Perón y La Iglesia

TESIS

Las relaciones entre la Iglesia y Perón fueron buenas en el primer gobierno aunque fueron agravándose hasta culminar en lo que fue la quema de las iglesias en 1955, terminando luego con el segundo mandato del general Perón. Queremos plantear cuáles fueron los hechos que hicieron que esta relación fuera de esta manera.

LA CAMPAÑA PERONISTA

Al organizarse una Junta Ejecutiva Nacional pro-candidatura del coronel Perón, se designó una secretaría de cultos, que recayó en un laico católico - José P. Maccioli- quien tenía buenas relaciones con varios sacerdotes y obispos. Él era el encargado de coordinar la acción del candidato y sus colaboradores con la de la jerarquía católica. El reclamo de apoyo a Perón, estaba “ganando de antemano” por la circunstancia en la que se organizaba la fórmula opositora. La presencia de comunistas y socialistas en el agrupamiento llamado Unión Democrática que llevaba como candidatos a los radicales Tamborini y Mosca, facilitaba la tarea del coordinador y entusiasta buscador de la apoyatura de la Iglesia. Luego de vencer algunas resistencias, que algunos observadores veían sólo como “amenazas” para disfrazar un apoyo ya brindado, el episcopado nacional, encabezado por Monseñor Copello, ofrece a Perón la más extraordinaria victoria pre-electoral: la Pastoral del 15 de noviembre de 1945. Naturalmente, la jerarquía no citaba a Perón-candidato, pero por “contrario sensu” condenaba toda colaboración y apoyo a fuerzas políticas que sostuvieran en sus programas: la separación de Iglesia y Estado, la anulación de la Enseñanza Religiosa en las escuelas públicas, y otros privilegios de la Iglesia. Era una directa opción por la fórmula peronista ya que la presencia de marxistas en apoyo de la fórmula opositora la “incluía” en la condenación episcopal”. El efecto causado por este documento entre los católicos fue diverso. Los amplios sectores de clase media y media alta se vieron en la necesidad de realizar una primera opción, y lo hicieron por sus convicciones o intereses partidarios. Entre tanto los sectores obreros y campesinos veían en el apoyo “indirecto” de la Iglesia una señal de aprobación religiosa que tenía profundo significado para ellos, más atados a las tradicionales costumbres de una religión que se alimenta del pueblo necesitado. Para Perón y sus colaboradores la pastoral que era leída en todas las capitales e iglesias del país durante trece o catorce domingos consecutivos, el documento y la prédica de los párrocos -por indicación de sus autoridades jerárquicas- le brinda una tribuna proselitista de gran capacidad productiva.

En enero de 1946, una nueva carta pastoral del arzobispo Guilland de Paraná prohibía afiliarse o votar por partidos o candidatos que sustentaran: la separación de la Iglesia y el Estado, supresión de la enseñanza religiosa en las escuelas, el divorcio vincular y los derechos de la Iglesia derivados de su carácter de “religión del Estado”. El arzobispo Zenobio Guilland citaba expresamente los partidos comunista y socialista (integrantes de la Unión Democrática) y en apoyo de su proclama citaba las palabras del Papa: “La iglesia no se mete en política, pero cuando la política toca al altar, entonces sí puede y debe inmiscuirse en ella, señalando a los católicos cuáles son deberes.”

La oposición católica se agrupa junto a De Andrea y al cura Dunphy de Liniers, quienes deben enfrentar a toda la estructura eclesiástica y política gubernamental durante varios meses, hasta que un reclamo directo de Perón al cardenal Copello logra la destitución del rebelde de Liniers, cuya parroquia había sido durante la campaña presidencial uno de los reductos más virulentos de los sectores antiperonistas.

EL GOBIERNO PERONISTA

La asunción del gobierno por el coronel Perón en 1946 no parecía modificar la línea seguida por el gobierno “de facto” en su relación con la Iglesia. El catolicismo político había renacido con fuerza en el país y pretendía institucionalizar sus logros durante el período 1943-46. Así resulta en la mayoría de los decretos dictados por el factismo, que reciben la aprobación del Congreso donde el oficialismo tiene amplia mayoría. La ley que institucionaliza la enseñanza religiosa es motivo de un extenso debate donde es difícil diseñar una línea divisoria. Cerca de medio centenar de legisladores discursean sobre el tema en los más variados tonos. Las líneas se cruzan pero el final del mismo resulta definitorio: 87 diputados oficialistas aprueban el decreto de Ramirez de 1943, contra 40 opositores que, pese a su confesión religiosa, veían el grave peligro que se cernía sobre la Iglesia al lograr esta clase de privilegios.

Las puertas del magisterio escolar se abrían así de par en par a los elementos de la Acción Católica, pero como las designaciones quedaban reservadas al gobierno -con asesoramiento eclesiástico- la disposición sufrió varios embates episcopales que reclamaban “plena libertad de acción”. La elección de los funcionarios directivos de la Dirección General de Enseñanza Religiosa trajo problemas, ya que los sucesivos sacerdotes (Sepich, García de Loydi y López Moure) se encontraban en el conflicto de una doble obediencia: como sacerdotes y como funcionarios. Finalmente, la elección de un hombre de confianza de la Curia, y hermano de Hernán Benítez -asesor de la Fundación Eva Perón-, salvó las distancias. Benítez de Aldama obvió las dificultades de la Ley, mediante un recurso ingenioso: solicitaba de los obispos los nombres de profesores aptos por nota oficial, pero juntamente se les rogaba hicieran llegar una lista reservada de nombramientos sugeridos. Así todos quedaban conformes: la ley y la Curia.

La ley de enseñanza religiosa levantó fuerte resistencia en los medios opositores tanto laicos como religiosos. Creó unanimidad casi total entre los cultos no católico-romanos y por su aplicación -muchas veces gravemente sectaria- originó los más grandes enfrentamientos dentro de la comunidad de estudiantes argentinos. Los “más papistas que el Papa” surgieron en la docencia, creyendo ganar méritos políticos -y económicos naturalmente-; así se dieron casos de enfrentamientos muy rudos, como el de la Escuela Normal Nº 4, cuya directora ejerció funciones de impedimento para el ingreso al ciclo de magisterio sobre aquellas alumnas que habían optado por “Moral”, en lugar de aceptar ser catequizadas religiosamente, por razones confesionales o a-confesionales. El estudioso protestante, Daniel P. Monti, señala que “quizás esta ley, y su cumplimiento por funcionarios celosos de su confesionalismo, haya sido para los católico-romanos el elemento de mayor conflicto con el gobierno de Perón, ya que en los otros aspectos de la vida de las iglesias y confesiones disidentes no hubo rastros de persecusión virulenta como en este campo de la vida del país”.

Sobre la fecha en que Farrell entrega el gobierno al presidente electo, el gobierno de facto dicta un decreto que estatuye sobre los cultos no-católico-romanos un control estricto. Basado en la necesidad de información estadística y control de un proselitismo que avanza sobre zonas reservadas por la Constitución de la Iglesia Católica, el decreto estatuye sobre los credos, sus doctrinas, su membresía, sus actividades extraconfesionales, etc. El Registro Nacional de Cultos no-católico-romanos es “ofrecido” al gobierno constitucional como un “hecho consumado”. Aunque nunca se afirmó explícitamente, los no-católicos consideraron que este decreto era “otra dádiva gubernamental a la Iglesia, sacada bajo presión de la misma”.

Lo notable resulta en que, cuando el Senado Nacional considera la vigencia de los decretos del gobierno “de facto”, resuelve excluir al nº 15.829, del 31 de mayo de 1946, pues considera “que perjudica una de las libertades fundamentales detalladas en la Constitución Nacional”, y el miembro informante, doctor Ramella, respondió a la pregunta de otro legislador por la vigencia del decreto de marras: “NO está incluido” (Diario de Sesiones de la H. Cámara de Senadores Sesión del 20 de agosto de 1946). Dos meses más tarde, el Poder Ejecutivo resolvía el archivo del expediente, visto “que no estaba en el ánimo de los señores senadores ratificar el mencionado decreto por consideraciones de carácter institucional”.

Los protestantes que habían presentado su queja ante el Poder Ejecutivo Nacional y ante el Congreso por lo que entendían era un avance sobre la libertad de cultos, respiraron tranquilos ante la actitud del Senado y del Poder Ejecutivo Nacional.

No pasaron dos años de este acontecimiento, cuando sorpresivamente el Poder Ejecutivo dicta un nuevo decreto (nº 31.814/48) por el cual se crea el “Fichero de Cultos no católicos”. El archivo del decreto de Farrell no había sido aceptado nunca por la jerarquía católica que presionó nuevamente sobre el gobierno para que se destituyera. Y el nuevo decreto resultaba más peligroso para el derecho de libertad de cultos y de conciencia que el producido por el gobierno de facto. La argumentación básica del decreto estaba asentada sobre la necesidad de contar con datos “estadísticos, información oficial y ordenamiento administrativo... en forma análoga a lo que se hace con la Iglesia Católica Apostólica Romana”. Los afectados, señalaban que ellos no podían ser igualados con la Iglesia sostenida por el Estado y sobre la que existía vigente la institución constitucional del Patronato... precisamente porque ellos... NO TENIAN LA MISMA RELACION CON EL ESTADO NACIONAL en dependencia económica o de autoridad.

El decreto establecía obligatoriedad de “permiso previo” para funcionar un centro de predicación o actividad religiosa. La existencia de organizaciones religiosas que no consideraban necesaria una organización “estatutaria” para funcionar como iglesia creaba situaciones “de hecho” que el Fichero no contemplaba y por ende, hubiera debido impedir su funcionamiento. La identificación de toda publicación (aun la interna mimeografiada) con el número de Registro y la remisión de ella en las oficinas del Registro para conocimiento de la autoridad competente, constituía otro elemento de la discriminación y control de las ideas expuestas. La pregunta que surgía era: ¿cuál era el temor del gobierno hacia las ideas de una minoría que sólo alcanzaba al 5% de la población? La respuesta parecía obvia: El control sobre toda posible oposición política, unido a la secular confrontación de l Iglesia Católica con los cultos disidentes, había provocado esta medida del gobierno nacional. Pero el círculo de control aún no estaba cerrado. A modo de “ayuda” para el cumplimiento del decreto, se dictaron “indicaciones” por la subsecretaría de Cultos, a cargo de Roberto H. Lanusse. Por las mismas, toda solicitud debía presentarse en papel sellado y entre las muchas presentaciones que exigía, una de ellas era de carácter prácticamente agobiante: “toda reunión debía ser autorizada y su solicitud debía presentarse mensualmente, dentro de los quince primeros días del mes anterior al que se realicen”, detallando una serie de datos sobre el lugar, fecha, hora, oradores, etc., que resultaba de imposible cumplimiento fiel. Por otro lado, los datos exigidos a cada confesión religiosa incluían: nombre de la organización, época de la iniciación de su credo, país de origen del culto, fecha de establecimiento de la entidad en el país, esencia del culto, diferencias fundamentales con la Iglesia Católica, etc.

En febrero de 1949, quince iglesias protestantes presentaban su solicitud de inscripción dejando asentada su protesta y señalando que la inscripción sólo se hacía para evitar caer fuera de los plazos expresados en el decreto.

La audiencia solicitada al presidente Perón no fue concedida. Derivado todo el proceso al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la resolución de Bramuglia del 12 de noviembre de 1949 quitaba toda esperanza de modificación de los términos del decreto.

COMIENZAN LOS PROBLEMAS

El “matrimonio por compromiso” del Gobierno y la Iglesia Católica tuvo sus altibajos de notoria crudeza.

Una ficha de “sanidad escolar” que intentaba averiguar sobre “las perturbaciones que origina la crisis puberal a las niñas escolares primarias”, genera un primer enfrentamiento en septiembre de 1946 y monseñor Francheschi consigue su anulación por intervención del propio Perón.

El viaje de Eva Perón en 1947 a Roma termina en una verdadera frustración. La esperanza de Eva y el Gobierno de un reconocimiento extraordinario por parte del Papa Pío XII quedó desechada ante la actitud “afectuosa pero protocolar del Pontífice”.

En 1948 el gobierno enfrenta una actitud “independiente” del obispo de Mercedes, monseñor Serafini, quien se niega a destituir al párroco de San Andrés, lo que era reclamado por el presidente de la Cámara de Diputados. Pero el problema importante se produjo cuando el ministro Carrillo apoya la reapertura de las “casas de tolerancia” en un intento de reglamentar la prostitución.

En ese tiempo el “complot” de Cipriano Reyes ocupaba la atención y la preocupación del gobierno. Pero la existencia de tres sacerdotes entre los sindicatos como cómplices, irritó los ánimos de ambos “contrayentes”.

La llegada del “Año Santo” puso un paréntesis de paz entre Gobierno e Iglesia en la Argentina. El presidente se dirigió al Pontífice solicitando que se dictara el dogma de la “Asunción de la Virgen” en este año mariano. Pero esa paz no podría durar demasiado. Un acto de los espiritistas de la Escuela Científica Basilio, en el Luna Park (que contó con autorización policial y presidencial) origina otro conflicto. Los jóvenes católicos tratan de copar el acto y al grito de “Jesús es Dios” irrumpen en impiden la celebración del mismo.

El Congreso eucarístico nacional a celebrarse en Rosario, sería presidido por el cardenal Ruffini como legado papal. Perón rehuye el encuentro y Quijano, vicepresidente, decide concurrir. Finalmente ambos participan del acto de clausura del Congreso y de un almuerzo que le es ofrecido al representante de Pío XII, donde el presidente confiesa su fe en Jesucristo como hijo de Dios.

Al presentarse la nueva ocasión de las elecciones en 1949, la pastoral de diciembre de ese año era una muestra de la firmeza de sus convicciones y la permanencia de sus intereses: “...recomendamos intervenir en las elecciones votando a los candidatos que sostengan la grandeza de la Nación, sobre las bases fundamentales de los principios cristianos tradicionales en nuestra Patria, e indispensables para la felicidad de los pueblos en la defensa particular de la unidad; la indisolubilidad y el bienestar de la familia; la enseñanza religiosa; el valor de la persona humana con derechos a una vida digna en lo económico, social y religioso; la propiedad privada, y el imperio de la justicia y la caridad según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo”.

La hipersensibilidad del gobierno quedó demostrada cuando una infidencia a título confidencial del embajador italiano en el país comenta al presidente que el Papa había manifestado una cierta desconfianza hacia el presidente Perón. Esto ocasionó un reclamo diplomático y el subsecretario de Estado del Vaticano responde negando que el Santo Padre se haya expresado en tales términos.

Así estaba la situación cuando un hecho de características religioso-populares enciende la llama de un enfrentamiento que ya no se podrá apagar: la presencia en el país de un predicador protestante de origen pentecostal, Teodoro Hicks, logra reunir multitudes en las canchas de Atlanta y Huracán, que siguen su charla y oraciones con creciente unción: el predicador afirmaba que sus oraciones y el poder de Dios eran capaces de curar las enfermedades de todos aquellos que se llegaran hacia su tribuna. El gobierno autorizaba esos actos, e incluso (según afirman algunos católicos) la Fundación Eva Perón llevaba enfermos hasta las canchas para que recibieran los resultados milagrosos proclamados por el predicador protestante.

La Iglesia Católica se levantó unánime ante este hecho, condenando la actividad del “disidente” y por elevación la autorización gubernamental para que se realizaran semejantes reuniones multitudinarias.

Corría el año 1954 y el gobierno tenía interés en la resolución del problema de abastecimiento petrolero del país. Los ánimos estaban bastantes encrespados por los proyectos presentados al Congreso que no lograban la aprobación unánime que se esperaba, ni aun en la propia banca peronista. Arturo Frondizi acababa de escribir su libro “Petróleo y Política” criticando la actitud del gobierno, y monseñor De Andrea se manifestaba de acuerdo con el político radical. En Rosario de Santa Fé un grupo de católicos fundaba las bases del partido Demócrata Cristiano, y la huelga metalúrgica crea al gobierno otro elemento de tensión social intenso.

EL PRINCIPIO DEL FIN

Los últimos acontecimientos citados, señalan un hito importante en la historia de la relación Gobierno-Iglesia en la década de nuestro estudio. El gobierno comienza a detectar grupos de “infiltración religiosa y política” en los sindicatos (se acababa de fundar la CLASC- agrupamiento de los sindicatos cristianos en América Latina- y en las organizaciones estudiantiles. Los profesionales empezaban a agruparse como “católicos” con sus asesores eclesiásticos. Se creaba un partido católico. Y el gobierno se pregunta: ¿para qué necesitan los católicos de un partido político? ¿Acaso el partido oficial no ha cumplido todas las promesas formuladas a la Iglesia en respuesta a su apoyo en el pasado? ¿Por qué necesitan los obreros agruparse por confesionalismos religiosos? Esto significará la fractura de la unidad sindical propuesta y cumplida por la CGT.

Las tensiones aumentan día a día. Los discursos del presidente -como el del 17 de octubre, cuando se refiere a ciertos opositores que son como “bosta de paloma”... porque no tienen olor con clara referencia a los católicos -nuevos opositores-, son respondidos por la jerarquía eclesiástica con sus pastorales. En noviembre, diez o doce días después del discurso citado de Perón, el episcopado se desata con una condenación de las aberraciones del espiritismo. Por ese entonces, se afirmaba en los círculos católicos que Perón participaba de sesiones espiritistas presididas por un famoso medium brasileño. Nadie pudo demostrar la verdad de esta afirmación, pero el intento de la Pastoral era evidentemente dirigido hacia un blanco ofrecido por la cabeza del gobierno nacional.

El mes de noviembre resulta uno de los meses claves en esta lucha, Raúl Bustos Fierro, por entonces dirigente del bloque de diputados peronistas, junto con los otros funcionarios gubernamentales tratan de orientar la situación haciendo comprender al presidente que el problema que se plantea no es un problema de “algunos curas y unos pocos obispos descarriados”.

El 10 de noviembre Perón reúne a todo su gabinete y dirigentes políticos peronistas y plantea su problema: “La Iglesia no tiene que ver con este asunto”. Citó a varios sacerdotes y obispos como culpables de esta desviación y “prometió ayudar a la Iglesia a corregirlos…”.

El periodismo (especialmente Crítica y Democracia) se lanza a un ataque sin descanso contra la jerarquía y publica fotos con epígrafes rudos contra diversos obispos. Aparecen los “curas” con problemas sexuales y drogadictos, que la Iglesia acusa de ser peronistas disfrazados con sotana. El periódico Presencia (católico) comienza una campaña feroz de crítica a la actividad del gobierno. Un repaso de sus titulares permite conocer la orientación que se ha impuesto: ataca al IAPI (organismo encargado de la promoción del intercambio comercial internacional); a la política económica de Perón; a la política sindicalista de unidad gremial en una CGT única; al artículo 40 de la Constitución justicialista de 1949 por su definición de la función social de la propiedad, mientras defiende “a muerte” a la propiedad privada, etc.

La lucha ya no tiene solución de continuidad.

A una pastoral “prohibiendo a los sacerdotes ejercitar funciones políticas”, el gobierno responde con la supresión de la enseñanza religiosa de las escuelas públicas, un proyecto propendiendo al divorcio vincular e igualdad de hijos ilegítimos y otro reclamando una reforma constitucional que separe a la Iglesia del Estado.

Sobre la Navidad, el episcopado vuelve a la carga atacando estas disposiciones y proyectos gubernamentales, y los católicos ganan la calle provocando incidentes con las fuerzas policiales.

Dos intervenciones de diputados peronistas en el Congreso son una muestra de cómo estaba caldeado el ambiente, y cuánta suspicacia presidía esos debates.

La legisladora bonaerense, señora de Rodríguez, al tratarse un proyecto de ley de reglamentación del derecho de reunión manifestaba: ”…con referencia a las reuniones realizadas en lugar abierto… hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los sacerdotes tienen una alta función que cumplir dentro de los límites humanos de su sagrado ministerio. Sagrada función espiritual que trasciende a lo divino cuando estos vocacionales predicadores de la doctrina de Cristo, iluminados por las palabras del Redentor, inician a sus fieles en el camino de la humildad cristiana, de la confraternidad y del respeto a sus semejantes. Cuando están dentro de estas funciones, los representantes de la Iglesia son los auténticos forjadores de la moral católica porque solamente de esa manera ejercen la Cátedra de Pedro. Pero cuando se evaden deliberadamente de sus disciplinas estrictamente espirituales y abandonan el simbolismo de la liturgia para inmiscuirse en los asuntos de la vida civil, cometen, a mi juicio personal, un pecado que yo me atrevería en llamar de inoportuno clericalismo…”.

Y otro legislador, el gremialista Diskin, ante los ataques de la oposición radical, respondía con énfasis: ”…y pretenden hacer aparecer al gobierno peronista en contraposición de la Iglesia, y se manifiestan defensores de la libertad de cultos. Sabe el país y el mundo que no hay conflicto entre el Gobierno y la Iglesia, a la que siempre se ha respetado y seguimos respetando. Lo que sí hay, es que el gobierno y el pueblo no toleran ni tolerarán jamás a los clericales reaccionarios infiltrados dentro de nuestro Movimiento o fuera de él, que esgrimen sus investiduras religiosas para luchar contra el Gobierno y contra el pueblo”.

Así, se mezclaban las ideas y los defensores de entonces se transformaban en los atacantes de ahora, y viceversa. En 1955, la situación se agravó aún más. En su mensaje de 1° de mayo, en la apertura de las sesiones del Congreso, Perón dedica a la juventud argentina su mensaje presidencial. “Estos jóvenes -dijo- son los que recibieron nuestra proclama de 1943 cuando afirmamos que los únicos privilegiados eran los niños… Ahora, aquellos niños son los jóvenes en los que depositamos la esperanza del país”. Ni una palabra para dar lugar al reconocimiento de la crisis institucional que estaba viviendo el país. Ninguna cita de la Iglesia.

Pocos días después dos proyectos encuentran su apoyo en las Cámaras: anulación de exenciones impositivas a las propiedades y bienes de la Iglesia y derogación legislativa de la ley de Enseñanza Religiosa en las escuelas públicas, para culminar con un proyecto encabezado por el diputado Tesorieri que aprueba la Cámara de Diputados con el voto -naturalmente- en contra de la minoría radical: el proyecto de Reforma constitucional, cuyo artículo 1° rezaba como sigue: “Declárase necesaria la reforma parcial de la Constitución Nacional en todo cuanto se vincula a la Iglesia y a sus relaciones con el Estado, a fin de asegurar la efectiva libertad e igualdad de cultos frente a la ley”.

Los hechos sobreviven con rapidez. Corpus Christi y su manifestación de fe postergada ante la decisión gubernamental interpretando el feriado religioso como día laborable, lo cual le quitaría público al acto programado frente a la Catedral. Al fin del acto religioso una manifestación llega ante el Congreso Nacional y aparece una bandera quemada.

El gobierno es acusado de ser el causante del hecho y las investigaciones posteriores parecieron confirmarlo. Otros testimonios aseveran que las banderas fueron dos: una que se quemó al tomar contacto con un farol y otra que fue quemada cuando aquélla se extravió y el propio presidente exigió ver “el cuerpo del delito”.

Días antes, el Episcopado Nacional se había reunido para formular su denuncia al mundo de la “persecución religiosa en nuestra Patria”. La serie de agravios que formula, va desde los insultos de nivel periodístico a sacerdotes y obispos, hasta los hasta los gritos proferidos en asambleas públicas con la presencia de los más altos funcionarios nacionales; la anulación de las leyes que privilegiaban a la Iglesia Católica (enseñanza religiosa, impositivas, reglamentación de reuniones públicas, eliminación de feriados nacionales a expensas de festividades religiosas, convocación de una convención reformadora de la Constitución nacional auspiciando la separación de la Iglesia y el Estado; la detención de sacerdotes…)

Ese documento, provoca la disposición de la Curia Vaticana, excomulgando a Perón y a sus colaboradores por los hechos acaecidos en el país contra los derechos de la Iglesia. La Congregación Consistorial declara que “han incurrido en la excomunión especialmente reservada…”. Raúl Bustos Fierro, en su obra citada, abre una ventana de investigación al afirmar que la Bula de excomunión incluye hechos que fueron cometidos en ocasión de la frustrada acción de la Marina del 16 de junio y que sin embargo están presentes en ese documento vaticano cuya fecha resulta coincidente con los hechos que condena (indudablemente haciendo responsable al gobierno de la quema de las iglesias: “indujeron a la perpetración que no hubiera sido cometida sin su participación…”). Y se pregunta: si fue preparada en Roma antes del 16 de junio, cómo pudo acusar de hechos sucedidos en esta fecha. La cita de documentos reservados en el Departamento de Estado de EE.UU. de N.A. donde se afirma que la quema de la bandera lo fue fortuitamente, abre un nuevo juicio sobre la suerte de los templos quemados: “respondió a una acción coordinada y previamente conocida, desde la mañana misma de ese día, por los miembros de los conventos que fueron trasladados antes del hecho a diversos lugares de seguridad… en la que intervinieron piquetes masónicos y políticos, oficiales de la Marina de Guerra y secuaces del vicepresidente Alberto Teisaire…”. Finalmente, cita el testimonio de monseñor Fernando Cento, representante de Juan XXIII, en su visita a Córdoba en 1959, quien ratificó lo que expresan esos documentos en una concentración de fieles en la ciudad. El debate sigue abierto.

CONCLUSION

Las excelentes relaciones que habían caracterizado al primer gobierno peronista respecto de la Iglesia, fueron deteriorándose progresivamente con el comienzo del segundo mandato del general Perón y agravándose de forma notoria en los momentos previos a su caída. Es sin duda la degradación que alcanzaron, una de las principales causas del golpe militar que derrocó al peronismo en septiembre de 1955.

La muerte de Eva Perón el 26 de julio de 1952 fue un hecho que influyó mucho en esta relación, ya que ella era una mujer católica que impulsaba al general Perón a seguir el catolicismo y además tenía un gran “poder” en sus actos gubernamentales. Lo que se demuestra en lo grave que se tornó la situación paulatinamente luego de su muerte.

Por otra parte, los desviamientos del catolicismo se muestran notoriamente con el acto de los espiritistas de la Escuela Científica Basilio en el Luna Park, el encuentro del predicador protestante de origen pentecostal en las canchas de Huracán y Atlanta al que concurrieron según afirman algunos católicos, enfermos de la Fundación Eva Perón; y por último los rumores que afirmaban que el general Perón participaba de sesiones espiritistas presididas por un famoso medium brasileño.

Todo esto sumado a los hechos descriptos a lo largo de esta monografía desencadenó en el final trágico de esta historia: la quema de las iglesias de 1955 con la excomunión del general Perón.