ESPAÑA LIBERAL, 1868 - 1939

BLOQUE I. LA REVOLUCION DE 1868

Tema 1. La “Gloriosa” y sus causas.

El 68 significa la crisis del sistema político moderado. Se trataba de una fórmula parlamentaria pero con una preeminencia de la Corona, siempre rodeada de moderados. Sólo hay un partido y el sufragio es muy limitado (en torno al 1% de la población), con lo que las clases populares están excluidas de la vida pública.

Para cambiar el sistema se necesita la combinación de juntas populares y militares liberales. La Revolución del 68 es muy complicada en comparación con las anteriores. El juntismo es el modelo de revolución democrática en España.

Los moderados estaban compuestos por burguesía financiera, industrial y clase terrateniente. Dentro del grupo hay muchas tendencias, pero en general son liberales autoritarios. Cuentan con el apoyo implícito del clero y del ejército. Defienden ante todo la propiedad.

Los progresistas contaban entre sus filas con muchos miembros pertenecientes a la burguesía financiera partidaria de la entrada de capitales extranjeros (librecambistas). Están excluidos del poder, y aunque defienden también la propiedad, lo hacen desde la perspectiva de ser un medio de crecimiento. Para ellos orden es igual a libertad. Cuentan con el apoyo de militares progresistas.

Los demócratas se componían de personas pertenecientes a la burguesía urbana, el artesanado y a diferentes profesionales liberales. Anhelan una revolución democrática apoyada en las masas populares. Sus objetivos serían el progreso, la igualdad y poner fin a la problemática social. Su postura acaba derivando hacia tesis federalistas.

La Revolución de 1868 supone el fin del régimen político isabelino. Sus causas pueden establecerse de la siguiente forma:

• 1866: crisis económica y de subsistencia. Pérdida de cosechas, aumento de los precios del cereal, todo ello unido a una coyuntura económica desfavorable. Narváez opta por una política represiva para mantener el orden. En enero hay rebeliones militares progresistas que acaban fracasando.

• 1867: pacto entre los diferentes partidos que también busca el apoyo del pueblo. En Ostende pactan demócratas y progresistas para derrocar a Isabel II, celebrar elecciones (con sufragio universal) y elegir una asamblea constituyente para decidir el destino del país.

• Sept. 1868: la escuadra de Cádiz al mando de Topete se subleva. Al día siguiente es la propia ciudad de Cádiz la que secunda esta sublevación, y al tercer día se publica un manifiesto que llama al levantamiento general de la población. Surgen así las juntas, extendiéndose el movimiento revolucionario. Serrano se dirige hacia Madrid, en donde derrota al ejército realista en la batalla de Alcolea. La reina huye. La junta de Madrid sale de la clandestinidad.

Las juntas surgieron como forma de hacerse cargo del gobierno municipal destituyendo al poder antiguo. Tenían interés en mantener el orden. Estaban compuestas por la burguesía y las clases populares. Las juntas locales dependían de las provinciales, que a su vez lo hacían de la de Madrid. Esta jerarquización generó tensiones internas pues variaba el grado de progresismo en los diferentes niveles. Así mismo las juntas perseguían la consagración del sufragio universal y la formación de una asamblea constituyente.

Cuando se forma el gobierno, los progresistas excluyen de este a los demócratas por miedo a su excesivo populismo. Las juntas no participan en la formación del gobierno, y se las desarma. Se decreta la disolución de los “voluntarios de la libertad”, una milicia popular surgida durante la revolución y que dependía de las juntas. Se producen movimientos de resistencia en varias ciudades, pero a finales de año el gobierno ya se ha hecho con el control. Serrano es el jefe de gobierno, Prim el ministro de Guerra, Topete el de Marina y Sagasta de Gobernación.

Se declara la libertad de reunión, asociación, enseñanza, credo, prensa y expresión, así como el establecimiento de sufragio universal directo para todos aquellos varones mayores de 25 años. Se convocan nuevas elecciones. La campaña electoral tiene numerosas denuncias de infracciones a pesar de las libertades. Triunfa en estas elecciones la coalición de progresistas y demócratas, que apoyaba la monarquía como forma de Estado. Los republicanos obtienen 85 diputados. La primera tarea del nuevo gobierno es elaborar la constitución e instituir un regente. También se contempla la supresión de quintas y consumos, pero el estallido de la guerra en Cuba (1868) explica porque no se llevaron a cabo reformas en el ejército y en el sistema de reclutamiento. Los consumos, abolidos por las juntas, se restablecen el gobierno no se hace eco de las principales demandas populares.

Tema 2. La democracia liberal del sexenio (1868-1876).

La constitución de 1869 consta de 31 artículos, y está inspirada claramente el la de EEUU y Bélgica. Se define como monárquica. Destacan los siguientes puntos:

• Sufragio universal masculino para mayores de 25 años

• Libertad de reunión, asociación, enseñanza y educación. La nación se obliga a mantener el culto católico

• La soberanía reside esencialmente en la nación

• División de poderes. El legislativo es bicameral; el Senado es elegido por sufragio universal indirecto, lo que le otorga un carácter conservador y selectivo. Estaba formado por antiguos ministros o diputados, embajadores, miembros del clero…

• El monarca es inviolable y tiene la capacidad de nombrar ministros. En el texto se dedica todo un capítulo a la sucesión en el trono

• El poder judicial está representado por un sistema de jurados de los cuales una cuarta parte son nombrados por el rey

El regente será Serrano y Prim asumirá la jefatura de gobierno. Se trataba de un gobierno de centro-derecha que se oponía a los republicanos, que mientras tanto se encargan de promover y convocar manifestaciones. Se debe enfrentar a nuevos movimientos juntistas que serán duramente reprimidos. Los problemas se le acumulan.

La sucesión monárquica (encontrar un nuevo rey) se ve agravada por la presión desde diferentes puntos de Europa. Había diferentes candidatos al trono en el interior del país, como Serrano o Espartero, o bien de fuera, como Amadeo de Saboya. No hay unanimidad en el Congreso con respecto a los candidatos, aunque finalmente se impone la opción de Amadeo de Saboya, cuyo principal benefactor fue Prim.

Promovida su candidatura por Juan Prim y Prats, presidente del gobierno desde junio de 1869 y principal dirigente del Partido Progresista, el 16 de noviembre de 1870 (14 días después de haber aceptado el desempeño de la Corona española) las Cortes Constituyentes le proclamaron rey de España. Desembarcó en Cartagena el 31 de diciembre de ese año, cuatro días después del atentado que costó la vida a Prim, y llegó a Madrid el 2 de enero de 1871. Ese mismo día juró la Constitución vigente (la de 1869), razón por la cual algunos han querido ver (erróneamente) el inicio de su reinado en ese año de 1871. Desde entonces, su ejercicio de la monarquía durante una de las fases del llamado Sexenio Democrático se llevó a cabo en medio de gobiernos efímeros (un total de seis: dos presididos por Francisco Serrano, duque de la Torre, otros dos por Manuel Ruiz Zorrilla y el resto, respectivamente, por Práxedes Mateo Sagasta y José Malcampo y Monge), de conspiraciones tanto republicanas como de los partidarios de la restauración de la Casa de Borbón, de las luchas personales entre los partidos leales, así como de la continuación de la guerra de los Diez Años en Cuba y del inicio en 1872 de la tercera Guerra Carlista. Fue obligado, a principios de 1873, a firmar la disolución del cuerpo de artilleros, hecho anecdótico que le llevó a anunciar ante las Cortes su abdicación el 11 de febrero de ese año, fecha en la que se proclamó la I República.

La situación política se había vuelto muy inestable hasta ese momento. La poderosa burguesía catalana estaba descontenta por la introducción de la política librecambista, contraria a sus intereses; las clases populares se empezaron a organizar de manera autónoma, el rey carecía de apoyos dentro del gobierno. Como consecuencia de las continuas elecciones manipuladas, se produce una creciente radicalización de la sociedad española hacia la derecha e izquierda. Hay una continua sucesión de gobiernos al tiempo que la coalición inicial se va disgregando. La abdicación de Amadeo I de Saboya se produce por la falta de apoyo en un momento de crisis social agravada por las acciones de los carlistas, las protestas de los republicanos, la guerra en Cuba y problemas económicos derivados de ambos conflictos.

Mientras tanto la aristocracia ya está planeando junto a Cánovas del Castillo la vuelta al trono de los Borbones.

La política económica se caracteriza por la aprobación en 1869 del arancel Figueroa, que significa la transición al librecambismo desde el proteccionismo moderado. Hay grupos a favor de la medida (gobiernos municipales, pequeños comerciantes y productores agrícolas) y se produce una ligera recuperación económica, aunque la crisis acaba definitivamente con la siderurgia malagueña. La agricultura sigue siendo de subsistencia.

Demográficamente, España está retrasada un siglo con respecto a Europa. Hay renuentes crisis de subsistencia y epidemias que impiden el crecimiento continuado de la población. La urbanización es muy lenta (en 1900 el 51% de los españoles vivía en localidades con menos de 5000 habitantes), lo que en parte explica la debilidad del apoyo a un cambio democrático: la sociedad rural es muy conservadora. El 70% de la población es analfabeta.

El carlismo estaba moribundo. El pretendiente carlista se había declarado constitucional y abdica en su hijo, futuro Carlos VII en la genealogía carlista. A partir del 68 se desarrolla una gran actividad propagandística que consigue que se unan al movimiento miembros ultra conservadores, muy moderados y ultra católicos. Hay tensiones entre los partidarios de una lucha legal por el trono o bien militar, de confrontación directa. En apenas un cuatrienio, las tropas del pretendiente Carlos VII (duque de Madrid) se enfrentaron con las de los sucesivos adeptos de Amadeo I, de la I República y de Alfonso XII, prueba inequívoca de la cambiante morfología política de España en esos años y sus dificultades para consolidar su forma de gobierno y estructuración territorial del Estado. Cataluña y el País Vasco coparon en esta tercera y última ocasión la geografía militar carlista desde las primeras escaramuzas del llamado `ejército de Dios, del trono, de la propiedad y de la familia', fechadas en 1872, hasta el histórico “Volveré” pronunciado por Carlos VII en febrero de 1876 al cruzar el puente de Arnegui rumbo al exilio, por lo demás nunca cumplido. Entre uno y otro año tuvieron lugar un sinfín de choques armados, unas veces favorables a los rebeldes (Estella, Santa Bárbara, Montejurra, Luchana, Desierto, Portugalete), o bien estrepitosos errores de éstos (sitio de Bilbao, toma de Cuenca, marcha hacia Valencia), junto a acontecimientos variopintos como la designación del infante Alfonso Carlos al frente de los combatientes catalanes y la testimonial devolución a este pueblo de sus perdidos fueros, o las atrocidades del cura Manuel Ignacio Santa Cruz, encarcelado por los propios carlistas y cruel excepción que confirma la regla del derramamiento indiscriminado de sangre inocente. La Restauración de la Casa de Borbón, llevada a efecto en diciembre de 1874 en torno a la figura de Alfonso XII, hijo de la destronada Isabel II, puso de relieve, antes de certificarlo las armas en Cataluña y Navarra, la secular inutilidad del empeño carlista por acceder a la corona de España. Con la Restauración, el carlismo entra en crisis, pues Alfonso lleva a cabo una política de atracción que contaba, además, con el apoyo implícito de Roma.

Cuba era de las pocas colonias que no se había independizado, junto con Puerto Rico. A la oligarquía local no le había interesado la independencia. La isla era una colonia de servicios a diferencia de muchas otras que eran explotadas por sus recursos naturales. Al cabo del tiempo acaba convirtiéndose en uno de los territorios más ricos y prósperos de toda América. Durante el siglo XVII la mayor parte de los ingresos provienen de las explotaciones tabaqueras, de las que el estado español tenía el monopolio. Ya en el siglo XVIII y principios del XIX, la aristocracia criolla invierte en tierras dedicadas al cultivo de la caña de azúcar, que a diferencia del tabaco no depende de Madrid. Debido a este fenómeno, Cuba se desarrolla técnica y económicamente mucho más rápido que la metrópoli, aunque sigue necesitando a España para poder controlar (por la fuerza) a la numerosísima población esclava (negros).

A partir de la revolución liberal, la actitud española hacia Cuba cambia y se hace más reaccionaria. Se niega el derecho a tener representación política. En 1825 se dota al gobernador de la isla (curiosamente un militar) de plenos poderes. En 1837 los diputados electos de Cuba no son autorizados a entrar en España. Tres años antes se había enviado a la isla a un gobernador militar, llamado Tacón, que se caracteriza por llevar a cabo una brutal política represiva. A partir de ese momento comienzan los conflictos.

La nula sensibilidad hacia las colonias radicaba en el temor a una sublevación de los esclavos negros en contra de los intereses españoles. Los sistemas de explotación siempre estuvieron controlados por la burocracia española, que también establecía la cuantía de los impuestos, bastante elevada. En 1865 Cánovas del Castillo propone crear una Junta de Información en donde los cubanos pudiesen exponer sus quejas, pero esta medida fracasa cuando se lleva a la práctica. Los cubanos son engañados y además se suben de nuevo los impuestos durante su estancia en España para que cuando volvieran a Cuba quedasen como los responsables de la subida.

En octubre de 1868 Carlos Manuel Céspedes se subleva contra el gobierno español e inicia un conflicto armado que durará diez años. Esta sublevación se conoce como el “Grito de Yara”, y se inicia en la parte oriental de la isla, la más montañosa. Desde ahí se avanza hacia La Habana. El Capitán General en Cuba se niega a conceder las peticiones de los insurrectos e inicia acciones represivas contra ellos. Permite y consiente que grupos armados de voluntarios españoles actúen de manera paramilitar en las ciudades con gran violencia, para que así el ejército regular pueda centrarse en las operaciones de campo.

La asamblea de Guaimaro (cubana) legisló sobre el comercio de los productos cubanos, la libertad de los esclavos, etc. La dirección militar de los sublevados recae sobre Máximo Gómez, de tendencias opuestas a las de Céspedes. Hay tensiones internas que conducen a la formación de células de lucha autónomas unas de otras. La declaración de independencia clama contra la tiranía española que negaba a Cuba la libertad económica, política y religiosa. Así mismo apoyaba la emancipación de todos los esclavos negros de la isla.

España reacciona a estas medidas declarando en 1870 la ley de “vientres libres”, por la que todos los recién nacidos hijos de esclavos eran considerados libres. Con esta ley se pretende “competir” con las medidas de los insurrectos para granjearse la amistad de los esclavos. La esclavitud queda abolida de forma definitiva en 1886.

La guerra resulta cada vez más costosa par España. Cuando finaliza la III Guerra Carlista, se envía un importante contingente al mando de Arsenio Martínez Campos, conocido como “el Pacificador”. Nada más llegar destituye a los responsables de la represión, suspende las ejecuciones de presos, devuelve las propiedades embargadas, promete establecer los mismos privilegios comerciales que en Puerto Rico, etc. Pero la realidad no fue tan idílica, pues muchas de estas medidas, plasmadas en la Paz de Zanjón (1878), no se aplicaron o si lo hicieron fue de forma parcial. De los 200.000 soldados españoles enviados a Cuba, regresaron sólo 63.000. Muchos se quedaron para hacer fortuna y otros muchos murieron víctimas de las enfermedades tropicales. La guerra fue un fabuloso negocio para la oligarquía española del transporte (traslado de tropas), y del abastecimiento de suministros. Tras la guerra Cuba consigue participación política hasta que estalla la última guerra, que finalmente significará su independencia de España.

La implantación de la I Internacional. 1868 inaugura la problemática del movimiento obrero y los movimientos sociales. Las primeras asociaciones obreras databan de 1840. Se caracterizaban por su focalización, es decir, estaban allí donde había desarrollo económico, como por ejemplo, en Cataluña; también por una ausencia normativa que las enmarcase (no había ni prohibición ni ley de asociaciones); el derecho de asociación se convierte en la principal reivindicación.

La clase obrera hace suyos los ideales de demócratas y republicanos, pero las expectativas no se cumplen y esto les conduce al apoliticismo con el paso del tiempo. Su ideología debía conducir a la “Armonía”. Desde 1868 la situación de España no presenta demasiados cambios: la economía sigue siendo dual (dos velocidades) y el campo sigue atrasado, pero por fin se aprueba el derecho de asociación, que pasa a ser un derecho constitucional. Entre 1868 y 1874 se desarrolla rápidamente una conciencia social acorde con un proceso de penetración de la I Internacional, fundada en Londres en 1864. Se produce una ruptura definitiva con la ideología demócrata, lo que conlleva cambios tácticos: organización en células de resistencia, huelga como forma de acción social, etc. Los burgueses también toman conciencia de clase, y empiezan a hablar del “peligro obrero”, que podía amenazar sus intereses. Las cortes de 1871 discuten sobre la moralidad de la Internacional, y se configura así una conciencia reaccionaria en contra de ésta.

En diciembre de 1868 se reúne por primera vez un congreso de obreros (unos 100 aproximadamente) con 61 sociedades obreras catalanas. Se definen a favor de una República federal. La Internacional envía a un delegado italiano (Fanelli) a España; en enero de 1869 funda un pequeño grupo de la AIT, creando núcleos en Madrid y Barcelona, pero de carácter bakuninista (apolítico, anarquista, etc.). Las consignas de Fanelli, como las de Bakunin, son antipolíticos y contrarias a las tesis de Marx.

Las continuas crisis de subsistencias y hambrunas provocan diversas sublevaciones e insurrecciones campesinas por toda Andalucía y Extremadura al grito de “las cosas siguen igual”, lo que pone de manifiesto la gravedad de la situación en el sector agrario.

En 1871 se produce la Comuna de París, que consigue establecer un gobierno autónomo municipal, un auténtico precedente de las revoluciones socialistas del siglo XX. El fenómeno despierta gran interés en los trabajadores pero sobre todo en la burguesía, que descubre un nuevo enemigo, el movimiento obrero. La burguesía española oculta la realidad y la manipula a través de los medios de comunicación (periódicos) para evitar que se reprodujese en Madrid los comuneros venden el Palacio de Versalles a los norteamericanos; la revolución es una orgía de violencia; es antipatriótica, etc. Y además es un fenómeno irreligioso. Todas estas difamaciones conducen a la prohibición de la AIT en España como encarnación del “mal obrero”. Las cortes la califican de inmoral y la acaban prohibiendo por ser ilegítima.

En el congreso de Valencia de septiembre del 71 (semiclandestino) se declaran las tendencias bakuninistas del movimiento obrero español. Tras la Comuna de París llega a Madrid Lafargue, yerno de Marx huido desde Francia. Aquí descubre el conflicto ya latente en España entre las tesis de Marx y Bakunin. Funda un periódico de carácter marxista, La Emancipación, en el que trabajan algunos taquigráficos como Pablo Iglesias. Desde 1872 se insertan textos marxistas en la prensa madrileña, pero el periódico acaba desapareciendo por falta de suscriptores. Esto confirma la preponderancia del apoliticismo / bakuninismo de la clase obrera española frente al marxismo.

En 1872 tiene lugar el congreso de La Haya, donde se produce la expulsión de Bakunin de la AIT y la creación de un partido político obrero, pues tras la expulsión se acaba con la resistencia anarquista a la participación política. En España, el congreso de Córdoba (1873) acuerda apoyar los planteamientos anarquistas de Bakunin pese a su expulsión, lo que marcará la definición del anarquismo español:

rechazo a la actuación en política para llevar a cabo la liquidación social o supresión de la sociedad burguesa.

rechazo a la mediación del Estado burgués en los conflictos sociales. Es un No al intervencionismo estatal. El Estado es la base de la explotación, y la táctica a seguir es la acción directa.

antiparlamentarismo no participar en el sistema político burgués. Antielectoralismo al grito de “¡no a las urnas!”.

Proclamada la I República vuelven las reivindicaciones obreras tras la creación de expectativas. El reformismo social es la clave, y se plasma en medidas como la supresión de las quintas y la propuesta de ley de jurados mixtos (obreros/patronos, búsqueda de la Armonía a la hora de resolver los conflictos). Las reivindicaciones obreras buscan el cumplimiento de los acuerdos pactados en el 68, pero el final de la República federal y la consiguiente represión lo impiden.

Tema 3. La República federal.

El fracaso de la monarquía de Amadeo I, quien renunció de forma irrevocable al trono el 11 de febrero de 1873, abrió el camino a un régimen republicano que habría de durar un año escaso (11 meses), hasta el 3 de enero de 1874. El régimen republicano supuso que todos los representantes del pueblo fueran elegidos de forma más democrática (sufragio universal masculino), en tanto que el presidente lo era por el Parlamento. La inestabilidad gubernamental fue su principal característica, puesto que en tan corto periodo de tiempo se sucedieron cuatro presidentes con seis gobiernos.

Estanislao Figueras, abogado catalán y parlamentario republicano, formó el primer gobierno, en parte con ministros de la anterior etapa monárquica, pero también incorporando reputados republicanos. Después de haber superado una crisis ministerial, Figueras estuvo al frente del ejecutivo durante cuatro meses (desde el 11 de febrero hasta el 11 de junio). Fue una etapa de consenso entre las distintas familias republicanas.

Tras el abandono del anterior, se le encargó formar gobierno a Francisco Pi i Margall, convencido federalista catalán. El cantonalismo le desbordó ampliamente, incluso antes de que se pudiera promulgar la correspondiente Constitución (que no pasó de proyecto constitucional, al no tener tiempo de alcanzar la aprobación parlamentaria). Tuvo que abandonar el poder, después de afrontar incluso una reorganización ministerial, con sólo poco más de un mes al frente del ejecutivo (desde el 11 de junio hasta el 18 de julio).

El tercer presidente, Nicolás Salmerón, filósofo krausista y humanista de firmes convicciones, abandonó la presidencia de la República, antes que dar el visto bueno a una pena de muerte, cuando llevaba sólo mes y medio al frente del gobierno (del 18 de julio al 7 de septiembre).

Emilio Castelar, polémico periodista y brillante orador, formó un gobierno centralista y con más autoridad para poder hacer frente a la situación, especialmente a los tres “cánceres” del régimen: la guerra de Cuba, el carlismo y el cantonalismo. Gobernó durante cuatro meses (desde el 7 de septiembre hasta el 3 de enero de 1874), que finalizaron abruptamente con el pronunciamiento del capitán general de Madrid, Manuel Pavía.

Los principales obstáculos de la I República fueron la falta de una sólida base republicana, que fue síntoma de una determinada estructura social, a la vez que un problema de cara a la consolidación del nuevo régimen. La sociedad española estaba compuesta mayoritariamente por población campesina con un elevado índice de analfabetismo y desmovilización política. Por el contrario, una minoría oligárquica (nobleza y alta burguesía) tendía hacia un régimen monárquico piramidal, del cual se beneficiaba, y en el que el caciquismo era su instrumento preferido. Las capas medio-burguesas, donde tenía su clientela el republicanismo, eran escasas y estaban dispersas, salvo en ciudades de cierta entidad, con la agravante de que en esos mismos núcleos el obrerismo también reclutaba a sus principales seguidores.

Si en la revolución de 1868 había desempeñado ya un papel de cierta importancia la crisis económica, ahora se agravaba con las repercusiones de la primera gran crisis internacional del capitalismo. El trasfondo económico de la I República era, por tanto, muy negativo. Las protestas sociales aumentaron considerablemente.

Pero los grandes problemas de la República fueron las dos guerras heredadas del periodo inmediatamente anterior: la de Cuba y la tercera Carlista, que lejos de aliviar la situación hacendística impidieron además cumplir algunas promesas muy “republicanas”, como la abolición de quintas y consumos (derechos de puertas). Hubo otro problema social, el bandolerismo, que en algunos casos se mezclaba con el cantonalismo federalista. Todo esto frustraba las bases sociales republicanas.

Dinámica política. La fórmula de compromiso que intentó llevar a la práctica Figueras fracasó a los pocos meses. El ala radical, “los auténticos republicanos”, o sea, los federalistas, intentaron plasmar su concepción política y social. No consiguieron hacer aprobar la nueva Constitución federal, al tiempo que el cantonalismo les desbordaba. Éste se extendió de forma incontrolada por toda España, y, de forma más señalada, en Cartagena (Murcia), ciudad que se mostró como la más persistente, hasta el punto de declarar la guerra al Estado español. La revolución cantonal es un nuevo factor de la revolución liberal (1868-1874). Desde Madrid se intenta dirigir el movimiento pero se fracasa estrepitosamente; en cambio si hubo iniciativas locales que se pusieron al frente de la insurrección, formando juntas revolucionarias por toda Andalucía y Valencia, aunque la más importante fue la de Cartagena.

A esta dinámica se superpuso, en algunos casos, el factor social. El internacionalismo obrero, en su versión anarquista, comenzó con gran fuerza a extenderse por toda la geografía española, de forma particular en el campo andaluz y la costa levantina hasta el epicentro de Barcelona. En Alcoy (Alicante), por ejemplo, los obreros, dueños de la villa, asesinaron al alcalde e incendiaron varias fábricas. El carlismo siguió sembrando de guerra y perturbación buena parte del norte de España. La lucha contra los independentistas en Cuba reclamó cada vez más soldados y medios materiales.

El cambio de Castelar hacia el centralismo, reforzando todos los instrumentos del Estado, no tuvo tiempo para encauzar la situación. El golpe militar de Pavía, realizado para reforzar la autoridad de Castelar, aunque sin su consentimiento, puso de manifiesto la endeblez del poder civil ante el gran reto transformador que suponía la propuesta republicana. A la I República española le siguió la que dio en llamarse “fase pretoriana republicana”, con el gobierno de Francisco Serrano, duque de la Torre, el cual duró hasta que, en diciembre de 1874, dio comienzo el periodo denominado Restauración.

Proyecto constitucional de 1873: el 17 de julio una comisión dirigida por Castelar presenta un proyecto compuesto de 10 títulos que responde a tres preocupaciones básicas:

Conservar la libertad y la democracia conseguida en 1868.

Descentralización: dividir y articular el Estado español.

Dividir los diferentes poderes para que resultase imposible el establecimiento de una dictadura.

Así mismo se declara la libertad de culto y la separación entre la Iglesia y el Estado, algo revolucionario en la época. El proyecto recoge la línea marcada por la Constitución de 1869 pero acentúa las libertades. Define a España como un estado “compuesto” (no unitario) por 17 estados diferentes, incluidos Cuba y Puerto Rico. El municipio cuenta con total libertad económica, política y administrativa. La Federación se encarga de las atribuciones más importantes, como defensa, asuntos exteriores, etc. En general, la influencia norteamericana en el proyecto es muy notable.

• Poder ejecutivo representado por el Congreso de la nación española y el Senado. El primero de ellos respondía a un diputado por cada 50.000 habitantes, cuyo mandato duraba sólo dos años. El poder ejecutivo no puede disolver el Congreso, y comparte la iniciativa legal. Se establece un periodo obligatorio de reunión para esta cámara. El Senado está compuesto por cuatro senadores de cada estado, que son elegidos por las cortes de dicho estado. Sus atribuciones son básicamente de control y su mandato también dura dos años para evitar la inmovilidad en el poder.

• Poder ejecutivo ejercido por un presidente de la República (jefe de Estado), que debe ser español y mayor de 30 años. Ejerce el poder de relación. Un vicepresidente le reemplaza en caso de muerte o incapacidad. Sólo permanece 4 años no prorrogables (modelo norteamericano) y es elegido por sufragio universal indirecto de segundo grado. Tiene derecho de iniciativa legal, funciones judiciales y federales. Nombra al gobierno.

• Poder judicial: Tribunal Supremo federal con tres magistrados por cada estado.

BLOQUE II. LA RESTAURACIÓN

Tema 4. El régimen canovista: la monarquía doctrinaria.

Cánovas del Castillo busca apoyos para Alfonso (hijo de Isabel II) durante el transcurso del sexenio. En el manifiesto de Sandhurst, redactado en realidad por Cánovas, el futuro rey promete someterse a los principios de la monarquía constitucional. El 28 de diciembre de 1874 tiene lugar el golpe de Martínez Campos, que restaura finalmente la monarquía borbónica. Se recupera así el sistema político moderado por actualizado y modificando los aspectos que no habían funcionado en el pasado: los pronunciamientos y las sublevaciones. Se cambia todo lo necesario para que todo siga igual sistema de turno pacífico en el poder para crear una sensación de cambio, aunque en realidad no existiese pues todo era manipulado. El pluralismo controlado se manifiesta en la creación de dos partidos que se reparten alternativamente el poder. El ejército lo preside todo para desincentivarle de las insurrecciones; se le integra en el sistema político para evitar su sublevación.

Hasta su muerte en 1897 (asesinado), Cánovas controla el poder. El único factor de conflicto son las clases populares y el movimiento obrero, que son excluidos de la vida política tras el fracaso del Sexenio. Los últimos estallidos no consiguen poner en crisis al sistema: la sublevación ya no es un instrumento útil.

Martínez Campos proclama rey a Alfonso XII. Primo de Rivera secunda el levantamiento, que también cuenta con la complicidad de Serrano, Sagasti, etc. Hay una dualidad muy grande entre los actos externos de la monarquía y la verdadera práctica política, que excluye todo movimiento considerado peligroso para los intereses políticos y económicos dominantes. La oposición queda marginada y la opinión pública silenciada. Se suprimen progresivamente muchas libertades y derechos, como el de asociación o la libertad de prensa y de cátedra. No se podía hablar de la monarquía y mucho menos criticarla. Sólo se mantiene la ley de sufragio universal para poder legitimar la monarquía borbónica. Las elecciones fueron constantemente manipuladas desde el poder por Cánovas para preservar el régimen.

Canovas busca el apoyo y la integración de la Iglesia, para lo cual hace varias concesiones que acaban con el escaso laicismo revolucionario. Roma reconoce a Alfonso como rey de España y retira su apoyo a los carlistas. Canovas restablece el matrimonio canónico, la diferenta entre hijos legítimos e ilegítimos, etc. Pero sobre todo apoya la enseñanza religiosa la cultura y la moralidad pública son monopolizadas desde el púlpito.

Cánovas y la constitución de 1876. El concepto de “nación” es fundamental en la ideología canovista. Es un fenómeno histórico concreto. Tiene una formación natural y características sobrenaturales: es de carácter providencial. La soberanía es simplemente poder. La soberanía o voluntad de hecho es la que reside en la voluntad efectiva y actual del conflicto social, y se expresa numéricamente (votos). Pero para Cánovas la verdadera voluntad nacional es la voluntad o soberanía de derecho, que obra por virtud de una actividad superior engendrada en el tiempo. Esta idea será clave en la política manipuladora de Cánovas. La soberanía, según este postulado, está enraizada en el pasado. Con este razonamiento no hay estado constituyente, o lo que es lo mismo, electivo. El rey y las cortes comparten la soberanía y la potestad de la fuente histórica de esta. En el sistema canovista la monarquía no depende de las cortes; es “la hechura del estado español” según el propio Canóvas. Es el principio indiscutible de España se le quita toda la legitimidad posible a un estado español republicano como el del periodo anterior. La monarquía borbónica representa la legitimidad y está por encima de la política. El Estado debe ser muy fuerte y estar muy bien constituido.

A nivel social, el problema que se encontró Cánovas giraba en torno a la igualdad, que para él debía mantenerse SOLO en un plano jurídico, no social; según su punto de vista, las desigualdades proceden de Dios, y gracias a ellas las minorías inteligentes estaban destinadas a gobernar al resto desde las esferas de poder es una teoría encaminada a justificar ideológicamente las desigualdades sociales para poder reprimir los sentimientos igualitarios (socialismo y movimiento obrero). La propiedad se considera la base de la sociedad; es por ello por lo que el estado debe velar por su subsistencia. Por ello Cánovas defenderá el sufragio censitario: sólo deben votar los que tengan bienes en propiedad.

Las elecciones de 1879 se celebran con sufragio universal, que, aunque contrario a sus ideas, servía para legitimar el régimen. Luego se hace censitario pero en 1890 (gobierno liberal) se convierte definitivamente en universal, aunque es encauzado gracias a la manipulación.

La constitución de 1876 es una copia casi exacta de la de 1845, muy moderada en sus principios. Se copian literalmente los títulos que definen el papel del rey, de las cortes y del gobierno. En este nuevo sistema canovista la corona designa al gobierno (y no las elecciones); este a su vez convoca elecciones y obtiene así la mayoría parlamentaria a través de la corrupción electoral.

La constitución establece que la soberanía es ejercida por el rey y las cortes, lo que limita al sistema parlamentario. El poder legislativo también es compartido. Hay un sistema bicameral y una subordinación ministerial a la figura del rey. Este último tiene el poder ejecutivo y el mando del ejército, así como el libre nombramiento de ministros; es la clave del sistema bipartidista.

En lo respectivo al Congreso, su elección y funcionamiento es igual que en 1845. Tiene iniciativa legislativa, al igual que el Senado, cuyos miembros son elegidos por sufragio corporativo (entre determinados cuerpos del estado: ejército, administración, etc.), y en algunos casos, el cargo de senador es vitalicio (sólo los nombrados por el rey).

Las garantías para el ciudadano son más amplias que en 1845. Hay varios derechos fundamentales, tolerancia religiosa, libertad de reunión, asociación, etc., pero por encima de todo están los derechos de la nación y las atribuciones del poder público, lo que en la práctica limitaba las libertades individuales. Hay un artículo en la constitución que permite expresamente la supresión de las garantías constitucionales.

El sistema político se basaba en una estructura jerárquica de carácter piramidal. Por encima de todos se encontraba el rey, luego los ministros, los gobernadores civiles y por último el poder local (caciques). Joaquín Costa lo calificó como una oligarquía y caciquismo permanente en eso se basó toda la Restauración. El poder local tenía cierta autonomía; el margen de actuación de la oposición era mínimo, de hecho sólo una burguesía periférica (Cataluña, País Vasco) plantea alternativas. Hasta el siglo XX las protestas no son significativas. Además, el movimiento obrero se decanta por el apoliticismo. La burguesía urbana sigue siendo muy limitada.

Hasta 1910 el PSOE (fundado en 1879) no consigue un diputado pese a presentarse a todas las elecciones; es decir, durante 30 años no hay representación obrera en el Congreso, lo cual da una ideal de la manipulación electoral. La sociedad sigue siendo rural y las comunicaciones son muy pobres, a lo que hay que unir un poder jerarquizado que impide la verdadera participación política pese a la implantación definitiva del sufragio universal en 1890.

Para el funcionamiento del turno se requería la concentración de la opinión pública en dos grandes bloques. El sistema no permitía el multipartidismo debido a las “clientelas” de cada partido, que les obligaba a recompensar en cada mandato a los que les habían apoyado. Ambas formaciones comparten valores políticos fundamentales, como el reconocimiento de la monarquía, y criterios económicos y sociales muy parecidos, para que con cada cambio de gobierno no se deshiciese todo lo del anterior periodo. El turno requiere así mismo el falseamiento de los resultados electorales.

El partido conservador responde a los intereses de grandes propietarios y banqueros. Está organizado en tono a Cánovas y se componía de notables. La carrera parlamentaria servía como promoción, y entre ambos partidos (conservador y liberal) siempre había algún diputado republicano. Los miembros del bloque conservador procedían de la corriente moderada anterior al 68. Presionaron a Isabel II para que abdicara en su hijo. La toma de poder suponía que el jefe del partido fuese también el jefe de gobierno. En el sur de España, el partido conservador cuenta con muchos apoyos (grandes terratenientes).

El partido liberal lo formaron antiguos radicales, demócratas de derechas y monárquicos que apoyaron a Amadeo I. Cánovas negocia con Ruiz Zorrilla y Sagasti para darles la posibilidad de participar parlamentariamente a cambio de su apoyo al sistema. En 1880 Sagasta crea el nuevo partido y en 1881 comienza a gobernar. Dentro del partido confluyen dos tendencias: la liberal-demócrata (Moret) y la de izquierda monárquica.

Cuando en 1885 muere el rey, ambos partidos se comprometen a mantener el turno (Pacto de El Pardo), que es posible gracias a la manipulación de las elecciones. La ley electoral, la formación de distritos, etc., constituía el primer paso para dicha manipulación. Cada distrito “elegía” un diputado, aunque no existía proporción entre población y diputados, es decir, por cada pueblo salía elegido un diputado, y por cada ciudad, también. Esta medida estaba encaminada a contrarrestar el voto urbano, mucho menos manipulable. También cabe destacar como factor de tergiversación que en los censos no se producían fallecimientos, es decir, hasta los muertos pueden votar. El interventor de cada partido se encargaba de comprar votos y de realizar favores hacia los futuros simpatizantes.

El voto acaba monetarizado, es decir, se acaba obteniendo a través del soborno con dinero. Esto ocurre desde 1890, con la implantación del sufragio universal. Los métodos d manipulación eran sin embargo muy primarios y cada vez se hace más difícil emplearlos, sobre todo en el mundo urbano.

El cacique es el jefe del partido en una determinada localidad. Debe tener una clientela a su alrededor, lo llamados “amigos políticos”. El cacique puede ser un hombre no muy rico; simplemente reparte cosas que pertenecen a la jurisdicción del estado: concesiones, puestos en la administración, tierras, exenciones fiscales/militares, etc. Al gobierno no le interesa romper el sistema, y en realidad sería incapaz de acabar con él.

Los grupos políticos tenían sus mesnadas (seguidores), que exigían una máxima representación. Desde el Ministerio de Gobernación se organizaba el reparto de escaños entre los diferentes distritos; los candidatos que salían “elegidos” eran los cuneros. Cuando uno de estos cuneros no obtenía un distrito (ya no quedaban, por ejemplo) se le llamaba trashumante. Había también candidatos naturales o arraigados que siempre salían elegidos en un distrito, de ahí el nombre. Hacia finales del sistema, el voto urbano se hace más limpio e independiente.

La Restauración es también una sucesión de códigos y leyes que permiten que la situación no cambie orden social establecido. La clave de todo es el Código Civil de 1889 y las diferentes leyes de 1882, 1885, etc., que abarcan aspectos como el comercio o el enjuiciamiento. Su finalidad es proteger la propiedad privada y regular el funcionamiento de la sociedad (familias). Estas leyes son elaboradas por comisiones delegadas sin la participación de las cortes. Todo esto representa la vuelta al poder político de la clase propietaria creada en etapas anteriores.

En lo económico la cuestión principal sigue siendo el atraso como clave del mantenimiento del sistema. La industrialización es escasa y muy focalizada. La sociedad agraria es dominante en España. El desarrollo burgués es regional, lo que provoca en estas zonas rechazo hacia el estado central; es el caso de Cataluña y el País Vasco. Muchas veces la industrialización se produce gracias a estímulos externos, como por ejemplo la I Guerra Mundial, durante la cual España se declaró neutral y se convirtió en un país productor que abastecía al resto de naciones europeas. El exterior “tiró” de la economía española.

El modelo económico (1880-1914) se caracteriza por su carácter defensivo para mantener la situación existente, la heredada de una Revolución Industrial defectuosa y focalizada. Se consolida un desarrollo desigual entre las diferentes regiones. Andalucía y Galicia son las más perjudicadas por esta situación. Respecto al éxito o fracaso de la Revolución Industrial en España, no existe acuerdo entre los historiadores económicos. Para unos la crisis es interna y para otros depende de factores exteriores. Sin embargo el verdadero problema radicaba en la agricultura española, ya que existían intereses contrapuestos. No se modifican las relaciones de propiedad de la tierra, o lo que es lo mismo, se mantiene en manos de la nobleza y aristocracia terrateniente, que habían incrementado su ya rico patrimonio a raíz de las desamortizaciones. La gran propiedad se afianza.

La productividad de la tierra sigue siendo baja y la agricultura sigue siendo de subsistencia. En épocas de crisis debía importarse el cereal desde el extranjero para paliar el hambre. El nivel tecnológico del campo español es muy bajo. Hasta 1870 la fragmentación del mercado nacional provoca que haya una enorme diferencia de precios entre el producto recogido de la tierra, y su precio final de venta en los mercados deficiente sistema de transportes. Sirva de ejemplo que el trigo ucraniano llegaba más barato a Barcelona que el producido en Palencia.

Hay focos de agricultura dedicada a la exportación, pero chocan con el carácter proteccionista del sistema. Es el caso de los cítricos levantinos o los alcornocales extremeños (producción de corcho). Cuando la filoxera llega a España, el sector vinícola entra en recesión. Todo el sector exportador era mucho más abierto de mentalidad que la tradicional burguesía agraria castellana, muy rígida, reacia al cambio y conservadora.

Respecto a la propiedad de la tierra, había dos modelos principales. El latifundio generaba un alto paro estacional, bajos rendimientos agrícolas y conflictos sociales. Era el característico de las explotaciones cerealísticas y olivareras. Para optimizar costes, se bajaban los salarios o se buscaban cultivos que necesitaran menos mano de obra (como el girasol), o incluso se transformaban en explotaciones ganaderas. Esto generaba numerosos conflictos con los campesinos.

El otro modelo existente era el minifundio, muy complejo en su estructura y funcionamiento y característico de la España húmeda. Depende enteramente del mercado nacional, pues a cambio de comprar sus productos se le obliga a aceptar el trigo castellano. Esta situación permanente de penuria obliga a muchos gallegos, por ejemplo, a emigrar.

Hay áreas donde prevalece el arrendamiento de cara a la producción para el mercado urbano, como por ejemplo el caserío vasco o la masía catalana. El caserío del monte vive en permanente crisis, no así los situados cerca de núcleos urbanos, que conocen un importante auge. Cataluña genera así una pequeña burguesía agraria y textil que busca nuevos mercados donde expandirse. Es capaz de invertir en industria y avances agrarios gracias a los excedentes de producción de sus campos, que reportan mayores beneficios. A partir de un campesinado obligado a vender pequeños objetos y mercancías manufacturadas como segunda forma de obtener ingresos, van surgiendo nuevos mercados donde vender la producción algodonera, además del mercado colonial, en donde España tenía el monopolio comercial. Durante la década de 1840 se introducen en Cataluña nuevas máquinas que le permiten ponerse al nivel europeo. Así mismo cuenta con una emergente industria química muy ligada al floreciente sector textil. Hasta 1880, dicho sector se mantiene el al día gracias sobre todo al mercado colonial, pero a finales de siglo entra en crisis debido a la sobreproducción surgida tras la pérdida de Cuba y Filipinas. Sobrevive gracias a una situación de minifundio, de carácter muy proteccionista y enteramente dependiente del mercado interior origen del catalanismo político.

En el País Vasco, encontramos la industrialización vizcaína. En 1856 se descubre el proceso Bessemer, que abarató muchísimo la producción del acero, cuya demanda era muy elevada debido a la expansión del ferrocarril. En Vizcaya abundaba el mineral necesario para su obtención, lo que la situó como primera exportadora de dicho mineral, que además era de muy alta calidad. Pero antes hubo que abolir los fueros vizcaínos, que impedían su exportación. El final de la guerra carlista también favoreció el cambio de situación. A esto hay que sumarle la excelente situación geográfica de los yacimientos, muy cerca de la costa, lo que facilitaba y abarataba su transporte. Estos factores, unidos, generaron el auge industrial de Vizcaya.

A partir de 1878 Bilbao empieza a organizarse de cara a la exportación de mineral; se mejora el puerto, el acceso a la ría, etc. En 1882 la familia Ibarra funda la primera fábrica de hierro, donde se transforma el mineral en metal. Inglaterra absorbía más del 60% del total de la producción bilbaína: se exportaba mineral y se importaba carbón inglés, de mejor calidad que el asturiano empleado hasta entonces. Muchas veces coincidía en una persona el ser propietario de minas, navieras, bancos, etc. Es así como muchas familias vizcaínas constituyeron una poderosa oligarquía industrial.

Los altos hornos vizcaínos emplearon mano de obra y tecnología británica. Su rentabilidad fue elevadísima gracias a la demanda del mercado exterior. Pero un giro mundial hacia el proteccionismo hace que Vizcaya pierda sus principales lugares de influencia comercial. Los industriales vascos se unen entonces a los terratenientes castellanos y a los productores textiles catalanes para obtener el arancel de 1891, que les garantizaba el monopolio por lo menos en el mercado interior. Este arancel basaba su existencia en el patriotismo y la protección de la industria nacional. En 1906 se aprueba una nueva ley que rozaba lo ultra proteccionista, y que podía gravar las mercancías extranjeras hasta un 50%; se mantuvo hasta 1960.

Con el cambio de siglo se produce una crisis agraria que hace que el 4% de la población rural emigre fuera de España. Para maximizar los beneficios, los propietarios adoptan una política de reducción drástica de sueldos, medida que contaba con el beneplácito de la clase política española. Esto a su vez repercutía negativamente en el conjunto de la economía, ya que la mayoría de la población dedicaba un altísimo porcentaje de su salario a la alimentación y carecía de ese modo de capacidad de consumo no existe un mercado interior que absorba la producción.

Con la pérdida de las últimas colonias en 1898 vuelven a España recursos y capitales de los emigrados a América. Su mentalidad también es diferente, mucho más favorable a la inversión y a los negocios. Entre 1890 y 1913 se crean numerosas empresas de servicios pero sobre todo nuevos bancos, como el BBV o el Banco Hispanoamericano. Con el estallido de la I Guerra Mundial España recupera numerosos mercados internacionales desabastecidos tras el inicio del conflicto.

Tema 5. La crisis del 98.

Con la Paz de Zanjón se conceden a los insurrectos una serie de derechos políticos, pero nuevamente quedan en papel mojado y se frustran las expectativas de los cubanos. El gobernador general mantiene todas sus facultades políticas a cambio de la representación parlamentaria de los cubanos en las cortes de Madrid, lo que no les compensa. Los electores de la isla debían contribuir con 25 pesos a la hora de votar y poder ser elegidos diputados por Cuba, mientras que los funcionarios españoles establecidos en la isla podían votar sin pagar nada. Las primeras elecciones, celebradas en 1879, dan lugar a dos formaciones políticas:

• Partido Liberal de la isla de Cuba (Partido Autonomista desde 1881 y Partido Revolucionario Cubano desde 1892) formado por la clase media cubana. Eran partidarios de una evolución en las relaciones con España que les dotara de mayor autonomía (reformistas). También defendían la emancipación de los esclavos, la política económica librecambista, la instauración de las libertades en la isla y el acceso de los cubanos a los puestos públicos en la administración. Era muy importante en sus reivindicaciones la separación definitiva del poder militar y político en Cuba. Su modelo a seguir era la Commonwealth británica que regía en Canadá. En 1892 la vía reformista (Partido Autonomista) fracasa y desemboca en la fundación del Partido Revolucionario Cubano, liderado por José Martí.

• Unión Constitucional formado por españoles residentes en Cuba, grandes hacendados y comerciantes. Eran españolistas que a veces se disfrazaban de asimilistas, es decir, de incluir a Cuba en todo lo español (asimilación de la isla en la política española). Montan una contra ideología con el apoyo de las autoridades españolas. Es el partido que siempre gana las elecciones. Se extrapola el modelo bipartidista ideado por Cánovas pero aún más radicalizado.

En 1879 estalla la “Guerra Chiquita”, llevada a cabo por soldados residuales de anteriores contiendas. La nueva insurrección es un absoluto fracaso. Entre 1878 y 1895 se estable la llamada paz armada en Cuba, pues la isla estaba ocupada militarmente por tropas españolas para evitar nuevos focos de insurrección.

La abolición definitiva de la esclavitud se produce en 1886 sin que se produjese como consecuencia ningún levantamiento de negros o hecatombe económica, pero tampoco supuso la igualdad social. Los negros eran discriminados continuamente en escuelas, hospitales, etc. Sólo se les daba trabajo cortando caña de azúcar. El principal destinatario del azúcar cubano fue EE.UU., que de hecho era la metrópoli económica de la isla. España estaba echando en manos de EE.UU. a los cubanos como consecuencia de su política reacia a las reformas. Los intereses económicos privados serán los que expoliarán Cuba, no así el estado español. Dichos intereses respondían a grupos de poder político. Los productos cubanos no podían venderse en España pues primaban los intereses de los productores españoles, lo que a su vez produjo malestar entre los cubanos, que cada vez se sienten más cercanos a EE.UU. y más alejados de España. Gracias a Cuba muchas familias monopolizan numerosos servicios (correos, transporte de tropas, etc.) y consiguen así hacerse con enormes fortunas, obteniendo además subvenciones desde España por la prestación de estos servicios de nuevo los intereses privados. Así las cosas, la burguesía cubana, el exilio y las clases más populares aúnan sus intereses y reivindicaciones. La última insurrección se inicia en febrero de 1895. José Martí, demócrata formado en EE.UU. y España, no era antiespañol pero defendía a ultranza la independencia de Cuba de cualquier otro país. El enfrentamiento que se produce no es bipolar; hay detractores y adversarios de la ocupación española, intereses americanos, partidarios de la anexión a EE.UU., etc. No se trata de una guerra entre España y Cuba, es una situación más compleja.

Martí quiere un mando civil de la insurrección, pero los militares no están dispuestos a ceder. Muere a las pocas semanas de iniciarse el conflicto, con lo que el control queda en manos de los militares. En el manifiesto de ¿? se declaraba la guerra contra la opresión (no contra los españoles) y a favor de una república independiente. En 1896 España cuenta ya con 140.000 soldados en Cuba y controla las zonas urbanas y la parte occidental de la isla. Mueren más soldados por las epidemias tropicales que por las batallas, que no dejan de ser muy duras. Económicamente la guerra es muy costosa para España. En un primer momento la contienda es de desgaste (Martínez Campos), para luego hacerse más radical al mando del general Weiler, que combate a las guerrillas y lleva a cabo la reconcentración de la población campesina en las ciudades para privarles de sus medios de subsistencia; muchos mueren de hambre como consecuencia de esta medida. En 1897 muere Cánovas y la estrategia española en Cuba cambia. Weiler es sustituido por Blanco y se encarga al Partido Autonomista la redacción de una Constitución autonomista. Pero ya es demasiado tarde.

Mientras, en EE.UU. no se acepta el nuevo grado autonomista/independiente de Cuba, pese a que el Congreso había rechazado la anexión de la isla a la unión. Los norteamericanos participan en la guerra a favor de los insurrectos, y emplean como excusa el hundimiento del Maine para declararle la guerra a España. Ambas marinas no eran comparables ni en número de navíos ni en el estado de los mismos. El estado de los barcos españoles era muy preocupante, la mayoría carecía de un correcto mantenimiento. El gobierno había encargado la construcción de navíos de guerra a empresas privadas que la mayoría de las veces tenían accidentes y no cumplían su labor. En tierra los recursos españoles eran mayores, pero la guerra se dio sobre todo en el mar. EE.UU. inicia la guerra por que está en contra de la autonomía que se le concede a Cuba; desea controlar la zona del Caribe para su propio beneficio.

El almirante Cervera es enviado a Cuba. Se refugia en la bahía de Santiago y allí se le obliga a combatir pese a la gran inferioridad española. La escuadra es aniquilada al igual que en Filipinas. El gobierno de Sagasta se ve obligado a firmar el armisticio. El objetivo de EE.UU. de dominar el Caribe y penetrar en el Pacífico está casi cumplido (conquista de Hawai); así mismo se desprecia el gobierno independentista de Cuba. Las Filipinas son cedidas a EE.UU., que también reclama la soberanía sobre Cuba (que no podía ser anexionada) y Puerto Rico. España recibe a cambio una pequeña compensación económica. En 1902 Cuba se hace finalmente independiente pero EE.UU. se reserva el derecho a intervenir en la isla.

En Filipinas dominaban las órdenes religiosas antes de la guerra. La distancia a España y la dispersión de las islas, que son más de 7000, hacen que su control sea muy complejo. La presencia española (laica) se reduce a Manila, la capital. Se impone el catolicismo pero no así la cultura española, que no interesaba a las órdenes religiosas para poder seguir explotando la tierra con mano de obra indígena. Los Estados Unidos también tienen grandes problemas para controlar las islas; se producen varias insurrecciones que obligan a los americanos a mantener una continua guerra de ocupación. España abandona a las últimas tropas a su suerte y no les repatría.

El Desastre y la intervención política de Alfonso XIII. El sistema político de la Restauración entra en una nueva fase desde 1902, cuando sube al poder Alfonso XIII. La corona se introduce de lleno en el sistema político y el rey se implica generando una serie de problemas. Pone en peligro la propia viabilidad del sistema. El rey hace y deshace gobiernos, habla directamente con los ministros, etc. El ejército pretende imponer una ley de jurisdicciones, lo que produce numerosas crisis en el gobierno liberal del momento (1905-1907). Se trata de una ley que pasaba a jurisdicción militar cualquier delito o acto contra el ejército. Su principal blanco fueron los periódicos y medios de comunicación críticos con las fuerzas armadas. Cuando la ley es aprobada, obtienen el poder los conservadores. Maura propone renovar el pensamiento conservador y promete acabar con el caciquismo, pero todo es en realidad una trampa. El artículo 29 de su ley electoral permite que el único candidato que se presente sea elegido automáticamente diputado, es decir, se fomenta la promoción automática cuando no hay rivales políticos, que muchas veces eran “desahuciados” como candidatos por los que apoyaban al otro candidato. La “revolución” de maura sólo se realiza desde arriba, desde las clases dominantes y conservadoras.

Como resultado de todo esto sale reforzado el poder ejecutivo con nuevas leyes que afianzaban su poder, como la ley de huelgas, que obligaba a dar a conocer la huelga ocho días antes de producirse y prohibía la huelga general.

Maura cae como consecuencia de la presión popular tras la Semana Trágica de Barcelona. El siguiente gobierno (liberal) de Canalejas es el intento de reforma de este partido, al igual que Maura. Su intento de reformismo es muy limitado y falla su puesta en práctica. Por ejemplo se militariza a los ferroviarios cuando demandan mayores salarios; se vuelve atrás en la evolución laizante de la sociedad; se incrementa la actividad minera/militar en Marruecos… y Canalejas es asesinado en 1912.

La Restauración sigue siendo un sistema político ineficaz que no tenía en cuenta a la mayoría de la sociedad.

Tema 6. La oposición al sistema político y social.

A partir del Desastre y la consecuente crisis, se producen intentos de revalorización de España desde una óptica pesimista. Se trata de buscar compensaciones al desastre o bien exaltar las cualidades y características de España.

Así mismo hay que buscar nuevas élites intelectuales que puedan transformar la realidad española Institución Libre de Enseñanza. Su origen está en los seguidores de Krause, como es el caso de Sanz del Río. Durante su estancia en Alemania, entra en contacto con la ideología krausista de la Armonía tras el conflicto. En 1875 se producen las primeras revueltas universitarias con la llegada de Cánovas, que pretende implantar la “inviolabilidad de la monarquía y la religión católica”. Muchos profesores se niegan y son expulsados de sus cátedras, como Giner de los Ríos. Fundan entonces una nueva institución educativa al margen del gobierno, que comienza a funcionar en Gibraltar. Pronto vuelven a España y fundan nuevas “sucursales” de la institución. A partir de 1881 son de nuevo tolerados e inician un trabajo desde dentro del sistema, ocupando sus antiguas cátedras y puestos educativos. El objetivo era crear élites intelectuales que fueran capaces de gobernar España teniendo como objetivo la total armonía. También predican el culto a la ciencia y la pedagogía como forma de acción social. Así mismo son austeros, moralistas y algo puritanos. Todo se corresponde con la visión krausista de la vida.

El Regeneracionismo es la propuesta de ajustar España a una modernización. El mayor exponente de esta nueva corriente es Joaquín Costa, que arremete contra el sistema político y teoriza el cambio sobre una base social de clases medias. Apela a la nacionalidad española como fórmula para la unidad del pueblo (El Cid, los Reyes Católicos, etc) y denuncia la oligarquía y el caciquismo como verdaderos jefes de gobierno en la España real. Desde su óptica se desaconsejaba la revolución directa y proponía así una dictadura que tutelase al pueblo (inmaduro) y terminase con el caciquismo; es decir, se necesitaba de un dictador de hierro con mano quirúrgica que terminara con los males de España.

El lento avance del socialismo. Con la Restauración, republicanos y obreros deben pasar a la clandestinidad. El nuevo sistema invalidaba el ejercicio de su actuación política. A ello contribuía el apoliticismo de estos grupos. Las limitaciones burocráticas impuestas por sindicalistas y socialistas también contribuyeron a este apoliticismo. Todo conduce a la hegemonía de los anarcosindicalistas, más simples en su funcionamiento y más eficaces en la acción directa las huelgas se convocaban más fácilmente. En el mundo urbano el anarquismo será dominante.

En 1881 muchas organizaciones obreras se auto disuelven debido a la promesa del nuevo gobierno liberal de publicar una novedosa ley de asociaciones, que finalmente no sería aprobada hasta 1887. Pero los atentados y actuaciones violentas siguen produciéndose como forma de llamar la atención, fórmula conocida como “propaganda de hecho”. En 1881 empieza un nuevo auge del anarcosindicalismo en Cataluña y Andalucía sobre todo, en donde los obreros se organizan en sociedades de oficios. Es entonces cuando entra en escena la Mano Negra, organización anarquista de carácter secreto, y de dudosa existencia, que actuó en Andalucía a partir de 1881 y resultó desmembrada a finales del año siguiente por el gobierno de Sagasta, durante el reinado de Alfonso XII. En 1881, la tensión social motivada por las malas cosechas, unida a la constitución de la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE), de obediencia anarquista, extendió en Andalucía el rumor de la existencia de una organización secreta violenta. Acuciada por la presión de muchos de los terratenientes andaluces, a su vez molestos por el auge de las organizaciones campesinas de carácter revolucionario, la Guardia Civil radicada en Jerez de la Frontera (Cádiz) detuvo en diciembre de 1882, en la localidad gaditana de San José del Valle, a 16 miembros de la FTRE acusados de asesinato, y declaró haber encontrado el reglamento de la asociación, identificada por el símbolo de una mano negra. Las detenciones de obreros campesinos se generalizaron en otras provincias andaluzas, llegando a varios miles, al tiempo que se hizo recaer en la supuesta Mano Negra (en realidad, simplemente miembros de la FTRE) la autoría de numerosos crímenes. La realidad es que el movimiento obrero sufrió una durísima represión, entró en recesión y el trabajo a destajo se impuso. La iniciativa obrera pasó a Cataluña, en donde se defendía la jornada laboral de ocho horas y la mejora de las condiciones de trabajo. Los atentados continuaban mientras tanto con ejecuciones y venganzas como respuesta gubernamental; los patronos contraatacaban asesinando a diversos líderes sindicalistas.

En 1902 se produce un intento de huelga general en Barcelona que conduce a un rechazo desde las posturas socialistas a dicha huelga. El fracaso lleva de nuevo al radicalismo. En 1908 hay nuevos intentos de articulación de la solidaridad obrera, ya sean anarquistas, socialistas o republicanos (en Cataluña exclusivamente). Las maniobras de las sociedades de oficios incluyen la acción directa y el diálogo sin intermediarios con los patronos. Influye también el sindicalismo revolucionario francés. Se crea la idea de poder fundar un sindicato similar en España, que culmina con la creación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en 1910.

En lo relativo al socialismo, Pablo Iglesias funda el PSOE el 2 de mayo de 1879 a partir de una sociedad del oficio de imprimir. En un principio lo forman 16 tipógrafos, 2 joyeros y 5 intelectuales. Se aprueba un manifiesto / programa que no será definitivo hasta 1888. El partido permanece en la clandestinidad hasta 1881. En el 88 se funda el sindicato socialista UGT (Unión General de Trabajadores) en Barcelona, que ideológicamente dependía del partido. El socialismo francés también influyó de manera decisiva en la fundación del PSOE; Pablo Iglesias defendió que el capitalismo acabaría por hundirse y se implantaría así el socialismo desde finales del siglo XIX ideología simplificada del socialismo francés.

Pablo Iglesias el marxismo es la base de su pensamiento. La nobleza y el ejército sirven a la burguesía, cuya política es represiva y explotadora de clases. La política burguesa es incoherente y perversa pues ampara la explotación. La política obrera proclama su emancipación a través de la revolución social. La acción política debe prevalecer sobre la económica y la sindical (huelgas), lo que explica el enfrentamiento del socialismo con las tácticas consideradas erróneas: anarquismo y Revolución Rusa. Se culpa así mismo a la debilidad de la clase obrera de la no llegada de la crisis capitalista y consiguiente revolución socialista. Entre 1890 y 1898 se afirma la vía electoral, y la revolución ya no es tan inminente. Después de 1909 se establece una alianza con los republicanos que permite a Pablo Iglesias ser elegido diputado. Se empieza a hablar de un posible tránsito pacífico al socialismo. El PSOE empieza a acoger en su seno a numerosos intelectuales de origen burgués.

La UGT nació en Barcelona en agosto de 1888, en íntima relación con el socialismo marxista a pesar de su apoliticismo estatutario. Hasta su XIV Congreso de 1920 no asumió la lucha de clases como principio básico de la acción ugetista, si bien nunca llegó a establecer un órgano mixto de conexión institucional con el PSOE, con el que estuvo relacionado desde su nacimiento. Junto al cuestionado apoliticismo, destacan otros aspectos en el análisis de este sindicato, como su burocratización y centralismo a raíz del traslado del Comité Nacional a Madrid en 1899, el paso en su X Congreso a las cotizaciones de base múltiple, o los cargos sindicales retribuidos.

La Semana Trágica (1909). La situación social y sindical de Barcelona, el núcleo más industrializado de España, era realmente explosiva en los primeros años del siglo XX. Además, se habían logrado niveles muy altos de concienciación y organización obrera. El anarquismo especialmente contaba con muchos seguidores. Ante el cariz que tomaban los acontecimientos de la guerra de Marruecos en el área próxima a Melilla, el gobierno presidido por Antonio Maura recurrió en el verano de 1909 al reclutamiento de reservistas, en su mayoría padres de familia integrados en sus puestos de trabajo. El embarque del contingente barcelonés, que tuvo lugar a partir del 11 de julio, provocó siete días más tarde importantes tumultos.

Las organizaciones obreras anarquistas y socialistas de Cataluña acordaron convocar para el 26 de julio una huelga general, que tuvo un amplio seguimiento en la ciudad de Barcelona y en municipios próximos de la provincia, tales como Badalona, Sabadell, Terrassa y Vilanova i la Geltrú, e incluso en otros, como Reus, en la provincia de Tarragona. El ministro de Gobernación del gabinete presidido por Maura, Juan de la Cierva y Peñafiel, recurrió al Ejército para acabar con la actividad huelguística, pese a la oposición del gobernador civil Ángel Ossorio y Gallardo. El gobierno decretó asimismo el estado de guerra. Al día siguiente, las primeras noticias acerca del llamado desastre del Barranco del Lobo, que había tenido lugar en Marruecos, desencadenaron una auténtica insurrección, cuyo momento culminante fue el día 28. El foco más importante fue la ciudad de Barcelona, donde más de medio centenar de edificios, muchos de ellos religiosos, fueron incendiados y se produjo un centenar de muertos. El 31 de julio, el gobierno desbarató la insurrección en las principales localidades afectadas y, a primeros del mes siguiente, devolvió la calma a todo el territorio sublevado al tiempo que desplegaba una contundente represión. Maura cae como consecuencia de la crisis.

Tras la Semana Trágica obreros y republicanos se unen (hasta 1918); se funda la CNT en 1910 fruto de la necesidad de articular un único sindicato a partir de varias sociedades obreras locales. Se deshecha la relación con la Internacional como afirmación de la ideología anarquista del sindicato. El objetivo era organizar a todo el proletariado, lo que implicaba la unión con la UGT y demás sindicatos para conseguir la emancipación final. La huelga general constituía el medio de acción primordial para ello.

La oposición al sistema político. Los partidos republicanos entran en crisis hasta 1881, cuando se reorganizan pero a la vez se diversifican. Desde 1887 se busca la unión, y paralelamente se produce la entrada de colaboracionistas de otros partidos. Dentro de cada partido también existían diferencias internas. La renovación del republicanismo llega desde Cataluña de la mano de Alejandro Lerroux, que crea un partido radical que atraiga a la clase obrera. Es profundamente anticatalanista, patriota y anticlerical, y constituye una opción de peso frente al regionalismo. Importa desde Bélgica la creación de las casas del pueblo, fórmula copiada luego por el PSOE. Crea organizaciones sindicales y juveniles también. Su objetivo final es la revolución total que debe llevar a la III República, que debe ser laica y antiseparatista. Lerroux es el responsable de los brotes anticlericales de la Semana Trágica.

1909 supone un punto de inflexión para los socialistas. Se admite que el cambio social ya no es inminente, y que los republicanos pueden beneficiarles con su apoyo para obtener representación política. La alianza entre ambos se mantendrá hasta 1917.

Con el estallido de la I Guerra Mundial, en la que España se declara neutral, la economía consigue nuevos mercados exteriores donde vender la producción nacional. En 1914 la perspectiva de ganancias supera a la sensación de miedo inicial, y los inversores se lanzan al mercado. Entre 1915 y 1920 se produce el gran periodo de auge económico. Las exportaciones superan por primera vez a las importaciones. El sector naviero, la minería y lea siderurgia obtienen impresionantes beneficios, mientras que los tradicionales sectores exportadores (agrarios en su mayoría) ven disminuida su capacidad de negocio. La economía se enfoca totalmente a la producción de guerra, pero el auge genera una importante inflación como consecuencia de la escasez de oferta para el mercado nacional; es decir, todo se encarece sin que los salarios suban de igual forma. En estos momentos es cuando nace el sindicalismo de masas gracias a la nueva coyuntura. La CNT pasa de 300.000 afiliados en 1916 a casi 700.000 en 1919, muchos de ellos campesinos. La UGT también incrementa notablemente sus efectivos.

En 1916 se suprimen los aranceles a la exportación y se lanza una ley de beneficios extraordinarios, que intentaba paliar la inflación y obtener una parte de las ganancias; pero la burguesía industrial catalana y vasca consigue paralizar la ley.

Hay sectores burgueses regionales que aprovechan el momento para intentar modificar el sistema político. Así mismo la pequeña burguesía urbana generará también un movimiento más radical al tomar conciencia de la conflictividad social. Y la clase obrera, que padece la inflación y no participa en los beneficios, se une a ellos para demandar un cambio político. 1917 es un punto clave, ya que todas las fuerzas sociales se unen para intentar llevar a cabo un cambio estructural. Tradicionalmente se ha dividido la “revolución” de 1917 en tres sectores diferentes según las tesis de Luis Ariquistáin; a esto habría que añadir factores exteriores (estallido de la Revolución Rusa):

Militares la agitación militar viene dada por la presión constante del ejército sobre el gobierno como consecuencia de la Guerra de Marruecos. La institución armada presentaba además otros problemas, como el número excesivo de oficiales, que absorbía gran parte del presupuesto militar (sueldos) e impedía su modernización técnica. En conflictos exteriores se sigue mostrando como un cuerpo ineficaz. Para su “purificación” y reforma se crean desde el propio ejército (rama no africanista) una serie de Juntas de Defensa que denunciaban la desigualdad en los ascensos y la inferioridad de sueldos con respecto a los africanistas. También demandaban mejoras en su labor. Inicialmente el gobierno intenta atraerse (“borbonear”) a las juntas, pero cuando esta estrategia falla opta por disolver oficialmente dichas juntas, que pasan a la clandestinidad. El 1 de junio se produce un amago de golpe de estado exigiendo el reconocimiento de las Juntas, y el gobierno de García Prieto acaba claudicando. Cae y es sustituido por el conservador Eduardo Dato.

Burgueses la iniciativa burguesa nace desde Cataluña en abril de ese mismo año, cuando Cambó contacta con sectores industriales vascos, grupos obreros y pequeños burgueses urbanos. Se pretende desarticular el turnismo de partidos e imponer un gobierno de concentración como medida inicial. En junio se reúnen 59 parlamentarios, miembros todos del Senado y el Congreso, que estaban de acuerdo con la iniciativa de Cambó; la mayoría eran catalanes. Se ponen al frente de la indicativa reformadora y piden mayor grado de autogobierno (que no independencia) para Cataluña. Pero esta asamblea de parlamentarios frena su avance reivindicativo/reformador cuando estalla la “revolución” social, a la que por otro lado temen.

Obreros la primera huelga general de carácter nacional se produce en 1916 para reclamar precios más bajos en los productos básicos. Se confirma también el pacto entre CNT y UGT de cara a las movilizaciones masivas. Desde 1912 se mantenía la militarización de los ferroviarios, lo que produce en 1917 un nuevo conflicto con el gobierno. El 19 de junio estalla una huelga ferroviaria que cuenta con el apoyo de los demás sectores obreros. El programa revolucionario incluye propuestas y reivindicaciones muy avanzadas para la época que asustan al sector parlamentario. El PSOE se une a la huelga general en agosto del mismo año. Pide un gobierno provisional de concentración nacional que convoque elecciones a cortes constituyentes, pero los parlamentarios no secundan la movilización general. La huelga es multitudinaria en las grandes ciudades y en las zonas industriales, pero su seguimiento es muy inferior en el campo. El gobierno declara el estado de guerra y moviliza a las tropas contra los manifestantes. El comité de huelga es detenido y el 18 de agosto la huelga se da por terminada en Madrid. En Barcelona, feudo tradicional de la CNT, se mantiene la movilización, al igual que en las cuencas mineras. Hacia el día 20 la huelga concluye definitivamente.

El movimiento fracasa como consecuencia de su precipitación y por la oposición de los militares (su apoyo era vital); igualmente influye notablemente la desunión obrera y el no haber calado entre los campesinos. El sistema consigue así sobrevivir hasta 1931.

1917-1923, la agudización de los conflictos sociales. Las consecuencias políticas de la crisis de 1917 fueron la durísima represión, con penas de muerte incluidas, y el tener “carta blanca” para desprestigiar el movimiento obrero. A raíz de la crisis se forma un gobierno de concentración en noviembre de ese mismo año y más tarde un gobierno formado por los jefes de partido, y presidido por Maura. Ambas alternativas son un fracaso y en 1919 se reanuda el turno de partidos, que se prolongará hasta 1923.

El auge del movimiento obrero fue posible gracias al crecimiento económico de la época (por la neutralidad española en el conflicto). Entre 1917 y 1923 hubo constantes conflictos y tensiones que obligan al sistema político a declarar un estado de excepción permanente. Toda esta conflictividad social más las crisis coloniales desembocaron en la dictadura de 1923.

Después de la crisis, el PSOE está en el cenit de su acción parlamentaria al obtener 6 diputados en 1918. Respalda la revolución democrática e ideológicamente conjuga el reformismo político con las doctrinas revolucionarias. Mientras, el estallido de la Revolución Rusa produce efectos muy parciales en España. Los campesinos sueñan con un futuro reparto de las tierras. El PSOE opta por el silencio ya que la revolución le es incómoda, además de que la información que llega desde Rusia es escasa. Lo que si se sabe es que los bolcheviques son pacifistas, pues firman el armisticio durante la I Guerra Mundial con los alemanes; esto iba en contra de las ideas de los socialistas, que se habían pronunciado a favor de los aliados. Para algunos autores la revolución fue el triunfo de las corrientes bakuninistas sobre las marxistas, del anarquismo sobre el socialismo por ello el PSOE ve en la Revolución Rusa un riesgo si sus tesis llegan a España y se extienden.

El gobierno español reacciona en contra de la Revolución e inicia una “caza” de supuestos agentes bolcheviques que actuarían en España buscando la agitación social. Para las clases dominantes, la revolución fue muy positiva pues justificó toda clase de atropellos sobre la clase obrera. Al finalizar la I Guerra Mundial se inicia una crisis económica al readaptarse la industria a la economía de paz. En febrero de 1919 se inicia una huelga en la compañía de energía “La Canadiense”, a raíz de una serie de despidos que provocan el apoyo del resto de la clase obrera local y la consiguiente huelga. Así mismo se reclama el reconocimiento de los sindicatos como órganos representativos de los trabajadores frente a la patronal. A finales de febrero de 1919 el 70% de las empresas catalanas están en huelga; el gobierno proclama el estado de guerra, y tras 44 días de huelga cede en las negociaciones con los obreros y las reivindicaciones obreras son aceptadas. El anarcosindicalista Salvador Seguí se encarga de medio convencer a los trabajadores para que vuelvan a las fábricas, pero sus intentos fracasan al declararse una nueva huelga general tras el anuncio de la patronal de llevar a cabo despidos masivos si no se vuelve enseguida al trabajo. El fin de esta nueva huelga coincide con un cambio de gobierno (en Cataluña) promulgado o más bien forzado por el Capitán General de Cataluña Milans del Boch, que cambia al gobernador general y al jefe de policía de Barcelona se producen 22 asesinatos de sindicalistas y se inicia así una espiral de violencia con duras acciones represivas por ambas partes. En este marco de violencia la rama más radical de la CNT triunfa. Ambos bandos crean grupos armados que practican el terrorismo callejero. Muchos dirigentes sindicalistas (NO anarquistas) son asesinados por pistoleros pagados por la patronal.

En el Congreso de la Comedia de la CNT (1919) triunfa el sector anarquista sobre las demás “familias” del sindicato. El terrorismo se mantiene incluso durante la dictadura. La CNT es declarada ilegal por el Congreso, lo que agrava las tensiones internas dentro de la organización.

Los socialistas se enfrentan a una ruptura interna cuando se crea el Partido Comunista Español a partir de numerosos miembros de las Juventudes Socialistas. En marzo de 1921 los Cien Niños, que es como se les conocía, crean el nuevo partido, de doctrinas revolucionarias y más radicales que el PSOE. Esta situación agrava las divisiones internas a favor y en contra de la Revolución Rusa; algunos miembros del PSOE salen del partido y se unen a los Cien Niños para fundar el Partido Comunista de España (PCE).

Tema 7. Los nacionalismos periféricos.

Federalismo se reconoce una diferenciación dentro de las diferentes regiones españolas. Limita el poder moderado e incluye una estrategia reformista. El cantonalismo (1868-1874) y la revolución democrática federal fracasan en 1875. Ya en el siglo XIX el regionalismo surge como modelo más radical de las burguesías periféricas. A diferencia del federalismo, esta fórmula potencia las diferencias respecto a otras partes del país.

Desde un punto de vista regionalista, el objetivo de los catalanes es llegar a una forma federalista de estado; pero algunos sectores claman contra la compatibilidad con el estado central. El objetivo final es llegar a una confederación estatal. Frente al centralismo surge así un programa propio de la burguesía catalana que exige un cambio político. Irá acogiendo a otras capas sociales, como los obreros industriales, y será un proyecto finalmente interclasista.

En el País Vasco la propuesta viene de un sector de la burguesía vasca frente a la industrialización vizcaína (y sobre todo el modo de llevarla a cabo), sobre todo tras la inclusión masiva de mano de obra “extranjera”. Remite a un modelo foral que se mantendrá como mito hasta hoy. El caso de Galicia y Andalucía es distinto; carecen de una burguesía importante que se ponga al frente de las reivindicaciones regionalistas.

España ha sido siempre una monarquía de agregación de unidades heterogéneas, muy diferentes entre sí. El fracaso de la revolución liberal lleva a las burguesías periféricas a buscar su propio modelo de organización. Los intereses económicos no son los mismos que los del estado central, y las diferencias culturales nunca han sido integradas en el estado, empezando por los diferentes idiomas. El ejército tampoco ha sido nacional hasta hace muy poco tiempo, era sólo de los pobres que no podían pagar la forma de librarse. Los agentes nacionalizadores no han sido explotados a fondo para crear una idea de nación, como si ocurrió en otros países europeos (Francia).

Cataluña en sus intereses prima el desarrollo de su industria; hasta 1876 reclaman una descentralización de carácter moderado. Los partidos monárquicos de la Restauración son sustituidos en Cataluña por organizaciones políticas de carácter local. Surge una primera propuesta desde la óptica del federalismo. Almirall propone una regeneración de España desde una burguesía democrática catalana. Para él Madrid “explota” al resto de las regiones y es la cuna de la centralización, representada por las clases más reaccionarias (nobles, militares, etc.). La burguesía catalana debe transformar al resto de la sociedad española. Torres i Bages, obispo de Vic, defiende también el catalanismo desde una óptica cristiana, pero además se muestra a favor del corporativismo, la antidemocracia, el espíritu nacional del pueblo frente a la revolución burguesa y una Cataluña eterna y rural. En la década de 1880 hay un desarrollo masivo de las tradiciones catalanas como forma de promover el hecho diferenciador catalán. Surgen de esta forma himnos, fiestas, bailes, etc., pero todos tienen en común lo catalán. Hay incluso grupos aislados que proclaman la superioridad de la raza catalana y potencian el racismo contra todo lo castellano, que es considerado perjudicial para Cataluña.

La LLiga Catalanista monopoliza el catalanismo hasta 1930. Recoge la propuesta democrática antiespañola de Almirall y las tesis tradicionalistas de Torres i Bages. Prat de la Riba plantea la movilización de los catalanes bajo la dirección de la burguesía para transformar el estado. Toda nación debe de estar en un estado, pero sus ideas no son separatistas, quiere integrar a Cataluña en España de una manera diferente. Rechaza la España centralista y poco dinámica. La base del pueblo catalán es la familia rural payesa. Se pretende el sufragio de todos los cabeza de familia, el antiparlamentarismo, la descentralización y la autonomía. Barcelona es el motor de Cataluña, de un movimiento renovador. Desde 1909 Cambó ya está pactando con la monarquía en los momentos de crisis, buscando el orden social. Pero las posturas se radicalizan y surgen grupos plenamente independentistas a partir de los años 20, como por ejemplo Acció Catalana, formado por jóvenes radicales de la Lliga, o Estat Catalá, grupo ultraderechista y militarista que quería un estado catalán propio.

País Vasco el nacionalismo vasco es de ruptura con España. Con la rápida industrialización a partir de los años 70 surge una burguesía vasca muy conservadora tanto social como económicamente, pero consciente de su dependencia respecto a España. Es españolista. La industrialización provoca la llegada masiva de mano de obra procedente de otros lugares del país, lo que agudiza el conflicto social; los inmigrantes se integran malamente en Vizcaya, principalmente debido a la lengua, lo que comenzó a generar racismo entre la población autóctona. Surgió antes éste que el propio nacionalismo racista.

El nacionalismo vasco es defensor de una cultura tradicional y rural, del orden social propio del Antiguo Régimen. Sabino Arana es su gran impulsor. Nació en Abando (en la actualidad perteneciente a Bilbao, en Vizcaya), en una familia que militaba en el carlismo. A los siete años hubo de exiliarse en Bayona (Francia), debido a la ayuda prestada por su padre a los rebeldes en el inicio de la tercera Guerra Carlista. Después de regresar a España y apartarse desde 1882 de la ideología paterna, en 1883 se trasladó a Barcelona para iniciar sus estudios universitarios, que abandonó cinco años más tarde. A partir de entonces se dedicó a la propagación de la cultura y la filología vasca, así como de su propio pensamiento profundamente nacionalista. De 1889 es su libro Orígenes de la patria vasca. En la obra Bizcaya por su independencia, aparecida en 1892, plasmó el contenido del movimiento político que habría de configurar más adelante, al tiempo que esbozaba la historia del pueblo vasco con el objeto de recuperar el sentimiento nacional de éste. Promovió distintas publicaciones periódicas reivindicatorias del nacionalismo vasco. Tras participar en la creación de varias organizaciones, en julio de 1895 fundó y pasó a presidir el Partido Nacionalista Vasco (PNV). La ideología de este partido se basaba inicialmente en el antiespañolismo y la recuperación de las formas de vida tradicionales de los vascos y en el planteamiento de la creación de un Estado vasco independiente formado por las tres provincias vascas españolas (Guipúzcoa, Vizcaya y Álava), Navarra y el País Vasco francés. En 1888 y en 1896 publicó, respectivamente, sus dos tratados sobre la gramática y la ortografía del eusquera vizcaíno (la peculiaridad de la lengua vasca hablada en Vizcaya). Fue enviado a prisión en varias ocasiones, en una de ellas a raíz de la derrota española en la Guerra Hispano-estadounidense (1898), cuando felicitó públicamente al presidente de Estados Unidos William McKinley por su victoria. Defensor a ultranza de la raza vasca como hecho diferenciador (pues muy pocos vascos conocían el euskera), con Arana Euskal Herria pasa a autodenominarse Euskadi. La religión ultra católica es para él un agente legitimador de Euskadi.

El PNV se organiza de forma autoritaria y rígida. Su estructura es totalmente piramidal y toda la estrategia política del partido se planea desde la cúspide. El partido lo controla Luis de Arana, hermano del fundador y germanófilo convencido. Con el estallido de la I GM la industria vizcaína sale muy beneficiada; uno de los más importantes navieros vizcaínos se erige en una nueva corriente nacionalista y regionalista menos rupturista con España, pues el mercado interior español también interesaba a algunos industriales vascos. Pero al finalizar la guerra, la corriente aranista recupera el terreno perdido.

Galicia el nacionalismo gallego se basa en la pervivencia de la sociedad del antiguo régimen. Cuando se produce la integración en el cambio económico peninsular, los gallegos sufren la imposición del mercado español. Se mantienen numerosos sistemas económicos y sociales muy arcaicos. La industria se limita a pequeñas factorías en la costa. Pero la conciencia gallega fue siempre muy fuerte. A partir de 1840 se desarrolla el provincionalismo gallego, encabezado por jóvenes intelectuales universitarios (Universidad de Santiago de Compostela). La recuperación de su idioma y cultura se hace también desde sectores académicos.

Hay un galleguismo conservador, más partidario del Antiguo Régimen, y otro de planteamientos más modernos que parte del rechazo hacia Madrid. Se niega la uniformidad de España y se reclama la autonomía/independencia de Galicia, según las circunstancias. Se emplea la raza celta como elemento diferenciador y de superioridad respecto a la raza española. La herencia política viene desde los tiempos de la monarquía sueva. Los planteamientos se hacen casi fascistas, pero carecerán de la fuerza suficiente para llevarse a la práctica.

Andalucía desde 1910 surge una protesta contra los mecanismos autoritarios de la Restauración. Se busca una transformación política del Estado a través de una clase media y un nuevo sistema de propiedad de la tierra que permitiese el desarrollo de una burguesía democrática en Andalucía; esta región debía encabezar el proceso regenerador del estado, recuperando el liderazgo que ostentaba en la época de Al-Ándalus. Se identifica conquista cristiana con sistema de propiedad opresor (tierras). Se critica al latifundio como algo impuesto a Andalucía desde tiempos de la reconquista. Se propone también la extensión de Andalucía hasta el Protectorado de Marruecos.

El andalucismo se organiza en juntas libertarias, no en partido alguno. Se expresa en revistas y periódicos de gran riqueza cultural. Las asambleas buscan elaborar textos a favor de la autonomía andaluza. En 1931 los autonomistas se presentan a las elecciones con un resultado más bien discreto.

Tema 8. El problema militar y la guerra de Marruecos.

Cánovas integra al ejército en el sistema político como un órgano más de poder. Es el encargado de llevar a cabo la represión y de combatir a los enemigos internos del régimen. La Guardia Civil se constituye como un cuerpo más dentro del ejército. La policía es ineficaz e insuficiente, y por ello el ejército es el encargado de mantener el “orden social”, con lo cual su peso específico en la sociedad es cada vez mayor. Es un grupo de presión muy numeroso y cerrado que defenderá intereses opuestos a los de la sociedad civil. La ley de jurisdicciones de 1906, que criminalizaba cualquier crítica contra el cuerpo armado, es una manifestación del creciente poder del ejército dentro de la política española.

Al ejército sólo iba el pobre que no podía pagar las 2000 pesetas que costaba redimirse; estaba lleno de oficiales (el doble en número que en otros ejércitos europeos) que no dejaban de recibir recompensas y ascensos; era tremendamente ineficaz en conflictos exteriores y absorbía gran parte del presupuesto estatal sólo para pagar elevados sueldos. Los medios técnicos eran muy escasos y su modernización era prácticamente nula.

En 1912 se sustituye el sistema de redención por el “soldados de cuota” la redención es por un tiempo determinado, no de manera permanente como antes. Se podía elegir cuerpo y destino a cambio.

La intervención en África. Tras la derrota en Cuba, el ejército se vuelca en la conquista de Marruecos. Esta expansión se enmarca dentro del proceso colonizador de finales del XIX y principios del XX. España y Francia negocian el reparto de las tierras norteafricanas aprovechando su cercanía geográfica. En un principio España recibe una pequeña franja de terreno próxima a Ceuta y Melilla, muy montañosa y con población tribal bereber muy combativa. Se trataba de una zona incontrolada. Debido a la presión alemana, contraria al reparto, se celebra una conferencia en Algeciras (1906) de la que salen beneficiadas Gran Bretaña y Francia. En 1912 los franceses firman un tratado con el Sultán de Marruecos por el que se establece el Protectorado francés sobre la región norteafricana; España hace lo propio con su franja, imitando todos y cada uno de los pasos dados por los franceses. En 1909 se descubren yacimientos mineros en la zona del Rif, muy conflictiva. Se construye un ferrocarril y se envían mineros para llevar a cabo la explotación. Los intereses españoles son atacados por las tribus locales, y el gobierno manda entonces al ejército en julio de 1909. El 26 de ese mismo mes un batallón español es masacrado en el Barranco del Lobo a manos de los insurrectos locales. España sólo controla entonces el área de Melilla y determinadas zonas mineras.

El nuevo desastre: Annual. En 1919 Berenguer es nombrado comisario para Marruecos. Propone una ampliación política y pacífica del territorio español en esa zona, mientras que los militares africanistas abogaban por una actuación militar apoyada en un nuevo cuerpo armado de choque, la Legión, creado por Millán Astral con delincuentes e indeseables a imagen de la Legión Extranjera francesa. Franco fue comandante de la Legión.

El alto comisario español, Dámaso Berenguer, residía en Ceuta, en tanto que, en la parte oriental, la autoridad estaba en manos del general Manuel Fernández Silvestre, comandante general de Melilla y hombre de confianza del propio rey Alfonso XIII. Un temerario avance de Silvestre hacia el sur desembocó en una serie de desastres provocados por las tropas del jefe rifeño Abd-el-Krim, cuyo símbolo sería Annual.

El 21 de julio de 1921, Silvestre se replegó con sus fuerzas a la localidad de Annual, a unos 80 Km. de Melilla. La retirada prosiguió hacia esta última ciudad al día siguiente, después de sufrir numerosas pérdidas humanas y de material. El conjunto de bajas causado por los marroquíes se estima en unos 14.000 hombres, entre ellos el propio Silvestre. La conmoción pública en España fue enorme. El denominado expediente Picasso (informe solicitado por las Cortes y redactado por el general que le da nombre) trató de buscar a los verdaderos culpables de la debacle, lo que abrió nuevas heridas. Apartado del Ejército el general Berenguer, quedó como tarea pendiente el rescate de los prisioneros y el esclarecimiento de las definitivas responsabilidades, lo cual agrió las relaciones entre determinados políticos y la mayoría de los militares. Esa polémica acabó por favorecer la llegada de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera dos años más tarde.

BLOQUE III. LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

Tema 9. El régimen dictatorial.

El expediente Picasso, abierto para depurar responsabilidades por el desastre de Annual de 1921, así como el pendiente rescate de los prisioneros en manos del jefe rifeño Abd-el-Krim, creó un clima de gran malestar dentro del Ejército. En otro plano, una serie de actos terroristas sonados, como los asesinatos del presidente del gobierno Eduardo Dato (marzo de 1921), o del cardenal y arzobispo de Zaragoza Juan Soldevila y Romero (1923), acentuaron el deterioro social en medio de una situación económica cambiante, provocada desde 1918 por el final de la I Guerra Mundial y de la bonanza económica que resultó de la neutralidad española en la misma. Entre tanto, el gobierno presidido por el liberal Manuel García Prieto desde diciembre de 1922 no conseguía controlar la situación, inmerso en el estado crítico de todo el sistema político de la Restauración.

El 13 de septiembre de 1923, Primo de Rivera dio un golpe de Estado para el que contó con la anuencia del Ejército y la del propio rey Alfonso XIII. El periodo en que Primo de Rivera ejerció el poder en España, durante el cual se suspendió la vigencia de la Constitución de 1876, ha quedado dividido por la historiografía en dos etapas muy bien definidas: la del Directorio Militar (1923-1925) y la del Directorio Civil (1925-1930), diferenciadas ambas por los dos gobiernos distintos designados por él.

Directorio Militar. Cuando Primo de Rivera proclamó la dictadura, tras la consulta al resto de los capitanes generales y con el visto bueno del propio Rey, estableció un régimen que partía de una gran improvisación doctrinal. En el manifiesto justificador del golpe, hecho público el 13 de septiembre, se mostraba depositario del “clamoroso requerimiento” del “pueblo sano”, que imponía dicha actitud con el objeto de llevar a cabo la liberación de la patria respecto de los “profesionales de la política”. Asimismo, en dicho texto se atribuyó la personificación de la solución propuesta por el regeneracionismo.

Nombrado jefe de gobierno, el 15 de septiembre siguiente formó un Directorio Militar compuesto por él mismo como jefe de gobierno y otros nueve miembros del Ejército en calidad de vocales. Los ministerios perdieron su funcionamiento habitual y pasaron a ser ejercidos por meros funcionarios sin atribuciones verdaderamente gubernamentales. En aras del control social sacrificó el sistema democrático mediante el uso de la censura de prensa, la persecución política o el cierre del Parlamento. El acto exterior más destacado de estos años fue el desembarco de Alhucemas, que dirigió personalmente en septiembre de 1925. Primo de Rivera se decidió en 1925 a efectuar un desembarco en dicha bahía mediterránea. Su objeto fue el apoyo del peñón de Alhucemas, asediado por las fuerzas rebeldes de Abd-el-Krim, así como la extensión del dominio español de la zona oriental. La coordinación con la flota francesa, la preparación militar y las buenas condiciones climáticas estuvieron en la base del éxito. Planeado por uno de los vocales del Directorio Militar, Francisco Gómez Jordana, y dirigido personalmente por el propio dictador, el verdadero jefe de las fuerzas que llevaron a cabo el desembarco fue el comandante militar de Melilla José Sanjurjo.

A partir de 1926, las tropas españolas, que habían llegado a 100.000 hombres, se redujeron drásticamente debido a la derrota de Abd-el-Krim. Para Primo de Rivera, Alhucemas supuso el momento de mayor popularidad, que no supo aprovechar para renunciar al ejercicio de la dictadura. En 1927, se iniciaría la ocupación efectiva del Protectorado español sobre Marruecos.

Directorio Civil. Tras los éxitos militares en Marruecos, Primo de Rivera, en lugar de retirarse, perpetuó su jefatura gubernamental a través de un segundo gobierno, instituido bajo la denominación de Directorio Civil, el 3 de diciembre de 1925. Desde entonces, pretendió institucionalizar la dictadura y crear un régimen nuevo dotado de sus propios organismos ajenos al sistema parlamentario.

Como miembros de ese gabinete, que retornó al uso de la estructura habitual de los gobiernos anteriores al golpe de Estado y devolvió el nombre de ministerio a los distintos departamentos especializados, destacaron Severiano Martínez Anido, como ministro de Gobernación y vicepresidente del gobierno; José Calvo Sotelo, que desempeñó la cartera de Hacienda hasta el 21 de enero de 1930; Eduardo Aunós, ministro de Trabajo; Rafael Benjumea, conde de Guadalhorce, encargado del Ministerio de Fomento; y Eduardo Callejo de la Cuesta, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. Él mismo ejerció el cargo de ministro de Estado (encargado de las relaciones exteriores) a partir del 20 de febrero de 1927 y, desde el 3 de noviembre del año siguiente, hizo desaparecer ese cargo para asimilarlo al desempeño de la propia presidencia gubernamental.

Apoyado por parte del Ejército y por elementos de extrema derecha, Primo de Rivera intentó construir un régimen que sustituyera al caduco parlamentarismo que había dado comienzo con el reinado de Alfonso XII, padre del Rey, a finales de 1874. Es decir, desde su gobierno dictatorial quiso reemplazar definitivamente el sistema político propio de la Restauración. Pretendió dotar a su régimen de tres pilares básicos: un partido político (Unión Patriótica), unas Cortes sin capacidad decisoria (Asamblea Nacional Consultiva) y un borrador constitucional de signo ultra conservador que no pasó del proyecto redactado en 1929.

En junio de 1927 se puso fin a la guerra de Marruecos y, tres meses después, se produjo la convocatoria de la Asamblea Nacional Consultiva, conformada orgánicamente (de forma corporativa, es decir, por representantes de instituciones y no de partidos) y encargada de redactar una nueva constitución, así como de aprobar otra serie de leyes fundamentales. No obstante, fue en el campo de la Hacienda y de las obras públicas donde el régimen dictatorial consiguió ganar sus mejores bazas. Calvo Sotelo logró aliviar la deuda pública y monopolizó un sector productivo clave como era el petróleo. En obras públicas, al calor de la situación económica, se ampliaron y mejoraron carreteras, puertos y regadíos.

La oposición a la dictadura se acrecentó especialmente a partir de 1928: tanto intelectuales (Miguel de Unamuno, Ramón María del Valle-Inclán, Fernando de los Ríos o José Ortega y Gasset, por citar a cuatro de los más significativos), como estudiantes, políticos de casi todas las tendencias, sindicalistas y militares, especialmente artilleros, se enfrentaron al régimen primorriverista, en algunos casos mediante conspiraciones e incluso sublevaciones, como la Sanjuanada de junio de 1926 o el movimiento revolucionario que, en enero de 1929, encabezó el político conservador José Sánchez Guerra.

Ante la creciente presión de la mayoría de los sectores de la población y la falta de apoyo de sus propios compañeros de armas, Primo de Rivera presentó al rey Alfonso XIII su renuncia el 28 de enero de 1930, dejando tras de sí todo un cúmulo de problemas irresueltos, incluida la misma viabilidad del sistema monárquico. Poco más tarde se exilió en Francia y, el 16 de marzo de ese año, falleció en París. El reinado de Alfonso XIII había quedado inevitablemente unido a la dictadura de Primo de Rivera y el final de ésta supuso el anuncio del ocaso de aquél.

Política económica. Las tendencias históricas del capitalismo español se confirmaron durante la dictadura: intervencionismo exagerado y absoluto, burocratización de todo lo relacionado con la economía estatal. Se crean a su vez importantes monopolios sobre sectores clave como el telefónico o el de abastecimiento de energía (petróleos CAMPSA). El proteccionismo se intensifica aún más; en 1927 se establece un nuevo arancel que dificultaba enormemente la entrada de trigo desde el extranjero.

Se incrementó la presión fiscal sobre la clase media, y se intenta establecer el impuesto sobre la renta. Los presupuestos extraordinarios, siempre deficitarios, desequilibraban una balanza económica aparentemente equilibrada.

BLOQUE IV. LA SEGUNDA REPÚBLICA

Tema 10. El régimen republicano

1930 es un recurrente intento de recuperar el sistema político de la Restauración. Hay grupos republicanos que se han ido conformando a lo largo de los años 20 como consecuencia de la dictadura y los anteriores gobiernos monárquicos. Desde 1924 hay grupos neorrepublicanos que no paran de surgir. Tienen poca base social y se organizan alrededor de importantes personalidades; tal es el caso de Acción Republicana (Manuel Azaña) o Derecha Liberal Republicana (Niceto Alcalá Zamora). Propugnan un régimen democrático de carácter regional. En 1929 surge el Partido Republicano Radical Socialista, de Marcelino Domingo, como una escisión a la izquierda del Partido Radical de Lerroux.

1930 también es un momento clave de movilización social. Es así mismo el año de la firma del Pacto de San Sebastián, alianza de todos los sectores republicanos con el beneplácito del PSOE. El objetivo primordial era acabar con la monarquía de los Borbones en España, aunque también se contemplan otras cuestiones como la autonomía de Cataluña. El 6 de septiembre se produce la alianza definitiva de socialistas y republicanos, en la que los primeros exigen a cambio de su apoyo una reforma agraria a gran escala cuando se produzca la llegada del nuevo régimen. Los republicanos necesitaban del PSOE pues contaba con enormes bases sociales a lo largo de toda España. El día 12 de diciembre se declara una huelga general a nivel nacional con un claro trasfondo de republicanismo. Algunos militares progresistas se implican a favor de esta revuelta, pero esta primera insurrección fracasa debido a la desorganización y descoordinación entre huelguistas y militares sublevados. La movilización obrera de cara a la huelga también fracasa por culpa de distensiones internas dentro del PSOE, en donde existían voces contrarias a la alianza con los republicanos. El resultado de esta huelga fue el encarcelamiento del futuro primer gobierno republicano.

Berenguer dimite tras la huelga y Alfonso XIII nombra al almirante Aznar jefe del gobierno. Se convocan nuevas elecciones municipales como primer paso hacia la definitiva democratización del país. Se presentan la mayoría de los partidos y se convocan los comicios para el 12 de abril de 1931. Las elecciones se saldan con un equilibrio en el ámbito rural entre partidos monárquicos y la coalición republicano-socialista; pero en las ciudades, con un voto mucho más real, los republicanos ganan por mayoría. Tras estos resultados, el rey sólo cuenta con el apoyo de Romanones. Abandona España el 14 de abril, aunque no llega a abdicar. La gente se echa a la calle, y ese mismo día el comité revolucionario (futuro gobierno de concentración) declara la II República y su estatuto jurídico.

Dinámica política (resumen). Se instaura así una república cuyos objetivos principales eran la necesaria reforma agraria para modernizar el país, la reforma militar y la declaración de un estado totalmente laico. Fueron los tres pilares básicos en crisis desde las Restauración. La capacidad del nuevo régimen para imponer esta serie de reformas era clave para mantener las alianzas en el periodo 1931-1933. El papel de los socialistas fue clave. Se elabora una nueva Constitución y se convocan nuevas elecciones (celebradas en noviembre de 1933), en las que triunfará la derecha católica y las tesis radicales de Lerroux. Se inicia así un periodo contrarreformista que deshace todo lo anterior y paraliza las reformas.

Tras la insurrección de octubre de 1934 y la consiguiente radicalización socialista, se suceden crisis y episodios de corrupción en el gobierno. A finales del 35 hay una nueva alianza de la oposición para constituir el Frente Popular, que gana las elecciones de febrero de 1936. Gobernará durante la guerra en el lado republicano.

El bienio reformista. Las elecciones generales a Cortes Constituyentes convocadas por el gobierno provisional para el 28 de junio de 1931 dieron el triunfo a los socialistas y a pequeños partidos republicanos (radical-socialistas, Acción Republicana, etc.), encargados de formar un nuevo gabinete presidido por Niceto Alcalá Zamora. Los socialistas obtienen 116 escaños, convirtiéndose en la minoría parlamentaria más importante. Les siguen los radicales de Lerroux y los radical-socialistas.

Se forma una comisión para la elaboración de una constitución, la de 1931, muy avanzada para la época. La Constitución aprobada el 9 de diciembre de 1931 sustentó el segundo intento nacional por acceder a un Estado democrático, aprovechando en algunos puntos innovaciones jurídicas de vanguardia para caer en otros en graves contradicciones. Quizá la más significativa del consenso inicial que arropó el cambio y sus futuras discrepancias fue la nebulosa imagen del régimen reflejada en el artículo primero de la Constitución, por el cual se definía a España como “una República de trabajadores de toda clase”, en indisimulada alusión a las contrapuestas percepciones de la realidad entre la clase política. Como avances más reseñables cabe citar la preocupación, que absorbe casi un tercio del articulado, por fijar un amplio catálogo de derechos individuales (sufragio universal para hombres y mujeres mayores de 23 años), y relativos a la familia, la economía y la cultura, todo ello dentro de un Estado laico y autonómico en su estructuración territorial, alejado del centralismo y de fórmulas federales fallidas en el pasado. La decantación por un Parlamento unicameral, y el poder adjudicado al presidente de la República, a caballo entre el sistema presidencialista y el parlamentario, son otras de sus novedosas aportaciones.

La reforma militar partió desde la figura de Azaña, ministro de guerra. Se pretendía despolitizar el ejército y limitar su función a defender España de enemigos exteriores. Se exige el acatamiento al nuevo régimen y al gobierno elegido democráticamente. Se permitió el abandono voluntario del servicio manteniendo el sueldo íntegro a aquellos oficiales disconformes con las reformas. Se redujo el número de mandos y unidades militares para reducir el gasto y simplificar la organización castrense. Se revisaron los ascensos concedidos durante la dictadura de Primo de Rivera por considerarse fuera de la legalidad. Así mismo se cerraron algunas academias como la de Zaragoza (en la que se formó Franco), y se actuó contra miembros de extrema izquierda dentro del ejército. Se creó también un nuevo cuerpo de guardias de asalto. El objetivo final era separar al ejército de la vida política y limitar su función a la defensa.

En julio de 1931 hay una huelga general en Sevilla que conduce a la declaración del estado de guerra; el ejército empleó entonces su viejos métodos represivos, lo que puso de manifiesto la falta de control del nuevo régimen sobre las fuerzas armadas. En 1932 Sanjurjo da un golpe de estado (la Sanjurjada) que fracasa por falta de apoyos, pero que evidencia la tendencia de muchos sectores militares de ir en contra de la República.

En lo referente a la Iglesia, el Vaticano opta por no reconocer al nuevo régimen. Los católicos y la derecha se alían con los sectores monárquicos (periódico ABC), pero hay otra corriente de acción católica que actuará dentro del nuevo régimen republicano (diario El Debate). En este último destaca la figura del Cardenal Ángel Herrera Oria, que ayuda a José María Gil Robles a crear un partido nuevo de derechas con vocación de partido de masas: Acción Popular. El 7 de mayo de 1931 el Cardenal Segura proclama en una misiva el peligro de anarquía que corre España y apoya abiertamente al rey exiliado, así como propone también el levantamiento contra el nuevo orden democrático. El 10 de mayo se produce un incidente aislado que desemboca en la quema de conventos. En Madrid arden 6 edificios, y 15 más en el resto de España. Es la primera proclamación del estado de guerra durante la República; los acontecimientos dan muy mala imagen al régimen y acaban volviéndose en su contra. Las posturas clericales se endurecen y el gobierno responde secularizando totalmente la enseñanza. El Cardenal Segura es expulsado del país pero vuelve y consigue refugiarse en un convento, donde finalmente es hallado y apresado.

A partir de estos hechos surge la necesidad dentro de la derecha católica de unirse en un partido de masas que cuente con el apoyo explícito de la Iglesia. Es el caldo de cultivo de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas).

Reforma agraria. Largo Caballero, ministro de trabajo, realiza una puesta al día de medidas sociales. Los objetivos son la implantación en el campo de medidas modernizadoras y defender las sociedades obreras para dotarlas de capacidad de gestión. La nueva legislación social se plasma básicamente en las siguientes leyes:

• Ley de términos municipales se trataba de contratar a obreros de un municipio en concreto para evitar la “selección” que muchas veces hacían los patronos, que se negaban a dar trabajo a obreros sindicados. Si contrataban a algún jornalero de un municipio, estaban obligados a contratar a todos los que necesitasen de ese mismo municipio, aunque estuviesen sindicados.

• Ley de jurados mixtos jurados que actuasen en conflictos laborales que estuviesen compuestos tanto por patronos como por obreros.

• Así mismo hay otras medidas más, como la implantación de la jornada de 8 horas o la extensión de la Seguridad Social a todo el territorio. Muchas de ellas nunca se lograron llevar a la práctica.

La reforma agraria se acabó plasmando en una solución de compromiso cuya aplicación fue limitada. Hubo un total de 16 proyectos de reforma, lo que da idea de su complejidad y de los debates que se necesitaron para su aprobación. Tras el levantamiento de agosto de 1932, se comprende la verdadera necesidad de la reforma. El proyecto de Marcelino Domingo es debatido en las Cortes; la posterior ley contempla la distribución de las tierras expropiables , en su gran mayoría pertenecientes a la gran propiedad. En algunos casos no se contemplo la indemnización económica tras la expropiación. Las tierras pasaban a manos del Instituto de Reforma Agraria (IRA), que se encargaba de pasarlas a las diferentes comunidades campesinas; en ningún caso las nuevas tierras pasaban a ser propiedad de éstas. La financiación de todo el proceso corrió a cargo de la banca privada ante la incapacidad estatal de hacerse cargo de los gastos.

La reforma estuvo en vigor dos años escasos y afectó sobre todo a las propiedades de los Grandes de España. Se aplicó en 11 provincias pero en muy pocos municipios. Muchos fueron los que se sintieron amenazados y otros, por la limitación de la reforma, no se vieron satisfechos. Sólo el laboreo forzoso, que obligaba a la explotación de todas las tierras no productivas, contentó a los campesinos.

La contrarreforma agraria del gobierno conservador y el posterior restablecimiento de las medidas tras la victoria del Frente Popular, hizo que el proceso se ralentizase enormemente.

Economía. La crisis mundial tras el crack de 1929 no tuvo importantes consecuencias en un primer momento debido al aislamiento de la economía española en el mercado mundial. Lo que si ocurrió es que la crisis llegó con un desfase cronológico respecto a otros países, y que su incidencia fue sectorial (no afectó a todos los sectores por igual). Los efectos empezaron a notarse hacia 1933, especialmente en las empresas dedicadas a la exportación. Todos los sectores que dependían de la protección estatal (de sus inversiones), como la siderurgia o el sector ferroviario, padecieron fuertes crisis cuando cesaron las subvenciones del estado como medida del nuevo gobierno para recortar gastos. El sector financiero también ve disminuida su actividad en España; se produce una salida masiva de capitales como forma de rechazo hacia el nuevo régimen. El nivel de paro también es muy elevado incluso para la época, ya que rondaba el 10% de la población activa. A esto hay que unir la vuelta de muchos trabajadores españoles desde países inmersos en la crisis económica.

En el campo las malas cosechas se suceden en 1931 y 1933; en cambio, en 1932 y 1934 se producen abundantes cosechas de trigo, que hacen que los precios del pan se desplomen los campesinos reclaman ayudas en forma de subvenciones cuando ven disminuidos sus ingresos. Toda esta situación genera mal estar social entre los jornaleros, especialmente en el campo andaluz.

Tema 11. El bienio conservador y el Frente Popular.

Los salarios reales subieron durante el bienio reformista gracias en parte a una acertada legislación social, pero el creciente para hizo disminuir el poder adquisitivo de la población. La crisis económica a partir de 1933 generó una crisis política, con enfrentamientos muy duros entre el gobierno y la oposición de derechas. Alcalá Zamora acaba expulsando a los socialistas del gobierno (por la presión ejercida desde la oposición), lo que termina con la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones. El lema de la derecha es revisión de la legislación laica y socializante, claramente en contra de todas las medidas reformistas adoptadas por el gobierno. Mientras que la derecha se presenta unida y cohesionada a los comicios, la izquierda lo hace dividida entre republicanos, socialistas, sindicalistas, etc. La elevada abstención y el voto femenino (muy conservador) también favorecieron a la derecha. Los radicales de Lerroux resultan ser la fuerza más votada, seguida por la CEDA de Gil Robles, que en un principio no entrará en el gobierno pero que prestará su apoyo parlamentario al Partido Radical. El PSOE obtiene tan sólo 60 diputados.

La tercera intentona insurreccional de la CNT se produce en diciembre de 1933 al grito de “frente a las urnas, insurrección social”. En 1927 había hecho su aparición la FAI (Federación Anarquista Ibérica), una serie de grupos anarquistas dentro del sindicato; con la llegada de la república la FAI poco a poco se hace con el control de la CNT en detrimento de los grupos sindicales. Desde marzo de 1932 la FAI dirige todo el sindicato. Pero el fracaso de diciembre de 1933 les aleja del poder.

El nuevo gobierno conservador está completamente dedicado a abolir toda la legislación del gobierno anterior. Se paraliza la reforma agraria y se indulta a los golpistas del 32. En verano del 33 empieza la radicalización socialista, una ruptura dentro de la propia democracia. La clase obrera se moviliza contra la república, apoyados por las juventudes socialistas de Santiago Carrillo. Empieza a hablarse del peligro fascista en España debido a la derecha católica, que predica el corporativismo y la antidemocracia. Comienzan las alianzas con los sectores obreros y sindicales a lo largo de todo el país. El PSOE sigue siendo el único partido con una implantación a nivel nacional; Largo Caballero propone el inicio de una revolución preventiva ante la posible entrada de la CEDA en el gobierno.

La Revolución de Octubre. La noche del 4 al 5 de octubre de 1934 se informa de la existencia de un nuevo gobierno presidido por Lerroux con 3 ministros cedistas, lo que provoca el estallido de la insurrección de octubre. La revolución fracasa en Madrid debido a la escasez de armas para las milicias socialistas. También falló la actuación de grupos militares que en un principio iban a apoyar la sublevación. Todo quedó reducido a una semana de huelga y a disturbios con las fuerzas del orden. En Asturias los mineros se apoderan de Gijón y Oviedo y de las cuencas mineras. Cada localidad contaba con un comité revolucionario que variaba entre socialistas, anarquistas o comunistas. Durante 15 días la revolución tuvo éxito.

En Cataluña la CNT no presta su apoyo a la insurrección, pero aún así hay brotes revolucionarios en diferentes localidades. Lo que sobre todo se produce es un fogonazo catalanista, que proclama el estado catalán dentro de la República Federal Española Lluis Companys, de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya). En el País Vasco los dirigentes socialistas frenan el movimiento ante la imposibilidad del éxito.

La represión fue llevada a cabo por los regulares de Marruecos, que ejecutaron una actuación atroz contra los insurrectos. Bombardearon Gijón y luego desembarcaron en el puerto para ir pueblo por pueblo y casa por casa en busca de los sublevados.

Polarización de fuerzas. Para la derecha la revolución es una señal de la peligrosidad que encierra la izquierda. Desemboca en una idea de militarización del país y política represiva. Fue un paso más hacia la Guerra Civil. La CEDA apoyó a partir de entonces de forma abierta la movilización militar en contra de la República. Se procede a la ilegalización de los sindicatos y se producen detenciones masivas. Para la izquierda la revolución es un toque de atención (dado a la derecha) sobre lo que puede pasar en un futuro.

En abril de 1935 se forma un nuevo gobierno con 5 ministros de la CEDA. Gil Robles, al frente del Ministerio de Guerra, favorece a los militares partidarios del golpe. Fanjul, Franco, Mola, etc. van situándose desde el ministerio en puestos clave.

El Frente Popular se formó tras la Revolución de Octubre de 1934, cuando Azaña intentó recuperar la unidad de la izquierda, fuertemente deteriorada en esos años; para ello, en abril de 1935 impulsó el “pacto de inteligencia republicana”, suscrito por Izquierda Republicana (IR), Unión Republicana (UR) y el Partido Nacional Republicano. También se aproximó a los socialistas, profundamente divididos, y a los comunistas. A finales de 1935, Azaña era consciente del ocaso del gobierno de Manuel Portela Valladares, formado a mediados del mes de diciembre, y sabía que para triunfar en las elecciones había que crear un gran frente de izquierdas, pues el sistema electoral privilegiaba a las mayorías. El pacto del Frente Popular se suscribió el 15 de enero de 1936, pese a que en un principio los republicanos se oponían a pactar con los comunistas. Formaban parte del mismo el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Partido Comunista de España (PCE), la Unión General de Trabajadores (UGT), el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), el Partido Sindicalista, las Juventudes Socialistas, la Unión Republicana y, por supuesto, el propio partido de Azaña (Izquierda Republicana), así como las formaciones políticas izquierdistas del ámbito catalán.

El Frente Popular acabó imponiéndose en las elecciones del 16 de febrero de 1936, dejando atrás a la peor organizada coalición de derechas denominada “frente nacional antirrevolucionario”, que acusaba una mayor división en su seno, pese a contar con la hasta entonces poderosa Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). Manuel Azaña se convirtió tres días después en el nuevo presidente del gobierno. Obra de este gabinete (formado únicamente por miembros de los dos principales partidos republicanos, IR y UR) fueron la amnistía para los presos de la Revolución de Octubre de 1934, la continuidad de las reformas del primer bienio republicano y la nueva puesta en vigor del Estatuto catalán de autonomía. En abril, las Cortes depusieron al presidente de la República Niceto Alcalá Zamora, sustituido interinamente por Diego Martínez Barrio hasta que, un mes más tarde, Azaña fue elegido para sucederlo como tal. Ello obligó al recambio de Azaña en la presidencia del gobierno, lo cual tuvo lugar a mediados de ese mes de mayo, cuando el que fuera ministro de Obras Públicas, Santiago Casares Quiroga, pasó a desempeñar la jefatura del gabinete.

Tema 12. La Guerra Civil

Desde el primer momento, el territorio nacional quedó dividido en dos zonas en función del éxito que obtuvieron los militares sublevados. Prácticamente se reproducía el mapa resultante de las elecciones de febrero de 1936; salvo casos aislados, los militares triunfaron en aquellas provincias donde fueron más votadas las candidaturas de derechas, mientras que fracasaron en aquellas donde la victoria electoral correspondió al Frente Popular. El “Alzamiento” (nombre dado por los rebeldes a su levantamiento contra el gobierno constitucional republicano) comenzó el 17 de julio en la ciudad norteafricana de Melilla. Las unidades militares destacadas en Marruecos que no controlaba el gobierno republicano se hicieron pocas horas después con Tetuán y Ceuta. El general Francisco Franco partió el día 18 desde las islas Canarias hacia Tetuán, en una avioneta privada (Dragon Rapide). Ese mismo día se sublevaron los mandos militares de otras divisiones peninsulares; sin embargo, el levantamiento fracasó en las principales ciudades del país. Por otro lado, el 20 de julio de ese mismo año, recién comenzada la sublevación, falleció en un accidente de aviación el que había sido designado por los conspiradores jefe de la rebelión, el general José Sanjurjo. Desde el día 18, ni el gobierno ni los rebeldes controlaban la totalidad del país. En un principio, la sublevación dejó en manos de los rebeldes Galicia, Navarra, Álava, el oeste de Aragón, las islas Baleares (excepto Menorca) y las Canarias, así como la zona del protectorado español sobre Marruecos, buena parte del territorio de lo que hoy es la comunidad autónoma de Castilla y León, casi toda la provincia de Cáceres y algunas poblaciones de Andalucía. El gobierno republicano conservaba casi toda Andalucía, el País Vasco (salvo Álava), Asturias (excepto la ciudad de Oviedo) y Cataluña, así como la isla balear de Menorca y los territorios de las actuales comunidades autónomas de Cantabria, Castilla-La Mancha, Región de Murcia y la Comunidad Valenciana. Conforme avanzó la contienda, el poder republicano perdió zonas que, desde finales de marzo de 1939, pasaron íntegras a disposición del Ejército franquista.

De cualquier forma, el comienzo de la guerra estuvo vinculado al plan establecido previamente por los conspiradores en la primavera de 1936 y en el que participaron mandos militares (la antirrepublicana Unión Militar Española, UME, y la Junta de generales, de la que Emilio Mola era el coordinador), monárquicos, tradicionalistas (carlistas) y otros sectores de extrema derecha. El asesinato de José Calvo Sotelo, líder del derechista Bloque Nacional y participante activo en la conspiración contra el gobierno, que tuvo lugar la noche del 12 al 13 de julio, fue el episodio previo al pronunciamiento militar. Pronto pudo comprobarse que el plan conspirador había fracasado y que el pretendido pronunciamiento decimonónico se convertiría en una guerra larga y cruel de tres años. Durante este trienio las operaciones militares permitieron establecer un desarrollo cronológico, a partir del paso del estrecho de Gibraltar por las tropas del Ejército de África mandadas por el general Franco (julio-agosto de 1936), con tres fases principales. La primera muestra la importancia que ambos bandos otorgaron a la ocupación de Madrid, ciudad que, en consecuencia, pronto fue motivo de asedio por las tropas insurrectas (dando lugar a la conocida como batalla de Madrid). La estrategia de los sublevados, que pretendía acceder a la capital desde el norte y desde el sur, fracasó. Una acción importante en esta primera fase, que en seguida quedaría en el elenco de “mitos” de la contienda, fue la liberación de los rebeldes asediados en el Alcázar de Toledo (28 de septiembre de 1936), defendido desde el 22 de julio por el coronel José Moscardó ante el acoso de las tropas republicanas. Contando con las fuerzas de África, así como con la ayuda alemana e italiana, Franco había avanzado previamente sobre Andalucía y conseguido ocupar en agosto las plazas extremeñas de Mérida y Badajoz, enlazando de esta manera con los sublevados del norte a lo largo de la frontera portuguesa. Mola, a su vez, había logrado cortar la frontera francesa al ocupar la ciudad guipuzcoana de Irún a principios de septiembre.

La segunda fase no abandonó la marcha sobre Madrid. Pero la batalla de Guadalajara (finales de marzo de 1937) se saldó con el éxito republicano, que tuvo presente el plan de ofensiva previsto por el general José Miaja contra las tropas enviadas por Italia. Los alzados decidieron entonces centrar sus principales operaciones en el norte. Con el apoyo decisivo de la aviación integrada en la Legión Cóndor alemana, que realizó una salvaje agresión a la localidad vizcaína de Guernica (26 de abril de 1937), las tropas rebeldes rompieron las defensas de Bilbao (el llamado “cinturón de hierro”) el 19 de junio de 1937, pocos días más tarde del fallecimiento del general Mola en accidente de aviación. En agosto (un mes después de obtener la victoria en la batalla de Brunete), esas mismas tropas entraron en Santander y, en octubre, tomaron las ciudades asturianas de Gijón y Avilés, con lo que los rebeldes completaban la última etapa de la ocupación de la zona norte.

A partir de finales de 1937 comenzó la tercera fase. Los republicanos, siguiendo los planes del general Vicente Rojo, conquistaron en enero de 1938 Teruel, ciudad que no obstante perdieron al mes siguiente. En julio de ese año comenzó la dura y decisiva batalla del Ebro, en la que la derrota del Ejército republicano (noviembre de 1938) dejó despejada la ruta para el avance de los sublevados hacia Cataluña. En los últimos días de enero de 1939, las tropas franquistas se instalaron en Barcelona, para avanzar en fechas sucesivas hacia la frontera francesa y ocupar los pasos desde Puigcerdá hasta Portbou (Girona). La ofensiva final (febrero-marzo de 1939) tuvo por objeto quebrantar las posiciones republicanas todavía pendientes, situadas en la zona centro y en el sur peninsular. A principios de marzo de ese año fracasó el criterio de mantener la resistencia defendido por el presidente del gobierno republicano, Juan Negrín, debido a la creación en Madrid del Consejo Nacional de Defensa. Este organismo, que encabezó el jefe del Ejército del Centro, el coronel Segismundo Casado, destituyó a Negrín y procuró alcanzar una paz honrosa con el gobierno franquista de Burgos después de hacerse con el control de Madrid mediante un cruento enfrentamiento entre las propias tropas republicanas. Sin embargo, no prosperaron sus gestiones encaminadas a lograr una paz acordada. Las tropas franquistas entraron en Madrid el 28 de marzo. Tres días más tarde, el gobierno republicano perdió las últimas plazas todavía fieles. El 1 de abril la guerra había terminado, no así las represalias.

Desarrollo político de la contienda. Por parte del gobierno republicano, la jefatura pasó sucesivamente de manos del azañista y dirigente de Izquierda Republicana, José Giral (19 de julio de 1936), a Francisco Largo Caballero (5 de septiembre de 1936) y de éste a Juan Negrín (desde el 18 de mayo de 1937 hasta el final de la guerra) —los dos últimos pertenecientes al Partido Socialista Obrero Español (PSOE)—, en lo que bien puede definirse como una pugna entre dos prioridades: desarrollar un proceso revolucionario o apostar por ganar la guerra primero. Manuel Azaña, presidente de la República, sustituyó el 19 de julio de 1936 al dimitido presidente del gobierno Santiago Casares Quiroga por Diego Martínez Barrio, quien no llegó a jurar el cargo. No obstante, Azaña nombró ese mismo día a José Giral jefe del gabinete. Tan pronto como este último asumió las responsabilidades de gobierno, la autoridad del poder central se descompuso y se crearon numerosos poderes locales de carácter popular y espontáneo que generaron divisiones intensas y supusieron la pérdida de la unidad política e incluso militar en el ámbito republicano.

El debilitamiento de autoridad, al que aludiría el propio Azaña en su obra teatral La velada de Benicarló (1937), y los avances de las fuerzas rebeldes, explican el cambio de Giral por Francisco Largo Caballero (septiembre de 1936), que ejercía su prestigio y autoridad sobre los obreros principalmente desde la dirección de la Unión General de Trabajadores (UGT), el sindicato afín al PSOE. Largo Caballero hizo cuanto pudo por controlar la situación revolucionaria y formó un gobierno de concentración con presencia de socialistas, comunistas, una minoría de republicanos y nacionalistas vascos y catalanes. Dos meses después incorporó a militantes de la central obrera anarcosindicalista Confederación Nacional del Trabajo (CNT), cuya fuerza era destacada en Aragón, Cataluña y Valencia. Con todo, el enfrentamiento entre las dos tendencias ya aludidas (revolución o guerra) —y ello pese a que durante el gobierno de Largo Caballero mejoró la coordinación en el Ejército republicano— dio al traste con esta experiencia porque fue incapaz de hacer amainar las disputas entre las principales corrientes políticas de la coalición gubernamental.

En mayo de 1937, Azaña puso las riendas del gobierno en manos de Negrín, que pronto sería acusado de estar dominado por los comunistas. Negrín prescindió de inmediato de los anarcosindicalistas y orientó su gestión hacia la victoria militar; la revolución debía esperar. Pero los avatares bélicos desencadenaron una nueva crisis gubernamental en abril de 1938. Desde entonces, Negrín pasó a desempeñar también el cargo de ministro de la Defensa Nacional (anterior Ministerio de la Guerra), que venía ejerciendo el socialista Indalecio Prieto. Los “trece puntos de Negrín” (nombre por el cual fue conocido el acuerdo propuesto por el presidente del gobierno republicano a las fuerzas franquistas, como base de una posible negociación), promulgados el 1 de mayo de ese año, en un afán por restablecer una democracia consensuada sobre principios alejados del conflicto bélico, no consiguieron recomponer la unidad del Ejército republicano ni sostener el escaso apoyo internacional, debilitado a medida que se retiraban los voluntarios extranjeros que habían formado parte de las Brigadas Internacionales.

El éxito definitivo de la ofensiva franquista sobre Cataluña, a principios de febrero de 1939, impidió que dieran fruto las garantías que el gobierno republicano pedía de cara a la paz: independencia de España y rechazo de cualquier injerencia exterior, que el pueblo pudiera decidir libremente acerca del futuro del régimen, así como garantía de evitar persecuciones y represalias después de la guerra. Estas condiciones propuestas por Negrín en las Cortes reunidas el 1 de febrero de 1939 en Figueras (Girona) no fueron aceptadas por el gobierno de Burgos, que presumía concluir la guerra en breves días. En efecto, la reunión de las Cortes republicanas en Figueras fue la última que tuvo lugar en suelo español. Antes de esa fecha se celebraron reuniones de las Cortes en distintas sedes, dependiendo de las propias circunstancias militares de la contienda. Las primeras tuvieron lugar en Valencia (diciembre de 1936 y febrero y octubre de 1937), en tanto que las postreras se produjeron en distintas zonas del territorio catalán, tales como Montserrat (febrero de 1938), San Cugat del Vallés (septiembre de 1938) y Sabadell (octubre de 1938).

En lo que respecta a la zona sublevada, se dictaron paulatinamente medidas políticas al compás de las acciones bélicas, que fueron aplicadas en los territorios ocupados desde el principio y en todos aquellos que se incorporaban tras los éxitos militares rebeldes. La primera y pronta medida adoptada por los insurrectos fue la creación en Burgos de la Junta de Defensa Nacional, el 24 de julio de 1936, que presidió el general Miguel Cabanellas por ser el militar más antiguo e integraron en calidad de vocales los generales Emilio Mola, Fidel Dávila, Andrés Saliquet, Miguel Ponte y los coroneles Fernando Moreno y Federico Montaner.

A finales de septiembre de ese año, la Junta de Defensa Nacional designó a Franco generalísimo de las fuerzas sublevadas (principal jefe militar de las mismas) y jefe del gobierno. Así, el 1 de octubre de 1936 se hizo oficial el acceso de Franco a la jefatura militar y política de quienes se autodenominaban “nacionales”, cargos a los que él mismo unió el de jefe del Estado. Esta medida tuvo su complemento en el llamado Decreto de Unificación (19 de abril de 1937), por medio del cual se creó Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (FET y de las JONS), única formación política legal del nuevo régimen —llamado “Movimiento Nacional” por sus partidarios— que fundía los núcleos falangistas y tradicionalistas (carlistas). Esa operación política agudizó las tensiones latentes entre los falangistas desde que, en noviembre de 1936, fuera ajusticiado por los republicanos José Antonio Primo de Rivera, fundador y jefe nacional de Falange Española. El nuevo jefe nacional falangista, Manuel Hedilla, se opuso al decreto unificador, por lo que fue arrestado junto con sus seguidores.

En enero de 1938 se formó el primer gobierno “nacional” presidido por Franco, tras la disolución de la Junta Técnica de Estado, que había sido creada en octubre de 1936 inicialmente como una entidad de apoyo gubernamental a la primigenia Junta de Defensa Nacional. El primer gobierno franquista estuvo compuesto tanto por militares como por figuras civiles falangistas, tradicionalistas y monárquicas. Entre sus miembros cabe destacar a los generales Francisco Gómez Jordana (vicepresidente del gobierno y ministro de Asuntos Exteriores), Severiano Martínez Anido (responsable del Ministerio de Orden Público) y Fidel Dávila (ministro de la Defensa Nacional), al ingeniero naval Juan Antonio Suances (encargado del Ministerio de Industria y Comercio), así como al abogado y cuñado de Franco Ramón Serrano Súñer (ministro de Interior y secretario del Consejo de Ministros), al notario y falangista Raimundo Fernández Cuesta (responsable del Ministerio de Agricultura) y al escritor y político monárquico Pedro Sainz Rodríguez. Asimismo, el 9 de marzo de 1938 se promulgó el Fuero del Trabajo, que acabada la guerra alcanzaría el rango de ley fundamental y, por tanto, entraría a formar parte del peculiar constitucionalismo propio del franquismo.

La dimensión internacional. Si bien es cierto que la guerra comenzó como un conflicto interno "nacido en suelo español y a la manera española" (en palabras de Salvador de Madariaga), no pudo mantenerse ajena al entorno internacional debido a sus propias raíces ideológicas. Ambos bandos reclamaron inmediatamente apoyos de otras potencias extranjeras, según el panorama existente en la alineación del mundo en la década de 1930, hasta el extremo de que algunos vieron en el conflicto un prólogo de un nuevo enfrentamiento mundial. Si no lo fue, al menos consiguió implicar a la mayoría de partidos políticos y potencias europeas. Hoy nadie pone en duda que la intervención extranjera contribuyó tanto a prolongar la contienda como al futuro del “Movimiento Nacional”. La primera fase de urgencia (julio-agosto de 1936) llevó, por un lado, al gabinete presidido por Giral a solicitar el auxilio del gobierno del Frente Popular francés (presidio por el socialista Léon Blum) y, por el otro, a los rebeldes a concretar el inicial apoyo prestado por Italia (gobernada por el fascista Benito Mussolini) y Alemania (con el nacionalsocialista Adolf Hitler en el poder).

El Frente Popular español contó con el apoyo primigenio de Francia y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Sin embargo, el temor del gobierno francés a crear una situación conflictiva en todo el continente frenó su ayuda y se acogió a la política de no intervención que, propugnada por el gobierno británico, asimismo acabaría aplicando la Sociedad de Naciones. Francia cerró su frontera a la entrada de material bélico destinado a cualquiera de los contendientes, con lo que en realidad perjudicó notablemente al gobierno republicano. Por su parte la URSS, gobernada por Stalin, tras comprobar la participación activa y directa de italianos y alemanes, rechazó la política de no intervención. Su apoyo resultó fundamental en blindados, aviones y equipos de asesores militares. En tanto que los rebeldes recibieron aviones, armamento y combatientes de Italia y Alemania (valga como ejemplo la Legión Cóndor), así como la ayuda de los voluntarios portugueses, enviados por el gobierno encabezado por António de Oliveira Salazar, además de otras colaboraciones.

Entre los auxilios recibidos por el gobierno republicano merecen recordarse las Brigadas Internacionales: la III Internacional (también conocida como Komintern) creó un comité internacional para organizar a sus miembros, que contó con la participación de los dirigentes comunistas Palmiro Togliatti y Josip Broz (Tito). Participaron en ellas voluntarios de distintos países movidos por sentimientos antifascistas, cuyo número es difícil de precisar (tal vez, unos 40.000) a causa de los relevos producidos en sus filas durante el transcurso de la guerra. El centro de reclutamiento estuvo en París y entre sus gestores cobró especial relieve el dirigente comunista francés André Marty. Los primeros brigadistas llegaron al puerto español de Alicante en octubre de 1936 para continuar hasta Albacete, en donde se formó la XI Brigada, que pronto participó en la batalla de Madrid. Su intervención al lado de la causa republicana duró hasta octubre de 1938.

En medio de todo este proceso destacó de manera especial lo que se conoció como la política de no intervención asumida por la Sociedad de Naciones, que, en principio, suponía la prohibición de exportar cualquier material de guerra, sin más compromisos por parte de los gobiernos. En septiembre de 1936 nació en Londres el Comité de No Intervención, integrado por los embajadores residentes en la capital británica con el objeto de reducir el conflicto al ámbito nacional. Sin embargo, a la vista de las numerosas violaciones del compromiso, las medidas adoptadas por el Comité de No Intervención no resultaron efectivas y, desde luego, no impidieron que las potencias extranjeras apostaran por uno u otro contendiente, si bien la mayor beneficiada de la actitud de las democracias occidentales acabó siendo la causa franquista, auxiliada de forma reiterada por las potencias del Eje.

Por lo que se refiere al apoyo soviético, la financiación de los suministros bélicos entregados al gobierno republicano se relacionó con las reservas del Banco de España. Dos terceras partes del oro guardado en el banco nacional salieron hacia Moscú, en concepto de depósito primero, y como pago por aquellos suministros posteriormente. El famoso “oro de Moscú” sería un asunto controvertido y utilizado como propaganda por el gobierno franquista. Mientras éste recibió a crédito suministros alemanes e italianos, que fueron abonados en parte después de finalizar la guerra, el gobierno republicano agotó las reservas para pagar la ayuda soviética.

Gracias a los llamados ingenios, que es como se conocían todas las innovaciones tecnológicas. Cuando en España apenas había comenzado la implantación del ferrocarril, en Cuba ya existían 700 kilómetros de vías para transportar los productos desde el interior a los puertos.

Décadas más tarde Fidel Castro hace lo mismo; la zona montañosa es muy abrupta y a la vez muy bien conocida por los insurrectos, que desde ahí pueden dirigir su avance.

Mandar a Martínez Campos a Cuba fue una estrategia política de Cánovas del Castillo para “quemarle” políticamente.

Los derechos de Puerto Rico habían sido derogados en 1874.

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Los ingleses fundan la primera industria del acero en Cantabria.

Explosión anticlerical de los sectores obreros catalanes, que pone de manifiesto la falta de objetivos claros de los insurrectos.

Jornada de 7 horas diarias, dos días de descanso a la semana, supresión del ejército, gobierno revolucionario, etc.

Había roto previamente con el federalismo de Pi i Margall en 1886.

Dentro del nacionalismo vasco este sector era conocido como el de los “fenicios” o traidores a la causa vasca.

El PSOE había colaborado con la Dictadura pese a la oposición interna de Indalecio Prieto o Fernando de los Rios

Eran expropiables todas aquellas tierras pertenecientes al Estado, a los señoríos, aquellas que estuviesen mal cultivadas o incultivados, las que fueran excesivamente extensas, etc.

El ejemplo italiano y el modelo de la Alemania nazi alarmaban a determinados sectores de la clase política española.

Fue en gran medida fruto de las propuestas realizadas por la III Internacional a partir de julio de 1935, defendidas especialmente por el dirigente comunista búlgaro Georgi Dimitrov, con el objetivo de conseguir la colaboración entre los partidos obreros (tanto socialdemócratas como comunistas) y las formaciones políticas burguesas de izquierdas.