Problemática entre Marruecos y España

Este mes, clave para recuperar el diálogo

España-Marruecos los puntos de conflicto

Uno de los objetivos primordiales de este nuevo curso político es la recuperación de las relaciones entre España y su principal vecino, Marruecos. Para este mes está anunciada, aunque todavía sin fecha concreta, una reunión en Madrid entre los ministros de Asuntos Exteriores, Ana Palacio y Mohamed Benaissa, con la que se intentará regresar a la senda del diálogo en unas relaciones turbulentas nuevamente en crisis tras el conflicto del islote Perejil, pero ya afectadas por la cuestión del Sahara Occidental, las redes de narcotráfico y de inmigración ilegal, el contencioso pesquero y la sempiterna reclamación marroquí de Ceuta y Melilla. Todo ello, mientras el país vecino se prepara para afrontar unas elecciones legislativas decisivas el próximo día 27.

Por Teresa Larraz

Hace ya casi año y medio -desde la ruptura de las negociaciones pesqueras en abril de 2001- que las relaciones políticas entre España y Marruecos se caracterizan por un conflicto casi permanente, un hecho preocupante debido a la importancia que tiene para nuestro país el reino alauí. Motivos puramente estratégicos, una historia entremezclada durante siglos y la presencia de centenares de miles de trabajadores marroquíes en España son algunas de las razones que hacen imprescindible un mejor y mayor entendimiento, al que sólo se podrá llegar si se flexibilizan las posturas actuales.

Los principales problemas que complican estas relaciones son el futuro de la antigua colonia española del Sahara Occidental, la no renovación de los acuerdos de pesca -que ha desprovisto a la flota española de uno de sus principales caladeros-, la continua reivindicación de Marruecos sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la lucha contra las mafias del narcotráfico y la inmigración ilegal. Su complejidad augura un difícil retorno a la normalidad, que tendría que pasar como requisito previo por el retorno de ambos embajadores a Madrid y Rabat.

Desde hace 21 años está pendiente de celebrarse en el Sahara Occidental un referéndum de autodeterminación aprobado por la ONU. La total oposición del reino marroquí a la posible independencia de esta antigua colonia española ha llevado a que se retrase en numerosas ocasiones y a que posiblemente nunca llegue a tener lugar. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó hace poco más de un mes la prórroga del mandato de la misión desplegada en el Sahara (MINURSO) hasta el 31 de enero, para dar unos meses más de plazo al hallazgo de una solución que depende de muchos intereses.

Provincia española desde 1957, la población del Sahara comenzó a reclamar su independencia a partir de los años 60, siguiendo la tendencia registrada en toda el África colonial. En 1973 se constituye con este fin el Frente Polisario; al año siguiente España prometió a la ONU la celebración de un referéndum de autodeterminación que nunca tuvo lugar. El 6 de noviembre de 1975 se produjo la famosa Marcha Verde, una hábil maniobra del rey Hassan que aprovechaba la debilidad de una España dirigida por un Franco agonizante. Gracias a ella logra que se firme pocos días después el Acuerdo de Madrid, por el que España cede el Sahara a Marruecos y Mauritania y deja fuera al Polisario, empujando a este grupo a iniciar inmediatamente la guerra contra ambos, con la que obligó a Mauritania a abandonar el conflicto en 1979 y dejar su parte a los marroquíes. La guerra se prolonga 16 largos años hasta 1991, en que se alcanza un acuerdo de alto el fuego auspiciado por la ONU, seguido en enero del año siguiente por la promesa de organizar un referéndum de autodeterminación. Mientras, la mayor parte de la población saharaui (unas 180.000 personas sobre un total de 300.000) permanece desplazada en campos refugiados de la desértica localidad argelina de Tinduf, al tiempo que Marruecos ocupa la mayor parte del territorio gracias a los muros construidos a lo largo de toda la frontera.

El secretario general de la ONU, Kofi Annan, estableció cuatro alternativas en febrero de este año: lacelebración del referéndum de autodeterminación; la aplicación del denominado Plan Baker, elaborado por el ex secretario de Estado estadounidense, que propone una autonomía limitada para el Sahara bajo soberanía marroquí; la división del territorio entre ambos contendientes; y la retirada de MINURSO si no se consigue ningún acuerdo.

Para Marruecos, está fuera de toda cuestión la no integración del Sahara en su territorio. En la antigua colonia española existen importantísimos recursos naturales como petróleo, gas, fosfatos y un rico banco pesquero, pero es que, además, Mohamed VI ha apostado muy fuerte por su marroquinidad, tanto por razones de fuerza política como de recurso nacionalista hacia una población acuciada por una preocupante situación económica.

En esta postura cuenta con el apoyo nada menos que de Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Estos países alegan que esta solución permite estabilizar una zona estratégica muy importante, pero nadie desconoce las concesiones a multinacionales francesas y estadounidenses para las bolsas de gas y petróleo detectadas en la zona, y el incremento de la influencia de ambos gobiernos sobre el monarca marroquí Mohamed VI.

Curiosamente, al mismo tiempo Marruecos ha protestado firmemente por la concesión de prospecciones a Repsol fuera de las aguas territoriales españolas, pero a más de un centenar de kilómetros de la costa marroquí.

Por el contrario, España, Argelia y Rusia son los principales valedores del Frente Polisario, aunque la postura del Gobierno español ha ido haciéndose más tibia con el tiempo, al dejar de insistir en la necesidad del referéndum y limitarse a reclamar un acuerdo que satisfaga a ambas partes.

¿Dos ciudades españolas? El conflicto desatado con la invasión del islote Perejil por parte de Marruecos el pasado mes de julio ha servido a la administración marroquí para poner nuevamente en el punto de mira a las ciudades de Ceuta y Melilla. Esta permanente reivindicación, realizada de manera más o menos  contundente según el momento por el que pasen las relaciones hispano-marroquíes, ha cobrado fuerza en las últimas semanas, con enérgicas declaraciones tanto del rey como del primer ministro de Marruecos.

La ciudad de Ceuta fue conquistada inicialmente por los portugueses en 1415, y no pasó a estar bajo soberanía española hasta 1581, cuando todo el país vecino se integró en la corona española ante el fallecimiento sin descendencia de su monarca. Al recobrar Portugal su independencia, Ceuta decidió permanecer en el Estado español y así ha sido desde entonces, alcanzando en 1995 la situación de ciudad autónoma ofrecida por la Constitución de 1978. Melilla, por su parte, fue conquistada por tropas españolas en 1497, cinco años después de la caída de Granada que supuso el fin de la ocupación árabe en la Península, como protección para la costa española. Desde entonces ha seguido un camino similar a Ceuta, con una integración permanente como territorio español y un estatus de ciudad autónoma desde hace siete años.

Sin embargo, desde su independencia en 1956, Marruecos ha afirmado que estos dos enclaves, junto con el peñón de Alhucemas, el de Vélez de la Gomera y las islas Chafarinas, son territorios ocupados que deberían ser descolonizados. En 1975 llegó a plantear su situación ante el Comité de Descolonización de la ONU, pero esta organización no los incluye en su listado de zonas pendientes de descolonización, donde sí aparece Gibraltar.

A pesar de ello, la resolución de los contenciosos del Peñón o del Sahara pondría su situación sobre la mesa a nivel internacional de modo inmediato. De hecho, Marruecos ha aprovechado los avances producidos en la negociación hispano-británica sobre Gibraltar para argumentar su igualdad con el caso de Ceuta y Melilla y denunciar la hipocresía de la actitud española. España, por su parte, siempre ha asegurado que se trata de un tema innegociable.

Las reclamaciones más contundentes han tenido lugar en las últimas semanas. Primero, el propio Mohamed VI aseguraba en el discurso del tercer aniversario de su llegada al Trono, el pasado 30 de julio, que su “primer objetivo es proteger nuestra integridad territorial y no renunciar a un solo ápice de nuestro territorio”, pidió “a España que acabe con la colonización de todos los territorios marroquíes” y calificó a ambas ciudades de “focos que sangran nuestra economía nacional y que sirven de base para la inmigración clandestina y otras prácticas delictivas”. Pocos días después, el primer ministro Abderraman Yusufi declaró ante su Parlamento que “continuaremos desplegando nuestros esfuerzos para recuperar el conjunto de las regiones y poner fin a la ocupación de las dos ciudades de Ceuta y Melilla y de las islas vecinas expoliadas”. Y tras menos de 24 horas, el Consejo de Gobierno del Rey reclamó “la necesidad de movilizar a todas las fuerzas vivas para defender la integridad territorial del reino, su culminación, para la liberación de los territorios todavía ocupados de Ceuta y Melilla, y las islas Chafarinas”.

En su última intervención el pasado 20 de agosto, Mohamed VI cambió de línea completamente, ya que prefirió eludir este asunto e incluso cualquier mención a España; a pesar de ello, su ministro de Asuntos Exteriores -del que se rumorea que podría ser destituido ante el descontento del Rey- volvió a insistir la semana pasada, al juzgar “inadmisible” que un país europeo “pueda mantener todavía bajo su dominio dos ciudades en tierra de Marruecos, en el continente africano, en un país árabe, musulmán e independiente, bajo el pretexto de que han sido ocupadas hace 300 años”.

Una tragedia humana. Responsable en gran medida de la crisis diplomática desatada el otoño pasado, la inmigración ilegal a través de las costas españolas es uno de los problemas más dramáticos que afectan a las relaciones entre ambos países.

En el verano de 2001, tuvo lugar una avalancha de pateras en la que cientos de inmigrantes llegaron a las costas andaluzas. La dura reacción del entonces ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, acusando al país vecino de “poner vidas en peligro” al no luchar con suficiente energía contra las mafias, provocó unas polémicas manifestaciones del propio monarca marroquí, en las que afirmaba que el origen del problema también estaba en España, con la existencia de mafias “aun más ricas”. Piqué volvió a insistir en la “connivencia” entre las Fuerzas de Seguridad marroquíes y las mafias que trafican con inmigrantes, y en esta tensa situación se acabó suspendiendo la cumbre bilateral entre los jefes de Gobierno de ambos países prevista para antes de fin de año.

Este 2002 la situación parecía más tranquila, y de hecho las cifras del Ministerio del Interior indicaban que en los seis primeros meses había descendido en un 71% el número de inmigrantes fallecidos o desaparecidos al cruzar el Estrecho. Incluso los días que duró la crisis del islote Perejil el pasado mes de julio se dio la circunstancia de que ninguna patera cruzó las aguas entre España y Marruecos, debido al intenso despliegue militar y policial en las mismas.

Sin embargo, una vez concluida, se ha vuelto a repetir el fenómeno, y durante agosto ha sido casi constante el desembarco de estas embarcaciones, no sólo ya en Andalucía, sino sobre todo en Canarias debido al refuerzo del sistema de vigilancia en el Estrecho. Esta vigilancia más intensiva y las sanciones aprobadas a los patrones ha llevado a que en muchas ocasiones éstos obliguen a los inmigrantes a descender de las embarcaciones antes de llegar a la costa, con el consiguiente incremento del peligro para sus vidas.

La Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) denunciaba hace unas semanas que desde 1997 son ya más de 4.000 las personas que han fallecido intentando alcanzar las costas españolas. Para evitar esta sangría han puesto en marcha una campaña subvencionada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con la que quieren concienciar a los jóvenes marroquíes, desconocedores en muchas ocasiones del peligro que entraña la travesía ante la casi nula información que se da sobre este asunto en Marruecos.

El Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), presentado recientemente por el ministro de Justicia, Ángel Acebes, y dotado de un presupuesto de 132 millones de euros, pretende reforzar la lucha contra la inmigración ilegal y el narcotráfico. A pesar de ello, pocas semanas después, siguen siendo muchos los inmigrantes que alcanzan las costas andaluzas.

Acebes también ha prometido su próxima aplicación en las Islas Canarias, ya que en la actualidad es hacia donde se dirige la mayor parte de este terrible tráfico de personas, con embarcaciones que salen del sur de Marruecos cargadas principalmente de subsaharianos, que están llegando sobre todo a la isla de Fuerteventura. Las autoridades canarias ya han manifestado en varias ocasiones la escasez de medios de que disponen para afrontar esta avalancha, que este año alcanza cifras record, ante lo que han logrado que el Gobierno traslade en avión a la Península a muchos de los recién llegados antes de proceder a su expulsión.

Lo que no se duda desde muchas instancias, entre ellas desde Protección Civil, es que la intensificación en el flujo de pateras está muy relacionada con el estado de las relaciones hispano-marroquíes, y que el actual incremento desde el conflicto de Perejil responde a la mala situación que atraviesan éstas. 

Luchando contra el narcotráfico. De acuerdo con lo recogido en el Tratado de Amistad entre España y Marruecos firmado en 1991 (ver despiece El Tratado de Amistad), ambos países se han comprometido a luchar contra el narcotráfico. Sin embargo, las divergencias entre ambas administraciones también son notables en este asunto.

La actuación de las mafias en las costas del norte de Marruecos ha provocado constantes reclamaciones desde el lado español para que las autoridades policiales marroquíes se impliquen con mayor contundencia en combatirlas, y se ha llegado a insinuar hasta desde el antiguo CESID que hay personas en altos cargos de la Administración y del entorno de la Familia Real alauí vinculadas con el tráfico de drogas. El momento más caldeado en este cruce de acusaciones se alcanzó el verano pasado, con las declaraciones de Josep Piqué a las que respondió el propio rey Mohamed VI acerca de esta supuesta connivencia marroquí con las mafias dedicadas al narcotráfico y a la inmigración ilegal. Desde entonces ambas partes parecen haber bajado el tono, aunque sólo sea en este asunto.

En la región marroquí del Rif abundan los cultivos de hachís, puesto que, al igual que ocurre en las otras zonas del mundo donde se cultiva, resulta mucho más rentable que otros productos a la población local, y encuentra así una forma rápida de escapar de la pobreza. Por ello hay constancia de que se sigue incrementando el número de hectáreas dedicadas a su cultivo, a pesar de que no sólo España, sino también la Unión Europea, reclaman a Marruecos más firmeza en este apartado.

Y son muchos los poblados cercanos a Ceuta y Melilla  que viven del narcotráfico, ya que sus habitantes actúan como transportistas de los fardos de droga, porteadores e incluso como pilotos de las planeadoras que surcan las aguas del Estrecho. Se estima que entre el 80-90% del hachís incautado en Europa procede de Marruecos.

La Pesca. La ruptura de las negociaciones pesqueras entre la Unión Europea y Marruecos en abril del año pasado fue el principal detonante de la tensión en las relaciones hispano-marroquíes desde entonces. El proceso negociador se había alargado desde diciembre de 1999, y durante esos 17 meses la flota española afectada (andaluza y gallega, principalmente, aunque también una parte de la canaria) tuvo que permanecer amarrada, manteniéndose económicamente gracias a las ayudas del Gobierno.

Las elevadas pretensiones marroquíes, de reducir el acuerdo a un periodo de dos años y obtener a cambio el doble de compensación económica, limitando así mismo el número de barcos y su procedencia, llevaron a que en marzo de 2001 el comisario europeo de Pesca, Franz Fischler, terminara anunciando el fracaso de las negociaciones. La reacción del presidente Aznar fue muy dura, calificando como “inaceptable” la postura marroquí y asegurando que habría “consecuencias” en las relaciones entre ambos. Y efectivamente, a partir de entonces se ha producido un notable enfriamiento primero, y crisis real después.

Este contencioso se relaciona con el del Sahara, puesto que las aguas territoriales saharahuis tienen un rico banco pesquero del que los marroquíes prácticamente se han apropiado. Más de 350 barcos faenaban en las aguas territoriales de Marruecos. De ellos la mitad ha tenido que buscar caladeros alternativos o incluso acuerdos privados en el país vecino, mientras que la otra mitad se ha visto abocada al desguace, dentro de un proceso general más amplio de reconversión de la pesca propugnado desde Bruselas.

La ruptura del proceso negociador fue muy criticada por los partidos de la oposición, que solicitaron la dimisión del ministro español, Miguel Arias Cañete, por un “rotundo fracaso histórico”. Sin embargo, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha sobrevivido incluso a la remodelación del Gobierno del pasado mes de julio.

De este modo, las próximas semanas pueden ser cruciales para favorecer un nuevo clima de confianza que ayude a recuperar un diálogo muy necesario por la relevancia de los problemas que afectan a ambos países, y a retomar las cumbres bilaterales, tras tres años de desencuentros.

Hay que tener en cuenta, además, que el clima político marroquí puede enrarecerse por la celebración de elecciones legislativas el día 27, con las que se pretende asentar la frágil democracia en el país, y a las que el rey Mohamed VI llamó a la población para que acudiera a votar. Las críticas a España -cuyas críticas a Marruecos desde la prensa son otro factor de conflicto- pueden ser una baza electoral muy utilizada por los distintos partidos, por lo cual desde el Gobierno español parece que se ha llamado a mantener un tono bajo en las declaraciones sobre el país vecino.

El Tratado de Amistad

En 1991 tuvo lugar uno de los momentos más importantes en las relaciones entre España y Marruecos. El 4 de julio el rey Juan Carlos I y el presidente del Gobierno Felipe González acudían a Rabat para firmar con Hassan II y el primer ministro Azzedine Laraki el primer “Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre el Reino de España y el Reino de Marruecos”, que entró en vigor en enero de 1993 tras su ratificación por los dos parlamentos.

Este importante documento fue posible gracias al clima de buena voluntad establecido a raíz de la primera cumbre hispano-marroquí, que se celebró en Fez en diciembre de 1990. Estos son algunos de los pasajes más destacados del Acuerdo:

El preámbulo señala las circunstancias que vinculan a ambos pueblos, como “la estrecha vecindad geográfica que les une en la región crucial que ocupan” y “los vínculos que la Historia ha ido creando (…) a través de vicisitudes a veces contradictorias aunque siempre significativas, profundas y enriquecidas por fructíferos acercamientos”. Así mismo, se muestran “animados por la voluntad común de reforzar aún más sus relaciones políticas bilaterales (…) y decididos a inaugurar una nueva era de solidaridad que responda mejor a las aspiraciones de sus futuras generaciones, mediante el establecimiento de un marco global y permanente de convivencia política (…), persuadidos de que el entendimiento recíproco y la cooperación entre ambos Reinos son la garantía indispensable de la paz, la estabilidad y la seguridad de esta región, y la mejor manera de servir a los objetivos de progreso y desarrollo de los dos pueblos”.

Entre los ocho principios generales que convienen aparece “el respeto a la legalidad internacional”, la “igualdad soberana” -incluyendo “el derecho a la integridad territorial”-, “la abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de la Otra parte” y “el arreglo pacífico de controversias, de manera que no se ponga en peligro la paz y la seguridad internacionales y la justicia”.

El texto consta de dos capítulos; el primero trata sobre las relaciones políticas bilaterales y establece la institucionalización de “una reunión anual de Alto Nivel entre los Jefes de Gobierno de ambos países, en España y Marruecos, alternativamente”, así como una reunión semestral de los ministros de Asuntos Exteriores, además de otros contactos a menor nivel. En el segundo capítulo se habla de las relaciones de cooperación en todos los ámbitos: económico y financiero, defensa, turístico, cultural y jurídico (en el que se menciona específicamente el acuerdo para “brindar especial atención a la lucha internacional contra el terrorismo, la delincuencia organizada y el narcotráfico”), entre otros.

Unos lazos económicos fuertes

Las relaciones hispano-marroquíes tienen también una importante vertiente económica. España es el segundo socio comercial del reino alauita -tanto como cliente como proveedor-, mientras que Marruecos figura en una destacada novena posición en las exportaciones españolas. A ello hay que sumar que hay más de 800 empresas españolas, en su mayor parte pymes, radicadas en territorio marroquí que dan empleo directo a unos 30.000 trabajadores, mientras que España acoge a 200.000 ciudadanos de este país, una baza importantísima para la economía marroquí. Así mismo, hay que tener en cuenta que una parte igualmente notable de los intercambios comerciales se hace sin pasar por los registros aduaneros, mediante el contrabando que tiene lugar en las zonas fronterizas entre ambos estados.

Sin embargo, hay dos obstáculos principales para un pleno desarrollo de estas relaciones: la todavía escasa transparencia del sistema económico marroquí, que dificulta las inversiones con numerosas trabas burocráticas, y el mal estado del clima político entre ambos países, que desanima los negocios. Así lo ponen de manifiesto los datos mutuos de inversión; la española en Marruecos ha caído nada menos que un 77% entre 2000-2001 y este año están estancadas, la marroquí en España, por su parte, descendió un 12% en el mismo periodo.

Cambios diplomáticos

Si las negociaciones que tienen que comenzar este mes entre los dos ministros de Asuntos Exteriores dan muestras de buena voluntad, una de sus primeras consecuencias debería ser el retorno de los embajadores a Madrid y Rabat. Sin embargo, aun cuando esto tuviera lugar, se da por entendido que ambos serán relevados poco tiempo después, siguiendo la práctica diplomática de que con nuevas relaciones sean nuevos los diplomáticos que las lleven.

Fernando Arias-Salgado tendrá así nuevo destino tras cumplir apenas un año (fue nombrado el 31 de agosto de 2001) al frente de la legación diplomática en la capital marroquí. Su gestión durante este corto periodo de tiempo no ha recibido muchos elogios, principalmente por los informes erróneos que dieron lugar al bulo de la supuesta reunión de Felipe González con el Rey y el primer ministro marroquí en Rabat el pasado mes de febrero, y también por la nula previsión ante la invasión marroquí del islote Perejil el 11 de julio.

Su cambio coincidirá probablemente con otros movimientos esperados en el cuerpo diplomático. Arias-Salgado podría acabar como embajador español ante la ONU, sustituyendo a Inocencio Arias, que podría regresar a la Oficina de Información Diplomática relevando a Alberto Aza, quien asume el 12 de este mes la jefatura de la Casa del Rey. Para ocupar su lugar se ha repetido en varios medios el nombre de Miguel Ángel Moratinos; su admirable labor como enviado especial de la UE en Oriente Medio, sus habilidades mediadoras y sus contactos en el mundo árabe le colocarían como un excelente candidato para este importante puesto.

El factor real

Hasta la muerte de Hassan II, el 23 de julio de 1999, las siempre difíciles relaciones entre España y Marruecos contaron con la importante baza de la amistad entre ambos monarcas. El afecto entre Juan Carlos I y Hasan II se puso de manifiesto en numerosas ocasiones, contribuyó de manera muy importante al Tratado de Amistad de 1991 y fue utilizado como vía de diálogo para intentar superar los problemas que han ido afectado a España y Marruecos.

Las lágrimas vertidas por el Rey en el entierro del monarca alauí conmovieron al pueblo marroquí y a su hijo Mohamed VI, lo que permitía augurar una continuación en estas privilegiadas relaciones. Sin embargo, el contacto entre los dos reyes se ha visto afectado igualmente por la crisis política, y desde el fallecimiento de Hassan II sólo se han visto en tres ocasiones, incluyendo en los funerales. Se asegura también que Mohamed VI está molesto por el continuo nombramiento de la monarquía española como referencia para el papel que él debería desempeñar en la modernización de su país, ya que, a pesar de una etapa inicial más aperturista, hace tiempo que ha dejado de dar señales de querer llevar a cabo esta modernización.

El conflicto del islote Perejil ha puesto de manifiesto el escaso protagonismo de Juan Carlos I en las actuales relaciones hispano-marroquíes. El vicepresidente Mariano Rajoy afirmó que el Gobierno estuvo “en permanente contacto” con el monarca durante todo el contencioso, a pesar de lo cual, desde instancias tan relevantes como las del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, se ha calificado como “francamente negativo” el hecho de que el Rey no interviniera, y llegó a insinuar que no se le hubiera dejado. Esta revista ya ha informado de choques previos entre el Rey y José María Aznar ante hechos que suponían acaparar protagonismo para el presidente en detrimento del papel del monarca.

La posición socialista

Al igual que en otros asuntos de Estado, el Partido Socialista ha mostrado su apoyo a las decisiones del Gobierno durante la crisis de Perejil, lo que no ha evitado que se muestre crítico con la estrategia seguida hacia Marruecos. Desde este partido se opina que España ha quedado aislada en el panorama internacional en la defensa de sus posiciones y que es necesario construir un nuevo escenario de diálogo con el país vecino.

El PSOE comparte, eso sí, la opinión gubernamental sobre la exclusión de Ceuta y Melilla de cualquier negociación con el reino alauita, al considerar que “su españolidad está fuera de toda duda”.

Hay otro asunto en el que, sin embargo, se ha producido un notable cambio de tendencia en el principal partido de la oposición. A pesar de que siempre ha habido diferencias internas, la postura oficial del Partido Socialista desde aquella histórica visita de Felipe González a los campos de refugiados en Tinduf en 1978 ha sido la de apoyar al pueblo saharahui y reclamar la celebración del referéndum de autodeterminación.

Esta posición, que se templó con el realismo propio de los años de gobierno, ha dado un brusco cambio de sentido en los últimos meses. Las excelentes relaciones del ex presidente del Gobierno con las autoridades marroquíes y el creciente pragmatismo de José Luis Rodríguez Zapatero han llevado a que ya se hayan oído declaraciones públicas que abogan por una solución más inclinada a la reclamada por Marruecos. El propio secretario general declaró recientemente que “la autodeterminación o el nacionalismo no son garantía de progreso para los pueblos”. Esta actitud puede estar determinada por el convencimiento de que Marruecos ha pactado ya con Estados Unidos una solución que pasa por la autonomía del Sahara bajo soberanía marroquí, y por el argumento que este referéndum podría proporcionar al nacionalismo vasco. A pesar de ello, desde la corriente interna Izquierda Socialista, su portavoz Juan Antonio Barrio, le ha reprochado este cambio de opinión y le ha pedido que actúe “con un poco de coherencia” porque “no se puede dejar tirado al pueblo saharahui”.

BIBLIOGRAFIA: http://www.el siglo-eu.com/listadossier.htm