El IRPF es un tributo personal y directo inspirado en los principios de igualdad, generalidad y progresividad. Somete a gravamen la renta que obtienen las personas físicas, tomando en consideración sus circunstancias personales y familiares.

Aquí podemos observar una de las primeras diferencias con el IRPF anterior: lo que se grava es la renta obtenida menos las cantidades que el contribuyente destina a las necesidades personales y familiares, es decir el mínimo personal y familiar. Es decir, el nuevo IRPF no grava la “renta obtenida” sino la “renta disponible”.

La renta del contribuyente está constituida por la totalidad de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta que se establezcan por ley, independientemente del lugar donde se hayan producido. Como ya hemos comentado, de la renta obtenida habrá que reducir la renta destinada a cubrir las necesidades personales y familiares; estas cantidades se concretan a través del mínimo personal y familiar, que varía en cuantía en función de las citadas circunstancias (edad del contribuyente, familiares a su cargo, minusvalías, número de hijos, etc.)

El IRPF se aplica en todo el territorio español, siempre teniendo en cuenta las situaciones especiales del País Vasco, la Comunidad Foral Navarra, Canarias, Ceuta y Melilla.

La renta gravada es la renta obtenida, y ésta la compone los rendimientos del trabajo, los rendimientos del capital, los rendimientos de las actividades económicas, y las ganancias y pérdidas patrimoniales. No será renta gravable la renta que ya se encuentre gravada por otro impuesto.

En cuanto a las rentas exentas, se mantienen las exenciones en casi todos los casos de la Ley anterior. Las nuevas exenciones son:

A diferencia con la Ley anterior, la nueva Ley no utiliza en ningún momento el término sujeto pasivo y lo sustituye por contribuyente. Contribuyentes serán las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español. Los no residentes están sujetos a otra ley específica. Residente es aquel que haya permanecido durante el año natural más de 183 días o bien, que haya radicado en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, directa o indirectamente. También son considerados por la Ley residentes los españoles residentes en el extranjero con distintos cargos oficiales o diplomáticos. Además, se considera también residentes a los españoles no residentes que residan en “paraísos fiscales”.

Las rentas que correspondan a las comunidades de bienes, así como la de otros entes sin personalidad jurídica están sujetas al IRPF atribuyéndolas a sus comuneros, socios o herederos según las normas o pactos aplicables en cada caso y, si éstos no constan claramente, se atribuyen por partes iguales.

Al igual que la Ley anterior, el período impositivo coincide con el año natural devengándose el 31 de diciembre de cada año. Sólo en el caso de fallecimiento del contribuyente se prevé la ruptura del período impositivo. En tal caso, el periodo impositivo terminará y se devengará en la fecha del fallecimiento, sin perjuicio de la opción por la tributación conjunta.

La base imponible del Impuesto está constituida por la renta disponible del contribuyente. Para cuantificar la base imponible se procede siguiendo un orden:

El mínimo personal es:

El mínimo familiar es, además de otras cuestiones deducibles específicas, fundamentalmente:

Estas cantidades deben ser incrementadas en 25.000 pts., en concepto de material escolar por cada descendiente que tenga 3 y 16 años de edad, y en 50.000 pts., por cada descendiente a cargo menor de 3 años.

Si las deducciones en concepto de mínimo personal y familiar superan la base imponible, la diferencia se podrá aplicar a reducir la parte especial de la base imponible, pero en ningún caso puede aquella ni ésta resultar negativa como consecuencia de tal disminución.

En este punto no ha habido apenas cambios con respecto a la Ley anterior. La base liquidable se obtiene de reducir de la base imponible general, exclusivamente, dos tipos de renta:

Según la Ley se consideran rendimientos íntegros del trabajo todas las contraprestaciones o utilidades dinerarias o en especia que deriven directa o indirectamente del trabajo personal o de la relación laboral o estatutarias y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas.

La nueva Ley del Impuesto hace primero una enumeración indicativa de aquellos conceptos que son propiamente rendimientos de tal naturaleza y en segundo lugar hace una enumeración cerrada de aquellos otros que en todo caso tienen tal consideración.

En la primera lista se incluyen en particular como rendimientos íntegros del trabajo los siguientes:

En la segunda lista se establece que, en todo caso, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo:

1.ª Las pensiones y haberes pasivos percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas y demás prestaciones públicas por situaciones de incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, viudedad, orfandad o similares.

2.ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de mutualidades generales de funcionarios, colegios de huérfanos y otras entidades similares.

3.ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pensiones.

4.ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de contratos de seguros concertados con mutualidades de previsión social cuyas aportaciones hayan podido ser, al menos, en parte gasto deducible para la determinación del rendimiento neto de actividades económica su objeto de reducción en la base imponible del impuesto.

5.ª Las prestaciones por jubilación e invalidez percibidas por los beneficiarios de contratos de seguro colectivo que instrumenten los compromisos por pensiones asumidos por las empresas en la medida que su cuantía exceda de las contribuciones imputadas fiscalmente y de las aportaciones directamente realizadas por el trabajador.

A continuación se enumeran los conceptos que la nueva Ley ha incluido o suprimido en referencia a los rendimientos íntegros del trabajo:

• Se suprime la referencia a los complementos salariales, jornales, gratificaciones, los incentivos, pluses y pagas extraordinarias; supresión que carece de transcendencia y que solo obedece a una mejora técnica de la enumeración.

• Se incluyen como rendimientos íntegros del trabajo del trabajo los procedentes de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares que en la normativa anterior tenían la consideración de rendimientos profesionales.

• Se incluyen así mismo como rendimientos íntegros del trabajo los derivados los derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación, supuesto éste que al igual que el anterior tenía la consideración de rendimiento procedente de una actividad profesional

• Se sustituye la referencia a las “retribuciones de los miembros de los Consejos de Administración o de las Juntas que hagan sus veces” por la de “retribuciones de los miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan sus veces y demás miembros de otros órganos representativos” sin que tal modificación altere en modo alguno a la consideración que hasta la actualidad tenía.

• Se suprime la referencia a “ayudas o subsidios familiares” sin que tal supresión plantee ningún problema.

• Se incluyen como rendimientos íntegros del trabajo las retribuciones percibidas por quienes colaboren en actividades humanitarias o de asistencia social promovidas por entidades sin ánimo de lucro.

• Se suprime la referencia que se hacía a los “premios” sin que, al igual que en punto anterior suponga ningún problema.

• Se suprimen las referencias a las “remuneraciones de los funcionarios españoles en organismos internacionales, sin perjuicio de los previsto en los Convenios o Tratados Internacionales” y a “las cantidades que se obtengan por el desempeño de funciones…”

• Se suprime la referencia a “indemnizaciones” sin que esto modifique la fiscalidad de las mismas.

• Otras modificaciones sin especial transcendencia.

Los rendimientos íntegros se computarán, como norma general, en su totalidad, excepto que les sean de aplicación alguna de las reducciones previstas en el art. 17.2 de la nueva Ley del IRPF. Dichas reducciones se aplican en algunas prestaciones públicas, de jubilaciones, de prestaciones de seguros, por invalidez, etc.

El rendimiento neto del trabajo será el resultado de disminuir el rendimiento íntegro en el importe de los gastos deducibles no introduciéndose ninguna novedad al respecto. Los gastos deducibles son:

Los dos últimos puntos constituyen una novedad en la nueva Ley en los términos antes citados.

La nueva ley contempla la posibilidad de practicar unas reducciones sobre el rendimiento neto según cual sea el importe de este último. Tales reducciones no deben confundirse con las citadas anteriormente, ya que estas últimas resultan de aplicación para determinar el importe que debe computarse como rendimiento íntegro, las aquí comentadas minoran el importe del rendimiento neto, esto es, la diferencia entre el rendimiento íntegro y los gastos que tienen la consideración de deducibles. Así pues, el rendimiento neto del trabajo se minorará en las siguientes cuantías:

El importe de las reducciones citadas previamente se incrementan en el supuesto de que los perceptores de las rentas del trabajo sean trabajadores activos discapacitados, incremento que será mayor cuanto mayor sea también el grado de minusvalía. El resultado de aplicar tales reducciones no puede ser negativo pudiendo éstas tan sólo minorar el rendimiento neto hasta como máximo el importe del mismo sin que como consecuencia de su aplicación pueda declararse un rendimiento negativo por tal concepto.

En cuanto al concepto de rendimientos en especia, no hay en la nueva ley modificaciones relevantes.

Son rendimientos del capital inmobiliario los que proceden de la titularidad o de derechos reales sobre bienes inmuebles así como todos los que se deriven del arrendamiento o de la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute de las mismas.

Se excluyen los rendimientos presuntos de tales bienes, que pasan a denominarse “rentas inmobiliarias”. A diferencia de lo que ocurría en la Ley anterior. Las rentas presuntas procedentes de determinados bienes inmuebles no tienen la consideración de rendimientos de capital inmobiliario. Se integran en la base imponible bajo la denominación de “imputación de rentas inmobiliarias”.

Como rendimiento íntegro del capital inmobiliario se computa el importe que se reciba, por todos los conceptos del adquiriente, cesionario, arrendatario o subarrendatario excluidas las cuotas repercutidas del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Para la determinación del rendimiento neto del capital inmobiliario, se deducirán del íntegro, los gastos siguientes:

Los rendimientos netos del capital inmobiliario con un período de generación superior a dos años y los que el Reglamento del Impuesto califique como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, se reducirán en un 30 por 100. Esta reducción se justifica debido a la desaparición del concepto de base imponible regular, lugar donde se incluía este tipo de rentas.

La nueva Ley excluye de gravamen el rendimiento presunto obtenido por el contribuyente a consecuencia de la utilización de su vivienda habitual, pero no sus anexos (cocheras y trasteros) que el proyecto de Ley si contemplaba.

La renta imputada será la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje del 2 por 100 al valor catastral del inmueble, determinándose proporcionalmente al número de días que corresponda en cada período impositivo. Cuando los valores catastrales hayan sido revisados y resulten aplicables a partir del día 1 de enero de 1994, el porcentaje será de 1,1 por 100.

En cuanto a los supuestos de multipropiedad, también da lugar a la imputación de rentas inmobiliarias, salvo que su duración sea inferior a dos semanas por año. La imputación de la renta debe efectuarse al titular del derecho real, prorrateando el valor catastral en función de la duración anual del período de aprovechamiento. Si no existe valor catastral se partirá el precio de adquisición del derecho sin reducción alguna.

Los rendimientos del capital mobiliario se definen como los que provengan del capital mobiliario y, en general, de los restantes bienes y derechos de que sea titular el contribuyente, que no se encuentren afectos a actividades económicas realizadas por el mismo.

La nueva ley clasifica los rendimientos con cuatro clases. Tres de ellas provienen de la antigua Ley y una es nueva con la nueva:

En referencia a la doble imposición de los dividendos, se corrige parcialmente, en la misma medida que se venía haciendo desde 1995 y con el mismo mecanismo del coeficiente de 1,4 y atribuir al perceptor el derecho a una deducción en cuota del 40 por 100. Este mecanismo no es el mismo en todos los casos dependiendo de distintos factores.

Con las cuentas en participaciones, en la Ley de1991, la participación del partícipe no gestor tributaba como rendimiento del capital mobiliario, es decir se asimilaba un dividendo. Con la ley nueva, los rendimientos de las cuentas en participación tienen la consideración de rendimientos de actividad económica, tanto para el partícipe gestor como para el no gestor. También se han eliminado la clasificación que dividía los rendimientos en implícitos, explícitos y mixtos.

Como consecuencia de la regla según la cual las rentas obtenidas en la transmisión de valores tributan como rendimientos del capital, pasarán a hacerlo así rentas que bajo la ley antigua se consideraban incrementos patrimoniales, se ha establecido un régimen transitorio, se trata de la disposición transitoria octava que dispone que los rendimientos derivados de la transmisión, amortización o reembolso realizadas desde 1 de enero de1999, de valores de la deuda pública, adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre de 1996 y que con anterioridad generaran incrementos de patrimonio, se integrarán en la parte especial de base imponible (en la que tributa al 20%), sin que sean de aplicación las reducciones de los rendimientos de capital inmobiliaria.

Ahora haremos una breve referencia a la tributación de los seguros de vida e invalidez. Antes tributaban como incrementos patrimoniales, con aplicación de los famosos coeficientes en función del tiempo transcurrido desde el pago de las primas, pudiendo llegar a la exención total. A partir de 1999, las rentas derivadas de seguros de vida e invalidez, al igual que las procedentes de operaciones de capitalización, tributarán como rendimientos del capital mobiliario. También se aplicarán coeficientes reductores, pero no se puede llegar nunca a la exención total. Otra diferencia importante es que los seguros de vida no dan derecho a la deducción en cuota que tenían según el sistema anterior. Por otra parte, los contratos de seguro de vida para caso de muerte y, en general, aquellos en que se designe un beneficiario distinto del tomador del seguro, no tributarán por IRPF, sino por Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

A continuación, vemos cuáles son los gastos deducibles:

Ganancias y pérdidas patrimoniales son las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que otros preceptos de la Ley del IRPF las califiquen como rendimientos.

En ningún caso existirá una alteración de patrimonio en tres supuestos que a continuación detallo:

Con la nueva Ley, desaparece la consideración como renta exenta de los incrementos de patrimonio procedentes de transmisiones por importe inferior a 500.000 pesetas. Como regla general no existe ganancia o pérdida patrimonial en las reducciones del capital.

Algunos casos especiales:

El importe de las ganancias o pérdidas patrimoniales será:

Cuando se hubiesen efectuado mejoras en los elementos patrimoniales transmitidos, debe distinguirse la parte del valor de enajenación que corresponda a cada componente del mismo.

El valor de mercado en las transmisiones a título oneroso está integrado por la suma de los siguientes elementos (minorado en el importe de las amortizaciones según establezca el Reglamento del Impuesto):

El valor de transmisión en las operaciones a título oneroso será el importe real por el que la enajenación se hubiese efectuado, del cual se deducirán los gastos y tributos inherentes a la adquisición. Si el valor de transmisión efectivamente satisfecho es inferior al de mercado prevalecerá este último, aunque no exista vinculación entre las partes.

En los traspasos, la ganancia patrimonial se computa al cedente en el importe que le corresponda en el traspaso, salvo que se hubiera adquirido mediante precio, en cuyo caso éste tendrá la consideración de valor de adquisición.

Si se perciben indemnizaciones o capitales asegurados por pérdidas o siniestros en elementos patrimoniales, se computa como ganancia o pérdida patrimonial la diferencia entre la cantidad percibida y la parte proporcional del valor de adquisición que corresponda al daño. Cuando la indemnización no fuese en metálico, se computará la diferencia entre el valor de mercado de los bienes, derechos o servicios recibidos y la parte proporcional del valor de adquisición que corresponda al daño. Ahora bien, sólo computará como ganancia patrimonial cuando se produzca un aumento en el valor de patrimonio del contribuyente.

En las permutas de bienes y derechos, la ganancia o pérdida patrimonial se determina por diferencia entre el valor de adquisición del bien o derecho que se cede y el mayor de los dos siguientes:

Cuando se transmita un elemento patrimonial a cambio de una renta temporal o vitalicia, la ganancia o pérdida patrimonial se computa por diferencia entre el valor actual financiero actuarial de la renta y el valor de adquisición de los elementos patrimoniales transmitidos. La ganancia o pérdida patrimonial obtenida a consecuencia de la extinción de rentas vitalicias o temporales, se determina, para el que está obligado a su pago, por diferencia entre el valor de adquisición del capital recibido y la suma de las rentas efectivamente satisfechas.

A diferencia de la Ley anterior, la percepción de cantidades procedentes de contratos de seguros de vida e invalidez no da lugar a ganancia o pérdida patrimonial, ya que tienen la consideración de rendimientos del capital mobiliario.

Como viene siendo habitual en nuestro ordenamiento desde 1978, las ganancias patrimoniales obtenidas por la transmisión de la vivienda habitual del contribuyente, están excluidas de gravamen siempre que el importe total obtenido por la transmisión se reinvierta en la adquisición de una nueva vivienda habitual. Las condiciones se dejan en manos del Reglamento.

Tienen la consideración de ganancias patrimoniales no justificadas los bienes o derechos cuya tendencia, declaración o adquisición no se corresponda con la renta o patrimonio declarados por el contribuyente, así como la inclusión de deudas inexistentes en cualquier declaración por este Impuesto o por el Impuesto sobre el Patrimonio, o su registro en los libros o registros oficiales. Esta última referencia a las deudas no estaba prevista en la Ley anterior. Las ganancias patrimoniales no justificadas se integrarán en la base liquidable general del período impositivo respecto del que se descubran, salvo que el contribuyente demuestre que ha sido titular de los bienes o derechos correspondientes desde una fecha anterior a la del período de prescripción (cuatro años).

Los rendimientos de actividades económicas, antes denominados actividades empresariales y profesionales, son aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

Veamos las novedades fundamentales del nuevo IRPF en relación con los rendimientos de actividades económicas. El nuevo Impuesto, en muchas de las cuestiones relacionadas con los rendimientos de actividades económicas, es heredero de las reformas realizadas en 1997, que entraron en vigor en 1998. Aún así hay ciertas novedades de importancia:

En los incrementos de patrimonio, ganancias y pérdidas patrimoniales en la nueva Ley, se destaca la incorporación a tal concepto de las derivadas de elementos afectos a actividades económicas. En la reforma llevada a cabo en 1997 y que entró en vigor en 1998 se había dispuesto que estas ganancias y pérdidas, derivadas de elementos patrimoniales afectos, se incluirían dentro del rendimiento de actividades económicas, en el nuevo Impuesto su determinación y tributación se hará incluyéndolos entre las ganancias y pérdidas de capital y fuera por tanto de su consideración como rendimientos de actividad empresarial o profesional. El nuevo artículo 26 establece que para la determinación del rendimiento de las actividades económicas no se incluirán las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de los elementos patrimoniales afectos a las mismas.

Otra de las novedades importantes de la Ley consiste en la no aplicación de la exención por reinversión, cuando procediera la aplicación del régimen de empresas de reducida dimensión, prevista en la Ley del Impuesto sobre Sociedades. No obstante, y dado que anteriormente también las personas físicas, en ciertos casos, podían acogerse a este incentivo, se ha previsto su mantenimiento en las disposiciones transitorias aun cuando la reinversión se produzca en períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 1999.

Existen también ciertas novedades relativas a ciertos rendimientos que antes se calificaban o podían considerar como profesionales y que ahora se califican como procedentes del trabajo o ente los rendimientos del capital inmobiliario.

Transparencia fiscal interna

En cuanto al titular de la imputación hay una mejora técnica que coordina con la Ley especial sobre rentas de no residentes, al sustituir “socios residentes” por “contribuyentes”.

En lo referente a las limitaciones a la imputación de deducciones generadas en la entidad transparente, se pretende imponer tributación mínima equivalente a la del ISS para evitar interposiciones de entidades familiares con ánimo de dividir la tributación.

Imputación por cesión de derechos de imagen

Se sustituye la referencia al régimen de “obligación personal de contribuir”, por la de “contribuyente”, dada la nueva legislación sobre rentas de no residentes.

Se extiende la aplicación de la imputación como rentas del capital mobiliario a los casos de contratos con empleadores no residentes.

En lo que respecta a los Impuestos deducibles en la imputación se contempla el impuesto satisfecho en el extranjero por la contraprestación obtenida por la primera cesión.

Al igual que en la normativa anterior, existen tres diferentes cuotas que sucesivamente se han de ir determinando, la cuota íntegra, la cuota líquida y la cuota diferencial.

La cuota íntegra resulta de aplicar el tipo de gravamen a la base liquidable. La cuota líquida se obtiene de minorar de la cuota íntegra las siguientes deducciones:

La cuota diferencial se obtiene de restar a la cuota líquida las deducciones por doble imposición de dividendos y por doble imposición internacional, las retenciones, ingresos a cuenta y demás pagos fraccionados, y las cuotas satisfechas por el Impuesto sobre Sociedades por las sociedades sometidas al régimen de transparencia fiscal.

No tienen obligación de declaración los que obtengan rentas exclusivamente de las siguientes fuentes:

• Rendimientos del trabajo, hasta 3.500.000 pesetas brutas anuales en declaración individual o conjunta.

• Rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidos a retención o ingreso a cuenta, hasta 250.000 pesetas anuales en total.

Rentas imputadas por titularidad de inmuebles urbanos que no produzcan rentas y no sean la vivienda habitual ni suelo no edificado, con límites a establecer reglamentariamente.

Sin embargo, el límite será de 1.250.000 para los contribuyentes que perciban rendimientos del trabajo de más de un pagador o que perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos no exentas. Además, aquellos que tengan derecho a deducción por inversión en vivienda, por doble imposición internacional, o que reduzcan su base por aportaciones a Planes de Pensiones o Mutualidades de Previsión social estarán obligados a declarar aunque se encontrasen en los límites anteriores.

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