TEMA XV. PROYECCIÓN EXTERIOR DE LOS REINOS OCCIDENTALES.

I.l. Del cobro de parias a la ocupación de Toledo.

La división de al-Andalus a comienzos del siglo XI coincide en el tiempo con la unión de castellanos y leoneses que, unidos, disponían de fuerza militar suficiente para derrotar a los reyes musulmanes, pero la conquista de nada sirve si no es posible establecer guarniciones militares y repobladores que aseguren la permanencia de las zonas ocupadas en manos de los castellano-leoneses, y León-Castilla no disponía de recursos humanos ni siquiera para repoblar la tierra de nadie del valle del Duero, por lo que las campañas de ocupación quedarán reducidas a la zona portuguesa de Viseo y Lamego en época de Fernando I; se preferirán las campañas de intimidación a las de conquista, se ofrecerá ayuda militar a unos reinos contra otros a cambio de parias que llevan implícito el reconocimiento por quien las paga de una cierta dependencia vasallática hacia quien las recibe. El interés de las parias es doble: económico (se convierten en la principal fuente de ingresos de los reinos y condados cristianos) y político (las fronteras del reino protector se extienden teóricamente hasta las del protegido).

Seguro de su fuerza, el rey castellano-leonés no sólo cobra parias por la prestación de servicios militares, sino también por no intervenir, por no atacar los dominios del que paga; no duda en cobrar parias a dos reinos enfrentados entre sí, reservándose el derecho de actuar a favor de uno u otro según sus conveniencias, ni tiene inconveniente en atacar a otro reino cristiano para defender a sus protegidos, para defender sus fronteras. Fernando I apoyó a al-Mamún de Toledo en 1043 contra Sulaymán Ibn Hud de Zaragoza, y veinte años después sus tropas defenderán al rey zaragozano contra Ramiro I de Aragón -hermano de Fernando-, que hallará la muerte en la batalla de Graus, una de las primeras en las que intervino Rodrigo Díaz de Vivar.

Por los mismos años, y tras una campaña de intimidación cuyo prólogo será la toma de Viseo y Lamego (1055), el rey de Badajoz acepta el protectorado castellano-leonés, del que sólo se librará momentáneamente el reino granadino, pues hacia 1063 se sometía al-Mutadid de Sevilla y dos años más tarde Valencia, ocupada por al-Mamún de Toledo con ayuda de tropas castellanas.

En su testamento, Fernando I divide sus dominios y con ellos los reinos de taifas entre sus hijos, reservando Badajoz y Sevilla al rey de Galicia; a León cede Toledo con Valencia, y Zaragoza quedaría para Castilla. En la no aceptación del testamento por el castellano Sancho II influyó sin duda el reparto de las taifas-parias que cortaba la expansión castellana hacia el sur y lo obligaba a orientarse hacia el este en competencia con aragoneses, navarros y catalanes. Renovadas las parias zaragozanas, Sancho intentará recobrar las tierras de Castilla cedidas por Sancho el Mayor a Navarra, y en la guerra Castilla tuvo el apoyo militar de su vasallo el rey musulmán de Zaragoza; una actitud semejante tendrán los reyes de Toledo y Sevilla, acogiendo en sus dominios a los destronados Alfonso VI de León y García I de Galicia.

Reunificados los dominios paternos tras la muerte de Sancho de Castilla y la prisión de García, Alfonso VI mantiene frente a los musulmanes la política de épocas anteriores: apoyo a Sevilla contra Granada al negarse los beréberes a pagar las parias, al tiempo que ayuda a Toledo a ocupar Córdoba, anexionada por Sevilla. El resultado de esta política es un aumento de las parias y con ellas del descontento popular, que adopta formas violentas en Toledo a la muerte de al-Mamún (1075). El nuevo rey, al-Qadir, cede a las presiones de quienes le acusan de exigir impuestos ilegales, expulsa de Toledo a los partidarios de la sumisión a Castilla y se niega a pagar las parias. Sin el apoyo de León-Castilla, al-Qadir fue incapaz de sofocar una revuelta en Valencia, probablemente instigada por los agentes de Alfonso VI, que tampoco fueron ajenos a la guerra entre Badajoz y Toledo, a consecuencia de la cual el reino toledano perdió la mayor parte de las tierras cordobesas (1077) y terminó negociando su rendición a Alfonso VI según hemos indicado en páginas anteriores.

Los ataques almorávides pusieron en peligro la conquista de Toledo, que sin duda habría sido ocupada si los norteafricanos hubieran logrado unir a sus dominios andaluces los reinos de Valencia y de Zaragoza, que mantuvieron su independencia hasta 1102 y 1110. La resistencia de los valencianos (el reino era paso obligado para ocupar Zaragoza) se debió a la presencia en el reino de Rodrigo Díaz de Vivar, cuya historia explica las relaciones entre cristianos y musulmanes, y cuya fama ha superado a la del propio rey.

La vida de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador (c. 1043-1097), tergiversada continuamente por sus panegiristas y detractores, es la historia de un modesto infanzón de Castilla que logra elevarse por su valor y habilidad militar y por la política antinobiliaria de Fernando I y de Sancho II a los puestos más importantes de Castilla, donde halló la oposición de la alta nobleza castellana y leonesa encumbrada tras la subida al trono de Alfonso VI en 1072.

Relegado a puestos de menor importancia durante nueve años, sería finalmente expulsado del reino y se vería obligado a ganar su vida y la de los hombres que dependían de él mediante el alquiler de sus armas a cualquiera que estuviera dispuesto a aceptarlo, fuera cristiano o musulmán, pues entre unos y otros apenas hay diferencias según ha podido comprobar el propio Rodrigo que ha intervenido al lado de los reyes de Castilla en la batalla que costó la vida a Sancho Ramírez de Aragón y en los encuentros entre Sancho II y su hermano Alfonso.

Al servicio de este último participó en las campañas contra los musulmanes de Toledo, Sevilla y Badajoz y apoyó a unos contra otros y contra los cristianos que intentaban obstaculizar el cobro de las parias. Rodrigo es, en suma, un hombre de su época y si en algo se diferencia de sus contemporáneos lo debe a su habilidad como jefe militar. Por ello, cuando Alfonso VI a instigación del conde de Nájera expulsa a Rodrigo, éste ofrece sus servicios militares primero al conde de Barcelona, donde permaneció poco tiempo, y después al rey de Zaragoza, quien lo acepta con la esperanza de librarse de la tutela molesta y onerosa de los reyes de Castilla, Navarra-Aragón y de los condes de Urgel y Barcelona.

En todo caso, siempre sería preferible para el zaragozano tener dentro de su reino alguien capaz de defenderlo que depender de príncipes cristianos que se hacen pagar caros sus servicios, que exigen el reconocimiento de su autoridad y que no dudan en retrasar la ayuda militar debida ni en atacar a su protegido para incrementar la cuantía de los tributos aprovechando los momentos de dificultad: un mercenario es un mal menor. Muerto al-Muqtadir y enfrentados sus hijos al-Mutamín (Zaragoza) y al-Hachib (Lérida, Tortosa y Denia), el Cid permanece al lado del zaragozano y combate a los auxiliares y protectores cristianos de al-Hachib: al conde de Barcelona y al rey de Aragón-Navarra (1082).

El cerco de toledo por Alfonso VI provocó una acción simultánea de los reyes de Zaragoza, Badajoz y Sevilla, que intentaron distraer las fuerzas sitiadoras mediante ataques a las fronteras de Castilla y obligaron a Alfonso VI a intervenir militarmente contra Zaragoza; al parecer, Rodrigo no combatió en esta ocasión contra el rey, lo que no fue obstáculo para que al-Mutamín le renovara su confianza y lo mantuviera a su lado hasta el momento de su muerte en 1085.

La muerte de Abd al-Aziz, rey de Valencia, convirtió a este reino en el centro estratégico de la Península. Alfonso VI aspiraba a imponer como rey al depuesto al-Qadir de Toledo contra los intereses de los reyes musulmanes de Lérida y de Zaragoza, apoyados respectivamente por el conde de Barcelona y por el Cid y en desacuerdo entre ellos. La necesidad de hacer frente al conde barcelonés provoca una alianza indirecta entre Zaragoza y Castilla y una aproximación entre Alfonso VI y el Cid, que será admitido en el reino cuando la victoria almorávide de Sagrajas (1086) obligue a unir las fuerzas castellanas.

El Cid, ahora en nombre de Alfonso VI, se traslada a Valencia para defender al rey vasallo de Castilla. Es probable que sus victorias contra al-Mustaín de Zaragoza -aliado ahora a Berenguer Ramón II- le hicieran olvidar sus deberes hacia su señor; cuando éste requirió los servicios del Cid contra los almorávides en el sitio de Aledo (1089-1092), la ayuda de Rodrigo llegó con retraso. El Cid fue nuevamente expulsado de Castilla y ofreció sus servicios, a título personal, a al-Qadir de Valencia. Cuando éste fue asesinado en 1092 por los musulmanes partidarios de los almorávides, Rodrigo Díaz ocupó militarmente la ciudad y actuó en ella con plenos poderes hasta su muerte en 1099, después de haber logrado establecer una alianza con el conde de Barcelona y con el rey castellano para hacer frente al peligro almorávide. Alfonso VI intentó mantenerse en Valencia tras la muerte de Rodrigo, pero tuvo que abandonar la ciudad después de incendiarla (1102).

El contraste entre los éxitos militares del Cid y los fracasos de Alfonso VI ante los almorávides llamaría la atención de los contemporáneos, especialmente de los castellanos, que habían visto su reino incorporado al leonés y los puestos más importantes confiados a los nobles que acompañaban a Alfonso VI en Llantada y Golpejera y en el destierro toledano; el enfrentamiento entre Rodrigo Díaz y el conde García Ordóñez de Nájera es el símbolo de la oposición entre la pequeña y la gran nobleza, pero también de las diferencias entre castellanos y leoneses, diferencias que aumentarían a la muerte de Alfonso VI cuando los castellanos intentan, sin éxito, controlar el reino mediante el matrimonio del conde Gómez con la heredera del reino, Urraca.

Los años de anarquía que siguieron a la muerte de Alfonso serían propicios para difundir, recreándolas, las hazañas de Rodrigo, que han llegado hasta nosotros en el Poema del Mío Cid. Cincuenta años más tarde, cuando Castilla y León se hallen separados y en guerra, surgirá la leyenda de los Jueces de Castilla que enlaza, curiosamente, con la narración cidiana al hacer a uno de los jueces, Laín Calvo, antecesor de Rodrigo Díaz. Una y otra narración tienen un punto en común: son el reflejo literario de las diferencias entre Castilla y León.

I.2. De Toledo a Las Navas de Tolosa.

La unificación almorávide puso en peligro la estabilidad de las fronteras de León y Castilla, aunque momentáneamente sirviera para incorporar a Castilla ciudades como Santarem, Lisboa y Cintra, cedidas por el rey de Badajoz a cambio de ayuda contra los norteafricanos (1093). La defensa de estas plazas fue confiada a Raimundo de Borgoña, uno de los nobles ultrapirenaicos llegados ante la petición de ayuda por Alfonso VI tras la derrota de Zalaca. La ocupación de Badajoz por los almorávides supuso la pérdida de Lisboa (sería conquistada definitivamente en 1147 con la ayuda de un ejército de cruzados ingleses en camino hacia Jerusalén) y obligó a reforzar la frontera repoblando y fortificando las ciudades del valle del Duero, en poder de los cristianos desde años antes y semiabandonadas mientras su defensa no fue necesaria. Raimundo de Borgoña dirige la repoblación de Zamora, Segovia y Salamanca, y Pedro Ansúrez la de Valladolid (1095) con ayuda de catalanes de Urgel, a cuyos condes veremos actuar en León a lo largo de todo el siglo XII. Por estos mismos años se repoblarán y fortificarán Avila, Ayllón, San Esteban de Gormaz, Iscar, Coca, Cuéllar, Arévalo, Olmedo, Medina... cuyas milicias serán un eficaz contrapeso a la presión de los almorávides, interesados en unificar los dominios musulmanes antes de atacar a los cristianos. Los intentos de recuperar Toledo fracasaron, aunque las tropas de Alfonso VI sufrieron graves derrotas en Consuegra (1097) y en Uclés (1108).

El dominio almorávide fue de corta duración: sus bases se hallaban en el norte de Africa y éste comienza a serle disputado por los almohades desde 1121, y las dificultades almorávides serán aprovechadas por los dirigentes de algunas ciudades para actuar independientemente, para crear los segundos reinos de taifas, y por el emperador Alfonso VII para realizar ataques contra al-Andalus, cuyo fruto sería la conquista de Coria en 1142, Albalat y Mora en 1143, Calatrava, Almería, Baeza y Úbeda en 1147, actuando de acuerdo o en alianza con los taifas, entre los que destacará el rey Lobo de Murcia, que, aliado a Alfonso VII y más tarde a Alfonso VIII, se mantendrá independiente frente a los almohades. La entrada almohade en la Península se debe al llamamiento de una de las taifas y contra los nuevos invasores formarían un frente común los gobernadores almorávides, el rey Lobo y el emperador, quienes consiguieron algunos éxitos momentáneos (incorporación a Castilla de Andújar y Pedroche), contrarrestados por la pérdida de Almería en 1157 y de Baeza y Ubeda tras la muerte de Alfonso VII.

A la muerte de Alfonso VII, las desavenencias surgidas entre sus hijos y sucesores obligaron a descuidar la lucha contra los almohades, y sólo las milicias concejiles y la alianza mantenida con el rey Lobo impidieron una mayor penetración almohade en Castilla y León. Sancho III de Castilla (1157-1158) y Fernando II de León (1157-1188) se ocupan ante todo de resolver los problemas fronterizos entre ambos; tras años de enfrentamientos entre Castilla-León y León-Portugal, en 1165, alejado Fernando II de los problemas de Castilla y firmada la paz de Lérez con Alfonso I de Portugal, ambos reyes inician los ataques contra los musulmanes: el rey leonés ocupó Alcántara en 1166 con la colaboración de Armengol VII de Urgel, y el caudillo portugués Geraldo Sempavor, El Cid Portugués, ocupó entre 1165 y 1168 las plazas de Evora, Trujillo, Cáceres, Montánchez y Serpa y llegó a sitiar Badajoz en 1169.

Ante la imposibilidad de dominar con sólo sus fuerzas la ciudad, Geraldo pidió ayuda a su rey, y contra ambos se dirigió Fernando II para evitar que cortasen la expansión de su reino los portugueses y ocupasen plazas que consideraba suyas. Vencido Alfonso de Portugal en Badajoz, tuvo que renunciar a esta plaza y entregar Cáceres al rey leonés. Geraldo Sempavor fue hecho prisionero y sólo recobró la libertad tras entregar al noble castellano Fernando Rodríguez de Castro, al servicio del rey leonés, las plazas de Montánchez, Trujillo, Santa Cruz y Monfragüe. A raíz de esta victoria, Fernando II se alió a los almohades como medio de mantener sus posesiones frente a Portugal.

Castilla, con graves problemas internos por los enfrentamientos entre los nobles y en guerra con el navarro Sancho VI, que ocupó la Rioja durante la minoría de Alfonso VIII (1158-1214), nada pudo hacer en los primeros años contra los almohades y sólo la presencia del rey Lobo de Murcia al lado de Castilla sirvió de freno hasta 1172 a la expansión norteafricana, e inmediatamente después, en 1173, castellanos y portugueses firman treguas con los almohades para concentrar sus fuerzas contra Navarra y contra León, respectivamente. El sultán almohade, libre de enemigos en el campo musulmán y en tregua con Castilla y Portugal, rompe la paz firmada en 1169 con León y sus ejércitos llegaron hasta Ciudad Rodrigo y recuperaron las plazas extremeñas ocupadas años antes por Fernando II.

A partir de 1176 los reyes de León y de Castilla realizaron continuas expediciones contra los musulmanes; mientras Fernando II saqueaba la zona de Jerez de los Caballeros, Alfonso VIII concentraba sus esfuerzos en la conquista de Cuenca (1177). A esta victoria siguieron numerosas razias de portugueses y castellanos, pero Alfonso VIII tuvo que abandonar la lucha contra los musulmanes para concentrar sus tropas en la frontera leonesa, donde habían surgido nuevamente problemas por la posesión de Tierra de Campos. Concertada la paz entre Castilla y León (1181), Alfonso VIII y Fernando II llevaron a cabo nuevas campañas: el castellano saqueó las comarcas de Málaga, Ronda y Granada, y tomó el castillo de Alarcón; el leonés asedió Cáceres y devastó su campiña. La muerte de Fernando II de León en 1188 puso fin a la aproximación castellano-leonesa.

La mala administración de Fernando II y las continuas donaciones hechas a los nobles para obtener su apoyo en las guerras contra portugeses, castellanos y almohades redujeron considerablemente el poder del monarca leonés Alfonso IX (1188-1230), contra el que se sublevaron algunos nobles dirigidos por la madrastra del rey y apoyados por Castilla. Los problemas internos fueron resueltos en una reunión de nobles, clérigos y representantes de las ciudades (Cortes de 1188). Frente a Castilla, Alfonso IX suscitó una coalición integrada por León, Portugal y Navarra, que obligaron a los castellanos a concentrar sus tropas en las fronteras cristianas y a firmar la paz con los almohades, lo que no evitaría que en Alarcos (1194) Castilla perdiera todas las tierras ocupadas a los musulmanes entre 1181 y 1188.

En 1197, sin embargo, Alfonso IX de León aceptó la paz con Castilla; mediante el acuerdo de matrimonio con Berenguela de Castilla obtenía en dote las tierras fronterizas ocupadas por los castellanos. La disolución en 1204 por imperativos religiosos planteó de nuevo los problemas fronterizos e impidió que León participara en los acuerdos contra los almohades firmados entre Castilla, Navarra, Aragón y Portugal, que obtienen el apoyo del Papa: la guerra contra los musulmanes tendrá carácter de Cruzada y en ella intervendrán nobles europeos. Su resultado fue la victoria de Las Navas de Tolosa (1212), con la que se iniciaba la decadencia y desaparición del imperio almohade, que sólo sobrevive mientras se mantienen las diferencias entre castellanos, leones y portugueses. La firma de treguas entre Alfonso IX de León y su hijo Fernando III, rey de Castilla desde 1217, permitió al leonés ocupar Cáceres tras varios años de asedio (1227), y con esta ciudad cayó la mayor parte de Extremadura en manos de León o de Portugal al tiempo que Fernando III controlaba La Mancha. En estos años, la frontera cristiana pasa del Duero-Tajo al Guadiana-Guadalquivir.

II.1. El reino de Portugal.

El imperialismo castellano-leonés de los siglos XI y XII tiene una doble base: por un lado, es posible gracias a la fuerza militar del reino que le permite imponer su protección a los musulmanes y obligar a los reyes y condes cristianos a declararse vasallos del emperador; y por otro, se basa en el prestigio que da a los monarcas castellano-leoneses el hecho de ser considerados herederos de los visigodos, de encarnar de algún modo el concepto unitario de la Península, idea que refuerza la Iglesia desde fines del siglo XI al conceder al arzobispo toledano el título de primado de la antigua Hispania.

Superioridad militar y herencia visigoda se complementan y se refuerzan mutuamente, pero sin la primera -siempre discutida- la aceptación de la unidad de la Península no pasa de ser una idea carente de valor en la práctica y combatida, de hecho, por los reinos cristianos que a la primacía toledana opondrán los derechos de las metrópolis de Tarragona (Aragón-Cataluña) y Braga (Portugal) anteriores cronológicamente a Toledo, o de la sede apostólica de Santiago-Mérida (León).

La lucha por la independencia portuguesa, que se desarrolla simultáneamente en los frentes eclesiástico y político-militar, tiene precedentes lejanos en los movimientos independentistas registrados en Galicia y el norte de Portugal durante el siglo X, y precedentes próximos en la creación por Fernando I del reino de Galicia así como en la concesión por Alfonso VI del condado portugalense al conde Enrique de Borgoña, casado con su hija Teresa. La concesión, aunque hereditaria, no suponía la independencia del territorio, que sería conseguida, de hecho, durante la guerra civil provocada por el matrimonio de Urraca y Alfonso el Batallador. En la guerra civil Enrique apoya a Urraca o a su hijo Alfonso, según su conveniencia, y se hace pagar los servicios prestados con la entrega de plazas que amplían el territorio del condado. Pero antes incluso de que fuera creado por Alfonso VI el condado de Portugal los portugueses habían demostrado, a través de la iglesia de Braga y del arzobispo Pedro, su oposición a la hegemonía de Castilla representada eclesiásticamente por Toledo. Nombrado conde de Portugal, Enrique comprendió inmediatamente el interés que para el futuro de sus dominios tenía la pugna eclesiástica y logró de Roma el reconocimiento de Braga como sede primada de las diócesis gallegas y portuguesas; a través de la pugna eclesiástica resurgía la antigua oposición entre visigodos y suevos.

Tras la muerte del conde Enrique (1114), Teresa y su hijo Alfonso Enríquez continúan ampliando el territorio del condado, situación que cambia en 1127, cuando Alfonso VII recuerda militarmente la dependencia portuguesa. Desde este año Alfonso Enríquez utiliza el título de infante o príncipe, que cambia en 1139 por el de rey. Alfonso VII reconocería la validez del título en 1143, aunque con las limitaciones y obligaciones propias de un vasallo feudal. Portugal sigue formando parte de León, aunque tenga a su frente a un rey pues éste es vasallo del emperador.

Librarse de la dependencia feudal será el objetivo de Alfonso I de Portugal, que seguirá el sistema empleado por otros reyes y condes: frente al señorío de León elegirá el de la Santa Sede, a la que encomienda el reino y a la que se compromete a pagar un tributo anual; treinta y cinco años más tarde, Roma dará validez legal a la situación de hecho y concederá al monarca portugués el título real (1179), utilizado libremente desde la separación de Castilla y León tras la muerte de Alfonso VII en 1157, pues el monarca portugués considera que su dependencia feudal termina con la vida de su señor. La independencia política fue reforzada con la eclesiástica al unir todos los obispados portugueses bajo la dirección del metropolitano de Braga.

La proximidad a León, al que disputa las tierras del sur en poder de los musulmanes y determinadas plazas fronterizas, convierte a Portugal en aliado fiel y constante de Castilla, a pesar de que Sancho III pactará con Fernando II el reparto de Portugal en 1158. Durante la minoría de Alfonso VIII, Alfonso Enríquez se unió a los Lara contra Fernando II y los Castro y ocupó Toroño y Limia en Galicia; Fernando replicó creando Ciudad Rodrigo, plaza fuerte desde la que atacaría las tierras portuguesas. La creación de esta ciudad, separándola de Salamanca, dio lugar a fuertes protestas de los salmantinos, que no dudaron en ofrecer su ciudad al monarca portugués y declarar la guerra a Fernando II en 1162. La actividad de Geraldo Sempavor en Extremadura enfrentará de nuevo a León y Portugal y los enfrentamientos continuarán en época posterior a pesar de que el monarca leonés para romper la alianza con Castilla firme paces y treguas con Portugal y las ratifique con matrimonios que tendrán la duración que políticamente interese: Alfonso IX, casado con una infanta portuguesa, conseguirá la anulación del matrimonio para casarse con la castellana Berenguela,y tras la disolución canónica de este matrimonio proclamará herederas de su reino a las hijas del primero, para evitar que se unan León y Castilla en la persona de Fernando III, hijo de Alfonso de León y Berenguela de Castilla.

Por otro lado, la vinculación de Portugal a Roma facilitó su independencia y, al mismo tiempo, la puso en peligro. Obtenido el título real y desaparecido el peligro castellano, el rey portugués descuidó sus obligaciones como vasallo de Roma y se atrajo las iras de Inocencio III, convencido defensor de la teocracia pontificia, que exigió en 1198 el pago de los censos debidos desde 1179 y amenazó en caso de no ser obedecido con estimular la alianza de castellanos y leoneses contra Portugal. Asimismo, obligado por la necesidad política o movido por la piedad, Alfonso I hizo amplias donaciones al clero, que se convirtió en la mayor potencia económica de Portugal; la inmunidad de los señoríos eclesiásticos y la excesiva riqueza de sus propietarios lesionaba los intereses de la monarquía que, con Sancho I (1185-1211), intentó reducir el poder del clero. El choque entre ambos se produjo cuando el rey intervino a favor del cabildo en un pleito entre éste y el obispo de Porto, que replicó desaprobando y pidiendo la anulación, por razones de parentesco, del matrimonio del heredero portugués con la infanta Urraca de Castilla.

Los enfrentamientos entre el monarca y el obispo tienen como objetivo último el control de la ciudad cuyos habitantes, dependientes del señorío eclesiástico desde comienzos del siglo XI, aprovecharon, con la ayuda de los oficiales reales, las dificultades del obispo para poner fin a su autoridad y declararse súbditos directos del rey del mismo modo que habían hecho cien años antes los burgueses de Sahagún y Santiago. Roma, en la cumbre de su prestigio, no podía tolerar el despojo de la sede y obligó a Sancho y a sus partidarios a volver a la situación anterior y a hacer nuevas concesiones al clero portugués, lo que daría lugar a nuevos enfrentamientos entre los eclesiásticos y la monarquía durante los reinados de Alfonso II (1211-1223) y Sancho II (1223-1247).

El reinado del primero se inicia con una claudicación ante el clero similar a la que obligaría al monarca inglés Juan sin Tierra a conceder la Magna Carta en 1214 a nobles y eclesiásticos. En las cortes celebradas en Coimbra, Alfonso se vio obligado a reconocer la vigencia del fuero eclesiástico, a aceptar la exención de impuestos concedida por Sancho I al clero y a cumplir los legados hechos por su padre a iglesias y monasterios, precio exigido por Roma para confirmar sus derechos al trono portugués. Los acuerdos firmados en 1211 iban contra los intereses del rey cuyos oficiales, imbuidos del Derecho Romano, intentaron imponer la autoridad monárquica frente a clérigos y nobles a partir de 1218, año en el que se ordenan las inquiriçoes o investigaciones destinadas a conocer los derechos de cada propietario para anular las donaciones que no estuvieran debidamente acreditadas y reducir a temporales las concesiones que la usurpación había hecho hereditarias. El proyecto halló la oposición de nobles y eclesiásticos apoyados en el exterior por los ejércitos de Alfonso IX de León y por el pontífice Honorio III quien, como señor de Portugal, amenazó una vez más con absolver a los súbditos del vínculo de fidelidad, con privar al monarca del reino. La amenaza fue llevada a la práctica unos años más tarde, durante el reinado de Sancho II, al que los eclesiásticos opusieron la candidatura de su hermano Alfonso, conde de Boulogne. Esta candidatura fue abiertamente apoyada por Roma, interesada en hacer una demostración pública de fuerza y conseguir a través del ejemplo portugués la sumisión del emperador alemán Federico II. Como señor de Portugal y dirigente de la Cristiandad, Inocencio IV depuso a Sancho y aceptó el nombramiento de Alfonso después de que éste se comprometiera a guardar los fueros, usos y costumbres del tiempo de su abuelo y a suprimir las modificaciones introducidas por su padre Alfonso II y por su hermano Sancho, quien, abandonado por sus partidarios, tuvo que refugiarse en Castilla.

II.2. La frontera oriental.

La frontera oriental de Castilla tiene una gran movilidad: Sancho el Mayor atribuyó a Navarra tierras originariamente castellanas cuya ocupación así como el control de los reinos musulmanes de la zona da lugar a guerras continuas entre 1054 y 1209. Sancho incorporó a Navarra La Rioja, Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, y a estas tierras se unió la entrega de la Bureba y de tierras próximas a Santandar por Fernando de Castilla a García de Navarra por su ayuda en la guerra con León; en 1054, Fernando intenta recuperar estas tierras tras vencer y dar muerte a su hermano García en la batalla de Atapuerca, y el cobro de las parias de Zaragoza enfrenta al monarca castellano con su hermano Ramiro de Aragón, que hallará la muerte en Graus (1063). Los enfrentamientos se repetirán años después en la llamada Guerra de los Tres Sanchos (Sancho II de Castilla, Sancho IV de Navarra y Sancho Ramírez de Aragón) que se saldó con la devolución a Castilla de la Bureba y de los Montes de Oca (1067). La muerte de Sancho IV de Navarra en 1076 provocó una división entre los navarros que fue aprovechada por Alfonso VI para ocupar La Rioja, Alava, Vizcaya y parte de Guipúzcoa.

El matrimonio de Urraca y Alfonso el Batallador, que había unido Navarra y Aragón, pareció resolver los problemas fronterizos y facilitar incluso la unión de León-Castilla-Navarra-Aragón, y su fracaso retrotrajo las fronteras a la época de Sancho el Mayor, aunque por pocos años: en las paces de Támara (1127), Alfonso VII de Castilla renunció a las conquistas de Sancho II y Alfonso VI, pero siete años más tarde moría el monarca navarro-aragonés dejando sus reinos a las Ordenes militares y su testamento no sería aceptado ni por navarros ni por aragoneses, que eligieron su propio rey, ni por el reino de Zaragoza que aceptó al castellano Alfonso VII, único monarca que estaba en condiciones de hacer frente a los almorávides. El Emperador no tardaría en ceder Zaragoza a Ramiro II de Aragón a cambio de su vasallaje, el de su hija Petronila y el de su futuro marido Ramón Berenguer IV de Barcelona. Fruto de esta colaboración fue el acuerdo de repartirse Navarra, 1140, y García Sánchez salvará el reino declarándose vasallo del Emperador, vasallaje que renovará su hijo Sancho VI en 1151 para contrarrestar el tratado de Tudillén por el que castellanos y aragoneses se repartían de nuevo Navarra y las zonas de influencia en territorio musulmán.

Los lazos feudales se rompen, como en el caso portugués, a la muerte de Alfonso VII y, durante la minoría de edad de Alfonso VIII de Castilla, Navarra recuperó las tierras de La Rioja y llegó a un acuerdo con Aragón para conquistar y repartirse los dominios del rey Lobo de Murcia y Valencia, el principal aliado de Castilla frente a los almohades. Alfonso VIII atacó Navarra y compró la retirada del monarca aragonés con la entrega de las parias pagadas por el rey musulmán. El acuerdo con Alfonso el Casto de Aragón incluía no sólo los problemas peninsulares, sino también del Sur de Francia, donde Aragón-Cataluña se enfrentaba a la monarquía francesa por el control de Provenza y donde Castilla aspiraba a hacer efectiva la dote de la mujer de Alfonso VIII, Leonor de Aquitania, territorio a cuyo control aspiraba igualmente la monarquía francesa.

En la práctica, el perjudicado sería el reino de Navarra, que fue obligado a devolver (1179) las tierras ocupadas durante la minoría. La colaboración castellano-aragonesa dio sus primeros frutos en la toma de Cuenca (1177) y en la firma de un nuevo tratado, el de Cazola (1179), que modificaba el reparto de las tierras musulmanas: Valencia -desde el puerto de Bihar hacia el norte- sería para Aragón-Cataluña, y la ocupación de Murcia sería competencia castellana. Posiblemente se acordó también un nuevo reparto de Navarra, que se repetiría en 1198, en esta ocasión con resultados efectivos: Alfonso VIII ocupó Miranda de Ebro, Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, y años más tarde se apoderaría de parte de Gascuña, para abandonarla poco después al carecer de apoyos en la zona (1208).

Aunque desde el siglo X los reinos occidentales están vinculados al mundo cristiano europeo a través de los monjes cluniacenses y de los peregrinos que acuden a la tumba del apóstol Santiago, sólo a fines del siglo XI puede hablarse de la incorporación de los reinos hispánicos al mundo europeo y lo hacen a través del mundo eclesiástico. Elegido papa en 1073, Gregorio VII se apresuró a recordar a los hispanos que la Península formaba parte de la donación hecha por Constantino al pontífice y que, en consecuencia, debían renunciar a sus rasgos diferenciales, al rito mozárabe, y aceptar el romano.

La medida encontró una fuerte resistencia en el clero local, que logró enfrentar al cardenal Ricardo, legado pontificio, y al monje Roberto, enviado por el abad de Cluny y designado por Alfonso VI para dirigir el monasterio de Sahagún, uno de los más importantes del reino debido a su situación sobre el Camino de Santiago. El nombramiento indispuso al nuevo abad con sus monjes, que abandonaron el monasterio y crearon un estado de opinión contrario a Roberto y al rito romano por él defendido, y del que no tardaría en abjurar para mantener su posición en la corte: para congraciarse con el rey, Roberto se convirtió en el defensor más activo de la liturgia mozárabe, que sólo pudo ser suprimida cuando Alfonso VI, amenazado con la excomunión, se vio obligado a reunir en Burgos un concilio (1080) que, bajo la presidencia del cardenal Ricardo, acordó la adopción de la liturgia romana y puso al frente del monasterio de Sahagún al cluniacense Bernardo, que sería, en 1086, el primer arzobispo de la restaurada sede toledana.

La influencia cluniacense se extiende desde Sahagún a otros monasterios y alcanza a la jerarquía eclesiástica cuando Bernardo es nombrado arzobispo de Toledo, cargo con el que Alfonso VI comenzó a especular en 1080 desde el momento en que llegó a un acuerdo con al-Qadir para la rendición de la ciudad; Alfonso ofreció la sede toledana a García, obispo de Jaca, que abandonó la causa de su hermano Sancho Ramírez de Aragón y se unió al castellano. Pero la sede metropolitana era demasiado importante para que Gregorio VII aceptara el nombramiento de García, cuyo modo de vida no coincidía con la idea que sobre la misión de un arzobispo tenía el pontífice; el papa prohibió a Alfonso nombrarlo y le exigió la búsqueda de una persona más apropiada, haciéndola venir de fuera del reino si en él no se hallara nadie capacitado para desempeñar el cargo.

La presión pontificia, unida a la influencia ejercida sobre el rey por los cluniacenses y por los contingentes militares francos llegados en ayuda del monarca, hicieron que el nombramiento recayera finalmente sobre el abad de Sahagún, al que Alfonso VI concedió el poder judicial sobre todos los clérigos del reino y al que apoyó ante el pontificado para que se le concediera el primado de toda la Península, con lo que el rey castellano se atribuía, indirectamente, un derecho de intervención en los demás reinos y condados.

Desde la sede toledana, Bernardo favoreció el nombramiento de clérigos francos o formados por ellos para las sedes y para los monasterios más importantes del reino y lo consiguió hasta el punto de que, a comienzos del siglo XII, los eclesiásticos francos o francófilos formaban un poderoso grupo político que tendría una participación decisiva en las luchas que siguieron a la muerte de Alfonso VI, luchas en las que intervienen igualmente como protagonistas los artesanos y mercaderes y los grupos militares francos llegados a la Península en los años finales del siglo XI.

La oposición de la incipiente burguesía castellana a la nobleza feudal-eclesiástica que controlaba las ciudades halló en la guerra civil una oportunidad de manifestarse abiertamente y de intentar suprimir los señoríos que coartaban la libertad de los ciudadanos; estos movimientos de rebeldía se producen prácticamente en todas las ciudades castellanas, leonesas y gallegas del Camino de Santiago, son anteriores a la guerra civil y sobreviven a ella, pero sus principales manifestaciones se producen durante la guerra en Sahagún (1110-1115) y en Santiago (1116-1117) donde los señores, clérigos francos partidarios de Alfonso Raimúndez, se oponen a los burgueses, que apoyan a Alfonso el Batallador.

Sahagún es un señorío en el que los vecinos deben al abad un censo anual, están sujetos al monopolio del horno y donde nadie puede vender vino ni comprar paños o pescado antes de que lo hagan los monjes, y contra estos privilegios señoriales se produce la primera revuelta de 1087. Nueve años más tarde, los vecinos de Sahagún lograron suprimir el monopolio del horno y transformarlo en un censo anual, y a la muerte de Alfonso VI consiguieron la supresión del tributo feudal de la mañería, pero el gran ataque contra el poder del abad se produce entre 1110 y 1115 cuando los burgueses anulan los fueros de Sahagún y se conceden leyes nuevas entre las que figura la importante cláusula de que ni el rey ni la reina entrasen en la villa hasta que jurasen guardar las costumbres -los fueros burgueses- que habían escrito y ordenado. No sólo niegan la autoridad abacial sino que aspiran a regirse de un modo autónomo. La vinculación del abad a los grupos eclesiásticos que consiguieron anular el matrimonio de Alfonso y Urraca radicalizó las posturas: los burgueses rebeldes se unieron en hermandad y destruyeron las fincas y bienes de los pocos que habían permanecido fieles al abad, cuyo debilitado poder fue reducido aún más por el nombramiento de un adelantado, de un representante de Alfonso el Batallador, que puso fin a la inmunidad del señorío monástico en el 1111; al año siguiente, el abad fue expulsado de Sahagún y en su lugar se nombró a Ramiro, hermano del rey aragonés, que más tarde sería rey con el nombre de Ramiro II el Monje. La renuncia del navarro en 1114 debilitó a los burgueses, que, divididos y faltos del apoyo de los campesinos, se vieron obligados a rendirse sin lograr sus objetivos. Tras la guerra, la oposición entre burgueses y abades se mantuvo y los monarcas tendrían que intervenir en múltiples ocasiones para poner fin a los tumultos que sólo finalizarían cuando Alfonso X diera, en 1255, un nuevo fuero favorable a los vecinos de Sahagún.

En Santiago de Compostela existía un grupo burgués, económica y socialmente diferenciado del resto de los ciudadanos, que aspiraba con la ayuda de los canónigos a sustituir al obispo al frente de la ciudad o al menos a compartir con él el control de la ciudad enriquecida por la afluencia de peregrinos al sepulcro de Santiago. Por eso, más que de sublevación comunal cabría hablar de lucha por el poder entre grupos privilegiados. La masa de los habitantes de Santiago sólo actuó de comparsa en determinados momentos al lado de los burgueses enriquecidos.

Desde su nombramiento como obispo en 1100, Gelmírez se preocupó de organizar y facilitar las peregrinaciones a Santiago mediante la urbanización de la ciudad, el arreglo de los caminos y puertos, la construcción de naves para combatir a los piratas, la reglamentación de mercados y tiendas, la fijación de peajes y precios y la organización de la estancia y regreso de los peregrinos; para conseguir esta finalidad económico-religiosa reorganizó el cabildo compostelano y fijó las obligaciones de cada uno de los 72 canónigos nombrados.

Algunos, descontentos por la reestructuración del cabildo y por la forma de distribuir ingresos económicos y cargos de gobierno, se opusieron al obispo y especialmente a sus familiares (a su hermano Gundesindo, encargado de la administración y finanzas de Compostela, y a su sobrino Pedro, puesto al frente de los canónigos). Pero el descontento fue acallado por la necesidad de hacer frente al peligro común y de apoyar a Alfonso Raimúndez contra Alfonso el Batallador y Urraca; sólo cuando el Batallador abandone la lucha se producirán los primeros enfrentamientos en los que los descontentos hallarán el apoyo de una parte considerable de los burgueses.

Intrigante y hábil diplomático, Gelmírez osciló entre el apoyo a los partidarios de Urraca y la adhesión a Alfonso Raimúndez. De unos y otro obtuvo importantes privilegios que aumentaban su autoridad y, consiguientemente, la dependencia de los mercaderes interesados en controlar Santiago en su exclusivo beneficio, para lo que necesitaban reducir o anular la autonomía del obispo, contra el que se sublevaron burgueses y canónigos en 1116.

Ambas facciones intentaron atraer a su bando a la reina Urraca, a la que no dudaron en abandonar cuando así les convino. En la pugna por el poder se recurrió a todos los medios sin reparar en su licitud: los rebeldes no dudaron en amotinar al pueblo contra la reina y contra el obispo cuando éste intentó romper el derecho de asilo eclesiástico para apoderarse de los jefes de la sublevación. Durante más de un año los burgueses controlaron la ciudad, nombraron a los funcionarios que habrían de dirigirla y “renovaron las leyes y costumbres”. Una vez más Gelmírez supo maniobrar hábilmente y lograr la unión de los ejércitos de Urraca y de su hijo Alfonso VII ante los que los sublevados tuvieron que rendirse.

Con este acto de fuerza quedaba restablecida la autoridad señorial y dominada la revuelta. Pero tanto la paz social como el acuerdo entre Urraca y su hijo Alfonso Raimúndez eran paces ficiticias ya que los factores de orden social y político que habían desencadenado las confrontaciones seguían presentes en la sociedad compostelana, fiel reflejo del conjunto de la sociedad castellano-leonesa, como demuestra el hecho de que, veinte años más tarde, se produzca una nueva rebelión que, si no llega a conseguir de Alfonso VII la destitución y destierro del obispo -que cuenta con el respaldo incondicional del papado-, sí acredita el fortalecimiento de un sector de la burguesía compostelana que, al igual que en Sahagún, llegará a desempeñar un papel importante en el gobierno de la ciudad.

De todas formas, JOSE MARIA MINGUEZ, siguiendo a PALLARES y PORTELA, hace hincapié en que estas sublevaciones pueden ser tildadas de “burguesas” siempre que con esta denominación no se pretenda asignarles un contenido antifeudal; muy al contrario, las rebeliones de la primera mitad del siglo XII deben interpretarse como una primera y violenta manifestación de la tendencia de los nuevos grupos económicos a integrarse en el sistema y en su estructura de poder. El desenlace podrá verse, según MINGUEZ, siglo y medio más tarde, cuando los descendientes de los líderes de las revueltas del siglo XII compartirán junto con los miembros más destacados de la caballería, con los que acabarán asimilándose, una situación de privilegio asociada al monopolio del poder urbano.

No obstante, con ello, según MINGUEZ, los dirigentes urbanos no sólo acataban implícita pero efectivamente el poder existente, sino que aceptaban el fuero como norma jurídica básica reguladora de la vida en la villa y utilizaban el mecanismo normal que otorgaba vigor al fuero en la estructura del feudalismo: la aprobación regia. Esta actitud está muy lejos, insiste MINGUEZ, de una actitud verdaderamente revolucionaria.