Las relaciones laborales en España

La concertación social, Jordi Roca Jusmet

La concertación social como fenómeno histórico

Los acuerdos neocorporativos como forma estable de intercambio entre representantes de los trabajadores, de los empresarios y el gobierno y como forma de legitimación del sistema económico y político es un resultado histórico fruto de determinadas condiciones y no una tendencia inevitable de cualquier sociedad capitalista democrático-parlamentario.

¿Un “juego de suma positiva”?

Se ha afirmado que la concertación es un “juego de suma positiva”. Pero, a diferencia de otros “juegos”, los resultados son diversos y no pueden medirse en una única unidad. Uno de los resultados de la concertación es el aumento de la estabilidad social. La aceptación de acuerdos neocorporativos crea una dinámica que tiende a definir los intereses de sindicatos, empresarios y gobierno de forma diferente a como se definirían en otros contextos. El propio “juego” altera los objetivos de los jugadores.

Transición política y concertación

La aceptación sindical de acuerdos neocorporativos se ve favorecida cuando existe una fuerte conciencia de vulnerabilidad de la situación política y/o económica. En el caso español, la fuerza centrífuga que atrajo a sindicatos y gobiernos hacia la concertación social fue el propio proceso de transición política y el propósito de disminuir las incertidumbres del proceso. En el caso del empresariado organizado la vía de la concertación fue adoptada como forma de controlar los salarios y reducir la conflictividad. El pacto social que caracteriza la transición política española se debe analizar como parte del pacto político más amplio que caracteriza dicho momento.

Expectativas sindicales, gubernamentales y empresariales

Para las dos principales confederaciones sindicales los acuerdos centralizados representaban una posibilidad de influir sobre aspectos de política económica y social y obtener beneficios organizativos empezando por el propio reconocimiento que implica el acuerdo.

A finales de los 70, las estrategias gubernamentales, sindicales y empresariales tendieron a converger hacia la concertación, que más tarde caerá en una profunda crisis.

Los principales acuerdos

• Pactos de la Moncloa, octubre de 1977. Acuerdo entre el gobierno y los principales partidos políticos con representación parlamentaria. Inicio de una etapa de subordinación de la negociación colectiva a la política macroeconómica y a la reducción de la inflación. La principal medida adoptada fue la limitación de los crecimientos salariales.

• Acuerdo Básico Interconfederal (ABI), julio de 1979. Acuerdo entre CEOE y UGT que inicia una etapa de marginación de CCOO.

• Acuerdo Marco Interconfederal (AMI), febrero de 1980. Acuerdo entre CEOE y UGT que regula la negociación colectiva durante 1980 y 1981.

• Acuerdo Nacional de Empleo (ANE), junio de 1981. Primer acuerdo de carácter tripartito: gobierno, CEOE, UGT y CCOO. Pacto sobre la negociación colectiva y de fomento del trabajo.

• Acuerdo Interconfederal (AI), 1983. Acuerdo sobre la política de rentas promovido por el PSOE y en el que participaron CEOE, UGT y CCOO.

La crisis de la concertación social

A finales de 1986 el modelo neocorporativo entra en crisis. Esta crisis tuvo su expresión en el nivel máximo de enfrentamiento: una convocatoria de huelga general el 14 de diciembre de 1988 contra la política económica del gobierno por parte del conjunto de las fuerzas sociales que tuvo un éxito espectacular.

El cambio de coyuntura económica

¿El crecimiento económico favorece el establecimiento de acuerdos sobre política de rentas? Esta pregunta no encuentra la misma respuesta en todas las situaciones.

La continuidad, a partir de 1987, de la política salarial anterior comportaba el peligro de conflictos no controlados por los sindicatos. Esta continuidad contradecía el discurso que había legitimado la política de rentas: redistribuir a favor de las empresas y después crecer económicamente y mejorar la situación de todos. La cadena lógica se quedó en el segundo eslabón. El conjunto de asalariados no veía recompensados sus esfuerzos. Los ingresos de la mayoría de los trabajadores permanecían estancados, cuando no disminuían en términos netos y se producía un espectacular aumento de las rentas empresariales y de la propiedad. La congelación de los salarios reales frustraba las expectativas de mejora y acentuaba los contrastes sociales.

El bajo grado de afiliación a los sindicatos y la división sindical

La existencia de sindicatos fuertes y centralizados se considera una de las condiciones necesarias para un modelo neocorporativo estable. La división sindical supone una fuente de inestabilidad para la concertación. En el caso español, las cifras de afiliación son muy inferiores a la de la mayoría de los países europeos y disminuyen desde 1978.

Trabajadores y líderes sindicales

La estrategia neocorporativa de los líderes de UGT y CCOO encontró sus límites en el hecho de que no supieron crear incentivos selectivos a la afiliación, a la vez que supuso una ruptura respecto a los anteriores incentivos de identidad. La afluencia inicial a los sindicatos tras su legalización reflejaba expectativas equívocas sobre los beneficios y costes individuales de la afiliación junto con la fuerza de los valores de solidaridad de clase. La pérdida de afiliación refleja el aumento del paro, la segmentación del mercado de trabajo, la incapacidad de ofrecer beneficios tangibles diferenciales a los trabajadores afiliados, la frustración creada por la aceptación del hasta entonces criticado “pacto social” y por la cesión de protagonismo desde el movimiento obrero de fábrica y local a las direcciones de las confederaciones estatales.

Estrategias gubernamentales

La socialdemocracia ha jugado históricamente un papel muy importante en el impulso de la concertación social. Pero en el caso español la crisis del modelo se produce con la socialdemocracia en el poder.

Un gobierno débil y sin el apoyo de una mayoría absoluta en el Parlamento puede necesitar más el acuerdo neocorporativo como mecanismo para aumentar la gobernabilidad que no un gobierno fuerte como el surgido después de las elecciones de 1982.

Estrategias del empresariado organizado

La CEOE mantiene posturas favorables a la concertación social. La política de rentas concertada ha servido para contener los aumentos salariales redistribuyendo la renta a favor de los ingresos empresariales y del capital, centralizar la negociación colectiva y reducir la conflictividad laboral.

Estrategias sindicales

La opción estratégica de UGT hasta mediados de los 80 era la de formar parte de un proyecto socialdemócrata dirigido por el PSOE. Por otra parte, CCOO tuvo que asumir la responsabilidad fundamental de garantizar una relativa desmovilización durante la transición. Las contradicciones con la política del PSOE evolucionaron con más rapidez que en el caso de UGT. A partir de 1983 CCOO no participa en ningún acuerdo sobre política de rentas.

UGT y CCOO tendieron a hacer un balance cada vez más negativo de la concertación. La pérdida de autonomía y las restricciones que voluntariamente habían aceptado no se vieron compensadas.

La negociación colectiva, Santos M. Ruesga Benito

Introducción

Una de las primeras referencias a tener en cuenta en el análisis del mercado de trabajo estriba en el conocimiento del marco institucional y legal que regula su proceso de ajuste. Dentro de dicho marco se incluye como pieza destacada el mecanismo de la negociación colectiva. Este concepto presenta una doble dimensión:

La negociación colectiva constituye un instrumento básico de regulación de los mercados laborales, a través del cual se determina la variable precio del trabajo como factor de producción.

Perspectiva histórica

Con la generalización de la forma de trabajo asalariado que comporta la revolución industrial se materializa la posibilidad de formas colectivas de organización de los asalariados, para la mejora de las condiciones de trabajo. Se opta por formas colectivas de negociación apoyándose en el asociacionismo obrero.

En el Estado Español hay formas de negociación colectiva en el siglo XIX. El sindicalismo español, al menos el socialista, abandona sus expresiones más radicales a lo largo del primer tercio del siglo XX y centra su actuación en la negociación colectiva y en el ámbito de los mecanismos de protección social por parte del Estado.

El resultado de la guerra civil abre un paréntesis de casi cuarenta años al sindicalismo organizado. Se instaura un sindicalismo único. Se suprime la libre negociación entre las partes sustituyéndola por la acción administrativa del Gobierno, que establece las condiciones de empleo y trabajo mediante Reglamentaciones, luego Ordenanzas. El mercado de trabajo se caracteriza por una excesiva rigidez, dificultando la productividad. En 1958 se establecen formas rudimentarias de negociación colectiva, marcando así el inicio de la historia de este mecanismo en el Estado Español.

El sistema entra en crisis a principios de los 70 reflejándose en un ascenso de la conflictividad laboral. Las huelgas económicas pasan a ser políticas, de pedir mejoras salariales a reclamar un modelo político democrático. El cambio de régimen político de 1977 trajo: el fin del Sindicato Vertical, libertad de sindicación, derecho de huelga. Estos derechos son sancionados como derechos fundamentales, artículos 28.1 y 28.2, respectivamente, en la Constitución de 1978.

Dinámica de la acción colectiva en España (1977-1990)

El mercado de trabajo funciona hoy apoyándose en un complejo aparato jurídico-institucional.

El franquismo sociológico. Inercias del pasado

Como en otros ámbitos de la vida social del país, en el terreno de las relaciones laborales, sindicatos, organizaciones empresariales y empresarios individuales, administraciones y gobiernos proyectan después de 1977 muchos de los usos y costumbres adquiridos en los años del régimen político anterior como, por ejemplo:

La crisis económica: condicionantes de las políticas de ajuste

El diagnóstico generalmente asumido sobre la crisis recurre a la visión tradicional que interpreta el paro como consecuencia directa de la inflación. La política antiinflacionista se convierte en el eje esencial de la estrategia económica de los gobiernos de los últimos 15 años. Se ha arbitrado una política de contención de las rentas salariales y reformas en el marco institucional de regulación de las relaciones laborales cuyo objeto es reforzar el control sobre la evolución de los costes laborales. La moderación salarial no es efectiva hasta 1982, lo que produce una disminución drástica del empleo.

Características económicas de la negociación colectiva

Su uso se ha generalizado para la gran mayoría de los asalariados españoles.

Conflicto laboral y cambio social. Una aproximación al caso español, Luis Enrique Alonso

La separación institucional del conflicto laboral y el conflicto político en España. Corporatismo y democracia.

Dos situaciones determinantes concurren en la evolución del conflicto laboral en el Estado Español a partir de la mitad de los 70: el inicio de un proceso de transformación democrática de las instituciones políticas del Estado y el impacto de una crisis económica estructural a escala mundial.

Desde finales de 1975 hasta el primer trimestre de 1976 se cataloga de crisis laboral. El conflicto adquiere proporciones insospechadas y dimensiones a veces trágicas en su represión policial. La negociación y renovación de los convenios de principios de 1976 supuso un momento de conflicto en el que la estrategia política de la lucha sindical se lleva hasta las últimas consecuencias y se generaliza. Son tres meses de movilizaciones históricas. 1976 es un año muy conflictivo cualitativa y cuantitativamente: 1568 huelgas, sólo superadas en el período 1976-1989 por las 2680 del año1979. El paso inmediato consiste en el ajuste y la desmovilización. Ya en 1977 se inicia una apresurada política de desmovilización, la institucionalización de los partidos es compensada con una política de pacto por arriba.

La reformulación de las bases del conflicto laboral en la poscrisis económica: situación y perspectivas

A partir de 1987 se vive una clara repolitización del conflicto laboral. En el Estado Español el corporatismo subordinado se muestra imposible, el conflicto tiende a reflejar la negación de las condiciones económicas y sociales impuestas por el ejecutivo. Se cierran las mesas de negociación haciéndose más factible la relación y la posibilidad de pacto del gobierno con la patronal o con los partidos conservadores que con los sindicatos.

Con la presentación del Plan de Empleo Juvenil, una pieza más en la estrategia de flexibilización, precarización y eventualización del empleo, esta vez juvenil, el enfrentamiento adquiere proporciones globales y repercusiones gigantescas: una huelga general. La huelga general del 14 de diciembre de 1988 ha pasado a la memoria colectiva como una jornada histórica: la paralización prácticamente total expresaba una protesta contundente al contenido asocial de la gestión gubernamental, como al talante prepotente y disciplente en la forma en que desde las instancias oficiales se ejecutaba tal gestión, sin tener en cuenta la más mínima reivindicación sindical o popular. La huelga general se materializa en el 14-D apoyada por todas las fuerzas sindicales, en forma de explosión cívica a favor de valores como la solidaridad la igualdad y la justicia distributiva, tan menospreciados por la cultura posmoderna individualista, promocionista y hedonista que preside la reorganización capitalista de la economía.

A partir de la huelga general se entra en una nueva etapa caracterizada por la desmovilización, con 863 huelgas en el año siguiente. 1989 es el año con menor número de huelgas desde los inicios de la transición.

Una vez que el gobierno opta por replegarse en una estrategia de enfrentamiento permanente a los sindicatos éstos realizan una serie de acuerdos que cristalizan en la Propuesta Sindical Prioritaria. Se trata de un programa de prepuestas de corte redistributivo consideradas por los sindicatos como los puntos básicos que debe asumir todo gobierno con una mínima sensibilidad social.

En el ámbito político, el continuismo electoral, con reiteradas victorias en las urnas del partido socialista, confirma el pacto que se ha establecido entre el PSOE y los trabajadores durante una década. Los trabajadores otorgan su apoyo electoral a un partido que viene disciplinando sus peticiones a base de un neoliberalismo económico que cuenta con el apoyo de los poderes financieros.

¿Cuál es la función social de los sindicatos en el capitalismo de nuestros días? La figura social del sindicato está siendo cuestionada por su escasa funcionalidad y su peligro permanente a desestabilizar los precarios equilibrios de poder que mantienen la gobernabilidad de las sociedades occidentales. Se insinúa anular al sindicato como sujeto político, vaciando su contenido de clase para convertirse en un sindicato asociativo.

Bibliografía

• Miguélez, Faustino y Prieto, Carlos. Las relaciones laborales en España. Siglo Veintiuno de España Editores, S.A. Madrid, 1991.

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