otros modelos; como lo son:

¿Quién dice? Mario Martínez (Organización Editorial Mexicana)

¿Qué? Se investigará hasta las últimas consecuencias la fuga del “Chapo”

¿A quién? A los lectores del diario “La Prensa”

¿Bajo que circunstancias? En el lapso de incertidumbre por la fuga del narcotraficante y cuando es de interés general.

¿Con qué intenciones? Mantener informada a la audiencia con una cierta línea y con elementos regulados, fuentes oficiales y elementos que no creen duda o incertidumbre.

¿En qué canal? La Prensa Escrita.

¿Con qué efectos? Los lectores tendrán una visión de lo ocurrido a partir de “lo que les están presentando” y generarán opinión.

ANALISIS DEL PROBLEMA SOCIAL

En las publicaciones analizadas se puede observar claramente una tendencia donde ponen en duda la autoridad penitenciaria y muestran vejaciones de las que son objeto los reclusos, cabe señalar que se hace con especial cautela de no dañar la imagen de la s autoridades superiores; el problema queda simplemente en las autoridades del penal (locales) un ejemplo de ello es en la fuga del capo Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” (**) donde se hace mención que huyó en un camión de basura y que el director de Cefereso y otros 33 custodios están detenidos, se teme guerra de narcos. En este periódico se enfatiza la forma en la que se fugó, indicando aproximadamente la hora, y las actividades que se desarrollaban en el penal al momento del escape.

La Comisión de Derechos Humanos siempre esta al tanto de los posibles abusos por parte de autoridades hacia los detenidos, ¿ hasta qué punto es capaz la autoridad moral de calificar un abuso en contra de alguien que cometió un mayor abuso? ¿qué tanto defiende a un violador de los derechos humanos que se atente contra sus garantías individuales?.

Dando seguimiento a la noticia de la fuga de “El Chapo” en el ejemplar siguiente (***) se culpa a los jefes del penal de presión hacia los custodios, que los segregaban y torturaban psicológicamente para que se corrompieran (CEDH), y que la fuga fue la gota que derramó el vaso que se venía llenando desde un año atrás.

Publican que las propias autoridades federales admiten que esa fuga fue obra de la corrupción, y en su editorial dan ésta opinión:

“La escandalosa fuga de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” del penal de máxima seguridad de puente grande, ha venido a revelar un estado profundo de corrupción que impera en esos lugares y todo indica que permea todos los niveles.

No puede entenderse cómo este peligroso individuo pudo cruzar puertas y atravesar patios carcelarios sin la complicidad de quienes dentro y fuera de la prisión le facilitaron la huida, supuestamente a plena luz del día y mediante la utilización de un camión de basura, tras lo cual se pierde la pista. Ya en almoloya se había entrevisto la existencia de una corrupta red, con la filmación y distribución de material pornográfico grabado en el área de la visita conyugal.

Sin embargo, la escapatoria del traficante viene a rebasar todo lo imaginable. La detención preventiva del director del penal de Puente Grande y de 33 custodios está justificada, pero aquí habría que ver quiénes tienen la culpa y quiénes no, ya que sólo con su participación pudo ser posible la salida absolutamente tranquila, si nos atenemos a todas la crónicas del suceso.

Después del niño ahogado, todas las autoridades federales y locales se han movilizado tanto en aquella prisión como en otras igualmente de alta seguridad. Pero la fuga no se dio de improviso sino que sus antecedentes datan de por lo menos hace un año.”

Con esta nota editorial podemos definir que si se ataca a los posibles culpables pero no en forma directa ni tajante, pareciera que sólo manejan información de entrada y le dan vueltas y vueltas sin llegar a una verdadera investigación o una suposición como lo haría el periódico “Reforma” el cual interpreta sus propias ideas e incluso llega al ataque en forma directa.

Las formas de autogobierno en las cárceles, que frecuentemente nacen de la colusión entre autoridades y los ``líderes'' de los presos, convierte el sistema penitenciario en un polvorín. De marzo de 1994 a marzo de 1996 ninguna de las entidades federativas resultó exenta de motines (disturbios en términos jurídicos), al registrarse más de 50, revelan estadísticas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Tráfico de influencias, comercio de drogas, venta de armas, coerción, violencia, abuso sexual y venta de protección son los ejes del control que los reos ejercen en los centros de reclusión del país. Sólo en el sexenio pasado hubo más de 100 muertes violentas en los nueve presidios del Distrito Federal.

El bajo nivel de instrucción de custodios y celadoras, aunado a las limitaciones del presupuesto que se asigna para la contratación y profesionalización del personal y para el crecimiento de la capacidad instalada, ahondan la desconfianza de la sociedad en las cárceles como lugar y medio de resocialización. (****)

Las limitaciones del sistema penal se reflejan en la creación de las prisiones de alta seguridad en Almoloya, estado de México, y Puente Grande, Jalisco, que para Alejandro Baratta, fundador de la Criminología Crítica y del Derecho Penal Mínimo, significan en la práctica la renuncia explícita a los objetivos de la readaptación.

``Son la reafirmación de la función que la cárcel siempre ha ejercido y continúa ejerciendo: la de depósito de individuos aislados del resto de la sociedad y, por tanto, neutralizados en su potencial peligrosidad.''

Sergio García Ramírez, quien desde tres décadas atrás promovió la ``humanización'' en los centros de reclusión, refiere el crecimiento de la población de internos y el ``esfuerzo'' del gobierno para atender a los 98 mil 373 hombres y mujeres a los que define como incompetentes .

``Para mejorar la atención de estos compatriotas, de estos incompetentes para la vida, el gobierno federal prácticamente ha concluido una red muy importante de 12 reclusorios en los cuales se ha cifrado la esperanza del país por lo que toca a su proceso penitenciario.''

``Nuestros centros, es una verdad sabida, están en manos de los custodios. Lo más que existe es un gobierno policiaco, un gobierno de custodios. Los cuerpos de dirección, los cuerpos técnicos, no tienen injerencia, porque los internos y los custodios se organizan sobre todo en la noche.''

La Prensa es un periódico que tiene 72 años de vida, la sociedad que lo consume está informada de una manera completa pero no profunda, conoce los detalles, pero no llega a tener una visión completa ni analítica de los hechos que le son presentados en la forma que le son presentados; no quisiera habla de un medio de comunicaión mediocre

CONCLUSIÓN

Encerrados en 438 cárceles del país viven 98 mil 375 hombres y mujeres. El 45 por ciento de ellos no ha recibido sentencia. Procesados y sentenciados comparten los mismos espacios, práctica que la ley prohibe. Tres mil 800 son mujeres. Más de la mitad del total permanece en el ocio, porque las autoridades no han cumplido con el precepto constitucional de proveerles empleo.

La prisión mexicana en la práctica es otra, muy distinta, a lo que la Constitución Política dicta en su artículo 18, del capítulo primero, referido a las garantías individuales:

``Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de penas y estarán completamente separados. Los gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente''.

La esencia jurídica de las cárceles mexicanas está en crisis. No rehabilitan porque sus normas son: la violencia, las gabelas ilegales y el amedrentamiento.

En el Distrito Federal existen ocho centros de reclusión de carácter penal y uno de sanciones administrativas, este último es el más antiguo, fue construido hace 49 años, y el más nuevo, el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial, hace ocho años. La Penitenciaría tiene una antigüedad de 41 años, los reclusorios preventivos varonil norte y oriente 22 años y el sur 19. Los reclusorios preventivos femeniles Norte y Oriente y el Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan tienen 8 años de antigüedad. El paso de los años y la falta de mantenimiento suficiente y adecuado deterioraron notablemente las instalaciones, convirtiéndolas en algunos casos, como la Penitenciaría, inservibles.

Al deterioro físico se suma el espacio insuficiente. El sistema penitenciario del Distrito Federal cuenta con una capacidad máxima instalada para aproximadamente 12 mil internos, pero la población actual fluctúa entre 17 mil. La sobrepoblación se concentra en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte y en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

El deterioro de las instalaciones y el hacinamiento son factores que condicionan de manera desfavorable la eficacia preventiva de la pena privativa de la libertad y propician la violación de los derechos humanos de los internos.

No es casual que las Reglas Mínimas de Naciones Unidas aconsejen que las instituciones penitenciarias no superen los 500 internos. Los centros con esta capacidad son más fáciles de gobernar y permiten la aplicación y seguimiento del tratamiento penitenciario personalizado.

En esta investigación se manifestó la complicidad de las autoridades y del personal de seguridad y custodia que permitió la introducción de objetos prohibidos o sin seguir el procedimiento previsto en el Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Distrito Federal. Así, por ejemplo, en el Módulo de Máxima Seguridad del Reclusorio Varonil Norte había internos que disponían para sí de más de cinco estancias, jardín privado que se regaba dos veces por día, baño sauna, gimnasio, computadora y fax. En otros dormitorios del mismo reclusorio no había suministro regular de agua, los internos estaban hacinados y las instalaciones deterioradas. A principios de 1998 se desmantelaron las instalaciones privilegiadas del módulo de máxima seguridad, acción que significó una lucha contra la corrupción.

El talón de Aquiles del sistema penitenciario del país sigue siendo la convivencia entre mujeres y hombres sentenciados y procesados. La misma ley lo prohibe. La ausencia de una reclasificación de estos dos tipos de internos en las cárceles arroja como resultado que en los Ceresos y penitenciarías de 16 estados y del Distrito Federal ­56 por ciento del total­ se registre sobrepoblación.

Los últimos datos de la Dirección de Prevención y Readaptación Social de Gobernación apuntan que las entidades con mayor índice de saturación son Baja California, con 160 por ciento; Sonora, con 90; Tamaulipas, con 80; Nuevo León, con 60, y el Distrito Federal, con 30 por ciento.

Las 15 entidades restantes 44% ``no presentan problemática'', en tanto que los estados que disponen con mayor número de espacios son Jalisco y Veracruz.

Gobernación señala a la capital del país como uno de los puntos de saturación, pero Raúl Gutiérrez Serrano, director general de Reclusorios del Distrito Federal, tiene otra respuesta: ``La capacidad instalada es de 14 mil internos, hombres y mujeres; tenemos actualmente 9 mil. La capacidad es la suficiente, lo que sucede ahora es que están mal distribuidos. Lo que se debe hacer es reubicar a los internos conforme a sus grados de peligrosidad, a su estado de salud, a su grado de criminalidad.

A fines de la década pasada y principios de ésta, los niveles de sobrepoblación penitenciaria continuaron elevándose hasta rebasar en 50 por ciento la capacidad instalada. Hasta abril pasado este fenómeno no se ha revertido, a pesar de la entrada en operación de nuevos centros penales y la ampliación de varios de los ya existentes.

Para 1989 existía una población de 78 mil 147 internos ubicados en 439 cárceles, que podían dar cabida a 55 mil 781 hombres y mujeres. Las prisiones estaban saturadas en 40 por ciento. Es decir, había 22 mil 366 reclusos de más. En siete años la población penal se incrementó de 78 mil 147 a 98 mil 375.

En diciembre de 1990, la Dirección de Prevención y Readaptación Social de Gobernación reportó una población real de 93 mil 119 internos, mientras el cupo real de los 435 centros penitenciarios que existían era de 61 mil 173 personas. El índice de sobresaturación, entonces, fue de 52 por ciento.

Seis años más tarde, en abril de 1996, el registro de la misma dependencia señala que el número de presidiarios suma 98 mil 375, frente a 96 mil 956 lugares con que cuentan los 438 centros penitenciarios registrados. Del total, 4 mil 201 son indígenas y 677 extranjeros.

Para el gobierno, la población penitenciaria tiene un perfil definido, bajo las siguientes características: La mayoría es menor de 35 años de edad; 3.8 por ciento de la población total son mujeres; 53 por ciento es de procedencia urbana, y el 47 restante es rural.

El 5 por ciento de los internos está considerado como de alta peligrosidad; 75 por ciento como de media y baja; 18 como mínima, y el 2 por ciento restante corresponde a los enfermos mentales, entre los que se encuentran los inimputables (multihomicidas con afecciones psicológicas.

(*) Anomía.- Estado patológico de desorden social en donde las leyes dejan de ser aplicables u obedecidas y esto produce un estado de caos o desorden social.

(**) La Prensa Domingo 21 de Enero del 2001 número 26,460

pág.2,3.

(***) La Prensa Lunes 22 de Enero del 2001 número 26,461

(****) La Jornada 13 de Enero