EL LIBERALISMO DURANTE EL REINADO DE ISABEL II (1843-1868)

¡Contra las quintas! (pg 240)

Vamos a realizar una composición histórica sobre el reinado de Isabel II con la ayuda del texto escrito por Bona y Ureta en contra del sistema de quintas.

Las malas cosechas de los años precedentes y la primera crisis industrial de la nueva era, unidas a los sentimientos nacionalistas y a las ideas democráticas fueron las principales causas de la tercera oleada revolucionaria en Europa en 1848.

Comenzó en París, protagonizada por los obreros y las clases medias bajas y se extendió por la mayor parte de Europa. Los liberales reclamaban una Constitución, alemanes e italianos reclamaban también la unificación de sendos Estados.

Sin embargo, en Francia la revolución no obtuvo los resultados esperados por lo que se produjo una segunda que fue aplastada por Luis Napoleón Bonaparte que proclamó el segundo Imperio.

La revolución fue aplastada en todas partes pero muchos gobiernos mantuvieron constituciones liberales moderadas.

Las unificaciones de Italia y Alemania se produjeron finalmente, trastocando de forma profunda el mapa europeo creado por el Congreso de Viena en 1814. Tuvieron amplias repercusiones para las relaciones diplomáticas y también el orden interno de los Estados.

Significaron el triunfo definitivo del principio de las nacionalidades, y con él del liberalismo. A partir de este momento, aquellos pueblos que aún carecían de un Estado propio lo reivindicarán con más fuerza, poniéndose en cuestión la existencia de los grandes imperios multiétnicos que sobrevivían: el imperio ruso, el otomano y el austriaco. Por otro lado, había cambiado sustancialmente la situación diplomática creada tras el Congreso de Viena.

En el período que transcurre en España entre 1833 y 1840 se sentaron las bases de la revolución liberal, que marcará de forma profunda la historia del país a lo largo del siglo XIX. Esta revolución implicó un doble proceso: la implantación de la monarquía constitucional y la sustitución de los fundamentos socioeconómicos del Antiguo Régimen por las nuevas formas de propiedad características del liberalismo. Esta revolución coincidió con la muerte de Fernando VII y el consiguiente problema sucesorio que dio lugar a la guerra carlista, guerra a través de la cual absolutistas partidarios de Carlos (hermano del rey) y liberales isabelinos trataron de imponer sus diferentes modelos de Estado.

Por otro lado, Isabel era demasiado joven para reinar por lo que su madre Mª Cristina, ejerció la regencia. La regente delegó el poder en los presidentes: Martínez de la Rosa (moderado), el conde de Toreno (moderado), Mendizábal (progresista), Calatrava (progresista)

Las reformas liberales de Martínez de la Rosa fueron consideradas insuficientes para la mayor parte de la opinión pública, lo que sumado a la persistencia de la sublevación carlista y a una epidemia de cólera produjo la dimisión del gobierno y dio paso a otro encabezado por el conde de Toreno, también moderado y por ello, rechazado por el pueblo.

Lo sustituyó Mendizábal, progresista, cuya iniciativa desamortizadora provocó el enfrentamiento con la Santa Sede y la pérdida de la confianza de la regente y por tanto, su dimisión.

Entonces, temiendo un nuevo retroceso en las reformas, los progresistas volvieron a recurrir a la insurrección armada: el motín de la Granja en el que obligaron a la regente a jurar la Constitución de 1812 y formar un nuevo gobierno progresista, presidido por Calatrava. Éste decidió convocar unas Cortes extraordinarias para reformar la Constitución de 1812 y ponerla de nuevo en vigor. Pero, finalmente, las Cortes redactaron una Constitución nueva, la Constitución de 1837, progresista pero que también realizaba concesiones a los moderados y trataba de crear un marco aceptable para todos los liberales (cada vez más divididos).

El problema de la guerra carlista seguía vigente. Pero después de largos años de guerra, los contendientes estaban agotados y comenzaban a surgir fuertes distensiones en los dos bandos. La posibilidad de alcanzar una victoria militar decisiva era muy remota y se hacía necesario negociar algún tipo de compromiso.

Finalmente, se llegó a un acuerdo entre el jefe del ejército liberal, el general Espartero y el jefe del ejército carlista del norte, general Maroto. Ambos militares firmaban el Convenio de Vergara que ponía fin a la contienda (aunque no sería el fin del carlismo).

El final de la guerra pareció consolidar el régimen liberal. El constitucionalismo parecía también definitivamente asentado aunque la falta de entendimiento entre moderados y progresista era cada vez mayor. Por ello se empezó a recurrir cada vez más a los militares para conseguir, mediante pronunciamientos de fuerza, controlar la situación política y acceder al gobierno.

Los generales, que habían consolidado su prestigio con la guerra carlista, eran considerados auténticos héroes y algunos contaban con un gran respaldo popular. Este era el caso de Espartero que tras la firma del Convenio de Vergara, fue llamado por los progresistas para alcanzar el poder en 1840. Ante una política moderada contraria a los progresistas, éstos encabezaron un pronunciamiento con el respaldo del ejército y obligaron a la regente a nombrar jefe de gobierno a Espartero. Poco tiempo después, la regente se vio obligada a abdicar de la Regencia y Espartero fue nombrado nuevo regente mientras durase la minoría de edad de la princesa Isabel.

Aunque no era la primera vez que los militares intervenían en política (recordemos a Riego, o el pronunciamiento de los sargentos de La Granja), fue el ejemplo de Espartero el que sentó un precedente que se repetiría con muchja frecuencia a lo largo del siglo XIX y parte del siglo XX. De esta forma el ejército pasó a ser un elemento determinante de la vida política de nuestro país.

El nuevo regente tuvo que hacer frente desde el principio a una serie de problemas: en primer lugar, la actitud de los moderados que optaron por el pronunciamiento como forma de llegar al poder y que contaban con el apoyo de la antigua regente MªCristina (exiliada); en segundo lugar, la división de los propios progresistas cuyo sector civil dejó de respaldarlo al comprobar que este se apoyaba exclusivamente en una camarilla de militares que le eran afectos y que pretendía gobernar de forma dictatorial, al margen de las Cortes; por último, el tercer problema se desencadenó con la noticia de que el gobierno preparaba un tratado de comercio librecambista con Gran Bretaña que perjudicaba profundamente a los industriales catalanes.

En 1843, se inició en Andalucía un pronunciamiento propiciado por los progresistas y los moderados, unidos de forma coyuntural contra Espartero. Ante la lentitud del gobierno en reaccionar, el pronunciamiento se generalizó, extendiéndose a otras comunidades.

Finalmente, el general Narváez derrotó a los partidarios del regente y obligó a Espartero a huir al exilio. El gobierno provisional que se formo decidió anticipar la mayoría de edad de Isabel II (que tenía 13 años).

La alianza entre los moderados y los progresistas no podía durar y los primeros, apoyándose en la Corona, maniobraron contra sus antiguos aliados hasta hacerse con el poder en 1844, año en el que se formó el primer gobierno de Narváez. Desde entonces, la nueva reina tomó partido de manera evidente por los moderados, negándose a convocar a los progresistas a las tareas del gobierno y rompiendo por tanto, el equilibrio constitucional.

La falta de imparcialidad de la Corona ahondó en el enfrentamiento entre moderados y progresistas. Los primeros defendían el llamado liberalismo doctrinario que se basaba en la teoría de la doble representación, según la cual la soberanía residía de forma conjunta en la Corona y en las Cortes, atribuyendo a la primera no solo el poder ejecutivo, sino también un cuarto poder moderador, por el que la Corona se convertía en mediadora entre los eventuales conflictos que se pudieran plantear entre las Cortes y el gobierno.

Por su parte, los progresistas seguían el llamado modelo radical, según el cual la soberanía nacional reside exclusivamente en las Cortes. Además defendía la existencia de una Milicia Nacional, de ayuntamientos democráticos, de la libertad de prensa y el liberalismo económico. Ambos eran partidarios del sufragio censitario pero los progresistas colocaban el tope de riqueza para poder votar más bajo, por lo que el cuerpo electoral se ampliaba.

Los moderados contaban con el respaldo de la nobleza terrateniente, las clases medias ilustradas, la burguesía enriquecida con la desamortización, algunos militares y la mayoría de los funcionarios del Estado. En cambio, los progresistas encontraban su fuerza en la pequeña clase media y las clases populares, grupos que aun siendo más numerosos, contaban con menos poder.

La verdadera fuerza de los progresistas estaba, sin embargo, en el control que ejercían sobre la Milicia Nacional, por lo que los moderados la suprimieron en 1845.

La Década Moderada (1844-1854) se caracterizó por la política centralizadora y uniformadora del paíse que pusieron en práctica los moderados. Para ello crearon la Guardia Civil (cuerpo militar al que se le encargó salvaguardar la propiedad y mantener el orden en la España rural), realizaron una reforma de la hacienda (obra de Alejandro Pidal y Mon, aunque fracasó), elaboraron la Constitución de 1845 de carácter conservador (que, entre otros, suprimía la Milicia Nacional) y firmaron el Concordato con la Santa Sede que sentaba las bases contractuales de las relaciones Iglesia-Estado. Los moderados también aprobaron la Ley de Quintas que decía que era obligado contribuir al sostenimiento del ejército, bien como militar o bien, pagando los gastos de equipamiento y sostenimiento de un soldado durante el tiempo de permanencia en filas. Esto provocaba una marcada diferencia social ya que la mayoría de la población masculina no podía eludir su entrada en el ejército en el que pasaban ocho años de su vida (“haciendo variar anualmente a 25000 jóvenes su carrera, sus inclinaciones, su traje, su modo de andar y todas sus costumbres, que no pueden recobrar cuando después de ocho años vuelven a sus primitivos hábitos”) que los marcaban para siempre. Por otro lado, para el sector de población restante, esa minoría que contaba con grandes fortunas, apenas se veía afectada por este problema puesto que la cifra que tenían que pagar ni siquiera resultaba cuantiosa al lado de su riqueza. Es por esto que las quintas eran tan impopulares entre el pueblo. A pesar de todo esto las quintas se mantenían debido a que tanto progresistas como moderados necesitaban el ejército para conseguir sus fines políticos.

La polémica sobre las quintas se basa en el debate sobre la concepción del Estado liberal y del ejército, El sistema de quintas se había establecido a finales del siglo XVIII; por tanto, tal como afirma el autor del documento, era relativamente nuevo. Los ejércitos del Antiguo Régimen estaban formados por mercenarios; por el contrario, los ejércitos nacionales que surgen durante la Revolución francesa, estaban formados por el pueblo en armas y se identificaban con los del Estado liberal burgués. En España, se adoptó la fórmula de crear un ejército nacional; los progresistas consideraban que los ejércitos mercenarios se transformaban en instituciones tiránicas. Tal como se dice en el documento, el progresisimo español basaba su fuerza en la Milicia Nacional, formada por voluntarios que se adscribían ideológicamente al bando radical. Ellos eran el contrapeso del ejército. También para los republicanos y los demócratas, el modelo ideal de ejército era el formado por voluntarios, ya que entre sus militantes la impopularidad de los ejércitos basados en las quintas era muy fuerte.

En la segunda parte del texto, el autor sostiene que el sistema de quintas es más costoso económicamente que el ejército de voluntarios o mercenarios. Esto no es del todo cierto: el ejército español del siglo XIX estaba mal armado y basaba su fuerza de ataque en la masa humana lo que requería un gran número de efectivos por lo que los sueldos habrían consumido muchos recursos mientras que el ejército de las quintas era relativamente barato, muy instruido y su resistencia y efectividad en el campo de batalla sorprendía incluso a los observadores militares extranjeros.

La labor legislativa de los moderados estuvo condicionada por la inestabilidad ministerial (dieciocho gobiernos entre 1843 y 1854), producto de los enfrentamientos dentro del propio partido moderado que dio lugar a varias tendencias.

Por otra parte, la Década Moderada estuvo marcada por la llamada vorágine especulativa, la época dorada de la burguesía de los negocios; banqueros y empresarios que, con la complicidad del poder político, manipulaban el mercado para obtener ganancias extraordinarias e injustificadas. La principal fuente de negocios de este tipo fue la construcción de los primeros ferrocarriles en los que se produjeron barios escándalos con personajes muy conocidos implicados lo que contribuyó al descrédito de los gobiernos moderados.

El régimen moderado de 1845 se había impuesto después de una intensa represión llevada a cabo por Narváez y González Bravo. Sin embargo, a lo largo de toda la Década Moderada subsistió una oposición que fue creciendo en intensidad y que se enfrentó al gobierno, bien mediante la lucha armada (los carlisatas principalmente y algunos pronunciamientos progresistas), bien de forma política (preferencia de los progresistas).

En 1849 se desgajó el ala izquierda de los progresistas y se formó el Partido Demócrata. Su programa se distanciaba claramente del de los liberales y atrajo a los republicanos y socialestas, que fueron un elemento determinante en la revolución que acabó por derribar a los moderados.

El golpe de Estado que en 1851 llevó a cabo en Francia Luis Napoleón repercutió en España, donde el presidente del gobierno, Bravo Murillo, clausuró las Cortes y quiso establecer una dictadura del ejecutivo. Aunque su proyecto fracasó y provocó su caída, los choques entre las Cortes y los gobiernos moderados que se formaron entonces fueron ya constantes hasta dar lugar a la revolución de 1854. Producto de ella, O'Donell hacía público el Manifiesto de Manzanares, reclamando una serie de reformas que le permitieron obtener el apoyo de los progresstas, a los que se sumaron los demócratas y los republicanos.

A partir de entoces, la revolución se generalizó, el gobierno se vio obligado a dimitir y la reina entregó el poder a Espartero que lo compartió con O'Donell.

La revolución permitió la vuelta al poder de los progresistas, que gobernaron durante un corto periodo de tiempo (1854-1856) conocido como el Bienio Progresista y en el que desarrollaron una intensa labor legislativa. Entre las medidas que adoptaron destacan la Ley de Desamortización de Madoz (con rendimientos muy superiores a la de Mendizábal), la Ley General de Ferrocarriles (por la que el Estado intervenía en la construcción del ferrocarril recurriendo a importación francesa), la Ley de Bancos y Sociedades de Crédito (fundamental para conseguir una organización bancaria moderna y canalizar los capitales extranjeros) y la Constitución de 1856 que, si bien no llegó a promulgarse, es interesante debido a que contiene los principios políticos característicos del Partido Progresista (y por supuesto, restablecía la Milicia Nacional y proclamaba la igualdad ante el servicio militar).

El régimen del Bienio se amparaba en la unión circunstancial de dos militares: Espartero (apoyado por los progresistas puros) y O'Donell (respaldado por la naciente Unión Liberal que agrupaba los elementos más flexibles entre los moderados y los progresistas).

A la izquierda del gobierno se encontraba el Partido Demócrata mientras que a la derecha estaban los moderados puros de Narváez y los carlistas.

La tolerancia que Espartero demostró ante la creciente conflictividad social protagonizada por obreros y campesinos le enajenó el apoyo de la Corona y de O'Donell y se vio obligado a dimitir. O'Donell por su parte, aplastó la resistencia de la Milicia Nacional y de los grupos demócratas, dando por terminada una revolución que él mismo había encabezado dos años antes.

Tras esto, los moderados volvieron al gobierno encabezados por Narváez y pusieron en práctica un programa conservador. De su labor legislativa destaca la Ley de Instrucción Pública.

Pero las disputas entre los moderados favorecieron la vuelta al poder de O'Donell y la Unión Liberal (un centro liberal ecléctico en cuanto a doctrinas). Gobierno que se caracterizó por un cierto reformismo en política interior (que buscaba un término medio entre el inmovilismo y la revolución).

O'Donell pretendió también relanzar la política exterior española mediante la creación de una flota moderna y la realización de intervenciones militares exteriores (hacia la Conchinchina con Francia, a Marruecos dando lugar a la guerra de Marruecos y otras semejantes) que no hicieron sino confirmar la débil posición internacional de España.

Tampoco se consiguió enardecer el espíritu patriótico de los españoles por lo que esta política solo contribuyó a desgastar la figura del propio O'Donell hasta perder la confianza de la Corona (precipitada por un escándalo de corrupción dentro de la propia familia del militar).

La reina volvió a recurrir a los moderados y desde este momento, el gobierno fue un desfile de personajes que no contribuyeron a estabilizar una situación my deteriorada por los escándalos de corrupción electoral y la grave crisis económica.

Los últimos años del reinado de Isabel II pusieron de manifiesto que el régimen político estaba agotado.

A la situación económica se le unieron otros graves problemas políticos. El detonante hay que situarlo en 1865, cuando el gobierno de Isabel II intentó prohibir a los catedráticos manifestarse contra la monarquía y el concordato con la Iglesia. Esto produjo una verdadera protesta estudiantil que fue ahogada en sangre.

Isabel II llamó a O'Donell para formar un nuevo gabinete que se aproximase al ala más liberal de la sociedad española pero ello no acalló las protestas y el descontento.

A continuación, volvió a llamar a Narváez que aplicó una serie de medidas preventivas y de represión. El régimen se sentía acorralado, falto de apoyos populares, con sectores del ejército en su contra, con los industriales y el mundo de los negocios irritado, ya no podía aguantar mucho más.

Debido a esta situación, todos los sectores de la población se fueron poniendo de acuerdo hasta firmar el Pacto de Ostende en el que se comprometían a derribar a la monarquía, nombrar una Asamblea constituyente elegida por sufragio universal y refundar el Estado.

El golpe revolucionario (la Revoluión Gloriosa) se inició en 1868. La conspiración contaba con el apoyo de generales prestigiosos que vivían en el exilio (como Juan Prim), y que se trasladaron a Gibraltar para asumir el mando de esta revolución.

Las fragatas de la armada sublevaron sucesivamente las guarniciones andaluzas; por doquier estallaron movimientos revolucionarios y las juntas se hicieron cargo del poder. En todas partes se organizaron milicias populares con el nombre de Voluntarios de la Libertad.

Finalmente, los militares sublevados con Juan Prim, Serrano y Topete entraban en Madrid y formaban el primer gobierno provisional revolucionario, Isabel II y su séquito, que se hallaban de vacaciones en San Sebastián, huyeron a Francia. La monarquía había caído.

La caída de Isabel II sería sucedida por un gobierno provisional revolucionario, una monarquía parlamentaria (Amadeo de Saboya), una república federal, una república unitaria y la restauración de la monarquía borbónica con Alfonso XII (y por tanto, la institución del sistema canovista).

El reinado de Isabel II se caracterizó por la inestabilidad política derivada de los constantes enfrentamientos entre moderados, progresistas y otros partidos políticos. Este hecho fue determinante para los acontecimientos posteriores, marcados por el deseo general de estabilidad que daría lugar al sistema canovista, un sistema hipócrita pero que permitiría el crecimiento de la economía y el desarrollo de la industria.

Las quintas se mantuvieron vigentes hasta la República, en la que Estanislao Figueras, las suprimiría provocando que el ejército se sumiera en una gran anarquía. Era un sistema tan injusto como eficaz y, por ello, resistió pese a su impopularidad durante tanto tiempo.

Hay que tener en cuenta, que la esperanza de vida en aquellos tiempos era muy inferior a la actual (la mitad) y que ocho años constituía una parte muy importante. Además, los jóvenes tenían que dejar su trabajo y no podían contribuir al sostenimiento de su familia.

En la actualidad, un servicio obligatorio militar sería inpensable aunque no hace tanto tiempo del último (en el régimen franquista). España es un país que defiende la libertad de los individuos y reconoce sus derechos por lo que no puede obligarlos a participar en un servicio militar en contra de su voluntad, la respuesta de la población sería aplastante.

Sin embargo, España no ha quedado desprovista de ejército, lo constituyen voluntarios que reciben un sueldo a cambio. Este tipo de ejército puede ser más eficaz puesto que cuenta con una buena predisposición de los efectivos pero también constituye un gasto enorme para el Estado que, en la época de las quintas, difícilmente pudiera haber sido asumido.