Introducción

Panorama General

Las transformaciones económicas, sociales, tecnológicas y culturales producidas durante el siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, determinaron profundos cambios en la concepción clásica de la libertad de expresión, de forma que nació un nuevo derecho, “El derecho a informar y el derecho a estar informado”, sin embargo, estas políticas de información acarrean consigo daños morales e invasiones a la privacidad, a través de calumnias, injurias o cualquier uso de la imagen personal de un individuo.

En Costa Rica, han sido varias las acciones jurisdiccionales planteadas en contra de los periodistas, ya que nuestra legislación contempla en diferentes partes de su ordenamiento, ciertas normas que garantizan indemnización en caso de daño moral.

Control al Ejercicio de la Libertad de Expresión

Existen dos soluciones al problema del control del ejercicio de la libertad de expresión:

Control a posteriori y control preventivo.

• Control a posteriori:

Una de las notas que suelen caracterizar a un régimen arbitrario de prensa es la censura previa, esto es, el control previo de los contenidos de las publicaciones.

Al quedar abolido constitucionalmente esa forma de control en nuestro país, fue necesario instaurar una forma de responsabilidades a posteriori, también conocida como régimen represivo.

En este control a posteriori, se ha tipificado por parte del legislador, los actos delictivos que pueden desprenderse del ejercicio abusivo de una libertad, por lo cual, establecen una sanción penal para aquellos que incurran en las conductas descritas como delitos en los tipos penales.

En este control represivo, si se establecen delitos muy generales y tipos penales muy abiertos, provocará confusión y problemas de aplicación concreta del derecho.

• Control Represivo del Código Penal:

Al referimos al daño causado por los medios de prensa, nos encontrarnos con la vida privada, el honor, la fama, el orden público, la moral vigente y el bien común. Esos valores o bienes jurídicos encuentran tutela en la legislación penal y de esa forma se constituyen en controles al ejercicio práctico de las libertades de expresión e información, por ejemplo, entre las medidas que algunas legislaciones han tomado y que en cierto casos sirven para proteger al individuo contra el mal uso de la libertad de información, se cuenta el “desacato judicial”, que es un caso típico de control represivo.

En algunos casos, algún tipo de reportaje realizado antes o durante un proceso judicial, puede privar al acusado de un juicio equitativo, de manera que algunos países utilizan abusivamente el principio del desacato al tribunal sancionado con una sentencia arbitraria del juez.

En el Reino Unido el desacato judicial es considerado como delito y conlleva a una multa o prisión, debido a toda publicación que deliberadamente puede obstruir o impedir el curso de la justicia en las diligencias judiciales.

Comete el delito de desacato el periodista que publique:

• “…documentos judiciales oficiales antes de la audiencia de un juicio…”

• “...el resultado de sus investigaciones privadas sobre un juicio…”

• “…antes una causa o durante la vista de ésta, no se debe publicar nada que pueda perjudicar al acusado…”

• “...opiniones o comentarios sobre asuntos que estén bajo juicio...”

La Corte Europea sobre los Derechos Humanos de 1979 conoció una denuncia contra el Gobierno Británico por haber violado el artículo 10 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos al prohibir una publicación de un artículo sobre un tema que estaba aún pendiente de resolución. Ese gobierno opuso que esta prohibición se encontraba amparada por la excepción del artículo 10 inciso 2 que hace referencia a las medidas necesarias para garantizar la autoridad del Poder Judicial.

El fallo dijo:

“El Tribunal estima que ha existido violación del articulo 10, al no estar justificada por restricciones impuestas a la

libertad de expresión del recurrente”

Aunque el desacato judicial no está tipificado como delito en nuestro sistema, esta claro, el daño que causa la prensa nacional cuando abusando de su libertad de expresión, ha publicado datos o ciertas informaciones que truncan el buen desarrollo de los asuntos jurisdiccionales.

Pese a lo anterior, el Código Penal costarricense, que rige actualmente, se encarga de tipificar otros delitos que sirven de control de la libertad de expresión y el derecho de la información en sus dos dimensiones.

En el ordenamiento de Costa Rica, aparecen tipos en los que la publicidad es elemento constitutivo del ilícito. En estos casos, ha dicho la jurisprudencia:

“No puede una circunstancia agravar la responsabilidad del procesado si la misma es constitutiva o calificativa del hecho que se pena”

El Código Penal vigente establece en reiteradas ocasiones, diferentes formas de control represivo o a posteriori, entre estas tenemos:

• Delitos contra el honor: la injuria (artículo 145), la difamación (artículo 146), la calumnia (artículo 147), la ofensa a la memoria del difunto (articulo 148).

No son punibles como ofensa al honor los juicios desfavorables de la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional; el concepto desfavorable, se refiere con respecto al cumplimiento de un deber o ejerciendo un derecho siempre que el modo de proceder o la falta de reserva cuando debió hacerla, no demuestren un propósito ofensivo (artículo 151).

También se incluyen como delitos contra el honor, la publicación de ofensas (artículo 152); la difamación de una persona jurídica (artículo 153) y las ofensas enjuicio (artículo 154).

En caso de que se diera una sentencia condenatoria o de retractación, por ofensas al honor, si el ofendido lo pidiere, se procede a la publicación reparatoria (artículo 155).

• Protección de la intimidad: la violación de correspondencia (artículo 196); sustracción, desvío o supresión de correspondencia (artículo 197); captación indebida de manifestaciones verbales (artículo 198); abuso de función u oficio (artículo 199). Con respecto a los cuatro artículo anteriores, es preciso decir que la publicación agrava la pena (artículo 200); también encontramos el uso indebido de correspondencia (artículo 201), la propalación (artículo 202); divulgación de secretos (artículo 203) y la violación de domicilio (artículo 204).

• Delitos contra la confianza pública: la publicación de balances falsos (artículo 241) y 1 propaganda desleal (artículo 242).

• Protección de la tranquilidad pública: apología del delito (artículo274).

• Protección de la seguridad de la Nación: violación de inmunidades (artículo 282 inciso 2); el menosprecio de los símbolos de una Nación extranjera (artículo 283); revelación de secretos (artículo 248); revelación por culpa (artículo 285); espionaje (artículo 286); intrusión (artícul6 287).

• Delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional: propaganda contra el Orden Constitucional (artículo 294); menosprecio para los símbolos nacionales (artículo 296); desacato (articulo 307).

• Delitos contra la autoridad pública: ejercicio ilegal de una profesión (caso del ejercicio del periodismo (artículo 313)).

• Delitos contra los deberes de la Función Pública: incitación al abandono colectivo de funciones públicas (artículo 334) y la divulgación de secretos (artículo 337).

Es importante mencionar también que la “Parte General” del Código Penal, también prescribe normas que de manera especial, se refieren a algunos de los delitos ya enumerados; de manera que, se consideran “Delitos Internacionales” y por consiguiente, se penan conforme a la ley costarricense, independientemente de las disposiciones vigentes en el lugar de la comisión del hecho punible y la nacionalidad del autor y se toman en consideración todo tipo de publicación obscena y delitos contra los derechos humanos previstos en los tratados suscritos por Costa Rica o en ese mismo Código.

Para que este tipo de delitos sean perseguibles, es requerido, que el delincuente esté en territorio nacional. La acción penal, sólo podrá ser realizada por medio de la instancia de los órganos competentes. Si el delincuente, ya hubiese sido juzgado, la sentencia penal extranjera absolutoria, tendrá valor de cosa juzgada para todos los efectos legales.

Para finalizar este acápite, podemos observar los delitos de injuria, calumnia, difamación y propaganda desleal, los cuales son “Delitos de Acción Privada”, y por ende, la acción penal y la pena, pueden extinguirse por el “Perdón del Ofendido”.

En el caso de la injuria no procede el perdón judicial cuando la injuria conlleva una imputación a un funcionario público, con motivo de sus funciones.

• Control Represivo en otras leyes que regulan a los medios de Comunicación Social:

Por lo general, la condena por difamación de algún medio de prensa, ya sea televisiva, escrita o de radiodifusión; genera gran publicidad, además la conciliación implica la publicación de una rectificación y de una excusa. Esto es necesario para proteger al individuo contra los daños que pueden padecer contra su reputación. Sin embargo el grado de la pena varía de la legislación de un país a otro. Si la legislación es sumamente estricta, puede constituir un modo de coartar la libertad de prensa, ya que se priva al público de informaciones necesarias. Pero cuando esa legislación es equitativa, entonces constituye una protección a la verdad, imponiendo penalidades y prohibiciones a las publicaciones minoritarias.

Es importante definir la injuria y la calumnia, ya que constituyen factores de gran importancia en cuanto a la imputación de delitos a los medios de comunicación.

La calumnia:

La calumnia es la falas imputación de un delito que dé lugar a la acción pública.

No cualquier imputación da lugar a la calumnia, es menester que ella esté calificada por su falsedad y por la materia atribuida: un delito de acción pública.

Con respecto a la falsedad, cabe aclarar, que debe ser valorada objetivamente, dejando de lado la intención del autor, además debe existir dolo o voluntad de dañar, derivado del conocimiento positivo de que se acusa a un inocente.

La injuria:

La injuria comprende otro atentado contra el honor en su forma objetiva y subjetiva.

Se comete injuria cuando se deshonra, desacredita o menosprecia a una persona, mediante palabra oral o escrita, gestos, dibujos, representaciones, difusiones, o por cualquier otro medio. Deshonrar es ofender a una persona mediante una referencia hiriente.

Una vez aclarados estos dos conceptos debemos saber que en Costa Rica, los delitos de calumnia o injuria, son conocidos como delitos de imprenta.

Estos delitos están contemplados en una ley que data de 1902, llamada “Ley de Imprenta”.

En nuestro país, muchos periodistas opinan que la libertad de informar es restringida, debido a los estatutos establecidos en la Ley de Imprenta.

El periodista Carlos Morales opina que esa ley “...no contempla una cantidad de circunstancias que se pueden presentar a la luz del funcionamiento de los medios de comunicación colectiva, como podrá ser el uso inapropiado de la fotografía, el derecho a la privacidad y otros”.

Aunque la Ley de Imprenta no contempla la comisión de delitos por medio de la radio y la televisión, eso no significa que sus autores deban quedar impunes, pues, como ya se señaló, el Código Penal vigente tipifica como delitos la injuria, la difamación y la calumnia en otros, como delitos que se pueden cometer a través de los medio de comunicación colectiva.

Otros estatutos que regulan la prensa son la Constitución Política de 7 de noviembre de 1949 y la Ley de Radio y Televisión. Esta última establece regulaciones que forman parte del control represivo que venimos comentando.

Finalmente con respecto a los controles, debemos abarcar también el control preventivo de las publicaciones.

• Control preventivo:

En este régimen, lo que se establece un ejercicio de intervención previa de la Administración.

El ejemplo por excelencia del control preventivo lo vemos con la censura.

Este sistema se lleva a cabo solo para evitar posibles complicaciones con las publicaciones y las posibles condenas establecidas por el sistema de control a posteriori.

También es importante señalar que el régimen de control preventivo es una herramienta que puede presentar algunas dificultades, por ejemplo, que la autoridad que participa es la Administrativa, por lo cual algunas veces el control es de manera general y no hay especificaciones que resguarden los derechos fundamentales de los sujetos de derecho privado.

Otro mecanismo del control preventivo es el Régimen de Autorización Previa, donde se instituyen normas que obligan a la inscripción de sociedades para la explotación de medios de comunicación y agencias de publicidad, de la inscripción de traspasos, gravámenes y enajenación de las acciones o cuotas de éstas en el Registro Público.

Lo mismo ocurre en el caso del traspaso y enajenación de derechos de radio frecuencia al requerir la autorización previa del Departamento de Control Nacional de Radio.

Otra autorización requerida es la inscripción previa o incorporación al Colegio de Periodistas para ejercer las funciones propias del periodista.

Otro aspecto de relevancia es el régimen de comunicación previa, que es cuando la Administración recibirá la información del ejercicio de una función antes de ser ejecutada.

Este es el caso de la comunicación por escrito, que debe hacer todo dueño de establecimiento tipográfico “antes de emprender sus trabajos”.

El secreto de Estado y las Informaciones Confidenciales

Es necesario mencionar este principio, ya que, está establecido en la Constitución Política cuando cita:

“Articulo 30: Se garantiza el libre acceso a los

departamentos administrativos con propósitos de

información sobre asuntos de interés público.

Quedan a salvo los secretos de Estado”

Aquí se esta garantizando el principio general de la publicidad de los órganos de Estado, debido a que la cosa pública es de interés de la población en general.

Sin embargo es necesario imponer limitaciones, en virtud de proteger la causa pública para seguridad del Estado y sus habitantes, por ejemplo en el supuesto de la publicación de un “secreto de Estado, información clasificada o confidencial”.

La expresión “secretos de Estado” también está manifestada en el artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública, aunque no está detalladamente definida.

El Daño Moral

Con respecto al daño moral se trata de esclarecer la concepción jurídica de la RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, ya que es un término con diferentes concepciones doctrinarias, algunas de las cuales son válidas a nivel jurisprudencial.

El estudio del daño moral debe ocurrir dentro del estudio de los supuestos de la Responsabilidad Civil.

El daño moral es uno de los temas más controvertidos en la vida jurídica y de menor contemplación legislativa y está ubicado en una categoría más general que lo. comprende, no siendo el único tipo de daño existente; se encuentra situada dentro del estudio de la Responsabilidad Civil Extracontractual y puede resultar derivado por comisión de delito.

La Responsabilidad Civil Extracontractual se diferencia de la Responsabilidad Civil Contractual, la cual se origina al no cumplir con las obligaciones derivadas de un contrato por parte de alguna de las partes ligadas por medio del vínculo jurídico. En otras palabras, este tipo de responsabilidad surge por el incumplimiento de un contrato.

La responsabilidad civil puede suscitarse por una conducta, ya sea, activa u omisiva.

Siendo responsabilidad civil de índole extracontractual, la conducta es activa, cuando se lesiona un interés jurídicamente tutelado, mediante una conducta positiva.

En el supuesto de una acción omisiva, la responsabilidad civil extracontractual existe cuando no se actúa conforme a la diligencia que se requiere y se exige en un caso particular.

La doctrina a través del tiempo, ha reconocido dos elementos fundamentales que componen la responsabilidad civil extracontractual, los cuales son el elemento comportamiento y el elemento daño.

Es necesario para que surja el derecho al resarcimiento, que haya un daño, o se produzca una lesión o invasión a la esfera jurídica ajena.

El daño se determina como eje principal de la responsabilidad civil extracontractual.

Los Códigos Civiles regulan solo los principios generales de Responsabilidad Civil, por lo que no se regulan todos los casos de responsabilidad específicos.

Es por esto que existen leyes especiales que dan solución a los casos que están dentro de los parámetros de los principios generales, por ejemplo, la Ley de Tránsito, Ley de Riesgos de Trabajo, Ley General de Aviación Civil y otros.

Para estudiar la responsabilidad civil extracontractual, es necesario acotar que existen dos tipos de responsabilidad:

• Responsabilidad Objetiva.

• Responsabilidad Subjetiva.

A. Responsabilidad objetiva:

En este tipo de responsabilidad se prescinde de la culpa como eje de la imputación; más bien se toma el riesgo que la actividad del sujeto o bien que la persona jurídica crea.

Lo importante a considerar aquí es la puesta en marcha de una actividad peligrosa que provoca la acción que es causa de imputación.

B. Responsabilidad subjetiva:

Es esta responsabilidad, el sujeto que desplegó la actividad viene a ser el responsable.

La responsabilidad subjetiva se divide en:

i. Subjetiva Directa o por hecho propio:

Aquí es cuando encontramos la conducta propia del sujeto, que lo obliga al resarcimiento.

ii. Subjetiva Indirecta o por hecho ajeno:

En este caso, el sujeto que es el autor directo del acto ilícito y el sujeto al que se le adscribe la responsabilidad no son coincidentes. No se trata de una excepción al principio de que el sujeto es el punto necesario de vinculación entre el hecho jurídico y sus consecuencias, pues la ley atribuye esta responsabilidad a un sujeto diferente del autor material en consideración a la relación existente entre ambos (artículos 1047 y 1048 del Código Civil.)

La responsabilidad subjetiva indirecta se divide en:

• Responsabilidad “in vigilando”

• Responsabilidad “in eligendo”

Al sujeto responsable se le atribuye culpa aunque no directa, es una culpa en cuanto a la vigilancia o elección del sujeto que actuó, originando la culpa “in vigilando” y la culpa “in eligendo”.

Hay tres requisitos para establecer la Responsabilidad Indirecta:

• Una relación de dependencia entre el sujeto responsable y el agente productor.

• Un daño producido por el agente productor, realizado en el ámbito de su incumbencia.

• Que haya culpa in vigilando o in eligendo con relación a la actividad del agente productor, culpabilidad que es presumida.

En resumen, podemos decir que las acepciones de daño moral son muy diversas, pero siempre orientadas al margen paralelo de que este tipo de daño trasciende a los intereses patrimoniales

Algunas definiciones de daño moral son:

• “Es el daño moral, el que no afecta necesariamente al patrimonio de una persona determinada, el que no queda completamente compensado entregando una cantidad más o menos elevada de dinero. De modo que no pueden considerarse exclusivamente morales aquellos daños que repercuten al patrimonio perjudicado”.

• “La molestia que el acto ilícito produce en la seguridad personal o en el goce de los bienes, o la lesión que el acto causa a las afecciones legítimas del damnificado”

• “Ese daño tiene como especial característica, su proyección moral, mientras que el hecho generador puede haber lesionado un derecho subjetivo patrimonial o extrapatrimonial”.

Una vez planteada esta noción sobre el daño moral, es importante destacar al gremio periodístico, como uno de los que encabezan la lista de imputados por responsabilidad civil de daños extracontractuales.

Debido a las constantes demandas de este carácter, se han planteado diversas teorías para establecer la Resarcibilidad.

Resarcibilidad

Existen muchos planteamientos sobre los criterios de resarcibilidad, ya que muchos aseguran que para plantear una suma indemnizatoria, no existen parámetro definidos, porque el grado o la importancia del daño, es algo que sólo puede valorar el sujeto afectado.

Respecto a este tema, nuestra jurisprudencia hace referencia.

Veamos:

La Sala de Casación N025 de las 15 horas del 26 de marzo de 1969, causa seguida por el licenciado Daniel Oduber Quirós contra la Nación S.A. dice que “Existen diversas teorías que niegan la reparación del daño moral y que pueden sintetizarse así:

• Por la imposibilidad de demostrar jurídicamente la existencia de los agravios morales; a ello basta oponer que si el hecho de una persona ha violado o no alguno de los derechos de otra, es circunstancia de fácil comprobación tanto como lo es la prueba de la lesión a alguno de los derechos patrimoniales; lo demás será cuestión de fijar el cuantum, que es otra cosa.

• Por lo peligros del arbitrio judicial, porque no son susceptibles de ser estimados con exactitud hay que someterse a lo que digan los jueces, quienes podrían fijar cualquier suma de dinero; a esto cabe replicar que existe una serie de elementos, que se toman en cuenta para fijar la indemnización a que luego se hará referencia, y que evitan ese peligro, que al igual que el anterior está referido al cuantum de la indemnización y no a la procedencia de la reparación.

• Porque es inmoral compensar el dolor con dinero; hay que admitir que el daño moral escapa de una tasación adecuada en dinero, por eso es que la suma que se fija lo es en forma prudencial y tiende a otorgar al ofendido alguna satisfacción más o menos compensatoria.

• Porque los daños morales son pasajeros y se desvanecen sin dejar huella; pero ello en modo alguno evita la reparación, porque si se causó el daño hay una violación a los derechos inherentes a la personalidad del individuo y hay que repararla.

• Porque produce un enriquecimiento sin causa; hay que observar que no hay enriquecimiento porque la reparación no excede la magnitud del daño y que sí hay causa porque los bienes personales como la vida, la integridad física, etc., están ampliamente protegidos por el derecho y si son perturbados o violados, surge la obligación de reparar.

• Porque el número de estos daños es infinito; al respecto hay que indicar que no es suficiente que se ocasione el daño, sino que es necesario que el sentimiento se encuentre protegido por el derecho, y que los daños a cobrar lo son por las personas directamente afectadas y que aquellos son consecuencia inmediata de la transgresión.

Quienes apoyan la resarcibilidad presentan contra-argumentos: afirman que la compensación no es absoluta pero es compensación al fin y al cabo. La cantidad no regulada por la ley debe dejarse en manos de la jurisprudencia.

La verdad de la cosa juzgada sólo es una presunción pero no es motivo suficiente para caer en la injusticia de la no reparación. A los fines de estimar el daño que se ha causado, debe estudiarse el sujeto antes y después del acto dañoso en su capacidad de obtener ingresos, en la disminución de los bienes psíquicos, considerando al hombre en su totalidad.

Otro ejemplo que trata nuestra jurisprudencia, con respecto al daño moral es:

Sentencia de Casación de las 2:55 horas del 19 de febrero de 1925, en la del 29 de octubre de 1928 y y la de las 10 horas del 18 de octubre de 1949 se deniega la reparación del daño moral por padecimiento fisico, con base en el artículo 1045 del Código Civil, por estimar que sólo procede en los casos previstos en la legislación penal. Es decir que sólo se resarce el daño moral en los casos previstos en la ley penal.

Requisitos para la reparación del daño moral:

• La relación causal entre el daño y el delito:

Aquí se establece que el responsable no puede ser exigido a resarcir más que las consecuencias no patrimoniales que ha causado con su acto y no las otras derivaciones fortuitas aunque vengan con ocasión del acto.

• La certeza del daño:

El daño debe ser acreditado por el sólo hecho de la acción antijurídica y la titularidad del accionante.

• Condición personal:

Nadie puede pretender una indemnización invocando como propio un dolor de daños íntimos ajenos. La reparación de un daño no puede ser cedida a terceros, ya que este tipo de acción es intransferible y no es susceptible de ser heredada. Lo que si puede ocurrir es que la obligación de indemnizar por daño moral, puede ser heredada por los parientes del responsable, ya que ésta, no es una obligación personal como la pena.

Medios de resarcimiento

Existen varios medios para indemnizar, entre los cuales encontramos:

• El dinero efectivo:

Es uno de los más utilizados.

Con respecto a este medio, nuestra Sala de Casación dice:

“... Se le asigna hoy una nueva función, cual es la de actuar como medio compensatorio respecto de los bienes y servicios intelectuales y espirituales; pues de lo contrario, el causante del daño moral quedaría librado de todo pago, es decir, en la impunidad”

• Publicación de la sentencia condenatoria:

En caso de que se haya atentado contra el honor, la publicación de la sentencia va a contribuir a desagraviar al ofendido, difundiendo la falsedad de las imputaciones injuriosas y calumniosas. Esta es una posibilidad que no funciona siempre, ya que en algunos casos, la publicación más bien, ayuda a difundir la vida privada de un individuo, y se viola el interés de la reserva.

• Derecho de Respuesta:

Este es consecuencia del ejercicio del derecho a la información. Este derecho, contribuye a la vigencia real de la libertad de expresión, de modo que puede considerarse como un medio de control de la prensa por parte del público, por lo que puede decirse que es un derecho que va a favor del particular que por medio de un anuncio de hechos falsos en un periódico, puede insertar en el mismo la contestación: negando, rectificando o explicando los hechos.

Con respecto a la responsabilidad civil extracontractual generada por los medios de prensa, se analizarán a continuación, los supuestos que crean la responsabilidad, respecto de las publicaciones, anuncios o comunicaciones masivas que ofendan o violenten los derechos e intereses personales de un persona tanto física como jurídica.

Supuestos de la Responsabilidad

El periodista debe considerar las consecuencias de su comportamiento profesional, así mismo, estudiar los elementos fácticos que traen consigo el nacimiento de la responsabilidad.

Estos elementos fácticos son:

• El comportamiento (activo u omisivo).

• El daño (patrimonial o moral).

• La relación de causalidad (que da relevancia a los dos elementos anteriores).

Responsabilidad civil del periodista

Para el periodista el comportamiento consiste en redactar una información periodística y publicarla, identificándose como su autor. La lesión a los derechos ajenos, que origine con su comportamiento, puede realizarla con dolo o culpa y debe poseer las condiciones circunstanciales y mentales necesarias para ser imputable.

Todo periodista para estimar si su comportamiento es antijurídico debe estimar los siguientes aspectos:

- Con las palabras de su publicación se constituyen las figuras penales de la injuria y la calumnia referidas en la Ley de Imprenta y descritas en el Código Penal.

- Su publicación no incluye fotografía tentatoria contra el derecho a la imagen de un sujeto.

- La publicación no es violatoria de la privacidad de un sujeto protegido en su intimidad por el derecho.

Además existen ciertos mecanismos que excluyen la antijuridicidad:

La legítima defensa:

Actúa en legítima defensa aquella persona que para evitar una lesión probable en su persona o en sus derechos o en los ajenos, reacciona contra el agresor. El Código Penal en su artículo 28 estipula que para configurar la legítima defensa debe surgir la respuesta a una agresión ilegítima, actual o inminente y haber utilizado un medio adecuado para repeler la agresión.

El estado de necesidad:

Es cuando se está ante una situación de peligro actual o inminente, que no lo haya provocado voluntariamente y finalmente que no sea evitable de otra manera.

Otras maneras de determinar que la conducta no sea antijurídica son el cumplimiento de un deber legal, el ejercicio legítimo de un derecho y el consentimiento expreso o presunto del titular de un bien jurídico cuya tutela está condicionada por el interés que tiene ese derecho y disposición sobre él.

Otro eximente importante es la Exceptio Veritatis, la cual ha sido admitida por la jurisprudencia como eximente de responsabilidad en los delitos de imprenta, considerando la aplicación del artículo 149 del Código Penal

Este artículo establece que el autor de injuria o difamación no es punible si la imputación consiste en una afirmación verdadera y esta no ha sido hecha por puro deseo de ofender. Esta prueba de la verdad se limita a los siguientes supuestos:

- Que la imputación esté vinculada con la defensa de interés público actual.

- Si el querellante pidiere la prueba de la imputación contra él dirigida, siempre que tal prueba no afecte derechos o secretos de terceras personas.

En el artículo 12 de la Ley de Imprenta el autor puede ser absuelto, cuando la publicación se dirija contra quienes ejerzan funciones de la República, o sean candidatos a las mismas siempre que el móvil sea el interés público. En este último caso no se requiere que el hecho sea probado como verdadero.

Nuestra jurisprudencia cuando Pilar Cisneros Gallo, realizó una serie de reportajes en relación con el gerente del Banco Nacional y un grupo de narcotraficantes, estableció acerca del interés público:

“…había un interés público y todo ciudadano en protección de ese interés, tenía derecho de opinar sobre lo acontecido, con mayor razón, un periodista como Director de un medio de comunicación colectiva, de lo contrario se estaría negando la libertad de prensa”

De modo que un periodista, al ejercer su profesión puede:

• Injuriar un tercero para defender un interés público actual. El hecho debe ser verdadero.

• Decir que un tercero ha cometido delito y probar que lo chico es cierto, salvo que se trate de delitos de acción o de instancia privada y que no hayan sido promovidos por su titular. El hecho debe ser verdadero.

• Injuriar o calumniar a quienes ejerzan funciones de la República, a los candidatos a las mismas, aunque lo dicho sea mentira, si el móvil es el interés público.

Con respecto a la definición del interés público, la jurisprudencia ha dicho que para defender la libertad de prensa no se necesita admitir que el móvil del interés público que la anima deba apreciarse con un criterio amplio o extensivo, por lo que se puede hablar en forma injuriosa sin quedar expuesto a la sanción penal, debido a que la misma Constitución Política al consagrar esa libertad de imprenta declara la responsabilidad de todo el que abuse o se exceda.

El periodista puede librarse de toda responsabilidad aunque en su publicación exista la configuración de un delito penal, violación la intimidad de las personas, al derecho a la imagen, si media una causa de justificación.

Puede concluirse que el periodista se libra de responsabilidad, cuando prueba que hay de por medio un interés público en la información que éste plantea. Así como el cumplimiento de un deber y el ejercicio legítimo de un derecho.

La responsabilidad de los periodistas siempre es solidaria entre el periodista redactor de la publicación y el director del medio. Esto lo establece la Ley de Imprenta en su artículo 7 que dice:

“...esta pena la sufrirán conjuntamente los autores de la publicación y los editores responsables del periódico.”

La responsabilidad solidaria es un factor que no se presume, sino que proviene de la Ley de Imprenta y el Código Penal.

Legislación Civil de Costa Rica

Criterios de responsabilidad

La Sala Primera Civil ha dicho que:

“Para desentrañar con propiedad el hecho dañoso, se deben averiguar, circunstancia y objetivamente todos y cada uno de los diversos factores que contribuyeron a su advenimiento, tanto del o de los agentes como de la víctima y los o el sujeto pasivo; por eso es evidente la importancia de estudiar todos los elementos que configuran el hecho para determinar la imputabilidad del mismo; la doctrina ha dicho que la culpa consiste siempre “en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación y que correspondiere a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar” (Doctrina de R.M. Salvat. Hechos Ilícitos.)

Allí puede deducirse que para formar los criterios de responsabilidad deben tomarse en cuenta todos los factores de referencia de conducta del “buen padre de familia”, es decir la creación de modelos deónticos que determinen la culpa en una determinada acción.

Como base principal definitoria de la responsabilidad civil, podemos citar el artículo 1045 del Código Civil que establece responsabilidad por cualquier clase de culpa como sustrato de la responsabilidad subjetiva. Incluye el dolo, la falta, la negligencia y la impericia.

Al ser este una base esencial es necesario explicar los conceptos que dan paso a la responsabilidad:

• La negligencia:

Es la falta de diligencia. Puede definirse como descuido, desatención, el no actuar con cuidado cuando las circunstancias así lo ameriten.

Es la omisión de hacer lo que el ordenamiento decreta, y puede presentarse tanto en los comportamientos activos como en los omisivos. En el primero de los casos, es cuando se hace menos de lo debido, y en el segundo cuando existe una norma que obliga a actuar para evitar el daño, pero se omite.

• La imprudencia:

La imprudencia se suscita por una acción excesiva de confianza, por lo que puede decirse que es una falta de previsión o de precaución al ejecutar una acción.

Se diferencia de la negligencia, ya que la imprudencia es un acto excesivo, en cambio la negligencia es un acto negativo.

• La impericia:

Esta se configura cuando el sujeto realiza una actividad a pesar de no contar con los conocimientos o facultades necesarias para llevarla a cabo.

Es la actuación, a pesar de la ineptitud técnica y física idónea.

Esta es una manifestación de la culpa que cobra mucha importancia en el ejercicio de las profesiones liberales. El ejercicio de una profesión amerita un título que lo faculte y los conocimientos necesarios.

Además se configura la impericia en los casos en que aun sin tener conocimiento de su ineptitud, si estuvo en la posibilidad de haber adquirido los conocimientos y medios idóneos que requería la actividad.

Obra con impericia, el periodista que, no teniendo certero conocimiento de la técnica periodística, la ejerce y a su vez lesiona los derechos de otros.

Puede adolecer de ineptitud investigativa, desconocimiento de mecanismos de corroboración de la verdad o falta de desarrollo del sentido común que se desarrolla con la adquisición académica de conocimientos.

• El dolo:

El dolo es la intención de dañar.

Se pueden distinguir tres formas de dolo en el derecho civil:

- Como la intención deliberada de causar daño, en cuyo caso se configura como elemento de la culpabilidad en los ilícitos civiles.

- Como intención de inducir engañosamente a una persona a celebrar un negocio, configurándose como vicio de la voluntad.

- Como la inejecución voluntaria y consciente de una obligación por parte del deudor.

En materia de penal, el dolo es encontrado en dos formas, según el artículo 31 del Código Penal:

“Obra con dolo quien quiere la realización

de un hecho tipificado, así como quien la

acepta, previéndola a lo menos como posible.”

De este artículo se desprenden el dolo directo y el dolo eventual. En el primero se quiere la realización de un hecho punible, en el segundo se acepta.

• La Falta:

Este es otro elemento configurador de la culpa, y se considera como la inobservancia de las normas jurídicas, sin importar la jerarquía de éstas.

Sin embargo, según nuestro ordenamiento, nadie puede alegar ignorancia de la ley, de ahí la responsabilidad por inobservancia.

Algunas veces la manifestación de la culpa no es tan clara, debido a que en algunas oportunidades se presentan la imprudencia y la impericia a la vez, o bien, una conducta negligente o imprudente, o bien la imprudencia o negligencia pueden dar paso a la violación de los reglamentos.

Actividad Informativa y Responsabilidad

Pueden citarse algunos aspectos más generales sobre la libertad de información y la responsabilidad civil.

Actualmente, aparte de libros, periódicos, revistas, radio, cine y televisión, han aparecido nuevos equipos capaces de difundir conocimiento, ideas o informaciones a centenares de millones de seres que viven en diferentes puntos del planeta. Teletipos, telefotos, satélites de transmisión con alcance continental, internet y otros que complementan el mundo de la difusión científica, cultural, noticiosa o de puro entretenimiento.

La actividad de la prensa gira en tomo al público hacia el cual va dirigido el mensaje de su trabajo, cuya protección se percibo como una necesidad cada vez más urgente.

El derecho a la información ha de constituirse según su propia naturaleza y sólo puede adquirir vida, a través de la conjunción con los demás derechos humanos.

Respecto a las personas llamadas a responder por las consecuencias informativas, hay que establecer si se 0pta por mantener las reglas penales y civiles comunes o si se establecen reglas especiales.

Por la dificultad de individualizar las responsabilidades, la técnica jurídica estableció diferentes formas de ubicar al responsable, a través de la responsabilidad penal legal, o las figuras del gerente, redactor, o director responsables.

Lo importante de rescatar aquí, es que los centros de formación profesional, deben infundir de forma intrínseca en los futuros periodistas un modelo deóntico de gran amplitud que genere espacio para llevar a cabo de forma íntegra el derecho a la información, el cual a partir de 1948 ha sido presentado como un derecho universal en razón del sujeto, y que está reconocido por las declaraciones universales.

Veracidad Periodística y Comprobación de la Información

Caso Concreto Jurisprudencia de Costa Rica

Es sin duda alguna, la verdad, uno de los temas más ligados al ejercicio del periodismo, por lo tanto, se espera que cada periodista actúe como garante de la verdad y la objetividad de la noticia.

Debido, a la controversia que puede girar en torno a una noticia, sobre todo si se trata de una que afecte bienes jurídicos como la intimidad, la vida privada y el honor, de modo que es necesario que los medios que la difunden estén brindando la verdad por medio de una noticia de fuentes confiables y debidamente corroboradas.

En ese sentido vamos a analizar más a fondo un caso concreto suscitado en Costa Rica, en sentencia N° 382 del Tribunal Segundo Civil de San José del cuatro de octubre del dos mil dos, de las nueve horas treinta minutos, en causa de segunda instancia por sentencia dictada por el Juzgado Tercero Civil de San José en proceso Ordinario de Jorge Luis Villalobos Araya cédula #2-289-024, vecino de Heredia, contra Roy Alonso Solano Chévez, periodista con cédula #1-771-670, vecino de San José, y Representaciones Televisivas REPRETEL Sociedad Anónima.

En este caso, el actor, Jorge Luis Villalobos Araya, labora para el Poder Judicial como juez, y es el 29 de marzo de 1999, en la edición nocturna del noticiario de Canal Seis (Noticias Repretel), que una periodista se encargó de difundir la siguiente información:

“Otro juez es investigado en estos momentos

por el Ministerio Público, a raíz de la detención

del Juez Penal Álvaro Jiménez, hace dos semanas.

Según supo Noticias Repretel, el alto funcionario

habría evitado varios allanamientos con aparente

propósito de encubrir a una banda de narcotraficantes.”

Pero el punto de discordia, se genera cuando el coaccionado Roy Alonso Solano Chévez profundizó en la información e indicó:

“Una fuente judicial cercana al caso de la

detención del Juez Álvaro Jiménez, quien pidió

el anonimato, dijo a Noticias Repretel que otra

autoridad judicial esta siendo investigada.

Se trata de un juez de apellido Villalobos, según

confirmó la fuente; esta persona sería blanco de

los funcionarios de inspecciones judiciales, quienes

están averiguando por qué varios allanamientos

no se pudieron realizar. Esta persona tiene una

amplia trayectoria judicial. Esta versión no fue

confirmada por los jerarcas del OIJ Jorge Rojas

Director interino, aseguró que se realizan investigaciones

de personas que tuvieron relación con el Juez Jiménez,

pero son meramente administrativas…”.

En ese momento, la única persona que se desempeñaba como Juez Tercero en materia penal, en San José, era el actor Villalobos Araya, y en ese momento, el Organismo de Investigación Judicial no ejecutaba ningún tipo de investigación contra el accionante.

La sentencia más adelante, señala que el actor, fue atendido por el servicio médico de empleados del Poder Judicial el día 5 de abril de 1999 a raíz de una crisis de ansiedad y depresión reactiva, siendo incapacitado por término de ocho días. De igual manera los días 7 y 13 de abril de 1999, Jiménez fue atendido en el servicio de Siquiatría del Hospital San Vicente de Paúl en Heredia, con un trastorno ansioso agudo en la primera consulta y episodio depresivo moderado en la segunda.

Los problemas de salud de Jiménez en estas ocasiones, fueron atribuidas a la noticia difundida por el noticiario, de forma que el 7 de abril de 1999, el actor formuló la querella de acción privada por el delito de difamación. El 3 de mayo de 1999, el demandado Solano Chevez, se retractó de la información que había proporcionado en el noticiero de aquella noche del 29 de marzo de 1999.

Con respecto a los demandados, estos acudieron a defenderse alegando que la noticia fue brindada con fundamento al derecho constitucional de información, debido a que se trataba de un suceso que involucraba el interés público; de forma que basaron su defensa en los principios establecidos en los artículos 28 y 29 de la Constitución Política de Costa Rica, que manifiestan el derecho de no ser perseguido en virtud de las opiniones que se emitan ni por actos que no infrinjan la ley y le otorgan la libertad al individuo de comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura.

Sin embargo, la Sala Constitucional ya se ha pronunciada en reiteradas oportunidades con respecto a la libertad de información y de prensa, estableciendo que estos derechos facultan a los periodistas para comunicar los acontecimientos revestidos con cierto interés público, con el fin de que el individuo tenga un conocimiento oportuno con respecto a ellos, ya que pueden serle de utilidad en el desempeño de sus actividades.

Sin embargo, este derecho a informar, no supone una libertad irrestricta, así que la misma Sala Constitucional se ha pronunciado con respecto a los límites que deben regular el ejercicio de este derecho, señalando que se deben tomar en cuenta el orden público, la moral, los derechos de los terceros, tales como la reputación y el honor como parte del derecho a la intimidad.

Además, la Sala indicó que el honor tiene dos facetas, una interna o subjetiva que se presenta en la estimación que cada persona tiene de sí mismo, y otra de carácter objetivo, que es la trascendencia o exterioridad conformada por el reconocimiento que los demás tienen acerca de nuestra estima.

Además está la limitación que establece el mismo artículo 29 de la Constitución Política, que otorga libertad de comunicar pensamientos y comunicarlos sin previa censura, pero establece responsabilidad con respecto a los abusos que se comentan en el ejercicio de este derecho.

Por todo lo anterior, en este caso, el organismo jurisdiccional, concretó que el accionado Solano Chévez, cometió un acto abusivo de derecho, que tiene su origen en la doctrina de los actos de emulación, y que el derecho romano trata a partir del periodo preclásico, al igual que en el medioevo. Los actos emulativos son aquellos ejecutados con un ánimo de dañar, sin un beneficio mínimo para su autor.

Además en la sentencia se señala que la veracidad de lo informado se delimita en una comparación de armonía entre el hecho que sirve de base a la noticia y la misma, de forma tal que, ante la inexistencia de esa armonía se produce la inexactitud de la información.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, los informadores son meros intermediarios que no conocen la realidad de forma directa, sino que se limitan a reproducir noticias proporcionadas por fuentes confiables, lo que, en principio, atendría la responsabilidad. No obstante, esta hipótesis, implica reconocer que el periodista puede informar lo que le parezca conveniente, sin embargo está claro que los medios deben responder sobre la inexactitud de sus informaciones.

Este factor lo explica el autor Ramón Daniel Pizarro cuando emite las siguientes premisas:

• “El objeto de la información tiene límites internos que varían, según el tipo de información que se trate.”

• “Esos límites están constituidos por los deberes de objetividad, exactitud y veracidad que van aparejados cuando la información se refiere a la difusión de hechos, pero que se tornan relativos, parcialmente, en los casos en los que se externa un juicio o una opinión, y que se diluyen totalmente cuando se trata de la comunicación de ideas.”

• “Los límites externos del derecho de información, los constituyen el derecho a la intimidad, al honor y todos aquellos derechos fundamentales de la persona, los cuales se pueden violentar mediante la difusión de hechos, opiniones o juicios.”

También, empresarios de REPRETEL fundamentan su defensa en la imposibilidad que tenían para detener el curso de la noticia, como podemos ver en el siguiente extracto de la sentencia que se remite al artículo 23 de la Ley de Radio y Televisión:

“…Los propietarios, empresarios y directores de las empresas de radio y televisión, o quienes los representen, así como quienes usen el tiempo de esas empresas para radiodifusiones, tienen la obligación ineludible de vigilar las radiodifusiones y proceder con previsión y prudencia al hacerlas y al permitir el uso de sus medios informativos a personas ajenas a la empresa, para evitar la comisión de delitos contra el honor de las personas. Ellos serán penalmente responsables de acuerdo con las disposiciones del Código Penal por todas las informaciones y opiniones que se difundan cuando sean injuriosas o calumniosas. Sin embargo, estarán exentos de responsabilidad cuando, de acuerdo con la premura con que se da una información o las circunstancias en que ésta se produce, se revele que el empresario no conoció ni estuvo en condiciones de impedir que se produzca el hecho o expresión injuriosas, o calumniosas”

Sin embargo este argumento les fue refutado, ya que este constituye únicamente un eximente de responsabilidad penal y no de naturaleza civil.

Finalmente el actor acotó, que esta noticia lo dañó física y mentalmente, al igual que le trastornó su personalidad y causó efectos negativos en su familia, debido a que vio afectada su honorabilidad causando además que él se deprimiera, se sintiera irritable y avergonzado por las circunstancias que rodearon la comunicación.

En base a todo lo sucedido y los alegatos de cada una de las partes, y en vista de que es grave que cualquier Juez de la República sea vinculado en materia de narcotráfico, pero sobre todo, tratándose de un juez penal, ya que en este cargo debe ser totalmente incuestionable e intachable, el tribunal resolvió que eran responsables en forma solidaria el señor Roy Alonso Solano Chévez y Representaciones Televisivas REPRETEL Sociedad Anónima, y eran condenados por concepto de daño moral en un monto de diez millones de colones.

Ante tal sentencia los demandados recurrieron a la casación donde alegan que no se obró con mala fe, en razón de que los litigantes no se conocía ni les unía ningún tipo de relación, ante lo cual la Sala Primera argumenta que se trata de un caso de ejercicio abusivo de derecho, por lo cual para su configuración no es necesario que exista un vínculo entre las partes, con lo cual se hace indudable que se lesionó el honor de Jorge Luis Villalobos Araya, ya que al publicar información sin confirmar se abusó del derecho a informar, lo cual constituye un ataque antijurídico de los derechos de la personalidad de Villalobos.

De conformidad con los criterios expresados por la Sala Primera el recurso de casación interpuesto por los demandados fue desestimado y se le impuso el pago de las costas al recurrente, manteniéndose así, la sentencia en firme.

Al analizar todo el contexto de el caso el ente jurisdiccional costarricense deja perfectamente claro que al hablar de libertad no se piensa en una libertad irrestricta, puesto que la misma está condicionada por un conjunto de factores que actúan simultáneamente.

Siendo la misma ley la que provee condiciones que sirven como parámetros que delimitan las libertades, también existen preceptos morales que heredamos a través de la educación del medio social.

Con respecto a esta calificación axiológica de la libertad de expresión tenemos un factor importante que tomar en cuenta, que es el deber de cuidado y de verificación con el cual debe contar el gremio de los periodistas, y en forma concreta debe constar de una ética profesional que caracterice a los integrantes de su gremio.

La Ética del Periodista

Con respecto al periodista es preciso decir que es una de las profesiones que más vocación exige, ya que es una actividad seria que requiere esfuerzo, preocupación y representa una obligación de ejercicio cabal, debido a que tiene alcances de grandes proporciones en el ámbito social y de hecho, al periodista no debe importarle cuánta sea la presión impuesta por las corrientes inmorales de la época que tratan de darle un tinte incorrecto a la profesión gracias a los intereses económicos, políticos, o de cualquier índole que enfrentan a los periodistas con su convicción de proyectar a su público una noticia transparente que logre tocar conciencias.

También el profesional en el ámbito informativo, debe tener en cuenta que la responsabilidad civil es un concepto intrínsecamente ligado a la libertad de expresión e información, en tanto que quienes transmiten la noticia deben tomar una actitud razonable que les permita discernir cuando estén frente al dilema de transmitir una información impropia o parcialmente veraz.

En igual medida, este sistema valorativo, debe ser parte del accionar de los dirigentes y empresarios de las empresas de comunicación masiva, siendo ellos los llamados a elegir bien a sus elementos como personas preparadas y calificadas para enfrentar las situaciones adversas que deban afrontar en cada caso que implique el ejercicio de su labor.

Responsabilidad Penal de los Periodistas

Durante el desarrollo de este trabajo, hemos tratado de establecer las bases que fundamentan la responsabilidad civil que acarrea a los periodistas la difusión de informaciones falsas o inexactas, pero vale acotar que en muchos casos, incurrir en esta falta puede generar también responsabilidad penal.

Como es sabido, la función del derecho penal es reprimir a los individuos autores de delitos que atentan contra el ordenamiento jurídico.

El concepto de delito es entendido como una acción típica, antijurídica y culpable, lo cual significa que para que la imputación de un delito le sea atribuida a un periodista, su conducta debe encuadrar con los tipos establecidos en el Código Penal, ir contra el ordenamiento y no tener justificantes, al igual que poseer una reprochabilidad hacia el autor.

En el caso de la responsabilidad penal, esta es personal, por lo tanto el ordenamiento jurídico sólo puede reprocharle la conducta a un sujeto a consecuencia de sus propios actos.

Es decir, si no existió dolo, culpa o preterintención por parte del autor, no puede reprimirse su conducta penalmente, lo cual reafirma el principio de “no hay delito sin culpa” (nullum crimen sine culpa).

Por eso queda claro que un individuo en ningún supuesto podrá ser responsable penalmente por los delitos cometidos por un tercero.

Sin embargo, en materia de prensa, si existen mecanismos que en determinadas circunstancias permiten que un periodista pueda ser llamado a responder penalmente por actos atribuidos a un tercero; en cuyo caso lo que se podrá reprochar es la responsabilidad por no haber impedido que la sección periodística a su cargo se convierta en medio de difusión de una injuria o calumnia; sin embargo, predomina el principio de la “responsabilidad por hechos propios”.

Sobre todo, cuando se trata de periodistas jóvenes, éstos son presionados por sus jefes para obtener una noticia, lo cual podría argumentarse como eximente de responsabilidad, pero en realidad el periodista debe estar consciente de que puede imputársele la autoría directa o inmediata de una conducta ilícita que ejecute.

A pesar de ir en contra del principio “nullum crimen sin culpa”, la responsabilidad objetiva ha logrado subsistir en el campo del derecho penal, específicamente en los delitos cometidos en el ejercicio de la labor periodística, lo cual se debe a que en el ejercicio de la labor de comunicación masiva intervienen gran cantidad de profesionales que interactúan con el fin de dar a conocer la noticia y en consecuencia al juez se le ha dificultado la labor de establecer cual es el autor inmediato del hecho ilícito.

Por lo anterior, la legislación ha recurrido a regímenes de responsabilidad objetiva que establezcan una cadena de responsables en caso de producirse un abuso en el ejercicio de la libertad de información o de prensa. Un ejemplo de esto lo estipula el artículo 7 de la Ley de Imprenta, que establece que la pena será impuesta conjuntamente con el autor directo del delito de imprenta al director de la publicación, haciendo así que el director o editor de periodistas se constituya en el garante del honor de las personas que integran la colectividad.

Este sistema de responsabilidad fue anteriormente establecido en países como Francia, Bélgica e Italia. Por ejemplo en Bélgica se implementó un mecanismo llamado “sistema de cascada”, mientras que el sistema italiano estableció la responsabilidad concurrente o solidaria.

En nuestro país, el artículo 7 de la Ley establece la autoría directa, la autoría concurrente y el sistema de cascada.

• Responsabilidad Concurrente:

Este esquema nacido en la legislación italiana, le atribuye la responsabilidad al director del medio informativo, solo por el hecho de fungir como tal, sin importar si ha sido o no el autor directo. Por esto se deduce que aquel que acepta dirigir un periódico, asume simultáneamente el riesgo de ser responsabilizado por acciones que configuren un delito contra el honor producido por el ejercicio del derecho a la información

Posteriormente, la Sala Constitucional resolvió, que este, no significa un modo de condena automática para los editores o directores, debido a que son los jueces los llamados a aplicar los motivos de justificación que conlleven a la absolutoria.

• Sistema de Cascada:

Este sistema va desplazando subsidiariamente la responsabilidad generada por una publicación, de una persona a otra hasta llegar a la persona que funge como propietario de la imprenta.

Sin embargo, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia consideró mejor no aplicar más este mecanismo, debido a que va en contra de los principios constitucionales y los principios de culpabilidad y personalidad que establece el derecho penal.

En cuanto a la atribución de la responsabilidad penal, se ha generando divergencia de opiniones, a lo cual se refirió la Sala Tercera expresando que la responsabilidad por la comisión de un delito por la prensa no se limita exclusivamente al autor directo, sino que también involucra al director de la publicación.

Esta orientación, fue tomada debido a que las empresas periodísticas están obligadas de acuerdo a los derechos del receptor, a difundir información que sea veraz, objetiva y que respete los valores fundamentales para la sociedad, tales como el honor, la intimidad, la imagen de las personas y la vida privada. Siendo así, el delito que se le imputa al director y los dueños de un medio informativo, se constituye como un delito que surge por omisión; es decir, se les cobra el no impedir el resultado de una pública, con lo que puede decirse que se les reprocha un acto propio, siendo así una comisión por omisión que se imputa ya sea por dolo o culpa.

La omisión es entendida como la inobservancia de las normas que imponen la realización de determinadas acciones, por lo que se afirma que los delitos de omisión son los que se constituyen por una conducta pasiva y no por una acción.

Conclusiones

En primera instancia es necesario aclarar que el objetivo principal satisfecho en esta investigación fue el demostrar que los periodistas, pese a gozar de derechos que amparan el ejercicio de sus funciones, también deben actuar bajo el marco de limitaciones que fija el ordenamiento jurídico, y de tal premisa pudimos obtener las siguientes conclusiones:

• La autoría en los ilícitos que genera el daño moral causado por las informaciones brindadas por los medios de comunicación no se supedita en forma individual al autor inmediato que fungió como periodista, sino que responden en forma solidaria los directores y empresarios del medio en cuestión.

• Que los periodistas cuentan con un código de ética que por si mismo constituye un sistema informal de represión ante la información falsa o inexacta.

• La libertad de expresión, de prensa e información, no constituye un eximente para garantizarle a los medios de comunicación que pueden proporcionarle a la colectividad las noticias sin corroborar su validez y veracidad.

• El abuso del derecho, constituye uno de los factores que influyen en la configuración de hechos que atentan contra el honor y la intimidad de las personas, y éste a su vez constituye un móvil evidente para condenar por un determinado hecho ilícito de esta categoría.

• Que la negligencia, imprudencia, impericia, la falta de inobservancia en el deber de cuidado y el dolo, determinan elementos que prueban la naturaleza del daño causado por una publicación.

• Que la sistematización de los derechos de la personalidad establecen principios de protección a la intimidad, al honor y al derecho de imagen, que según la legislación constitucional e internacional deben ser protegidos ante la violación que pueda ser generada por un delito de injurias o calumnias.

• Que las normas procesales y sustanciales de la legislación de Costa Rica e Internacional, están claramente definidas en beneficio de cada uno de los individuos que integran la sociedad y que pudieran ser factores que desvirtúen los derechos humanos establecidos a nivel de la competencia supranacional.

ANEXOS

PROYECTO DE LEY

LEY DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRENSA

Expediente Nº 14.447

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La legislación aplicable a las libertades de expresión y prensa en Costa Rica, así como su desarrollo jurisprudencial, colocan al país en una situación de lamentable atraso en relación con las normativas imperantes en las democracias más avanzadas.

Esa situación daña el prestigio democrático de nuestra nación, bien ganado en tantas otras materias, y restringe el derecho de los costarricenses a informarse e informar. Y, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “...es posible afirmar que una sociedad que no está plenamente informada no es plenamente libre.”

Lo que se requiere no es eliminar los límites que el honor fija a la libertad de expresión y prensa, sino señalar que ambos valores o derechos se limitan recíprocamente y su equilibrio debe tomar en cuenta circunstancias diversas, en particular, los casos en que media interés público y -de forma general- la función indispensable que la liberad de expresión desempeña en la dinámica de la democracia. Así, la responsabilidad del informador debe surgir cuando no medie interés público y cuando actúe con manifiesta mala fe.

También cabe señalar que el derecho de réplica, incluido en la Ley de la Jurisdicción Constitucional (11 de octubre de 1989) estableció un mecanismo sencillo, expedito y eficaz (el amparo) para que cualquier ciudadano rectifique informaciones “inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio”. De este modo, y aunque a veces ha sido esgrimido como mecanismo de presión contra la prensa, ha garantizado legalmente lo que era una práctica bastante generalizada en los medios de comunicación más responsables del país: abrir su tiempo y espacio al debate, la discrepancia y las aclaraciones.

Los fallos de la Sala IV se han encargado, a lo largo del tiempo, de fijar puntos de referencia más claros para el ejercicio de esta figura.

Por sus características procesales y la rapidez de resolución, el derecho de réplica es un instrumento eficaz para tutelar el derecho al honor o el buen nombre; además, hace más compatible esa tutela con un clima de discusión pública intenso y sano, como necesita cualquier democracia.

Para calibrar el rezago de Costa Rica en cuanto a la legislación aplicable a la prensa, basta comparar su actual situación con la de Argentina, cuyo Código Penal inspiró la legislación vigente en nuestro país. Argentina dejó atrás las normas que nuestro Código Penal conserva y promulgó la legislación más abierta y avanzada de América Latina.

Otra muestra del anacronismo es la supervivencia de la Ley de Imprenta de 1902, al amparo de la cual, no hace mucho, se cometía el exceso de condenar penalmente a los directores de medios sin examinar su participación en la comisión del delito y mucho menos su intencionalidad. Se aplicó así la responsabilidad objetiva en lo penal, a la usanza del Medioevo, hasta el año 1988.

Mientras muchas democracias de avanzada abrazan el principio de que los posibles abusos cometidos en el ejercicio de la libertad de expresión y prensa no son materia del derecho penal, en nuestro país rige una legislación restrictiva, de índole penal, que limita con fuerza la posibilidad de difundir informaciones, ideas y opiniones.

La despenalización de las faltas cometidas en el ejercicio de estas libertades fundamentales tiene una larga tradición en el derecho anglosajón, que se pronuncia por la reparación civil del daño. Eso sí, aún la responsabilidad civil sólo surge cuando la conducta reprochada se aparta de normas muy claras sobre la exclusión de toda responsabilidad, al amparo del interés público, la ausencia de dolo y otras causas de justificación.

El principio se extiende ahora a países que siguen otras tradiciones jurídicas, y no es casualidad que el Instituto Interamericano de Derechos Humanos recomendara la despenalización cuando la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa le consultó un proyecto de ley que pretendía introducir reformas en la materia. En forma idéntica se ha expresado la Relatoría especializada de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sin embargo, el atraso de nuestro país es tal que, antes de plantear el profundo debate de la despenalización y las garantías que aún en el ámbito civil deben otorgarse a las libertades de expresión y prensa, urge una reforma sencilla que incorpore a los procesos penales normas mínimas y casi universalmente aceptadas en el mundo democrático para garantizar la amplitud del debate público y el examen minucioso de los asuntos de interés general.

Muchas de esas normas asoman en la legislación vigente, pero no están definidas con claridad y su evolución jurisprudencial las ha vaciado de funcionalidad.

Por eso, esta propuesta de ley replantea esos principios de manera que el texto de la ley ayude a una recta interpretación jurisprudencial en beneficio de las libertades de expresión y prensa, cuyos límites se fijan cuidadosamente en virtud de su significado para la democracia.

Por las mismas razones, conviene evitar la tentación de redactar una ley de prensa cuando muchos de los problemas existentes pueden ser corregidos por vía de la reforma. Las leyes específicas de prensa tienden a introducir más restricciones de las que eliminan y, por su naturaleza, crean regímenes especiales distanciados del meollo del tema. No se trata de crear privilegios o estatutos especiales para la prensa como institución o los periodistas como profesionales, sino de ampliar el ejercicio de un derecho humano fundamental a todos los ciudadanos. Las normas resultantes deben ser aplicables a los periodistas y a cuantos utilicen los medios de comunicación, sin que importe cuán esporádicamente lo hagan.

Sólo así adquirirán plena vigencia las garantías del artículo 29 de la Constitución Política y los artículos 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En fin, como señala el autor estadounidense Paul K. McMasters, citado por el constitucionalista costarricense Dr. Rubén Hernández Valle: Libertad e independencia para la prensa no son un privilegio especial para los periodistas. Es una protección especial para el pueblo”.

En virtud de las anteriores consideraciones se plantean las reformas a un limitado grupo de artículos del Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código Civil, que a continuación se explican:

Reforma al artículo 149 del Código Penal

La norma vigente sobre la prueba de la verdad contenida en este artículo opera, en la práctica, como una inversión del principio constitucional de presunción de inocencia. En efecto, a tenor de este artículo, los acusados de cometer delitos contra el honor son culpables hasta que demuestren lo contrario. Reiterada jurisprudencia nacional deja en claro que lejos de constituir una eximente de responsabilidad, la prueba de la verdad se ha convertido en una inadmisible inversión de la carga de la prueba.

En la práctica judicial, la prueba de la verdad (o la falta de esa prueba) ha tomado precedente sobre toda otra causa válida de exclusión del delito o justificación, como el interés público y la ausencia de dolo, aunque el artículo vigente hace clara referencia al “puro deseo de ofender” o “espíritu de maledicencia”.

Por otro lado, el interés público aparece en el artículo vigente como condición para que sea admisible la prueba de la verdad y no como un elemento independiente que ayude a configurar la ausencia de “animus injuriandi” (deseo de ofender).

En los ordenamientos modernos, la prueba de la verdad coexiste con otras causas de exclusión del delito o justificación, como la defensa de un “interés legítimo” en la legislación alemana o el “derecho de crónica” en la italiana, además del cumplimiento de un deber y el ejercicio de un derecho. La virtud de estas causas de exclusión del delito o justificación independientes es que, aun en presencia de un error o ante la imposibilidad de probar la verdad, la conducta del informador puede ser considerada justificada o no constitutiva de delito.

Es común en las democracias que la prensa denuncie los actos de corrupción cuando comienzan a aflorar y no pueden ser probados a plenitud. También ocurre que un informador posea plena prueba de su dicho al momento de la publicación, pero cuando enfrenta la causa por injurias o calumnias, el documento ha desaparecido o el testigo ocular varía su declaración, recibe amenazas, deja el país o muere. Así se cae en el injusto supuesto de que una conducta totalmente ajustada a derecho resulta punible por causas fortuitas.

Por otra parte, los ordenamientos modernos dan a la verdad un trato bien distinto. Aceptan que las pruebas, revestidas de la certeza necesaria en el procedimiento penal, no siempre pueden ser exigidas al periodista sin menoscabo de la libertad de expresión y su útil función democrática.

Esos ordenamientos también reconocen que el informador puede equivocarse o desconocer la falsedad del hecho divulgado porque confió en documentos o fuentes con historial de fiabilidad o posiciones de relevancia.

En España, por ejemplo, reiterada jurisprudencia exige, solamente, la “veracidad ex ante” (es decir, al momento de realizarse la publicación), basada en el cumplimiento de la diligencia debida, que permite al informador una creencia racionalmente fundada en la veracidad de la información, aunque luego no resulte verdadera. El Tribunal Constitucional español ha sido aún más explícito al manifestar: “De imponerse la verdad como condición para el reconocimiento del derecho, la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio”.

En Italia, se ha hablado de la “verosimilitud” para extender la protección del derecho de crónica a quien informe de un hecho que luego resulte falso. A su vez, en Estados Unidos, la célebre sentencia del caso Sullivan vs. New York Times declaró, en 1964, que la amplitud del debate democrático exige tolerar un grado de falsedad cuando no sea mal intencionada.

Pero en la práctica costarricense ocurre que a falta de prueba de la verdad, la consideración del dolo o la existencia del interés público pierden toda relevancia en estrados judiciales. Pese a la doctrina casi unánime de que estos delitos sólo son punibles a título de dolo directo, como se entiende el “animus injuriandi”.

Este desafortunado desarrollo práctico de la norma vigente hace indispensable adoptar una redacción que asigne la carga de la prueba a quien le corresponde según la disposición constitucional y los principios generales recogidos por la doctrina del Derecho Penal. También es importante que la normativa recoja, como causas independientes de justificación o exclusión del delito, la existencia de interés público y la ausencia de “animus injuriandi” o dolo.

Reforma del artículo 151 del Código Penal

Precisamente, este artículo, de restringida aplicación en nuestros tribunales por las razones citadas, recoge como causas de justificación independientes el interés público, el ejercicio de un deber, el ejercicio de un derecho o de la crítica.

La redacción propuesta en esta reforma sólo aclara que en presencia de estas causas de justificación, no hay punibilidad ni conducta ilícita, y define con mayor amplitud las materias objeto de la norma para que las causas de justificación operen donde hay interés público.

La inexistencia del ilícito, en este caso, es de suma importancia para excluir consecuencias civiles igualmente lesivas para la libertad de expresión.

De esta forma, es de esperar que el artículo reformado cumpla la útil función asignada a la “defensa de un interés legítimo” en la legislación alemana.

“La función que la defensa de intereses legítimos tiene en el derecho alemán es distinta, y de primerísima importancia para el periodista; entra en juego cuando la prueba de la veracidad de la imputación injuriosa no se puede hacer, no porque no es admitida sino por la falta de medios probatorios idóneos o, inclusive, porque la imputación injuriosa simplemente es falsa”, dice el Dr. Kurt Madlener, del Instituto Max Planck de Derecho Penal, en un interesante artículo que contrasta la legislación alemana con la costarricense.

Reforma al artículo 152 del Código Penal

La norma vigente se contrapone, frontalmente, al principio de reproducción fiel aceptado en las legislaciones modernas. Este principio exime de responsabilidad a quien sólo preste los medios materiales necesarios para difundir el mensaje que a posteriori resulte antijurídico, o a quien sólo reproduzca, en el marco de una información u opinión sobre temas de interés público, el dicho de terceros.

El prestigioso constitucionalista Rubén Hernández Valle explica el problema y la solución adoptada por los tribunales españoles en los siguientes términos: “También hay que hacer alusión a la denominada doctrina del reportaje neutral, que es aplicable a aquellos casos en que un medio de comunicación se limita a dar cuenta de declaraciones o afirmaciones de terceros, que resultan ser atentatorias contra los derechos al honor y a la intimidad.

En estos casos, el Tribunal Constitucional español ha entendido que el deber de diligencia se cumple “con la constatación de la verdad del hecho de la declaración”, pero no se extiende en principio a la constatación de veracidad de lo declarado pues tal responsabilidad sólo sería exigible, por lo general, al autor de la declaración”.

En ausencia del reconocimiento de esos principios, ninguna otra norma de nuestro ordenamiento jurídico es responsable de tantos casos de censura previa. Los medios de comunicación se debaten entre el cumplimiento de la ley, que desplaza hacia ellos la responsabilidad por los delitos contra el honor surgidos de manifestaciones de terceros, y la garantía constitucional que prohíbe la censura previa.

La norma también se contrapone a la lógica de los fueros especiales otorgados a funcionarios públicos para garantizar la amplitud del debate democrático. Vale señalar que, en este momento, las amplias garantías de expresión otorgadas a los diputados en el Plenario no cumplen función alguna de cara a la ciudadanía, pues la norma de comentario impide que las manifestaciones de los legisladores trasciendan el recinto del Congreso.

Los costarricenses tampoco son libres de manifestarse mediante espacios pagados en la prensa nacional sin que un censor, obligado por ley, haga una revisión previa y un juicio sumario del potencial difamatorio o injurioso de sus expresiones.

Reforma al artículo 307 del Código Penal

El desacato es la más desacreditada limitación a la libertad de expresión de cuantas sobreviven en los ordenamientos jurídicos menos avanzados del mundo democrático.

La institución, de fuerte raigambre autocrática, otorga el odioso privilegio de un fuero especial a los funcionarios públicos, cuando la doctrina moderna más bien aconseja que el rango del escrutinio a quienes ejercen cargos públicos sea más amplio que el permitido sobre el ciudadano común.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que las leyes destinadas a proteger el honor de los funcionarios públicos en sus actuaciones oficiales les otorgan una injustificada protección, que no se concede a los demás miembros de la sociedad.

La norma vigente tipifica dos conductas distintas: la que confiere al funcionario público un régimen de excepción frente a posibles ofensas, y la que le brinda una protección ampliada ante las amenazas.

Este último elemento parece razonable y debe ser el único contenido del tipo penal. Se eliminaría así la excepción vigente a favor de quienes sirven al público.

Reforma al artículo 206 del Código Procesal Penal

El secreto profesional otorgado por nuestra legislación a quienes ejercen actividades que les permiten conocer secretos y datos confidenciales debe ampliarse a los periodistas, para garantizar el derecho a recabar e investigar informaciones.

No se trata, como se ha mal interpretado, de un derecho que exime al periodista de la obligación de fundamentar sus informaciones. Se trata del derecho a reservarse el origen de los datos utilizados en esas informaciones y garantizar a las fuentes que no sufrirán las consecuencias de su publicación.

El uso de fuentes no identificadas en el periodismo sólo es admisible cuando se cumplen condiciones, como el peligro grave e inminente para la persona que ofrece la información y la imposibilidad de atribuirla a otra fuente documental o personal que pueda ser identificada. Aun en esos casos, el uso de la fuente no identificada sólo subraya y agrava la responsabilidad del periodista si lo publicado resulta reprochable para el Derecho Penal.

Reforma al artículo 380 del Código Procesal Penal

Esta norma otorga un plazo angustioso de cinco días para contestar querellas por delitos contra el honor, oponer excepciones, ofrecer pruebas, recusar a los funcionarios judiciales, si procede, e impugnar la acción civil resarcitoria, oponiéndole excepciones y ofreciendo pruebas.

Los litigios en esta materia generalmente tratan asuntos complejos; llevan aparejada la necesidad de recabar pruebas dispersas y hacer un cuidadoso análisis de la querella y la publicación que le da origen. El perentorio plazo fijado por la norma vigente arriesga crear indefensión e introduce un importante desequilibrio en favor del querellante. Éste goza de un plazo de prescripción de dos años para promover la acusación, mientras el querellado tiene cinco días para defenderse.

La ampliación del plazo a 15 días, propuesta en esta reforma, garantiza la defensa del querellado y es conforme con el artículo 8, inciso c) de la Convención Americana de Derechos Humanos, que pide garantizar al inculpado el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa, pues reconoce a toda persona el derecho de ser oído “dentro de un plazo razonable...”.

Reforma al artículo 31 del Código Procesal Penal

El nuevo Código Procesal Penal reformó las reglas de la prescripción aplicables a los delitos contra el honor. Hasta ese momento, las reglas incorporadas al Código Penal establecían un plazo de un año para la extinción de la acción penal y la pena. Hoy, a tenor del artículo 31 inciso b) del Código Procesal Penal, el plazo se amplió a dos años, que se interrumpen con la presentación de la querella, a partir de la cual corre un nuevo plazo de un año.

El plazo general de dos años fijado para las contravenciones y los delitos que no tienen pena privativa de libertad no contempla, como excepción, el caso de los delitos de prensa.

Empero, el trato diferenciado es totalmente justificable. En el caso del periodismo, la amenaza del proceso judicial, que en sí mismo implica fuertes erogaciones y la inversión de tiempo, amén de las reservas necesarias para enfrentar el posible resultado adverso, se presta para ejercer presiones sobre la labor informativa; especialmente cuando los querellados son medios de comunicación pequeños y financieramente vulnerables.

Por otra parte, por la naturaleza misma de los delitos contra el honor cometidos mediante la prensa, el conocimiento del hecho es inmediato y el ejercicio de las acciones que

correspondan, si existe interés del afectado por iniciar la acción, puede hacerse, perfectamente, en el curso de un año.

El Dr. Santiago Cantón, relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), señala sin ambages entre los métodos utilizados con más frecuencia para coartar la libertad de expresión, además de los asesinatos, amenazas e intimidaciones, “la utilización de la legislación interna para entablar acciones judiciales contra periodistas y medios de comunicación ...”

Esa forma de coacción adquirió una vida jurídica extendida a partir de la vigencia del Código Procesal Penal, que abandonó el plazo más razonable fijado por la legislación anterior.

Derogatoria del artículo 7 de la Ley de Imprenta

Este artículo sanciona a los responsables de delitos de calumnia e injuria cometidos por medio de la prensa con una pena de arresto de uno a ciento veinte días, que sufren conjuntamente los autores de la publicación y los editores responsables del medio. Si no existiere un editor responsable, se tiene como tal al director del medio.

Esta norma, se alega, está derogada por los delitos tipificados posteriormente en el Código Penal, pero la Sala Constitucional determinó que ese problema de vigencia en el tiempo respecto a los artículos 145, 147 y 152 del Código Penal, es una cuestión de ilegalidad y no de constitucionalidad (voto 2996 —92). Por considerar que esta materia debe ser regulada en el Código Penal, proponemos la derogatoria de este artículo 7, pues conduce a la censura previa prohibida por la Constitución Política.

Adición de un artículo 1048 bis al Código Civil

Poco desarrollo legislativo explícito existe en materia de reparación civil del daño causado mediante el posible abuso de las libertades de prensa o expresión. Las reparaciones en ese ámbito deben estar sujetas a similares principios que los expuestos para la legislación penal, pues si el fin es proteger la amplitud del debate democrático, un tratamiento dispar en el derecho civil podría anular los avances logrados en el ámbito penal.

En ese sentido, el proyecto de “Ley de libertad de prensa” presentado por el diputado Belisario Solano propone la creación de un artículo 1048 bis del Código Civil, que define las reglas de la reparación siguiendo los lineamientos del interés público, el principio de reproducción fiel y el “animus injuriandi”.

La armonización de esos principios en el ordenamiento penal y civil es deseable para que operen a plenitud y se ensanchen las libertades de expresión y prensa. Por eso, esta propuesta recoge, en esencia, la del diputado Solano.

El presente proyecto de ley fue presentado ante la Oficina de Iniciativa Popular por los directores de los medios de comunicación y acogido por varios señores diputados.

Por los motivos expuestos, se presenta a consideración de los señores diputados el presente proyecto de ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRENSA

ARTÍCULO 1.- Refórmase el artículo 149 del Código Penal, que se leerá así:

“Artículo 149.-

Elementos probatorios

En asuntos de interés público solo existe injuria, difamación o calumnia si se demuestra que los hechos divulgados por el querellado son falsos y que, además, esa divulgación se hizo con evidente menosprecio por la verdad y por el puro deseo de ofender”.

ARTÍCULO 2.- Refórmase el artículo 151 del Código Penal, que se leerá así:

“Artículo 151

Exclusión de delito

No constituyen ofensas al honor las informaciones, las expresiones humorísticas y las opiniones o juicios desfavorables difundidos en el cumplimiento de un deber, en el ejercicio de un derecho o de la crítica profesional, literaria, artística, histórica, científica, política, deportiva o de cualquier otra actividad o disciplina de interés público.

ARTÍCULO 3.- Refórmase el artículo 152 del Código Penal, que se leerá así:

Artículo 152

Reproducción fiel

No delinque quien reproduzca fielmente informaciones u opiniones emitidas por un tercero, ni quien solo facilite al autor el medio necesario para la publicación, difusión o venta de las manifestaciones calificadas como injuriosas, calumniosas o difamatorias. Sólo será responsable cuando tenga conocimiento de que la información es falsa o fue emitida por el puro deseo de ofender.

ARTÍCULO 4.- Refórmase el artículo 307 del Código Penal, que se leerá así:

“Artículo 307.-

Desacato

Será reprimido con prisión de un mes a dos años, el que amenazare a un funcionario público a causa de sus funciones dirigiéndose a él personal o públicamente o mediante comunicación escrita, telegráfica o telefónica o por la vía jerárquica”.

ARTÍCULO 5.- Refórmase el artículo 206 del Código Procesal Penal, que se leerá así:

“Artículo 206.-

Deber de abstención

Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hayan llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, los ministros religiosos, abogados y notarios, periodistas, médicos, psicólogos, farmacéuticos, enfermeros y demás auxiliares de las ciencias médicas, así como los funcionarios públicos sobre secretos de Estado”.

Sin embargo, estas personas, con excepción de los ministros religiosos, no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto. En caso de ser citadas, estas personas deberán comparecer y explicar las razones de su abstención.

Si el tribunal estima que el testigo invoca erróneamente la facultad de abstenerse o la reserva del secreto, ordenará su declaración mediante resolución fundada.

ARTÍCULO 6.- Refórmase el artículo 380 del Código Procesal Penal, que se leerá así:

“Artículo 380

Querella y traslado

La querella será presentada ante el tribunal de juicio, que dará audiencia para que, en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente de la notificación de todos los querellados, si fueren varios, manifieste lo que considere conveniente en su defensa, ofrezca la prueba conforme a las reglas comunes, y oponga las excepciones y recusaciones que estime conveniente. Cuando se haya ejercido la acción civil, en esa misma oportunidad se le dará traslado”.

ARTÍCULO 7.- Adiciónase un inciso c) al artículo 31 del Código Procesal Penal, que se leerá así:

“Artículo 31.-

Plazos de prescripción de la acción penal.

Si no se ha iniciado la persecución penal, la acción prescribirá:

a) Después de transcurrido un plazo igual al máximo de la pena, en los delitos sancionables con prisión; pero, en ningún caso, podrá exceder de diez años ni ser inferior a tres.

b) A los dos años, en los delitos sancionables sólo con penas no privativas de libertad y en las faltas o contravenciones.

c) Al año, en los delitos contra el honor cometidos por medio de la prensa”.

ARTÍCULO 8.- Derógase el artículo 7 de la Ley de Imprenta No. 32, de 12 de julio de 1902, revalidada por la Ley No. 7, de 15 de mayo de 1908 y sus reformas.

ARTÍCULO 9.- Adiciónase un artículo 1048 bis al Código Civil, que se leerá así:

“Artículo 1048 bis.-

Estará exenta de responsabilidad civil la formulación o difusión de informaciones veraces sobre hechos de interés público referidas a funcionarios, figuras públicas o particulares, cuando estos últimos se hayan involucrado voluntariamente en cuestiones de relevante interés público.

La difusión por cualquier medio de información inexacta sobre hechos de interés público que puedan afectar el honor de las personas estará exenta de responsabilidad si se refiere a funcionarios o figuras públicas y a particulares, cuando estos se hayan involucrado voluntariamente en cuestiones de relevante interés público. La responsabilidad civil, en tales supuestos, se dará si el afectado por las informaciones prueba la falsedad de las mismas y el dolo del autor. Solo se entenderán reunidos esos extremos cuando el agraviado demuestre la falsedad de los hechos y el dolo con que fueron difundidos pese al conocimiento de su falsedad por el autor, o su temerario desinterés por la verdad.

La formación o difusión, por cualquier medio, de juicios de valor referidos a funcionarios o figuras públicas y a particulares, cuando estos últimos se hayan involucrado en cuestiones de relevante interés público, estará exenta de responsabilidad civil. Se consideran también juicios de valor las expresiones humorísticas.

Quedará excluida la responsabilidad civil de quienes, en los casos de los párrafos segundo, tercero y cuarto, se limiten a la reproducción fiel de información vertida por otros medios de difusión, autoridades públicas o entidades intermedias de cualquier índole, y aún por particulares, si se consigna la fuente. Si ésta se mantuviere en reserva, se aplicarán las disposiciones de los párrafos segundo, tercero y cuarto”.

Rige a partir de su publicación.

Belisario Solano Solano Ovidio Pacheco Salazar

Abel Pacheco de la Espriella Otto Guevara Guth

DIPUTADOS

6 de agosto 2001.-lrr

NOTA: Dispensado del trámite de publicación.

BIBLIOGRAFÍA

• Pizarro, Ramón Daniel; Responsabilidad civil de los medios masivos de comunicación (Daños por noticias inexactas o agraviantes); Editorial Hammurabi S.R.L.; Buenos Aires;1991.

• Solano Villalobos, Clarita Maria; La responsabilidad civil por daño moral que causan los periodistas con sus publicaciones; San José, Costa Rica; 1991.

• Porras González, Edgar; La libertad de expresión en los medios de comunicación social; San José, Costa Rica; 1984.

• Carvajal Mora, Lucrecia; Charpentier Jiménez, Francia; Delitos contra el honor en los medios de comunicación colectiva; San José, Costa Rica; 1986.

• Muñoz de Antillón, Flora; La importancia de la ética en el periodista; San José, Costa Rica; 1971.

• Mendoza Cháves, Dixie María; Sáenz Zumbado, Luis Alberto; La responsabilidad penal de los periodistas; San José, Costa Rica; 1991.

• López, Salvador; Libertad de información; New York; Consejo Económico; 1953.

• Autor Corporativo; Código Penal.

• Autor Corporativo; Código Civil.

• Autor Corporativo; Lev de Imprenta.

• Autor Corporativo; Constitución Política de la República de Costa Rica.

• Contrapunto (Periódico); 16 de agosto de 1981, p.16-17. Autor Corporativo; Le de Radio.

• Autor Corporativo; Lev Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica.

• Núñez, Ricardo; Manual de Derecho Penal, Parte General; Córdoba; Ediciones Lerner; Primera edición; 1977.

• Alterini, Atilio Aníbal; Responsabilidad Civil Límites de la Reparación Civil; Buenos Aires; Editorial Abeledo Perrot; Segunda Edición; 1976.

Fuentes Electrónicas

• http//www.colegiodeperiodistas.org

• http//www.nacion.co.cr

Jurisprudencia

• Sala Primera Civil; N0466 de las 9 horas del 21 de octubre de 1975. Orinario de F.D.A CI "C.B de C.R".

• Juzgado Tercero Penal; Resolución N0244-88 de las 20:30 horas del 5 de diciembre de 1988. Causa seguida por los delitos de injurias, calumnias y difamación realizadas por Pilar Cisneros Gallo en perjuicio de Rolando Ramírez Paniagua.

• Sala de Casación; N014 de las 16 horas de 2 de noviembre de 1979.

• Casación; 16 horas del 5 de agosto de 1948, II semestre, Tomo u' nico, página 413, Fernández Piza vrs Municipalidad de San José y otro.

• Sala de Casación; de las 10:30 horas de 4 de agosto de 1945, causa contra J.G. Delito. Corte Suprema de Justicia. Digesto de Jurisprudencia. San José, Costa Rica. Imprenta Judicial, enero, 1984, p82.

• Sentencia N° 382 del Tribunal Segundo Civil de San José; del cuatro de octubre del dos mil dos, de las nueve horas treinta minutos, en causa de segunda instancia por sentencia dictada por el Juzgado Tercero Civil de San José en proceso Ordinario de Jorge Luis Villalobos Araya cédula #2-289-024, vecino de Heredia, contra Roy Alonso Solano Chévez, periodista con cédula #1-771-670, vecino de San José, y Representaciones Televisivas REPRETEL Sociedad Anónima.

• Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; N.V-88-f, de 15:45 hrs de 29 de mayo de 1985. Querella de C.Ch contra F.G.

• Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; N.V-19-f, de 15:00 hrs de 21 de enero de 1988. Querella de D.O.Q contra J.Z. y otro.

Porras González, Edgar; Libertad de Expresión en los Medios de Comunicación Social; San José, Costa Rica, 1984.

López, Salvador; Libertad de Información; New Cork; Consejo Económico; 1953.

Porras González, Edgar; Libertad de Expresión en los Medios de Comunicación Social; San José, Costa Rica, 1984.

Sala de Casación. de las 10:30 horas de 4 de agosto de 1945, Causa contra J.G. Delito. Corte Suprema de Justicia. Digesto de Jurisprudencia. San José, Costa Rica. Imprenta Judicial, enero, 1984, p.82.

Véase articulo 7 del Código Penal.

Véase artículos 80 y 81 del Código Penal.

Ley de Imprenta; N0 32 de 17 de junio de 1902.

Contrapunto (Periódico); 16 de agosto de 1981, p. 16-17. Las opiniones adversas a la Ley de Imprenta hacen suponer la necesidad de reformarla, incluso, sectores muy liberales proponen su derogatoria, en ese aspecto véase La Prensa Libre Periódico; 2 de febrero de 1978.

Artículos 3 y 5 de la Ley 6220 de 20 de abril de 1978 que regula la Explotación de los Medios de Difusión y las Agencias de Publicidad.

Es absolutamente prohibid…f) traspasar o enajenar el derecho a una frecuencia sin la previa autorización del departamento de Control Nacional de Radio: Ley de Radio, artículo 17.

Ver artículo 22 de Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica, N0 4420 de 22 de setiembre de 1969

Véase Ley de Imprenta, artículo 18.

En igual sentido Casación. 16:00 horas del 5 de agosto de 1948, II semestre, Tomo único, pág 413, Fernández Piza vrs Municipalidad de San José y otro.

Borrel Macia, Antonio; op. Cit: p.210.

Nuñez, Ricardo; Manual de Derecho Penal, Parte General; Córdoba; Ediciones Lerner; Primera

edición; 1977; p.407-408

Alterini, Atilio Anibal; Responsabilidad Civil. Límites de la Reparación Civil; Buenos Aires; Editorial Abeledo Perrot; Segunda Edición; 1976; p128.

Sala de Casación; N14 de las 16 horas de 2 de noviembre de 1979.

Juzgado Tercero Penal. Resolución N0244-88 de las 20:30 horas del 5 de diciembre de 1988. Causa seguida por los delitos de injurias, calumnias y difamación realizadas por Pilar Cisneros Gallo en

perjuicio de Rolando Ramírez Paniagua.

Sala Primera Civil, N0466 de las 9 horas del 21 de octubre de 1975. Ordinario de F.D.A. C/ “C.B de C.R”

Ver Sentencia.

Ver Texto de la Sentencia.

Voto Constitucional número 268-96, de las 11:33 horas, del 12 de enero, de 1996.

Voto Sala Constitucional número 8022-99, de la 12:18 minutos, del 15 de octubre de 1999.

Ver texto de la Sentencia.

Pizarro, Ramón Daniel; Responsabilidad civil de los medios masivos de comunicación; Editorial Hammurabi S.R.L.; Buenos Aires, 1991, págs. 155 a 165.

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; N.V-88-f, de 15:45 hrs de 29 de mayo de 1985. Querella de C.Ch contra F.G. Sala Te rcera de la Corte Suprema de Justicia; N.V-19-f, de 15:00 hrs de 21 de enero de 1988. Querella de D.O.Q contra J.Z. y otro.

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