REFORMA DEL ESTADO.

Los últimos años han dado a conocer que nuestro país se encuentra bajo algunos cambios en la sociedad y en su relación con el estado, por esto es necesaria una reforma que tenga más extendido el criterio, y que contenga reformas a las instituciones estatales y sociales, ala administración pública a la justicia y a la seguridad, en fin, a los elementos constituyentes del régimen político.

Algunas de estas reformas son parte de plataformas y programas partidistas aunque algunas propuestas no contienen todos estos puntos.

Ahora mencionaremos las propuestas de las alianzas y partidos que participaron en la contienda electoral ente dos de julio del 2000.

ALIANZA POR MÉXICO (PRD, PT, PAS, PSN, CONVERGENCIA)

Las reformas constitucionales llevadas a cabo en los tres últimos sexenios tienen en común el paulatino desconocimiento de los derechos económicos y sociales que sellaron el pacto que dio origen a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

Sumemos a esto la descomposición del régimen político de partido de estado, la corrupción, el narcotráfico y la violencia generalizada; con todo esto nuestra Constitución ya no responde a los anhelos democráticos de los mexicanos, ni a las necesidades del presente y del futuro, y que perdió su capacidad de garantizar la gobernabilidad democrática y un desarrollo económico y social con equidad y justicia.

Es indispensable cambiar la Constitución, para lo cual se necesita promover la discusión pública sobre la expedición de una nueva, y efectuar una consulta plebiscitaria nacional que incluya su nueva redacción y las modalidades para la formación del Congreso Constituyente que ponga fin al presidencialismo y al partido de Estado y su actual política económica y social.

Una administración pública eficiente y honesta

El buen ejercicio de mando de un gobierno democrático empieza por una administración que respete la ley, honesta, transparente que periódicamente rinda cuentas al ciudadano, y que cuente con una organización con eficiencia y responsabilidad social.

La administración pública de los últimos gobiernos, en algunas de sus áreas, fue penetrada por la corrupción y el enriquecimiento ilícito, con núcleos burocráticos que manipulan la ley, usan el patrimonio y los recursos públicos para perpetuar al partido de estado. En el resto de los niveles burocráticos prolifera la complicidad y el amiguismo, entre otros vicios.

Por eso es prioridad pugnar por una administración pública plenamente sometida a las normas y el derecho. Los artículos 89 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y la propia Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, deben reformarse para limitar facultades excesivas del Poder Ejecutivo. Asimismo, para dar continuidad al desarrollo integral a los recursos humanos se debe establecer el Servicio Civil de Carrera.

Seguridad pública y libertades ciudadanas

La crisis de seguridad pública que vivimos es consecuencia de la conjunción de la pobreza, desempleo, exclusión de la población, corrupción e ineficiencia de los cuerpos policiacos y del aparato judicial. En el país miles de crímenes y delitos permanecen impunes por ineficiencia o corrupción de las autoridades o porque los ciudadanos no tienen confianza en ellas para denunciarlos.

Medios y partidos políticos claman por el aumento a las penas impuestas, más efectivos policiales, uso de ejercito en tareas de seguridad pública y la adopción de medidas autoritarias, vulneran los derechos humanos y las libertades ciudadanas.

La seguridad pública debe de ser concebida, planeada y ejecutada de manera integral con medidas para la prevención y persecución del delito. Reformar el sistema judicial, los cuerpos policiacos, el sistema penitenciario y los programas de resocialización de los delincuentes.

Asimismo, reformar la Ley que establece las bases de la Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para suprimir la intervención de las fuerzas armadas del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

En materia de seguridad pública se deben normar los convenios internacionales para garantizar la soberanía nacional, normar el uso de información y las tareas que realicen los integrantes del Consejos Nacional de Seguridad Pública; regular la participación ciudadana en los consejos de coordinación de seguridad pública.

Educación nacional, para el desarrollo y la democracia

La educación en México enfrenta graves problemas, agudizados por los últimos gobiernos, esto mismo no permite el desarrollo de las capacidades potenciales de niños, niñas y adolescentes para su incorporación creativa y productiva a la vida social del mundo cambiante. Asimismo la educación no ha contribuido plenamente a la construcción de una nación democrática y productiva, con ciudadanos conscientes de sus responsabilidades cívicas y sus derechos sociales.

En México alrededor de un millón de niñas y niños no ingresarán a las aulas, agreguemos la deserción alta, sólo la mitad concluye la primaria, y algo parecido sucede con la secundaria, pese a la obligatoriedad constitucional. Ha prevalecido el erróneo criterio que la educación superior es privilegio como resultado de la deserción, pero además esta mala educación fomenta la discriminación por genero, posición económica, identidad étnica y cultural.

Para combatir la pobreza y la desigualdad, también es necesario, redefinir el proyecto educativo nacional, sus valores, organización y objetivos; reivindicando su carácter laico, pluricultural, democrático y gratuito en todos sus niveles.

Es decir una educación garantizada por las leyes, que señale la responsabilidad del estado en cuanto a gratuidad, tal y como lo señalan organismos internacionales, entre ellos la UNESCO, destinando cada vez más recursos a la misma.

Los derechos de la mujer y la igualdad de género

La mujer mexicana vive en nuestra época una triple condición de sometimiento y explotación: en su calidad de trabajadora, en su situación de género, y otras por el hecho de pertenecer a contingentes sociales que son discriminados y marginados, como los indígenas.

Las mujeres siguen apareciendo en lo sustancial vinculadas a políticas asistencialistas y marginales. La violencia sexual e intrafamiliar afecta principalmente a las mujeres y a sus hijas: más del 90% de los delitos sexuales se cometen contra mujeres, el 50% de ellas son menores de edad, agredidas por un familiar o un conocido.

Es necesario impulsar políticas públicas e iniciativas de ley, donde se impulse el concepto del género por principio de ley, pero además se involucre y participen las mujeres en todas la fases desde la planeación, realización y evaluación de las mismas.

Deberá darse prioridad a la salud y nutrición de la mujer, principalmente a las que estén en periodos de gestación. Además proteger los derechos reproductivos de las mujeres y garantizar el derecho constitucional de la mujer y su pareja para decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos.

Es imperativo hacer valer los distintos convenios internacionales que ha firmado y ratificado México, entre ellos la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, en 1980; la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Convención de Belem Do Para" de 1994, así como también las diversas recomendaciones emitidas por la UNESCO en la materia.

La cuestión indígena y la Nación

Los pueblos indígenas en México son el soporte fundamental de la diversidad cultural de la nación. Por eso el pleno cumplimiento a los acuerdos de San Andrés Larrainzar creará la condición legal necesaria para que los pueblos indígenas tomen sus decisiones en cuanto a acceso, uso y disfrute de sus recursos naturales en sus tierras y comunidades, sus formas de organización social y política y sus sistemas normativos internos.

Será necesario impulsar una educación que devuelva a los mexicanos el derecho a todas sus expresiones culturales y a la vez sirva para revalorar los saberes, conocimientos tecnológicos, prácticas y formas de apropiación de las culturas indígenas.

La paz en Chiapas y en todo México

El conflicto armado en Chiapas, desatado el 1 de enero de 1994, se encuentra estancado y sin visos de solución. Desde 1997 el gobierno zedillista optó por el camino de la confrontación, después de rechazar la propuesta de reforma constitucional de la Comisión de Concordia y Pacificación y burlar con ello los Acuerdos de San Andrés.

La construcción de la paz en el país se iniciará con el reconocimiento de los compromisos firmados en San Andrés, desmilitarización, el esclarecimiento de la masacre de Acteal, el deslinde y asignación de responsabilidades en éste y otros hechos ominosos que el gobierno actual deja como herencia en un marco generalizado de impunidad.

La construcción de la paz en Chiapas se desarrollará con la reanudación inmediata de un proceso de diálogo con el EZLN, que propicie una amplia gama de reformas entre las que destacan, junto a las especificas de los pueblos indígenas, las agrarias, las políticas y aquellas que respondan a las demandas sociales y económicas de su población mayoritaria.

El logro de la paz en Chiapas requiere un programa general de desarrollo comprometido con las necesidades de la población y con la preservación de la naturaleza. Esto abrirá las puertas al logro de la paz en todo el territorio nacional.

Las negociaciones con el EZLN deberán marcar la pauta para un proceso más amplio de diálogo y negociación con otros grupos armados. La violencia deberá pasar a ser una pieza de museo en el México del nuevo siglo.

ALIANZA POR EL CAMBIO. (PAN, PVEM)

SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y JUSTA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

· Un nuevo enfoque en el gasto social. La calidad de los recursos destinados a la superación de la pobreza es el aspecto clave para conseguir los propósitos planteados. El gobierno de la Alianza acercará los recursos hacia las familias más necesitadas, evitando, lo más posible, la intermediación burocrática: 1. programas destinados a abatir la desnutrición en las comunidades marginadas a través de mecanismos y subsidios focalizados con la participación de los beneficiarios. 2. Acciones emergentes de apoyo para atender graves rezagos de los pueblos indígenas, las mujeres, los ancianos, niños de la calle y discapacitados. 3. Estrategias orientadas a aumentar los ingresos de la población en condiciones de pobreza, fomentando la generación de empleos en zonas marginadas. 4. Aumentando la inversión en la educación y capacitación en zonas marginadas para disminuir la inequidad en el acceso de oportunidades.

· Descentralización de los recursos: los programas de combate a la pobreza y sus presupuestos serán operados -prioritariamente- por los gobiernos municipales y -subsidiariamente- por los estatales y la federación, estableciendo mecanismos claros de coordinación, transferencia de recursos y compensación de las regiones con marginación. Aplicaremos criterios estrictos de transparencia del uso de recursos, de manera que estos no se utilicen con fines electorales.

· Orientar el gasto y la inversión en la infraestructura física, hacia los servicios públicos que impactan, de manera directa, en el bienestar de las personas. En el caso de los servicios de salud, la meta es garantizar el acceso a servicios de calidad, durante toda la vida, a todos los mexicanos. Por lo que hace a vivienda, el gobierno aplicará recursos y revisará el funcionamiento de las instituciones involucradas en esta materia, con el fin de abatir el déficit de vivienda y posibilitar la obtención de una casa digna. Además, haremos un esfuerzo importante para mejorar la calidad de las construcciones. Por último, impulsaremos esquemas que den certidumbre jurídica sobre la propiedad.

III. ACCESO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

· Incrementando y aplicando inteligentemente los recursos destinados a la educación dándole, a la educación básica, media y superior, la importancia que merecen. Con este aumento, apoyaremos a todos aquellos que quieran estudiar y, principalmente, quienes por razones económicas no lo puedan hacer. De esta forma, atacaremos la principal causa de la deserción escolar.

· Para incrementar la calidad educativa, nuestra principal estrategia será enriquecer los programas educativos y los planes de estudio para enseñar valores como justicia, libertad, tolerancia, solidaridad, respeto al medio ambiente y a los derechos humanos. Además, le daremos la importancia al deporte y a las actividades culturales y artísticas. También, integraremos todas las escuelas a la revolución informática.

· Una nueva relación con el magisterio que reconozca la alta misión que tienen encomendada: los profesores son los transmisores de la cultura y el conocimiento y los formadores de conciencia y de valores. Ellos, son los agentes críticos que tienen en sus manos la posibilidad de cambiar el país y mejorar sus perspectivas a futuro. Hoy, en México, no hay una labor más importante y esto se debe reflejar en salarios, estímulos, capacitación y profesionalización.

· Impulsar una mayor participación de los padres de familias. Para ello, es importante continuar con los esquemas de descentralización de manera que las instancias que tomen decisiones estén más cerca del núcleo familiar. De esta forma, los padres podrán participar y decidir sobre aquello que afecta directamente la educación de los hijos.

· Implementaremos programas de capacitación permanente, para que las todas las personas que así lo deseen puedan actualizar y perfeccionar sus conocimientos: con sistemas de educación a distancia, capacitación en los centros laborales y aumento de centros comunitarios de información. Continuaremos luchando contra el analfabetismo. La meta es terminar con este rezago.

· Impulso decidido a la ciencia y tecnología. El país requiere de una movilización con este fin: universidades, centros de investigación, comunidad científica, gobiernos federal y locales, empresas y asociaciones civiles y empresas, para dar un salto cualitativo en esta materia. El gobierno destinará mayores recursos a este propósito.

CONSTRUIR UN PAIS SEGURO

· Aplicando en forma estricta la ley a los delincuentes y promoviendo el aumento de la penalización en los delitos de violación, robo, secuestro, homicidio, delincuencia organizada y, en delitos cometidos contra la infancia.

· Se reforzaran todos los elementos para una mejor procuración de justicia, que tiendan a darle al ministerio público federal un carácter más técnico y no político, impulsando el servicio civil de carrera en este ámbito.

· Modernizar la administración de justicia colaborando con el Poder Judicial para proporcionarle el mayor número de medios legales y tecnológicos.

· Aumento de los recursos destinados a la seguridad pública y que éstos sean ejercidos, principalmente, por las autoridades responsables de prevenirlos y castigarlos: los municipios y estados.

· Modernización de las fuerzas policiacas. Se hará una revisión integral de todo el sistema policiaco del país, a fin de contar con elementos de alta moralidad personal y dotarlo de las herramientas necesarias para que tengan éxito en su misión: la tecnología disponible y sus condiciones de trabajo. Habrá cuerpos de seguridad dignificados y profesionalizados, para lo cual se establecerán programas de reclutamiento, estímulos y reconocimientos, así como de un sistema integral de prestaciones y seguridad social. Se elevaran las penas para los policías que traicionen la confianza que la sociedad depositó en ellos.

· Protegeremos y apoyaremos a las víctimas. Seguiremos impulsando la legislación y programas gubernamentales de apoyo a las víctimas de delitos así como la transparencia en sus procesos judiciales.

· Auténtica readaptación social de los sentenciados. Reordenaremos y mejoraremos nuestro sistema penitenciario para que sea moderno. Necesitamos que las cárceles dejen de ser escuelas de crímen y regeneren a los delincuentes.

· Combatir, el círculo vicioso de las drogas y el crimen. Promoveremos programas de desarrollo rural para desincentivar el cultivo de estupefacientes, medidas que eviten el lavado de dinero y campañas publicitarias que desalienten el consumo. Endureceremos el marco legal para dificultar la venta e impulsaremos la cooperación internacional para combatir este tipo de delincuencia que tiene carácter transnacional.

· Fortalecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que pueda cumplir a cabalidad su misión, ampliando sus facultades y respetando su autonomía.

· El gobierno impulsará un respeto a la amplia gama de los Derechos Humanos entre los empleados de la Administración Pública.

Pueblos indígenas. Promoveremos una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Con pleno respeto a sus derechos y su cultura, a sus usos y costumbres, generaremos los cambios para que puedan mejorar su situación comunitaria y personal. El gobierno dará prioridad a programas que auxilien a éstas pueblos en el logro de su pleno desarrollo económico y social, conservando su identidad y su participación con el todo nacional. Se hará énfasis en programas educativos, económico, alimentario, de salud y vivienda

Mujeres. Para eliminar la discriminación de que son sujetos se establecerán lineamientos de salud y seguridad social que faciliten su empleo. Se otorgarán facilidades para su contratación mediante la creación de esquemas laborales que impulsen el empleo. Estableceremos mecanismos que garanticen el pago de pensiones alimentarias y escolares en caso de rompimiento matrimonial y fortaleceremos la legislación vigente para atacar la violencia intrafamiliar.,

Partido Revolucionario Institucional (PRI)

Proponemos hacer del empleo el objetivo privilegiado de la política económica. Vamos a aplicar una política económica que nos permita crear, por lo menos, un millón de nuevos empleos en cada uno de los próximos seis años. No es ésta una cifra mágica, ni una meta inalcanzable. La vamos a lograr. Para ello, hemos de alcanzar en el próximo sexenio, un crecimiento económico de por lo menos cinco por ciento anual en promedio. Esa es la condición necesaria y vamos a cumplirla. Fomentaremos niveles de inversión privada crecientes y sostenibles, complementados con un decidido impulso a la inversión pública que nos permita acelerar el desarrollo científico y tecnológico, mejorar la calidad de la educación y ampliar la infraestructura. Promoveremos la inversión en las actividades de mayor y más pronto impacto en la generación de empleos estables y adecuadamente remunerados, y hacerlo prioritariamente en las regiones, estados y municipios en donde se presentan los mayores rezagos sociales. Buscaremos crear más y mejores empleos para mujeres y jóvenes, vigilando la correcta aplicación del criterio de que a trabajo igual salario igual. Nuestra perspectiva a mediano plazo es de crecimiento económico y de avances importantes en el combate a la inflación. Desterraremos la crisis económica del horizonte de México. Para transformar crecimiento en desarrollo, y éste en justicia social y equidad, es necesario el compromiso del Estado que se traduzcan en políticas de gobierno eficientes. Sabemos que el mercado requiere libertad para asignar los recursos productivos y la inversión, pero también que la distribución de los beneficios del crecimiento económico demanda políticas públicas con visión social de Estado. Al gobierno corresponde crear condiciones de certidumbre y confianza para el mejor desempeño de las actividades económicas. El crecimiento económico tendrá mejores posibilidades de ser alto y sostenido si el gobierno persevera en la disciplina fiscal, en el manejo honesto y eficiente de los recursos públicos y en las reformas que permitan superar burocratismo y corrupción. La honestidad y eficiencia en el uso y destino de los recursos públicos son condiciones necesarias pero no son suficientes. Para atender sus obligaciones sociales el Estado requiere de mayores recursos. Proponemos un gran acuerdo federalista para la reforma fiscal, cuyos objetivos centrales sean la reducción, en el corto plazo, de la evasión y la elusión fiscales y la modificación de impuestos, tasas y tarifas a fin de promover la inversión productiva y gravar el derroche y el dispendio. Vamos a abrir libertades tributarias para los estados y municipios, redistribuyendo competencias y fuentes de recaudación entre los tres órdenes de gobierno, reconociendo las diferencias entre las regiones y promoviendo una cultura solidaria y equitativa que haga que quien más tenga más contribuya.

Una educación de calidad para la fortaleza de la Nación

La inmensa mayoría de las mexicanas y mexicanos, somos beneficiarios de la educación pública, laica y gratuita. Nuestro compromiso es preservar ese carácter, conforme a nuestra Constitución. Educación al alcance de todos es una meta a la cual, paulatina pero firmemente, nos hemos venido acercando. La gratuidad de la educación que imparte el Estado es una conquista irrenunciable de la sociedad. Esa conquista ha permitido extender la cobertura de la educación básica a nueve años. Debemos apoyar de manera creciente la oferta educativa pública en los niveles medio, técnico, profesional y de postgrado. Hemos de lograr que la educación pública en todos sus niveles cuente con el apoyo que le permita, en los primeros años del siglo XXI, extender su cobertura, y sobre todo aumentar su calidad. Convocamos a las familias, a los maestros, a los alumnos, a una gran alianza en favor de la escuela pública, desde preescolar hasta postgrado. Hagamos de la educación y la capacitación canales para la superación, medios a través de los cuales los seres humanos adquirimos los conocimientos y desarrollamos las capacidades para el progreso material y espiritual, y también la conciencia de lo que somos, de nuestros derechos y obligaciones, de nuestro papel en la sociedad. Empleo y educación son dos ejes que articulan el proyecto de Nación justa, a fin de sumar a todas las mujeres y hombres que, como nosotros, quieren hacer del siglo XXI el siglo de México.

Desarrollo para la igualdad de oportunidades y la superación de la pobreza

Vamos a promover un intenso desarrollo regional para que la igualdad de oportunidades se encuentre en las comunidades, los municipios y las entidades. Hemos de aumentar los recursos de que disponen los gobiernos federal, estatales y municipales para cumplir los objetivos de justicia social y apoyar las actividades productivas que la sociedad nos demanda. Los mayores ingresos de los tres órdenes de gobierno deben tener como contrapartida inmediata beneficios tangibles en el bienestar de la población más necesitada, generando empleos, abriendo oportunidades de desarrollo regional y micro regional, integrando actividades productivas y expandiendo el mercado interno. Alentaremos la iniciativa de estados y municipios y confiaremos en la gente de cada comunidad, de cada pueblo, de cada ciudad. Haremos de la diversidad y pluralidad de la Nación la fortaleza del cambio. Daremos a la globalidad su dimensión nacional y humana, lo que significa dar soluciones locales a los problemas globales. Impulsaremos una nueva etapa de desarrollo rural integral para superar la pobreza en el campo, mediante un programa de mediano plazo para esas zonas. La pobreza extrema es padecida principalmente por mexicanas y mexicanos que habitan en pequeñas comunidades dispersas en las zonas rurales del sur y sureste de nuestro país y afecta, en particular, a la población indígena en la mayoría de los estados. Integraremos tierras y diversificaremos actividades y procesos para elevar la productividad. Buscaremos establecer condiciones que favorezcan la concentración de las poblaciones en espacios comunitarios más grandes y menos dispersos, para hacerles llegar, con menores costos y mayores beneficios, el agua, el drenaje, la electricidad, el mejoramiento de la vivienda, los servicios de educación y salud y, también, las actividades productivas, el empleo y la capacitación. Destinaremos suficientes recursos para promover la transferencia de tecnología, diversificar la producción agropecuaria, renovar la infraestructura de riego e integrar la producción, la industrialización y la comercialización. Para ello impulsaremos una intensa capacitación campesina.

Seguridad pública para la Nación justa

Nuestro proyecto de Nación justa será más sólido, si se sustenta en una seguridad pública que garantice la integridad de la persona y de su patrimonio. Lo vamos a lograr mediante una profunda reforma judicial, con leyes idóneas y cabalmente respetadas. Con jueces aptos, honrados, comprometidos con la vigencia de la ley y la defensa del Estado de Derecho. Con servicios de inteligencia y recursos públicos para la prevención y combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico. Con cuerpos policíacos integrados por personal capacitado, honesto, respetuoso de la ley, de los derechos humanos y de los intereses de la sociedad. Lo vamos a lograr principalmente, con la participación de la sociedad. Tenemos que crear una nueva cultura de la legalidad, de respeto al orden público y a los derechos de nuestros semejantes. Una nula tolerancia ante el delito, debe partir de una nueva moral pública, en la que los valores de la legalidad, la solidaridad, el respeto y el cumplimiento de nuestras obligaciones sean generalizados y compartidos por la inmensa mayoría. El Estado tiene la indeclinable e intransferible obligación de otorgar seguridad a todos los habitantes, a las familias y empresas, a los hogares y centros de trabajo, a los caminos y calles, por igual en los pequeños poblados y en las grandes ciudades.

El cambio institucional para alcanzar el proyecto de Nación justa del próximo siglo

Entre las condiciones necesarias para hacer realidad el proyecto de Nación justa, se encuentran el cambio institucional que fortalezca al Estado y la democracia, asegure un mejor equilibrio de poderes y preserve la gobernabilidad, así como la construcción de una sociedad de conocimiento y bien informada que haga de la globalización un poderoso instrumento para el desarrollo nacional.

Estado y democracia

Vamos a superar las distancias y los vacíos de la relación entre el Estado y la sociedad, provocados por el cambio estructural, especialmente en lo económico, y a causa de la participación de México en la globalidad. Innovemos nuestro orden jurídico para que garantice el ejercicio de los derechos individuales y sociales, así como la convivencia de las diversidades que surgen de la interacción entre lo individual y lo colectivo, la dimensión grupal de muchos problemas de los ciudadanos y el interés general de la sociedad. El régimen presidencial en nuestra organización política corresponde a una concepción histórica del Estado, a una definición social de sus funciones y a una precisa vocación del orden institucional, en el marco de la división de poderes. Hemos de fortalecer al Estado mediante la democracia y a ésta, a través de la plena observancia del orden jurídico vigente. Manifestamos que la eficacia del gobierno, además de instrumental y de gestión pública, ha de probarse en la capacidad de adecuar el orden institucional en torno a los objetivos de la Nación justa para que el poder sirva a la gente. Actualicemos el marco legal para definir el concepto de seguridad nacional de acuerdo a las nuevas realidades internas y externas del país y siente las bases de una reorganización a fondo de su estructura, a fin de que se puedan conocer con anticipación las amenazas a nuestros objetivos e intereses nacionales, de tal manera que podamos evitarlas y si llegan a presentarse que ocasionen el menor daño posible.

Gobernabilidad y relación entre poderes

Convocamos a un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas para poner al día a las instituciones en el México del siglo XXI. Impulsar las reformas que favorezcan una mejor interrelación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial es inaplazable por la singular relevancia que tiene para nuestra vida política, económica y social, así como para la gobernabilidad del país. Hemos de completar el marco jurídico que asegure un mejor control del poder público, mediante un nuevo régimen de rendición de cuentas. Hagamos realidad el bicameralismo para fortalecer la autonomía de la función legislativa del Estado. Vamos a consolidar el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la preservación del orden constitucional ante los eventuales conflictos que puedan tener lugar entre el Legislativo y el Ejecutivo o al interior de las Cámaras integrantes del Congreso de la Unión. Es urgente instaurar el servicio civil de carrera y asegurar espacios de autonomía técnica de la administración, con el propósito de que la gestión pública no se vea afectada ni por las querellas partidistas ni por las expresiones de la alternancia. El federalismo bien entendido es factor de equilibrio en el régimen presidencial y favorece los balances adecuados entre las entidades y sus peculiaridades regionales.

Sociedad de conocimiento

México está inmerso en forma intensa en el proceso de globalización. En función de este hecho, deberemos transitar hacia una sociedad de conocimiento; hacia una estructura social en la que el conocimiento se usa en forma más directa y continua y, también, en donde sectores cada vez más amplios de la población tienen acceso a actividades que les permitan mejorar sus saberes, habilidades y destrezas. Buscaremos que las empresas privadas y públicas, los trabajadores, las entidades gubernamentales, los mercados de crédito y demás componentes del aparato productivo, tengan capacidad para ajustarse con rapidez a los cambios. Vamos a establecer condiciones favorables para que la sociedad en su conjunto aumente su capacidad de aprender; a desarrollar una fuerza de trabajo más educada y entrenada para aprender en forma continua; a invertir para impulsar el desarrollo y el uso de las ciencias de la información; a ampliar los medios de difusión del conocimiento; a impulsar un sector empresarial tecnificado y más flexible; a reformar las normas para promover con eficacia el mayor uso del conocimiento nuevo, así como los cambios necesarios para su aplicación. Para la sociedad de conocimiento que postulamos, será necesario promover una mayor inversión pública y privada en el desarrollo de las ciencias básicas, ciencias aplicadas y el cambio tecnológico. El Estado tendrá entre sus objetivos hacer posible una mejor y más intensa aplicación de conocimientos nuevos en los campos educativo, laboral, industrial y de desarrollo científico y tecnológico, procurando una adecuada vinculación entre conocimiento y desarrollo de nuestras capacidades productivas. Acceder a la sociedad de conocimiento es dar dirección al cambio que propicia nuestro proyecto de Nación justa. Con la sociedad de conocimiento, el siglo XXI será el siglo de México.

Sociedad informada

El Estado mexicano tiene que diferenciar su papel de emisor institucional de información sobre el interés público y, por otro lado, la coordinación y arbitraje de las distintas tendencias y procedimientos a través de los cuales accedemos a una sociedad informada. La información y la propaganda deben relacionarse con las exigencias primordiales de la sociedad, sus deseos de cambio, aspiraciones y esperanzas, siempre de abajo hacia arriba; han de estar nutridas por nuestra cultura diversa, abierta y plural, sus valores de cohesión y la exigencia de esperanza; han de contribuir a renovar lo que debe ser la Nación justa, por la realización de objetivos comunes surgidos de nuestra experiencia de la historia. Los medios y una comunicación responsable serán los instrumentos para acceder a una sociedad informada, en la que la confianza se sustente en puentes de entendimiento y cercanía entre ella y el gobierno, a fin de asegurar que los comportamientos políticos tengan la legitimidad requerida y las decisiones públicas sean idóneas y oportunas en cada caso.

Una ética para las decisiones públicas

Nuestro proyecto de Nación justa en el siglo XXI reclama una ética de las decisiones públicas basada en la transparencia que, con la participación de los ciudadanos, asegure que todas ellas promuevan los equilibrios económicos, políticos y sociales. Es una ética concreta que surge de la interacción social ordenada, bajo el fundamento de la Constitución y la ley. Es una ética que se prueba mediante las decisiones adoptadas por un gobierno que es diferente por su compromiso de hacer lo que espera y exige la sociedad.

Los siguientes son algunos de los ejes en que se sostiene esta ética de las decisiones públicas:

Las decisiones públicas eficientes deberán prever eficazmente los riesgos que plantea una sociedad compleja y dinámica. Reflexionar sobre los escenarios y las grandes tendencias que plantea el futuro, nos permite construir una visión estratégica para México.

Partido democracia social (PDS)

I. Alianza Programática de Izquierda Democrática

Con base en nuestra Declaración de Principios y en nuestro Programa de Acción, la Secretaría de Construcción Ideológica elaboró un listado con los temas y preocupaciones fundamentales que habría de abordar nuestra plataforma. Con esta primera idea, se buscó entrar en contacto con organizaciones sociales y políticas afines a los postulados de nuestro partido para integrar la llamada Alianza Programática de Izquierda Democrática, mediante la cual, junto a nuestros aliados políticos, intentamos construir una visión plural de los temas que debería contener una oferta política de corte socialdemócrata para México.

De esta forma, desde principios de abril de 1999 comenzamos a sostener reuniones de trabajo programático y conceptual con Alternativa de Organizaciones Ciudadanas, el Consejo Nacional de la Juventud, Diversa, Mujeres y Punto, el Partido del Foro Mexiquense, Praxis Democrática, el Movimiento Nacional de Organizaciones Ciudadanas, Acción Republicana, Alternativa Ciudadana y Prospectiva Política.

Como resultado de este trabajo se obtuvo la Matriz de Alianza Programática, que a continuación se reproduce y que da forma a los ocho compromisos básicos de nuestro partido, de los que se deriva una serie de ejes programáticos con preocupaciones y problemas concretos, a partir de los cuales la Plataforma Electoral Federal habría de construir una agenda de propuestas en materia de políticas públicas, de reformas legislativas y de nuevas propuestas de relación entre el Estado y la sociedad.

Finalmente, el 22 de noviembre de 1999 se firmó la Carta de Intención, documento político en el que las organizaciones antes citadas se comprometen con un programa conjunto de izquierda democrática, que constituirá una Alianza Programática para una Izquierda Democrática para las elecciones federales del año 2000.

II. Talleres de Planeación Participativa

La segunda etapa de construcción de nuestra plataforma, se llevó a cabo a través de los Talleres de Planeación Participativa, que fueron celebrados entre julio y octubre de 1999 en las siguientes entidades: Estado de México, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán, Tamaulipas, Zacatecas, Jalisco, Hidalgo, Chiapas, Sinaloa, Nuevo León y Distrito Federal. La realización de estos talleres estuvo a cargo de las distintas comisiones estatales de Democracia Social en esos lugares y de la Secretaría de Construcción Ideológica.

En estos foros utilizamos una metodología dinámica, basada en la participación de los militantes y simpatizantes del partido en los estados, quienes condujeron una serie de sesiones en las que se plantearon preocupaciones y se jerarquizaron y seleccionaron los temas considerados más urgentes e importantes, para luego exteriorizar demandas concretas y proponer soluciones posibles.

III. Seminario de especialistas

Con el fin de contar con un sustento académico en la Plataforma Electoral Federal, la Fundación Carlos Pereyra, A.C. organizó el Seminario "Repensar a México de cara al 2000", que tuvo lugar del 26 al 30 de octubre, y que contó con la presencia de una amplia gama de especialistas en los distintos temas de nuestros compromisos básicos. Adicionalmente, la participación fue abierta a todo público.

IV. Validación ante el Quinto Pleno del Consejo Político Federal y aprobación en la Primera Convención Electoral de Democracia Social.

La estructura y los avances de la Plataforma Electoral Federal fueron presentados durante los trabajos del Quinto Pleno del Consejo Político Federal y posteriormente ante la Primera Convención Federal de Democracia Social. Gracias a ello, los consejeros políticos federales pudieron conocerla y aportar opiniones, comentarios y puntos de vista para enriquecerla y ampliarla.

Si bien algunas de esas reformas son parte de plataformas y programas partidistas, o han sido introducida por el gobierno obedeciendo a sus intereses y motivaciones prácticas y de corto plazo, su dispersión y su falta de vínculo con un proyecto de reforma integral, han conducido inevitablemente a una acción desarticuladora de las funciones estatales y a la incoherencia del régimen jurídico. En las condiciones actuales, la formulación de ese tipo de reformas, lejos de atenuar los desajustes, los hace más evidentes.

La experiencia actual de México permite establecer que la agenda de la reforma del Estado no puede elaborarse por una sola fuerza política ni por una sola entidad social, ni tampoco entenderse como un acto que ignore los esfuerzos previos por conquistar avances institucionales. La reforma del Estado debe entenderse como un proceso necesariamente multilateral y prolongado que supone asimismo una participación más amplia y compleja que la significada, por ejemplo, el gobierno. El conocimiento del contenido de la tarea exige una amplia discusión entre partidos, organizaciones sociales, personalidades de la vida pública, y estudiosos de las ciencias sociales, El Centro de Estudios para la reforma del Estado pretende contribuir a enriquecer esa discusión.

Catorce años de neoliberalismo han provocado y agravado la pobreza de los trabajadores del campo y la ciudad, la migración campo-ciudad e internacional, la centralización urbana, el desarrollo regional desigual, la restricción de los servicios sociales, la destrucción y contaminación ambiental.

La reforma del estado es una necesidad que en este siglo XXI el país esta demandando, la mayoría de los partidos plantean unos cambios estructurales muy buenos y necesarios para que el país salga adelante y podemos desarrollar todos los recursos tanto humanos como materiales con los que cuenta el país. El problema de este país es que cada seis años se proponen y se proponen cambios para el país pero si de alguna manera se tratan de hacer se enfrentan a que las leyes ya establecidas frenen ese posible cambio y todas las propuestas por las que se eligió a un candidato acaban siendo simplemente teoría, un cuento de hadas madrinas, con el que todos los mexicanos soñamos.

Nuestra opinión es que se necesita cambiar la constitución; una carta magna que contenga todos los reclamos de una sociedad mexicana actual sin dejar a un lado la esencia de la constitución de 1917.

Los cuatro partidos políticos mencionados hablan de soluciones muy parecidas para solucionar los evidentes problemas de México lo que todos nos preguntamos es él ¿Cómo cambiar a un país con un rezago histórico y cultural? Ahora todos estamos esperanzados en que el nuevo presidente electo empiece con la reforma del estado, sabiendo que es un proceso que no se podrá realizar en un sexenio. Todos los problemas del país se encierran en uno solo que es la educación. (discutiendo con Pamela un buen rato a mi punto de vista (Bonfilio) el problema de México no lo va a resolver Fox, van a ver que desde el primero de diciembre cada trapito de Fox, va a salir al sol, la mejor propuesta obviamente es el ingeniero Cardenas).

Las soluciones y propuestas que presentan los partidos políticos son muy convincentes, aunque la mayoría simplemente plantean problemas y muy pocas soluciones, fantasiosas, ahora lo que nos queda ver es como el partido ganador, el señor Vicente Fox, cumpla todo lo que prometió a un país que puso su confianza en el, un país con sede de cambio, un cambio que se tiene que dar ya, pues hay millones de indígenas que esperan que se les cumpla todo lo que se propuso, que se acuerde el gobierno de ellos no solamente en momentos electorales, para ganar mayor popularidad y votos, sino que se acuerden de ellos ahora que empieza el cambio, si hay un cambio y una mejora en la economía, en el respeto pro los derechos humanos, en el respeto de La mujer y que se le dé su lugar, en la educación, se verán beneficiados todos los sectores del país, no solamente una parte, ya sean solamente los indígena o los políticos sino toda la población mexicana, que fue el que voto pro el cambio.

Definitivamente un cambio en la estructura legal, sería aun de las primeras cosas que se deben de hacer tener leyes que estén a la par con el tiempo en el que estamos viviendo, y que encierren todas las demás y las necesidades de todos y cada uno de los mexicanos.

`¿Es algo imposible esto, él poder dar a cada sector del país lo que necesita?

Tengo la esperanza (Bonfilio) de que Fox mejore en algo la situación del país, más creo que es una tarea muy difícil que no podrá realizar, si yo hubiera votado, no hubiera votado pro el, sino pro el ingeniero Cardenas Solorzano.

A mi parecer (Pamela) Fox es una persona capacitada para el gran reto de empezar el cambio, solo que quizá algunas de las maneras se esta perfilando para realizarlas pueden ser una navaja de doble filo. Yo vote por Fox además de que quería un cambio, creo que está capacitado y que tiene un equipo de trabajo para las secretarias de estado muy bueno.

Pusimos todas las propuestas ya que tratamos de sintetizarlas y era imposible ya que todo es importante, gracias a que las analizamos pudimos concluir de la manera en que concluimos.

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