Patronal y sindicatos se reúnen in extremis para salvar el acuerdo

Los agentes deciden hoy si subsisten posibilidades para salvar la reforma

Empresarios y sindicatos se reunirán hoy miércoles in extremis para intentar salvar el acuerdo y evitar que el Gobierno apruebe la reforma laboral por decreto ley en el Consejo de Ministros del próximo viernes. Las negociaciones se daban ayer por imposibles.

El secretario general de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Jiménez Aguilar, y los responsables de acción sindical de CC.OO., Fernando Puig, y de UGT, Toni Ferrer, volverán a reunirse hoy discretamente para intentar salvar el pacto social in extremis. Ayer las negociaciones estaban prácticamente rotas, aunque los sindicatos siguen intentando ganar tiempo para evitar que el Gobierno apruebe la reforma laboral en el próximo Consejo de Ministros a través de un decreto ley.

Ni patronal ni sindicatos quieren ceder en sus posiciones y se acusan mutuamente de intentar boicotear las negociaciones. Juan Jiménez Aguilar acusó directamente a UGT de no ser proclive al acuerdo, e incluso llegó a señalar la posibilidad de pactar con Comisiones Obreras la reforma. El argumento que se utiliza es que el sindicato socialista se mueve más por intereses políticos que por estrategia sindical.

Esta acusación fue respondida de forma fulminante por el responsable de Comisiones Obreras, quien defendió apasionadamente la unidad sindical de estar dividida. Según dijo, éste es el auténtico problema, ya que el presidente de la patronal, José María Cuevas, tiene un discurso diferente en la mesa de negociación del que utiliza Juan Jiménez Aguilar o el que emplea su vicepresidente, Arturo Gil.

Fernando Puig argumentó que el pasado 24 de enero José María Cuevas se comprometió con los máximos responsables de los sindicatos, José María Fidalgo (CC.OO.) y Cándido Méndez (UGT), a fundamentar el acuerdo sobre tres puntos. Poner freno al uso abusivo de la contratación temporal. Ampliar la indemnización por despido improcedente a 33 días y flexibilizar el contrato fijo a tiempo parcial. "Nuestra sorpresa ha sido mayúscula cuando en la mesa de negociación Jiménez Aguilar ha defendido una cosa totalmente diferente. Según argumenta, sólo abaratando el despido y flexibilizando el contrato a tiempo parcial, la temporalidad caerá automáticamente. Por eso considera que no es necesario adoptar ninguna medida para acabar con los contratos temporales."

Toni Ferrer, de UGT, fue mucho más duro al afirmar que "la CEOE está utilizando la vieja estrategia de divide y vencerás". En su opinión, Gobierno y patronal están haciendo un "paripé" para dar la impresión que negocian cuando en realidad quieren imponer la reforma que ya tienen consensuada con el Gobierno desde hace meses.

"La propuesta de la CEOE ha sido dictada por Rodrigo Rato y simplemente pretenden que sean los sindicatos quienes rompan la negociación para legitimar su aprobación por decreto ley." Según dijo, si esto ocurre, el presidente del Gobierno, José María Aznar, habrá roto su palabra cuando se comprometió con los sindicatos a no imponer la reforma de forma unilateral. "Si esto ocurre, el Gobierno será el último culpable de acabar con la paz social y que se produzca un cambio radical del clima social."

Como era previsible, durante la jornada de ayer los órganos de dirección de la patronal ratificaron íntegramente el documento elaborado por la dirección de los empresarios. Lo mismo sucedió con los órganos directivos de los sindicatos UGT y de CC.OO. con su propuesta de negociación.

El objetivo sindical es ganar tiempo

El objetivo que se han fijado los sindicatos es ganar tiempo como sea y evitar que el Gobierno imponga su reforma. Para ello han argumentado en primer lugar que hasta el 17 de mayo no vencen los contratos de fomento pactados en la reforma de 1997. Por tanto, argumentan que no es necesario que el Gobierno apruebe el decreto-ley el 2 de marzo. "Queda tiempo para seguir negociando después del 28 de febrero".

Después están pensando en proponer que la reforma de 1997 se pueda prorrogar un año más para intentar buscar una fórmula de acercamiento entre los agentes sociales. Por último, intentan salvar el acuerdo sobre la Seguridad Social aunque no sea posible el consenso sobre la reforma laboral. Pero el Gobierno no tiene tiempo, como dijo ayer Rodrigo Rato.

Penalizar la contratación temporal y facilitar la estable

El ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, fundamenta la reforma laboral en tres elementos clave. En primer lugar, penalizar la contratación temporal para que resulte menos ventajosa que la indefinida. Para ello quiere imponer una indemnización de 12 días por año trabajado a los contratos temporales (que ahora no tienen) y penalizarles en las cotizaciones a la Seguridad Social. En segundo lugar, pretende incentivar la contratación indefinida y para lograrlo quiere abaratar el despido limitándolo a 33 días por año con un máximo de 24 mensualidades frente a los 45 días con 42 mensualidades que se pagan en la actualidad.

El tercer punto pretende afrontar una nueva regulación de los contratos fijos a tiempo parcial para que sean utilizados masivamente por las empresas y por las administraciones públicas. Para ello trata de que sean más flexibles y menos burocráticos.

CC.OO. y UGT piden más tiempo

Los sindicatos reducen sus diferencias con la propuesta de la CEOE

La reforma laboral aún puede ser pactada entre patronal y sindicatos. Ayer se produjo un acercamiento de posturas en la reunión que celebraron los agentes sociales. Esta es la razón por la que CC.OO. y UGT pidieron al Gobierno más tiempo para concretarlo y evitar el decreto ley en el Consejo de Ministros de mañana.

Patronal y sindicatos acercaron ayer posturas y desbloquearon las negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre la reforma del mercado laboral. Ante la nueva situación creada, CC.OO. y UGT pidieron al Gobierno más tiempo para rematar las negociaciones. Según afirman, ya no es necesario que el Ejecutivo apruebe los cambios por decreto ley en el Consejo de Ministros del viernes.

Durante las intensas reuniones celebradas ayer, la patronal se mostró dispuesta a aceptar medidas para limitar el uso abusivo de la contratación temporal. Como contrapartida, los sindicatos mostraron una mejor predisposición a aceptar que se generalice la rebaja de la indemnización por despido improcedente a 33 días por año para los nuevos contratos. La CEOE también se mostró dispuesta a aparcar la eliminación de la “ultractividad” de los convenios colectivos y la eliminación de los salarios de trámite. En señal de buena voluntad, Comisiones Obreras y UGT han flexibilizado su postura a la hora de afrontar una nueva regulación para los contratos fijos a tiempo parcial.

Este sorprendente cambio de talante, después de ocho meses de intensas negociaciones sin ningún tipo de resultado, ha sido posible tras la llamada telefónica del ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, a los interlocutores sociales. La conversación fue breve pero contundente: si no llegaban a un acuerdo en las próximas horas, el Consejo de Ministros aprobaría el viernes el decreto ley. “El texto ya está ultimado”, les advirtió.

En sus conversaciones con el presidente de la patronal, José María Cuevas, y con los secretarios generales de CC.OO., José María Fidalgo, y de UGT, Cándido Méndez, les informó de que el texto elaborado por los técnicos de Trabajo era una síntesis de las posturas de ambas partes. “El Gobierno se ha limitado a continuar el trabajo donde vosotros lo habéis dejado”, les dijo.

El proyecto de decreto ley elaborado por el Ministerio de Trabajo trata de buscar un equilibrio entre un abaratamiento del despido de los nuevos contratos fijos y un encarecimiento del de los temporales. Al mismo tiempo, se modifica sustancialmente la actual regulación de los contratos fijos a tiempo parcial para hacerlos más flexibles. Por el contrario, se aplazan para la ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado las modificaciones necesarias para modernizar la negociación colectiva.

Esta última advertencia surtió efecto y en la reunión mantenida por el secretario general de la CEOE, Juan Jiménez Aguilar, con los responsables de acción sindical de CC.OO., Fernando Puch, y de UGT, Toni Ferrer, buscaron una solución de compromiso. El encuentro se celebró a iniciativa de los sindicatos, quienes desde hace varios días tratan de evitar por todos los medios que el Consejo de Ministros acabe imponiendo la reforma. Según reconocen en privado, esto les descalificaría como interlocutores y les situaría en una incómoda situación para oponerse a una reforma “blanda” como la que planifica el Ejecutivo. Aunque el plazo que se habían dado los agentes sociales terminó ayer, aún es posible un aplazamiento dada la voluntad de acuerdo manifestada y el hecho de que las negociaciones seguirán hoy.

Abaratar el despido, estimular el empleo fijo y a tiempo parcial

Los empresarios basan la reforma laboral en dos premisas: abaratar el despido y flexibilizar la contratación fija a tiempo parcial.

El argumento fundamental es que si a las empresas les resultara más fácil ajustar las plantillas cuando cambian las condiciones del negocio o el ciclo económico, perderían el miedo a realizar contratos fijos. Por esta razón proponen que se generalicen las indemnizaciones por despido improcedente a 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades para las nuevas contrataciones.

La segunda premisa que defienden es que para atajar el paro femenino y de los jóvenes hay que facilitar la contratación a tiempo parcial. Para ello afirman que es fundamental ser muy flexibles a la hora de determinar las jornadas y los tiempos de cómputo de las horas de trabajo. También quieren eliminar la burocracia.

La reforma laboral, por decreto

Fracaso definitivo de las negociaciones entre sindicatos y patronal

El Consejo de Ministros aprobará hoy la reforma laboral. Así lo afirmó ayer el presidente del Gobierno, José María Aznar ante los principales empresarios y financieros, que aplaudieron su decisión. Añadió que se ha acabado los plazos y “ha llegado el momento de tomar decisiones”.

El presidente del Gobierno afirmó que la reforma que se aprobará hoy no se apartará del espíritu de la de 1997, en que se abarató el despido a cambio de poner freno a la contratación temporal. También manifestó Aznar que el Ejecutivo no se separará ni una coma de las directivas de la Unión Europea. Además, la normativa que aprobará el Consejo de Ministros “incorporará los grandes puntos de coincidencia que han alcanzado empresarios y sindicatos después de ocho meses de negociaciones”, pese al fracaso de las mismas.

Aznar recordó que con esta normativa no se agota el diálogo social, que necesariamente se tiene que extender a otras áreas como son la negociación colectiva y la protección social. “El Gobierno cree que la mejor vía es el pacto entre los agentes sociales, sin que esto suponga que el Gobierno renuncie a asumir sus responsabilidades.” Y enfatizó que no hay mejor política social que la creación de empleo.

El presidente adelantó que una vez reformado el mercado de trabajo, el siguiente objetivo es el sistema público de pensiones. En su opinión, la Seguridad Social goza de buena salud. “El superávit existente permitirá crear un fondo de reserva con el que se podrá afrontar los problemas que se puedan plantear en el futuro. Sin embargo, las reformas que se contemplan en el pacto de Toledo no son suficientes a medio y largo plazo, por lo que soy partidario de fomentar los sistemas mixtos.” Añadió que esta reforma le interesa además por motivos personales “porque también está en juego mi pensión”.

El presidente recordó que España tiene un grave problema demográfico. “Según afirman los expertos, en medio siglo podemos pasar de 40 a 30 millones de habitantes. Yo no creo que la situación vaya a ser tan grave, pero es necesario adoptar medidas para evitarlo. El Ejecutivo tiene previsto incrementar las ayudas fiscales a las familias con más de dos hijos.”

También señaló que el objetivo es crear un profundo debate en la sociedad para crear conciencia de los problemas que se derivan de un envejecimiento de la población. Anunció que España, junto a los Países Bajos, planteará este debate en el consejo europeo.

El presidente del Gobierno encuadró la reforma laboral y de la protección social como una de las tres grandes reformas económicas fundamentales previstas por el Ejecutivo en la legislatura. Junto a ella situó la reforma fiscal y presupuestaria. “Por primera vez tenemos una democracia con superávit y es necesario asentar la cultura de la estabilidad. Esta situación abre márgenes para modernizar las figuras tributarias.” Según dijo, el Gobierno reformará el impuesto de sociedades este mismo año y rechazó dividir la Agencia Tributaria.

También indicó José María Aznar que la reforma del IRPF se aprobará en el año 2002 con el fin de rebajar las cargas fiscales. De forma paralela se abordarán reformas microeconómicas para convertir a España en el país más atractivo de Europa para los inversores. Se estimulará la creación de empresas y se culminará el proceso de privati-zaciones.

La reforma Aznar irrita a los sindicatos

El Gobierno amplía los 33 días de salario por despido en los nuevos contratos

El Consejo de Ministros aprobó ayer la reforma laboral por decreto ley con un fuerte rechazo de los sindicatos. La nueva legislación amplía la indemnización de 33 días por año trabajado prácticamente a todos los trabajadores y deja en ocho días las indemnizaciones para los empleados con contrato temporal.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto ley para reformar el mercado de trabajo. La nueva normativa amplía la indemnización de 33 días por despido improcedente a todos los trabajadores, excepto para los hombres que tengan entre 30 y 45 años y no lleven mas de 6 meses registrados en las oficinas de desempleo. Por el contrario, se introduce una nueva indemnización para los contratos temporales, que recibirán 8 días por año trabajado. También se desregula el contrato a tiempo parcial y se incrementan las subvenciones para la contratación de las mujeres.

La nueva normativa ha sido rechazada contundentemente por los sindicatos, que argumentan que el Gobierno ha aprobado la reforma que defendía la patronal CEOE. Según afirman, ninguna de las medidas adoptadas servirá para reducir la elevada tasa de temporalidad que existe en España.

El ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, afirma que “no es una reforma ni dura ni suave, sino la que se necesitaba en este momento. No hemos buscado el aplauso, sino la creación de empleo. Creo que las satisfacciones y los disgustos se reparten de forma equitativa”. En su opinión, ésta es la reforma que podría haber sido consensuada por patronal y sindicatos, ya que ha buscado un punto de equilibrio entre los intereses que defendía cada parte. El Gobierno cree que el nivel de acuerdo logrado en ocho meses de negociaciones ha sido superior al 80% de las materias tratadas.

Aparicio explicó que aunque esta reforma se ha aprobado por decreto ley, porque tiene que entrar en vigor antes del 17 de mayo en que vencen las medidas adoptadas en 1997, se tramitará en el Parlamento como una ley. “El objetivo es introducir en la misma los acuerdos que puedan lograr los agentes sociales o las medidas que el Gobierno considere necesarias para agilizar la negociación colectiva.”

También explicó que la vigencia de las nuevas medidas aprobadas se mantendrá mientras no haya acuerdos entre los agentes sociales. Esto significa que el abaratamiento del despido que se pactó en 1997 para cuatro años se hace prácticamente definitivo.

En su opinión, esta reforma no tiene que poner en peligro el diálogo social y confía en que no dañe la paz social. “Aún está abierta la mesa para la reforma de las pensiones y confiamos en que se pueda llegar a un acuerdo.”

Según manifestó, el Gobierno no cree haber sido culpable del fracaso entre los agentes sociales. “Después de ocho meses de negociaciones y dos prórrogas, en los que no ha sido posible el entendimiento, hemos creído que era necesario legislar en favor de la mayoría de los ciudadanos.” Negó rotundamente que el Gobierno haya presionado a los interlocutores sociales, si bien aceptó que ha habido ofrecimientos del Ejecutivo para facilitar el acuerdo.

El ministro dijo además que el Gobierno pretende con esta reforma cinco objetivos. En primer lugar, fomentar el contrato indefinido. Para ello se ha abaratado el despido en línea con lo que los agentes sociales consensuaron en la reforma de 1997. Al mismo tiempo se han establecido una serie de bonificaciones para potenciar el uso del llamado “contrato de fomento”, así como para la transformación de los contratos temporales en fijos. Estas bonificaciones van dirigidas a facilitar la contratación de mujeres, parados de larga duración, mayores de 45 y 50 años, discapacitados o trabajadores con contratos formativos. Esto está en línea con las demandas de los empresarios.

El segundo objetivo es limitar la temporalidad. Para desincentivar el uso del contrato eventual se fija una nueva indemnización de 8 días por año trabajado. También se regula la subcontratación y se incrementan los controles como pedían los sindicatos. El tercer objetivo es fomentar la contratación de la mujer. Para ello se rebaja la indemnización por despido improcedente a 33 días por año para todas las mujeres, y se rebajan sustancialmente las cotizaciones que tendrán que pagar a la Seguridad Social. El cuarto objetivo es potenciar el trabajo indefinido a tiempo parcial. Por esta razón, se ha eliminado el límite máximo de la jornada laboral y se flexibiliza igualmente la distribución horaria de la jornada.

Por último se ha tratado de facilitar la integración de colectivos con dificultades.

Los sindicatos atacan al Gobierno mientras la CEOE aplaza su valoración hasta el lunes

La patronal Pimec-Sefes reclama un nuevo pacto y teme el deterioro de la paz social

Los sindicatos afirmaron ayer que el Gobierno precipitó el fracaso de las negociaciones sobre la reforma laboral al “irrumpir” en el diálogo entre las partes. CC.OO. y UGT coinciden en estimar que la reforma aprobada por el Ejecutivo resultará “inútil” y que está hecha con mentalidad “proempresarial”.

Los sindicatos culparon ayer al Gobierno del fracaso en el diálogo social. CC.OO. y UGT coincidieron en señalar que las manifestaciones del Ejecutivo sobre su deseo de aprobar la reforma laboral a falta de acuerdo entre los interlocutores sociales supusieron un movimiento claro para “desincentivar” la negociación entre las partes, precipitando el desencuentro entre patronal y sindicatos. La patronal CEOE, por su parte, renunció a avanzar una valoración y se remitió a un análisis posterior la próxima semana. La organización catalana Pimec-Sefes, en cambio, cuestionó la vía del decreto ley y reclamó una negociación entre los agentes sociales que permita un acuerdo e impida un deterioro de la paz social.

El secretario general de CC.OO. , José María Fidalgo, acusó al Gobierno de haber dinamitado la negociación al anunciar esta semana que ayer iba a aprobar la reforma laboral. El líder de UGT, Cándido Méndez, afirmó a su vez que el Ejecutivo “irrumpió en tromba” en las conversaciones, consiguiendo así que se rompiese el “débil hilo” que sujetaba la negociación. “Hay que atribuirle al presidente del Gobierno -manifestó Méndez- la responsabilidad en esta ruptura del proceso”, porque “ha alentado el desinterés de la patronal y las expectativas para someterse a un proceso de negociación”.

UGT y CC.OO. ofrecieron ayer una rueda de prensa conjunta en la que, a la vista de las medidas aprobadas por el Gobierno, calificaron la reforma de “inútil” para combatir la precariedad, “regresiva” en la regulación del contrato laboral a tiempo parcial, “perjudicial” para un modelo de relaciones laborales que debería basarse en la negociación y el acuerdo, y sentenciaron que su contenido global es “proempresarial”. Esa fue la principal conclusión expuesta por los secretarios de acción sindical de CC.OO. y UGT, Fernando Puig y Toni Ferrer, respectivamente.

Ambos dirigentes sindicales subrayaron su “sorpresa” por la “urgencia” conque, a su juicio, ha actuado el Gobierno para romper el acuerdo de estabilidad del empleo firmado en 1997 y el relativo al empleo de tiempo parcial, de 1998. Según Puig y Ferrer, las medidas aprobadas van a ser absolutamente “ineficaces” para combatir la precariedad laboral.

Puig sostuvo que ha habido una clara “alianza estratégica” entre el Gobierno y la patronal con objeto de “imponer, en vez de acordar”, medidas que “sólo van a perjudicar los derechos de los trabajadores”. El secretario de acción sindical de CC.OO. añadió que la reducción del contrato eventual de 13 meses y medio a 12 es “ineficaz” porque sólo 9.000 contratos, de los cuatro millones de eventuales, tienen una duración mayor a un año. Por otro lado, calificó como “inútil” indemnizar con ocho días por año trabajado el despido en los contratos temporales, porque en un contrato medio la indemnización sería de 88 pesetas diarias.

En cuanto a la reforma del contrato a tiempo parcial, Puig indicó que se trata de “una medida durísima y gravísima”, que perjudicará de forma especial a las mujeres que se acojan a este tipo de contrato. “Este contrato -dijo- nos parece una barbaridad y creará más problemas que los existentes ahora, porque no permitirá conciliar la vida familiar y laboral o el tiempo de trabajo y de estudio.”

Ambos sindicatos pidieron, por otra parte, al presidente del Gobierno que “asuma su responsabilidad y convoque a los secretarios generales de CC.OO. y UGT de inmediato para explicarles por qué ha aprobado esta reforma y cuáles son las perspectivas de las relaciones entre el Ejecutivo y los sindicatos. Según Ferrer, el Gobierno aprobó ayer un “decretazo” que pone de relieve su “desprecio” hacia el diálogo social. Según el dirigente de UGT, Aznar firmó ayer el “acta de defunción” de los acuerdos de 1997.

La esperada reforma laboral

Tenemos que acostumbrarnos a que las reformas laborales sean permanentes, ya que la legislación de trabajo, quizá mas que ninguna, está tremendamente pegada a la realidad social, económica y tecnológica. Y dado que éstas sufren continuas mutaciones es deseable que la norma sea sensible a dichos cambios para ser eficaz. De lo contrario, la norma irá a su aire y el mercado de trabajo al suyo.

La normativa de la Unión Europa sobre el diálogo social contiene dos puntos fundamentales. El primero es muy deseable (aunque no obligado): que las reformas laborales se produzcan por la vía de acuerdos entre los agentes sociales. El segundo, que el diálogo ha de tener unos límites temporales, ya que de lo contrario acabaría sufriendo el propio mercado laboral si las conversaciones, por las razones que sean, se eternizan.

En nuestro país, quizá más que en ninguno, hay una tradición muy rica en contenidos y en resultados de acuerdos marco entre los sindicatos, la patronal y el Gobierno (con ausencias esporádicas de algunos de dichos agentes) y en la reforma del 2001 también se ha intentado seriamente llegar a un acuerdo libre, autónomo y concertado. Si este diálogo, como parece, no ha dado su fruto, no es ningún escándalo, sino más bien un ejercicio de responsabilidad que el Gobierno gobierne, es decir, dicte la normativa que considere adecuada en pro de los intereses generales existentes en el mundo del trabajo. No existe ningún precepto de nuestro ordenamiento jurídico que prohiba dicha acción gubernamental, aunque es cierto que el artículo 37 de la Constitución propugna la negociación colectiva como medio de producción normativa. Eso es lo deseable, sin duda, pero sería un flaco servicio para trabajadores, empresarios y la sociedad en general que no haya reformas porque los que han tenido, con plena libertad, oportunidad de acordar no lo hayan hecho.

Cuando escribo estas líneas no sé el contenido del posible decreto ley del Gobierno, pero lo que está claro es que éste debe tener en cuenta las posiciones que han mantenido los negociadores sociales. Y también, evidentemente, hay que hacer un gran esfuerzo para acabar con el cáncer de la temporalidad laboral y asimismo modificar, vía flexibilidad, el contrato a tiempo parcial si queremos hacer posible esa deseada y necesaria conciliación de la vida familiar con la vida profesional.

La reforma laboral

SIN ninguna dilación, una vez que anteayer se dieron por fracasadas las negociaciones entre la patronal y los sindicatos, el Gobierno decidió ayer aprobar por decreto un paquete normativo para reformar el mercado laboral. No podía ser de otra manera, pues los interlocutores sociales llevaban ya ocho meses negociando, encastillados en sus posiciones y haciendo gala de escaso pragmatismo. Lo sucedido no es quizá lo más deseable, pero el Ejecutivo ha mostrado decisión para cortar el nudo gordiano que tenía atados a empresarios y trabajadores y sólo cabe desear que esta intervención externa no sea fuente de mayor conflictividad laboral en las negociaciones de convenios.

Mientras, ha comenzado ya el alud de mutuas acusaciones ante aquel fracaso, sin que falten, por supuesto, críticas a la normativa gubernamental que, como es de suponer, probablemente no satisfará ni a tirios ni a troyanos. Pero como ayer mismo comentaba el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, el Ejecutivo no ha buscado la ovación, sino poner las bases para que el mercado de trabajo en España resulte más eficiente y competitivo. No puede olvidarse que la tasa de paro española sigue siendo la más elevada de la Unión Europa, así que era necesario actuar con decisión para ir en busca de una economía generadora de más y mejor empleo.

Aunque las primeras impresiones ya han señalado que el decreto del Gobierno está más cerca de la posición empresarial que de la sindical, lo cierto es que no puede decirse que esta sea la reforma de la patronal. La ampliación de las condiciones para fomentar nuevos contratos indefinidos, pero con menores costes de despido que los antiguos, iría en aquella línea. pero no debe dejarse de lado que la medida puede contribuir positivamente a que se reduzcan los contratos temporales, que traerán aparejada una indemnización hasta ahora inexistente. El decreto impulsa, asimismo, la contratación femenina, que es la más afectada por el paro, aunque los sindicatos recelan que las condiciones aplicables fomentarán la proliferación de contratos discriminatorios. Todo ello, y otras disposiciones contenidas en el decreto, permite lecturas amplias y hasta divergentes, pero quizá lo más importante es que ahora hay ya una nueva norma sobre la que desarrollar las relaciones laborales y que deja abierta la puerta a un futuro acuerdo entre los agentes sociales.

Una reforma a plazos

Después del mercado laboral se pactará el sistema de protección social y posteriormente la flexibilización de la negociación colectiva

La reforma laboral aprobada ayer por el Consejo de Ministros es sólo un paso más de una larga carrera cuya finalidad es equiparar la legislación española con la media comunitaria.

El Gobierno de José María Aznar tiene absolutamente claro el dibujo de lo que deben ser las relaciones industriales en España. Considera que es absolutamente necesario abaratar los costes del despido hasta que sean similares a los que existen en Europa. Es decir, veinte días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades. Junto a esto es fundamental tener una legislación muy flexible en los contratos fijos a tiempo parcial con el fin de que las empresas puedan ajustar la fuerza del trabajo a sus necesidades productivas.

El Ejecutivo también tiene claro que es necesario eliminar los salarios de trámite. Es decir, que las empresas no tengan que pagar los salarios desde que deciden despedir a un trabajador hasta que la sentencia de los tribunales es firme. Por tanto, esos meses el trabajador pasaría a cobrar el seguro de desempleo. En esta línea se considera fundamental que sean los empresarios quienes decidan cuándo tienen que prescindir de un trabajador sin necesidad de justificar ante los tribunales ningún tipo de causa. Es decir, desjudicializar las relaciones laborales.

Paralelamente, se pretende flexibilizar la negociación colectiva para adaptarla a la auténtica realidad de cada empresa y sector. Ésta es la razón por la que una de las pretensiones inconfesables del Ejecutivo es eliminar la ultractividad de los convenios colectivos. Esto supone equiparar el carácter normativo a cualquier otro tipo de contrato, de manera que cuando finalice su plazo de vigencia desaparezcan todas las condiciones en él recogidas, siempre respetando el mínimo legal. Esto permitiría a las empresas adaptarse al ciclo económico y a la salud financiera de cada empresa, en lugar de ir acumulando derechos que con el tiempo acaban estrangulando la viabilidad de las compañías.

Junto a esta medida se pretende modificar la actual ley de planes y fondos de pensiones, con el fin de poder generalizar el llamado “salario diferido”. Esto significa que las empresas pagarían una subida salarial similar al índice de precios al consumo y otra parte se depositaría en un fondo de pensiones colectivo que el trabajador cobrará el día de su jubilación. Esto permitiría un reparto no inflacionista del incremento de la productividad.

Esta reforma del mercado de trabajo se complementaría con una modificación profunda del sistema actual de protección social. Esto implica una reforma del seguro de desempleo que, como dijo recientemente el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, tendería a una privatización de los sistemas de gestión del Instituto Nacional de Empleo (Inem).

Además, consideran fundamental un saneamiento del sistema público de pensiones para que a medio y largo plazo se puedan rebajar los costes laborales no salariales. Es decir, una rebaja de las cotizaciones que pagan las empresas a la Seguridad Social y que actualmente son una desventaja competitiva. De hecho, esta rebaja de cotizaciones se realiza de forma selectiva mediante bonificaciones en los contratos de fomento de empleo.

Como esta reforma política y socialmente es inasumible por ningún gobierno y ninguna sociedad, la estrategia del Gobierno del PP es imponerla en cómodos plazos y de forma consensuada con los agentes sociales. Este método se decidió tras el fracaso experimentado por los diferentes gobiernos socialistas, que intentaron imponer la reforma laboral a las bravas, lo que cosechó el mayor rechazo social laboral desde la transición.

El rechazo social a este tipo de reformas exige ir parcelando la reforma para que resulte más fácil de digerir. El primer plazo lo pagaron los sindicatos con la reforma de 1997 cuando aceptaron abaratar el coste del despido improcedente pasando de 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades, a un máximo de 33 días con un tope de 24 mensualidades. Esta nueva indemnización sólo se aplicó a algunos colectivos acogidos al llamado contrato de fomento de empleo. La contrapartida era reducir drásticamente los contratos temporales, lo cual nunca se produjo a pesar de las cautelas que se establecieron.

El segundo plazo lo han vuelto a pagar con la reforma del 2001, en la que básicamente se generaliza el abaratamiento des despido para los nuevos contratos. La contrapartida de nuevo es una drástica reducción de los contratos temporales, y de paso se aprovecha para abrir significativamente la regulación de los contratos fijos a tiempo parcial.

El tercer plazo lo pagarán los sindicatos en los próximos meses con la reforma del sistema de la Seguridad Social en la que se contempla un recorte camuflado de las futuras pensiones. El objetivo es intentar controlar el gasto en pensiones y mejorar su reparto.

El cuarto plazo se hará efectivo antes de septiembre. Los interlocutores sociales abrirán de nuevo la negociación sobre la “modernización” de la negociación colectiva. En ella, la patronal ya ha anunciado que planteará la eliminación de la ultractividad de los convenios colectivos y de los salarios de trámite.

El quinto se planteará con la reforma del seguro de desempleo, y así sucesivamente, ya que en el año 2005, cuando venza la reforma laboral del 2001, se volvería a plantear una nueva reforma en la que será necesario volver a abaratar los costes del despido y en la que se desregularán un poco más las relaciones laborales.

Para los sindicatos, el método elegido por el Gobierno popular es el mal menor, ya que frente a un gobierno con mayoría absoluta y un movimiento sindical totalmente desmovilizado no se puede luchar. Además, Comisiones Obreras y UGT aceptan en su fuero interno que es necesario ir adaptando las relaciones industriales a la media europea.

El problema que se plantea con esta reforma laboral a plazos es el límite y los puntos de equilibrio que es necesario alcanzar. El peligro para los trabajadores es que se pueda pasar del sistema más rígido al más desregularizado de Europa.

Una nueva reforma laboral

El Gobierno toma medidas prudentes para intentar evitar el choque frontal con los sindicatos

La patronal y los sindicatos durante ocho meses han intentado pactar una nueva reforma laboral. Entra dentro de la lógica que no lo hayan logrado. Y resulta también coherente que el Gobierno haya optado por asumir su responsabilidad y tomar decisiones, con objeto de eliminar incertidumbres, que son el peor enemigo del empleo.

El decreto ley de nuevas medidas laborales, aprobado el viernes por el Consejo de Ministros, es moderado y equilibrado frente a las exigencias de los empresarios. Aunque recoge avances sobre la situación actual, intenta no irritar demasiado a los sindicatos y salvar el clima de paz social que vive España desde hace cinco años, que tan buenos resultados ha dado para la marcha de las empresas y para la moderación salarial, que es un factor clave para el control de la inflación. Pero es difícil que los sindicatos puedan asumir sin protestar la imposición por decreto de una nueva vuelta de tuerca, por pequeña que sea, hacia el abaratamiento del despido. Quizás no se rompa la paz social, pero lo que parece claro es que se puede acabar la luna de miel que existía entre el Partido Popular, Comisiones Obreras y la UGT.

La verdad es que no puede hablarse de reforma laboral estricta, sino de la consolidación y extensión de la pactada en 1997, cuya vigencia finaliza dentro de dos meses, en concreto el 17 de mayo, con algunas modificaciones que refuerzan sus objetivos iniciales.

El decreto ley del Gobierno aprobado el viernes sobre reforma laboral, en este sentido, extiende a nuevos colectivos -y prácticamente generaliza- el contrato indefinido de fomento del empleo, que abarata la indemnización por despido a 33 días por año con 24 meses de tope frente a los 45 días por año y 42 meses de tope que establece la legislación general. Junto a esta medida, que pretende favorecer la contratación estable, el decreto penaliza la contratación temporal, al imponer para estos empleos una indemnización por despido de ocho días de salario, la equiparación de sus derechos con los indefinidos y la reducción de su duración máxima de 13,5 a doce meses.

Otra medida importante es la flexibilización de los contratos fijos a tiempo parcial -que hasta ahora han sido un fracaso- con la eliminación de los límites a la duración y al reparto anual de la jornada. El éxito de este contrato es clave para el fomento del empleo estable femenino, que es el colectivo más castigado por el paro. En este sentido, en el decreto aprobado el viernes, hay también más medidas de apoyo a la contratación de la mujer, como las nuevas bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para los contratos a las desempleadas de larga duración que se hagan en los dos años posteriores al parto.

En medios empresariales, sin embargo, se confiaba en que el Gobierno, en esta ocasión, dado que todavía se encuentra a tres años vista de las próximas elecciones generales, podría ser más agresivo y haber apostado por una significativa flexibilización del despido en España, con una rebaja de la indemnización a 25 días por año. Existe un convencimiento generalizado entre expertos y organismos internacionales, como el FMI y la OCDE, de que se puede facilitar una mayor creación de empleo estable, con reducción de la tasa de temporalidad -que en España casi triplica la europea- en la medida en que se contribuya a disminuir el miedo a los contratos fijos que tienen los empresarios en España, aunque eso depende tanto del coste del despido como de la dificultad judicial, social y cultural que existe para ajustar las plantillas a la evolución del mercado.

Pero el Gobierno, visto lo bien que ha ido la creación de empleo en los últimos cinco años, con la creación de dos millones de nuevos puestos de trabajo, que se han generado al amparo de una excelente evolución económica, ha decidido optar por la prudencia para no provocar un choque frontal con los sindicatos.

Los sindicatos se movilizarán para intentar suavizar la reforma laboral

CC.OO. y UGT pretenden modificar la negociación colectiva

Comisiones Obreras y UGT se reunirán el próximo martes para concretar su respuesta a la reforma laboral aprobada por el Gobierno el pasado viernes. Preparan importantes movilizaciones para forzar una negociación con el Gobierno, la CEOE y el Parlamento que permita suavizar los aspectos más negativos de esta reforma.

Comisiones Obreras y UGT ultiman importantes movilizaciones con vistas a forzar la modificación del real decreto ley sobre la reforma laboral cuando se tramite en el Parlamento como ley. También pretenden pactar la modernización de la negociación colectiva para que se incluya en este texto en forma de enmiendas.

Para los sindicatos, el decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 2 de marzo es solamente la primera fase de una reforma mucho más amplia, que abarcará todo lo relativo a la negociación colectiva. Comisiones Obreras y UGT temen que el Gobierno incluya las reivindicaciones planteadas por la patronal CEOE, que pretende eliminar los salarios de trámite, que son los que pagan las empresas desde que comunican un despido improcedente hasta que éste se hace firme por sentencia de los tribunales. También temen que se elimine la llamada ultraactividad, que supone eliminar los derechos adquiridos de los trabajadores en sus convenios colectivos, de forma que cuando finaliza la vigencia de éstos se retraen a los derechos mínimos legales.

Las ejecutivas de CC.OO. y UGT se reunirán el martes y posteriormente sus máximos responsables mantendrán una reunión conjunta para determinar la respuesta que van a dar a la normativa gubernamental. Ambas organizaciones quieren recuperar la estrategia de presión-negociación. En un principio, descartan la huelga general para evitar quemar su medida de presión más poderosa antes de que todo el proceso de la reforma laboral esté concluido.

Los secretarios generales de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, y de UGT, Cándido Méndez, son partidarios de una presión “dura y sostenida en el tiempo”. Consistirá inicialmente en una cadena de asambleas en las principales empresas del país, que culminarán con un acto público en Madrid al que asistirán cerca de 40.000 delegados sindicales de ambas organizaciones durante la primavera. También está previsto que el próximo día 27 de abril se celebre un paro general en toda España de una hora de duración como protesta a las elevadas tasas de siniestralidad laboral, que según los sindicatos se deben a la temporalidad, que aún se eleva al 32%.

Asimismo, está previsto que la jornada del Primero de Mayo se convierta en un día de protesta contra la reforma gubernamental. Según el secretario general de Comisiones Obreras, será inevitable que “la falta de acuerdo endurezca la negociación colectiva que está en marcha y que afecta a 5,5 millones de trabajadores”. Los primeros convenios negociados, según los datos que ofrece el Banco de España, registran incrementos del 4,32%, “aunque no son todavía suficientemente representativos”. Según afirma el “Boletín del Banco de España”, “todas las ramas a excepción de la industria reflejan una aceleración de sus tarifas salariales al principio del presente año”.

Por su parte, el secretario general de la UGT es tajante al señalar que “los sindicatos no vamos a permanecer con los brazos cruzados viendo cómo se abarata el despido de forma estructural, cómo se desregula el contrato a tiempo parcial y cómo no se adoptan medidas para reducir las elevadas tasas de temporalidad ni se pone freno a la siniestralidad en el trabajo”.

Junto a esta política de movilizaciones, intentarán recuperar las negociaciones con la patronal, el Gobierno y los grupos parlamentarios. La primera decisión ha sido solicitar una nueva reunión con el presidente Aznar para recapitular sobre la situación creada ante la falta de acuerdo y la decisión del Ejecutivo de legislar unilateralmente.

El ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, ha asegurado que Aznar recibirá a los agentes sociales una vez que tenga la petición formal, aunque aún no hay fecha fijada. El ministro ha explicado que el Gobierno será sensible a la modificación de los puntos en los que haya un acuerdo entre patronal y sindicatos.

El Parlamento revalidará el decreto ley sobre la reforma laboral en un plazo máximo de un mes, sin que puedan introducirse modificaciones al texto presentado por el Ejecutivo. Esta revalidación está asegurada gracias a la mayoría absoluta del PP. El grupo parlamentario popular ha anunciado que tiene previsto tramitar esta reforma como ley, con el fin de que se pueda abrir un amplio debate sobre el mercado de trabajo en España y facilitar la introducción de enmiendas que permitan mejorar y completar la norma.

El presidente cree irreprochable su reforma laboral

José María Aznar defendió ayer la reforma laboral aprobada el viernes por su Gobierno y dijo que sólo la falta de coherencia y de proyecto del PSOE justifica las críticas formuladas por los socialistas. El presidente defendió una por una las medidas aprobadas y subrayó que suponen el 90 por ciento “de lo que empresarios y sindicatos habían acordado y no firmaron”. Y dejó claro que en la reforma no hay “intereses sectoriales o particulares”, porque no se trata “de mirar a ningún tendido”, en alusión a la denuncia de que el abaratamiento del despido favorece a la patronal. Lo que pasa, según Aznar, es que algunos esperaban que el Gobierno actuase de forma radical “y poder así generar polémica” y se han encontrado con medidas para crear 400.000 nuevos puestos de trabajo en el 2001, incluso sin acuerdo entre empresarios y sindicatos. El diálogo social, señaló, “no es un objetivo en sí mismo”.

Empleo y reforma

FEBRERO fue un mes excepcionalmente bueno en materia de reducción del paro registrado. Frente a una media en los últimos 15 años de unos 2.500 parados menos en ese mes y frente a los 10.758 desempleados menos en febrero del 2000, la reducción en febrero de este año ha sido de casi 22.000 personas. La tasa de paro registrado ha descendido hasta el 9,45% de la población activa y hay que remontarse a 1981 para encontrar un número tan reducido de parados en términos absolutos.

¿Significa esto que la reforma laboral que no consiguieron pactar sindicatos y empresarios a lo largo de los últimos ocho meses y que el Gobierno inició el pasado viernes mediante un decreto ley es superflua? En absoluto. Para empezar, la CEOE dio ayer un dato que ilustra la desaceleración que se ha producido en la creación de empleo en el último bienio, pese a que el crecimiento de la economía ha sido prácticamente el mismo. Mientras que la tasa interanual de desempleo experimentaba un descenso de casi el 14% en febrero de 1999, en el mismo mes de este año sólo ha llegado al 3,6%.

Aunque los datos del paro registrado son menos precisos que los de la Encuesta de Población Activa, las últimas cifras del Inem son significativas. En números redondos, en febrero se registró un millón y pico de contratos nuevos, de los que unos 100.000 fueron indefinidos y unas tres cuartas partes de éstos lo fueron al amparo de la reforma laboral de 1997. De estos 72.000 contratos, apenas 22.500 lo fueron a tiempo parcial. Por último, el paro masculino quedó en el 6,22%, mientras que el femenino más que dobla ese porcentaje (14,25%). Vemos pues en unas pocas cifras los tres grandes problemas del mercado laboral español -elevada temporalidad, mínima contratación a tiempo parcial y desproporcionado paro femenino- que la nueva reforma pretende paliar.

La verdad es que las cifras son tan desequilibradas que se nos antoja difícil que sólo con las medidas aprobadas el pasado viernes, que constituyen ciertamente un paso en la dirección correcta, puedan corregirse de manera significa. Posiblemente, existe por parte del Gobierno -y, desde luego, por parte de los sindicatos y la patronal- una visión un tanto cortoplacista de cuál es la naturaleza del empleo nuevo en el siglo XXI. En este sentido, la política inmigratoria y la educativa forman parte del mismo “puzzle”.

Los sindicatos acusan al Gobierno de haber pactado la reforma laboral con la patronal

Aznar dice que es “muy equilibrada, porque no se ha oído ninguna crítica sustancial”

CC.OO. y UGT acusaron ayer al Gobierno de haber pactado con la patronal CEOE la reforma laboral. Esto hace prácticamente imposible introducir mejoras a través del diálogo. Por su parte, el presidente del Gobierno considera que esta medida “es muy equilibrada, porque no ha habido ninguna crítica sustancial a la misma”.

Los máximos dirigentes de UGT y Comisiones Obreras decidieron ayer convocar una serie de movilizaciones a fin de presionar al Gobierno y al Parlamento para mejorar la reforma laboral aprobada por decreto ley. Los sindicatos creen que el Ejecutivo ha pactado con la patronal el contenido de esta reforma, por lo que es prácticamente imposible mejorarla únicamente a través del diálogo.

El presidente del Gobierno, José María Aznar, cree que, a pesar de las críticas de los agentes sociales, la reforma “es muy equilibrada, porque hasta el momento no se han escuchado críticas sustanciales sobre las medidas aprobadas”. En su opinión, mientras que las reformas para los sindicatos van muy lejos, para la patronal se quedan cortas, “lo que da la impresión de que estamos ante un punto equilibrado para profundizar en la anterior reforma” .Según afirmó Aznar, ahora corresponde a los grupos parlamentarios hacer las aportaciones oportunas con la presentación de enmiendas, que serán tenidas en cuenta siempre que “permitan crear empleo”.

Aznar ha insistido en que el Gobierno no se puede quedar en la reforma aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros y debe profundizar aún más en las políticas de reducción del desempleo. Uno de los objetivos más importantes de este Gobierno es lograr el pleno empleo en un tiempo razonable. “Para lograrlo, es necesario conseguir la disciplina presupuestaria y acometer una profunda reforma del mercado de trabajo.” Asimismo insistió en que es necesario reformar la negociación colectiva, garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones y modificar el seguro de desempleo.

Para el secretario general de la UGT, Cándido Méndez, las medidas anunciadas por el presidente del Ejecutivo no suponen una plataforma para recuperar el diálogo social. En su opinión, “son nuevas amenazas, ya que el Ejecutivo ha advertido que si no hay acuerdo con la patronal, volverá a legislar de forma unilateral”.

El dirigente ugetista señaló que “el decreto ley es como el iceberg que hundió al æTitanic' y recuperar el diálogo social será tan difícil como reflotar el barco una vez hundido”. Según dijo, una vez analizadas las medidas aprobadas por el Gobierno, “hemos comprobado que son peores de lo que pensábamos inicialmente”. Según explica, se discrimina laboralmente a la mujer haciendo incompatible la vida laboral y la familiar. También explica que se ha introducido una modificación para empeorar el empleo público. En cuanto al contrato a tiempo parcial, Méndez asegura que el Gobierno ha recuperado el llamado “contrato basura” que se había logrado neutralizar en 1998.

Por su parte, el secretario general de CC.OO., José María Fidalgo, dijo que ha descartado por el momento una huelga general. “No nos vamos a desgastar utilizando este instrumento a pesar de los intentos que hay por desgastar el movimiento sindical. Los sindicatos intentaremos por las buenas o por las malas recuperar el diálogo social.”

Recordó que Comisiones Obreras y UGT hasta ahora se han mostrado dispuestas a mantener la moderación salarial con contrapartidas como la disminución de la temporalidad, “y si no se da esta disminución, nuestras contrapartidas caducan sobre todo con el fuerte aumento de beneficios”.

La reforma laboral costará 300.000 millones de pesetas y afectará a 800.000 trabajadores

Las ayudas al empleo beneficiarán este año a 100.000 personas más que en el 2000

La reforma laboral aprobada hace quince días por el Gobierno tendrá un coste de unos 300.000 millones de pesetas, que son las bonificaciones que se darán a las empresas para facilitar la contratación de trabajadores. De estas ayudas, sebeneficiarán unas 800.000 personas el primer año para acceder a un nuevo empleo.

El secretario general de Empleo, Juan Chozas, afirmó ayer que el Gobierno a través del Instituto Nacional de Empleo (Inem) bonificará con 300.000 millones de pesetas las contrataciones laborales que realicen las empresas de acuerdo con la reciente reforma laboral. Según dijo, estas bonificaciones beneficiarán a 800.000 personas en el primer año de aplicación de la ley, ya que tendrán más facilidad para encontrar trabajo.

Chozas explicó que en la medida en que el Estado va a pagar una parte de las cotizaciones sociales que tenían que abonar las empresas se facilitará la contratación de los mayores de 45 años, mujeres o jóvenes. Y señaló que estas bonificaciones alcanzarán en el 2001 a 100.000 personas más que en el año anterior.

También indicó que la reforma prevé beneficiar a unas 225.000 mujeres con edades comprendidas entre los 16 y los 40 años. En su opinión, en la medida en que el Gobierno pague durante un año las cotizaciones sociales de una mujer que haya tenido un hijo y se encuentre en paro, tendrá más posibilidades de volver al mercado. Además, se eliminan para la empresa los costes de Seguridad Social durante el permiso por maternidad cuando la vacante sea sustituida por un interino.

El segundo colectivo más beneficiado por la reforma son los trabajadores con contrato temporal. Según los cálculos del Ministerio de Trabajo, la reforma permitirá que 215.000 personas que se encuentran en situación de precariedad puedan convertirse en trabajadores fijos. De ellos, 200.000 serán a tiempo completo y 15.000 a tiempo parcial. También se calcula que unas 35.000 trabajadoras se acogerán a las bonificaciones que se incluyen por baja por maternidad.

La reforma también permitirá que unos 125.000 hombres de entre 31 y 44 años que lleven más de 6 meses desempleados puedan abandonar las listas del Inem. Dado que a ellos también se les aplicarán los nuevos contratos de fomento, con un menor coste del despido para las empresas y un 20% menos en los costes de Seguridad Social.

Chozas explicó que han calculado que en torno a 100.000 parados mayores de 45 años se podrán acoger a los beneficios de la nueva normativa, que prevé una bonificación del 50% en las cotizaciones a la Seguridad Social durante los 12 primeros meses para los hombres y del 60% cuando se trate de mujeres.

Asimismo, la reforma beneficiará fuertemente a los trabajadores que tengan entre 55 y 65 años, dado que sólo pagarán el 50% de las cotizaciones a la Seguridad Social hasta que se jubilen.

Otro colectivo que se verá especialmente beneficiado son las empresas que hagan un contrato indefinido a los trabajadores discapacitados, que sólo pagarán el 30% de las cotizaciones a la Seguridad Social durante la vigencia del contrato y recibirán una subvención de 650.000 pesetas.

Chozas respondió a las críticas realizadas por el presidente de la patronal CEOE, José María Cuevas, sobre la nueva indemnización de 8 días para los contratos temporales. Según dijo, la mayoría de los contratos temporales que existen hoy tienen una duración media de tres meses, por lo que la indemnización se reduce a dos días de salario.

También contestó a los sindicatos, que han criticado que la indemnización es demasiado baja. “La reforma recoge la posibilidad de aumentar o reducir esta indemnización a través de la negociación.”

Los sindicatos, divididos ante la reforma

UGT quiere convocar huelga general y CC.OO. prefiere seguir negociando

La respuesta a la reforma laboral aprobada por el Gobierno divide a los sindicatos. Mientras la dirección de UGT defiende que es necesaria una huelga general y da por concluido el diálogo social, Comisiones Obreras es partidaria de seguir negociando. El ministro de Trabajo cree que las movilizaciones perjudican al empleo.

MADRID. - La unidad de acción que ha caracterizado las relaciones entre Comisiones Obreras y UGT en la última década ha empezado a resquebrajarse con motivo de la reforma laboral aprobada por el Gobierno. Así, mientras el secretario general de CC.OO., José María Fidalgo, cree que es necesario seguir negociando para intentar suavizar las medidas del Ejecutivo, el dirigente ugetista, Cándido Méndez, opina que la respuesta tiene que ser contundente.

Los secretarios de federaciones de industria y federaciones territoriales de UGT decidieron ayer por unanimidad apoyar la propuesta de la comisión ejecutiva del sindicato en favor de una huelga general. Inicialmente la propuesta era que ésta se realizase el 27 de mayo, coincidiendo con el debate del estado de la nación. Esta postura implicaba romper las negociaciones en la mesa de protección social, en la que se debate actualmente el futuro de las pensiones de la Seguridad Social.

También supone la negativa a iniciar conversaciones para modificar en profundidad la negociación colectiva, como pretende el Gobierno con el objetivo de eliminar la llamada ultractividad de los convenios. Esto supone eliminar la acumulación de derechos por parte de los trabajadores en la negociación colectiva y “colocar el contador a cero” cada vez que vence un convenio. Sin embargo, el comité confederal de UGT ha decidido no hacer pública su postura hasta no comunicársela oficialmente al secretario general de Comisiones Obreras, con el fin de no romper la unidad de acción. UGT ha dejado claro que renunciaría a convocar una huelga general si no cuenta con el respaldo del otro sindicato, ya que esto debilitaría fuertemente el movimiento sindical en un momento que se considera decisivo.

La propuesta de UGT será debatida hoy por el consejo confederal de CC.OO., que es el máximo organismo del sindicato entre congreso y congreso. En principio, la postura del secretario general de Comisiones y de una gran parte de las federaciones de industria de este sindicato es seguir negociando e intentar buscar los acuerdos en las mesas que estén abiertas. Así, creen que aún es posible salvar el diálogo social impulsado por el presidente del Gobierno, José María Aznar, obteniendo acuerdos en dos de las tres mesas abiertas. Concretamente, se ha logrado un acuerdo sobre mediación y arbitraje y parece muy posible llegar a otro sobre la Seguridad Social en las próximas semanas. En esta línea, la dirección de Comisiones cree que aún puede suavizar el decreto ley aprobado por el Gobierno sobre la <reforma> <laboral e intentar evitar una drástica pérdida de derechos de los trabajadores sociales en la negociación colectiva a través del pacto. Por esta razón, consideran que la convocatoria de movilizaciones que desemboquen en una huelga general a final de mayo conduciría al movimiento sindical a un callejón sin salida.

Sin embargo, la postura negociadora sólo la mantiene una parte de la dirección del sindicato, mientras otra parte de CC.OO. -encabezada por Rodolfo Benito, considerado el número dos de la organización- considera inevitable rescatar la estrategia de “presión-negociación”.

Esta división interna hace prever un debate muy intenso en el consejo confederal que se celebrará hoy. No obstante, todo parece indicar que el secretario general, José María Fidalgo, impondrá sus tesis, por lo que la huelga general podría posponerse hasta el próximo otoño.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, pidió ayer a los sindicatos que mantengan la actitud negociadora para no perjudicar la creación de empleo.

El Congreso aprueba la reforma laboral, que será tramitada con carácter urgente

El Ejecutivo consigue el apoyo del PP, CiU y Coalición Canaria

El Congreso de los Diputados convalidó ayer por 175 votos a favor y 133 en contra el decreto ley de medidas urgentes de reforma del mercado laboral. El PP contó con el apoyo de CiU y Coalición Canaria. Votaron en contra del texto PSOE, IU y los grupos vasco y mixto.

La reforma laboral aprobada por el Gobierno por decreto ley fue convalidada ayer por una amplia mayoría. Votaron a favor 175 diputados del PP, CiU y Coalición Canaria. En contra, 133 diputados del PSOE, IU y los grupos mixto y vasco.

Tras la aprobación, el PP presentó una propuesta para que el decreto sea tramitado como proyecto de ley por vía de urgencia con el fin de que pueda ser aprobada en junio. El ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, señaló que el Gobierno ha optado por esta vía para facilitar la introducción de las modificaciones que el Parlamento considere oportuno. Los cambios se realizarán a través de las enmiendas que aprueben los distintos grupos parlamentarios y que serán debatidas en la Cámara. Esta fórmula ha contado con el apoyo unánime de todos los grupos políticos, que se mostraron de acuerdo en que esta reforma debe ir acompañada por un profundo debate sobre el mercado laboral español.

Juan Carlos Aparicio explicó que la decisión del Gobierno de aprobar por decreto ley la norma se debe a que la vigencia de los contratos de fomento de empleo que se pusieron en marcha en 1997 finaliza el 17 de mayo. “Era necesario darles continuidad porque se habría creado un vacío que habría dañado la creación de empleo.”

A pesar de este consenso para que la reforma presentada por el Gobierno pueda ser modificada o completada en los próximos meses, existen orientaciones políticas radicalmente distintas sobre el sentido de los cambios. El Gobierno, y de forma especial el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, quiere aprovechar la oportunidad para endurecerla. La intención del Gobierno es presentar tres enmiendas. La primera de ellas para modificar el sistema de negociación colectiva. La segunda está dirigida a cambiar el contrato de relevo con el propósito de que un mismo puesto de trabajo puedan compartirlo las personas que tienen más de 65 años y quieran mantenerse voluntariamente en su trabajo de forma parcial con los jóvenes. La tercera es el traslado de una directiva comunitaria sobre movilidad en las empresas.

Por el contrario, los partidos de izquierdas, fundamentalmente PSOE e IU, quieren aprovechar esta oportunidad para suavizar la reforma gubernamental e introducir las observaciones que han defendido los sindicatos. La izquierda no sólo se opone a que desaparezca la ultractividad de los convenios colectivos (la eliminación de los derechos acumulados por los trabajadores), sino que además quiere incrementar la indemnización de los contratos temporales de 8 a 12 días. También quiere introducir medidas para dificultar el uso abusivo de los contratos temporales e incrementar las cautelas en el uso de los contratos a tiempo parcial.

El PSOE enmendará en su totalidad la reforma laboral

Rodríguez Zapatero apoya el impuesto de Extremadura a los bancos

El líder socialista acusa al Gobierno y al PP de “desfachatez y cobardía” por afirmar que alienta la convocatoria de una huelga general, tras la ruptura del diálogo social, porque, añadió, “siempre son mejores los acuerdos que las huelgas generales”.

El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer que su partido presentará una enmienda a la totalidad a la reforma laboral y acusó al Gobierno y al PP de “desfachatez y cobardía” por afirmar que la dirección socialista alienta la convocatoria de una huelga general, como respuesta a la ruptura del diálogo social. “El Partido Socialista -dijo- respeta la autonomía de los sindicatos y siempre ha pensado que son mejores los acuerdos que las huelgas generales.”

Zapatero hizo estas manifestaciones al término de la reunión de la ejecutiva del PSOE, que ayer tuvo lugar en Mérida. El líder socialista recordó que su partido tuvo que afrontar una huelga general cuando gobernaba, y sugirió que se revise ahora qué cosas decía el PP y si eso era alentar o no la convocatoria de dicho paro. Añadió que las citadas acusaciones de ahora contra su partido no sólo carecen de fundamento, sino que también revelan que el Ejecutivo no es capaz de asumir la responsabilidad que ha contraído con el fracaso del diálogo social.

“Si ahora quieren justificar su fracaso mirando a los socialistas -añadió-, les digo con claridad que no lo vamos a aceptar. Ésta es una de las cosas que más me ha indignado de todo lo que oigo al Gobierno desde que arrancó la legislatura.” Pidió, por tanto, a los responsables del Gobierno y del PP -entre los que citó específicamente a Javier Arenas- que “midan sus palabras”, porque “si no hay acuerdo social, desde luego tendrá mucha más responsabilidad el Gobierno que cualquier grupo parlamentario”.

Rodríguez Zapatero apoyó, por otra parte, el impuesto ideado por el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, para grabar a los bancos por el dinero que captan en su región, ya que, según dijo, “es positivo que se abran espacios a nuevas figuras impositivas”.

Sobre el tema de la fiscalidad -añadió- “mantengo posiciones que en su día irán concretándose en proyectos alternativos, con una visión distinta de lo que es la postura socialista tradicional en torno a la imposición directa sobre la renta”.

Rodríguez Zapatero subrayó, en cualquier caso, que “todo aquello que sirva para abrir un espacio de mayor inversión social, para comprometer a las entidades financieras y a otras para que contribuyan al desarrollo de la tierra donde radican, me parece bien”. “Y, por tanto, -añadió- creo que es una buena iniciativa, que se suma a otras originales, de nuevos espacios impositivos, que la Junta de Extremadura ha venido poniendo en marcha.”

CC.OO. pacta las pensiones sin UGT

El Gobierno acepta parcialmente la jubilación voluntaria a los 61 años

CC.OO. llegó ayer a un principio de acuerdo con el Gobierno y los empresarios para reformar el actual sistema de pensiones públicas. El elemento clave es que el Ejecutivo ha admitido la prejubilación voluntaria a partir de los 61 años, siempre que se hayan cotizado 30 y se lleven seis meses en desempleo. UGT no firmó.

MADRID. - Comisiones Obreras (CC.OO.) llegó ayer a un principio de acuerdo con la patronal CEOE y el Gobierno para reformar el actual sistema de pensiones públicas. Los elementos clave son que el Gobierno ha admitido la prejubilación voluntaria a partir de los 61 años, siempre que se hayan cotizado 30 y se lleven más seis meses en desempleo. También ha renunciado a que la cuantía de las futuras pensiones se calcule de acuerdo a los 35 años cotizados. Finalmente, ha aceptado que el cálculo se haga sobre los últimos 15 años a partir del año 2003.

Estas negociaciones se han llevado a cabo sin la presencia de UGT, que según afirma su secretario general, Cándido Méndez, fue expulsada ante la dureza mantenida en la reunión. El representante ugetista, Pedro Díaz Chavero, se limitó ayer a acudir al último encuentro para recoger el borrador del acuerdo. Según afirmó, los órganos directivos del sindicato lo estudiarán y darán su respuesta al presidente del Gobierno, José María Aznar. El dirigente ugetista argumenta que sólo la máxima autoridad del Gobierno puede dar garantías de que se cumpla lo que se firme. “Hace dos años, los sindicatos llegamos a un acuerdo sobre los contratos a tiempo parcial con el entonces ministro de Trabajo, Javier Arenas, que el vicepresidente del Gobierno ha cambiado radicalmente aprovechando la reforma laboral y no estamos dispuestos a que pase lo mismo con las pensiones de la Seguridad Social.”

Méndez explicó que fue el propio ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, quien le comunicó personalmente que no asistaría a las reuniones. “Según me comentó el ministro, el Gobierno cree que somos una organización exigente, y que a veces provoca tensiones. Además, hemos exigido que Aznar, que firmó el acuerdo de 1996, debe asumir su responsabilidad.” Según fuentes sindicales, la conversación entre Méndez y el ministro no fue cordial. A pesar de esta expulsión, Comisiones decidió seguir trabajando con el objetivo de imponer la estrategia de la negociación frente a la estrategia del enfrentamiento que propugna el sindicato ugetista, quien, pese a todo, defiende la convocatoria de una huelga general.

Fuentes de Comisiones afirman que la ausencia de UGT de la mesa de negociación facilitó el acercamiento de las posturas. El representante de Comisiones, José Luis Sánchez, considera que el acuerdo es bueno y defiende los intereses de los trabajadores. El secretario de Estado para la Seguridad Social, Gerardo Camps, afirmó que se han puesto las bases para la estabilidad financiera de la Seguridad Social.

Un palo de ciego

Los palos de ciego son los que más daño hacen porque se descargan con rabia y sin reparar dónde dan. La reforma laboral decretada por el Gobierno si no con rabia se ha hecho al menos sin razón, dañando el modelo de concertación social de los últimos seis años y con probables efectos perversos sobre la creación de empleo.

No tenía razón el Ejecutivo para instar la conclusión de las negociaciones entre los interlocutores sociales puesto que sus acuerdos de 1997 sobre mercado laboral están vigentes hasta mediados de mayo próximo. Sin embargo el pacto de pensiones del que sí fue firmante el Gobierno y por tanto corresponsable directo en su renovación, venció en octubre del pasado año. Tampoco había razones objetivas que obligasen a saltarse plazos y trastocar el proceso ya que no se ha presentado ninguna emergencia imprevista en la evolución del empleo. Pero la insoportable tasa creciente de accidentes laborales graves, que ha pasado de cuatro muertes diarias a cinco en lo que llevamos de año, habría hecho y hace inaplazable la consecución de un gran acuerdo interconfederal contra la siniestralidad laboral entre patronales y sindicatos con la máxima implicación de los poderes públicos, central y autonómicos. Con ese objetivo se formó una mesa de diálogo social hace ocho meses -julio del 2000- y el presidente del Gobierno encargó un informe específico sobre la cuestión al del Consejo Económico y Social (CES). No obstante, aquel foro quedó en suspenso sin que el señor Aznar ni sus ministros del área sociolaboral pusieran el más mínimo interés en reactivarlo, cuando atajar los accidentes laborales -que son el fallo más sangrante que presenta nuestro mercado de trabajo- pasa por atacar una de sus causas fundamentales, la abusiva precariedad laboral. De haberse dado preferencia a un acuerdo en prevención de riesgos laborales se habría allanado el camino para la posterior renovación negociada de la reforma laboral. En cuanto al informe encargado -rigurosamente elaborado y puntualmente entregado por el CES- apenas lo han utilizado para cubrir el expediente.

Inexplicablemente, el Gobierno ha invertido el orden en la agenda de las negociaciones posponiendo las que en primer lugar le obligaban como interlocutor y adelantando las que incumbían autónomamente a los agentes sociales; ha desplazado lo más urgente a un segundo plano y se ha permitido presionar a otros, sin haberse visto presionado para el cumplimiento de sus propios compromisos. Porque el Gabinete del PP no se ha mantenido en el papel de un observador interesado pero respetuoso y neutral durante las negociaciones entre las organizaciones empresariales y las sindicales, sino que irrumpió desde el primer momento y no ha dejado de hacerlo a lo largo del proceso con reiteradas advertencias, que en más de una ocasión sonaron a amenazas proclamando su disposición a utilizar el “Boletín Oficial del Estado”. Y de ambas partes de la mesa, la que más coincidencias tiene con este Gobierno interpretó sus declaraciones como era de esperar, a modo de aval para sus aspiraciones en la negociación. En consecuencia, es tanto o más responsable del desacuerdo que los propios negociadores. Esta intromisión del Gobierno del PP es un retroceso respecto de su propia actitud en la anterior legislatura ante el diálogo social y puede frustrar el buen precedente de 1997, que fructificó en reformas consensuadas entre quienes garantizan mejor que nadie la viabilidad de las normas laborales, los empresarios y los representantes de los trabajadores, porque son ellos quienes las han de gobernar en la práctica adecuándolas a la realidad concreta de las empresas y de los sectores.

El enfoque de las medidas decretadas también marca una vuelta atrás en el camino recorrido para equilibrar flexibilidad laboral con calidad de los empleos, porque vuelven a orientarse hacia la desreglamentación precarizante del trabajo. No tiene otro sentido haber desnaturalizado el contrato para la formación, mejorado en los acuerdos aún vigentes para facilitar a los jóvenes de 16 a 21 años sin cualificación reconocida su incorporación al mundo laboral, al tiempo que adquirían la formación profesional que les faltaba, que pasa a ser un contrato de aplicación a otros colectivos con independencia de la edad que tengan, como inmigrantes o parados de mayor edad, sin derecho al desempleo y que pueden provocar situaciones tan absurdas e injustas como que a una persona mayor de 52 años se le contrate bajo esta modalidad y se encuentre con una retribución efectiva inferior al salario mínimo, cobrando menos que en el desempleo y encima salga perjudicado a efectos de la pensión de jubilación.

El desaguisado que supone el cambio impuesto en el contrato fijo a tiempo parcial no fomentará éste tipo de empleo tan necesario en España y tan adecuado para la conciliación entre la vida laboral y la familiar -como se recomienda en las sucesivas cumbres del Consejo Europeo-, sino que lo ha convertido en un pretexto para la plena y arbitraria utilización de mano de obra peor pagada que el contrato a jornada completa pero trabajando prácticamente las mismas horas -basta con hacerlo una hora menos para considerarlo “trabajo a tiempo parcial”-.

Son algunos de los rasgos de una reforma negativa en un mal momento. Porque paradójicamente, cuando se desaceleran la economía y la creación de empleo, lo más inconveniente es introducir confusiones y tensión en las relaciones laborales. Esperemos que la madurez y responsabilidad de las fuerzas sociales palíen estos previsibles efectos y, sobre todo, que recompongan el diálogo social... a pesar del Gobierno.

Patronal y sindicatos se reúnen in extremis para salvar el acuerdo

Resumen: Empresarios y sindicatos se reunirán hoy miércoles in extremis para intentar salvar el acuerdo y evitar que el Gobierno apruebe la reforma laboral por decreto ley en el Consejo de Ministros del próximo viernes.

El objetivo sindical es ganar tiempo

Resumen: El objetivo que se han fijado los sindicatos es ganar tiempo como sea y evitar que el Gobierno imponga su reforma.

Penalizar la contratación temporal y facilitar la estable

Resumen: En primer lugar, penalizar la contratación temporal para que resulte menos ventajosa que la indefinida.

CC.OO. y UGT piden más tiempo

Resumen: Esta es la razón por la que CC.OO. y UGT pidieron al Gobierno más tiempo para concretarlo y evitar el decreto ley en el Consejo de Ministros de mañana.

Abaratar el despido, estimular el empleo fijo y a tiempo parcial

Resumen: La segunda premisa que defienden es que para atajar el paro femenino y de los jóvenes hay que facilitar la contratación a tiempo parcial.

La reforma laboral, por decreto

Resumen: El presidente del Gobierno afirmó que la reforma que se aprobará hoy no se apartará del espíritu de la de 1997, en que se abarató el despido a cambio de poner freno a la contratación temporal.

La reforma Aznar irrita a los sindicatos

Resumen: La nueva normativa ha sido rechazada contundentemente por los sindicatos, que argumentan que el Gobierno ha aprobado la reforma que defendía la patronal CEOE.

Los sindicatos atacan al Gobierno mientras la CEOE aplaza su valoración hasta el lunes

Resumen: Los sindicatos afirmaron ayer que el Gobierno precipitó el fracaso de las negociaciones sobre la reforma laboral al "irrumpir" en el diálogo entre las partes.

La esperada reforma laboral

Resumen: Tenemos que acostumbrarnos a que las reformas laborales sean permanentes, ya que la legislación de trabajo, quizá mas que ninguna, está tremendamente pegada a la realidad social, económica y tecnológica.

La reforma laboral

Resumen: Aunque las primeras impresiones ya han señalado que el decreto del Gobierno está más cerca de la posición empresarial que de la sindical, lo cierto es que no puede decirse que esta sea la reforma de la patronal.

Una reforma a plazos

Resumen: Ésta es la razón por la que una de las pretensiones inconfesables del Ejecutivo es eliminar la ultractividad de los convenios colectivos.

Una nueva reforma laboral

Resumen: El decreto ley de nuevas medidas laborales, aprobado el viernes por el Consejo de Ministros, es moderado y equilibrado frente a las exigencias de los empresarios.

Los sindicatos se movilizarán para intentar suavizar la reforma laboral

Resumen: Preparan importantes movilizaciones para forzar una negociación con el Gobierno, la CEOE y el Parlamento que permita suavizar los aspectos más negativos de esta reforma.

El presidente cree irreprochable su reforma laboral

Resumen: El presidente defendió una por una las medidas aprobadas y subrayó que suponen el 90 por ciento "de lo que empresarios y sindicatos habían acordado y no firmaron".

Empleo y reforma

Resumen: Frente a una media en los últimos 15 años de unos 2.500 parados menos en ese mes y frente a los 10.758 desempleados menos en febrero del 2000, la reducción en febrero de este año ha sido de casi 22.000 personas.

Los sindicatos acusan al Gobierno de haber pactado la reforma laboral con la patronal

Resumen: Los sindicatos creen que el Ejecutivo ha pactado con la patronal el contenido de esta reforma, por lo que es prácticamente imposible mejorarla únicamente a través del diálogo.

La reforma laboral costará 300.000 millones de pesetas y afectará a 800.000 trabajadores

Resumen: La reforma laboral aprobada hace quince días por el Gobierno tendrá un coste de unos 300.000 millones de pesetas, que son las bonificaciones que se darán a las empresas para facilitar la contratación de trabajadores.

Los sindicatos, divididos ante la reforma

Resumen: Esta postura implicaba romper las negociaciones en la mesa de protección social, en la que se debate actualmente el futuro de las pensiones de la Seguridad Social.

El Congreso aprueba la reforma laboral, que será tramitada con carácter urgente

Resumen: El Congreso de los Diputados convalidó ayer por 175 votos a favor y 133 en contra el decreto ley de medidas urgentes de reforma del mercado laboral.

El PSOE enmendará en su totalidad la reforma laboral

Resumen: El líder socialista acusa al Gobierno y al PP de "desfachatez y cobardía" por afirmar que alienta la convocatoria de una huelga general, tras la ruptura del diálogo social, porque, añadió, "siempre son mejores los acuerdos que las huelgas generales".

CC.OO. pacta las pensiones sin UGT

Resumen: CC.OO. llegó ayer a un principio de acuerdo con el Gobierno y los empresarios para reformar el actual sistema de pensiones públicas.

Un palo de ciego

Resumen: La reforma laboral decretada por el Gobierno si no con rabia se ha hecho al menos sin razón, dañando el modelo de concertación social de los últimos seis años y con probables efectos perversos sobre la creación de empleo.

ÍNDICE

Patronal y sindicatos se reúnen in extremis para salvar el acuerdo 1-2

El objetivo sindical es ganar tiempo 3

Penalizar la contratación temporal y facilitar la estable 4

CC.OO. y UGT piden más tiempo 5

Abaratar el despido, estimular el empleo fijo y a tiempo parcial 6

La reforma laboral, por decreto 7

La reforma, Aznar irrita a los sindicatos 8-9

Los sindicatos atacan al Gobierno mientras la CEOE aplaza su valoración hasta el lunes 10-11

La esperada reforma laboral 12

La reforma laboral 13

Una reforma a plazos 14-15

Una nueva reforma laboral 16-17

Los sindicatos se movilizarán para intentar suavizar la reforma laboral 18-19

El presidente cree irreprochable su reforma laboral 20

Empleo y reforma 21

Los sindicatos acusan al Gobierno de haber pactado la reforma laboral con la patronal 22-23

La reforma laboral costará 300.000 millones de pesetas y afectará a 800.000 trabajadores 24-25

Los sindicatos, divididos ante la reforma 26-27

El Congreso aprueba la reforma laboral, que será tramitada con carácter urgente 28

El PSOE enmendará en su totalidad la reforma laboral 29

CC.OO. pacta las pensiones sin UGT 30

Un palo de ciego 31-32

Resumen 33-35

Índice 36

Bibliografía 37

Diari la Vanguardia

Patronal y sindicatos se reúnen in extremis 28/02/2001

para salvar el acuerdo

Formació i Orientació Laboral - 37 -

El objetivo sindical es ganar tiempo 28/02/2001

Penalizar la contratación temporal 01/03/2001

y facilitar la estable

CC.OO. y UGT piden más tiempo 01/03/2001

Abaratar el despido, estimular el empleo 01/03/2001

fijo y a tiempo parcial

La reforma laboral, por decreto 02/03/2001

La reforma, Aznar irrita a los sindicatos 03/03/2001

Los sindicatos atacan al Gobierno mientras 03/03/2001

CEOE aplaza su valoración hasta el lunes

La esperada reforma laboral 03/03/2001

La reforma laboral 03/03/2001

Una reforma a plazos 03/03/2001

Una nueva reforma laboral 04/03/2001

Los sindicatos se movilizarán para intentar 04/03/2001

suavizar la reforma laboral

El presidente cree irreprochable su 05/03/2001

reforma laboral

Empleo y reforma 06/03/2001

Los sindicatos acusan al Gobierno de haber pactado 07/03/2001

la reforma laboral con la patronal

La reforma laboral costará 300.000 millones de pesetas 10/03/2001

Y afectará a 800.000 trabajadores

Los sindicatos, divididos ante la reforma 14/03/2001

El Congreso aprueba la reforma laboral, 16/03/2001

que será tramitada con carácter urgente

El PSOE enmendará en su totalidad 25/03/2001

la reforma laboral

CC.OO. pacta las pensiones sin UGT 31/03/2001

Un palo de ciego 31/03/2001

RESUMEN

ÍNDICE

BIBLIOGRAFÍA