TEMA 5. Las limitaciones de la Revolución Industrial en España.

Introducción

Las transformaciones de la economía española durante el siglo XIX fueron muy limitadas. En 1914

• la agricultura seguía siendo la actividad más importante pues aún aempleaba a dos tercios de la población activa;

• el sector industrial moderno era aún muy modesto;

• y el nivel de la renta media de los españoles seguía estando muy lejos de la de los países cuya economía estaba basada en la actividad de un sector secundario transformado por la mecanización y la producción en serie.

Aunque no cabe duda de que sí hubo crecimiento económico durante el siglo XIX, en general el cambio resultó pequeño, y el país en su conjunto permaneció tradicional, agrario, atrasado con respecto a Europa. Fue en el siglo XX cuando en verdad España, que no siguió el modelo británico, experimentó la transición a la industrialización y la modernidad.

Por otro lado, a principios de siglo XIX, España era aún una potencia imperial en Europa con la que se debía contar. En tres decenios, el panorama cambió totalmente. Pasó ser un Estado irrelevante en el concierto internacional. A los seis años de guerra interior (Guerra de la Independencia), y tras el colapso colonial (pérdida de América), siguió existiendo gran inestabilidad política y social. Los problemas para consolidar el régimen liberal (Revolución Liberal Burguesa) siguieron, dificultando con ello la actividad económica y agravando aún más todavía el déficit heredado.

l.- El marco institucional.

A comienzos del siglo XIX, el crecimiento económico del país se hallaba bloqueado por la existencia de unas instituciones y unos juegos de alianzas que dificultaban el uso intensivo y más racional de los recursos:

- vinculaciones,

- reglamentaciones gremiales,

- restricciones a la movilidad de los factores.

En este contexto, la invasión del país por las tropas napoleónicas en 1808 propició el derrumbamiento del Estado del Antiguo Régimen. Durante el conflicto bélico, comenzaron las transformaciones jurídico-institucionales [Constitución de Cádiz (1812): igualdad jurídica de todos los españoles, soberanía nacional y división de poderes; por medio de los llamados Decretos Complementario se dispuso igualmente en Cádiz la libertad de contratación, cercamiento, arrendamiento y venta de campos, la abolición de los señoríos, la eliminación de los gremios]. Todas estas medidas van a definir el nuevo régimen político e institucional.

Ahora el bien, todo este proceso fue lento (en realidad los cambios no se no se consolidaron hasta la segunda mitad de siglo) y estuvo jalonado por numerosos conflictos e incluso dos guerras [Guerra de la Independencia (1808-1814) y Guerra Carlista (1833-1839)]. Veamos:

Una vez acabada la guerra contra el invasor francés (1814), se produjo el retorno al absolutismo [Sexenio Absolutista (1814-1820)], que eliminó en unos casos y paralizó en otros los cambios iniciados. Tras el pronunciamiento militar de Riego en 182, le sigue un brevísimo período liberal [Trienio Liberal (1820-1823)], que fue abruptamente cortada de nuevo por Fernando VII con la ayuda exterior (Cien Mil Hijos de San Luis), retornando de nuevo el absolutismo [Década Absolutista (1823-11833)]. Ahora bien, ni los absolutistas podían ya mantener las viejas estructuras políticas y jurídicas del Antiguo Régimen, ni lo liberales disponían de suficiente fuerza para imponer las reformas que pretendían.

La muerte de rey en 1833 da paso a la Guerra Carlista, una guerra civil que enfrentó a liberales y absolutistas, y que acabó generando un pacto entre el ala moderada de la burguesía y la aristocracia terrateniente (Fontana). El pacto consistió en el reconocimiento por parte de los liberales de los antiguos derechos de propiedad de la nobleza laica (estos derechos de propiedad se convirtieron en propiedad plena), mientras los aristócratas aceptaban la pérdida de sus atribuciones jurisdiccionales. Los grupos más perjudicados fueron, de un lado, el clero (desamortizaciones) y, de otro, buena parte del campesinado, al no poder acceder a la nueva propiedad.

Por desacuerdo con los liberales, que habían triunfado sobre los carlistas, en 1840 renuncia a la Regencia María Cristina, siendo nombrado Regente el general Espartero, quien permanece el puesto hasta que en 1843 un levantamiento general le obliga a dimitir y su puesto es ocupado por el general Narváez, jefe de los liberales moderados (conservadores). El sistema liberal se ha consolidado.

2.- La pérdida de las colonias y la crisis de la Hacienda Pública.

De los acontecimientos económicos de comienzos del siglo, la pérdida de las colonias americanas (1820-1830) y la crisis de la hacienda son los que más atención han recibido por parte de la historiografía.

El avance de la independencia colonial condujo a la

a) la desaparición de un mercado privilegiado para los productos españolas; la estructura productiva se vio afectada por la pérdida de este mercado, sobre todo en las regiones y producciones más dinámicas;

b) anuló el papel de intermediario comercial de la metrópoli. Gran parte del comercio era de reexportación entre Europa y América. Entre los efectos de tránsito estaba la plata, que servía para saldar el déficit comercial. En 1792 se importaban de Europa tejidos y cereales, y se exportaban al continente europeo lana, vino y aguardiente. En el mismo años salían para América harina, vino, aceite y algunas manufacturas como tejidos catalanes. Se importaban de allí algodón en rama, azúcar, cacao, etc., una parte de los cuales se redistribuía por Europa. En 1927 todo este entramado comercial quedó reducido al 10 por cien de lo que habían sido antes las salidas, y al 13 por cien las entradas. La cáida de este comercio comercial produjo, como era de esperar, el declive de los servicios de seguros afines a este comercio;

c) repercutió gravemente en la situación de la Hacienda Pública al verse privada de los metales preciosos y de los impuestos americanos.

Desde entonces, los elevados ingresos que se requerían para hacer frente a los gastos propios de un aparato centralizado y moderno difícilmente podían obtenerse del obsoleto sistema de recaudación del Antiguo Régimen. Dicho sistema impositivo era ineficaz, muy desigual social (los privilegiados estaban exentos de los impuestos directos; predominaba la imposición indirecta) y territorialmente (existían también privilegios territoriales). Por otro lado, tampoco tenía la exclusividad tributaria (la Iglesia cobraba el diezmo). Por otro lado, no olvides que el Estado tenía los impuestos, en una buena medida, hipotecados. Una parte de los ingresos conseguidos no revertían a favor de la Hacienda sino que iba a parar a los diversos tipos de prestamistas.

Desde finales del siglo XVIII y principios del XIX los gastos por consecuencia de las guerras tienden a dispararse. No siempre la recaudación alcanzó para financiar estos conflictos. Una forma de salir del paso fue mediante la creación de los denominados vales reales (títulos de deuda que servían como moneada y reportaban un interés). La buena acogida de esta deuda hizo que el Estado recurriera a emisiones masivas, con lo que aquellos se depreciaron.

Cuando termina a Guerra de la Independencia, el estado de la Hacienda no puede ser más caótico La pérdida de los ingresos americanos y imposibilidad de acudir al crédito acabaron por convertir en insostenible su situación. La bajada de la recaudaciones obliga al Gobierno a elevar los impuestos, lo que, en momento depresivo, supuso una carga demasiado onerosa para una población empobrecida por los años de guerra y crisis. El Estado se halla atrapado entre la voluntad de conservar una estructura de la sociedad y una política arcaicas y la imposibilidad de alcanzar nuevos recursos para conseguirlo.

La primera gran reforma moderna de la Hacienda se produce en 1845 (Mon-Santilán); la segunda tendrá lugar en 1977 (Fernández Ordóñez- Fuentes Quintana). Supuso la simplificación y racionalización del cuadro impositivo, aunque no consiguió erradicar déficit crónico del Estado. Entre 1850 y 1890 el servicio de la deuda (intereses y amortización) representó el 26 por cien de los gastos presupuestarios. La gran novedad es haber introducido la imposición directa, compuesta por:

• la contribución territorial o contribución de bienes inmuebles, cultivo y ganadería; y

• subsidio industrial o de comercio.

Como impuestos indirectos más sobresalientes quedaron

• los estancos del tabaco y de la sal;

• las rentas de loterías;

• los consumos; y

• las rentas de aduanas.

Entre 1850 y 1890 los impuestos directos sólo aportaron el 25 por cien del total; los indirectos supusieron, en cambio, el 50 por cien. ¿Por qué no aportó más la imposición directa?¨

• no existía un catastro (evaluación de la riqueza); tampoco existieron ganas de confeccionarlo. Al final, la base se estableció según los amillaramientos (declaraciones de los propios interesados en unos municipios dominados por las oligarquías);

• faltó personal cualificado.

En tales circunstancias, el fraude adquirió dimensiones gigantescas. Y como el déficit no fue corregido, los gobiernos decimonónicos tuvieron que recurrir a arreglos o conversiones de la deuda (repudios más o menos pactados con determinados tenedores, no todos).

El precio que se pagó por este desbarajuste fue muy elevado.

• los problemas hacendísticos precipitaron la desamortización, que se planteó mal planteada y que resultó socialmente injusta;

• los déficit presionaron sobre el interés, elevándolo y produciendo el fenómeno del crowding-out;

• las bancarrotas parciales (conversiones) castigaron al pequeño inversor.

Debe extrañar que, como señaló G. Tortella, el Estado, cuyo presupuesto tenía unas dimensiones muy reducidas (entre el 7 y 8 por cien del PIB), no cumpliese satisfactoriamente las tareas asignadas: justicia, enseñanza, sanidad, defensa, policía e infraestructuras económicas. Un tercio del gasto fue militar y otro se dedicó a satisfacer los intereses y la amortización de la deuda. Pero, además, esta situación tan caótica influyó en la política monetaria y comercia.

3.- La Revolución Agraria en España.

Fue el sector que más población activa ocupó durante todo el siglo (en torno al 65 por cien), y también el que más renta generaba (50 por cien). Fue también el sector que contribuyó con mayor proporción de productos al sector exterior.

¿Cómo contribuye la agricultura al crecimiento económico industrial?:

• transfiere excedente de productos alimenticios a las ciudades;

• transfiere mano de obra;

• constituye un mercado más extenso para la producción industrial

¿Cumplió la agricultura española satisfactoriamente con estas expectativas?

Cuando se inicia el siglo, la agricultura española está muy atrasada: se dependía en exceso de la climatología, la propiedad estaba muy concentrada, y una parte de ella vinculada.

La reforma agraria liberal, o revolución agraria, pretendió: 1) modificar los derechos de propiedad de todos los factores productivos (el liberalismo económico consiste en buscar la libertad de los agentes económicos); 2) altera, mejorándola, la producción agrícola.

Existen cuatro tipos de cambios en de la propiedad de la tierra: desaparición del régimen señorial (fin de los derechos señoriales: 1811), desamortización (Godoy, Mendizábal y Madoz), desvinculación de los patrimonios (fin de los mayorazgos: 1836) y desaparición de la Mesta (1836). Detengámonos brevemente en la Desamortización.

Desamortización es quitar la amortización. El Estado incauta los bines de la Iglesia con compensación para más tarde venderlos en pública subasta, tras publicar su venta en todos los boletines oficiales de las provincias.

Objetivos:

• Cambiar la propiedad de manos, con el objeto de alcanzar una eficiencia mayor;

• Paliar el déficit de la Hacieda.

• Vincular a los compradores con la causa libera.

Tipos:

• Godoy (1798: fue la primera ola desamortizadora; afectó a las tierras de las órdenes religiosas militares; los fondos se deberían haber dedicado a amortizar los vales reales, pero al final se emplearon para pagar las guerras.

• Mendizálal (1836-1844): se vedió el 27 por cien del total desamortizado (tierras del clero regular y secular). Se utilizó para pagar la Guerra Carlista y se admitieron como forma de pago los vales reales en su valor nominal.

• Madoz (1855-1867): representó el 38 por cien. Además de afectar a las tierras del clero, se desamortizaron tierras de los ayuntamientos (propios y comunes)

• 1868-1900: el 22,9 de la tierra desamortizada.

¿Quién compró la tierra? Como señala G. Tortella, todos los que tenían dinero y vales, preferentemente grandes propietarios, altos funcionarios y militares.

¿Alteró la estructura de la propiedad? No, Tampoco lo pretendía. Se mantiene, e incluso aumentan, los latifundios. Sólo cambió, pues, la titularidad. No mejoró, pues, el bienestar de los campesinos. Los compradores sí quedaron comprometidos con la causa liberal.

¿Mejoró la Hacienda? Sí, aunque fuera sólo por poco tiempo. Los problemas de la Hacienda continuaron en el transcurso del siglo.

¿Incrementó la producción? Sí, pero no tanto la productividad. Aumentó el área cultivada (sobre todo en la primera etapa) a costa de la de pastos. Únicamente en la zona mediterránea, donde los productos eran más especializados (naranjas, aceite, etc.), mejoró la productividad. La cabaña ganadera disminuyó.

Trigo Vid Cereales Oliva

1800 2900 400 6100 -

1860 5400 1200 9000 850

1900 3700 1450 7000 1360

A partir de los sesenta se inicia una etapa depresiva que acaba convirtiéndose en una crisis general del sector. La disminución de los portes provoca la llegada a España de productos agrarios del exterior. La respuesta del Estado es la aplicación de una política prohibicionista que protege el mercado interior.

4.- Minería.

El subsuelo era bastante rico en minerales. España poseía una tradición secular de explotación minera desde antiguo. Sin embargo, en España, la extracción masiva de minerales mediante técnicas modernas no comenzó hasta el siglo XIX.

Por e lado de la oferta el tardío desarrollo obedeció a:

• un marco institucional desfavorable;

• escasa inversión en capital físico y humano.

La ley de minas de 1825 concedió el derecho eminente (propio del Estado por razón del bien común) sobre el subsuelo a la Corona.E principal inconveniente de esta ley radicaba en que la iniciativa privada solo podía aspirar a concesiones en precario por plazos demasiado cortos, lo que desincentivaba a inversión.

Por otro lado, España carecía de conocimientos técnicos, de la xcapacidad empresarial, y de las inversiones necesarias para llevar a cabo una explotación intensiva y eficiente de los yacimientos mineros, por lo que dependía del exterior.

Por el lado de la demanda, el tardío desarrollo minero fue consecuencia de la estrechez del mercado nacional (lentitud del proceso de industriaización).

Todas estas restricciones al desarrollo minero irán desapreciendo a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. En 1868 se promulgó la Ley de Bases de la Minería; simplificaba el procedimiento de adjudicación de las concesiones. Además, en 1869 se introdujo la “ley de libertad de creación de sociedades mercantiles e industriales, facilitando a creación de sociedades anónimas, lo que favoreció la introducción de capital. Pero el factor más importante fue, sin, duda el gran crecimiento de la demanda internacional de minerales. Gracias a ello, llegarán a España las técnicas, empresarios y capitales necesarios para intensificar las extracciones de mineral de hierro, de cobre, de plomo y de zinc. Por consiguiente, el sector minero se orientó fundamentalmente hacia exportación.

Puede decirse que, en el último cuarto de siglo, la minería española se convirtió en el sector más dinámico de la economía española. Los beneficios acumulados en las exportaciones de hierro fueron básicos para el desarrollo siderúrgico y en general para el desarrollo industrial vasco. La minería contribuyó al progreso de la tecnología autóctona y produjo importantes encadenamientos hacia atrás como el aumento del empleo, generando una demanda de bienes y servicios diversificados.

La minería española produjo, en cambio, poco encadenamientos a.C. adelante ya que en España se transformaba una pequeña parte de los mnerales extraídos. Además, los impuestos que pagaron las compañías extrajeras fueron bajos y se reexportó una parte importante de los beneficios.

En el ámbito energético, España estaba relativamente mal dotada de carbón. Además, su coste de extracción era muy elevado y la calidad mala (contenía un alto porcentaje de cenizas y de menudos). Por otro lado, los yacimientos no están situados en lugares óptimos, el acceso es dfícil (costes de transporte). El carbón español consumido representaba un 40 por cien. Del extranjero, entre el 70 y 80 por cien llegaba por los puertos españoles. Poco a poco e consumo del carbón español aumentará debido al proteccionismo. Los consumidores españoles tuvieron que soportar unos precios entre el 50 y 300 por cien superiores a Inglaterra.

La mala dotación de carbón se sumaba a la mala dotación de recursos hidráulicos, lo que fue un gran obstáculo para la industrialización.

5.- La Industria

Entre 1830 y 1914, la industria española no quedó descolgada del progreso industrial, aunque no creciera tanto como en otros países como Inglaterra, EEUU o Alemania. El producto industrial creció en esos años a una tasa por encima del 2 por cien. El problema es que el nivel de partida de España era mucho más bajo y. así, aunque creció no alcanzó los niveles europeos. La industria en el siglo XIX se caracterizó por:

• escasa vertebración sectorial;

• fuerte concentración espacial de los sectores

Los sectores más dinámicos (textil y siderurgia) tuvieron efectos de arrastre bastante pequeños. La industria textil catalana se mecanizó con tecnología importada y utilizaba también materia prima (algodón) importada (EEUU). La siderurgia utilizó preferentemente carbón inglés, lo que quiere decir que las conexiones con la minería del carbón fueron nulas.

La lógica del crecimiento industrial se basa en que el crecimiento de unos sectores arrastra el crecimiento de otros. En el caso español, la capacidad de arrastre de los sectores líderes (textil y siderurgia) fue muy militada. Por eso se habla de desvertebración sectorial. A finales del siglo XIX ambos sectores se concentraban en Cataluña (textil) y País Vasco (siderurgia).

Aunque la materia prima venía de fuera, la industria textil se concentró en Cataluña, debido a la interconexión de varios factores:

• mercado (el nivel de renta media era mucho más elevado);

• proximidad del puerto del activo Barcelona;

• existencia de mano de obra especializada;

• densa red mercantil, lo que implicaba bajos costes de distribución;

• inversores que conocían bien la actividad.

La industria textil catalana se ajustó a la demanda nacional, favorecida por el proteccionismo estatal y colonial (Cuba).

La primera fase de la siderurgia moderna se inició en Andalucía (1826-1850). El mineral de hierro provenía de Cazalla de la Sierra y los altos hornos estaban situados en Marbella. Como fuente energética se utilizaba carbón vegetal de la zona pues el mineral le resultaba excesivamente costoso. Con la deforestación de la zona se hundió la industria.

Una segunda fase de la siderurgia moderna comenzó en 1850 en Asturias y se prolongó hasta 1880. En este caso, sí había carbón, pero faltaba el hierro.

La tercera fase se desarrolla en el País Vasco (1880-1970). La caída del precio del transporte de carbón entre Inglaterra y Bilbao favoreció su importación de Gales; los barcos retornaban, además, cargados de hierro vizcaíno. Por otro lado, la puesta a punto del convertidor Bessemer (acero directamente desde el hierro fundido sin necesidad de pudelarlo) resultará decisivo. Este procedimiento benefició a las industrias próximas a las minas de hierro y perjudicó a las de industrias próximas a las minas de carbón, que era el caso asturiano. Tampoco los efectos de arrastre de esta industria a nivel nacional fueron muy altos; su gran oportunidad estuvo en la construcción del ferrocarril, pero éste, como se verá a continuación, se construyó con material importado.

6. La construcción de la red ferroviaria

Frente a los sistemas de transporte alternativos, el ferrocarril representó una revolución en la facilidad de movimiento para mercancías, información y personas. En España estas ventajas fueron todavía más evidentes por su relieve orográfico y el atraso relativo de la agricultura.

A pesar de las ventajas de los caminos de hierro, la construcción de la red se realizó más tardíamente que en otros países porque la inestabilidad política, institucional y presupuestaria de la primera mitad de siglo no era favorable para la movilización de capitales, ingente en términos comparados con cualquier otra iniciativa económica de la centuria.

Aunque hubo varios proyectos, en realidad no fue hasta la Ley General de Ferrocarriles de 1855 y la Ley de Bancos de 1856 cuando se inició la construcción. Esta ley ofreció grandes facilidades al capital exterior, que no desaprovechó la ocasión, especialmente el francés (Perèire, Rotschild, Prosa, Guildho, etc.), que aportó también la técnica y el material. Hasta entonces sólo se habían construido 440 kms. Durante la década siguiente la longitud de vía abierta se aproximó a los 5000 kms (ver mapa). Después de 1866, la longitud siguió aumentando, aunque a un ritmo menor. En 1900 se explotaban 11000 kmts.

La ley de 1855 adoptaba un plan general de construcciones y establecía el marco general de las ayudas públicas (subvenciones del Estado) para fomentar una rápida incorporación de España a las ventajas del nuevo sistema de transporte y otorgaba garantías al capital exterior contra riesgos.. La ley consolidaba la estructura radial con centro en Madrid. Los motivos de esta decisión no fueron económicos sino políticos: articular un Estado moderno centralizado desde Madrid. La ley estableció también un ancho de vía -1,67 mts.- mayor que el de Europa (1,44 mts.). Al margen de cuales fueran las razones de esta decisión, sus consecuencias (aislamiento respecto de Europa) han resultado muy negativas.

Uno de los aspectos más controvertidos de a ley fue la concesión a las compañías constructoras de la importación libre de derechos arancelarios de todos los materiales necesarios para llevar a cabo la construcción de los trazados, durante el tiempo que esta durase y los diez años siguientes. Esta exención provocó la importación masiva de hierros y material para ferrocarriles (Nadal, Tortella). La decisión de aprobar esta franquicia ha sido objeto de gran debate. Para muchos historiadores ello supuso una oportunidad perdida para la industrialización (siderurgia, mecánica…). Sin embargo, otros autores (Gómez Mendoza) piensan que esta tesis no es correcta pues la industria española no estaba preparada para ofertar todo el material que el ferrocarril demandaba; por eso era necesario importar. También los hay que creen que tal vez se debieran haber construido de forma más pausada, dando así tiempo a que se fuera desarrollando la industria española (Comín).

En cualquier caso, la contribución de la revolución de los transportes al crecimiento económico español tiene lugar a partir de la década de los setenta cuando la red facilitó decisivamente el transporte de vino y minerales para la exportación. Su principal función fue fomentar la articulación del mercado nacional.

7.- Sistema Monetario y Financiera.

A comienzos del siglo XIX existían diversos sistemas monetarios. En 1848 se creó un sistema bimetalista (oro y plata) con real como unidad de cuenta básica. El gran problema de los sistemas bimetálicos era su dificultad para mantener estable la relación de valor entre los dos metales. En 1850 el oro comenzó a bajar de precio, lo que hizo que la plata tendiera a desapredcer, quedando el oro como patrón de facto. En 1864 siguió el sistema bimetálico con el escudo como unidad monetaria. La situación se repitió, solo que con los papeles cambiados (el oro sube de valor). El sistema bimetálico se mantiene, si bien la nueva unidad monetaria desde 1868 será la peseta. E que España se mantenga con el sistema bimetálico cuando buena parte de los países han adoptado el patrón oro es considerado por algunos historiadores (Martín Aceña) como un hecho negativo puesto que aisló más económicamente a España.

Por lo que se refiere al sistema financiero, durante el siglo XIX, se produce también en España el paso de un estado embrionario a uno relativamente diversificado. Como precursores se han de destacar el banco Nacional de San Carlos, creado en 1782 y fundado bajo el patrocinio del Estado. Tenía como principal cometido la administración de la deuda del Estado. El Banco de San Carlos suspendió pagos a principios del siglo XIX, aunque se reflotó con el nombre de Banco de San Fernando. Emitió billetes, descontó letras e hizo gran negocio durante la Guerra Carlista. En 1844 surgió en Madrid el Banco de Isabel II y fuera de Madrid el Banco de Cádiz el Banco de Barcelona.

La verdadera modernización del sistema financiero se inicia en realidad en 1856 con la Ley de Bancos (podían emitir billetes) y la Ley de Sociedades de Crédito. Dichas normativas facilitaron la formación de sociedades y permitieron la entrada masiva de capital del exterior, que, como ya se ha indicado, se canalizará prioritariamente hacia las inversiones ferroviarias. El Banco de San Fernado pasa a llamarse Banco de España. En la medida en que el ferrocarril no consiguió los resultados esperados, los bancos y sociedades de crédito que habían invertido mayoritariamente en ellos, sufren as consecuencias. Muchos de ellos quiebran, y otros entran en una crisis que tardarán en superar.

Durante el Sexenio Revolucionario el Banco de España consolida su posición hegemónica y estrecha sus relaciones con el estado, al que presta sumas importantes a cambio de privilegio como único emisor. También en este momento se crea el Banco Hipotecario; prestará igualmente a la Hacienda y a cambio obtendrá el monopolio de las obligaciones hipotecarias. Madrid se especializa en el crédito oficial al tiempo que se produce el ascenso de la banca vasca, al tiempo que declina la banca andaluza y lo propio hace la catalana.