Análisis DAFO de la seguridad

“SEGURIDAD INTERIOR”

España ante la política de seguridad y defensa

Gestión y Administración Pública

El análisis DAFO es un instrumento que sirve para tomar decisiones. El objetivo de un DAFO en seguridad, como en otras disciplinas, consiste en concretar, en un gráfico o una tabla resumen, la evaluación de los puntos fuertes y débiles, con las amenazas y oportunidades externas, de tal forma que, finalmente, con todo lo concretado en el gráfico, se recojan las posibles estrategias a adoptar. Este gráfico se lleva a cabo a partir de la elaboración de una matriz de 2 x 2 que recoge la formulación de estas estrategias más convenientes.

    En esta matriz DAFO por columnas estableceremos el análisis del entorno, es decir el ámbito exterior (1ª columna: Amenazas, 2ª columna: Oportunidades) y por filas el ámbito interior (1ª fila: Puntos fuertes, 2ª fila: Puntos débiles ). Así establecemos 4 cuadrantes que reflejan las posibles estrategias a adoptar por los órganos decisores.

En el presente análisis DAFO se estudiará la seguridad, entendiendo ésta cómo el mecanismo público que vela por mantener la seguridad ciudadana. Pero más concretamente, se analizará la seguridad frente a la delincuencia, y dentro de este tema, más exactamente, frente a la delincuencia juvenil.

Definir la delincuencia juvenil es complicado, mientras en algunos países la delincuencia juvenil es una calificación que se obtiene de aplicar definiciones del Código Penal cuando esas infracciones son cometidas por menores de edad, en otros, la delincuencia juvenil incluye una gran variedad de actos en adición a los que se encuentran enumerados en sus leyes de fondo. De tal forma que las figuras estadísticas de ciertos países se encuentran artificialmente abultadas en lo que respecta a la delincuencia juvenil, mientras que en otros no reflejan esas figuras, sino un limitado número de conductas desviadas.

Para esclarecer el tramo de edad el cual se aplicará la Ley del Menor podemos decir que en nuestro vigente Código Penal aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, la mayoría de edad penal quedó fijada en los 18 años de edad. Pero también, las disposiciones de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero exponen que la ley va a ser aplicable a los mayores de 14 y menores de 18 años presuntamente responsables de la comisión de infracciones penales, en tanto que a los menores de 14 años les serán de aplicación las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

En definitiva, y teniendo en cuenta todo lo expuesto, podemos definir la delincuencia juvenil en España como el fenómeno social constituido por el conjunto de las infracciones penales cometidas por los mayores de 14 años y menores de 18.

La adolescencia, etapa difícil en el desarrollo humano, produce un gran número de conductas conflictivas, de ahí que, según resultados obtenidos, un 81,1 % (incluyendo el consumo de drogas) de los jóvenes haya admitido haber cometido algún tipo de delito alguna vez en su vida. Asimismo, no podemos obviar que, de acuerdo con la estadística comparada oficial de los países de nuestra área de cultura, la delincuencia juvenil se aproxima, en cuanto al volumen, al 15% de la delincuencia general total, si bien las estadísticas de algunos de esos países, como es el caso de Francia, llegan al 22%.

Si nos planteamos este objetivo, conocer el índice de criminalidad en nuestro país, éste se convierte en una tarea especialmente complicada porque a pesar de que las instancias oficiales llevan ya muchos años concienciadas de la necesidad de recoger información fiable y válida sobre su actuación, los instrumentos que emplean para tal cometido, se realizan con una finalidad excesivamente interesada para sus fines particulares, sin pensar en la dimensión pública que puedan tener los mismos.

La conclusión que podemos extraer de los datos obtenidos del Ministerio del Interior sobre la delincuencia juvenil, es que las infracciones más destacables son: los delitos contra las personas (homicidios, lesiones y delitos contra la libertad sexual); los delitos contra la salud pública (tráfico de estupefacientes); y los delitos contra el patrimonio (robos con violencia o intimidación, robos con fuerza, sustracciones en interior de vehículos, tirones, sustracción de vehículos...).

El aumento que está sufriendo la delincuencia juvenil en nuestro país, favorecida por la aparición de nuevas técnicas y violentas modalidades delictivas y por la movilidad e internalización de la delincuencia, ha provocado el aumento del miedo entre los ciudadanos que demandan por ende, mayor seguridad y cobertura pública.

1. DEFINICIÓN DE SEGURIDAD:

Personalmente por seguridad entiendo estar en una situación en la que no exista perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o mal real o imaginario. Seguridad es por tanto, tener la certeza de ser libre y no estar coaccionado por ningún tipo de miedo; seguridad, de que se vela porque todo esto se cumpla y además, que se vela también por la plena cobertura, por parte de los entes públicos, de mi seguridad.

2.CARACTERÍSTICAS DE LA SEGURIDAD:

a.) La aparición de nuevas técnicas delictivas, por la utilización de nuevos y sofisticado instrumentos a la hora de perpetrar el delito, favorecen que en un primer momento los delitos queden impunes.

b.) La conexión internacional de los delincuentes, los nuevos medios de comunicación y las influencias exteriores están provocando la creación de modalidades delictivas cada vez más violentas y peligrosas.

c.) Los cambios de la estructura familiar, la educación que sufren los menores, y la socialización o adaptación a una sociedad en la que priman valores como el dinero que se posee, la fuerza bruta frente a la inteligencia, y la radicalidad del pensamiento, entre otros, provocan el aumento de rebeldía, irresponsabilidad, falta de respeto por lo ajeno y lo común, y otras conductas que pueden degenerar en delincuencia.

d.) La falta de una legislación mucho más coactiva, que favorezca el miedo de nuevos delincuentes antes las penas que les esperan, provocan mayor desprecio de los menores ante la ley y sus mayores y más imperturbabilidad y valor a la hora de cometer delitos.

e.) La edad tan difícil por la que pasan los jóvenes, junto a una falta de presencia policial en muchas de las circunstancias en las que comienzan a cometer delitos, y las influencias de las drogas que están fácilmente a su alcance, crean un grupo mucho más rebelde, indisciplinado, etc. que provoca la creación de muchos más delitos y éstos cada vez mucho más fuertes y graves.

3. MANIFESTACIONES DE LA SEGURIDAD

a.) Es necesario que los poderes públicos se anticipen a situaciones de delincuencia nueva por la utilización de nuevas técnicas delictivas, de tal forma que tengan siempre prevista en la legislación posibles modificaciones y penas para futuros delitos ahora inexistentes.

b.) La cooperación internacional y los estudios sobre la influencia extranjera, además del control, que no censura, de la información y comunicación que recibimos del exterior, supondría poder estar prevenido ante nuevas conductas delictivas e incluso poder eliminarlas antes de que lleguen a ocurrir, ya sea a través de la educación, la comunicación con los menores, etc.

c.) Enseñar a los padres, tutores y profesores a educar a los menores -ya sean conflictivos o no, en el respeto, la tolerancia, la obediencia y la aceptación de las reglas establecidas de convivencia en la sociedad, etc, crearían una situación mucho menos angustiosa y por ende un sentimiento de mayor seguridad.

d.) La creación de nuevas leyes mucho mas restrictivas de la libertad, que coaccionen e intimiden el comportamiento delictivo del menor, aunque sean soluciones agresivas , en cierto punto, provocarían el sentimiento (en sentido coloquial) de “pensarlo dos veces” antes de cometer un delito.

e.) La educación de los menores, sobretodo desde el ejemplo, fomentando alternativas a las drogas y a los malos hábitos y un mayor contacto con los cuerpos de seguridad, tanto para asegurar su sentimiento de seguridad como para facilitar la denuncia de actos delictivos o situaciones previas al delito, crearía una juventud mucho más sana, cooperativa y respetuosa de la seguridad, ya no solo propia sino también del resto de sus conciudadanos.

4. ANÁLISIS “DAFO” DE LA SEGURIDAD

4.1. EXTERNO

• OPORTUNIDADES:

• AMENAZAS:

4.2. INTERNO

• FORTALEZAS:

• DEBILIDADES

5. ACCIONES RECOMENDADAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD:

Los poderes públicos deben complementar las insuficiencias de la seguridad pública dotándola de recursos suficientes para poder prevenir delitos y reducirlos. Además, debe modificar, actualizar y ejecutar nuevas políticas y planes contra la violencia juvenil y para prevenirla. Estas soluciones, parten de la idea de endurecer el sistema penal dentro de los límites constitucionales con medidas empleadas frecuentemente para combatir la criminalidad y que son, el aumento de la policía y el endurecimiento de las penas.

En contraposición a estos planes, existen recomendaciones y directrices elaboradas por los sectores profesionales vinculados directamente: criminólogos, abogados, psicólogos, educadores, sociólogos, trabajadores sociales, etc. cuyo propósito ha sido solventar los conflictos provocados por la delincuencia juvenil, disminuir o atenuar este tipo de problemas y dar tratamiento y orientación a los menores, todo dentro del orden constitucional y el respeto a los derechos humanos.

Tales recomendaciones han sido extraídas a partir de las directrices marcadas por Naciones Unidas y recogidas en los siguientes textos internacionales:

• Las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 45/112).

• Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Proyecto de resolución presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas en el Congreso sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente).

• Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores (Reglas de Beijing).

• Convención de Naciones Unidas sobre derechos del niño de 20 de noviembre de 1989.

Las recomendaciones extraídas de tales textos y ofrecidas desde los citados sectores con la finalidad de resolver el problema de la delincuencia juvenil, han sido las siguientes:

La prevención antes que la represión: La mejor manera de prevenir la delincuencia juvenil es la de impedir que surjan delincuentes juveniles, para lo cual se necesitan adecuados programas de asistencia social, económica, educacional y laboral.

Minimizar el uso del sistema de justicia tradicional: Emplear otras vías y medios para resolver los conflictos generados con la delincuencia juvenil antes de que intervenga el Juez. Esta minimización del uso del sistema de justicia ordinaria implica, a su vez:

- Minimizar la intervención estatal, dando mayor intervención a otros grupos de la vida social en la solución del conflicto y en la búsqueda de alternativas viables, como la familia, la escuela, la comunidad, etc.

- Minimizar al máximo el encarcelamiento o medidas de internamiento en régimen cerrado de los menores, limitándolo a circunstancias excepcionales.

Flexibilizar y diversificar la reacción penal: Con medidas flexibles, que se puedan ajustar y acondicionar periódicamente a las circunstancias del menor, según las condiciones, el avance y el progreso en el tratamiento o en la ejecución de la medida, podemos conseguir una mayor personalización de la medida tutelar, de manera que la reacción sea proporcional a la gravedad del caso, adaptándose a las condiciones y necesidades del menor.

Aplicar a los menores infractores todos los derechos reconocidos a los adultos.

Profesionalizar y especializar a la Policía en materia de menores, así como a los Jueces, Fiscales y Abogados: Una mejora en el aspecto técnico de estos profesionales, permitirá una mayor efectividad y eficacia en la reforma de los jóvenes delincuentes. Afortunadamente, en España se está funcionando en esta línea, pues existen Jueces y Fiscales especializados en la jurisdicción de menores, los Abogados necesitan ser especialistas para actuar ante esta jurisdicción, y los Policías, más en el caso de la Policía Local, reciben con cierta periodicidad cursos de formación continuada en materia de menores.

Además de esto, los gobiernos deben velar por el buen funcionamiento de los organismos, instituciones y personal competente que se ocupa de las actividades preventivas, también debe vigilar los mecanismos para la coordinación adecuada de las actividades de prevención entre los organismos gubernamentales y no gubernamentales.

Las políticas, estrategias y programas basados en estudios de pronósticos deben ser objeto de vigilancia permanente y de evaluación cuidadosa en el curso de su aplicación. Así mismo se deben fomentar los métodos para disminuir eficazmente las oportunidades de cometer actos de delincuencia juvenil.

Debe haber mayor participación de la comunidad mediante una amplia gama de servicios y programas y una estrecha cooperación interdisciplinaria entre los gobiernos nacionales, estatales, provinciales y municipales, con la participación del sector privado, de ciudadanos representativos de la comunidad interesada y de organismos laborales, de cuidado del niño, de educación sanitaria, sociales, judiciales y de los servicios de aplicación de la ley en la adopción de medidas coordinadas para prevenir la delincuencia juvenil y los delitos de los jóvenes.

Finalmente, se debe fomentar la participación de los jóvenes en las políticas y en los procesos de prevención de la delincuencia juvenil, incluida la utilización de los recursos comunitarios, y la aplicación de programas de autoayuda juvenil y de indemnización y asistencia a las víctimas.

Si se avanza y profundiza en estas recomendaciones, buscando alternativas viables y aceptables para las partes en el conflicto provocado por la delincuencia juvenil; más que en buscar la represión y el castigo, medidas que solo sirven para que todos pierdan, estaremos en el camino de ofrecer respuestas realmente eficaces ante un problema que ha alcanzado tal grado de magnitud que debe servir para motivar a todos los sectores implicados en la política criminal en busca de respuestas y soluciones al mismo.