PROPIEDAD INTELECTUAL

TEMA 1 - INTRODUCCIÓN

1. El derecho de propiedad en la Constitución Española y en el Código Civil

La propiedad es en Derecho una institución importante. Un sinónimo es el término dominio, y significa una situación de poder que ostenta alguien y que supone la posibilidad de que el titular del derecho de propiedad pueda actuar a su libre arbitrio.

Se entiende a la propiedad como un poder absoluto, omnímodo, tan importante que el que tiene el derecho parece que puede hacer lo que quiera con su poder, con su derecho.

Esta idea de derecho de propiedad supone que el sujeto va a tener dos facultades fundamentales, que son precisamente a las que se refiere el CC en el artículo 348:

1) El derecho de gozar de la cosa

2) El derecho de disponer de la misma

Este derecho es subjetivo, también nos impone límites (que son los establecidos por la Ley).

En un primer momento el derecho de propiedad se concibió como un poder prácticamente absoluto del sujeto, pero esta es una idea del derecho de propiedad que parece estar más en finales del s. XIX y principios del s. XX que ahora.

Esa idea hay que cambiarla por otra distinta más actual: la propiedad es un poder con limitaciones, es un poder ilimitado salvo excepciones.

Esta idea de poder absoluto de la propiedad hay que cambiarla y llevarla a otro terreno, al terreno basado en la idea de que la propiedad tiene hoy en día que estar de acuerdo con una función social.

El derecho de propiedad tiene que estar coordinado con las razones de interés de la comunidad, que normalmente van a ser ajenas a las del propietario.

Esta es la idea que se recoge en la CE, en la que se está reconociendo en nuestro sistema jurídico el derecho a la propiedad privada, pero al mismo lado no se deja de lado la función social que debe cumplir: art. 33 CE, donde, entre otras cosas, se reconoce el derecho a la propiedad privada, y en el segundo se dice que la función social de estos derechos (dchos. de propiedad y herencia) delimitará su contenido de acuerdo con las leyes.

Es un derecho destinado a fines no individualistas.

El derecho del propietario termina donde empieza la colectividad social, y estará siempre subordinado a la utilidad colectiva.

El Tribunal Constitucional, en alguna sentencia, ha reconocido esta idea de la propiedad como derecho encaminado a satisfacer una función social, entre otras en una de marzo de 1987.

Si ejercemos nuestro derecho individualista sin proteger la función social ni la Constitución ni la Ley nos protegerá.

Esta idea de función social es una idea que ya en el s. XIX existía, porque el propio CC en el artículo 349 permite la posibilidad de privar al sujeto de su derecho de propiedad.

La expropiación es quitarle la propiedad de algo a alguien, despojarle de su propiedad. El derecho de expropiación es muy limitado, y por ello el artículo 349 de CC continúa diciendo que esto se podrá dar en los casos en que existan causas justificadas de utilidad pública, y además a cambio de la correspondiente indemnización (“justiprecio”).

En el 33.3 CE se añade la idea de la expropiación en casos de utilidad pública y también de interés social, con lo que parece que la CE amplía la posibilidad de expropiación.

Los estudiosos de la materia entienden que el derecho de la propiedad es objeto de lo que llaman “reserva de ley”, esto significa que para regular lo relativo al derecho de propiedad hay que hacerlo mediante una ley nacional, emanada de las Cortes Generales, aunque algunos autores han entendido también que el término “ley” podría ser aplicable también a las normas emanadas de los parlamentos autonómicos.

Conjugando los artículos 348 CC y ·· CE podemos llegar a la conclusión de que el derecho de propiedad en cuanto a su contenido se circunscribe a la facultad de gozar y disponer de un bien hasta donde alcance su función social, lo que significa 1º que se sigue atribuyendo la titularidad del derecho de propiedad a los particulares, 2º, que la CE ha prescrito la posibilidad de que el contenido del derecho de propiedad sea distinto en cada caso, en razón fundamentalmente de la diversa función social y por último, y en tercer lugar, la propiedad ha dejado de ser un poder absoluto para pasar ahora a considerarse como un poder coordinado a conseguir fines no individuales.

2. Propiedades especiales

El derecho de propiedad es unitario que nos vale para todo tipo de objetos en principio, sin embargo el concepto de propiedad no sólo ha cambiado en los últimos tiempos, sino que no ha sido el mismo a lo largo de la historia. Ya en el derecho romano se conocían los términos “dominium”, “propietas”, términos latinos que se empleaban para definir distintos tipos de propiedad en relación con las distintas cosas sobre las que recaía.

El derecho romano no tenía una idea de derecho de propiedad unitario como lo conocemos ahora, era más específico.

Algo parecido a esta regulación romana es lo que sucede en el derecho moderno en ciertos aspectos. Se dice en derecho moderno que aún cuando el derecho de propiedad hay que entenderlo como algo unitario, sin embargo, la idea de diversificación del concepto está cada vez más extendida. Se habla ahora más de entonces más de propiedades en plural que de propiedad en singular, porque existen una serie de propiedades especiales que tienen normas específicas y que han supuesto que el CC haya sido desplazado, en parte, ocupando su lugar las leyes sobre una u otra materia.

La especialidad viene dada según el objeto en propiedad, por ejemplo, la propiedad urbana está sometida a especialidades.

Algunos autores han entendido que cuanto más se habla de propiedad y de propiedades se está reafirmando la unidad del concepto, la unidad del derecho de propiedad.

Este derecho siempre va a subsistir un sustrato común válido para todos los derechos de propiedades especiales.

A raíz de la CE se han dictado numerosas normas legales que afectan al derecho de propiedad en algún u otro sentido. Se pueden citar al respecto numerosas normas legales que afectan en algo al derecho de los propietarios, por ejemplo, la ley del agua, la ley de arrendamientos rústicos, la ley del suelo, la ley de propiedad intelectual...

- Diferencias entre propiedad especial y propiedad intelectual:

1) La propiedad intelectual se ejerce sobre una creación intelectual que va incorporada a un objeto material, y la ordinaria se ejerce sobre una cosa y existe una plena identificación entre el dominio y la cosa sobre el que se ejerce dicho dominio.

2) La propiedad intelectual está limitada temporalmente, mientras que el dominio ordinario es de carácter perpetuo.

3) La propiedad intelectual nace del acto de creación de la obra, mientras que la propiedad ordinaria se adquiere por los medios establecidos en el CC (por ley, ocupación, donación o tradición).

4) En la propiedad intelectual existe un derecho moral de carácter personalísimo que no se da en la propiedad ordinaria.

5) La transmisión de la propiedad intelectual es imposible en bloque porque tiene aspectos que no son transmisibles.

6) El derecho de propiedad ordinario fundamentalmente se reduce a facultades de disfrute, mientras que en al propiedad intelectual late la idea fundamental de impedir a los demás una determinada actividad.

3. Concepto de propiedad industrial

Cuando se habla de propiedad industrial hablamos de un tipo de propiedad muy parecido a lo que es la propiedad intelectual. En ambos casos el objeto lo constituye la misma cosa, pero con alguna diferencia. En ambos casos hablamos de algún tipo de creación humana que dependiendo de la finalidad que tenga el creador lo encuadraremos dentro de la propiedad intelectual o de la propiedad industrial. Si el objeto creado pertenece al campo de la cultura, arte, ciencia..., lo tendremos que considerar como objeto de propiedad intelectual. Sin embargo, si aquello que creamos pertenece más al mundo del comercio, la técnica, la industria... nos encontraremos con que estamos ante un objeto de propiedad industrial. Pero en ambos casos los bienes, las cosas sobre las que recae la propiedad se denominan bienes inmateriales, bienes intangibles.

El término propiedad intelectual es un término que en ciertas legislaciones (como la nuestra o la argentina) comprende única y exclusivamente lo que cabría identificar con propiedad literaria, artística o científica. En estas legislaciones sería igual a derechos de autor.

Hay un camino paralelo a la propiedad intelectual que es la llamada propiedad industrial, que tiene como función fundamental la protección de otras creaciones del ingenio humano como los inventos, las marcas tanto de fábrica como de comercio, como por ejemplo los dibujos o modelos de carácter industrial. La protección en este caso se lleva por otra vía.

Esta propiedad industrial dice que los autores que tienen como objeto signos que transmiten información a los consumidores, particularmente en lo relativo a productos que sirven en el mercado y que son posibles de adquirir, en este caso la protección se realiza para evitar el uso sin autorización de dichos signos porque en cualquier caso ese uso no autorizado puede suponer un fraude a los consumidores

La expresión propiedad industrial se ha dicho por la doctrina que es una expresión no del todo lógica puesto que parece que solamente estaría dedicada a proteger aquella materia relativa a invenciones o patentes, porque el término industria parece que va encaminado a esta vía. Parece que no se protegería todo lo relativo a marcas, modelos, dibujos..., puesto que en estos casos parece que es más materia de mercado y de comercio que materia industrial propiamente dicha (es una cuestión terminológica). Lo cierto es que está referida a todo.

Desde el punto de vista internacional, mirando otras legislaciones, y más concretamente en convenios internacionales dictados sobre la materia, existe la idea común de considerar el término propiedad intelectual o a la propiedad intelectual como un concepto más amplio del que tiene por ejemplo en nuestra legislación y que consideraría entonces como incluido dentro del mismo tanto a los productos de las artes o literarios como a las invenciones, marcas, etc...

Ambos tipos de propiedades según nuestra legislación constituyen un tipo de propiedad especial que recae sobre bienes intangibles y que es independiente de su concreción o de su plasmación en bienes de carácter material (la propiedad no recae sobre el soporte, sobre el sustrato, recae sobre la información misma contenida en el soporte).

El concepto de propiedad industrial es un concepto que está íntimamente relacionado con el de propiedad intelectual (incluso subsumido uno en el otro). El art. 2 del Convenio sobre la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual entiende que la propiedad intelectual comprende todo lo mencionado anteriormente, así como todo lo relativo a la protección sobre competencia desleal.

Hay una serie de normas relativas a distintos aspectos de la propiedad intelectual: Ley de Patentes, el llamado Estatuto de la Propiedad Industrial (solamente referido a dibujos industriales y similares), o la llamada Ley de Marcas. Cada una regula una serie de cosas que formarían la Propiedad industrial.

Nuestra legislación establece una clara separación y diferenciación entre uno y otro tipo de propiedades.

El art. 3.2 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que los derechos de autor son independientes pero compatibles y acumulables con los derechos de propiedad industrial que pudieran subsistir sobre la obra.

4. La Propiedad Intelectual

Hay que considerar que la propiedad intelectual o la propiedad industrial son derechos subjetivos de carácter privado y que recaen sobre los bienes inmateriales. Necesitan propiedad intelectual e industrial tener caminos separados para poder llegar a entender cual es el objeto concreto y exacto de cada uno de estos tipos de propiedad. Las creaciones espirituales, de inteligencia humana, no están representadas por ideas sino que estas creaciones son una combinación de distintos elementos perceptibles por los sentidos; en la obra literaria por medio de la palabra, en la obra pictórica por medio del color, los trazos, las figuras..., en la obra cinematográfica por medio de la asociación de imágenes, en los signos mercantiles por medio de la luz de las figuras, de los colores o de las palabras, etc...

Toda idea necesita un elemento sensible donde plasmarse, y hay que diferenciar claramente en la creación espiritual, por un lado lo que es la idea en sí, y por otro lado lo que es la realidad física y sensible que contiene esa idea (sin esa realidad física no podemos transmitir la idea al exterior).

La idea alcanza su verdadero valor y dimensión cuando puede ser apreciada por los demás y no antes.

Es en relación con la finalidad que se pretende donde encontramos una diferencia clara entre la propiedad intelectual y la propiedad industrial.

En la propiedad intelectual la finalidad es mucho más individualista, más personal, más espiritualista; en la propiedad industrial es más comercial, más de contenido económico.

- Contenido de la Propiedad Industrial

Tradicionalmente se ha venido identificando propiedad intelectual con derechos de autor. Sin embargo, esta última expresión hay que entenderla con sentido claramente diferenciado:

a) Derecho de autor en un sentido estricto estaría referido exclusivamente a lo que son las creaciones literarias, artísticas o científicas, llevadas a cabo por su propio creador. El autor de una determinada obra es el propietario de la creación en sí.

b) Derecho de autor en sentido amplio incluiría además de la que se ha dicho anteriormente a otra serie de derechos llamados en nuestra legislación derechos conexos al de autor y con esta expresión se quiere designar a los derechos que tienen otra serie de personas, de agentes cercanos a la propiedad intelectual del autor principal de la obra. Entre estos derechos estarían los derechos que tienen los artistas que interpretan o ejecutan una obra, o los derechos de determinados productores o editores o de ciertos organismos de radiodifusión.

5. Concepto de derecho de autor

Al hilo de lo anterior el término derecho de autor tal y como se contempla hoy en nuestra legislación, y como también se contempla en las normas internacionales sobre la materia, comprendería fundamentalmente dos aspectos:

1) El aspecto patrimonial

2) El aspecto moral

Así se desprende del examen de la Ley de Propiedad Intelectual que en su artículo 2, referente a los derechos de autor, dice que la propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial. Esto es algo que hay que entender como derecho de autor. Se ha discutido sobre si el derecho de autor es un único derecho con dos contenidos distintos (teoría unitaria), o si estamos ante dos derechos separados (teoría igualista). Predomina la teoría unitaria.

Combinando estos dos aspectos se puede decir que el derecho de autor es aquella facultad que tiene una persona para el disfrute y explotación económica de una obra literaria, artística o científica, creada por el mismo, así como el derecho a decidir sobre su divulgación, sobre el respeto a su integridad y sobre las demás consecuencias inherentes a la paternidad de la misma.

Sentencia 91 del Tribunal Supremo: aunque el derecho de autor es inescindible (no se puede dividir), sin embargo, tiene un contenido plural de facultades: las patrimoniales y las personales.

En ese mismo sentido se pronuncian otras sentencias del Supremo.

TEMA 2 - RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1. La Constitución y el derecho de autor

Las creaciones son algo que desde que existen han estado como un elemento más en la naturaleza. Desde que el hombre existe ha creado.

En un primer momento las creaciones se regían por el derecho de propiedad normal y así al que escribía un manuscrito, por ejemplo, era propietario del objeto material que contenía la creación. Como en esos tiempos no había imprenta no había problema de que alguien lo copiara sin permiso. No había un interés jurídico que proteger. Éste interés se produce como una consecuencia del avance tecnológico.

Cuando se inventa la imprenta (mitad del s. XV), se produce una gran transformación en este mundo de las propiedades intelectuales porque es entonces cuando la posibilidad de utilizar una obra creada por un autor es más sencilla. Entonces se plantea regular aspectos relativos a la reproducción de obras (ya sí que había un interés en proteger). Se plantea ya algo distinto al derecho ordinario.

En el derecho comparado y fundamental referido al derecho constitucional, la Constitución de Estados Unidos de 1787 y la Declaración de los Derechos Humanos que se proclamó a raíz de la Revolución Francesa, reconocen ya sin duda el derecho de propiedad intelectual distinto de lo que es el derecho de propiedad ordinario.

Se va propagando un sistema propio de propiedad intelectual que consiste en conceder al autor de una obra el decidir cuando, por quién y de que manera ha de usarse su obra (tiene la paternidad).

En nuestro derecho constitucional español es muy raro encontrar referencias claras y concretas tal y como se entienden hoy en día sobre derecho de propiedad intelectual antes de la constitución vigente (1978).

La Constitución de 1812 (C. de Cádiz), llevaba a cabo una formulación del tema de la propiedad intelectual muy escasa. Se reconocía que todos los españoles pueden escribir, imprimir y publicar libremente sus ideas. Más que un enfoque jurídico de la propiedad intelectual, lo que está haciendo es una idea de carácter político (ya que es una Constitución de carácter liberal: la libertad de expresión está muy lejos del derecho de propiedad intelectual).

Esta declaración política se va a reflejar también en otras Constituciones, como la de 1837 y 1845; en estos textos se utilizan expresiones parecidas a la de 1812: libertad de expresión o libertad de creación artística o literaria. Se acercan un poco más al derecho de propiedad intelectual pero de quedan un poco escasas. Hay que acudir a unas normas distintas a las constitucionales.

1813: Decreto de las Cortes de Cádiz por el cual se reconoce el derecho de propiedad intelectual a los autores durante toda su vida y diez años después de su muerte. Transcurrido ese plazo la obra pasa a ser de dominio público. Es una de las primeras normas que reconoce el derecho de propiedad intelectual. Se establece también en este decreto que solamente el autor, o aquella persona que tuviese el permiso de autor, podía imprimir las obras tantas veces como quisiera.

1823: Se promulga una ley que cambia radicalmente la idea del decreto de 1813 de tal forma que se va a equiparar la Propiedad intelectual con la propiedad ordinaria (= común). Se dice que es lo mismo. Eso trae consigo el que se le prive la característica de derecho temporal a la Propiedad Intelectual, y se considera que los derechos son para siempre (como el que tiene una casa). Esta ley tuvo escasa vida porque en el trienio liberal (1820 - 23). Fernando VII anuló esta ley.

1834: Se publica un reglamento: “Reglamento sobre la imprenta”. En uno de sus apartados relativo a la propiedad y privilegio de autores y traductores donde se va a reconocer a los autores de obras originales, un derecho de propiedad sobre las mismas durante toda la vida y con posibilidad de transmitirla a sus herederos por un espacio de diez años. Vuelve la idea de temporalidad. A lo largo del s. XIX son más frecuentes las medidas prácticas adoptadas para proteger la propiedad intelectual, lo que es el derecho de propiedad intelectual concretado en las constituciones.

1847: Ley de propiedad literaria: se la considera como el primer texto legislativo en nuestro país que reconoce y reglamenta el derecho de autor de una forma ordenada y organizada.

1879: Se promulga una ley de propiedad intelectual que ha estado vigente más de 100 años en nuestro país, y que fue considerada por algunos como una obra maestra de época porque aunque su articulado no era muy amplio, protegía todo tipo de creaciones culturales en la triple vertiente que hoy conozcamos: vertiente científica, vertiente literaria y vertiente artística. Estuvo en vigor hasta 1987.

Se protege a todos los autores que escriban las obras en cualquier soporte (cuando se hizo esta ley no había muchos tipos de soportes).

Esta ley es la más importante en nuestro sistema jurídico sobre la materia de Propiedad Intelectual. En las constituciones de la época se sigue apreciando lo mismo y se habla más de la libertad de expresión (se ve en la Constitución española de 1869 - art. 17 - , 1876 - art. 13 - , y 1931 - art. 34 )

El reconocimiento de derecho de autor en estas constituciones se hace a través de esas expresiones de libertad, de imprenta, pensamiento y expresión.

Constitución 1978: hay un claro reconocimiento del derecho de Propiedad Intelectual y del derecho de autor que ha dado lugar a una interesante polémica al respecto.

Art. 20: enmarcado en un capítulo dedicado a los derechos y a las libertades dentro de la sección primera relativa a los derechos fundamentales y a las libertades públicas. En este encuadre se ordenan los derechos relacionados con la libertad de expresión. Este artículo 20 está regulado juntamente con derechos como el de elegir lugar de residencia (del art.19), o el derecho de reunión del art. 21, o el derecho de asociación del art. 22.

Art. 20, apdo. 1º, letra B: reconoce y protege el derecho a la producción y a la creación literaria, artística, científica y técnica. Este artículo que está reconociendo el derecho de autor ha producido en la doctrina dos posturas enfrentadas al respecto:

- por un lado, una postura considera que el derecho de autor debe ser considerado como un derecho fundamental de la persona, es decir, un derecho inherente a la personalidad.

- otra postura considera que el art. 20 lo que está haciendo es referirse a un derecho genérico, impersonal, y por tanto no podemos considerar al derecho de autor, el derecho de propiedad intelectual, como un derecho fundamental de la persona.

Autores que defienden la primera postura: profesor Bondía o profesor Otero, que dicen que el art. 20, 1ª sección, letra B, reconoce por un lado la libertad de crear obras artísticas y por otro lado está protegiendo el derecho del creador sobre su obra. Estos defensores se apoyan en el art. 27, pto. 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y llegan a la conclusión de que en esa Declaración Universal se reconoce como un derecho humano el derecho de autor. Dicen que la propiedad intelectual es una forma de libertad de expresión, y que si por tanto la libertad de expresión es un derecho fundamental, todo lo que provenga de ese derecho es un derecho fundamental.

La otra tesis, que es la mayoritaria en nuestro derecho, no coincide. Dicen que no debemos confundir los derechos a la creación y producción literaria, artística o científica proclamada en el art. 20 con lo que es la propiedad intelectual, porque según estos autores una cosa es la libertad de creación que se da a todo ciudadano y otra cosa distinta son los derechos sobre la cosa creada.

Los autores entienden que ni la propiedad intelectual ni los derechos de autor, ni la propiedad en general está reconocida en la Constitución como un derecho fundamental sino como otro derecho. Uno de los argumentos en los que se apoyan es la “Ley de Propiedad Intelectual” de 1987. Es una ley ordinaria, es decir, que no es orgánica (no necesita la mayoría absoluta para ser aprobada). Todos los derechos fundamentales de la Constitución necesitan una ley orgánica, y la ley de 1987 no la tiene, luego el derecho de autor no es un derecho fundamental de la persona. Ej. autores: Rodríguez Díaz Picazzo.

Existen otros artículos de la Constitución española que serían aplicables al Derecho de ---------- y otras competencias y funciones de -------------- y que materias son competencia exclusiva del Estado.

Art. 149, apdo. 1, pto. 9º : que establece que el estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación relativa a la propiedad intelectual y propiedad industrial. Es materia por tanto sobre la que sólo el Estado puede legislar. Este artículo es el único que cita el término “propiedad intelectual”.

Art. 10, pto. 2º : determina que todas las normas relativas a los derechos y a las libertades recogidas en la Constitución habrán de interpretarse conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y esto también es válido para la propiedad intelectual.

2. La ley de 1879 y las leyes de 1966 y 1975

Históricamente el régimen normal para imprimir y editar fundamentalmente libros fue en España un régimen denominado “ régimen de privilegio de concesión real”. Así lo ponen de manifiesto algunas normas llamadas “las pragmáticas”, de los reyes Católicos (de 1480 y 1532).

Unas reales órdenes promulgadas durante el reinado de Carlos III acentúan más estos privilegios por concesión real y que están lejos del derecho de autor. Estas reales órdenes (finales 1700) van a regir hasta que en 1813 se dicta un decreto que proclama ya el principio de que la propiedad intelectual es una facultad que está ligada al derecho de libertad de pensamiento. En muchos aspectos se le seguía aplicando a la propiedad intelectual normas de la propiedad ordinaria.

Ley de 1847: es la que consagra definitivamente el derecho de propiedad intelectual y tiene su culminación en la ley con fecha de 10 de enero de 1879 complementada con un reglamento de fecha 3 de septiembre de 1880.

Esta ley de 1879 consagraba el dominio que tenía el autor sobre las obras o productos de su inteligencia. Sin embargo, y debido a la evolución constante de la materia, no pasaría mucho tiempo sin que esta ley, a la hora de aplicarla prácticamente, manifestara sus limitaciones y manifiesto.

Esta ley tenía una principal virtud. Además de ser una ley con un admirable sentido común, había sabido extender su ámbito de aplicación a todo tipo de obras del ingenio humano que estuviesen creados y que pudieran darse a conocer por cualquier sistema conocido o desconocido que se inventara después.

Esta ley de 1879 es muy importante.

Nace con 7 años de antelación a uno de los convenios internacionales que se puede considerar como la Carta Magna interna de los derechos de autor: Convenio de Berna (1896). España es uno de los países que ha permanecido fiel a todas las modificaciones y revisiones de este convenio a rajatabla.

Entre 1879 y 1987 se han ido publicando otras leyes también muy importantes en materia de derechos de autor y que pretendían acomodar los principios que se contenían en ese convenio de Berna a lo que era la realidad social en cada momento.

El legislador publica “Ley de prensa e imprenta” y otra ley relativa a los derechos de propiedad relativos al año 1986.

La legislación más importante fue la llamada Ley del libro, que es de 12 - 3 - 1975. Esa ley en algunos aspectos está todavía en vigor, como lo establece la disposición derogatoria de la vigente Ley de Propiedad Intelectual (una disposición derogatoria es aquella que establece aquellas que quedan sin efecto al promulgarse una nueva ley).

Esta ley del libro era la encargada de regular todo lo relativo a la creación, a la edición, a la publicación. producción y venta de los libros editados en España.

Sin embargo, aún cuando se publican estas leyes, lo cierto es que no fueron suficientes dado el avance que en Propiedad Intelectual se iva produciendo. Las cuestiones prácticas se producían y no había solución teórica.

En 1979, centenario de la Ley de Propiedad Intelectual, prácticamente todos los ponentes, conferenciantes... tienen una idea clara común la necesidad de reformar la entonces vigente Ley de Propiedad Intelectual (1879). Decían que esa Ley se había quedado obsoleta y que había que encaminar medidas a una nueva Ley. Había que hacer un sistema eficaz para hacer frente a las necesidades de nuestro tiempo en materia de Propiedad Intelectual.

3. La Ley de 1987 y sus reformas

Como consecuencia de la intención de 1979 se empieza a poner en marcha la maquinaria para una nueva Ley.

En 1981 aparece el primer proyecto de Ley con Pío Cabanillas de Primer Ministro, que no tuvo éxito y que fue sustituido después por otro proyecto de Ley de 1984 al que le pasó lo mismo.

En 1985 se elabora un anteproyecto de Ley que da lugar a un doble definitivo proyecto en el año siguiente y que va a prosperar convirtiéndose definitivamente el día 11 - 11 - 1987 en la nueva Ley de Propiedad Intelectual.

Se justifican las razones de una nueva Ley:

1º) Existía una primera razón de envejecimiento legal. La ley de 1879 no servía ya para las nuevas situaciones que demandaba la sociedad.

2º) Existía por regla general una insensibilidad social sobre la materia de Propiedad intelectual. En esos años la mayoría de la gente ni sabía ni Quería saber que era la propiedad intelectual o los derechos de autor.

3º) Existía también una necesidad de incorporarse en nuestro país al movimiento de renovación legislativa que se estaba produciendo en la mayoría de los países de nuestro entorno cultural.

Objetivos del Gobierno con la nueva Ley (1987) :

1) Modernizar la legislación, pero no sólo en el sentido de hacer una nueva ley que sustituyese a la anterior, sino que se pretendía además el refundir e incorporar en una sola ley todas aquellas disposiciones legales posteriores a 1879. Con esto se conseguía ordenar, sistematizar, la gran cantidad de normas sobre materia de derechos de autor.

2) Acomodar las normas sobre propiedad intelectual a las circunstancias actuales. Los avances técnicos en la materia producen en ese momento una transformación muy grande a materia de Propiedad Intelectual.

3) Extender las garantías y la protección en materia de propiedad intelectual, no sólo a los derechos de autor en sentido estricto, sino también a otros derechos de propiedad intelectual. Va encaminado a evitar piratería, reproducciones ilegales...

4) Armonizar nuestra legislación con los compromisos internacionales adquiridos por España, bien compromisos que se hubiesen adquirido por vía de Convenio Internacional, o bien compromisos que se hubiesen adquirido a través de tratados particulares que hubiese suscrito a nuestro país con otro/s país/es.

5) Se intentaba articular un sistema de protección de los derechos reconocidos en la Ley a través de lo que se va a denominar “entidades de gestión colectiva”. Hasta ahora el autor se veía desprotegido, tenía que acudir individualmente a hacer las reclamaciones, intentar cobrar... o en su caso por medio de una única entidad que existía que era la Sociedad General de Autores de España. Esta Ley pretende que a la hora de hacer esto se haga de forma colectiva, que los autores creasen sus propias entidades de gestión y defenderse en conjunto.

La nueva Ley de 1987, según los autores, ha supuesto como aportaciones importantes, respecto a la legislación existente sobre la materia, primero que ha venido a sustituir aspectos anticuados, como por ejemplo que para la gestión colectiva de los derechos de autor se pudieran constituir entidades específicas que se encargaran de esas cuestiones, que tenían que tener autorización del Ministerio de Cultura.

El Ministerio de Cultura va a tener unas funciones de vigilancia, de seguimiento, de comprobación de que las actividades que realiza están encaminadas a fines relativos.

Otro aspecto importante que también elimina la Ley es que se deja sin efecto el carácter cuasi constitutivo del registro de propiedad intelectual respecto de la inscripción de los derechos de autor (antes casi se obligaba a inscribir una obra en el registro de propiedad intelectual, porque si no la inscribías en un tiempo determinado pasaba a ser de dominio público y tú dejabas de ser el autor de la obra. Esto cambia con esta Ley, y no es necesario inscribir la obra para tener derechos sobre ella).

La Ley también ha tenido la virtud de retocar o de remodelar algunas figuras jurídicas. Así, por ejemplo, por primera vez en esta Ley de l 87 se recogen de un modo explícito los derechos morales de los autores, diferenciándolos claramente de los derechos patrimoniales de los autores.

Entre estos derechos morales cabría destacar el poder de decidir si la obra va a ver o no la luz y de que forma, por ejemplo, el derecho del autor a evitar cualquier cambio o mutilación de su obra...

Además la Ley también reduce el plazo de duración de los derechos de propiedad intelectual de tal forma que los fija ahora a los 60 años desde la muerte del autor.

Actualmente está fijado en 70 años (modificación de octubre de 1995).

También se fijan una serie de formalidades para la transmisión de este tipo de derechos.

La Ley ha supuesto también el soporte de nuevos elementos que se han ido completando en los años posteriores. Así, por ejemplo, la Ley de 1987 creó la figura jurídica de la obra colectiva, que es la regulada actualmente en el artículo 8.

También se introducen nuevas figuras que provienen del derecho comparado como el llamado derecho de secuencia o también plusvalía del autor de obras plásticas. Es lo que en derecho comparado se llamaba “DROIT DE SUITE”, y que ha sido traducido como el derecho de participación que tienen los artistas plásticos en el precio de la reventa de sus obras.

Otra nueva figura que se introduce es el llamado canon o remuneración compensatoria por copia privada, y su objetivo es compensar a los autores por los perjuicios que se les produce por las fotocopias, las grabaciones musicales y las grabaciones videográficas entre otras.

También protegen en la nueva Ley los programas de ordenador y también se introduce en la legislación por primera vez los llamados derechos conexos o derechos vecinos al de autor bajo la denominación de otros derechos de Propiedad Intelectual.

Por último la Ley de Propiedad Intelectual protege los derechos de Propiedad Intelectual arbitrando, estableciendo sistemas jurídicos de protección tanto en el ámbito civil como en el ámbito administrativo. Lo que no hace es una protección desde el punto de vista penal porque esa vía de protección se la deja al Código Penal, encargado de establecer lo que es delito. En el art. 270 y siguientes del C.P. se establecen los supuestos que se consideran delito en materia de Propiedad Intelectual.

La Ley de 1987 ha sido objeto de varias reformas, entre las que se pueden destacar como importantes las siguientes:

1ª) Una Ley de 7 - 7 - 1992, que se encarga de modificar ciertos artículos de la Ley del 87, como el relativo al derecho de participación, o el del canon por copia privada, o algún aspecto relativo al registro de propiedad intelectual, etc...

2ª) Ley de 23 - 12 - 1993. Tiene por objeto la incorporación a nuestro derecho de una directiva de la CEE relativa a la protección jurídica de programas de ordenador.

3ª) Ley de 30 - 12 - 1994. Se encarga de adaptar a nuestro derecho otra directiva relativa a derechos de alquiler y préstamo en el ámbito de la propiedad intelectual.

4ª) Son dos, ambas con fecha de 11-10-1995, dos leyes distintas que tienen por objeto incorporar directivas de la CEE, una de ellas en materia de plazo de materias de los derechos de autor, que es la que eleva a 70 años la protección de los derechos, y una 2ª ley encargada de dictar normas relativas a la radiodifusión vía satélite y por cable.

4. El texto Refundido de 1996

Texto refundido: texto legal en el que se han reunido todas las normas vigentes sobre la materia.

No supone una Ley nueva, sino la aglutinación de todas las leyes dispersas. Además no es el que íntegramente está en vigor, también ha sufrido modificaciones. La más importante es la que se produjo en 1998 por una ley de 6 de marzo que incorporó una directiva de la CEE relativa a la protección jurídica de las bases de datos.

Los artículos que modifica son los 12, 20, 21, 26, 31, 34, 35, 40 bis, 40 ter, 131, 132, título 8º libro II, 164, disposiciones transitorias 15 y 19 (publicada en el BOE 7/03/98).

Ésta no es la única modificación. Otra se refiere al artículo 145 de la Ley en su último inciso, que ha sido anulado por una sentencia del Tribunal Supremo de 9/02/00.

Por último estaría la que se ha llevado a cabo por la actual Ley de enjuiciamiento civil de 7/01/2000, y ha entrado en vigor este año y afecta a los artículos 25.20, 103, 143 y 150.

El texto legal deja en vigor una serie de normas reglamentarias menores, las cuales se pueden citar:

- Decreto de 1970 que regula la hipoteca sobre películas cinematográficas.

- Decreto de 1972 que obliga a consignar en toda clase de libros lo que se llama ISBN.

- Decreto de 1983 relativo a la renta, distribución y a la exhibición pública y distribución material audiovisual.

- Reglamento de 1988 sobre difusión de películas cinematográficas y otras obras recogidas en soporte videográfico.

- Reglamento de 1990 relativo al precio de la venta de los libros.

- Reglamento de 1991 que aprueba el registro general de Propiedad Intelectual y que ha sido reformado (aunque quedan aspectos vigentes) por otro de 1993 sobre la misma materia.

- Reglamento de 1995 sobre composición y formas de actuación de la llamada Comisión Arbitral de la Propiedad Intelectual.

- Orden Ministerial de 1971 que regula el Instituto Bibliográfico Hispánico

Hay muchos más.

5. Convenios Internacionales. Convenio de Berna

Desde el momento en el que se reconoce a la Propiedad Intelectual como algo importante jurídicamente, la mayoría de los estados se han preocupado bastante porque los titulares de derechos de autor fueran protegidos dentro del estado al que pertenecen y fuera de las fronteras del mismo.

Se han intentado arbitrar diversos procedimientos:

- Criterio de la reciprocidad: lo que hagas tú con los nacionales de mi país lo haré yo con los tuyos.

- Notas diplomáticas: sistemas en el que intervienen los representantes de los distintos países para pactar la defensa de los derechos de autor.

Convenio o tratado internacional: es el más importante, más común y más utilizado.

Los tratados internacionales son muchos y muchos rectificados o celebrados en España. Han sido en muchos casos convenios bilaterales.

Otros convenios serían los multilaterales en los cuales firman conjuntamente muchos países y estos se pueden citar: Convención de Montevideo a la España se adhiere, 1889; Convención interamericana sobre el derecho de autor en obras literarias, científicas y artísticas, intérpretes, organismos de radiodifusión y productores de fonogramas; Acuerdo Europeo para la protección de emisoras de televisión, 1960 y modificado en el 65; y el Convenio para la protección de 65 productores de fonogramas de 1971.

Los más importantes son: El Convenio Internacional de Berna; Convención Universal sobre derecho de autor de Ginebra.

Convenio Internacional de Berna

Se firma en 1886. Ha sufrido multitud de modificaciones: París (1896), Berlín (1908), Berna (1914), Revisa en Roma (1928), Nuevamente revisado en Bruselas (1948), Definitivos retoques en Estocolmo (1967), y la última revisión que dio el acta diplomática de París fue en 1971.

España suscribe este Convenio desde el 5 de diciembre de 1887. Ha suscrito todas las reformas citadas.

Lo más importante de este Convenio es que regula lo que se consideran obras protegidas en materia de derechos de autor y son obras literarias y artísticas (art. 2) que comprenden todo tipo de producciones dentro del campo literario y artístico que incluya las conferencias, alocuciones, sermones, folletos, obras dramáticas, obras dramático - musicales, de coreografía, composiciones musicales con o sin letra, obras cinematográficas o análogos, obras de arte, ilustraciones, mapas, planos, obras topográficas, dibujos, pinturas, grabados, obras fotográficas, etc... (Es una lista abierta a más cosas).

Además establece en el artículo 3 cuales son las personas protegidas por el derecho de autor: los autores de cualquiera de los países de la Unión respecto de sus obras publicadas y los que publiquen en un futuro, y los autores de otros países de la Unión respecto de obras que hayan publicado en un país de la Unión por primera vez o al menos simultáneamente en un país de la Unión y otro que no.

En cuanto a la duración de los derechos comprendía toda la vida del autor y 50 años después de su muerte.

Este plazo ha sido modificado por casi todos los países firmantes, entre ellos España.

El Convenio reconoce fundamentalmente derechos patrimoniales de autor, no obstante recoge el reconocimiento de los derechos morales de los autores con la duración al menos igual que los derechos de autor.

Convenio Universal sobre derechos de autor de Ginebra

Nace en 1952. Se produce con el fin de proteger a todos los autores con un sistema menos riguroso y más flexible que el del Convenio de Berna.

La Convención de Ginebra respeta los principios fundamentales del Convenio de Berna. Se ha considerado como un fortalecimiento del Convenio de Berna.

Principios del Convenio de Ginebra:

- Equipara al creador nacional y al extranjero.

- No necesita el cumplimiento de requisitos formales de carácter registral en aquel país donde se reclame la tutela del derecho de autor.

En el art. 1º declara tuteladas las obras literarias, científicas y artísticas consistentes en escritos, obras musicales, gramáticas, cinematográficas, pinturas, grabados y esculturas.

Curiosamente en este Convenio no se reconoce de forma expresa el derecho moral de los autores.

6. Directivas CEE

Los límites que se imponen a la soberanía estatal para legislar en materia de propiedad intelectual se deriva de la existencia de tratados internacionales en los que se ha transferido de forma parcial la soberanía a otras instituciones.

Hay que partir del hecho de que en materia de propiedad intelectual quien tiene dificultad de legislar son cada uno de los estados y lo que hace la CEE es establecer una serie de directivas encaminadas fundamentalmente a armonizar la legislación dentro del ámbito de la comunidad.

Estas directivas de la CEE cabe destacar la contenida en el llamado libro verde de la comunidad de 1991 que se refería a la protección de los programas de ordenador. Esta fue incluida en nuestra ley en 1993, y a esta le han seguido las del 94, 95 y la última la del 98.

Todas estas directivas han armonizado toda la legislación en la CEE, y hay varias propuestas de directivas, y en su caso de incorporación al derecho español en las que cabe destacar:

- Propuesta modificada de directiva, 98, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de la obra de arte original.

- Propuesta directiva, 99, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y los derechos afines dentro de la sociedad de información.

TEMA 3 - OBJETO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Creaciones: el art. 10.1 LPI

Aunque se ha querido asimilar el derecho de autor al de propiedad en general hemos visto que no tiene nada que ver..

La principal diferencia radica en el objeto en el que recae el derecho de autor. Esta es la obra intelectual.

Ni la ley de 1879, ni el CC que regula la propiedad intelectual, establecían concretamente criterios para establecer que es una obra intelectual. Lo que sí hacía a ley de 1879 era considerar que para que exista una obra intelectual debía darse una actividad humana manifestada al exterior y que tuviera carácter creativo.

La ley del 96, al igual que la del 87, en el art. 10.1 establece una ------- concreción de lo que es el objeto de la propiedad intelectual. Considera que es obra toda la creación humana original que se exteriorice en una forma novedosa por cualquier medio o soporte tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro.

La obra en este sentido ha de constituir un producto concreto que sea perceptible por el ser humano a través de cualquier medio que nos permita materializar su existencia. Por tanto para que sea protegible no basta con crearla, además habrá que realizarla o también habrá que ejecutarla (materializar la creación).

Quedan excluidas de la protección de derecho de autor las meras ideas porque según el profesor Quintano [et al], que por espiritualista y moral que pretenda ser la propiedad intelectual siempre tiene que tener un sustrato fáctico en el que manifestarse al exterior (libro, partitura, lienzo, disco, CD...) Los pensamientos quedarían fuera de la protección del derecho de autor. También lo dice así la jurisprudencia del Supremo, que en sus sentencias establece lo mismo.

Por otra parte la obra tiene que ser producto de la inteligencia, del ingenio o de la invención del hombre. Tiene que caracterizarse por la originalidad de la creación. Se dice entonces que la obra tiene que aparecer como novedad en el sentido de distinguirse de cualquier cosa anterior.

Este concepto de originalidad está en contradicción con la legislación internacional en el sentido de que existe solamente protección para la obra original e inédita mientras que otros derechos de días conexos parece que podrían quedar fuera de ese concepto de obra original.

Características principales de las creaciones:

- Debe tratarse de creaciones humanas en el sentido de ser producidas por el ser humano consciente y voluntariamente.

- Dichas creaciones tienen que ser originales en el sentido de que tienen que constituir algo novedoso, inédito. (Originalidad objetiva y subjetiva).

- Deben ser de carácter literario, artístico o científico.

- Es independiente el elemento sensible sobre el que esté fijada la idea. Lo que ese elemento sensible necesita es tener una materialidad en el sentido de que no necesita ser algo tangible, bastará con que sea perceptible por los sentidos. Este elemento puede ser cualquiera conocido o cualquier otro hoy desconocido o que pudiera inventarse en un futuro.

2. Obras literarias y artísticas

El artículo 10 establece que el objeto de la propiedad intelectual son este tipo de obras, siempre que se den los requisitos anteriores. Sin embargo, ni el art. 10 ni ningún otro establece una definición de lo que son obras de tal carácter. Pero aún cuando no define lo que sí que hace el art. 10 al igual que la legislación anterior es un criterio de enumeración, de los supuestos comprendidos dentro del mismo. Al igual que hace el Convenio de Berna, muestra, establece una lista abierta y no exhaustiva de diversos tipos de obras de ingenio humano. Se pueden considerar obras literarias y artísticas a:

- libros, folletos, impresos, conferencias, discursos y cualquier otra obra similar.

- Composiciones musicales de todo tipo, ya sean con letra o sin letra.

- Todo tipo de obras teatrales.

- Obras cinematográficas o cualquier otra obra audiovisual.

- Esculturas, pinturas, dibujos, tebeos, comics, grabados y en general cualquier otra obra plástica.

- Proyectos, planos y maquetas de obra de ingeniería o arquitectura.

- Gráficos, mapas, diseños topográficos, geográficos o científicos.

- Fotografías y sus análogos.

- Programas de ordenador.

3. Casos especiales: obras plásticas, obras audiovisuales, programas de ordenador, las bases de datos.

Obras plásticas

La ley de propiedad intelectual no contiene un concepto de lo que debe entenderse por obra plástica. Si examinamos los artículos de la ley comprobamos que la terminología es muy variable, por ejemplo en el art. 10 se habla de obras plásticas, en el art. 20 se utiliza la expresión obras de arte, y en los arts. 24 y 56 se habla de obras de artes plásticas.

Se han puesto de acuerdo en que una obra plástica sería aquella que muestra el contenido estético mediante formas, líneas, volúmenes o colores.

El único requisito que se exige es que estemos ante una obra de creación original. Aplicando el criterio subjetivo de originalidad, las mismas copias de una pintura o escultura ya existente y que no se haya obtenido por medios mecánicos puede considerarse como una creación original y por tanto ser objeto de protección.

Lo que no constituyen obras plásticas son los objetos no creados por el hombre. Lo que sí que es igual es la naturaleza del material empleado por el artista para su realización.

Tampoco se tienen en cuenta el grado de realización de la obra artística, por ello son protegibles los esbozos, las maquetas, las pruebas, que por sí mismas pueden ser consideradas como obras susceptibles de protección.

La protección que hace la ley respecto a la obra plástica no tiene en cuenta el contenido estético de la misma, por que este es un requisito muy subjetivo.

Por cuestiones prácticas algunas legislaciones han circunscrito la protección de obras plásticas a aquellas que pueden ser obras de calidad reconocida. En nuestra legislación no existe esta diferenciación.

El destino de la obra también carece de importancia. La obra creada puede ser un objeto de utilidad o puede ser sólo para adornar... Las obras que realizan ciertos oficios (cerrajeros, orfebres...) También serían obras plásticas, si bien reciben la denominación de obras de artes aplicadas y lo único que ocurre con ellas es que tienen un régimen especial de regulación en algunos aspectos. Por ejemplo, no se les aplica el derecho del art. 24 de la LPI (derecho de participación).

La noción de obra plástica es muy amplia, incluso ha llegado a decir que dentro de este concepto cabría incluso, como forma de expresión artística, las obras cinematográficas y de video, porque este tipo de obras también son creaciones intelectuales expresadas a través de líneas, imágenes... Sin embargo, el tener un concepto tan amplio de obra plástica no es bueno para nuestra legislación. La propia ley no quiere incluir a las cinematográficas y de video como obras plásticas ya que les pone una regulación especial.

La LPI hace un uso restringido de la expresión obra plástica, y podríamos extender obras plásticas como aquellas que se recogen en el apartado E del art. 10 -------- de la Ley, que habla de las esculturas, las obras de pintura y dibujo, los grabados y litografías y todo tipo de historietas gráficas, así como de sus ensayos o bocetos, y también las demás obras plásticas, sean o no aplicadas.

En el apartado F, que se refiere a los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras de ingeniería y arquitectónicas, también se ha considerado que son obras plásticas, e incluso el contenido en los dos apartados siguientes, el G y el H, entre los cuales están mapas, gráficos, diseños topográficos, etc. o las fotografías y análogos.

Algunas obras que no están expresamente establecidas en la ley, como determinados edificios o construcciones, también podría considerarse obra plástica, así lo entienden muchos especialistas en la materia, como los profesores Bondía y Rodríguez Tapia (estos no consideran las fotografías como obras plásticas).

Obras audiovisuales

El medio a través del que se plasma la obra la obra audiovisual es la imagen que se proyecta al exterior de esa obra

Def: Aquellas creaciones originales expresadas mediante una serie de imágenes asociadas que den sensación de movimiento y tengan o no incorporada sonorización y que sean perceptibles únicamente por un procedimiento técnico.

El problema que se plantea es que las imágenes pueden ser obtenidas por gran diversidad de personas. En la obra cinematográfica intervienen intérpretes, director, encargados de hacer decorados... Se plantea a quien le pertenecen los derechos de propiedad intelectual de la obra cinematográfica.

La respuesta requiere que nos paremos a ver cuál es la labor intelectual de los sujetos que intervienen en la obra audiovisual. La persona responsable y que toma la decisión de asociar las imágenes, el autor de las secuencias y el orden es el director realizador de las mismas.

Sin embargo ese derecho del director a poner las imágenes como quiera choca con el argumentista de la obra, porque muchas veces el director está obligado a concatenar las imágenes de una determinada forma. A los guionistas la ley también los considera creadores de la obra audiovisual. Lo que ha hecho la LPI es en el art. 87 dar una solución en el sentido de crear en la obra intelectual audiovisual una especie de lista (corta) de números abiertos que intervienen y se les considera creadores de la obra en su conjunto. En el art. 87 dice que se consideran autores:

1º- El director realizador de la misma.

2º- Los autores del argumento, de la adaptación, del guión o de los diálogos.

3º- Los autores de las composiciones musicales, con o sin letra, y que hayan sido creadas para esta obra especialmente.

La ley encuadra a estas obras audiovisuales dentro de lo que llama en el art. 7 “obras en colaboración”. Entonces la obra va a pertenecer a todos y cada uno en el porcentaje que ellos hayan establecido previamente. En el caso de que ellos no hayan establecido nada al respecto todos los descritos serán autores en igual porcentaje por aplicación de las normas del CC sobre la comunidad de bienes. Esto no significa que los demás que intervienen en la obra no tengan aportación creativa, e incluso en muchos de los casos las obras que crean cada uno de estos profesionales son protegibles por la LPI.

La LPI establece aplicable también a las obras radiofónicas las normas relativas a las audiovisuales y cinematográficas (en lo que le sea aplicable).

Los programas de ordenador

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el programa de ordenador o programa de computación es un conjunto de instrucciones que cuando se incorpora a un soporte legible porque cuando se incorpora a un soporte legible por máquina con capacidad para el tratamiento de la información indique, realice o consiga una función, una tarea o un resultado determinado.

Fue una directiva comunitaria......................................

El programa de ordenador, como conjunto de instrucciones que es, es un producto de la inteligencia humana y por eso necesita ser protegido como cualquier otro tipo de obra, o más porque en este ámbito es relativamente fácil copiar o reproducir los programas y a un bajo costo.

La protección legal se realiza en los arts. 95 y siguientes de la ley, adaptados ya a la directiva de la CEE del año 91 al respecto. (93 en nuestro derecho). Se ha incorporado al programa de ordenador dentro del campo de las obras literarias y comprende en su protección tanto al programa en sí como también a toda la documentación preparatoria del mismo, e incluso también se protegen los manuales explicativos referentes al uso del programa.

Lo que no se protege por la ley son aquellos programas cuya finalidad sea producir efectos nocivos en un sistema informático (se consideran ilícitos por su fin). Esto es algo novedoso porque la LPI no había tenido en cuenta la licitud o ilicitud de la obra.

La protección de los programas de ordenador se realiza respecto del programa de ordenador original. Surge otra vez el problema de la subjetividad.

Sin perjuicio de esto cada versión sucesiva del programa puede tener también a su vez protección como creaciones originales.

La protección de los programas de ordenador que realiza nuestra LPI es desde el punto de vista intelectual, y es una protección distinta e independiente de la que pueda resultar por aplicación de normas sobre la Propiedad Industrial de tal forma que un programa de ordenador puede tener una doble protección:

1) como obra de la inteligencia, original, creativa, etc... (por la propiedad intelectual).

2) en su caso, el que le otorgara la ley de propiedad industrial.

Las bases de datos

Consisten en una colección o compilación de informaciones almacenadas en un soporte magnético accesible por ordenador. La LPI en su art. 12 considera a efectos de la legislación sobre la materia como bases de datos todo tipo de colecciones, tanto de obras, de datos, o cualquier elemento independiente que esté dispuesto de manera metódica o sistemática o accesible individualmente a través de medios electrónicos o similar.

Esta definición es producto de la directiva de la CEE que ha dado lugar...................... Ley 98 de 6 de marzo.......................

Las bases de datos pueden tener dos niveles de protección:

1) la referida a la protección de los datos, la protección de los elementos de la base de datos.

2) la protección de la colección como tal.

En muchos casos los elementos que contiene la base de datos puede que no estén protegidos, por ejemplo las leyes no son objeto de la propiedad intelectual. Una ley es de dominio público y no está protegida, pero sin embargo la base de datos en su conjunto si está protegida. La base de datos siempre va a tener protección porque es un producto de la inteligencia humana (aunque sus datos no estén protegidos).

Las bases de datos están protegidas como compilaciones por el propio convenio de Berna en su art. 2º cuando habla de colecciones de obras artísticas y literarias tales como enciclopedias y antologías, obras que en este caso, por la selección particular de componer la materia constituyen creaciones intelectuales protegibles, sin perjuicio de los derechos de los autores que forman parte de la obra.

Existe una necesidad a la hora de elaborar una base de datos de pedir y de obtener la correspondiente autorización del autor de la obra que se pretenda incluir en la base de datos para poderla incluir, e igualmente si la base de datos va a contener algún tipo de resumen o modificación de la obra hay que pedir también la oportuna autorización.

Si las obras no están protegidas no será necesaria autorización alguna.

4. Exclusiones de la protección. El artículo 13. Los protocolos notariales

El art. 10 de la LPI era el que establecía los supuestos objetos de protección del derecho de autor, y se refería a las obras y creaciones originales.

Ademas de eso la LPI establece en otros dos arts., los arts. 11 y 12, una protección expresa de lo que llama obras derivadas (de las originales).

También la LPI protege en el libro 2º los derechos conexos o derechos vecinos.

Sin embargo, no todo tipo de creaciones están protegidas por la LPI. Todo lo que no son creaciones originales, derivadas o derechos conexos están excluidos de protección (criterio general).

La LPI establece supuestos más concretos en los que podrían plantearse dudas sobre si son objeto o no de protección.

Uno de los primeros casos de exclusión es el referido a las leyes o reglamentos y también sus proyectos.

El art. 13 establece que no son las leyes ni reglamentos objeto de propiedad intelectual, pero no porque no sean productos del intelecto sino porque la ley los excluye expresamente.

La misma norma que excluye a las leyes también excluye de la aplicación de la ley a todo tipo de resoluciones de los órganos jurisdiccionales, así como también están excluidos todo tipo de actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos. También son producto de la creación intelectual, pero también es la ley la que expresamente excluye de protección a estos supuestos.

Además se excluye también de la protección las traducciones que de forma oficial se realicen de cualquiera de los textos citados anteriormente.

Otro problema distinto se plantea respecto de los llamados protocolos notariales. Los protocolos fundamentalmente son aquellos libros ordenados y numerados que llevan los notarios en sus notarías y en los que se recogen las distintas escrituras, actas y determinados documentos que se han realizado en la notaría. Podríamos pensar que al tratarse de una especie de colecciones, que dichos protocolos o la forma de “crearlos” pudiera ser objeto de protección en materia de propiedad intelectual.

Lo cierto es que tenemos que ir al contenido de esos protocolos, y ahondando en ese contenido vemos que está formado por actos en los que se recogen fundamentalmente hechos o manifestaciones de determinadas personas y que en ningún caso tienen el carácter de verdaderas creaciones literarias. Además los notarios, en cierto modo, participan de una especie de carácter público, o al menos, en muchos aspectos están sometidos a un sistema de publicidad restringida que ya de por sí es una protección de los mismos aunque no a los efectos de la LPI.

Por último también quedarán excluidos de la protección aquellas obras que pertenecen al dominio público porque la LPI en el art. 41 establece que estas obras pueden ser usadas por cualquier persona. En este caso hay que distinguir claramente respecto de derechos patrimoniales o de explotación y de los derechos morales o personalísimos, porque con relación a los primeros derechos la exclusión que hace la ley es total, pero respecto del segundo aspecto la exclusión de protección es sólo parcial porque en dichas obras se sigue protegiendo el reconocimiento de la condición de autor, así como también la integridad de la creación, que supone a su vez el no permitir que en la obra se realice ninguna modificación, deformación, alteración, que pueda suponer un perjuicio para el autor o un menoscabo de su reputación.

5. Objeto de otros derechos de propiedad intelectual

Aparte del derecho de autor existen otros derechos que no son los comprendidos en los arts. 10, 11 y 12 que también son objeto de los derechos de protección. En este apartado nos referimos a los contenidos en el libro 2º de la LPI, y después en ñas llamadas obras derivadas, también objeto de protección.

Entre los derechos contenidos en el libro 2º (derechos conexos) encontramos una enumeración en varios apartados separados y diferenciados en los que se protegen los siguientes derechos:

1º - se van a proteger los derechos de los llamados artistas, intérpretes o ejecutantes (se encargan de llevar a cabo la interpretación de una determinada obra).

2º - derechos de los productores de fonogramas.

3º - derechos que tienen los productores de las grabaciones audiovisuales.

4º - derechos de las entidades de radiodifusión.

5º - derechos para la protección de las meras fotografías (aquellas fotografías que no tienen la categoría de obras).

6º - los derechos para la protección de determinadas producciones editoriales.

7º - los derechos de los titulares de las bases de datos.

En cuanto a las obras derivadas se puede entender que son aquellas obras originales, de carácter literario, artístico o científico, y cuya forma de expresión es precisamente la reelaboración de una obra preexistente.

La obra derivada surge fundamentalmente de transformar una obra anterior o incluso de reproducir, total o parcialmente, esta obra añadiendola algún elemento nuevo, distinto del que tenía la obra original.

Se ha dicho que la obra derivada , al ser creativa supone el tener un valor añadido respecto de la obra preexistente, por eso el cambio de forma tiene que ser un cambio de cierta entidad que permita apreciar que ha existido esa labor creativa.

En cuanto a la originalidad, este aspecto plantea más problemas cuando se trata de obras derivadas. En este caso debemos entender el término originalidad como aquel rasgo personal sustantivo que cada autor plasma en sus obras. No serían identificables la originalidad con la novedad.

La mayoría de los textos legales en materia de propiedad intelectual incluyen en su articulado una serie de supuestas de obras que estarían incluidas dentro de la categoría de obras derivadas. En el caso de nuestra ley, en el art. 11, se establece un listado de obras que viene a ser el generalmente utilizado como catálogo de obras derivadas, sin perjuicio de la enumeración que después hace el art. 12 de esta misma ley.

Art. 11: dice que son objeto de propiedad intelectual, en concepto de obras derivadas:

1. Las traducciones y adaptaciones de otras obras.

2. Las revisiones, actualizaciones y anotaciones.

3. Los convenios, los resúmenes y los extractos de otras obras.

4. Los llamados arreglos musicales

5. Cualquier transformación de una obra literaria, artística o científica.

A estas obras del art. 11 habría que añadir a las que se refiere el art. 12, que son las colecciones de obras ajenas, como las antologías o las bases de datos.

El Convenio de Berna, en el art. 2º, también determina que estarán protegidas como obras originales, sin perjuicio de los derechos que corresponden al autor de la obra original, las traducciones, las adaptaciones, los arreglos musicales y las demás transformaciones de obras literarias o artísticas.

Podemos establecer tres categorías de obras derivadas atendiendo a su originalidad:

1ª categoría: de obras originales a la vez por su composición y por su expresión. Sería el caso de la transformación de una obra de la que nace otra de género diferente al de la obra original. Ej. El guión de una película cinematográfica basada en una novela.

2ª categoría: las obras originales solamente por la expresión. Sería el caso de las traducciones.

3ª categoría: obras originales solamente en cuanto a su composición. Por ejemplo el caso de las colecciones, de las antologías de obras.

Las obras derivadas como provienen de otras obras, necesitan siempre para ser obras lícitas la autorización del autor de la obra original. Solamente en el caso de que la obra pertenezca al dominio público no será necesaria autorización alguna para la realización de esa obra derivada. Tampoco se necesitará autorización del autor de la obra original para hacer una obra derivada si la obra original es también del mismo autor (es decir, de la persona que quiere hacer la obra derivada). Sólo si está aún en poder de los derechos de autor porque a lo mejor se los ha vendido o cedido a alguien).

Sin la autorización procedente no podemos hablar de obra derivada lícita y por tanto esa obra derivada no tendría la protección de la LPI.

Para poder explotar económicamente una obra derivada se va a necesitar obligatoriamente y por regla general las autorizaciones tanto del autor de la obra originaria como del autor de la obra derivada. Faltando uno de estos dos permisos, el explotador económico de una obra derivada corre el riesgo de cometer un acto ilícito y de que se la pueden exigir las oportunas responsabilidades por ello.

TEMA 4 - SUJETOS: AUTORES Y TITULARES DE DERECHOS

1. La condición de autor. Presunción y pruebas.

Como norma general el sujeto de la relación jurídica materia de la propiedad intelectual es precisamente el autor. El autor es aquella persona que lleva a cabo la tarea humana y personal de creación de la obra. Se considera al autor como núcleo esencial objeto de protección de la LPI. Junto al creador pueden aparecer también otras personas titulares de derechos, reconocidos en la ley y que en la mayoría de los casos van a resultar fundamentales para una interpretación de la obra, para una ejecución de la obra, para una difusión de las obras, etc.

Si nos ceñimos a los autores propiamente dichos, el art. 1º de la LPI consagra el principio de que el derecho de autor corresponde al creador de la obra por el simple hecho de la creación. La propia Declaración de Derechos del Hombre en su art. 27 va a otorgar derechos a los autores sobre sus creaciones. La CE en el art. 20 establece el derecho a crear de todas las personas.

El art. 1º de la LPI al decir lo que dice ya está excluyendo la posibilidad de que se exija ningún acto de carácter formal para que se considere a una persona autor.

No es necesaria ni tan siquiera una declaración de voluntad del creador. En el art. 5, punto 1º de la LPI se establece que se considera autor a aquella persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica.

(ðAutores: sólo personas naturales pueden serlo)

Persona natural: Es una persona física. Es el individuo, la persona entendida como uno. El derecho hace esta distinción para diferenciarlas de las personas jurídicas (conjunto de personas que a la hora de actuar actúan como una sola persona (Ej. una entidad). Este artículo 5 nos dice que el acto de crear, y por tanto la condición de autor, solamente la pueden tener las personas naturales, única y exclusivamente, porque el arte de creación sólo lo tienen las personas naturales y las personas jurídicas no tienen esa condición de inteligencia. En el apdo 2 también establece la posibilidad de que sea autor una persona jurídica. Dice que de la protección que concede esta ley al autor también se podrá beneficiar de ---------------------

El único caso, o uno de los pocos en que en el libro 1º se puede considerar autor a una persona jurídica, al menos a los efectos de protección de la ley, sería el caso de la llamada obra colectiva del art. 8 de la LPI.

En el caso del libro 2º, si bien no podemos considerar a los titulares del libro 2º como autores en ese caso, en muchos supuestos se reconoce a personas jurídicas como titulares de derechos de PI.

Partiendo de esta regla general de que ? la LPI establece lo que se denomina “presunción de autoría” sobre la obra creada. Esta presunción viene a establecer que aquella persona que aparezca en la obra como autor de la misma será el que tenga todos los derechos sobre dicha obra.

El autor puede aparecer de muchas maneras en la obra, como por ejemplo estampando su firma en la obra, poniendo su nombre en la misma. En definitiva, como dice el art.6, como nombre, firma o signo identificativo del autor. Si eso no es cierto, el que quiera destruir esa presunción legal tendrá que probar que no es el verdadero autor (“prueba en contrario”). Se recomienda a los autores que estampen algo a las obras que creen.

Puede suceder, sin embargo, que la obra que ha sido creada salga bajo pseudónimo o bien de una forma anónima, ¿a quién corresponderían los derechos de autor?. La ley en este caso establece también una presunción diciendo que el ejercicio de los derechos de PI va a corresponder a aquella persona que saque a la luz la obra durante todo el tiempo que el autor permanezca en le anonimato. Sin embargo, ese reconocimiento que hace la ley en favor del divulgador necesita que el divulgador haya actuado con el consentimiento del autor de la obra, porque si no tiene el consentimiento la ley no puede proteger al divulgador.

Si el autor decide salir a la luz, en le momento en el que salga, y sin perjuicio de los pactos entre el autor y divulgador a partir de ese momento de describirse el autor, este va a ostentar frente al exterior todos los derechos de PI.

2. Los titulares originarios de derechos

La LPI distingue entre lo que se podría llamar una atribución originaria de los derechos que concede la propiedad intelectual y por otro lado la atribución derivativa de esos derechos.

La atribución originaria de los derechos de propiedad intelectual referidos exclusivamente al libro primero de la ley los tendrá el autor. Ahora bien, si entendemos derechos de autor en sentido amplio, la titularidad originaria del derecho la tendría en unos casos el autor y en otros casos (ej. libro 2º de la LPI) los titulares de los derechos reconocidos en el libro 2º.

Ciñendo la cuestión a los autores a los que se refiere el primer libro hay que decir que el autor de una obra derivada es autor titular de la obra derivada y no el autor derivativo de la obra original.

El autor es el único sujeto a quien se le puede considerar titular de los derechos de propiedad intelectual, tanto de los derechos patrimoniales como de los derechos morales.

Sin embargo, es posible que titulares originarios puedan ser también aquellos “autores” de todos y cada uno de los derechos reconocidos en la ley, y así, por ejemplo, en el caso de las obras derivadas, los titulares originarios serán precisamente los respectivos creadores de la obra originaria, es decir, el traductor, el adaptador...

No hay que confundir dos conceptos:

- Quien es el primer titular de la obra va a tener los derechos morales

- Quien es el otro titular (igual el de una obra derivada) va a tener los derechos económicos (patrimoniales), pero no morales.

Además, en caso de las obras derivadas se consideran titulares originarios de las radiodifusiones, interpretaciones, etc... a los titulares de los “derechos conexos”.

Los primeros adquirientes de los derechos de la obra se llaman titulares originarios. Estos primeros titulares de los derechos de propiedad intelectual pueden ser de carácter unipersonal (en el caso de que sea un solo sujeto el que posea ese derecho originario), y de carácter pluripersonal (en el caso de que sean varios los autores o creadores).

En el primero de los supuestos cabría hablar de “obras independientes” y en el segundo caso la ley distingue entre lo que llama por un lado obra con coautoría o compuesta, y por otro lado obra colectiva, y en tercer lugar las llamadas obras complejas (o en colaboración)

Además también pueden ser titulares originales las llamadas personas jurídicas (igual que las entidades). Si nos ceñimos a los derechos de autor del libro 1º, hemos visto que la creación de obras está limitada a las personas naturales. Pero existe algún caso en el que la primera persona adquiere el derecho de autor puede ser una persona jurídica.

Respecto a los títulos de los derechos conexos, en este caso son normales los supuestos en los que las personas jurídicas pueden tener la titularidad originaria

3. Los titulares derivados de derechos

No hay que confundir lo que son los titulares derivativos de los derechos de PI con los titulares de una obra derivada

La titularidad originaria de la PI, por regla general corresponde a personas físicas.

Las facultades que integran ese derecho original a los derechos de autores puede pertenecer a otras personas pero siempre en la medida en que el derecho sea transmisible. En este casos los sujetos que adquieren los derechos transmisibles se convertirán en titulares derivativos de dichos derechos

El titular derivativo de los derechos de PI es alguien que no tiene nada de creador (es un mero adquiriente del derecho). Ha adquirido el derecho de autor o de otro titular derivativo anterior. A partir del momento de la adquisición del derechos se entiende que es titular a todos los efectos de los derechos de PI.

Normalmente la adquisición del derecho se lleva a cabo a través de hechos llamados “INTER VIVOS” (término latino destinado ala transmisión de cosas entre dos personas).

Pero también puede llevarse a cabo la titularidad a través de los denominados “MORTIS CAUSA” (ej. Una herencia). En este caso incluso es posible que se adquiera también derivativamente algún derecho moral de autor. Sería el único derecho en el que se transmitirían los derechos morales además de los patrimoniales.

La titularidad derivativa trae consigo que también en el caso de los titulares del libro 2º podamos hablar de adquisición derivativa de los derechos exactamente igual que en el caso de los autores con (en su caso) las oportunas modificaciones dada la diferencia entre unos u otros derechos.

4. Obras en coautoría, colectivas y compuestas

En este caso surge la probabilidad de determinar cuales son los derechos de autor de cada uno de los intervinientes sobre la totalidad de la obra creada. También que porcentaje pertenece a cada uno.

Siguiendo lo que establecía la ley francesa “ley de propiedad literaria y artis” ya hacía en un primer momento una distinción entre o en coautoría o colectiva y/o compuesta. Para esta ley francesa la obra compuesta estaría integrada por una obra nueva a la que se incorpora otra obra ya preexistente y sin la colaboración del creador de esta última. Esta obra. Esta obra compuesta es propiedad de quien ha realizado la obra sin perjuicio de los derechos de autor del creador de la obra ya preexistente. Siguiendo la ley francesa se considera a la obra colectiva aquella que se realizaba por iniciativa de una persona, ya sea física o jurídica que la edita, la publica o la divulga bajo su dirección y bajo su nombre y que en ella se funde la contribución personal de los diversos autores y participantes en que se pueda atribuir a cada uno de ellos un derecho distinto sobre el total realizado 8ª la totalidad de la obra). La propiedad de esta obra colectiva pertenece a esa persona bajo cuyo nombre es divulgada.

La obra en colaboración para la ley francesa es aquella en cuya creación ha n concurrido varias personas físicas correspondiendo la obra conjuntamente a los coautores que ejercen sus derechos de común acuerdo (pertenece a todos los sujetos que la crean).

En relación a la obra colectiva se ha criticado mucho el que se atribuya por la ley la propiedad a esta persona bajo cuya dirección se divulga la obra. Algunos autores han entendido que desde el momento en que intervienen varias personas para crear una obra existe colaboración entre todas ellas. Se intenta crear una figura intermedia entre lo que es la obra colectiva y la obra en colaboración. Esta figura sería la de aquella obra patrocinada y coordinada por una sola persona pero integrada por aportaciones diferenciales firmadas por cada uno de los que las han realizado. De esta forma se intentaba que la titularidad de la obra en su conjunto fuera esa persona colaboradora pero compatible esa propiedad con las titularidades de los demás autores sobre cada una de sus aportaciones concretas.

Bajo la legislación española antigua existía una clarísima ausencia de normas que regularan los derechos de los coautores y solamente en algún supuesto concreto existía algún precepto relativo al tema ceñidas fundamentalmente de carácter dramático.

En relación a las obras en colaboración se observa que el problema fundamental surgía cuando las aportaciones de los distintos autores no eran fácilmente separadas. Entendían otros autores que eso no era así y que cuando existe una fácil separación de las distintas partes de la obra en colaboración no se daba una obra en colaboración propiamente dicha, sino que había tantas obras como aportaciones de los distintos autores, y en todo caso podría haber una obra compuesta.

En la LPI de 1879 no se contiene prácticamente regulación específica para solucionar los distintos problemas que pueden surgir en este ámbito. Lo que hacen en definitiva es aplicar las normas supletorias del CC, concretamente las normas relativas a la llamada “comunidad de bienes”.

El problema que se planteaba es que la propiedad ordinaria y la propiedad intelectual no son iguales. La propiedad ordinaria no tiene derechos morales.

En 1987 se establece ya una distinción entre 4 clases de obras:

- Obras en colaboración o en coautoría

- Obras colectivas

- Obras compuestas

- Obras independientes

En los tres primeros casos participan varios sujetos, mientras que en la última no. Según esta clasificación que nos da la LPI, el art. 7 es el encargado de regular y definir las obras en coautoría o colaboración. Establece que los derechos de PI de aquellas obras cuya creación es resultado unitario de la colaboración de varios autores corresponden a todos ellos en la condición que determinan requiriéndose el consentimiento de la totalidad de los coautores para modificarla y divulgarla.

Si no se diese ese acuerdo unánime para esa modificación o divulgación se permite por la ley acudir al juez, que será el que resuelva sobre el particular.

TEMA 5 - CONTENIDO: DERECHO MORAL DE AUTOR

1. Concepto y caracteres

Nuestra vigente LPI sigue la corriente legislativa que acoge en nuestro sistema de una forma clara y precisa el derecho moral de los autores como una de las facultades importantes del derecho de autor. La propia LPI, en el art. 2 se refiere aque le derecho de autor está integrado por dos facultades:

- las facultades patrimoniales

- las facultades o derechos de carácter patrimoniales

La LPI desarrollando esta estructura oval trata en diversas partes, por un lado el derecho moral, y por otro lado, en otra parte, lo que llama los derechos de explotación refiriéndose en este caso a los de tipo económicos o patrimoniales.

La ley está en una tercera sección regulando otro tipo de derechos que no son los propios de explotación pero que guardan bastante relación con estos últimos. Son precisamente los derechos contenidos en los arts. 24 y 25 LPI, es decir, el llamado “derecho de participación” (art. 24) y el llamado “canon o remuneración compensatoria por copia privada” (art.25).

Esta sistematización que hace la ley de 1996 supone una novedad respecto de la regulación que se hacía en la ley de 1879, porque esta última ley (1879) por un lado no regulaba algunos de los derechos morales que hoy sí se regulan, ni tampoco diferenció claramente en cuanto a que no los trató en apartados diferentes los derechos de carácter morral de los derechos de carácter patrimonial.

De la exposición de motivos de la ley de 1987 se puede extraer claramente un concepto de las facultades morales de autor. Se establece que el derecho moral de autor es un conjunto de derechos inherentes a la persona del autor y que tiene carácter irrenunciable e inalienable. Precisamente de esta definición de la exposición de motivos se desprenden las dos características fundamentales que tiene el derecho de autor:

- Irrenunciabilidad.

- Inalienabilidad.

Estas dos características adema´s se determinan expresamente en el art. 14 LPI en el cual, en su primer párrafo, viene a decir que corresponden al autor los siguientes derechos irrenunciables e inalienables para luego enumerar estos derechos.

Algunos autores han venido a determinar que aunque la LPI no establece de una forma clara todas las características de este derecho moral, si estudiamos todos sus artículos podemos extraer las notas características que la mayoría de lso autores ha establecido del derecho moral de autor. Estas características son las siguientes:

1ª- Estamos ante un derecho de la personalidad. Significa que a diferencia de las facultades patrimoniales el derecho moral es un derecho que está íntimamente ligado al sujeto, considerándose que es una manifestación de su individualidad, de su ------------- y sus convicciones (éticas o morales).

2ª- En segundo lugar, se trata de un derecho perpetuo. Sin embargo no todas las facultades morales de autor tienen esta característica. En principio hay algunos casos en que el derecho moral sobrevive a la persona del autor. Esto significa que si al menos no podemos considerar perpetuos a algunos derechos de autor, si serían en ese caso derechos vitalicios. Algunos derechos morales son vitalicios (duran lo mismo que la vida del autor)

3ª- Una tercera característica sería la irrenunciabilidad ala que se hace referencia en el art. 14. Significa que estos derechos son irrenunciables. El derecho moral sigue al autor como si de su nombre se tratase.

4ª- Un cuarto derecho o característica es que se trata de un derecho inalienable. Significa que el derecho moral está integrado por un conjunto de facultades que se llaman en derecho “Extra Comercium”. Son facultades que no pueden ser objeto de ------------------ derecho moral no puede cederse ni transmitirse a ------------.

Existe una inalienabilidad plena cuando se trata de transmitir lo que en el derecho se llaman “actos inter vivos”. Sí es posible la transmisión cuando cuando fallece el autor. En este caso no se aplica esta característica de la inalienabilidad. A través de los actos llamados “mortis causa” se va a producir la transmisión de algunos de los derechos morales de autor.

Otra característica es la llamada “imprescriptibilidad”. Esto significa una garantía de que el titular del derecho moral nunca va a perder el mismo por el no uso del mismo.

Una característica más es que el derecho moral de autor es un derecho inembargable. Esta característica no se saca de la LPI sino que hay que derivarla de la inalienabilidad del derecho porque si no podemos ceder en vida nuestro derecho moral no tendría ningún sentido el embargar ese derecho moral porque la última finalidad del embargo es vender el derecho en subasta pública. Lo que sí se podrían embargar son los derechos económicos, pero nunca las facultades morales del autor.

Otra característica es que se trata de un derecho no discrecional. Significa que no se trata en ningún caso de un derecho de carácter absoluto, o lo que es lo mismo, que el ejercicio de derecho moral no puede dar lugar a ningún abuso de derecho. Incluso este derecho no discrecional se puede apreciar en el ejemplo del art. 40 de la LPI, que precisamente restringe el derecho de divulgación para los herederos del autor en el caso de que se valla en contra de lo establecido en el art. 44 de nuestra Constitución, que son precisamente los supuestos que puedan atentar contra el interés cultural, científico o técnico de la sociedad.

Como última característica, todos los derechos morales enumerados en el art. 14 son los derechos independientes entre sí, o lo que es lo mismo, aunque puedan estar relacionados unos con otros, ninguno de ellos es la aplicación de otro, sino que cada uno tiene singularidad propia.

2. Contenido: Paternidad, inédito y divulgación. Integridad. Retirada, modificación, acceso

No en todos los países se reconocen los mismos derechos morales a los autores, pero sí hay unanimidad fundamentalmente en cuanto a dos derechos morales de autor que sí son incontrovertidos (no hay polémica):

- derecho a la paternidad de la obra

- derecho al respeto de la obra

Se han defendido sin embargo como derechos morales, además de estos dos derechos, derechos como los siguientes:

1) El derecho a crear con carácter general.

2) el derecho a la divulgación de la obra.

3) El derecho a la modificación de la obra.

4) El derecho a revocar por motivos personales los derechos de utilización cedidos a otras personas.

5) El derecho a destruir la obra, o el derecho a prohibir su destrucción.

6) El derecho a prohibir las críticas excesivas sobre su obra.

7) El derecho a recuperar una obra de este que haya sido cedida.

8) El derecho al anonimato...

Todos los derechos ser reconocen en distintas legislaciones. En la nuestra se reconocen ciertos derechos morales, y su enumeración está en el art. 14 LPI. Podemos dividirlos así:

1º) derecho a la divulgación de la obra: viene recogido en el primer punto de este art. 14 al decir que el autor tiene derecho a decidir si su obra va a ser divulgada y la forma de llevar a cabo esta divulgación.

El derecho de divulgación es un derecho moral (a diferencia del derecho de distribución que es un derecho económico)

La divulgación de una obra es aquella expresión de la misma que con el consentimiento del autor la haga accesible por primera vez al público en cualquier forma. Este hecho se distingue por ejemplo de la distribución o de la publicación de la obra en que en estos últimos casos se necesita la puesta a disposición del público de un número razonable de ejemplares que satisfaga sus necesidades.

Se dice que toda publicación de una obra implica necesariamente una divulgación, pero no a la inversa.

Hay que distinguir además lo que es la divulgación del nacimiento de la obra, porque la divulgación supone sacar a la luz la obra que ya está creada, que ya ha nacido, por lo tanto, por el simple hecho de crear la obra ya ha nacido (siempre el nacimiento de la obra es anterior a la divulgación).

Además se dice que el derecho de divulgación de una obra normalmente condiciona el nacimiento de los derechos patrimoniales, es decir, antes de divulgar la obra, la misma forma parte de su personalidad. No se considera todavía como un bien económico, un bien patrimonial, y es a partir del momento de la divulgación cuando ya sí es un bien patrimonial y nacen los derechos económicos sobre la obra.

La LPI no matiza claramente sobre cuanto dura este derecho, pero la opinión mayoritaria es que este derecho dura todo el tiempo mientras la obra no sea divulgada, es decir, durará toda la vida del autor, y conforme le art. 15 también durará 70 años después de su muerte o declaración de fallecimiento.

Pasado ese plazo sin que la obra haya sido divulgada pasaría al domino público y entonces podría ser divulgada por cualquiera.

La obra puede ser divulgada:

1º- por el autor en vida

2º- fallecido el autor, podrán hacerlo aquella persona o entidad que hubiese designado el autor para divulgar

3º- si no hubiese persona designada podrían hacerlo sus herederos

4º- si no hubiese herederos tendrán la facultad el estado, CC AA, Corporaciones locales e Instituciones públicas de carácter cultural.

El segundo de los derechos es el llamado derecho al nombre. Hay que distinguir entre lo que es por un lado el derecho al nombre y por otro lado el llamado derecho a reivindicar la paternidad de la obra por otro.

El derecho al nombre es la facultad que tiene el creador de proclamarse autor de la obra. Es decir, el autor tiene el derecho de divulgar la obra con su nombre auténtico. Este derecho puede ser infringido más en las obras colectivas que en las individuales.

Dentro de este derecho al nombre la ley reconoce también el derecho a silenciar su nombre, es decir, que el autor aparezca bajo pseudónimo o en anonimato.

El tercero de los derechos es el derecho al reconocimiento de la paternidad. Se trata del derecho que tiene el autor a reivindicar la autoría de su creación. Este derecho se produce cuando por alguien se llevan a cabo actos de usurpación de la personalidad del autor, como por ejemplo en los casos de plagio de las obras. La duración de este derecho es de carácter perpetuo

Un cuarto derecho es el llamado al respeto de la obra, recogido en el pto. 4º del art.14. Tiene dos manifestaciones distintas:

1ª- Relativa a la posibilidad del autor de que la obra sea respetada en integridad. Cuando un autor crea, al menos en su idea original, considera a la obra como un todo homogéneo, armónico, como una unidad duque corresponde con sus ideas intelectuales, morales, etc. Por eso no se permite el que terceras personas ajenas al autor presenten al exterior la obra mutilada, la obra resumida, la obra incompleta, porque eso se considera atentado contra la creación concebida de esa forma por el autor. La LPI parece que impone como condición que ese ataque contra la obra suponga perjuicio para los intereses del autor o valla contra su reputación.

2ª- La facultad que tiene el autor de impedir cualquier modificación que perjudique sus intereses legítimos o menoscabe su reputación. Esta facultad se manifiesta en varios aspectos positivos y alguno negativo. Desde el punto de vista positivo supone para el autor que es el único que puede autorizar transformaciones de la obra. Como aspecto negativo supone que el autor está facultado para impedir las modificaciones, las deformaciones de su obra. Este derecho es ilimitado en el tiempo.

Un 5º derecho es el derecho de la modificación de la obra. La obra se considera como un producto de la inteligencia que lleva a cabo una persona en un determinado momento, pero precisamente porque la obras se realizan por personas puede ser que el autor evolucione. Por esa evolución puede darse el supuesto de que los autores con el transcurso del tiempo puedan considerar que su obra es defectuosa, está incompleta o no satisface sus necesidades, y por ello decide modificarla. Ahora bien, esa modificación tiene que ir acompañada del respeto de los derechos que tuviesen terceras personas o debe adecuarse a las exigencias legales sobre protección de los bienes de interés cultural (en este caso el autor tampoco podrá ejercer su derecho).Esta facultad para modificar tiene un plazo limitado: la vida del autor.

Otro de los derechos es el llamado derecho a retirar la obra del comercio. La mayoría de las legislaciones modernas no lo contemplan. Es el derecho problemático en la práctica porque cualquier titular de derechos económicos podrá oponerse a la retirada del comercio. La retirada de la obra por parte del autor tiene que estar basada, como dice el pto. 6º del art. 14 en un cambio de las convicciones intelectuales o morales del autor. Además se exige, para que pueda ser efectivo que se indemnicen todos los daños y perjuicios que se causen a aquellas personas que tengan derechos de explotación sobre la obra. La duración de este derecho es toda la vida de autor. En caso de que después de retirada la obra del comercio el autor decide volver a comercializarla de dar la obra en iguales condiciones a los que tuvieran los derechos de explotación.

Por último está el derecho de los autores a acceder al ejemplar único o raro de sus obras cuando se encuentren en poder de otra persona y con el fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro

Es una facultad reconocida en muy pocos casos. Se exigen los siguientes requisitos:

1) Que sea un ejemplar único o raro (escasos)

2) Que ese ejemplar esté en poder de una persona distinta del autor

3) Que se pretenda por el autor ejercitar el derecho de divulgación o cualquier toro.

4) Que este derecho no implique la facultad de exigir el desplazamiento de la obra, y deberá llevarse a cabo en aquel lugar y en la forma que cause menos incomodidades al poseedor.

5) El autor está obligado a indemnizar daños y perjuicios ocasionados al titular de la obra.

Este es un derecho que termina con el fallecimiento del autor.

3. Titulares del derecho moral

La titularidad del derecho moral de autor corresponde al autor de la creación. El derecho moral de autor va a seguir al autor como si se tratase de su propia sombra (es decir, inseparablemente) y el autor no puede desprenderse de ese derecho moral igual que no puede hacerlo respecto de cualquier otro derecho de la personalidad.

Lo que sí es independiente es la nacionalidad que tenga el autor porque a parte de lo que establecen lo diferentes convenios internacionales sobre la materia, nuestra LPI en el art. 160.5 determina que el derecho moral de autor se reconoce cualquiera que sea la nacionalidad del autor. Lógicamente, cuando fallece el autor, la regla general es que los derechos, y entre ellos algunos de los derechos morales, pasen a los herederos de dicho autor. Esto es la regla general, pero la ley establece que algunos derechos morales solamente puede ejercitarlos el propio autor. Sin embargo otros derechos morales que son los que prácticamente le van a sobrevivir, sí que pueden ser ejercitados por otros. Entre estos últimos derechos podemos distinguir 2 tipos:

1. Aquellos que siguen existiendo sin límite temporal y con toda su virtualidad. Ej. El derecho de reconocimiento de la paternidad, y el derecho a que la obra se mantenga íntegra.

2. El otro tipo de estos derechos le suceden al autor por un tiempo limitado y además no con toda su virtualidad, sino que están debilitados por razones, en la mayoría de los casos de interés general. Entre estos estaría el derecho a la divulgación de la obra (si no se hubiera divulgado en vida del autor). Este derecho tiene un plazo de 70 años.

El que no pasen con toda su virtualidad significa que por ejemplo mientras que al autor no se le pueda obligar a divulgar, a los herederos sí se les puede obligar cuando se dan ciertas circunstancias.

Sin perjuicio de la titularidad de los derechos que corresponden a los herederos una vez fallecido el autor, el ejercicio de esos derechos morales viene encomendado a las personas a las que se refiere la ley y que son:

1º. Aquella persona física o jurídica que el propio autor haya designado en el testamento.

2º. A los herederos del autor, pero siempre que no exista esta persona designada.

3º. El Estado, Las CC AA y las entes locales ejercitan los derechos a falta de herederos o de la persona designada.

4. Transmisión mortis causa

con arreglo a este principio de la inalienabilidad se transmitía la imposibilidad de transmitir el derecho moral en vida del autor. Existen sin embargo otras facultades del derecho moral que sí son posibles de transmitir, pero sólo una vez fallecido el autor.

Si examinamos el art. 15 LPI, en su punto primero veremos que cuando fallece un autor ciertos derechos pasarán al menos en cuanto a su ejercicio a otra persona que el autor ha designado o en su caso a los herederos. Pero estos derechos que se pueden transmitir “mortis causa” no son los derechos morales, sino solamente los que establecen los puntos 3 y 4 del art. 14 LPI (es decir, el reconocimiento a la paternidad y el derecho a la integridad de la obra). Además esa transmisión “mortis causa” se va a producir indefinidamente. Se puede ejercitar sin límite de tiempo.

Existe además otra facultad que también puede ser transmitida “mortis causa”. Es la establecida en el punto 1 del art. 14 que es la relativa a la decisión sobre la divulgación de la obra y en que forma. La transmisión de este derecho solamente se producirá cuando tal divulgación no se hizo durante la vida del autor.

En el caso de que esa divulgación no se haya producido, las personas dichas antes tendrán la posibilidad de decidir al respecto y por ese orden. Esta facultad que ahora se transmite, a diferencia de las otras dos facultades 8de los puntos 3 y 4) si que están sujetas a límite temporal: 70 años desde la muerte del autor o de su declaración de fallecimiento.

Las personas que están legitimadas para decidir sobre la divulgación de una obra pueden optar por la no divulgación (es decir, mantenerla inédita). En este caso la facultad de divulgación no produce los mismos efectos respecto del autor como respecto de los herederos, porque estos últimos tienen los límites impuestos por el art. 40 de la ley, de tal forma que si optan por no divulgar la obra, y se vulnerase con eso el art. 44 CE se puede ordenar por el juez aquellas medidas oportunas para salvaguardar ese precepto constitucional. Para ello se necesitará que, o bien un organismo público, o bien alguna persona con interés legítimo lo solicite. Entre las medidas que puede tomar el juez la más adecuada es divulgar la obra. Si no existe ninguna persona (o no se conozca su paradero)a la que transmitir las facultades del derecho moral de autor. En este caso el ejercicio de los derechos se llevará en instituciones de carácter público (art. 16 de la LPI)

5. Derecho moral del artista

“Artista” se puede entender desde dos puntos de vista:

• Por un lado se podría entender que se quiere hacer referencia con esta expresión a los artistas plásticos y que realmente son artistas de obras plásticas.

• Por otro lado podría estar referida la palabra a los que la propiedad intelectual denomina artistas, intérpretes o ejecutantes regulados en el título 1º del libro 2º de la ley.

El que vamos a utilizar es el segundo concepto, porque al primero le corresponden los derechos morales que corresponden a todos los autores 8vistos en el art. 14). Los artistas, intérpretes o ejecutantes tienen los derechos morales que les reconoce la ley en su art. 13 y que se puede resumir en las siguientes:

1. Derecho al reconocimiento de su nombre sobre sus interpretaciones o ejecuciones. Esto hay que entenderlo como la facultad que tiene todo artista de que su nombre figure claramente en todas sus interpretaciones o ejecuciones. Porque ese derecho al nombre supone una garantía frente al consumidor de la obra en cuestión está interpretada o ejecutada por el artista que figure en el soporte y no por otro.

Dentro de este derecho moral del reconocimiento al nombre puede aparecer el artista bajo seudónimo y el productor está obligado a respetar ese seudónimo del artista, porque es éste un derecho moral, y por tanto irrenunciable e inalienable.

2. El segundo de los derechos es el derecho del artista a oponerse durante toda su vida a cualquier mutilación, deformación o atentado que lesione su reputación.

“Deformar” en este caso es alterar, cambiar una cosa quitándole su forma genuina. Incluso se ha dicho que “mutilar” es el quitar una parte importante de la obra o en este caso de la interpretación y se exige en cualquiera de estos casos que haya perjuicio para el artista.

Es frecuente en el campo musical la realización de composiciones que aglutinen diferentes trozos de ejecuciones musicales (los famosos popurrís). Para hacer esto se necesitarán las oportunas autorizaciones entre autores y productores.

En cuanto a la duración de estos dos derechos, según el art. 113, es toda la vida del artista, y una vez fallecido el mismo, estos derechos (morales) pueden ser ejercitados durante un plazo de 20 años por los herederos del artista.

La ley española, al conceder este plazo de 20 años ha suscitado bastante polémica, sobretodo en el mundo de los artistas, porque consideran que es un plazo discriminatorio, ya que en el caso de los autores otorga unos plazos muchísimo mayores.

El último párrafo del art. 113 faculta también al artista el derecho de oponerse al doblaje de sus actuaciones pero en su propia lengua. Se trata en este caso de impedir las deformaciones sobre su interpretación. Para este doblaje en su propia lengua el artista debe dar de forma clara y expresa su autorización. Esto también se ha criticado, diciendo que deber-ía extenderse. Este es un derecho que entra en los derechos morales.

En los tratados interna no se ha hecho un tratamiento amplio sobre los derechos morales de los artistas y han tenido que ser las leyes nacionales de estos países los que hayan ido reconociendo. Nuestra LPI reconoce que todos los titulares de derechos conexos del libro 2º, reconoce sólo a los artistas, intérpretes o ejecutantes derechos de carácter moral, por lo que el resto (productores, editores...) No disfrutan del derecho moral de autor (sólo tienen derechos patrimoniales).

TEMA 6 - CONTENIDO: DERECHOS DE EXPLOTACIÓN

1. Concepto y caracteres

si examinamos el art. 148 CC vemos que establece que el autor de una obra tiene el derecho de explotarla y disponer de ella a su voluntad. Con arreglo a este artículo se puede establecer la PI como ese pleno derecho de explotación y de disposición del autor sobre su obra. Este artículo encuentra su aplicación y una mayor corrección en el art. 2 de la LPI, texto refundido de 1996. Según él se reconocen al autor de las obras los derechos de carácter patrimonial sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Se puede entonces decir que el autor desde el punto de vista patrimonial tiene dos facultades importantes: la de explotar su obra y la de disponer de ella.

En términos generales estas dos facultades son las que permiten al autor vivir de su obra.

Se puede definir el derecho de explotación como aquella facultad que tiene el autor y que consiste en la perfección de los rendimientos económico-patrimoniales que la existencia o difusión de la palabra produzca.

• Características de estos derechos de explotación:

1ª- Es un derecho de contenido patrimonial. Es decir, pueden ser transmitidos, cedidos, vendidos, traspasados...

2ª- Son derechos independientes entre sí. Significa que cada uno de los derechos de explotación pueden ser ejercitados individualmente.

3ª- son derechos de realización exclusivamente por su titular, lo que supone que para que otra persona pueda ejercitar estos derechos necesita la autorización de su propietario.

4ª- Permite que estos derechos sean transmitidos tanto por actos “inter vivos” como por actos “mortis causa”.

5ª- son derechos de contenido compuesto, en el sentido de que dentro del derecho de explotación se incluyen una serie de facultades específicas, como la facultad de reproducir, comunicar, distribuir...

2. Contenido: Derecho de reproducción, transformación, comunicación pública, distribución. Límites.

Hay un apartado en la LPI que se refiere a los derechos de explotación específicos, y que es concretamente la sección 2 del capítulo 3º del título 2º del libro 1º de los derechos de explotación. Además existe otro apartado (sección 39 que se refiere a otro derecho y que contiene también normas de carácter patrimonial.

-------------------- deberíamos incluir tanto los derechos de explotación propiamente dichos, regulados en los artículos 17 - 23. Comprenden fundamentalmente estos 4:

1- Derecho de reproducción de las obras:

Se entiende por reproducción la fijación de una obra en medio de una obra en un medio que permita su comunicación y la obtención de todo o de parte de él.

Está recogido en el art. 18 de la ley.

La obtención de las copias que supone la reproducción puede hacerse desde el original o desde un ----------------------, y en cualquier caso hay reproducción.

Lo que importa es la fijación material que nos permita percibirla además de que nos permita comunicar y multiplicar la obra.

Necesitamos ese soporte físico.

Según la LPI el autor de una obra necesita una sección expresa de su derecho de reproducción para quedar privado de él. Esta es la regla general, sin embargo hay algunas excepciones:

- Producciones audiovisuales: la cesión de los derechos de explotación de la obra lleva implícito la cesión del derecho a reproducir, salvo si se trata de obras cinematográficas ya que en este cao no se permite su reproducción para uso doméstico.

- Respecto a los programas de ordenador la sección de los derechos incluye también el derecho a su reproducción total o parcial. Cualquier reproducción ------------------- supone en principio un ------------------ ilícito o puede ser civil o de carácter penal. Ademas constituye una infracción no solamente ------------------- sino incluso hay conducta ilícita. Cuando el autor autorizado se extralimita en dicha autorización.

También los artistas del libro segundo tienen concedido un derecho exclusivo de reproducción de las fijaciones de sus actuaciones. Debe hacerse de forma escrita y expresa.

Los productores de fonogramas, de grabaciones audiovisuales y de radiodifusión tiene derecho exclusivo de reproducción sobre sus omisiones o sobre sus producciones.

2- Derecho de distribución de las obras:

Se entiende por distribución la puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, préstamo o alquiler o de cualquier otra forma (los canales de distribución son generalmente los canales comerciales).

La distribución comercial de la obra tiene un límite que consiste en que en cuanto se efectúa la distribución de la obra mediante venta y dentro de la UE se dice que el derecho de distribución se extingue a partir de la primera venta. Es decir, una vez vendido el derecho de distribución con la 1ª venta queda anulado.

Este derecho de distribución también se reconoce a los titulares de los programas de ordenador aplicándosele también el límite de la primera venta.

Igualmente se reconoce a los artistas intérpretes, productores y entidades de radiodifusión.

3- Derecho de comunicación pública de las obras:

Comunicación pública es todo acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. A este derecho también se le denomina “derecho de exposición”.

Cuando se transmite el original de la obra se está transmitiendo este derecho como norma general, y si el autor quiere conservarlo tendrá que reservarlo considerablemente.

La LPI no considera exposición pública cuando la misma se realiza en un ámnito estrictamente doméstico y para un uso precisamente doméstico. Lo difícil es determinar que ámbitos y que usos son domésticos. El art. 20, pto. 2º de la ley establece una serie de supuestos que se consideran como de comunicación pública. Son varios los apartados de este artículo 20, y entre ellos están emisiones por radiodifusión, exposición pública de obras de arte, etc... Algunos de estos apartados han sido incluidos recientemente los más novedosos, los que se refieren a la comunicación pública mediante vía satélite, etc... 4- Derecho de transformación:

En resumen, la transformación de una obra supone su adaptación, su traducción o en definitiva cualquier modificación en la forma de la obra y de la que va a nacer otra diferente. En el caso de la transformación va a producir otra obra original (obra derivada).

Esta obra derivada va a pertenecer a quien la ha transformado. Normalmente pertenecerá a otro autor distinto, pero también puede pertenecer al mismo. Cuando pertenece a otro autor distinto este autor necesitará la correspondiente autorización del autor de la obra original. El derecho de transformación es de contenido económico y tiene también en parte un contenido moral. Si examinamos los derechos morales de autor vemos que el autor podría oponerse a transformaciones (derecho a la integridad de la obra). Si el derecho de transformación está referido al derecho patrimonial se puede negociar con él, pero si lo concebimos desde el punto de vista moral no es objeto de negociación.

Se dice que los derechos patrimoniales que hemos visto no son derechos absolutos en el sentido de que estos derechos están sometidos a límites. Además de los límites normales de cualquier derechos de propiedad (por ejemplo el ejercitar el derecho con arreglo al principio general de la buena fe, o el no poder actuar abusando del derecho...) La LPI tiene, respecto de los derechos patrimoniales vistos, impone una serie de limitaciones específicas entre las cuales se pueden señalar las siguientes:

1) La no necesidad de autorización del autor cuando se trate de reproducir una obra para constancia en un procedimiento judicial o administrativo.

2) Tampoco se necesita autorización cuando la reproducción esté destinada a un uso privado del copista y siempre que no se haga un uso colectivo de esa reproducción ni un uso lucrativo de dicha reproducción.

3) Otro tercer límite es cuando se permite la reproducción cuando la copia sea para un uso privado de invidentes. Siempre que se realice la reproducción sin fines lucrativos y por el procedimiento de braille o uno similar.

4) respecto de la transformación de la obra no será necesario el consentimiento del autor cuando se lleve a cabo una parodia de la obra, pero siempre que no implique riesgo de confundirla con el original y que no se cause daño a la obra original ni al autor (se entiende por parodia el incorporar el fragmento de una obra a otra con fines fundamentalmente humorísticos)

5)La no necesidad e autorización para la reproducción de aquellas obras que se encuentren en la vía pública, de forma permanente, ya sea en jardines, calles, parques, etc... En este caso cualquier persona está autorizada para hacer una utilización a los fines fundamentalmente de poder reproducir la obra sin autorización. El art. 45 LPI dice que podrán ser estas obras reproducidas, distribuidas y comunicadas públicamente por medio de la pintura, el dibujo, la fotografía o de procedimientos visuales.

6) también se puede reproducir, distribuir y comunicar públicamente cualquier obra siempre que se haga con fines meramente informativos sobre acontecimientos de actualidad, si bien en este caso solamente se estará autorizado en la medida en que lo justifique la finalidad informativa, pero nunca más allá.

7) Tampoco se necesita autorización para ejecutar obras musicales en el curso de actos oficiales del Estado, de las administraciones públicas o de ceremonias religiosas siempre que el público pueda asistir gratuitamente a esos eventos y que los ejecutores de esas obras no perciben ninguna remuneración por su ejecución.

3. Incorporación a otra obra. Incorporación a un objeto de propiedad intelectual

en el amplio campo de facultades que se ofrecen al autor en el ámbito patrimonial el autor pude decidir si ceder toda o parte de su creación junto con otras. En este caso se deberá estar a los convenios entre los distintos autores, y nace así una obra en colaboración, compuesta o colectiva.

El problema surge en tratar de averiguar si es posible que el autor pueda incluir en su obra partes, fragmentos, que le son necesarios e imprescindibles para poder elaborar su obra.

El art. 32 LPI se refiere a esta cuestión y permite que se incluya en una obra de autor fragmentos de otras obras ajenas de naturaleza escrita, sonora, audiovisual y en algunos casos plásticas y fotográficas, si se hace a modo de cita o de reseña para su comentario o juicio crítico y siempre que se trate de obras ya divulgadas. Requisitos:

a) que se hayan divulgado

b) que la inclusión sea de carácter breve (para analizar, comentar, enjuiciar, etc... pero breve)

c) que su utilización sea para fines docentes e investigadores

d) se debe citar siempre la fuente o la procedencia y el autor de la obra utilizada.

Fuera de estos casos y condiciones no se puede incorporar ninguna obra a otra sin la correspondiente autorización del autor o quien tenga los derechos de explotación en ese momento (excepto que la obra sea de dominio público o del mismo autor).

Otra cosa distinta es el problema de incorporación, de si es posible incorporar una obra a otro objeto de PI. La respuesta debe ser rotundamente afirmativa, e incluso habría que contestar que no sólo es posible sino que en muchos casos es necesario para la propia subsistencia de este otro derecho de PI al que la obra se incorpora.

En todos estos casos lo que si está claro es que habrá que estar siempre a los convenios de los autores por un lado y de los titulares de los derechos por otro, y en la mayoría de los casos se necesitará la autorización de los autores para poder incorporar la obra a otros objetos de PI.

Hay una excepción: aquellos trabajos y artículos que sobre temas de actualidad se difundan por los medios de comunicación social podrán ser reproducidos, distribuidos y comunicados públicamente por cualquier otro medio de la misma clase, pero siempre citando la fuente y el autor, salvo que el mismo se haya reservado sus derechos de forma expresa.

4. El uso

Debido a la gran amplitud del derecho de propiedad es posible que no se transmitan los derechos de propiedad, pero sí se puede ceder una parte.

En el caso de los derechos de autor pasa igual. No se transmiten los derechos de autor pero sí una parte, el uso de los derechos de autor. A esta figura del uso se refieren varios apartados del art. 19 LPI cuando habla del derecho de distribución de las obras.

Se dice que hay alquiler de una obra cuando se produce la puesta a disposición de los originales y de las copias de una obra en favor de otra persona para su uso por un tiempo limitado y con un beneficio económico y comercial.

Uno de los requisitos que lo va a diferenciar del préstamo es la remuneración, porque en alquiler se paga por el uso que nos va a ceder.

Una excepción es que no se considera alquiler cuando la puesta a disposición es con fines de exposición pública o de una mera consulta.

El préstamo se produce cuando hay una puesta a disposición de los originales o copias de una obra también para un uso por tiempo limitado pero sin beneficio económico o comercial y siempre que este préstamo se realice a través de establecimientos accesibles al público.

Al igual que en el alquiler tampoco hay préstamo si la cesión es para exposición o consulta o fuera de establecimientos abiertos al público, como por ejemplo entre particulares, y se considera que también hay préstamo cuando a cambio de la cesión del uso se paga una pequeña cantidad que no excedió de lo necesario para cubrir los gastos de funcionamiento del establecimiento abierto al público. Se excluye del préstamo también a las cesiones de uso que se realicen entre distintos establecimientos abiertos al público.

TEMA 7 - CONTENIDO: OTROS DERECHOS

1. Derecho de colección

Los derechos de protección son derechos que pertenecen al autor y que pueden transmitirlos a otras personas. Esta posibilidad de cesión no impide que el autor pueda quedarse en su poder una facultad importante como es la de decidir que sus obras se publiquen en colección. A este derecho se le denomina “derecho de colección” del autor que viene regulado en el art. 22 de la LPI.

Es un derecho de contenido patrimonial y consiste en que un autor a la hora de ceder sus derechos de explotación puede quedarse para sí la posibilidad de publicar sus obras en colección aunque otro tenga cedidos los derechos de explotación sobre su obra.

Esto ha sido muy criticado por los estudiosos porque que el autor pueda reunir toda su obra y publicarla en colección fastidia en cierto modo a la editorial u otra persona que tenga cedidos los derechos de explotación sobre una de sus obras. Este derecho es transmitible, hipotecable y renunciable.

El derecho de colección sólo tiene sentido cuando el autor ha cedido a otro sus derechos de explotación ya que si no ha cedido nada él sigue teniendo los derechos de explotación.

Es un derecho negociable independientemente del resto de los derechos. Las editoriales que adquieran los derechos de explotación sobre una obra puede publicarlas sin perjuicio de que yo por otra parte también ceda mi derecho de colección a otra editorial para que se publique toda la colección.

Este derecho corresponde al autor durante toda su vida y a sus herederos se les transmite a su muerte.

2. Derecho de seguimiento o participación

Viene regulado en el art. 24 LPI. Es el “dnoit d` suisse” ya mencionado en alguna ocasión. Se puede considerar como un derecho de contenido económico o patrimonial y que se funda en el principio de que el autor o artista, normalmente con el paso del tiempo, cuando este tiene una mayor reputación es cuando sus obras alcanzan una mayor forma; entonces se ha considerado que dicho artista o sus herederos deberían participar de esos beneficios de la fama respecto de sus obras.

El derecho de participación se aplica a las obras de artes plásticas y se basa en el agotamiento de nuestro derecho de distribución y sobre todo por la idea de que normalmente la venta del soporte original en la obra plástica constituye la única forma de explotación de las obras (la venta del soporte original es la única forma de ingresos del artista, ya que pierde el derecho de distribución, por eso se creo el derecho de participación, una especie de compensación).

En el art. 10 LPI se especifica lo que son las obras plásticas. Se ha dicho que son todas aquellas relativas al mundo de las formas y el color. Se ha hecho una crítica en el sentido de que se les aplica el derecho de participación. Son pinturas, gravados, dibujos, cerámicas, esculturas, etc...

Las copias de los originales no están bajo el derecho de participación, aunque el propio autor haga una copia exacta no se acogería al derecho.

Quedan excluidas de este derecho las obras de arte aplicadas, que serían aquellas resultantes de aplicar a una obra plástica procesos industriales.

En la ley de 1987 el derecho de participación de los artistas se establecía en un 2% del precio que se pagaba por la obra vendida, y siempre que este precio fuese superior a las 200.000 pts. Este derecho lo tenía que pagar el vendedor de la obra. Para que se aplicase este derecho se necesitaba que se hubiese realizado una reventa de la obra, y que dicha reventa se hubiese verificado o bien en subasta pública, en establecimiento mercantil o con la intervención de un agente mediador de comercio. Se establñecía que klos comerciantes tenían la obligación de comunicar la reventaal autor en el plazo de dos meses desde que se verificó, y además debían de retener el porcentaje correspondiente para entregárselo al autor. Una vez notificado al autor este tiene un plazo de 3 años para reclamar ese derecho de participación. Si transcurrido ese plazo el autor no reclama le importe se destinará al “Fondo de ayuda a las Bellas Artes”.

Hasta una ley de 1992 este derecho de participación era considerado intransmisible e irrenunciable. Debido a esta característica de irrenunciabilidad no es un derecho patrimoonial puro, tiene algo de carácter moral.

Por una ley de 1992 se modificó el contenido de este derecho (ley de 7/7/1992), en el sentido siguiente:

1- se elevó el precio umbral de la reventa de 200.000 a 300.000 pts.

2- se elevó el porcentaje de participación a un 3%.

3- se reconoce la transmitibilidad de este derecho por parte del autor a sus herederos. Se permite la transmisión “mortis causa” pero no la transmisión “inter vivos”.

4- se estableció que los comerciantes y subastadores que intervienen en la reventa responden solidariamente junto con el vendedor del pago de este derecho (evitan que se deje de pagar o retener el porcentaje del autor).

5- introduce el llamado “Fondo de Bellas Artes” que es donde van a parar las cantidades que no reclaman los autores. A este derecho de participación se le ha denominado también “derecho de seguimiento”, ya que se permite teóricamente un seguimiento del autor sobre su obra de tal forma que puede tener un conocimiento más o menos exacto de donde se encuentra su obra en cada momento para poder así ejercer los derechos morales correspondientes.

En este derecho se estable que tiene una duración de toda la vida del autor y 70 años desde la muerte de éste.

La legislación de 1996 no ha introducido ninguna modificación en el art. 24 y por tanto se mantiene la misma existente en 1992. Este derecho está incorporado a una gran parte de países miembros de la importante Organización Mundial de la PI, por ejemplo la CEE intenta aunar las legislaciones.

3. El canon compensatorio por copia privada

Es el art. 25 LPI. En la versión dada por la ley de 1987 se decía que los autores de obras que se publicaran en forma de libro, fonogramas o cualquier otro soporte sonoro o visual y juntamente con los editores o productores de estas obras y con los artistas, intérpretes y ejecutantes, tendrán un derecho a participar en una remuneración compensatoria de las reproducciones que se hagan de sus obras y efectuadas para uso personal por medio de aparatos técnicos NO tipográficos (en función de cada aparato de reproducción se establece un dinero a pagar a los autores a través de las empresas de gestión).

Este canon compensatorio se exige a los fabricantes e importadores de equipos y materiales destinados a la distribución comercial en España y que permitan la reproducción de las obras para los fines indicados.

Se decía en la legislación de 1987 que el gobierno establecía los materiales y equipos que deberían de pagar el sistema de resolución, etc... Pero fue reformado por la ley de 1992, aunque no alteró sustancialmente la legislación de 1987. Para hacer el reglamento se convocó una reunión con distintos implicados y no hubo un acuerdo concreto. Así, el gobierno lo que hizo fue modificar el art. 25 de tal forma que ese introdujo dentro del mismo un gran número de apartados más que incluían todos estos aspectos qeu debían haberse regulado por reglamento, de tal forma que de 10 apartados que tenía en 1992, se ha pasado a tener 23 apartados con la ley de 1996 y todo ello con la simple finalidad de dar una aplicación práctica al derecho de remuneración.

Finalmente se distribuye lo recaudado de esta forma: /Real Decreto 1992:

• de los soportes sonoros y fonogramas, el 50% se destina para los autores, 25% para los artistas, intérpretes o ejecutantes y un 25% para los productores.

• de los soportes audiovisuales, 1/3 para los autores, 1/3 para los artistas y 1/3 para los productores.

• de los libros y producciones similares, el 55% va a los autores y el 45% para los editores.

- Importes por aparatos (art. 25):

a) Aparatos para reproducción de libros: se pagará en fución de la capacidad de copia/minuto que tenga la máquina e irá desde 7.500 a 37.000 pts.

b) Aparatos de reproducir fonogramas: se pagará 100 pts/unidad de grabación de que se disponga.

c) Videogramas: 1.100 pts/unidad de grabación.

d) Aparatos para reproducción sonora o audiovisual: pagarán en función del tiempo de duración del material a razón de 30 pts/hora en material sonoro y 50 pts/hora en material audiovisual.

4. Otros derechos de propiedad intelectual, distintos del derecho de autor

La LPI en el libro 2º lleva a cabo una regulación de lo que denomina “otros derechos de propiedad intelectual y de la protección de las bases de datos”

Con ello la ley quiere establecer una distinción entre los derechos de autor de otros derechos que son derechos protegidos por la legislación de PI, pero que no son derechos de autor.

Estos derechos del libro 2º dividen en distintos títulos estos derechos.

El título 1º regula los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes. El artista, intérprete o ejecutante es aquella persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta una obra de algún modo.

Equipara la ley a estas personas tanto a los llamados directores de orquesta como a los directores de escena, cuya dirección está protegida por este título 1º.

La vigente LPI recoge esta definición de artista reconociéndole al mismo tantos derechos patrimoniales como los contenidos en los artículos 25 y 106, específicamente para estos artistas y reconociéndoles también derechos morales en el art. 113.

Se ha criticado la utilización de la terminología “otros derechos de PI” por considerarla despectiva. Algunos artistas han propuesto que se les denominara “derechos de PI de los artistas”.

El artista intérprete, además de ese derecho del art. 25 tiene los siguientes derechos patrimoniales:

1º- el derecho exclusivo para autorizar la fijación de sus actuaciones en cualquier soporte.

2º- el de autorizar la reproducción de esas fijaciones.

3º- puede autorizar también la comunicación pública de sus actuaciones por cualquier medio.

4º- tiene derecho a autorizar la distribución de los soportes donde estén fijadas sus actuaciones.

Cuando son artistas que participan colectivamente en una actuación, la ley establece que deben designar obligatoriamente a uno de ellos que se considera a todos los efectos como el representante del colectivo para negociar las autorizaciones. Ese acuerdo es de carácter formalista (debe hacerse por escrito).

La duración de estos derechos patrimoniales es de 50 años desde el 1º de enero del año siguiente a la interpretación o ejecución.

En cuanto a los derechos de contenido moral, también tienen derechos. Son el derecho al reconocimiento de su nombre en sus interpretaciones o ejecuciones y el derecho a oponerse durante toda su vida a las deformaciones, mutilaciones... que se realice contra su interpretación y que le cause algún perjuicio a su prestigio o reputación.

Esto es para toda la vida y esos derechos se transmiten a los herederos los 20 años siguientes al fallecimiento del artista.

Otro derecho moral consiste en que es necesaria la autorización expresa del artista para el doblaje de su actuación en su propia lengua.

El 2º título de este libro 2º regula los derechos de los productores de fonogramas. Un productor de fonograma es aquella persona (natural o jurídica) bajo cuya iniciativa y responsabilidad se realiza por primera vez la fijación de un fonograma.

Se entiende por fonograma aquella fijación exclusivamente sonora de la ejecución de una obra o de otros sonidos.

Los productores de fonogramas sólo tienen derechos de carácter patrimonial, pero no tienen derechos morales. Entre los derechos patrimoniales tiene el derecho de reproducción, distribución de la actuación y copia. Duran 50 años a partir del 1 de enero del año siguiente de haberse realizado la grabación.

El título 3º es el de los derechos de los productores de grabaciones audiovisuales. Una grabación audiovisual es la fijación de un plano o secuencia de imágenes con o sin sonido. El productor es el que lleva a cabo la primera fijación de la obra audiovisual. Tiene los mismos derechos que el productor de fonogramas y la duración es también idéntica.

El título 4º es el relativo a los derechos de las entidades de radiodifusión. Una entidad de radiodifusión es una persona jurídica encargada de emitir o transmitir signos, sonidos o imágenes, ya sea de forma inalámbrica (incluyendo emisiones vía satélite), ya sea a través del hilo, cable, fibra óptica, etc... o cualquier otro procedimiento parecido ya sea o no mediante abono.

Entre los derechos de las entidades, que son sólo patrimoniales, se incluiría el derecho de fijar sus emisiones en el soporte que sea conveniente, a autorizar la distribución, retransmisión, etc...

La duración de estos derechos es de 50 años computados de la misma forma que los anteriores.

El título 5º lleva por epígrafe “la protección de las meras fotografías”. Ser refiere a aquellas fotografías a las que no se les puede considerar obras fotográficas del libro 1º. La duración de los derechos sobre estas fotografías (también patrimoniales) es de 25 años desde el 1 de enero del año siguiente a la realización de la fotografía.

El título 6º se refiere a la protección de determinadas producciones editoriales. Se protegen en este apartado las llamadas obras inéditas que se encuentren en el dominio público (es decir, que no pertenecen a ninguna persona). Son obras sin divulgar. A la persona que divulgue esa obra inédita se la conceden los mismos derechos de explotación que hubiesen correspondido a su autor. Aquí no se le van a reconocer derechos morales, sino sólo derechos económicos o patrimoniales, y con una duración distinta al derecho de los autores, porque el plazo es sólo de 25 años siguientes a la divulgación computados respecto al 1 de enero del año siguiente.

Se protegen además ciertas producciones de carácter editorial relativas a obras no protegidas.

El título 7º se refiere a unas disposiciones comunes a todos los títulos de este libro 2º.

En el título 8º se protegen los derechos sobre las bases de datos. Es introducido por la ley de marzo de 1998 (por eso va el último).

TEMA 8 - LA TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS Y LAS AUTORIZACIONES

1. Autorizaciones, licencias y cesiones de derechos

Por regla general, y salvo alguna excepción concreta, los únicos derechos que pueden transmitir los autores con los derechos de explotación (económicos o patrimoniales). Dentro de las amplias formas de transmisión de estos derechos de explotación, los autores y demás titulares de derechos de PI pueden conceder autorizaciones, licencias o incluso pueden llevar a cabo auténticas transmisiones a través de la cesión de sus derechos a un tercero.

Por un lado, las autorizaciones consisten en expresiones de voluntad del autor de la obra o del titular de derecho con el fin de que la obra pueda ser objeto de utilización por otra persona con unas facilidades concretas y determinadas.

En estos supuestos de autorizaciones, realmente no se puede hablar de una efectiva transmisión del derecho, en el sentido de que el autor que da la autorización ya no tiene el derecho, porque en este caso el titular del derecho sigue siendo el titular de los derechos respecto de la autorización que concede.

Otra figura es la llamada licencia, que los titulares de derechos pueden conceder. La licencia se da fundamentalmente en los supuestos contemplados en el tít. 2º LPI y se lleva a cabo a través de contratos suscritos entre el titular del derecho y la persona que obtiene la licencia. Es una figura muy parecida a la autorización pero referente fundamentalmente a los titulares de derechos conexos, de tal forma que en el caso de los autores se suele emplear la forma de la autorización y en el caso de derechos conexos se emplean las licencias. Suponen declaraciones de voluntad para que el tercero pueda desarrollar determinada actividad.

Por último vemos la cesión de los derechos. En los supuestos de cesión de derechos nos encontramos efectivas transmisiones inter-vida. La LPI prevé la posibilidad de cesión de derechos en el art. 43. Esta cesión puede realizarse de todos los derechos de explotación o sólo de alguno de ellos.

Lo que no está permitido es la cesión de derechos de explotación respecto del conjunto de obras que todavía no estuviesen creadas pero que el autor pudiese crear en un futuro.

La ley también limita la cesión a las modalidades o medios de difusión que se conozcan en el momento de realizarse dicha cesión.

No se entienden cedidos los derechos para hacer uso por cualquier otro medio que todavía es desconocido.

La cesión del derecho es un acto de carácter de formación en el sentido de que cualquier cesión tiene que realizarse necesariamente por escrito. No obstante, si esto no se cumple, no por ello el contrato es nulo de pleno derecho, pero el autor tiene la posibilidad de rescindir dicho contrato.

La facultad de cesión la tienen, además de los mayores de edad, los mayores de 16 años que hagan vida independiente con el consentimiento de sus padres o tutores. Los menores de 16 años no pueden ceder porque no pueden celebrar contratos no quiere decir que no puedan ser titulares de derechos de propiedad).

El autor que cede los derechos tienen también un derecho a participar en los ingresos que genere la explotación de su obra. Ese derecho deberá convenirlo así con el cesionario y podrá consistir, o bien en un porcentaje de las ganancia que se obtengan con la explotación o bien en una cantidad alzada (total), pero si se opta por esta segunda modalidad, y posteriormente se da una gran desproporción entre lo pagado al autor y el beneficio que se obtenga se puede pedir por el autor la revisión del contrato. Este derecho no se aplica si la cesión se ha hecho gratuitamente.

23 - 5 - 2001

2. Cesiones exclusivas, hipoteca y embargo

Por regla general la cesión de los derechos de explotación no implica que los mismos se pueden ejecutar por una sola persona. Es decir, el autor puede ceder los derechos de explotación a varias personas a la vez incluso seguir ejercitando él esos derechos. Ese sería el caso de la cesión normal u ordinaria.

Lo lógico es que el cesionario quiera ser el único que pueda ejercer los mismos. Para ello es necesario que se acuerde con el autor lo que se denomina cesión en exclusiva de los derechos de explotación.

Para que una cesión sea en exclusiva es necesario que se haga constar de forma expresa en el contrato de cesión. Supone la exclusión de cualquier otra persona, incluso del propio autor, que no pueden mientras dure la cesión ejecutar los derechos.

El cesionario en exclusiva tiene derecho de defender esos derechos de explotación en el sentido de protegerlo de la vulneración, mutilación, etc...

Tiene la posibilidad de transmitir su derecho a otras personas. Para ello es necesario contar con el consentimiento expreso del autor cedente.

En el caso de existencias de relaciones laborales (autores asalariados) se entiende como norma general que si no hay pacto contrario la cesión de los derechos de explotación es en exclusiva.

Por lo que respecta a la hipoteca de los derechos de explotación la ley permite la constitución sobre los mismos de este derecho de hipoteca (es posible hipotecar los derechos de explotación). Para llevar a cabo dicha hipoteca habrá que estar a la normativa vigente de la ley hipotecaria, reglamento hipotecario.

Los derechos morales no son hipotecables.

En cuanto al embargo de los derechos de explotación, la ley declara los derechos de los autores como inembargables debido a su carácter inmaterial, pero aún cuando el derecho en sí es inembargable, sin embargo se permite el embargo de los frutos o productos, es decir, los elementos materiales que producen esos derechos de autor.

3. Contratos típicos de explotación 4. Requisitos y caracteres de los contratos

La LPI regula como contratos típicos para la cesión de los derechos de explotación dos:

a) Contrato de edición:

Viene regulado en los arts. 58 y siguientes LPI. Por este contrato el autor o sus herederos ceden a otra persona llamada editor, y mediante una compensación económica, el derecho a reproducir la obra y a distribuirla.

Para realizar esta labor el editor tiene la obligación de asumir por su cuenta y riesgo las labores de reproducción y distribución (el editor corre con los riesgos).

Para llevar a cabo esta labor el editor tiene que atenerse a las condiciones que ambas partes hubiesen estipulado en el contrato, además de atenerse igualmente a la normativa establecida en la LPI.

El contrato de edición es de los llamados “formales”, y tiene que reunir, como todos los contratos en nuestro ordenamiento, una serie de requisitos establecidos en el CC en el art. 1.261, que son el consentimiento de los contratantes, el objeto del contrato y la causa.

El consentimiento consiste en las declaraciones de voluntad de ambas causas contratantes para llegar a un acuerdo.

El objeto serán las creaciones, las obras objeto de derechos de autor. Tienen que ser obras existentes puesto que en principio no se permite realizar contratos de edición respecto a obras futuras que aún no estén creadas.

En cuanto a la causa, al igual que en todos los demás contratos, se supone que existe siempre y que es una causa válida y lícita,, salvo que se demuestre lo contrario.

En el contrato de edición se necesita un cuarto requisito, que es el llamado “de forma”. La regla general en materia de contratos es la no necesidad de este requisito. Tiene que cumplir una serie de formalidades, principalmente que tiene que hacerse por escrito.

Además tiene que tener un contenido mínimo, en el sentido de que debe tener los siguientes puntos o extremos:

• si la cesión de la creación es una cesión en exclusiva.

• el ámbito territorial de la cesión.

• el número máximo y mínimo de ejemplares que tendrá la edición.

• la forma en que se van a distribuir los ejemplares, haciéndose una mención a aquel número de ejemplares que van a quedar reservados al autor, en su caso, número de ejemplares para la crítica y número de ejemplares para la promoción de la obra.

• hay que fijar la remuneración del autor o de sus herederos.

• hay que establecer un plazo en que se van a poner en circulación los ejemplares de la obra siempre que se trate de una primera o única edición.

• se debe fijar también el plazo en el que el autor debe entregar el original de la obra la editor.

Además de este contenido expuesto hay otros puntos que son aplicables a las ediciones que se realicen en forma de libro:

N tiene que figurar en el contrato la/s lengua/s de publicación de la obra.

N debe figurar la cantidad que como anticipo va a recibir el autor acuenta de sus derechos.

N debe figurar cual va a ser la modalidad de edición (rústica, de lujo, etc...) Y también, en su caso, si la obra formará parte de una colección y cual será esta.

Entre las características fundamentales podemos señalar:

1) Es un contrato formal, puesto que necesita la forma escrita, y si no se hace así el contrato es nulo porque así lo dice el art. 61 LPI.

2) Estamos ante un contrato oneroso porque existe contraprestación entre las distintas partes contratantes.

3) Es un contrato conmutativo, en el sentido de que el contrato establece obligaciones para ambas partes contratantes.

4) Es un contrato típico, en el sentido de que el mismo viene regulado en la LPI.

Obligaciones de las partes contratantes:

! EDITOR: Fundamentalmente:

1) Reproducir la obra en la forma convenida sin introducir en ningún momento modificaciones que no hayan sido autorizadas por el autor, y debiendo hacer constar ne cada una de las reproducciones el nombre, signo o fiema que identifique al autor de la obra.

2) Hacer la distribución de la obra en el plazo y en las condiciones establecidas en el contrato.

3) Asegurar a la obra una explotación y difusión comercial continuada conforme a lo que sean los usos normales.

4) Pagar al autor o a los herederos la remuneración pactada en el contrato.

5) Restituir al autor o herederos el original de la obra una vez que se han llevado a cabo las labores de impresión (reproducción) y de tirada (distribución) de la misma.

! AUTORES: Fundamentalmente:

1) Entregar al editor dentro del plazo convenido el ejemplar de la obra original objeto de contrato.

2) Responder frente al editor de que él es el verdadero autor de la obra y de que tiene la titularidad de los derechos de explotación que cede.

El contrato de edición se extingue, además de por las causas de extinción generales de todos los contratos, por las siguientes causas:

1. Por terminación del plazo pactado.

2. Por la ventad e todos los ejemplares que constaba la edición.

3. Por el transcurso de 10 años desde la cesión si la remuneración pactada fue de una cantidad alzada (el total por toda la duración del contrato).

4. En todo caso, el contrato de cesión termina a los 15 años de la cesión de los derechos.

Una vez terminado el plazo el editor tiene un plazo de 3 años para vender los ejemplares que le queden de la obra. El autor en este caso tiene un derecho de adquisición de esos ejemplares que sobren en unas condiciones más ventajosas que el público en general.

Respecto a las ediciones de las obras musicales o parecidas el contrato de edición presenta algunas particularidades, entre ellas y como más importante, también entiende cedido el derecho de comunicación pública de la obra.

b) Contrato de representación teatral y ejecución musical:

Por medio de este contrato el autor o sus herederos ceden a una persona natural o jurídica el derecho de representar o ejecutar públicamente una obra literaria, dramática, musical, coreográfica, etc..., a cambio de una compensación económica.

El cesionario se obliga a llevar a cabo la comunicación pública de la obra en las condiciones estipuladas en el contrato y siguiendo las normas de la LPI.

Este contrato puede realizarse o bien por un tiempo determinado o bien por un número concreto de representaciones o ejecuciones.

En cualquier caso, si se trata de una cesión en exclusiva de los derechos, la duración del contrato no puede ser superior a los 5 años.

A diferencia de lo que ocurría en el contrato de edición el contrato de representación teatral es uno de los llamados “contratos consensuales”, porque aquí no se exige ninguna forma específica, por lo que es perfectamente posible celebrar el contrato verbalmente.

Por lo demás, las características de este contrato son las mismas que en el contrato de edición (oneroso, conmutativo y típico).

Por lo que se refiere a las obligaciones de las partes que intervienen:

! AUTOR:

1) entregar al empresario el texto de la obra.

2) responder frente al empresario de su autoría y de la titularidad de los derechos que cede.

! CESIONARIO:

1) Proceder a la comunicación pública de la obra en el plazo convenido, y si no se ha dicho nada en el plazo de un año.

2) No realizar en la obra ni cortes, ni variaciones, ni adiciones que no hayan sido consentidas por el autor.

3) Garantizar al autor o a sus representantes la inspección de la representación pública, así como la asistencia gratuita a la misma.

4) Pagar la remuneración que se hubiese convenido.

Por lo que respecta a la forma de llevar a cabo la ejecución debe haberse convenido entre las partes quienes han de ser los intérpretes, en su caso el director de orquesta y similares, así como aspectos relativos a la publicidad que se le va a dar a la obra.

Este contrato termina, además de por las causas generales, cuando el autor lo considere si se da alguna de estas circunstancias:

1º- si se interrumpe la ejecución o representación durante un año si la cesión es en exclusiva.

2º- si no se representa la obra en el plazo convenido.

3º- si se incumple alguna de las obligaciones por parte del empresario.

4º- si se trata de una obra de estreno y hay un claro rechazo del público a la misma se puede estipular en el contrato la extinción del contrato por dicha causa.

TEMA 9 - DURACIÓN Y LÍMITES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Duración de los derechos de explotación y de las cesiones

Se trata de ver cual es el tiempo durante el cual los autores o titulares de los derechos de explotación de la PI durante el cual pueden ejercer estos derechos (los derechos patrimoniales no duran siempre, son de duración limitada). Para determinar dicha duración habrá que estar a los diferentes supuestos de la LPI.

Por lo que respecta al derecho de autor propiamente dicho, la duración de los derechos económicos es durante toda la vida del autor y los 70 años siguientes a la muerte o declaración de fallecimiento. El mismo plazo de duración se establece para las obras anónimas o publicadas bajo seudónimo. Respecto de estas obras se empezará a contar el plazo desde que se publique la obra lícitamente. En este caso los derechos le pertenecen a la persona que sacó a la luz la obra, mientras que el autor permanezca en el anonimato. Pero en el momento que el autor salga a la luz se aplicará la norma general y en este caso los derechos de explotación le van a pertenecer durante toda su vida y los 70 años después de su muerte.

Respecto a las obras en colaboración del art. 7 de la ley, existe también una diferencia, la duración de los derechos de explotación se va a prolongar durante toda la vida de los coautores y durante los 70 años siguientes al fallecimiento de dichos coautores (del último).

En el caso de las obras colectivas del art. 8 la duración también es de 70 años, pero contados desde que se produjo la divulgación lícita de la obra. En el caso de que pudiesen separarse la intervención de esos autores se le aplicaría el derecho de un autor corriente. En todos los casos anteriores, si la obra se divulga por partes, por entregas, por fascículos, por volúmenes, etc..., en este caso el derecho de protección se va a computar separadamente para cada uno de los elementos o partes.

El art. 30 de la LPI ha establecido en la ley de 1996 un sistema de cómputo de los plazos que es diferente al que venía siendo el habitual hasta entonces. El sistema de cómputos consiste en que en todos estos casos los plazos empiezan a contar a partir del 1 de enero del año siguiente al que se produzca la muerte o la publicación lícita de la obra. Se pretende que todos los plazos tengan la misma fecha de finalidad (aunque la de inicio no sea igual). Por ejemplo, todos los derechos que se adquieren en el 2001 terminarán en el 2071. Es más cómodo.

El derecho de la muerte es el que -------------------.

Existe en la ley un plazo relativo a los programas de ordenador en el sentido de que si es una persona física o natural la creadora se le aplicarán las normas relativas en cuanto a los derechos económicos. Pero si la creadora es una persona jurídica, la creación va a quedar limitada a los 70 años siguientes a la divulgación lícita del programa, o en caso de no haberse divulgado, 70 años desde su creación.

Los titulares de derechos reconocidos en el libro 2º, --------------------------

en este caso los artistas, intérpretes y los productores cuenten con un plazo de 50 años desde la interpretación, o grabación, o desde 1 de enero del año siguiente.

El mismo plazo de 50 años de la emisión de la producción los titulares de ciertas entidades de radiodifusión o de meras fotografías o 25 años desde que publican las producciones.

2. Duración de las transmisiones. Derecho transitorio

Los plazos de duración de las transmisiones por “mortis causa” las tenemos en el apartado anterior.

En el caso de las transmisiones “inter vivos” se produce una voluntad por parte del autor o titular de que sea la otra persona la propietaria de los derechos de explotación. En este caso, y atendiendo al criterio general basado en el principio ----------------- la fijación del plazo que dura la transmisión se va a fijar por los propios empleados. Si no se fija plazo alguno de la duración de transmisión de los derechos, la ley establece un plazo general máximo de 5 años de duración si no se ha hecho referencia.

Este plazo es aplicable a los derechos de autor del libro 1º, pero no se va a aplicar a la duración de las transmisiones del libro 2º. Entonces, en este caso la duración -------.

El límite general de los 5 años de la duración de la transmisión también se aplica en el caso de las cesiones que se haga en exclusiva a través de contratos de representación teatral y de ejecución musical.

En los casos en que la cesión se haga mediante contrato de edición los plazos máximos de duración son mayores y así sería un plazo máximo de 15 años en unos casos y de 10 en otros (dependiendo de como se pacte el pago del contrato).

Todos estos plazos de duración de las transmisiones hay que entenderlos sin perjuicio de las situaciones ya creadas antes de la ley de 1996 porque por lo general cualquier derecho adquirido con anterioridad va a ser respetado y en principio no se va a aplicar retroactivamente la norma vigente (ley 1996).

3. Duración del derecho moral

La duración de los derechos morales de autor va íntimamente unida a la propia personalidad del autor.

Existen algunos derechos morales que siguen estando vigentes después dela muerte del autor.

Entre estos derechos que todavía siguen al autor esta el derecho de reconocimiento de la condición de autor y de derecho al respeto a la integridad de su obra.

Ptos. 3 y 4 de la ley: además, otro derecho que también subsistía era el de decidir sobre la divulgación de la obra en aquellos casos en que no se hubiese llevado a cabo por el autor durante toda su vida. Se concede en este caso el plazo de 70 años desde la muerte del autor para poder ejercitar este derecho. Aquí si que es de fecha a fecha el plazo. En el derecho moral no se establece en el sistema moderno de cómputo de plazos.

Los titulares de derechos morales del libro 2º sólo se reconocían derechos morales a los artistas, intérpretes o ejecutantes, y en este caso son derechos morales más limitados que los que se reconocían a los autores. Estos derechos morales duran los 20 años siguientes a su muerte para poder ejercitar estos derechos morales. Se aplica el sistema tradicional de cómputo de plazos (no el de enero a enero).

4. El dominio público

Los derechos económicos tienen limitado su plazo de duración. Cuando transcurren los plazos que establece la ley para la duración, como determina el art. 46 de la LPI la extinción de los derechos de explotación de las obras determina su paso al dominio público Esto implica que ya no existe sobre la obra un derecho privado ejercitado por alguien(el propio autor, o un titular, etc...). La obra pertenece a la colectividad. Esa posibilidad de utilizar la obra públicamente tiene que respetar siempre los derechos morales establecidos en los puntos 3 y 4. No es necesario tanta autorización para ninguno de los derechos patrimoniales establecidos en la LPI (reproducción, comunicación pública, distribución).

5. Límites: el libre uso de obras protegidas

Existen una serie de supuestos en los que según la ley, y aún cuando estén vigentes los derechos de explotación no se necesita autorización alguna para la utilización de las obras. Estos límites suponen la posibilidad de un uso libre, pero siempre que se den las circunstancias concretas establecidas por la ley para cada caso. Si no se diesen esas circunstancias necesitamos una autorización.

Las obras que han pasado al dominio público no necesitan autorización. Los límites que establece la ley que no necesitan autorización serían los siguientes:

1º. Para circunstancias en un proceso judicial o administrativo.

2º. Para uso estrictamente privado

3º. Para incluir la obra como cita o como reseña en otra o en otras obras.

4º. Cuando se trate de temas de actualidad y el uso de la obra lo sea a efectos mera y estrictamente informativos.

5º. Aquellas obras que estén situadas en la obra pública de forma permanente.

6º. El uso que se haga de la obra para fines de investigación y sin ánimo de lucro y en determinadas instituciones.

7º. Respecto de las obras musicales, la utilización que se haga de las mismas en actos oficiales o religiosos siempre que no tengan un carácter lucrativo.

8º. El uso que se haga de la obra para realizar una parodia de la misma pero siempre que no exista riesgo con la obra original y que tampoco se produzca daño a dicha obra original.

9º. El uso que se haga de las bases de datos siempre con arreglo a su normal utilización.

10º. Límite impuesto por el art. 44 CE: uno de los más importantes: si los herederos del autor que sean titulares de los derechos del mismo no divulgasen la obra inédita hasta ese momento, y con esa actitud de no divulgación se causase una vulneración al acceso a la cultura que tienen todos los ciudadanos por tratarse la obra única o de extraordinario interés para la colectividad, se podrá acudir al juez para adoptar las medidas oportunas al respecto, medidas que no son otras que ordenar la divulgación de la obra y todo ello sin perjuicio de que los herederos del autor sigan teniendo en su poder los derechos de contenido económico.

Todos estos límites están establecidos en los artículos 31 y 55 de la LPI.

Todos estos límites tienen que interpretarse de tal manera que a la hora de su explicación no se podrá causar nunca un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de los autores o a los intereses de los que tengan los derechos de explotación.

TEMA 10 - LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Registro de la Propiedad Intelectual

El actual texto refundido de la ley de 1996, al igual que lo hacía la ley de 1987, dedica 2 arts. a regular el derecho de la PI. Son los actuales 144 y 145. Estos artículos se incluyen dentro del libro 3º que es el relativo a la protección de los derechos que se reconocen en la LPI. Al registro de la PI se le puede considerar como un organismo de carácter administrativo, encargado de la protección de los derechos de PI, constituyendo un añadido más a lo que son los instrumentos judiciales provistos en la ley para esa protección o tutela de esos derechos.

• Se dice que el núcleo principal de esta protección que realiza este registro se encuentra en el carácter público de este mismo registro.

• Además de este carácter público también el registro de la PI cumple la función importante de presunción salvo prueba en contra de que los derechos que están suscritos en el registro existen y pertenecen al titular registrado.

• La 3ª característica es el rasgo consistente en la voluntariedad respecto al acceso del mismo. Significa que en ningún momento hay obligación alguna respecto a la inscripción en el registro. Por eso no se puede considerar que la inscripción en el registro es de carácter constitutivo del derecho. El derecho existe independientemente de que se inscriba o no en el registro (es conveniente pero no obligatorio). Esta voluntariedad de acceso al registro está en consonancia con las normas contenidas en los convenios y supuso realmente un cambio con arreglo al sistema que se inscribía en la ley de 1879.

El registro general de la PI tiene carácter único en España, sin embargo, está integrado en primer lugar por los registros territoriales, en segundo lugar por el registro central y en tercer lugar por la comisión de coordinación.

• Los registros territoriales son establecidos y gestionados por las comunidades autónomas. Además, las CC AA van a poder regular la estructuración y el funcionamiento dentro de su territorio, pero siempre con respeto y cumpliendo la normativo legal y reglamentaria establecida al respecto.

6. Protección penal de la propiedad intelectual

El actual Código Penal aprobado por una ley de noviembre de 1995 (que entró en vigor an mayo de 1996), igual que lo hacía el anterior, regula los delitos relativos a la PI.

Se trata de ver si el C.P. protege ambos aspectos (moral y patrimonial) o solamente protege uno de ellos. No hay duda respecto de que el C.P. hace una protección del aspecto patrimonial del derecho de autor. Pero más duda se plantea sobre si el derecho moral tiene protección por esta vía penal.

La doctrina sobre si se protege o no el derecho moral por vía penal o no está dividida.

Históricamente los códigos penales de nuestro país, a la hora de redactar los delitos contra la PI vemos que fundamentalmente ponen el punto de mira en el aspecto patrimonial sin hacer referencia al derecho moral de los autores.

Además, si nos fijamos en la ubicación dentro de los códigos penales en que se encuentran los delitos contra la PI veremos que este tipo de delitos está incluido dentro de las llamadas defraudaciones patrimoniales, lo que es un clarísimo indicio de que estamos ante un delito contra el patrimonio.

En los delitos contra la PI el bien jurídico que se protege es el patrimonio. No obstante, algunas sentencias del Tribunal Supremo en algún caso ha reconocido también protección jurídica a derecho moral de autor, pero que también incluiría delito contra el patrimonio.

La regulación de esta figura en el nuevo C.P. de 1995 reafirma incluso más lo dicho hasta ahora respecto del derecho que protege, así vemos que este tipo de delitos se incluyen en el tít. 13, relativo a lo socioeconómico. Dentro de este tít. 13 está el cap. 11, relativo a los delitos contra la PI e industrial relativos al mercado y a los consumidores.

Se está haciendo dentro de este cap. una regulación de unos delitos contra el patrimonio referente a estos bienes inmateriales y a otros.

Dentro de este cap. 11 es concretamente la sección 1ª la que regula los delitos contra la PI y comprende los arts. 270, 271, y 272. En el 1º de ellos podemos ver que de una forma clara se hace referencia a la protección del aspecto patrimonial, por un lado cuando hace referencia este artículo a las acciones necesarias para cometerlo (reproducir, distribuir o comunicar públicamente), y también, en 2º lugar, se hace referencia a la ausencia de autorización del titular del derecho cesionario del mismo (todos ellos son aspectos patrimoniales).

Conductas punibles:

• el art. 270 castiga con penas de prisión (de 6 meses a 2 años) o multa (de 6 a 24 meses) a quien con ánimo de lucro y en perjuicio de terceras personas reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente en su totalidad o en parte una obra literaria, artística o científica protegida o su transformación, su interpretación o su ejecución artística que esté fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada por cualquier medio sin la correspondiente autorización del titular de los derechos de PI o de sus cesionarios. Esta es la 1ª de las conductas que condena el C.P.

El ánimo de lucro y perjuicio de terceros son dos requisitos fundamentales. Estos 2 requisitos son nuevos, introducidos por el C.P. de 1995, ya que con anterioridad sólo se exigía que la conducta fuese intencionada sin más.

• Otra de las conductas que también se castiga en el C.P. es la de aquellas personas que de forma intencionada importen, exporten o almacenes ejemplares de las obras protegidas o producciones o ejecuciones sin la correspondiente autorización. Esta es otra conducta. Esa intencionalidad significa que aquí no es necesario el ánimo de lucro y perjuicio de terceras personas.

• Se ha añadido en el C.P. de 1995 otra conducta consistente en la fabricación, la tenencia o puesta en circulación de cualquier medio que esté encaminado a suprimir o a neutralizar, sin las correspondientes autorizaciones los dispositivos técnicos de protección de los programas de ordenador.

El art. 271 establece una pena superior (más grave) en los supuestos de que con alguno de los delitos enumerados se haya producido alguna de estas 2 circunstancias:

1) que el beneficio obtenido con la actividad delictiva sea de especial trascendencia económica (la importancia del beneficio la establece el tribunal).

2) Que el daño que se cause sea un daño de especial gravedad (otro elemento subjetivo que queda al arbitrio del tribunal).

En estos casos, sólo con que se de una de las dos circunstancias la pena puede elevarse hasta los 4 años de prisión además de multas más importantes. Además, en estos supuestos, el juez pueda también acordar el cierre temporal (nunca superior a 5 años) o incluso el cierre definitivo de la industria o establecimiento del condenado.

Toda conducta penal, además de la responsabilidad penal lleva también Aparejado como delito la responsabilidad civil del infractor, y para ello el propio C.P. nos remite a la LPI al respecto (art. 139 y siguientes), pudiendo incluso adaptarse en este procedimiento penal las medidas cautelares del art. 141 LPI.

El C.P. actual, al igual que el anterior, incluye una disposición sobre resarcimiento moral del titular del derecho de PI afectado. Consiste en que el caso de una sentencia condenatoria el tribunal podrá decretar la publicación de dicha sentencia en un periódico oficial y a costa del infractor.

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