El informe leído ayer en el Congreso por el ministro del Interior revela la existencia de 200 sectas destructivas en nuestro país. 150000 personas están atrapadas en sus redes.
El problema de las sectas no es nuevo, aunque fue en los años 80, tras la implantación de un estado democrático y aconfesional, cuando emergió con fuerza en nuestro país. Pero, a pesar de su gravedad, no parece ser un tema suficientemente importante para ocupar un lugar privilegiado dentro de los objetivos de la sociedad: los gobernantes y los medios de comunicación sólo se ocupan del tema tras un estudio sociológico que revela la gravedad de la situación y lo olvidan con el paso de los días.
¿No es acaso motivo de especial preocupación que 150000 personas vean controlada su voluntad con motivos perversos que van desde la obtención de riquezas hasta a obtención de relaciones sexuales con menores? La erradicación de las sectas debe ser uno de los objetivos prioritarios de una sociedad democrática y para ello el Gobierno, desde el Ministerio del Interior, debe disponer de medios suficientes para obtener información sobre grupos peligrosos.
Uno de los primeros pasos debería ser la reforma de la Ley de asociaciones, bajo la que algunas sectas destructivas han obtenido no sólo cobijo, sino también subvenciones. Estos grupos, evidentemente, no se presentan como sectas sino como agrupaciones de carácter cultural, humanista, deportivo o de otro tipo y este es uno de sus mayores peligros. Por ello, la ilegalización de las asociaciones con objetivos ocultos y perversos debe ser inmediata.
La sociedad no puede permitir que sectas que destrozan la vida a miles de seres humanos operen con total impunidad. El fin del milenio ha agravado la situación: gran cantidad de estos grupos son de carácter milenarista, por lo que no se descarta una oleada de suicidios, semejantes a la que la secta “El Templo de Sol” iba a llevar a cabo el 8 de enero en Tenerife. Las medidas deben ser urgentes si no deseamos que se produzcan trágicas muertes. El presidio es el lugar que corresponde a quienes abusan de sus semejantes mediante la captación de voluntades.