Como Funciona el mecanismo de los Precios

Cuando se estudian los efectos de cualquier medida de carácter económico a implan­tar, es forzoso que examinemos no sólo los resultados inmediatos que su adopción producirá sino también los resultados a largo plazo; no sólo las consecuencias primarias, sino también las secuelas secundarias, y no sólo sus efectos sobre un sector determinado de inte­reses, sino sobre toda la colectividad. De ello se desprende que es absurdo e induce a error concentrar nuestra atención meramente sobre un aspecto concre­to de la economía por ejemplo, analizar lo que ocu­rre en una industria dada, sin tomar en consideración también lo que sucede en las demás. Ahora bien, las principales falacias de la ciencia económica precisa­mente encuentran su origen en el pertinaz y perezoso hábito de fijar la atención tan sólo en determinada industria. o en un proceso económico aislado. Tales sofismas no sólo saturan los falsos razonamientos de los «sobornados» portavoces de los intereses particulares, sino que se descubren en Ala dialéctica de algunos economistas que paan por profundos.

En la falacia de considerar casos aislados basa fun­damentalmente su doctrina la escuela de la produc­ción para el consumo, no por los beneficios», con sus ataques al motejado vicioso. «sistema de precios. El problema de la producción, afirman los partidarios de esta doctrina, esta resuelto. (Este sensacional error según veremos, es también el punto de partida de muchos arbitristas monetarios y excéntricos propug­nantes del «reparto de bienes».) Los hombres de ciencia, los expertos en productividad, ingenieros, técni­cos, etc., lo han resuelto. Ellos podrían producir casi todo lo imaginable en cantidades enormes y prácticamente ilimitadas. Pero ¡ay!, el mundo no está gober­nado por ingenieros atentos sólo a la producción, sino por hombres de negocios, exclusivamente preocupados por los beneficios. Son los hombres de negocios quie­nes dan órdenes a los ingenieros, no al contrario. Estos empresarios producirán lo que sea, siempre que ob­tengan algún lucro; pero si no es así, dejarán de pro­ducir, aunque las necesidades de muchos queden insa­tisfechas y el mundo reclame insistentemente más productos.

Encierra tantas falacias este razonamiento que no es posible desenmascararías todas de una vez. Ahora bien, el sofisma central, según venimos reiterando, arranca de considerar tan sólo una industria determi­nada e incluso varias, como si cada una de ellas exis­tiese aisladamente. La realidad es que todas se hallan íntimamente relacionadas y una resolución de impor­tancia que se adopte en relación con cualquiera de ellas quedará afectada por las decisiones que se aprue­ben respecto de las demás, influyendo, a su vez, so­bre éstas.

Entenderemos mejor cuanto antecede si nos perca­tamos del básico problema que han de resolver conjuntamente los hombres de negocios. Para simplificaarlo, en la medida de lo posible, consideremos las cuestiones que debe abordar un Robinsón Cruzo en su isla desierta. Al principio sus necesidades parecen innumerables. Está empapado por la lluvia, tiembla de frío, tiene hambre y sed. Necesita de todo: agua po­table, alimentos, un techo bajo el que guarecerse, pro­tección contra los animales, fuego, un lecho blando donde descansar. Le es imposible satisfacer todas esas necesidades de una vez, por carecer de tiempo, ener­gías o recursos. Ha de atender, por el momento, la ne­cesidad más perentoria. Lo que más le agobia es la sed. Practica una excavación en la arena para recoger el agua de la lluvia o construye algún recipiente rudimentario. Sin embargo, una vez ha conseguido reunir alguna cantidad de agua, ha de procurarse ali­mentos antes de poder perfeccionar su primera obra. Puede ensayar la pesca, pero para esto necesita anzue­lo e hilo o una red y debe comenzar intentando pro­curarse estos utensilios. Todo cuanto hace retarda e impide la realización de alguna otra cosa, cuya urgen­cia le es tan sólo ligeramente inferior. Constantemente se enfrenta con el problema de tener que elegir entre distintas aplicaciones de su tiempo y trabajo.

Una familia de Robinsones suizos tal vez encontra­rá más fácil de resolver este problema. Tiene más bocas que alimentar, pero cuenta también con más brazos para la tarea. Puede practicar la división y es­pecialización del trabajo. El padre caza, la madre pre­para la comida y los niños recogen la leña. Pero ni siquiera esta familia podría conseguir que cada uno de sus miembros se dedicara constantemente a una mis­ma función, por muy urgente que fuera la necesidad común atendida, sin tener en cuenta la urgencia de las restantes necesidades todavía por satisfacer. Cuando los niños han logrado reunir un buen montón de leña, no se les puede seguir empleando en incrementar aún más dicho montón, sino que ha llegado el momento de destinar uno de ellos a buscar, por ejemplo, más agua. También, pues esta familia se enfrenta constan­temente con el problema de tener que elegir entre distintas aplicaciones del trabajo que puede realizar y, si tienen la suerte de poseer escopetas, aparejos de pesca, un bote, hachas, sierras, etc., con el de elegir entre aplicaciones alternativas del trabajo que pueden desarrollar y del capital que poseen. Sería estúpidamente absurdo que el miembro de la familia dedicado a recoger leña se quejase de que con la ayuda de su hermano le seria más hacedero reunir más leña, por lo que aquél debería colaborar en esta tarea en lugar de procurar la pesca necesaria para el sustento de la familia. Queda así claramente' evidenciado que tanto en el caso de un individuo como en el de una familia aislados, una actividad u ocupación determinada solo puede incrementarse a expensas de

todas las demás.

Ejemplos de carácter elemental, como el examinado, suelen ser ridiculizados como «economía crusio­niana». Desgraciadamente, aquellos que con mayor ahínco los ridiculizan son quienes más necesitan ser aleccionados; quienes no comprenden el principio que se trata de ilustrar, ni siquiera en esta forma simpli­ficada; aquellos, en fin, que pierden completamente el sentido de orientación que el aludido principio les hubiera facilitado, cuando se disponen a analizar las desconcertantes complicaciones de la gran sociedad económica moderna.

Volvamos ahora al asunto desde el punto de vista de esa gran sociedad económica moderna. ¿ Cómo se resuelve en ella el problema de la existencia de múl­tiples aplicaciones alternativas del trabajo y del capi­tal, para atender a millares de necesidades y deseos diferentes, con distinto grado de urgencia en su cum­plimiento? Se soluciona, precisamente, mediante el mecanismo de los precios que acomoda día a día las variaciones constantes e interdependientes entre si de todos los elementos que intervienen en la fijación de los precios: costos de producción beneficios y pre­cios propiamente dichos.

Los precios se fijan de acuerdo con la relación exis­tente entre la oferta y la demanda e influyen a su vez sobre ambas. Cuando la gente necesita mayor cantidad de determinado artículo ofrece más por él. El precio sube aumentando los beneficios de los que fabrican dicho artículo. Como ahora produce mayor provecho fabricar este artículo que otros los que ya fabrican aumentan su producción atrayendo más gente a este negocio. El incremento que experimenta la oferta re­duce el precio y el margen de beneficios que terminan por descender al mismo nivel general (considerados los riesgos respectivos) de las otras industrias. o puede darse el caso de que decaiga la demanda de dicho artículo o que se ofrezca tan abundantemente que su precio descienda a un nivel en el que su ela­boración produzca menos beneficios que la de otras mercancías e incluso pueden producirse pérdidas efectivas en su fabricación. En este caso los empre­sarios «marginales» es decir los menos eficientes o aquellos cuyos costos de producción son los más ele­vados serán desplazados. Tan sólo continuarán fabri­cando el producto los empresarios más eficientes, que operen además con los costos de producción más ba­jos. En consecuencia la oferta de tal producto descen­derá o al menos dejará de aumentar.

Este proceso da origen a la creencia de que los pre­cios se hallan determinados por los costos de produc­ción. La doctrina, expuesta de esta forma, no es cierta. Los precios vienen determinados por la oferta y la de­manda y la demanda lo está por la intensidad con que la gente necesita cierta mercancía y por su capa­cidad para ofrecer algo a cambio. Es cierto que la oferta hállase determinada en parte por los costos de producción. Pero lo que ha costado producir una mercancía en el pasado no puede determinar su valor ac­tual. Este dependerá de la actual relación entre la oferta y la demanda. Ahora bien, la cantidad fabricada de un artículo está en función de las perspectivas que los hombres de negocios consideren respecto del costo de producción que tal mercancía tendrá en el futuro y del precio de venta que habrán de fijarle. Estos cál­culos influirán en la oferta futura del producto. Exis­te, por consiguiente, entre el precio de una mercan­cía y su coste marginal de producción, una constante tendencia a igualarse, pero esto no significa que el costo marginal determine directamente el precio.

El sistema de empresa privada en régimen de liber­tad económica puede compararse a un gran mecanis­mo de millares de máquinas controladas cada una de ellas por su propio regulador automático; pero conec­tadas de tal forma que al funcionar ejercen entre si una influencia recíproca. Casi todos hemos observado alguna vez el «regulador automático de una máquina a vapor. Generalmente consta de dos bolas o pesas que reaccionan por la fuerza centrífuga. Al aumentar la velocidad, las bolas se alejan de la varilla a la que están sujetas, estrechando o cerrando automáticamente una válvula de estrangulación que regala la entrada de vapor, con lo que disminuye la aceleración del mo­tor. Si, contrariamente, marcha con excesiva lentitud, las bolas caen, la válvula se ensancha y aumenta la aceleración. De esta forma, cualquier desviación de la deseada velocidad pone por sí misma en movimiento fuerzas que tienden a corregir la anomalía.

Es precisamente de esta forma como se regulan las respectivas ofertas de miles de artículos diferentes, bajo el sistema económico de empresa privada en ré­gimen de libre competencia de mercado. Cuando la gente necesita mayor cantidad de determinada mercan­cía, su propia demanda competitiva eleva el precio del producto. El aumento de beneficios que se produce para aquellos que lo fabrican estimula un incre­mento en la producción. Otros empresarios abandonan incluso la fabricación de otros artículos para dedicarse a la elaboración de aquel que ofrece mayores garantía. Ahora bien esto aumenta la oferta del producto al mismo tiempo que reduce la de algunos otros. El pre­cio de aquél disminuye por consiguiente en relación con los precios de otras mercancías desapareciendo el estímulo existente para el incremento relativo de su fabricación.

De igual forma si disminuye la demanda de algún artículo su precio y el beneficio que se obtenía en su elaboración descenderán y en consecuencia su pro­ducción declinará.

Esta última contingencia es la que escandaliza a quienes no comprenden el «mecanismo de los precios» por ellos denunciado. Le acusan de crear escasez. ¿Por qué preguntan indignados los empresarios han de interrumpir la fabricación de zapatos en el momento en que su producción deja de rendir beneficios? ¿Por qué han de guiarse exclusivamente por sus propios in­tereses? ¿Por qué han de guiarse por el mercado? ¿Por qué no producen zapatos «a plena capacidad» utilizando los modernos procedimientos técnicos? El mecanismo de los precios y la empresa privada con­cluyen los filósofos de la «producción para el consu­mo» engendran una especie de «economía de la es­casez».

Los anteriores interrogantes y conclusiones derivan de la falacia de prestar atención tan sólo a una indus­tria aislada de ver el árbol y no reparar en el bosque. Hasta llegar a un límite determinado es necesario fa­bricar abrigos, camisas, pantalones, viviendas, arados, puentes, leche y pan. Sería absurdo amontonar zapa­tos innecesarios simplemente porque podemos pro­ducirlos mientras centenares de otras necesidades más urgentes quedan por satisfacer.

Ahora bien en una economía equilibrada una in­dustria determinada sólo puede ampliarse a expensas de otras industrias.

No se olvide que en cualquier momento los distin­tos factores de la producción existen siempre en can­tidades limitadas. Una industria sólo puede ampliarse desviando hacia ella trabajo terreno y capital que, de otra suerte se emplearían en industrias distinta Cuan­do determinada industria restringe o deja de aumentar su producción, no significa necesariamente que se haya originado una disminución neta en la producción glo­bal. La reducción en este sector puede meramente haber liberado trabajo y capital para permitir la ex­pansión de otras industrias, Por consiguiente, es erró­neo concluir que una contracción en la producción de una industria signifique necesariamente una contrac­ción en la producción total.

En resumen, todo se produce a condición de que nos privemos de alguna otra cosa. Los propios costos de producción podrían definirse, en efecto como aquello de que nos desprendemos (el ocio v los pla­ceres, las materias primas susceptibles de aplicaciones distintas) para crear el objeto fabricado.

De cuanto queda expuesto se deduce que tan esen­cial es para la salud de una economía dinámica dejar morir las industrias agonizantes, como permitir la ex­pansión de las industrias florecientes. Aquéllas retie­nen trabajo y capital que deberían ser trasladados a in­dustrias más prósperas. Unicamente el vilipendiado mecanismo de los precios es capaz de resolver el problema enormemente complicado de decidir con pre­cisión, entre los miles de mercancías v servicios dife­rentes, qué cantidad y en qué proporción deben produ­cirse. Estas ecuaciones, de otro modo desconcertan­tes se resuelven casi automáticamente por el meca­nismo de los precios, beneficios y costos de produc­ción. Es más, aplicando tal sistema se resuelven in­comparablemente mejor de lo que podría haberlo hecho cualquier grupo de funcionarios.

Porque así como cada consumidor, mediante este sistema, articula su propia demanda y emite un voto espontáneo o una docena de votos cada día, los buró­cratas, en lugar de fabricar los objetos deseados por los consumidores, resolverían el problema pretendien­do decidir qué objetos serían más convenientes para aquéllos.

No obstante, aunque los burócratas no entienden el mecanismo casi automático del mercado, se muestran siempre preocupados por ¿1. Constantemente están tratando de mejorarlo o corregirlo, de ordinario en interés de algún grupo influyente o descontentadizo. En los capítulos siguientes iremos examinando algu­nos de los resultados de su intervención.

La Estabilización de los Precios

Los intentos de mantener permanentemente los pre­cios de determinados artículos por encima de los niveles naturales del mercado han fracasado con tanta frecuencia, tan desastrosamente y de manera tan notoria, que los insinceros grupos influyentes y los burócratas sobre los que aquellos presionan raras veces manifiestan abiertamente ese propósito. Sus objetivos declarados particularmente cuando comienzan a recla­mar la injerencia estatal, suelen ser más modestos y, en apariencia, mas convincentes.

No aspiran, según dicen, a elevar de un modo per­manente el precio del producto X por encima a de su nivel natural. Ello, conceden, sería injusto para los consumidores. Pero dicho artículo se está vendiendo ahora, com9 es notorio, muy por de bajo de su nivel natural. Los fabricantes no pueden continuar así por más tiempo. A menos que se actúe con rapidez, veránse obligados cesar en el negocio. Entonces se producirá.. una escasez real y los consumidores ten­drán que pagar precios exorbitantes por aquel artículo. Las evidentes ventajas de que el consumidor disfruta ahora acabarán por resultarle caras, pues el actual precio bajo «temporal» no puede durar. Ahora bien, no podemos permitirnos esperar que las determinadas fuerzas naturales del mercado o la «ciega» ley de la oferta y la demanda vengan a corregir tal situación, pues para entonces los fabricantes se habrán arruina­do y sobrevendrá una gran escasez. El Gobierno debe actuar. Lo que ha de hacerse es corregir las violentas y absurdas fluctuaciones del precio. No se trata de elevarlo sino de estabilizarlo.

Son varios los métodos comúnmente propuestos a tal fin. Entre los más frecuentes figuran las subven­ciones estatales, que permiten al agricultor mantener las cosechas apartadas del mercado.

Tales créditos son solicitados del Congreso a base de razonamientos que parecen convincentes a la ma­yoría de los oyentes. Se arguye que las cosechas aflu­yen todas de golpe al mercado, en la ¿poca de recolec­ción que es precisamente el período en que los precios son más bajos y que los especuladores aprovechan para comprar los productos, almacenarlos y obtener mayores precios cuando vuelva la escasez. Por ello se alega que los agricultores resultan perjudicados y que ellos y no los especuladores deberían beneficiarse de los mejores precios.

Este argumento no es válido ni en la teoría ni en la práctica. Los tan vilipendiados especuladores no son enemigos del agricultor, sino por el contrario, esencia­les para su bienestar. El riesgo que deriva de la fluc­tuación de los precios agrícolas ha de ser asumido por alguien y quienes en realidad le han hecho frente, modernamente sobre todo, han sido principalmente los especuladores profesionales. En general, cuanto más diestramente actúan en su propio interés, más ayudan al agricultor. Porque los especuladores sirven a sus intereses precisamente en proporción a su capa­cidad para prever los futuros precios y cuanto mayor sea su seguridad al avizorar el futuro, menos violentas y extremadas son las fluctuaciones.

Por ello incluso si los agricultores tienen que lan­zar toda su cosecha de trigo al mercado en un solo mes, el precio en ese mes no será necesariamente más bajo que en cualquier otro (con un margen de diferen­cia, debido al costo del almacenaje). Porque los espe­culadores, con la esperanza de un mayor beneficio, realizarán en esa ¿poca la mayoría de sus compras, y seguirán comprando hasta que el precio se eleve tanto que no vislumbren la posibilidad de futuros beneficios y venderían en cuanto creyeran que había perspecti­vas de perdida. De esta manera se provoca la estabili­zación del precio de los productos agrícolas durante todo el año.

Precisamente porque existe una clase profesional de especuladores quienes corren esos riesgos. Por eso tie­nen que afrontarlos agricultores y harineros, quienes pueden protegerse por medio del mercado. En condi­ciones normales, por lo tanto, cuando los especuladores cumplen bien su tarea, las ganancias de agriculto­res y harineros dependerán principalmente de su des­treza y laboriosidad y no de las fluctuaciones del mercado.

La experiencia demuestra que, por tiempo medio, el precio del trigo y otros productos no perecederos permanece invariable a lo largo de todo el año, si se exceptúan los gastos de almacenaje y seguro. En efecto, cuidadosas investigaciones llevadas a cabo han revelado que el promedio de alza mensual, tras la ¿po­ca de recolección, no ha sido suficiente para compen­sar tales gastos de almacenaje, por lo que los especu­ladores han subvencionado realmente a los agriculto­res. Claro que esta no era su intención; fue tan sólo el resultado de una persistente tendencia optimista por parte de los especuladores. (Esta tendencia parece afectar a cuantos operan por su cuenta, bajo un régimen económico de intensa competencia: como clase están constantemente, contra su intención, subvencionando a los consumidores. Esto es particularmente cierto dondequiera que existan perspectivas de gran­des ganancias especulativas. Como los jugadores de lotería, en su conjunto, pierden dinero porque cada uno tiene, sin base racional, la esperanza de conseguir uno de los escasos premios mayores, y así se ha calculado que el total del trabajo y capital invertidos en la pros­pección de oro o petróleo excede del valor total del oro o petróleo extraídos.

El caso es distinto sin embargo, cuando el Estado interviene y adquiere las cosechas o facilita al agricul­tor el crédito necesario para mantenerle apartado del mercado. Esto se hace a veces a fin de disponer, como se denomina pretenciosamente, de un «granero siem­pre normal». Ahora bien, la historia de los precios y de los excedentes anuales de las cosechas indica, como hemos visto, que tal función ya la realizan bastante bien los mercados organizados bajo el signo de la iniciativa privada en régimen de libre concurrencia. Cuando el Estado interviene, l «granero siempre nor­mal» se convierte, en realidad, en un «granero siem­pre político». Se estimula al agricultor, con el dinero del contribuyente, a retener excesivamente sus cosechas. En su deseo de asegurarse el voto de los cam­pesinos, los dirigentes que inician esta política o los funcionarios que la llevan a cabo colocan siempre el denominado precio «justo» de los productos agríco­las por encima del que fijaría el libre juego de la oferta y la demanda. Así se provoca el retraimiento de los compradores. El granero «siempre normal» tiende, por lo tanto, a convertirse en un granero <siempre anormal». Cantidades excesivas permanecen fuera del mercado, con la consecuencia de asegurar temporal­mente un precio más alto del que hubiese regido en circunstancias normales, pero solamente a costa de provocar más tarde un precio mucho más bajo. Por­que la escasez artificial creada este año mediante el escamoteo de parte de la cosecha implica un excedente artificial para el siguiente año.

Nos apartaría demasiado de nuestro objetivo la des­cripción detallada de lo que realmente ocurrió cuando fue aplicado este programa, por ejemplo, al algod6n norteamericano. Almacenamos en tal ocasión toda la cosecha de un año; destruimos el mercado exterior de nuestro algodón y estimulamos enormemente el cuí­tivo de esta planta en otros países. Aunque estos re­sultados hablan sido previstos por quienes se oponían a la política de restricción y cr¿ditos, una vez produ­cidos, los burócratas responsables se limitaron a re­plicar que de todos modos hubiera ocurrido lo mismo.

La política de subsidios va generalmente acompañada o inevitablemente lleva implícita una política res­trictiva de la producción es decir, una política de es­casez. En casi todo esfuerzo por «estabilizar el pre­cio de un artículo se tiene en cuenta, ante todo interes de los productores. El objetivo real perseguido es un alza inmediata de precios. Para que esto sea po­sible se impone ordinariamente, con carácter obliga­torio, una restricción proporcional de productividad a todo individuo o empresa sujetos a control. Ello pro­voca varios efectos inmediatos, a cuál más nocivo. Su­poniendo que el control pudiera imponerse a escala internacional, se registraría una reducción de la total producción mundial. Los consumidores de todo el mundo disfrutarían de una cantidad menor del pro­<1ucto en cuestión de la que dispondrían si las medidas restrictivas no se hubiesen aplicado. El mundo sé em­pobrece exactamente en esa proporción. Como los consumidores se ven obligados a pagar precios más altos por aquella mercancías, justamente falta tal dife­rencia para adquirir otros productos.

Los partidarios de medidas restrictivas suelen repli­car que la menor producción se registraría de igual manera en una economía de mercado. Pero hay una diferencia fundamental, según hemos visto en el capí­tulo precedente.

En una economía de mercado en régimen de libre competencia quedan eliminados por la caída de los precios los empresarios que trabajan con mayores costos. En el caso de un pro­ducto agrícola, los desplazados son los agricultores menos competentes, los que cuentan con peor equipo o los que trabajan peor la tierra. Los agricultores más capacitados, que trabajan campos más feraces, no tie­nen que restringir su producción. Por el contrario, si la caída del precio responde a unos costos medios de producción inferiores y se refleja en una mayor oferta, la desaparición de los agricultores marginales que tra­bajan terrenos pobres permite aumentar su produc­ción a los agricultores que disponen de tierras feraces. Por ello, a la larga, es posible que no se registre re­ducción alguna en la producción de esta mercancía. Ahora bien, el articulo es entonces producido y ven­dido a un precio permanentemente más bajo.

Si es esta la consecuencia los consumidores del pro­ducto seguirán tan bien abastecidos como antes; pero a causa de satisfacer un precio menor, dispondrán de un sobrante para invertirlo en otros bienes, del que antes carecían. Por consiguiente, la situación de los consumidores habrá notoriamente mejorado. Ahora bien, el incremento de sus inversiones en otros bienes producirá un aumento de empleo en otros sectores, capaz de absorber a los antiguos agricultores margina­les en ocupaciones en las que sus esfuerzos sean más lucrativos y eficientes.

Una restricción uniformemente proporcional (para volver al tema de la intervención estatal) significa, de una parte que a los empresarios eficientes y que trabajan a costos reducidos no se les permite producir cuanto quieren a bajo precio y de otra, que los em­presarios menos eficientes y que operan a costos ma­yores son artificialmente mantenidos en sus negocios. Ello incrementa el costo medio de la producción. que alcanza así una eficiencia menor. El empresario mar­ginal, mantenido artificialmente en un sector de la producción, continuó a reteniendo terreno trabajo y capital que podrían ser aplicados con mayor provecho y eficacia en otras producciones.

Carece de sentido elegir que como resultado del plan de restricciones se ha conseguido por lo menos elevar el precio de los productos agrícolas y que «los campesinos cuentan con mayor capacidad adquisitiva». Por cuanto silo han logrado ha sido tan sólo a costa de restar idéntica capacidad adquisitiva 4 comprador de la ciudad. (Todo ello ha sido ya examinado al ana­lizar el tema de la «paridad » de los precios. Subven­cionar al agricultor para que disminuya la producción o facilitarle igual cantidad de dinero en pago de una producción artificialmente restringida equivale a obli­gar a los consumidores o contribuyentes a satisfacer emolumentos a personas por no hacer nada. En ambos supuestos los beneficiarios del sistema mejoran su «capacidad adquisitiva»; pero en ambos casos alguien pierde una cantidad absolutamente igual. La pérdida definitiva que registra la comunidad es una menor producción por cuanto se mantiene a quieres nada producen. Como la riqueza es menor como existen menores disponibilidades para todos los salarios e in­gresos reales forzosamente quedan reducidos. bien sea mediante la devaluación de la moneda o bien por un mayor costo de la vida.

Ahora bien cuando se intenta mantener alto el pre­cio de una mercancías agrícola y no se impone res­tricción artificial alguna a su producción los exceden­tes no vendidos con precio recargado, continúan acu­mulándose hasta que finalmente se derrumba el mer­cado de ese producto, apareciendo precios mucho más envilecidos que si el programa de control nunca se hubiera puesto en vigor. O bien los productores no sujetos al plan de restricciones, estimulados por el alza artificial en los precios, incrementan enormemen­te su propia producción. Esto es lo que ocurrió con los. programas de restricción del caucho en Gran Bre­taña y del algodón en Norteamérica. En uno y otro caso el colapso de precios alcanzó finalmente magni­tudes catastróficas, a las que nunca se habría llegado de no haberse aplicado la planificación restrictiva. El plan con tantos bríos iniciado para «estabilizar» los precios, provoca una inestabilidad incomparablemente mayor que la que pudieran haber ocasionado las libres fuerzas del mercado.

Naturalmente se nos dice que los controles inter­nacionales de mercancías que se proponen ahora evita­rán todos estos errores. Esta vez se fijarán precios «justos» no sólo para los productores, sino también para los consumidores. Las naciones productoras y consumidoras van a convenir, abandonando toda in­transigencia, cuáles son esos precios justos. Los pre­cios fijados implicarán necesariamente asignaciones y cupos «justos» para la producción y el consumo entre las naciones y sólo los cínicos se atreverán a vaticinar improbables disputas internacionales por este motivo. Finalmente, merced al mayor de los milagros, este mundo de posguerra, plagado de controles y coercio­nes supranacionales, será también ¡un mundo de «li­bre» comercio internacional!

A estos efectos, no estoy seguro de lo que entien­den por comercio libre los planificadores estatales, pero podemos estarlo de algunas de las cosas que no incluyen en aquella expresión. No incluyen la libertad del hombre corriente para comprar y vender, tomar y conceder préstamos al tipo o interés que prefiera y donde considere más conveniente. No incluyen la libertad del sencillo ciudadano para cultivar la cantidad que desee de determinado fruto; de ir y venir a vo­luntad; de establecerse donde mas le agrade, llevando consigo su capital y otros bienes. Más bien se refieren, sospecho, a la libertad de los burócratas de disponerlo todo por él, diciéndole que si les obedece dócilmente, será recompensado con un aumento de su nivel de vida. Ahora bien, si los planificadores triunfan en su intento de relacionar la idea de la cooperación interna­cional con la de un creciente dominio del Estado en el control de la vida económica, parece eventualidad más que probable que la planificación internacional seguirá el modelo utilizado en el pasado, en cuyo caso el nivel de vida del hombre sencillo declinará junto con sus libertades.

Intervención Estatal de los Precios

Hemos visto ya cuáles son algunas de las conse­cuencias de los esfuerzos estatales para fija los pre­cios de los artículos por encima de los niveles a los que hubiese conducido el mercado libre. Veamos ahora algunos de los resultados de los intentos oficiales para mantener los precios de los artículos por debajo del natural nivel del mercado.

Esta última tentativa la realizan en nuestros días casi todos los gobiernos en épocas de guerra. No exa­minaremos aquí si es acertado intervenir los precios en caso de contienda bélica. En la guerra total, toda la economía ha de estar necesariamente dominada por el Estado y las complicaciones que habríamos de con­siderar nos llevarían demasiado lejos de la cuestión principal que interesa a este libro. Ahora bien, la re­gulación de los precios en tales épocas, acertada o no, en casi todos los países se prolonga, por lo menos du­rante largos períodos cuando la guerra ha cesado y ha desaparecido la excusa original que la motivara.

Veamos, primero, lo ocurre cuando el Estado trata de mantener el precio de un artículo o de un pequeño grupo de ellos por debajo del que alcanzaría en el mercado de libre competencia.

Cuando el Gobierno pretende fijar precios máxi­mos tan sólo para algunos artículos, suele elegir cier­tos productos básicos, alegando que es esencial que los pobres puedan adquirirlos a un coste, razonable. Supongamos que los productos elegidos para este propósito sean el pan, la leche y la carne.

El argumento esgrimido para mantener bajos los precios de estos artículos es, en líneas generales, el siguiente: si dejamos la carne a merced del mercado libre, el precio experimentará elevación por efectos de la disputada demanda, de forma que sólo los ricos po­drán comprarla. La gente no tendrá carne, en relaci6n a sus necesidades, sino tan sólo en proporción a su poder adquisitivo. Si mantenemos el precio bajo, todos podrán obtener una parte justa.

Lo primero que hay que resaltar en tal argumentación es que si fuera válida, habría que calificar la po­lítica adoptada de inconsistente y medrosa. Porque si el poder adquisitivo, .más que la necesidad, deter­mina la distribución de carne a un precio de mercado natural de 65 centavos la libra, también lo determinaría, aunque quizá en grado ligeramente inferior, al precio legal máximo de, verbigracia, 50 centavos la libra. De hecho, el argumento <poder adquisitivo más bien que necesidad» conserva fuerza dialéctica mien­tras se cobra cualquier cantidad por la carne. Quedaría enervado tan sólo en el caso de que fuese regalada.

Ahora bien, los planes para tasar los precios suelen comenzar como esfuerzos para <impedir que suba el coste de la vida y sus patrocinadores suponen incons­cientemente que el precio fijado por el mercado en el momento de comenzar la intervención tiene algo de especialmente sacrosanto y <normal». El precio de partida se considera, razonable» y cualquiera por encima de él, <no razonable, con independencia de los cambios en las condiciones de producción o demanda sobrevenidos desde que fue establecido por vez primera.

Al discutir este tema carece de sentido suponer un control de precios que fijase éstos exactamente donde los situaría en cualquier caso el mercado libre. Esto sería como si no existiera dicho control. Debemos suponer que el poder adquisitivo de las gentes es ma­yor que la oferta de bienes disponibles y que los pre­cios son mantenidos por el Estado por debajo de los niveles que alcanzarían en el mercado libre.

Ahora bien, no es posible mantener el precio de una mercancía por debajo de su nivel de mercado sin que, al mismo tiempo, se produzcan dos consecuen­cias, En primer término, un; incremento en la demanda del artículo intervenido. Puesto que resulta más ba­rato, el público se ve tentado y puede comprarlo en mayor cantidad. En segundo lugar, una reducción en la oferta. Al comprar más la gente, las existencias acumuladas desaparecen más rápidamente del comer­cio. Pero, además, la producción se contrae. Los már­genes de beneficios son reducidos o eliminados, con lo cual los productores marginales desaparecen. Inclu­so los más eficientes pueden llegar a experimentar pérdidas. Esto ocurrió durante la guerra, cuando la Oficina de Administración de Precios obligó a los ma­taderos a sacrificar y elaborar la carne por menos de lo que les costaba el ganado vivo y el trabajo de sacri­ficarlo y manipularlo.

Por consiguiente, en el mejor de los casos, la con­secuencia de fijar un precio máximo a un artículo de­terminado será provocar su escasez. Esto es precisa­mente lo contrario de lo que los gobernantes preten­dían, pues precisamente los artículos objeto de tasa son los que más desean mantener en abundante alerta. Ahora bien, cuando limitan los salarios y beneficios de quienes ]os fabrican, sin intervenir al mismo tiem­po los de aquellos que producen artículos de lujo o semilujo, desalientan la producción de artículos de primera necesidad sometidos a tasa y estimulan la fa­bricación de mercancías menos esenciales.

Algunas de estas consecuencias terminan por apa­recer con toda claridad a los gobernantes, quienes en­tonces adoptan nuevos sistemas y controles en un in­tento de eludirías. Entre ellos figuran el racionamien­to, el control de costos los subsidios y la fijación ge­neral de precios. Examinemos sucesivamente cada uno de ellos.

Cuando aparece la escasez de cualquier producto, a causa de la fijación de su precio por debajo del de mercado libre los consumidores ricos son acusados de «haberse apoderado de más de lo que en justicia les corresponde», O, si se trata de materia prima indis­pensable para un proceso de fabricación, se culpa a las empresas particulares de «acaparar». El Gobierno adopta ent9nces una serie de normas disponiendo quién tendrá prioridad para adquirir tal mercancía, o a quién y en qué cantidad será adjudicada o cómo ha de ser racionada. Si se adopta el sistema de raciona­miento cada consumidor puede disponer sólo de determinado suministro máximo, sin consideración a cuanto se halle dispuesto a pagar por mayor porción.

En una palabra si se establece un sistema de racio­namiento, ello significa que el Gobierno instaura un doble sistema de precios o un doble sistema mone­tario, en el cual cada consumidor ha de poseer cierto numero de cupones o «puntos» además de una deter­minada cantidad de dinero. O lo que es igual el Go­bierno trata de hacer mediante el racionamiento parte de lo que en un mercado libre habría hecho a través de los precios. Digo sólo parte porque el raciona­miento simplemente limita la demanda, sin estimular al mismo tiempo la oferta como hubiera hecho un precio más elevado.

El Gobierno puede tratar de asegurar el aprovisionamiento extendiendo su control a los costos de pro­ducción de un artículo. Para mantener bajo el precio de la carne al detalle, por ejemplo puede fijar su pre­cio al por mayor, el precio en matadero, el del ganado vivo y el de los piensos, más los salarios de los bra­ceros del campo. Para mantener bajo el precio de la leche, puede intentar fijar los salarios de los reparti­dores, el precio de los envases el de la leche en las granjas y el de los piensos. Para contener el precio del pan, puede fijar los salarios en la industria pana­dera el precio de la harina los beneficios de los hari­neros, el precio del trigo y así sucesivamente.

Pero a medida que el Estado extiende esta interven­ción de los precios extiende también las consecuencias que en un principio le llevaron por este camino. Supo­niendo .que tenga suficiente decisión para fijar esos costos y sea capaz de hacer cumplir sus resoluciones, no consigue otra cosa sino provocar la escasez en los diversos factores mano de obra, piensos, trigo, et­cétera que intervienen en la producción de los ar­tículos resultantes. Así los gobernantes se ven obli­gados a implantar controles en círculos cada vez más amplios cuya consecuencia final conduce a la fijación general de precios.

El Estado puede intentar solucionar la dificultad apelando a los subsidios. Reconoce, por ejemplo que cuando mantiene el precio de la leche o la mantequi­lla por debajo del nivel del mercado o del nivel rela­tivo en que fija otros precios puede producirse una escasez por defecto de los inferiores salarios o márge­nes de beneficios en la producción de leche o mante­quilla comparados con otras mercancías. Por consi­guiente, el Estado trata de desvirtuar los efectos pa­gando un subsidio a los productores de leche y mante­quilla. Prescindiendo de las dificultades administrativas que todo ello implica y suponiendo que el subsidio sea suficiente para asegurar la producción rela­tiva deseada de leche y mantequilla, es notorio que si bien el subsidio es pagado a los productores, los realmente subvencionados son los consumidores. Porque los productores en definitiva, no reciben por su leche y mantequilla más de lo que obtendrían si se les per­mitiese aplicar un precio libre a tales productos; pero en cambio, los consumidores los obtienen a un precio muy por debajo al del mercado libre.. Están, pues, siendo subvencionados en la diferencia es decir, en el importe del subsidio pagado aparentemente a los productores.

Ahora bien, a menos que el artículo así subvención nado se halle también racionado, serán quienes dis­pongan de mayor poder adquisitivo los que podrán adquirirlo en mayor cantidad. Ello significa que tales personas están siendo más subvencionadas que los económicamente más débiles. Quién subvenciona a los consumidores dependerá de la forma en que se articu­le el régimen fiscal. Ahora bien, resulta que cada persona en su papel de contribuyente se subvenciona a sí misma en su papel de consumidor; Y resulta un poco difícil determinar con precisión en este laberinto quién subvenciona a quién. Lo que se olvida es que alguien paga los subsidios y que no se ha descubierto aun el método para que la comunidad obtenga algo a cambio de nada.

La intervención de los precios puede a menudo re­vestir apariencias de éxito durante un corto período. Puede dar la impresión de funcionar bien durante cierto tiempo, particularmente en épocas de guerra, cuando se halla apoyada por el patriotismo y el am­biente de crisis. Ahora bien, cuanto más se prolonga, tanto mayores son las dificultades. Cuando los precios son mantenidos arbitrariamente bajos por imposición estatal, la demanda excede crónicamente a la oferta. Hemos visto que si el Estado intenta evitar la escasez de un artículo determinado reduciendo también los precios de la mano de obra, las materias primas y otros factores que intervienen en su costo de producción provoca al propio tiempo la escasez de todos ellos. Pero de continuar por el camino emprendido, los go­bernantes no sólo se verán obligados a extender cada vez más el control de precios de arriba abajo en sen­tido «vertical», sino que considerarán indispensable implantarlo «horizontalmente». Si racionamos un ar­tículo y el público no puede conseguirlo en cantidad suficiente, aunque disponga de capacidad adquisitiva procurará sustituirlo por otro. El racionamiento de todo artículo que se hace escaso provoca, en resumen, un aumento de la demanda de los no racionados. Si suponemos que el Gobierno tiene éxito al combatir los mercados negros (o al menos consigue impedir se desarrollen en escala suficiente para anular los pre­cios legales), la persistencia en el control de precios debe llevarle al racionamiento de un número cada vez mayor de mercancías. Ahora bien, el racionamiento no se detiene en los consumidores. Durante la guerra no se limitó a dicho sector. De hecho se aplicó en primer término a la distribución de materias primas a los pro­ductores.

La consecuencia natural de un control general de precios que trata de perpetuar determinado nivel his­tórico de precios es forzoso que en definitiva conduzca a la implantación de un sistema económico totalmente planificado. Los salarios habrán de ser mantenidos bajos, tan rígidamente como los precios. La mano de obra tiene que racionarse tan implacablemente como las materias primas. El resultado final será que el Es­tado no sólo habrá de ordenar a cada consumidor la cantidad exacta de que puede disponer de cada artículo, sino también a cada fabricante la cantidad de ma­teria prima y mano de obra que le está permitido uti­lizar. No sería posible tolerar ni la competencia en la oferta de salarios ni en los precios de los materiales, Todo ello conduciría a implantar una petrificada eco­nomía totalitaria, con todas las empresas y todos los obreros a merced de! Estado, y la pérdida final de todas las libertades tradicionales que hemos conocido. Porque, como Alexander Hamilton advirtiera en las páginas de El Federalista, hace siglo y medio, «el do­minio sobre la subsistencia del hombre equivale al dominio sobre su voluntad».

Estas son las consecuencias de lo que cabría deno­minar control de precios «perfecto», prolongado y «apolítico». Como quedó tan ampliamente demostrado en un país tras otro particularmente en Europa, durante la segunda guerra mundial, algunos de los mas crasos errores de los burócratas quedaron mitiga­dos gracias al mercado negro. Fue cosa corriente en muchos países europeos que la gente sólo pudiese aten­der a sus necesidades elementales favoreciendo el mer­cado negro. En algunos países éste floreció a expensas del mercado con precios fijos legalmente reconocidos, hasta que el primero pasó a ser de hecho el mercado. Sin embargo, al mantener nominalmente los precios tope, las autoridades trataban de demostrar que su intención, ya que no la del equipo de inspectores, era honesta.

No debe suponerse que no hubo perjuicios por el hecho de que el mercado negro suplantara finalmente al mercado legal. Los hubo, por cierto, y con un doble matiz: económico y moral. Durante el período de transición las empresas de gran envergadura y plenamente arraigadas, con una considerable inversión de capital y dependiendo en gran medida del manteni­miento de su prestigio ante el público, se ven forza­das a restringir o interrumpir producción. Vienen a ocupar su lugar empresas improvisadas que dispo­nen de poco capital y menos apariencia en la producción. Estas nuevas firmas carecen de eficacia si se las compara con aquellas a las que desplazan, produ­cen artículos inferiores y fraudulentos a costos muy superiores de los que las empresas antiguas hubieran necesitado para continuar su producción. De este modo se premia la falta de honestidad. Las nuevas fir­mas deben su misma existencia o desarrollo a la cir­cunstancia de no importarles violar la ley, sus clien­tes conspiran con ellas y, como consecuencia natural, la desmoralización se extiende a toda actividad mer­cantil.

Ocurre muy raras veces, además, que las autorida­des encargadas de fijar los precios hagan algún esfuer­zo honesto simplemente para preservar el nivel de precios existente al iniciar la intervención. Declaran que su intención es <mantener las cosas en su lugar. Sin embargo, muy pronto, so pretexto de <corregir desigualdades o <injusticias sociales, inician una fi­jación de precios discriminatoria que sólo tiende a favorecer a los grupos con influencia política en de­trimento de los demás.

Como el poder político depende hoy en día primor­dialmente de los votos, los grupos que las autoridades. tratan más frecuentemente de favorecer son los obre­ros y agricultores. Al principio se afirma que los salarios y el costo de la vida no guardan relación entre sí; que los salarios pueden elevarse fácilmente sin que se eleven los precios. Cuando se pone de manifiesto que los salarios pueden incrementarse tan sólo a expensas de las ganancias, los burócratas comienzan a argüir que los beneficios eran ya demasiado considerables y que una elevación de salarios sin la correspondiente subida de precios todavía permitir una ganancia ra­zonable, Como no existe nada parecido a una tasa uniforme de los beneficios, como la ganancia es va­riable en cada empresa el resultado de esta política es eliminar los negocios con escaso margen de rentabi­lidad, desalentando o reteniendo la producción de determinados artículos. Ello significa desocupación, descenso en la producción y, descenso del nivel de vida.

¿En qué se basa todo el esfuerzo para fijar unos precios máximos? Ante todo, en la falta absoluta de visión respecto de los motivos que determinan la ele­vación de los precios. La causa real consiste o en la escasez de artículos o en el exceso de dinero. Los precios topes legales no pueden remediar ninguna de las dos cosas. En realidad, según acabamos de ver, su efecto queda limitado a intensificar la escasez de productos. Lo que procede respecto al exceso de dinero será tratado en un capítulo posterior. Ahora bien, uno de los errores que conduzca a la fijación de precios constituye el tema fundamental de este libro. Así como los interminables planes para elevar los precios de ciertas mercancías favorecidas son el resultado de pensar sólo en los intereses de los productores a quienes inmediatamente afectan, olvidando a los consu­midores, los planes para mantener bajos los precios mediante disposiciones legales son el resultado de considerar solamente los intereses de la gente como con­sumidores y prescindir de los que como productores les atañen. Y el apoyo político a tales programas pro­cede de una confusión semejante en la mentalidad pu­blica. La gente no quiere pagar más por la leche, la mantequilla, el calzado, los muebles, el alquiler de sus viviendas, las entradas del teatro o los diamantes. Siempre que el precio de cualesquiera de estos bienes se eleva sobre el nivel anterior, el consumidor se in­digna y cree que está siendo despojado.

La única excepción radica en el artículo que cada uno produce: entonces comprende y aprecia la razón de su alza. Pero siempre está dispuesto a considerar su propio negocio como caso de excepción. «Mi pro­pio negocio -dice- es peculiar y el público no lo comprende. La mano de obra se ha encarecido; el pre­cio de las materias primas también se ha elevado; esta o aquella materia prima ya no se importa y debe fabri­carse más cara en nuestro país. Además, ha crecido la demanda del producto y debe permitirse a los fabri­cantes aumentar los precios lo necesario para estimu­lar una expansión que satisfaga la demanda.» Y así por el estilo. Como consumidor todo el mundo com­pra cien productos diferentes; como productor suele producir uno solo y puede ver la injusticia de mante­ner bajo el precio de ese producto. Y del mismo modo que cada fabricante desea un mayor precio para su producto, cada obrero desea un sueldo o salario más elevado. Cada uno puede percatarse, como fabricante, de que el control de precios restringe la producción en su sector, pero casi todos se resisten a generalizar esta observación, pues ello significaría tener que pagar más caros los productos de los demás.

Cada uno de nosotros, en una palabra, tiene una múltiple personalidad económica. Somos productores, contribuyentes y consumidores. La política que propugne dependerá de la postura particular que se adopte en cada momento. Porque cada cual es unas veces el Dr. Jekyll y otras Mr. Hyde. Como productor desea la inflación (pensando principalmente en sus propios servicios o productos); como consumidor desea la li­mitación de los precios (pensando principalmente en lo que ha de pagar por los productos ajenos'. Como consumidor puede abogar por los subsidios o aceptar­los de buen grado; como contribuyente se lamenta de tener que pagarlos. Toda persona piensa que podría manejar las fuerzas políticas de forma que le permitan beneficiarse de la subvención más de lo que pierde con el impuesto o aprovechar el alza de sus propios productos (mientras los costos de sus materias primas sean mantenidos legalmente bajos) y al mecanismo tiempo beneficiarse como consumidor con el control de pre­cios. Ahora bien, la inmensa mayoría se engaña a sí misma. Porque no sólo ha de registrarse, en el mejor de los casos, tanta pérdida como ganancia con esta ma­nipulación estatal de los precios; forzosamente se ori­ginarán mayores pérdidas que beneficios, pues toda intervención de los precios desorganiza y desalienta la ocupación y la producción.

Leyes del Salario Mínimo

Hemos examinado anteriormente algunos de los perniciosos resultados que producen los arbitrarios esfuerzos realizados por el Estado para elevar el pre­cio de aquellas mercancías que desea favorecer. La misma especie de daños derivase cuando se trata de incrementar los sueldos mediante las leyes del salario mínimo. Esto no debe sorprendernos, pues un salario es en realidad un precio. En nada favorece la claridad del pensamiento económico que el precio de los servi­cios laborales haya recibido un nombre enteramente diferente al de los otros precios. Esto ha impedido a mucha gente percatarse de que ambos son gobernados por los mismos principios.

Las opiniones acerca de. 105 salarios se formulan con tal apasionamiento y quedan tan influidas por la polí­tica, que en la mayoría de las discusiones sobre el te­ma se olvidan los más elementales principios. Gentes que serían las primeras en negar que la prosperidad pueda ser producida mediante un alza artificial de los precios y no vacilarían en afirmar que las leyes del precio mínimo en vez de proteger, perjudican las industrias que tratan de favorecer, abogarán no obs­tante, por la promulgación de leyes de salario mínimo e increparán con la máxima acritud a sus oponentes.

No obstante, deberla quedar bien sentado que una ley de salario mínimo, en el mejor de los casos, cons­tituye arma poco eficaz para combatir el daño derivado ('e los bajos salarios y que el posible beneficio a conseguir, mediante tales leyes, sólo superará el posible mal en proporción a la modestia de los objetivos a al­canzar. Cuanto más ambiciosa sea la ley, cuantos más obreros pretenda proteger y en mayor proporción aspi­re al incremento de los salarios, tanto más probable será que el perjuicio supere los efectos beneficiosos.

Lo primero que ocurre cuando, por ejemplo, se promulga una ley en virtud de la cual no se pagará a na­die menos de treinta dólares por una semana laboral de cuarenta y ocho horas, es que nadie cuyo trabajo no sea valorado en esa cifra por un empresario volve­rá a encontrar empleo. No se puede sobrevolar en una cantidad determinada el trabajo de un obrero en el mercado laboral por el mero hecho de haber con­vertido en ilegal su colocación por cantidad inferior. Lo único que se consigue es privarle del derecho a ganar lo que su capacidad y empleo le permitirían, mientras se impide a la comunidad beneficiarse de los modestos servicios que aquél es capaz de rendir. En una palabra, se sustituye el salario bajo por el paro. Se causa un mal general, sin compensación equivalente.

La única excepción se registra cuando un grupo de obreros recibe un salario efectivamente por debajo de su valor en el mercado. Esto puede ocurrir sólo en circunstancias o lugares especiales donde las fuerzas de la competencia no funcionen libre o adecuadamen­te; pero casi todos estos casos especiales podrían re­mediarse con igual efectividad, más flexiblemente y con menor daño potencial, a través del actuar de los sindicatos.

Cabe pensar que si la ley obliga a pagar mayores salarios en una industria dada, pueda ésta elevar sus