Relaciones Gobierno -Empresarios

A partir de 1982, con la nacionalización de la banca, se replantean de una manera más intensa, más amplia y más significativa, cambios en el empresariado y sus relaciones con el poder político.

Ejes de análisis de la relación empresariado-gobierno:

-La consideración de las transformaciones ocurridas en el orden estatal que son pertinentes al estudio del empresariado como actor político.

-Las modificaciones mismas del empresariado como fuerza política.

-Las modalidades de regulación, conflicto y acuerdo entre el Gobierno y los empresarios.

Planteamientos acerca de como se presentan las relaciones empresario-gobierno:

-Modalidades de regulación y conflicto entre el gobierno y los empresarios establecidas en el periodo 1940-1970, y tiene por objeto introducir elementos que desde una perspectiva comparada contribuyan a destacar y calificar los can1bios que se registran en la década de los ochenta.

-Recapitulación del periodo inmediato anterior a la nacionalización de la banca, que tiene como propósito explotar la génesis de los cambios que se estudian.

-Análisis de las relaciones entre el Estado y los empresarios en la década de los ochenta desde la óptica principal de sus transformaciones.

-Principales tensiones que se desprenden del nuevo marco de relaciones entre el Estado y los empresarios, así como a algunos de sus posibles desenlaces.

El periodo de 1940-1970 puede definirse como una etapa en la que se consolidan un conjunto de normas que regulan el quehacer político del empresariado. Uno de los elementos más relevantes de esas normas fue el confinamiento de la participación del empresariado al terreno de la formulación de las estrategias de desarrollo y de la negociación de sus contenidos específicos.

Cabe advertir que en la elaboración de esas estrategias, que bájo1asformulas de economia mixta y desarrollo estabilizador se impulsaron, el núcleo financiero, integrado por entidades del sector público y privado fue consolidando el curso de entre periodo una posición clave.

El presidencialismo, el régimen de partido dominante, las estrategias corpprativas y clientelistas y la economía mixta, configuraron el entorno político institucional reconocido P9r el empresariado para el desarrollo de sus actividades económicas y políticas, las que, fueron imprimiendo contenidos específicos al acuerdo social establecido sobre estas bases.

El desarrollo de una capacidad de veto del empresariado sobre las políticas consideradas como atentatorias a sus intereses; una tendencia correlativa a la anterior dar un carácter subsidiario a la intervención del estado, lo que acentuó la perdida de su capacidad rectora, y una tendencia a la marginación de amplios sectores de la sociedad en la toma de decisiones, que incluyó no sólo a los sectores obrero, campesino y popular reconocidos por el estado para procesar las demandas de sus agremiados respectivos, sino también a sectores del empresariado como aquellos pequeños y medianos agrupados en la CANACINTRA, que en la década de los años cuarenta y cincuenta, constituyeron una base social importante de las políticas gubernamentales,

Una condición sin duda importante de estos procesos fue el llamado milagro económico Mexicano que permitió una relativa distribución de los beneficios económicos no obstante los mecanismos excluyentes que se fueron implantando en la toma de decisiones, acuerdos básicos entre el gobierno y los empresarios en tomo a los lineamientos generales de la política económica y la estructura política.

Las corrientes ideológicas que se formaron en tomo a la relación Estado empresarios fueron:

-La primera fue la pragmática, negociadora y apoya frecuentemente al Gobierno.

-La segunda es cambió es antiintervencionista, al1ticentralista y principista, En coyunturas de conflicto tienden a transgredir las normas de negociación, a apropiarse del espacio público empresarial y converger con sectores de la iglesia y del Partido Acción Nacional, para oponerse al Gobierno, mediante el recurso ideológico de la amenaza comunista.

El patrón de las relaciones antes descrito comenzó a deteriorarse en la primera mitad de los años setenta, en la medida en que se desarrolló entonces un fuerte conflicto entre los empresarios y el gobierno.

Se constato entonces que el débil empresariado que se había visto con el cardenismo a fines de los treinta, había embarnecido; al era económicamente poderoso, exigía ser consultado previamente cuando sus intereses estaban en juego, vetaban sin ambages todo aquello que no le pareciera y ejercía además una fuerte, aunque no tan evidente, influencia social, ideológica y cultural.

Las políticas de corte intervensionista que impulsó entonces el gobierno del presidente Echeverría toparon con una fuerte resistencia de parte del empresariado mismo que en el curso del conflicto comenzó a experimentar cambios importantes en la concepción que tenia de sí mismo y de sus relaciones con la sociedad y el estado.

La reacción del empresariado en aquella coyuntura dio lugar a la formación del

Concejo Coordinador Empresarial y contribuyó de manera decisiva al desarrollo de un fuerte movimiento de opinión pública, que articulando a diferentes actores y fuerzas sociales y políticas logró derrotar al reformismo oficial y dividir a la burocracia política.

Posteriom1ente vino una fase de distensión y despolitización empresarial propiciada por el boom petrolero y las políticas generosas del gobierno de López Portillo hacia el sector privado.

Ese periodo concluyo abruptan1ente ello de septiembre en 1982, una nueva y más profunda fase que condujo al presidente de la república a decretar la expropiación de la bar1ca privada.

Esta situación provocó una crisis de representación que generará una gran reacción empresarial que a su vez incidirá en cambios en la estructura institucional del Estado, cuyos aspectos principales son una tendencia a la desarticulación del Estado interventor a través de la asignación de un mayor peso al mercado, lo que a su vez incluye cambios en los modelos de participación política en la toma de decisiones y una modificación en el sistema político orientada a revitalizar la política de partidos.

Bajo esta nueva constante en el cual se desarrollan las relaciones entre el gobierno y los empresarios, da origen a tres facciones dentro del sector empresarial:

La facción proteccionista, que ocupa una posición creciente marginal en la correlación política de fuerzas, se encuentra representada por la CANACINTRA, que agrupa a pequeños y medianos industriales que aun demandan la protección del gobierno o al menos una política de apertura económica más moderada.

La facción tecnocrática que al igual que la liberal conservadora impulsa una política de corte liberal en materia económica, esta integrada por una reducida élite empresarial que en gran medida se beneficia y fortalece por las nuevas políticas gubernamentales como el fomento a la exportación y las relativas a la reestructuración del sistema financiero vía las casas de bolsas.

La fracción liberal conservadora tiene una muy amplia y variable base social empresarial, tanto con relación al tomar de los empresarios que agrupa como a la variedad de las actividades económicas en las que se desenvuelven y a su distribución geográfica en el territorio nacional. Se encuentra representada en la COP ARMEX y CONCANACO, y a tendido más a la confrontación que a la negociación con el gobierno a través de su actuación en diversos campo tales como el económico, el político y el social.

La respuesta gubernamental a la politización del empresariado fue la amplia

adopción de un proyecto económico modernizados de corte neo liberal presentado .

bajo la noción de cambio estructural en esta decisión intervienen también las presiones de los acreedores financieros internacionales, así como la propia correlación de fuerzas al interior de la burocracia política que termina por consolidar a la facción gubernamental tecnocrática.

Otro efecto no menos importante de la expropiación bancaria, fue que detono una fractura entre dos facciones de la burocracia política: por una parte la jefatura en ese momento por el presidente saliente, y por otra, la lidereada por el presidente entrante, que dio muestras ostensibles de reticencia ante el acto expropiatorio.

De cualquier manera y pese al disgusto que causaron en el empresariado la confirmación fundan1ental de la expropiación y la redefinición de la economía mixta, se impuso claramente la facción encabezada por el presidente De la Madrid.

De ese modo se consolido el liderazgo en el poder de una facción burocrática política que bien puede ser denominada "facción tecnocrática", algunas de cuyas características más evidentes son su juventud, su pertenencia a estratos sociales medios altos, su dominio del saber económico, su vinculación al aparato financiero del estado, en particular la Secretaría de Progranlación y Presupuesto y Hacienda; y el Banco de México, su relativa debilidad dentro del aparato del partido oficial, y, por contraste, una gran afinidad en ténninos generales, con el sector privado nacional y extranjero.

La consolidación de este liderazgo burocrático y su asunción del proyecto neoliberal a partir del gobierno de De la Madrid, constituyen, junto con la politización empresarial, los cambios más fundamentales en la década de los ochenta en materia de las relaciones entre el Estado y los empresarios.

Las nuevas políticas gubernamentales en materia económica no fueron suficientes, como en el pasado, para relajar las tensiones. Se presencia a lo largo de este periodo una intensa y continuada lucha empresarial, respecto a las condiciones político-institucionales e incluso ideológicas, buscando un cambio del régimen político.

Cambios en lo económico:

La política económica del presidente Miguel de la Madrid, instrumentada bajo la

noción general del cambio estructural, y la especifica de realismo económico, pareció el medio privilegiado para la rearticulación de las relaciones entre el gobierno y los empresarios, ya que adoptaba algunos de los principios básicos de la llamada "Economía Social de Mercado", que las principales facciones políticas demandaron a raíz de la nacionalización de la banca.

Con está política el gobierno ponía de manifiesto su voluntad de disipar la susceptibilidad del empresariado respecto a la intervención del Estado en la economia sino que además hacia suyo el argumento de los máximos dirigentes del sector Privado deque la crisis había resultado de la estrategia economica aplicada en los gobiernos de los presidentes Echeverría y López Portillo, periodo definido por los empresarios como la docena trágica.

Entre los lineamentos de esa política destacan:

-Una revisión amplia de la intervención del estado en la economía, que en el : periodo de diciembre de 1982 a noviembre de 1988 se tradujo en la reducción del universo de las entidades para estatales de 1,155 a 427 en la flexibilización de los control gubernamentales y un ejercicio más estricto y restringido del gasto público.

La instrumentación de programas de reconversión industrial para algunos sectores económicos bajo control gubernamental:

-Una serie de recortes presupuéstales que incidieron en la disminución drástica tanto de agencias gubernamentales, como del personal contratado por el gobierno y que afectaron el gasto social.

-La reorientación del gasto productivo hacia el mercado externo, y la reestructuración del sistema financiero privado vía las casas de bolsa, las nuevas políticas tuvieron como resultado una redistribución regresiva del ingreso, a través de la caída del salario real, del aumento del desempleo y de una mayor concentración del capital.

Cambios en lo político:

El más extraordinario síntoma de nueva voluntad política de los empresarios ha sido el involucramiento claro y directo en la política partidaria y electoral.

La reforma política lazada originalmente a fines de los setenta para normalizar la participación electoral de las fuerzas de izquierda recibiría un giro con el inicio del auge del panismo norteño, a principios del periodo deanlamadrista. Un panismo o neopanismo como se le bautizó, en el que de manera clara se vio figurar a un reducido pero muy importante grupo de empresarios que se constituían en los candidatos mismos del PAN o en sus impulsores decididos, con mucha voluntad de poder.

De ese modo, cuando iniciaba ese sexenio, comenzaron a proliferar los triunfos electorales del PAN, en las ciudades más importantes de varios estados de la República. El caso Chihuahua fue el más notable porque ahí el PAN ganó en 1983 las alcaldías de todas las principales ciudades.

Poco después el mismo fenómeno tuvo otro registro; esta vez en la forma de reñidas contiendas por las gubernaturas de los estados de Nuevo León, Sonora, Chihuahua y Sinaloa. Es de señalarse que en los cuatro casos mencionados, todos los candidatos (Fernando Canales Clariond, Adalberto Rosas, Francisco Barrios y Manuel Clouthier), habían sido dirigentes de organismos empresariales en las vísperas de la aceptación de sus candidaturas.

El lanzamiento a la política partidaria de líder empresarial como Clouthier mostró la profundidad del nuevo fenómeno de politización empresarial, que primero vio una alternativa real en la posibilidad de participar a través del PAN y luego contempló con satisfacción la insinuación de una alternativa bipartidista PRI-P AN.

Para enfrentar la ofensiva del neopanismo, el gobierno y el PRI opusieron a los candidatos empresariales del neopanismo, sus propios candidatos del mismo corte, es decir, empresarios mismos o individuos muy cercanos a los grupos empresariales más poderosos de cada entidad. Lo anterior fue en lo general bien visto por los medios de las dirigencias empresariales, ya que de uno o de otro modo, por la vía del PAN o del PRI, los empresarios ganaban más espacios políticos. Con ello se perfilaban claramente una tendencia al bipartidismo, PRI-PAN, ante la cual izquierda tenia muy poco que crecer.

Cambios en lo Político Administrativo

El empresariado se orientó a debilitar tanto el poder del gobierno vía la desarticulación del Estado interventor, y la flexibilización o la liberalización de los controles gubernamentales, y el control más estricto del gasto público, así como las posiciones económicas y políticas de poder de los sindicatos y otras agrupaciones populares, el resultado fue la configuración de un nuevo régimen corporativo, que sanciona positivamente las tendencias que ya venían dándose en las décadas previas.

El aspecto más general de este cambio radica en la conversión del Estado rector, en Estado promotor del desarrollo que legitima el carácter subsidiario de la acción gubernan1ental y ratifica de esta manera la centralidad de los privado y del mercado en las relaciones entre el estado y la sociedad.

Como contraparte del fortalecimiento de la posición del empresariado en la I estructura de participación se registra un debilitamiento de otros sectores sociales, en particular de los trabajadores, ya sea de manera directa al ser excluidos de las múltiples comisiones bilaterales integradas por sectores gubernamentales y empresariales, para tratar los más diversos asuntos de las nuevas políticas, o de manera indirecta mediante el desconocimiento de las reivindicaciones propias del sector laboral vía, por ejemplo, los topes saláriales. Por ultimo cabe señalar, en el marco del nuevo auge neoliberal, la persistencias de estructuras corporativas bajo la modalidad de los aspectos económicos que se han sucedido a partir de 1987, en los que los represental1tes de an1plios sectores no participal1 en las decisiones, pero sí en los compromisos.

Cambios en lo cívico-social:

Al igual que a mediados de los setenta, los empresarios empezaron a hacer esfuerzos por mejorar su imagen, el año de 1982 marca un hito que pasó por las mencionadas movilizaciones de "México en la Libertad", en las que la facción más radical del empresariado comenzó a lanzar un nuevo discurso cuya explicación fundamental de la dinámica social se plantea en términos de la contradicción ciudadano-gobierno, se postula la identidad tendencias entre sector privado y ciudadana, se convoca a fortalecer y vertebrar a los organismos intermedios de la .sociedad civil, a fin de que, junto con los poderes legislativo y judicial, se constituyan en un verdadero contrapoder capaz de contener los excesos del intervensionismo estatal y del autoritarismo presidencial.