LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN ESPAÑA Y SU TRASFONDO POLÍTICO.

INDICE

Pág.

1. Antecedentes en la dinastía borbónica, y político-militares.

El testamento de Carlos II de España —sin descendencia— en 1700 permitió acceder al trono a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV y de la española María Teresa de Austria. Las principales potencias europeas: Gran Bretaña, las Provincias Unidas y el Sacro Imperio Romano, sin embargo, con el temor a que los Borbones extendieran su dominio sobre la herencia de los Habsburgo españoles, rechazaron como no válido aquel testamento y declararon la guerra. La llamada Guerra de Sucesión española finalizó con la victoria borbónica frente al pretendiente Archiduque Carlos de Austria -posteriormente Carlos VI, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico-, y el reconocimiento general de aquél como Felipe V, a cambio de la renuncia de éste a sus derechos al trono de Francia y de la pérdida de los territorios italianos y flamencos.

Los sucesivos Borbones españoles del siglo XVIII —Felipe V (1700-1746), Luis I (1724), Fernando VI (1746-1759), Carlos III (1759-1788) y Carlos IV (1788-1808)— aplicaron ciertas reformas en diversos aspectos, con la intención de devolver a España un lugar destacado entre los países europeos. Felipe V fue ayudado primero por consejeros franceses, que fueron sustituidos pronto por españoles pertenecientes a la primera generación de ilustrados. Los reinados de Fernando VI y Carlos III, aun con cierto impulso reformista, hicieron evidentes los límites de la acción de gobierno. El desarrollo de la América española, cuyas posibilidades económicas aún estaban por explotar en gran parte, fue una de las tareas que recibieron más atención.

Entre los años 1779 y 1783 Carlos III va a realizar un enorme esfuerzo bélico para, junto a Francia, recuperar las posesiones españolas que Inglaterra aún mantenía (Menorca y Gibraltar), y a la vez, expulsarla de América, donde sus colonias se hallaban en rebelión. De la guerra surgiría una importante alza de precios, más desde 1786, con una enorme expansión hasta fines de siglo

No obstante, se llegaría al reinado de Carlos IV con el mantenimiento de la división de la sociedad en clases y estamentos muy desiguales, con poderosas influencias y privilegios legales de dos: la nobleza y el clero, contrapuestas al espíritu de la naciente burguesía comercial e industrial.

2. Reinado de Carlos IV: marco social, político y económico.

Carlos IV (1748-1819), hijo de Carlos III y María Amalia de Sajonia, y rey de España entre 1788 y 1808, llegó al trono con cierta experiencia política, pero no tenía el talento y la energía que las circunstancias en que iba a verse envuelto requerían.

Primeros años de su reinado

Los primeros años del reinado de Carlos IV, con el gobierno en manos del conde de Floridablanca, marcaron un intento de continuidad, cada vez más controlada, del reformismo ilustrado. Se trató de dificultar la acumulación de bienes en manos muertas civiles y eclesiásticas, se tomaron medidas para impedir el acaparamiento y la especulación de grano, derivados de las crisis agrícolas, y se fomentó la libertad industrial y comercial. El periodo se caracteriza por la oposición radical a las ideas de la Revolución Francesa y por las medidas de "cordón sanitario", destinadas a impedir su penetración en España.

El conde de Aranda, sucesor de Floridablanca, tendrá como objetivo primordial el mantenimiento de una sólida neutralidad armada en los escasos meses que duró su gestión, desde febrero de 1792 hasta octubre.

Por su parte, los sucesos revolucionarios franceses ocurridos en 1789, asustaron a los dirigentes españoles, que hasta entonces habían seguido la trayectoria borbónica reformista, para modernizar el país y acercarlo a Europa.

El gobierno de Godoy

A partir de este momento y salvo un corto intervalo, Manuel Godoy dominó el panorama político español; los acontecimientos precipitaron su ascenso desde la Secretaría de Estado. Godoy era una persona introducida en los ambientes de la corte, un hombre de ideas ilustradas que se mostraba tradicional y antirrevolucionario en lo que afectaba a la estructura política del Estado. No contaba, sin embargo, con la simpatía de los círculos de la ilustración española. Tampoco con las de la nobleza e Iglesia, que desde la muerte de Carlos III se habían quejado del opresivo sistema dictatorial de los ministros de Carlos IV.

El progreso de las reformas, aunque con sobresaltos, continuó. Adquirió un gran desarrollo la obra cultural emprendida durante el gobierno de Carlos III, y surgen nuevas instituciones de corte moderno como el Real Colegio de Medicina o el Observatorio Astronómico, junto con no pocas escuelas de Artes y Oficios. La promoción de las manufacturas o el fomento de las Sociedades Económicas marcaron, también, una línea de continuidad de la política ilustrada.

Pero el gobierno de Godoy tuvo una piedra de toque fundamental en sus relaciones con la Francia revolucionaria, que determinaron la política interior y exterior, extraordinariamente unidas. Esta circunstancia, agravada por la muerte de Luis XVI en enero de 1793, dio lugar a largos años de desastrosa guerra. En una primera fase, España emprendió una acción militar contra la Convención Francesa, que se saldó con la Paz de Basilea. Posteriormente entró en la órbita de Francia, lo que implicó, después de la firma del pacto de San Ildefonso (1796), la ruptura con Inglaterra. La lucha planteada en el mar en los años siguientes le fue desfavorable. Además, Godoy se vio en la difícil situación de tener una alianza con Francia y un combate interior de las ideas de la revolución. Todo ello provocó, entre 1798 y 1800, su caída.

Vuelto al poder, intentará desvincularse de la política francesa, en manos ya de Napoleón, sin demasiado éxito, hasta que en 1804, la aparición del partido fernandino, liderado por el príncipe de Asturias, le orientó de nuevo a la colaboración con el país vecino. La alianza trajo la guerra, y ésta el desastre de Trafalgar, que supuso un golpe durísimo para la marina española.

Por otra parte, se sufría una creciente alza de precios hasta 1804, impulsada por la referida expansión económica, pero también por la impresión de billetes, el traspaso de los límites del presupuesto, y el recurso al endeudamiento público (empréstitos). En 1804-1806 comienza la fase depresiva del ciclo económico, que causaría altibajos que desequilibran profundamente la sociedad española, y crean profundo malestar social.

3. Abdicación de Carlos IV e inicio de la guerra de la independencia española.

Napoleón Bonaparte, quien había ascendido desde general del ejército francés -con notables éxitos- y tras un golpe de Estado hasta cónsul vitalicio con poder absoluto, y luego emperador, había pactado (Tratado de Fontainebleau, 27 de octubre de 1807) con el rey español Carlos IV —a través de su valido Manuel Godoy— la ocupación de Portugal, a fin de hacer efectivo el bloqueo continental (comercial) contra Gran Bretaña (llamado Sistema Continental). Así los franceses (mariscal Dupont con 24.000 hombres) entraban en España como aliados, pero pronto decidieron controlar militarmente el país. Para asegurarse la menor resistencia posible, Napoleón, mediante la trampa de actuar de árbitro entre padre e hijo -ante los desacuerdos puestos de manifiesto entre ellos con ocasión de los sucesos de 1808 (motín de Aranjuez, comentado más abajo)- consiguió que ambos se trasladasen hasta Bayona. De este modo su objetivo era paralizar al Estado español, desbancar a la dinastía Borbónica y sustituirla por la napoleónica, concretamente por el hermano de Napoleón, quien pasaría a ser el rey José I. Forzados Carlos y su hijo tanto por la presencia de tropas francesas en España, como por su inesperado cautiverio, ambos tuvieron que abdicar a favor de Napoleón entre el 5 y el 6 de mayo de 1808 en Bayona. Para completar el descabezamiento se pretendía trasladar a toda la familia real hacia el cautiverio, incluido el infante don Antonio que había quedado al frente de una Junta de Gobierno.

Guerra de la Independencia española, (1808-1814).

El 3 de mayo de 1.808 en Madrid

El levantamiento contra los franceses tuvo lugar de forma espontánea el 2 de mayo por la mañana. España estaba sin gobierno y buena parte ocupada militarmente. De las viejas autoridades únicamente se podía contar con los capitanes generales de Zaragoza: José de Rebolledo Palafox, y de Valladolid: Gregorio García de la Cuesta. De forma espontánea, el pueblo recuperó la soberanía: por todas partes surgían Juntas Provinciales, las cuales crearon a su vez una Junta Suprema Central (25 de septiembre de 1808). Entre mayo y junio toda España se había levantado en armas.

4. Fases de la guerra.

En cuanto a los efectivos iniciales, los franceses contaban con unos 100.000 hombres que ocupaban buena parte de la mitad norte de España, salvo Asturias y Galicia. El Ejército español disponía de unos efectivos similares, aunque con un material anticuado.

Entre junio y octubre tuvo lugar la primera fase de la contienda, cuyo hecho de armas más relevante fue la inesperada victoria española en Bailén con el general Francisco Javier Castaños (19 de julio).

Napoleón, sorprendido por la derrota que echaba por tierra el mito de su imbatibilidad, decidió emplearse a fondo. Vino personalmente a España al frente de un impresionante Ejército de 150.000 hombres. Daban comienzo las campañas de 1809, con suerte adversa para las tropas españolas y sus aliadas luso-británicas. En este contexto surgió la guerra de guerrillas, invención española a fin de desgastar continuamente y a través de los medios más diversos a los franceses, llamados despectivamente “gabachos”. El resultado fue que buena parte del Ejército francés tuvo que emplearse en labores de policía. En esa lucha se cometió grandes crueldades por ambos bandos. Era la guerra total que provocó una dura guerra de nervios.

En 1810 los franceses llevaron a cabo un redoblado esfuerzo para acabar con la contienda española. Las fuerzas desplazadas se aproximaron a los 270.000 hombres. Sin embargo cosecharon un doble fracaso: no pudieron tomar Cádiz (sede de las constituidas Cortes) ni tampoco Lisboa, la capital portuguesa.

Durante 1811 y 1812 tuvo lugar una guerra de desgaste. El papel de la guerrilla fue decisivo. Además, Napoleón se vio obligado a sacar tropas de España para el frente ruso. De todas formas, aún permanecían en territorio peninsular unos 200.000 hombres. Era el momento en que el general británico Arthur Colley Wellesley, más tarde duque de Wellington, conseguía los primeros éxitos: Salamanca y Arapiles (junio-julio de 1812). José I se vio obligado a abandonar Madrid y trasladar la corte a Valencia. Andalucía quedaba definitivamente liberada.

La última fase comprendió los años 1813 y 1814. Los franceses conservaban un Ejército de 100.000 hombres. Los españoles contaban con 130.000 más los 70.000 de los ejércitos anglo-portugueses mandados por Wellington. En la primavera de 1813 José I fijó la corte en Valladolid. Pronto tuvo que retirarse ante el Ejército aliado que avanzaba por el valle del Duero. Los franceses fueron derrotados en Vitoria (junio), Pamplona (agosto), San Marcial y San Sebastián (septiembre). Las tropas aliadas anglo-españolas conseguían penetrar en territorio francés: Tarbes y Toulouse (marzo-abril de 1814). Fernando VII ya había sido liberado por Napoleón tras la firma del Tratado de Valençay (18 de diciembre de 1813). El rey cruzó la frontera el 24 de marzo de 1814. El 11 de abril se firmó el armisticio con el jefe de las tropas francesas en la península Ibérica, Nicolas Soult, lo que puso fin a una dura guerra de casi seis años.

Por otra parte, debe ser destacado algo también importante: que a la vez que se luchaba contra Francia, aparecía otro problema grave, la emancipación de las colonias americanas, con lo que el mismo problema se presentaba por partida doble: ruptura del Antiguo Régimen en España, quiebra del Antiguo Régimen en América. Los criollos, o sea, la burguesía colonial, no quisieron saber nada de la ayuda que la España peninsular reclamaba para su guerra, con lo que, a partir de 1810, España perdió el mercado del Río de la Plata.

Desde el punto de vista económico, la guerra fue desastrosa: las tropas francesas vivieron a costa del país, con saqueo de riquezas que llevaron a Francia. La agricultura decayó intensamente, y aparecieron hambres generalizadas. Ello coincidió después con un hundimiento de precios desde 1814, de lo que no se recuperaría hasta mucho más tarde. También sobrevino la paralización del comercio exterior e interior, y se sufrió las cargas impuestas por los invasores a los patriotas, que paralizaron el ritmo ascendente de los más dinámicos.

El país había quedado materialmente destrozado y la sociedad desvertebrada, pero aún con gran presencia de las fuerzas estamentales que pronto, con la vuelta de Fernando VII, recondujeron la situación hacia los viejos moldes volviendo a un más férreo absolutismo, como se explicará posteriormente.

5. Guerra y revolución liberal. Las Cortes de Cádiz: Constitución de 1812.

Tras las abdicaciones de Bayona de Carlos IV y Fernando VII, España mantuvo entre 1808 y 1814 una dualidad de poderes donde convivieron traumáticamente los partidarios de la solución oficial encabezada por el rey José I, hermano de Napoleón, y un pueblo alzado en armas contra el invasor francés. Durante la guerra, el Consejo de Regencia, constituido en España para oponerse al gobierno de José I, reunió Cortes en Cádiz (1810), las cuales declararon "único y legítimo rey de la nación española a don Fernando VII de Borbón", así como nula y sin efecto la cesión de la Corona a favor de Napoleón. La ausencia de aquél de España durante estos años explica su sobrenombre de “el Deseado”. En medio de tanta confusión y vacío de poder, una minoría de españoles sabrá aprovechar la delicadeza del momento para, en lugar de reclamar el retorno de `El Deseado', acabar con el viejo orden y dar una réplica constitucional al Estatuto de Bayona, la carta otorgada y jurada por José I en julio de 1808.

Y es que al mismo tiempo que se estaba llevando a cabo una guerra de independencia, tenía lugar una revolución liberal “paralela”. Los cambios protagonizados tanto por la Junta Suprema Central (desde el 25 de septiembre de 1808 hasta el 27 de enero de 1810), las Regencias (del 27 de enero de 1810 al 4 de mayo de 1814) y sobre todo por las Cortes de Cádiz, fueron decisivos. Allí se irá fraguando, a partir de 1810, una importante reforma política, cuyo fruto más granado fue la Constitución aprobada el 19 de marzo de 1812 -llamada popularmente, por la festividad de dicho día, “la Pepa”-, primera en la historia de España y una de las primeras del mundo. Ante la sorpresa de muchos, este atrasado país mediterráneo, típico representante del Antiguo Régimen, se convirtió de la noche a la mañana en abanderado del liberalismo constitucional, con innegable proyección exterior, sobre todo en la órbita americana.

Frente a la representación orgánica propia del viejo ordenamiento, el nuevo texto constitucional defendió, siguiendo claros postulados liberales, el carácter inorgánico proporcional a la población, que identificaba a los diputados a Cortes con los intereses generales y no con los de un estamento concreto. La proclamación del sufragio universal para los varones mayores de 25 años con vistas a la elección del Parlamento unicameral, aunque se reguló mediante un sistema indirecto a cuatro grados (electores de parroquia, de partido, de provincia y diputados) que desvirtuaba en parte la generalidad del proceso, supuso un vuelco transcendental con el pasado. Lo mismo ocurría con el reconocimiento de principios políticos tales como la soberanía nacional y la división de poderes en la terna ejecutivo, legislativo y judicial, sin ningún tipo de interferencias (incompatibilidad entre el cargo de diputado y el de secretario de Despacho, equivalente a ministro), junto a otras novedades que configuran este abultado corpus (384 artículos) de gran calado constitucional y que, de forma intencionada, preveía su propia reforma de manera muy rígida, para facilitar su estabilidad. Se llevó así a cabo una profunda reforma política —la misma Constitución y toda otra serie de leyes (Libertad de prensa de 1810 entre muchas otras)—, el desmantelamiento de la sociedad estamental —reforma de la Iglesia, reforma militar, abolición del régimen señorial, libertad industrial y comercial y muchas otras medidas de signo liberal.

6. El regreso de Fernando VII: la restauración del absolutismo.

En 1814, acabada la guerra, Fernando VII regresó a España. A pesar de las precauciones aducidas, la realidad del país discurrirá por otros derroteros. La monarquía limitada derivada de la regulación constitucional no encajaba con el absolutismo natural del nuevo rey. En Valencia, un grupo de diputados, presidido por Mozo de Rosales, le presentó un documento, el denominado Manifiesto de los Persas, en el que le aconsejaban la restauración del sistema absolutista y la derogación de la Constitución elaborada en las Cortes de Cádiz (1812). Fernando VII, con el apoyo del Ejército, da un golpe de Estado: anula la Constitución liberal de Cádiz, y vuelve a un régimen absolutista. Es el reflejo de una primera victoria eventual del Antiguo Régimen.

La primera etapa de su gobierno, de carácter absolutista (1814-1820), estuvo marcada por una depuración de afrancesados y liberales y por los intentos, fracasados la mayoría, de mejorar la situación económica y reformar la Hacienda. Por otra parte, en las colonias de América, durante 1818-1820, después de las campañas del libertador Bolívar, se abandonó los grandes intereses de cacao en Venezuela y Colombia y en 1825, tras la batalla de Ayacucho, las minas del Perú, como antes también perdió las de Méjico.

Del seno del Ejército partieron pronunciamientos liberales, como el de Rafael del Riego (1820), en Cabezas de San Juan (Sevilla), con las fuerzas que formaban el Ejército preparado para embarcar rumbo a América. Tal pronunciamiento, seguido por otras guarniciones del país, obligó al rey a jurar la Constitución.

7. Los vaivenes posteriores y la cuestión sucesoria.

El Trienio Liberal

El Trienio Liberal o Constitucional (1820-1823) fue la segunda etapa del reinado de Fernando VII. En ella, pese a la poco disimulada oposición del monarca, se continuó la obra reformista iniciada en 1810: abolición de los privilegios de clase, supresión de los señoríos, abolición de los mayorazgos, supresión de la Inquisición, preparación del Código Penal y recuperación de la vigencia de la Constitución de 1812. La histórica frase pronunciada por Fernando VII tras el levantamiento de Rafael del Riego, “marchemos todos francamente y yo el primero por la senda constitucional”, pronto se demuestra incompatible con sus verdaderas intenciones. Desde 1822, toda aquella política reformista tuvo su respuesta en una contrarrevolución surgida en la corte, la denominada Regencia de Urgell, con el apoyo de elementos campesinos y, en el exterior, con el de la Santa Alianza, que desde el corazón de la Europa reaccionaria defendía los derechos de los monarcas absolutos.

La ominosa década.

El Congreso de Verona (octubre-noviembre de 1822) decidió reclamar al gobierno de Madrid el restablecimiento de la plena autoridad del rey. En caso contrario, quedaba abierta la puerta a la intervención militar. Ésta se materializaba el 7 de abril de 1823, cuando entraron en España las tropas francesas mandadas por el general duque de Angulema, los “Cien Mil Hijos de San Luis”, a los que se sumaron tropas realistas españolas. Sin apenas oposición, el absolutismo fue restaurado, y se abría paso al segundo período absolutista del reinado de Fernando VII. Características de esta “ominosa década” (1823-34): la inestabilidad y carencia de una orientación clara y definida, con un monarca atento especialmente a no ver de nuevo dañado su poder personal. La situación general se veía afectada además por la pérdida de la inmensa mayoría de las colonias americanas, que intensificaron su lucha secesionista y, tras una dura contienda que concluyó en la batalla de Ayacucho (diciembre. 1824), se emancipan. Así pues, al cierre de este primer tercio del siglo XIX, del viejo imperio ultramarino apenas restan Cuba y Filipinas, en vías de segregación.

Durante el período se habían practicado ciertas depuraciones (“`purificaciones”), un ejemplo de la represión ejercida con los liberales, como también en su momento con los afrancesados, muchos de los cuales inauguraron un continuo exilio político de signo diverso, convertido luego en una práctica frecuente de la España contemporánea.

Los años finales del reinado se centraron en la cuestión sucesoria. Desde 1713 estaba vigente la Ley Sálica, que impedía reinar a las mujeres. En 1789, las Cortes aprobaron una Pragmática Sanción que la derogaba, pero ésta no fue publicada hasta 1830, cuando el rey, en su cuarto matrimonio, con María Cristina de Borbón, esperaba un sucesor. Poco después, nació la princesa Isabel. En la corte se formó entonces un grupo de 'realistas puros', que defendían la candidatura al trono del hermano del rey, don Carlos María Isidro de Borbón, y negaban la legalidad de la Pragmática publicada en 1830. En 1832, durante una grave enfermedad del rey, cortesanos carlistas convencieron al ministro Francisco Tadeo Calomarde, quien logró que Fernando VII firmara un Decreto derogatorio de la Pragmática, que dejaba otra vez en vigor la Ley Sálica (recuperando el Reglamento de 1713). Parece que este grupo estaba respaldado por los embajadores de Austria, Cerdeña y Nápoles. Además, las potencias de la Santa Alianza temían la instauración de una España liberal, justo cuando la Revolución francesa de julio de 1830 había alterado el status político europeo.

Con la mejoría de salud del rey y la destitución de Calomarde, el gobierno dirigido por Francisco Cea Bermúdez puso de nuevo en vigor la Pragmática, con lo que, a la muerte del rey, el 29 de septiembre de 1833, quedaba como heredera su primogénita Isabel (Isabel II), cuyo reinado hubo de comenzar por resolver el conflicto que se transformó en la primera Guerra Carlista.

8. Posterior evolución y conclusiones:

Tras la muerte de Fernando VII en 1.834, el conflicto entre los partidarios de Isabel II, hija de la regente María Cristina de Borbón y heredera del trono por la Pragmática Sanción de Fernando VII, que derogaba la Ley Sálica, y los partidarios de Carlos María Isidro, hermano del monarca y presunto sucesor a la corona hasta el final del reinado, daría lugar a las tres guerras civiles entre carlistas y liberales a lo largo de ese siglo.

En principio, el liberalismo político triunfó con Isabel II, y acometió importantes cambios en la economía española: movilización de propiedades agrícolas, imposición legal de la libertad de trabajo para todos, y preocupación administrativa por asuntos económicos y estadísticos: creación del ministerio de Fomento, organización de exposiciones, preocupación específica por la economía nacional... Sin embargo, posteriormente resurgiría el poder tradicionalista, más limitado por las precedentes experiencias liberales, con lo que se sucederían a lo largo del siglo y posteriormente con cierta alternancia, ambos tipos de gobierno

Un enfoque del conflicto español de 1808, más general que lo de inmediato cabría concluir -españoles contra franceses, invasores éstos frente al pueblo resistente y finalmente triunfante-, reconocería en el mismo una representación a escala española de los principales conflictos y contradicciones en los aspectos esenciales de la escena internacional de la época: la ilustración y el movimiento renovador burgués frente al Antiguo régimen, las Alianzas militares internacionales y sus vaivenes a lo largo del período, económicos, luchas por la progresiva independización de las colonias americanas -donde triunfaba la nueva estructura social-, conflictos sucesivos monárquicos, etc. En consecuencia, no cabe considerar la Guerra de la Independencia como un hecho o proceso aislado, o con causas propias, sino más bien como un resultado de las principales fuerzas sociales, políticas y económicas que actuaban en Europa (escenario esencial del mundo de esa época). Más concretamente, se manifestaban las contradicciones entre los intereses sociales y económicos más vigentes: la oposición entre la sociedad tradicional, defensora de los privilegios feudales, incluyendo el absolutismo monárquico o el inmovilismo religioso, y el movimiento renovador impulsado por la naciente burguesía comercial e industrial, defensora del liberalismo económico y político. Ante tales conflictos, la situación española de partida era claramente regresiva, con gran predominancia de las fuerzas tradicionalista o conservadoras. Sin embargo, los hechos que condujeron a la propia guerra y ésta misma precipitaron los acontecimientos y actuaron como “chispa” detonante sobre aquellas contradicciones para que se acelerara el ritmo en que se sucedieron los hechos sociales y políticos y se alcanzase, en un período muy corto, y sin un expreso movimiento revolucionario, una de las primeras Constituciones liberales del mundo. A pesar del retroceso político posterior, dicho proceso manifestó en sí mismo una quiebra del Antiguo Régimen como institución perdurable, y su crisis definitiva, conflicto que se prolongó o proyectó largamente en el tiempo.

14

14