TEMA 19.- LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA.-

1.- DE LA PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA (ABRIL DE 1931) A LA PROCLAMACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN (DICIEMBRE DEL 31).-

1.1.- INTRODUCCIÓN.-

La instauración del régimen republicano, como consecuencia del resultado electoral del 12 de abril, se produce en un marco europeo caracterizado por el retroceso democrático derivado de la subida al poder de fuerzas nacionalistas de carácter autoritario en diversos Estados, y por la repercusión que la crisis de Wall Street de 1929 tiene a escala mundial.

En le este europeo, la Unión Soviética se reafirma como una nueva forma de organización del Estado y de la economía, que se mantiene al margen de la crisis económica capitalista. El modelo soviético sirve como referencia a unas clases trabajadoras de los países occidentales acosadas por la escasez y el paro derivados de la crisis, que en España se hace patente desde 1932.

La II República española trata de establecer un régimen regeneracionista, democrático, descentralizado y de inspiración laica. La organización del nuevo sistema republicano tiene lugar en una España que se confronta progresivamente en dos bloques irreconciliables, en medio de una fuerte movilización sindical que trata de acelerar las conquistas sociales y de una reacción tradicionalista que adquiere formas y tonos de agresión a las instituciones democráticas.

1.2.- EL GOBIERNO PROVISIONAL.-

El 14 de abril de 1931 se proclama la II República, en medio de grandes manifestaciones populares de adhesión al nuevo régimen, con una prensa mayoritariamente republicana, en la que ABC y El Debate constituyen la excepción monárquica. La composición del Gobierno Provisional responde a la unión de fuerzas políticas del Pacto de San Sebastián. Es trata de un Gobierno de concentración republicana con la presidencia de Niceto Alcalá Zamora y con sus ministros:

Del PSOE: Fernando de los Ríos; Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto.

Del Partido Republicano Radical: Alejandro Lerroux.

Del Partido Republicano Radical-Socialista: Marcelino Domingo.

De Acción Republicana: Manuel Azaña.

El 15 de abril mediante un primer decreto-ley se proclama el estatuto jurídico del Gobierno provisional. El Gobierno Provisional actúa con el recurso legislativo de decretos- leyes para resolver algunos de los problemas urgentes de la sociedad española.

El primer decreto-ley consta de:

La celebración de juicios por responsabilidades políticas anteriores al golpe de Primo de Rivera (1923).

La libertad de creencias (culto).

La personalidad jurídica de los sindicatos.

La concesión de garantías de propiedad privada, aunque se recoge la posibilidad de la expropiación, previa indemnización, de las posesiones consideradas de utilidad pública.

La vuelta de muchos de los represaliados por el movimiento de diciembre (Jaca) es una de las notas más características de los primeros días, en los cuales el Gobierno tiene que reafirmar el carácter unitario de la República española ante los equívocos surgidos por la proclamación del Estado catalán. Alcalá Zamora viaja a Barcelona y pacta la formación de un Gobierno provisional de la Generalitat que asume las competencias económicas de las Diputaciones. Al frente de la Administración catalana se sitúa Francesc Macià, líder de Estat Catalá.

En mayo se produce una agitación anticlerical como respuesta a la pastoral del Primero de Mayo del cardenal Segura, en la que ensalza la labor realizada por Alfonso XIII respecto a la Iglesia católica, al tiempo que alienta la formación de un frente católico.

El 10 de mayo las masas republicanas intentan el asalto a la redacción del diario monárquico ABC, que ocasiona varios heridos en el enfrentamiento con la Guardia Civil. Al día siguiente se producen en Madrid las primeras quemas de conventos (el 11 de mayo), que se extienden días más tarde por las capitales andaluzas y levantinas, y se atacan también algunos periódicos locales de significada orientación monárquica. El Gobierno apenas reacciona ante estas manifestaciones, a pesar de las advertencias de Indalecio Prieto sobre sus efectos. La respuesta final es la expulsión de España del cardenal Segura y del obispo de Vitoria.

1.3.- LAS REFORMAS DEL GOBIERNO PROVISIONAL.-

• Las Reformas Militares. Los Decretos de Azaña:

Azaña plantea la reforma militar a través de una serie de medidas que tienen como objetivo hacer frente a la “macrocefalia” (excesivo nº de oficiales) del ejército derivada de las guerras coloniales y la creación de una milicia profesional de carácter políticamente neutro:

• Disminución de las divisiones existentes, que pasan de 16 a 8, lo que supone un ahorro presupuestario de 2.000 millones.

• Disolución de la Academia Militar General de Zaragoza, tachada de centro antirrepublicano, cuyo director es el general Franco.

• Pase a la reserva (cobrando el sueldo íntegro) de todos aquellos oficiales que no presten juramento de fidelidad a la República.

• Supresión del Consejo Supremo de Justicia Militar, cuyas funciones se trasladan a una Sala del Tribunal Supremo.

• Creación de un cuerpo armado, la Guardia de Asalto, policía de choque ciudadana de gran lealtad a la República.

• Reserva de un 60% de las plazas de las academias militares a los suboficiales que aspiren al ascenso.

• Reformas Laborales de Largo Caballero:

Son realizadas desde el Ministerio de Trabajo, presidido por el antiguo dirigente sindical Largo Caballero. La finalidad es dotar a los trabajadores de seguridad en la contratación y ampliar su capacidad de gestión en las empresas respecto a las condiciones de trabajo. Los decretos-leyes más significativos tienen como objetivo:

• Proteger del desahucio a los campesinos mediante la prórroga de los arrendamientos.

• Asegurar la contratación colectiva.

• Establecer jurados mixtos extendiéndolos a las relaciones laborales en el campo.

• Obligar a contratar a los peones del pueblo donde se realicen las faenas agrícolas.

• Garantizar un salario mínimo por jornada ordinaria de trabajo.

1.4.- LAS ELECCIONES Y LA CONSTITUCIÓN REPUBLICANA DE 1931.-

• Las Elecciones del 28 de Junio:

Las elecciones a Cortes constituyentes son convocadas mediante decreto-ley para el 28 de junio de 1931. Esta convocatoria se realiza mediante la modificación parcial de la ley electoral de 1907, estableciéndose en 23 años la edad para ejercer el voto. Por otra parte, se cambian las circunscripciones electorales, lo que aumenta el número de diputados elegidos por sistema mayoritario.

Ante la desunión de la derecha, que apenas tiene tiempo para reorganizarse políticamente, la unidad de la conjunción republicano-socialista y la abstención pedida por la CNT, las elecciones dan un notable triunfo a las candidaturas de centro-izquierda.

Los resultados de las primeras elecciones a Cortes constituyentes confirman la mayoría política reformista, que tiene que continuar la labor del Gobierno provisional. Destaca el incremento de los escaños obtenidos por el PSOE y por los partidos republicanos respecto a las últimas elecciones monárquicas.

El peso de los diferentes partidos representados en la Asamblea se traduce en la orientación de la nueva Constitución: los partidos republicanos aportan un sentido autonomista y anticlerical, y el PSOE, una ampliación de los derechos en los social, garantías de los servicios públicos y el cuestionamiento de la conveniencia de la propiedad privada.

Celebradas las elecciones, la primera reunión de Cortes tiene lugar en el edificio del Congreso de los Diputados el 14 de julio de 1931, como homenaje a la Revolución Francesa. Es elegido como presidente de la Cámara Julián Besteiro.

• La Constitución Republicana de 1931:

La redacción de una nueva Constitución es el objetivo de la comisión de las Cortes presidida por el catedrático de Derecho Jiménez de Asúa (PSOE). En agosto se inicia el debate constitucional, que centra la atención en las relaciones entre la Iglesia y el Estado, así como en la nueva distribución territorial del poder ( Autonomías Regionales). Finalmente, se aprueba un proyecto compuesto de 9 títulos y 125 artículos.

• Principios: en la hoja de las Constituciones.

• Comentario: Las características de la Constitución republicana son las siguientes:

Declaración de derechos: Los derechos y libertades son recogidos ampliamente y traducen una concepción moderna del Estado. La violación de los derechos constitucionales es susceptible de recurso ante los Tribunales de Garantías.

Soberanía nacional: Todos los poderes emanan del pueblo. El presidente de la República es elegido para un mandato de 6 años por los diputados y por un número igual de compromisarios. Se exceptúa la elección del primer presidente, nombrado en diciembre de 1931, cargo que recae en Niceto Alcalá Zamora. Manuel Azaña le sucede en el puesto el 10 de mayo de 1936 por el sistema previsto en la Constitución. La presidencia de la República puede disolver 2 veces las Cortes, aunque debe justificarlo ante la nueva Cámara.

Poder ejecutivo: De carácter dualista, compuesto por el presidente de la República. Los ministros dan validez de los actos del presidente de la República.

Sistema de representación: El poder legislativo está formado por una única Cámara denominada Congreso de los Diputados o Cortes, elegida por todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de 23 años. La mujer alcanza, por primera vez en España, el derecho de voto. Se establece la inmunidad e inviolabilidad de los diputados y diputadas.

5. El poder judicial: La Constitución republicana reconoce el carácter independiente del poder judicial. Se establece un Tribunal Supremo y un Tribunal de Garantías Constitucionales que tiene jurisdicción sobre los recursos de amparo y juzga los conflictos de competencias. Sus respectivos presidentes son elegidos por el Parlamento.

6. Estructura del Estado: Se garantiza la autonomía de las regiones en el marco de un Estado integral. La autonomía tiene que ser refrendada pro el Parlamento a través de la configuración de los Estatutos de Autonomía. En el futuro se aprueban los Estatutos de Cataluña (1932) y el País Vasco (1936), pero no llegan a promulgarse los de Andalucía y Galicia.

Relaciones Iglesia-Estado: Se establece la separación entre la Iglesia y el Estado. España se declara una República laica. Se suprime la retribución del clero, se disuelve la Compañía de Jesús y se secularizan los cementerios. La aprobación de algunos artículos de la Constitución produce la dimisión de Miguel Maura como ministro de Gobernación d del presidente del Gobierno provisional Alcalá Zamora. La jefatura del Gobierno provisional pasa a Azaña.

La Constitución es aprobada finalmente en diciembre de 1931 por una aplastante mayoría al no darse votos en contra, pues la derecha se ausenta a la hora de la votación.

2.- 1ª ETAPA: BIENIO DE IZQUIERDAS (Ó DE AZAÑA).-

PRESIDENTE REPÚBLICA: ALCALÁ ZAMORA.

JEFE GOBIERNO: MANUEL AZAÑA.

2.1.- OBRA POLÍTICA Y SOCIAL DEL BIENIO REFORMISTA.

El primer Gobierno constitucional se forma el 15 de diciembre de 1931 bajo la presidencia de Manuel Azaña ( ya era jefe del Gobierno provisional desde la dimisión de Alcalá Zamora por la discusión de los artículos es contra de la Iglesia católica). Presidente de la República: Alcalá Zamora.

• La Política Agraria:

La política en torno a la propiedad de la tierra constituye una de las principales preocupaciones para el Gobierno de Manuel Azaña. Las masas proletarias rurales anhelan la distribución de tierra como condición indispensable para poder disfrutar del producto de su trabajo.

La exasperación de los jornaleros se manifiesta enseguida en numerosos sucesos, entre los que destacan los de Castilblanco (Badajoz), en diciembre de1931, donde varios guardias civiles son ejecutados por los campesinos, y los de Arnedo ( La Rioja), en enero de 1932, donde los excesos de la Guardia civil causan varios muertos y heridos, y obligan al Gobierno a la destitución de su director, el general Sanjurjo.

Se presentan en las Cortes varios proyectos de ley que preceden al que se discute en febrero de 1932 y es aprobado el 9 de septiembre (el 9 de septiembre se promulga la LEY de Reforma Agraria). Los objetivos de este proyecto son: la desaparición del latifundismo, la penalización del absentismo de los propietarios y la concesión de un estímulo al esfuerzo productivo.

Para llevar a cabo la redistribución de las tierras, una vez expropiadas, se creó el Instituto de Reforma Agraria del que dependían las Juntas Provinciales y las Comunidades de campesinos. Se otorgó al I.R.A. un crédito anual de 50 millones de ptas y se proyectó asentar anualmente de 60.000 a 75.000 campesinos.

El mecanismo de actuación fue el siguiente:

• Las tierras expropiadas o confiscadas pasaban a ser propiedad del I.R.A., que las transferían a las Juntas Provinciales que a su vez debía entregarlas a las comunidades de campesinos para su distribución o explotación colectiva, según hubieran decidido antes los campesinos. Los problemas que se presentaron fueron numerosos y graves sin contar con la oposición de los terratenientes expropiados o confiscados. El carácter excesivamente burocrático del I.R.A., la falta de datos para conocer las tierras pertenecientes al mismo dueño, la falta de estudios previos sobre la calidad y rendimiento de las tierras, la exclusión de las tierras de pastos con lo que se marginaba a la ganadería.

Así finalmente en vez de 60.000 campesinos asentados anualmente, apenas se asentaron 12.000 en 2 años, de forma que lo que había sido una reforma esperada con ansiedad se convirtió en una cuestión embrollada muy difícil de solucionar.

La fórmula de indemnización a los propietarios (parte en efectivo y parte en Deuda pública) sitúa el coste total de la misma en cantidades a las que las arcas republicanas no pueden hacer frente. Como consecuencia, la plasmación de la reforma adquiere un ritmo muy lento, y ello supone una afrenta para las esperanzas de los campesinos, que habían confiado en el régimen republicano para conseguir la aspiración histórica de “tierra y libertad”. El resultado final del bienio en materia de reforma agraria es desconsolador. El objetivo de instalar a 60.000 familias por año se queda reducido a 8.600.

• La Cuestión Religiosa:

La República trata de aminorar la influencia de la Iglesia católica en la sociedad y en la educación. En la enseñanza primaria, esta influencia se ejerce a través de las escuelas parroquiales; en la secundaria, mediante los colegios religiosos, y en la universidad, con la Escuela Comercial de Deusto y el Instituto Católico de Artes Industriales (ICAI), de los jesuitas.

Entre las leyes que afectan a la relación Iglesia-Estado hay que destacar:

• Ley de 24 de enero de 1932 de confiscación parcial de los bienes de la Compañía de Jesús.

• Ley de matrimonios civiles, ley del divorcio y la ley de secularización de los cementerios, que entran en vigor en enero de 1932.

• Ley de 2 de junio de 1933 sobre congregaciones religiosas, que señala el fin de la enseñanza para el 1 de octubre de ese mismo año. Sin producirse la alternativa de un puesto en la enseñanza pública, los efectos resultan dramáticos para una población con tasas de analfabetismo de entre el 30% y el 40%. Esta ley (supresión de congregaciones religiosas) es el motivo por el que Alcalá Zamora disuelve por primera vez las Cortes del bienio.

La influencia de la Iglesia sigue estando presente en la vida política española y es la principal inspiradora de la creación de la fuerza política Acción Popular, que, con el tiempo, se convierte en el núcleo de la Confederación Española de Derechos Autónomos (CEDA), QUE EN 1934 COMPARTE EL Gobierno con el Partido Republicano Radical de Lerroux.

• Las Autonomías:

• Cataluña: el desarrollo de los principios constitucionales que emanan de la concepción integral y autonómica del Estado da satisfacción a las fuerzas nacionalistas catalanas.

La aprobación en las Cortes del Estatuto de Autonomía catalán se realiza el 9 de septiembre de 1932 con 334 votos a favor y 24 en contra.

El Estatuto garantiza a Cataluña muchas de las aspiraciones por las que se venían pronunciando sus políticos desde hacía casi medio siglo y da satisfacción a los anhelos expresados en parte desde las Bases de Manresa.

La Generalitat está integrada por tres instituciones fundamentales:

• Un parlamento de representación popular.

• Un presidente de la Generalitat, elegido por el Parlamento catalán.

• Un consejo ejecutivo, equivalente al Gobierno autónomo de Cataluña, a cuyo frente se sitúa su presidente.

La Generalitat dispone de facultades legislativas y ejecutivas considerablemente amplias en hacienda, educación, economía, cultura, transportes, comunicaciones y orden público, si bien, en caso de necesidad, esta última puede ser absorbida por el Estado central.

Celebradas las elecciones autonómicas, sobre la base de un Estatuto de consenso desde la Lliga hasta las opciones más radicales, Francesc Macià es elegido presidente de la Generalitat y Lluis Companys, presidente del Parlamento.

• País Vasco: la religión es el motor de la autonomía en el País Vasco y en Navarra, a medida que la República se distancia de la Iglesia (la autonomía en el País Vasco se retrasa a causa del enfrentamiento Iglesia-Estado). Este distanciamiento, sentido como amenaza por carlistas y nacionalistas, da como resultado la colaboración entre ambos durante los primeros años de la República. El primer anteproyecto autonómico es redactado en Estella y prefigura una autonomía con capacidad para establecer relaciones con el Vaticano, situación que, al no estar contemplada en la Constitución, provoca el rechazo del proyecto.

El 18 de abril de 1932, las 4 Diputaciones vasco-navarras preparan un nuevo Estatuto. En él ya no figura la posibilidad de concordato con el Vaticano, pero no es votado por los municipios de Navarra. La Autonomía la consiguen en 1936 (Frente Popular).

• Galicia: Alfonso Rodríguez Castelao lleva a cabo una tarea fundamental en la plasmación del Estatuto gallego, que se somete a plebiscito en junio de 1936. El inicio de la Guerra Civil y el control de las fuerzas nacionales del territorio gallego impiden la puesta en marcha del mismo.

• Andalucía: Blas Infante, educado en el Krausismo y el regeneracionismo, es el líder indiscutible del andalucismo. Reivindica la reforma agraria en el campo andaluz y colabora en el desarrollo de los Centros Andaluces. Participa en la redacción del proyecto de Estatuto en 1933, que no es estudiado por las Cortes.

• Educación y Cultura:

Los dirigentes republicanos, educados muchos de ellos en la ILE, adoptan un modelo de escuela coeducativo, laico, público y gratuito. Su objetivo final es la sustitución de la acción de la Iglesia por la del Estado, lo que origina problemas en la enseñanza primaria.

El Gobierno social-azañista elabora un plan educativo consistente en la construcción de 27.000 escuelas y en la elevación del sueldo de los maestros y profesores, que pasan a ser pagados por el Estado.

A los Ayuntamientos se les exige la dotación de solares y la financiación de una parte de la construcción de las escuelas, y así sucede en los municipios controlados por las fuerzas republicano-socialistas; en cambio, se ponen trabas al desarrollo del plan en aquellos municipios que no tienen sintonía política en el Gobierno central.

La enseñanza secundaria también tiene un repunte durante el bienio reformista. Se duplica el nº de alumnos de bachillerato. La llegada de la derecha al poder supone la reducción hasta 124.900 alumnos en el curso 1934-35, compensándose con una mayor dotación presupuestaria a la universidad.

Las medidas regeneracionistas en el plano educativo se completan con la aportación de misiones pedagógicas formadas por profesores y estudiantes, así como con la colaboración de intelectuales que animan las plazas de los pueblos con la interpretación de obras teatrales y recitales de poesía.

La participación de los distintos sectores educativos en las tareas de planificación de la enseñanza se establece por decreto de 9 de junio de 1931, por el que se crean los Consejos de Primera y Segunda Enseñanza, el Consejo Universitario y los Consejos Provinciales y Municipales.

En definitiva, el Gobierno social-azañista trata de hacer realidad el lema regeneracionista de Joaquín Costa de “escuela y despensa”, como objetivo para la redención del “hambre” intelectual y física de la “España profunda”.

• La Política Laboral:

El Ministerio de Trabajo sigue dirigido por Francisco Largo Caballero. El objetivo de su acción es el de sintonizar las relaciones laborales con la Constitución.

Para ello hace aprobar por las Cortes diversas iniciativas, entre las que destaca la ley de contratos de trabajo de 21 de noviembre de 1931, por la que se regulan los convenios colectivos, el derecho a la huelga y las jornadas de vacaciones.

La ley de jurados mixtos es aprobada por el Congreso de los Diputados el 27 de noviembre de 1931. Se basa en el modelo de los comités paritarios de la legislación de Primo de Rivera, constituyéndose estos jurados a escala local, provincial y nacional.

Asimismo se amplían las prestaciones a los pensionistas, el seguro médico a las mujeres en periodo de maternidad y las indemnizaciones por accidentes de trabajo.

La política laboral de Largo Caballero es contestada por una patronal que considera excesivo el poder sindical derivado de estas medidas, y por la CNT, que se pone al margen de las instancias de arbitraje que recoge la legislación.

2.2.- “SANJURJADA” Y EVOLUCIÓN POLÍTICA.-

• “La Sanjurjada”:

Las medidas reformistas del Gobierno social-azañista, en plena discusión parlamentaria del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de la ley de la reforma agraria, alarman a una parte importante de la reacción española, que considera necesario dar un giro conservador a la República. Para ello utiliza e viejo mecanismo del pronunciamiento militar.

Al frente de este pronunciamiento se coloca el general Sanjurjo, que se subleva el 10 de agosto de 1932 en Sevilla. La población responde al llamamiento a la huelga general realizado por las organizaciones proletarias como rechazo al golpe, lo que retrae a muchos militares comprometidos con la rebelión. En Madrid, los sublevados tratan de tomar el Ministerio de la Guerra, pero fracasan en el intento. Sanjurjo es detenido en Huelva, cuando huye hacia Portugal. Juzgado y condenado a muerte, el Gobierno le conmuta la pena de muerte por la de reclusión perpetua.

2.3.- LOS SUCESOS DE CASAS VIEJAS DE 1933.-

En enero de 1933, el campo andaluz se encuentra en estado de agitación. Se producen numerosos movimientos huelguísticos, que intentan instaurar el comunismo libertario en poblaciones como Alcalá de Guadaira, Utrera o Medina Sidonia, pero son rápidamente sofocados por las fuerzas gubernamentales.

En casas viejas (Cádiz) se hace fuerte un viejo anarquista apodado Seis Dedos. La Guardia Civil y la Guardia de Asalto entran en el pueblo y dan fuego a la casa donde se ha refugiado el anarquista con sus hijos, nietos y algunos vecinos, pereciendo todos excepto dos. A continuación el capitán Rojas ordena a los guardias de asalto fusilar a más de una decena de vecinos del municipio.

Ante el fuerte impacto de estos sucesos en la opinión pública, en las Cortes se constituye una comisión de investigación que confirma los hechos tras las declaraciones de los inculpados.

Como resultado de la investigación, y tras juicio, es condenado a 21 años de cárcel el capitán Rojas y destituido el director general de Seguridad. Los sucesos de Casas Viejas y la ley de congregaciones religiosas ponen al descubierto las contraindicaciones y las divisiones cada vez mayores existentes entre las fuerzas que sostienen al Gobierno de Azaña. Tras fuertes discusiones parlamentarias, el presidente de la República, Alcalá Zamora, nombra como jefe del Gobierno a Diego Martínez Barrio, que convoca elecciones para el 19 de noviembre de 1933.

3.- 2ª ETAPA: REPÚBLICA DE DERECHAS.-

PRESIDENTE REPÚBLICA: ALCALÁ ZAMORA.

JEFE GOBIERNO: LERROUX Y VALLADARES.

3.1.- INTRODUCCIÓN: LA REORGANIZACIÓN DE LA DERECHA. HACIA LAS ELECCIONES.-

• La Ceda:

El fracaso del golpe del general Sanjurjo impulsa la generación de un movimiento de masas de las fuerzas tradicionales que asume como objetivo la rectificación de la política reformista del primer bienio. El referente más idóneo para servir de núcleo aglutinador es Acción Popular, llamada anteriormente Acción Nacional y fundada por ángel Herrera Oria. Su líder es José María Gil Robles, diputado por el Partido Agrario, hombre influido por la doctrina social de León XIII, bien relacionado con los sindicatos católicos y partidario de desarrollar una acción alejada de los extremismos violentos que caracterizan a ciertos sectores de la derecha española.

José María Gil Robles, en contacto con Luis Lucía, líder de la Derecha Regional Valenciana, consigue organizar en poco tiempo la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA).

El extraordinario crecimiento del nuevo partido es clara señal de que la opinión del país, y esencialmente la de sus clases medias, está evolucionando. También es muestra de este cambio el crecimiento del Partido Republicano Radical de Lerroux, que abandona progresivamente su discurso anticlerical y en el que recalan republicanos disconformes con la tarea del primer bienio.

• Hacia las Elecciones:

Convocada las elecciones por Martínez Barrio, la campaña electoral cuenta con el atractivo añadido de ser los primeros comicios en los que el voto femenino va a estar presente.

La CEDA y los radicales intentan aglutinar el voto de las clases medias y acomodadas, las masas católicas y los propietarios minifundistas en torno a tres grandes ejes programáticos: revisión de las realizaciones laicas del bienio, defensa de la economía nacional y amnistía para los represaliados por los hechos de agosto de 1932.

Los nacionalistas conservadores vascos (PNV) y catalanes (Lliga) se presentan en solitario en sus circunscripciones electorales.

La izquierda y el centro republicano acuden divididos, salvo Málaga y Bilbao. La CNT aconseja la abstención a sus afiliados, convencida de que el triunfo de la derecha potenciará la toma de conciencia de los trabajadores y les acercará a la revolución social.

En Cataluña, Esquerra Republicana hegemoniza el espacio político de la izquierda ante una CNT apolítica y cada vez más influida por la FAI.

Los socialistas, desengañados por la obra del bienio, entran en una profunda revisión de sus alianzas con los republicanos. Emerge cada vez más fuerte la tendencia caballerista, que propugna una radicalización del partido, alarmada por la situación austro-alemana y por el crecimiento, a su izquierda, de los comunistas. El PCE se presenta en solitario, aunque con un discurso cada vez más aliancista, propiciado por el cambio que en la dirección del partido realizan José Díaz y Dolores Ibárruri “La Pasionaria”.

De los resultados de estas elecciones, en las que tiene lugar una notable abstención (33%), se contrasta un vuelco hacia la derecha del electorado. El grupo parlamentario más numeroso es la CEDA, aunque el Partido Republicano Radical adquiere también una posición decisiva en el nuevo Parlamento.

Obtienen representación en las Cortes dos partidos llamados a tener un fuerte protagonismo en el futuro inmediato: la Falange, cuyo líder, José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, obtiene acta de diputado por Cádiz formando parte de una coalición derechista, y el PCE, con Cayetano Bolívar, que es elegido diputado por Málaga merced a la unión de las izquierdas en esta provincia.

3.2.- LA REPÚBLICA DE DERECHAS.-

Los resultados electorales determinan la imposibilidad de un Gobierno estable de un único partido. La CEDA es consciente, dada la poca fe republicana de muchos de sus dirigentes y de buena parte de sus bases, de las escasas posibilidades con que cuenta para poder formar Gobierno de inmediato. Por su parte, el Partido Republicano Radical ha llevado a cabo un deslizamiento hacia posiciones cada vez más derechistas, alejándose del demagógico discurso anticlerical y de los republicanos de izquierda, tal como la crisis de Casas Viejas había puesto al descubierto.

Las negociaciones entre Lerroux y Gil Robles cristalizan en un acuerdo que supone, en un primer momento, el apoyo del grupo parlamentario de la CEDA al Gobierno de Lerroux, para culminar con la incorporación de la misma a las tareas gubernamentales.

• Gobierno Radical:

Constituido el Gobierno monocolor (de un solo partido) radical de Lerroux, se inicia un periodo convulso para la política española.

El partido de Lerroux tiene que enfrentarse rápidamente a su primera crisis, que se produce en marzo de 1934 por el abandono de Martínez Barrio del Gobierno y de algunos diputados del grupo parlamentario radical ante lo que consideran una aproximación a la derecha. Martínez Barrio funda la Unión Republicana.

En abril, la CEDA presenta en las Cortes la ley de amnistía, que origina un conflicto entre el Gobierno y la presidencia de la República, remisa a admitir la ley. Como consecuencia del enfrentamiento dimite Lerroux y Alcalá Zamora nombra presidente a Ricardo Samper, miembro del Partido Republicano Radical, que forma Gobierno el 28 de abril. La ley, con ciertas garantías para que los militares amnistiados no vuelvan al ejército, es aprobada finalmente por la mayoría derechista en las Cortes.

El primer gran conflicto del nuevo Gobierno se suscita con la Generalitat de Cataluña, al frente de la cual se encuentra como presidente Lluís Companys, que ha sucedido a Francesc Macià, muerto en diciembre de 1933. El objeto del enfrentamiento es la ley de contratos de arrendamientos, aprobada por el Parlamento de Cataluña, que atiende las aspiraciones a la propiedad de los Rabassaires, la ley es declarada anticonstitucional por el Tribunal de Garantías, y ulteriores negociaciones, llevadas a cabo durante el verano, permiten la promulgación de la misma en septiembre, una vez hechas las enmiendas que exigen los propietarios. Pero el conflicto es visto por la CEDA como el momento propicio para su entrada en el Gobierno, acusando de debilidad a Ricardo Samper y amenazando con la retirada del apoyo de su grupo parlamentario. Alcalá Zamora se ve obligado a nombrar nuevamente a Lerroux para la presidencia del Gobierno, que anuncia la entrada en el mismo de ministros de la CEDA el día 4 de octubre.

• La Entrada de la CEDA en el Gobierno de Lerroux:

El 5 de octubre de 1934 se forma el nuevo Gobierno presidido por Lerroux. En él figuran tres ministros de la CEDA para ocupar la cartera (el cargo de Ministro) de: Justicia, Agricultura y Trabajo. Tres ministerios clave para la rectificación de la obra del primer bienio.

La entrada de la CEDA en el Gobierno es considerada por el PSOE y otras fuerzas de izquierda como un “golpe contra la República” propiciado desde el poder.

Los acontecimientos internacionales influyen en un cambio de orientación del PSOE. La toma del poder en Alemania por parte del partido nazis en 1933 y las distintas medidas para la eliminación de las fuerzas de izquierda que desde el poder lleva a cabo por Adolfo Hitler, así como la persecución del socialismo por el canciller Dollfus en Austria, incrementan la desconfianza de los socialistas españoles en el Gobierno de la derecha y en su carácter democrático.

Durante el verano de 1934, el PSOE prepara la respuesta ante un hipotético acceso de la CEDA al Gobierno, realizando compra de armas y aceptando la unidad con los comunistas en la Alianza Obrera. La CNT se mantiene al margen de esta alianza salvo en la región asturiana, que va a ser el foco principal de la respuesta obrera.

A este clima revolucionario viene a sumarse el ambiente de exaltación nacionalista en Cataluña, que protesta por la lentitud de las transferencias fijadas en el Estatuto de Autonomía. El presidente de la Generalitat, Lluís Companys, se incorpora a la Alianza Obrera, pero la CNT, principal actor de la movilización social en Barcelona, no participa en la misma.

3.3.- LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DE 1934.- En la noche del 4 al 5 de octubre de 1934 se produce la huelga general que había de paralizar, según la estrategia socialista, el ascenso de los “enemigos de la República” al Gobierno.

La huelga es seguida en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, en las ciudades andaluzas y, sobre todo, en Asturias. El campo andaluz, que ha conocido durante el verano una intensa movilización, y desgastado por la misma, no participa en la huelga.

La insurrección fracasa pronto ante la reacción del Gobierno, que declara el estado de guerra e instaura la censura previa en los medios de comunicación. En Madrid se frustra en intento de asalto al Ministerio de la Gobernación por parte de los insurrectos y se detiene a parte de la dirección socialista.

En Cataluña, Lluís Companys declara la República Federal Catalana, aunque no tiene apoyo por parte de la CNT ni del conservadurismo de la Lliga. Companys intenta negociar la adhesión del general Batet al movimiento, pero el militar se mantiene fiel al Gobierno central y declara el estado de guerra: arresta a Companys, a parte de su Gobierno y a Azaña, que en esos momentos se encuentra en Cataluña. El Estatuto es paralizado por el Gobierno central.

Asturias queda separada del resto de España. En la región minera, las masas obreras, afectadas por la crisis del sector y organizadas en una alianza formada por cenetistas (CNT), comunistas y socialistas, se dispone a implantar “la República socialista”. Para ello constituyen milicias que toman las principales ciudades, como Avilés y Gijón, y más tarde sitian Oviedo.

Durante 15 días, la zona minera de Asturias es dominada por los comités locales revolucionarios y por las milicias del “ejército rojo”, que se apoderan de las fábricas de armas. El Gobierno pone en marcha una auténtica campaña de guerra para restablecer el orden. Para ello, el ministro de la Guerra no duda en utilizar como fuerza de choque al ejército colonial compuesto por la Legión y las Tropas de Regulares, que son movilizadas desde Marruecos. Las Tropas coloniales desembarcan en Gijón el 10 de octubre, bajo el mando del general Franco, acaban con el levantamiento. El 18 de octubre, el comité revolucionario negocia la rendición de Mieres, reducto final de la revolución.

El costo del levantamiento de Asturias es el de una pequeña guerra civil: 1.000 muertos, 3.000 heridos, 3 penas de muerte y más de 30.000 detenidos, incluido el comité revolucionario.

3.4.- LA EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL BIENIO DERECHISTA.-

Durante los siguientes meses se producen numerosas disputas en el seno de la mayoría gubernamental acerca de las medidas legislativas y penales con que saldar el movimiento revolucionario.

El Gobierno decide la suspensión del Estatuto de Autonomía de Cataluña, presionado por una extrema derecha que cada vez confía más en un acto de fuerza para la modificación del sistema político y que se aglutina en torno a Calvo Sotelo.

El Gobierno se reorganiza en sucesivas crisis parciales de abril y mayo de 1935, dando más carteras ministeriales a miembros del Partido Agrario y a la mayoría cedista, y Gil Robles ocupa el Ministerio de la Guerra.

El Gobierno, que se desliza por la pendiente del contrareformismo, abandona cualquier objetivo de carácter reconciliador. En julio de 1935 se produce la presentación de una reforma parcial de la Constitución que contiene la introducción del Senado, la limitación de los Estatutos de Autonomía, supresión de la ley del divorcio y cambios en los artículos que definen la relación con la Iglesia. El proyecto no prospera por la disolución de las Cortes.

Durante el bienio derechista se toman las siguientes medidas de carácter contrarreformista en contra de las reformas del gobierno de izquierdas:

• Política agraria y sociolaboral:

• No se prorrogan los arrendamientos de las fincas ocupadas desde febrero de 1934, lo que origina el desalojo de 28.000 colonos.

• Se devuelven, al calor de la amnistía, parte de las tierras a los Grandes de España.

• Se modifica la ley de jurados mixtos. Los presidentes de los mismos son nombrados por el Gobierno y realizan una política laboral favorable a la patronal.

• Se dicta una ley de contrarreforma agraria de 1 de agosto de 1935, por la que se aumentan las indemnizaciones y se paraliza es asentamiento de nuevos colonos.

• Política autonómica:

Se frenan los intentos autonomistas de gallegos, valencianos, andaluces y vascos. Tras la revolución de octubre se congela el Estatuto de Cataluña.

• Política militar:

Las reformas de Azaña no se rectifican, pues se las considera técnicamente buenas.

El Gobierno radical-cedista sitúa en la jefatura de los mandos a militares con escaso afecto al régimen republicano, como el general Emilio Mora, al que se confía la jefatura de Marruecos, y el general Francisco Franco, al que se destina a la jefatura del Estado Mayor Central.

• Política religiosa:

Se establece un salario para los sacerdotes mayores de 40 años. La modificación de las relaciones con la Iglesia queda a expensas del proyecto de revisión constitucional, que finalmente no se lleva a cabo.

4.- 3ª ETAPA: EL FRENTE POPULAR.-

PRESIDENTE REPÚBLICA: MANUEL AZAÑA.

JEFE GOBIERNO: SANTIAGO CASARES QUIROGA.

4.1.- EL PACTO DEL FRENTE POPULAR. EL DUALISMO DE LA POLÍTICA ESPAÑOLA.-

La izquierda, aleccionada por los resultados de las elecciones de noviembre de 1933 y por la política revisionista de radicales y cedistas, se apresta a retomar electoralmente el poder.

• EL Pacto del Frente Popular:

La compleja situación política europea, dominada por las prácticas totalitarias de Hitler y Mussolini y la incapacidad del movimiento obrero para oponerse a su ascenso, obliga a una gran reflexión en el seno de las fuerzas democráticas de todo el continente.

En España, la revolución de Asturias, la represión ejercida, la orientación autoritaria de las fuerzas derechistas y la aparición de partidos abiertamente fascistas, como las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS) y la Falange, provocan una dinámica unitaria en el seno de las fuerzas republicanas.

También el informe presentado en el séptimo congreso de la III Internacional por su secretario general llamando a la formación de bloques antifascistas para detener el avance del fascismo en Europa, contribuye a la convergencia en España de las aspiraciones de la burguesía radical republicana para su retorno al poder con las del movimiento obrero de profundizar la democracia social.

Todo ello trae consigo la apertura de negociaciones para la reconstrucción de un bloque de izquierdas. Manuel Azaña es la persona que lo gesta doctrinalmente en los mítines masivos de mayo en Mestalla (Valencia) y de octubre en Comillas (Madrid), planteando la conjunción de fuerzas contra la reacción. El 15 de enero de 1936 se firma el pacto del Frente Popular que es rubricado por los representantes del PSOE, Partido Comunista de España, Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), UGT, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Sindicalista y Partido Republicano Federal.

Quedan fuera del pacto, aunque con un compromiso tácito, la Esquerra Valenciana y el Partido Galleguista. La Confederación Nacional del Trabajo (CNT) no participa en el pacto, pero, dado que éste garantiza la amnistía para muchos de sus líderes encarcelados, presta su apoyo electoral a las candidaturas de la izquierda.

El programa del Frente Popular establece como meta global la recuperación de las políticas reformistas del primer bienio y la rehabilitación política y administrativa de los represaliados por la revolución de octubre. Los puntos fundamentales del programa son los siguientes:

• Amnistía para los delitos políticos posteriores a 1933.

• Desgravación fiscal para el campo y una intensificación del crédito agrario.

• Aceleración de la reforma agraria y revisión de los desahucios.

• Desarrollo de obras públicas y del plan de construcciones escolares.

• Salarios mínimos y revisión de la legislación social.

• La Derecha:

Por su parte, la derecha intenta, sin conseguirlo plenamente, la gestación de un frente antirrevolucionario. Llega prácticamente unida a las elecciones, aunque no presenta una alianza global ni un programa común, como en el caso de la izquierda, que tiene candidaturas unitarias en 52 de las 60 circunscripciones.

Los radicales de Lerroux acuden a las elecciones profundamente desprestigiados por los escándalos finales del bienio y en abierta confrontación con el centrismo de Portela Valladares.

La CEDA se une en algunas circunscripciones a los monárquicos liderados por Calvo Sotelo y su Renovación Española, y a los tradicionalistas, pero también presenta candidaturas comunes con partidos republicanos, lo que desdibuja el perfil de sus alianzas. El programa de la derecha española se resume en el lema adoptado por la CEDA: “Contra la revolución y sus cómplices”.

Falange Española, partido fundado en 1933, se unifica con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS) de Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo, formando Falange Española y de las JONS. Su líder, José Antonio Primo de Rivera, pregona abiertamente su devoción fascista. La Falange opta por presentar candidaturas en solitario, al no llegar a acuerdos con Gil Robles, que reprocha al partido de José Antonio su carácter socializante y cooperativista. La escasa proyección del fascismo es España reduce las posibilidades falangistas de obtener algún escaño.

Los nacionalismos conservadores vasco y catalán presentan candidaturas en solitario, aunque las catalanas están ligadas a la derecha nacional.

• Resultados de las Elecciones y Primeras Reacciones:

Celebrada la primera vuelta de las elecciones con gran participación popular el domingo 16 de febrero de 1936, al conocerse los datos aparece claramente vencedora la coalición de izquierdas, lo que provoca numerosas manifestaciones de júbilo de sus partidarios en las principales ciudades y la preocupación en los medios derechistas.

Los resultados electorales confirman el triunfo del voto de izquierdas en las áreas industriales y en las zonas agrícolas donde se concentraba un alto porcentaje de proletariado rural. Las regiones de propiedad media y con tradición caciquil se mantienen como base electoral de las fuerzas conservadoras.

Realizado el escrutinio y conocida la voluntad nacional, Calvo Sotelo y el general Franco instan a Portela Valladares a declarar el estado de guerra. José Antonio Primo de Rivera pide armas para la Falange, y los monárquicos presionan a Gil Robles para que encabece un Gobierno de fuerza.

En la izquierda, las reacciones se centran en la apertura de las cárceles, adelantándose en algunos casos a la proclamación oficial de la amnistía. Manifestaciones lideradas por los diputados electos consiguen la libertad de Lluís Companys y de miembros del Gobierno de La Generalitat represaliados por la rebelión de octubre.

Portela Valladares no cede a las presiones que le instan a incumplir la voluntad popular y consigue que Azaña forme Gobierno el 19 de febrero de 1936. El nuevo Ejecutivo está compuesto únicamente por republicanos, y es apoyado parlamentariamente por socialistas y comunistas.

4.2.- LA OBRA DEL FRENTE POPULAR.-

La obra legislativa del Gobierno de Azaña y del de su sucesor Casares Quiroga (13 de mayo), una vez que Azaña es nombrado presidente de la República, está condicionado por el escaso tiempo con el que cuentan para la realización de su programa, dado que 5 meses después de las elecciones se produce la rebelión militar.

Las medidas de estos dos Gobiernos se caracterizan por la voluntad de aplicar de inmediato el programa del Frente Popular, entre las fuertes resistencias de la derecha y el apoyo de los sectores izquierdistas, que confían en la restauración del reformismo republicano.

• Amnistía y Política Militar:

La amnistía para los presos políticos es dictada por Azaña el 21 de febrero, siendo aprobada la ley por la Diputación permanente de unas Cortes que todavía no están constituidas. Se completa esta amnistía con un decreto de 28 de febrero por el que se obliga a la readmisión en sus puestos de los despedidos por causas políticas.

Los militares considerados desafectados a la República son enviados a nuevos destinos: Franco a Canarias, Mola a Navarra y Goded a Baleares.

• Reforma Agraria:

Los campesinos sin tierras no tardan en ocupar numerosas fincas en las provincias latifundistas, lo que ocasiona enfrentamientos violentos con la Guardia Civil en algunos municipios que obligan al Gobierno a aceptar una política de hechos consumados. La movilización campesina, realizada a instancias de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), culmina el 25 de marzo con la ocupación de fincas en Cáceres y Badajoz. Se ocupan 232.199 hectáreas donde se asientan más de 70.000 familias, superficie poco considerable, pero mucho mayor que la que había sido objeto de reforma en los periodos anteriores.

Formadas ya las Cortes, el 11 de junio se deroga la ley de la contrarreforma agraria de agosto de 1935. Los grandes propietarios intentan crear un clima subversivo con una campaña contra el Gobierno, al que acusan de no tener autoridad para mantener la legalidad vigente, y boicoetean la legislación sobre contrataciones.

• Distribución Territorial del Poder:

El enfrentamiento vivido entre las autoridades catalanas y el Gobierno central durante el segundo bienio da paso a un periodo de buenas relaciones basadas en la amnistía para Lluís Companys y el Gobierno catalán y en la restauración plena del Estatuto de Autonomía. Asimismo, se acelera el plebiscito de Galicia para la consecución de su Estatuto.

Diversos Ayuntamientos vascos se ven también favorecidos por la acción del Gobierno central, siendo restituidos en sus puestos numerosos alcaldes y concejales represaliados por los sucesos de 1934.

• Educación:

En el ámbito de la enseñanza, la acción del Gobierno del Frente Popular reinstaura la política educativa del primer bienio. A finales de mayo de 1936 se desarrolla nuevamente la ley de congregaciones religiosas. La coeducación vuelve a ser prescriptiva y se reorganiza el plan para la construcción de escuelas públicas.

4.3.- AZAÑA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.-

Las izquierdas acuerdan la sustitución de Alcalá Zamora en la presidencia de la República. Para ello se utiliza como argumento lo prescrito en el artículo 81 de la Constitución, establece como garantía que las nuevas Cortes tienen que estudiar la necesidad del decreto de disolución.

Rechazada esta necesidad por las nuevas Cortes, Manuel Azaña es elegido el 10 de mayo de 1936 nuevo presidente de la República por abrumadora mayoría. Tres días más tarde, y ante la negativa de Largo Caballero a que Indalecio Prieto, y por lo tanto el PSOE, encabece la presidencia del Gobierno, es designado para ello Santiago Casares Quiroga, que forma un Gobierno republicano.

4.4.- CLIMA DE VIOLENCIA. LA CONSPIRACIÓN.-

• Clima de Violencia:

El triunfo del Frente Popular produce una radicalización de la derecha española, que se sitúa cada vez más cerca de la insurrección armada. Emerge como líder indiscutible de la misma la figura del monárquico José Calvo Sotelo, brillante polemista en las Cortes.

La extrema derecha, formada pro carlistas y falangistas, ve aumentado el número de sus afiliaciones, procedentes, de las juventudes cedistas, que consideran blanda la oposición de Gil Robles a las nuevas autoridades republicanas.

La encarcelación de José Antonio Primo de Rivera aumenta la crispación de los falangistas.

En el PSOE se acentúa el enfrentamiento entre la línea de Prieto, partidaria de la colaboración con la burguesía republicana, y la doctrina de Largo Caballero, considerado por muchos socialistas como el “Lenin español”, según la cual, el desgaste del republicanismo burgués favorecería la toma del poder por parte de las masas proletarias.

Las Juventudes Socialistas se unifican con las comunistas en el mes de abril en Madrid y en junio en el resto del Estado, formando las Juventudes Socialistas Unificadas, dirigidas por el joven Santiago Carrillo, que apoya las tesis radicales de Largo Caballero.

El PCE procura abandonar los objetivos revolucionarios que obstaculicen la alianza con la izquierda burguesa republicana y u frente común contra el fascismo.

En este marco se produce, durante los meses que preceden a la Guerra Civil, un clima de violencia en ciudades y pueblos, con asesinatos, huelgas y enfrentamientos entre las distintas milicias de los partidos.

• La Conspiración Cívico-Militar:

Desde el triunfo del Frente Popular, las tesis defensoras de la República habían perdido terreno entre las fuerzas de la reacción, que en su versión falangista-tradicionalista o monárquica están dispuestas a establecer contactos con italianos y alemanes para la compra de armas y el adiestramiento de soldados con vistas a un probable golpe de Estado.

Desde Portugal, el exiliado general Sanjurjo asegura los contactos necesarios, lo que le emplaza a ser el futuro coordinador del golpe. El general Mola, que se alza como el “director” de la conspiración, establece los planes militares y logísticos más elaborados y garantiza los jefes del alzamiento en las distintas guarniciones. Bajo consejo de Sanjurjo, se asegura el apoyo de los carlistas de Manuel Fal Conde. Desde la cárcel de Alicante, José Antonio Primo De Rivera pone las milicias falangistas a disposición de los mandos militares. El 9 de julio, los conspiradores, entre los que se encuentra Luis Bolín alquilan el avión británico que debe trasladar a Franco desde Canarias a Marruecos para hacerse cargo del ejército de África, donde se iniciaría la rebelión, seguida de un alzamiento de las guarniciones de la Península.

La muerte de Calvo Sotelo el 13 de julio, como represalia por el asesinato del teniente Castillo, miembro de la Guardia de Asalto e instructor de las milicias socialistas, es el detonante que acelera los preparativos para la insurrección. Tras el envío de telegramas cifrados por parte de Mola a las guarniciones comprometidas, la rebelión ya tiene fecha. El teniente Castillo pertenecía a la UMRA (Unión Militar Republicana Antifascista).

“En la mañana del 17 de julio, cada uno había recibido la consigna. España iba a entrar en el periodo más trágico de su historia” según el historiados Manuel Tuñón de Lara.