VI. EL FRANQUISMO EN CRISIS, 1973-1975

El gobierno Arias

Las tensiones en torno al nombramiento de un nuevo presidente del gobierno pusieron de manifiesto tanto la latente crisis interna del régimen como la creciente influencia sobre Franco (le su círculo familiar, lo que Paul Preston ha denominado la «carnarilla de El Pardo». Torcuato Fernández Miranda aparecía como uno de los más sólidos candidatos: había estado a la altura (le las circunstancias en los momentos difíciles tras la muerte de Carrero y tenía la plena confianza de Juan Carlos, que al parecer incluso sugirió su nombre a Franco. Sin embargo, el anciano dictador prefería a su viejo amigo el almirante Pedro Nieto Antúnez, aunque para algunos era un candidato demasiado próximo a los planteamientos reformistas de Fraga. Al final la designación recayó en Carlos Arias Navarro, al que acompañaron en la preceptiva terna del Consejo del Reino José Solís Ruiz y José García Hernández. Según diversos testimonios la intervención de Carmen Polo fue decisiva, pues llegó a decir a Franco: «Nos van a matar a todos como a Carrero. Hace falta un presidente duro. Tiene que ser Arias. No hay otro».

Arias formó gobierno conservando algunos ministros del gabinete de Carrero, pero introduciendo también sustanciales cambios. En primer lugar, cabe destacar la exclusión de los tecnócratas opusdeístas, con López Rodó a la cabeza, una exclusión que no se limitó al Consejo de Ministros sino que se repro­dujo en los niveles superiores de la administración del Estado, y que fue interpretada como un ajuste de cuentas desencadenado por los marginados en 1969. El gobierno presidido por Arias tuvo tres vicepresidentes, el primero y ministro de la Gobernación, el falangista José García Hernández, antiguo colaborador de Camilo Alonso Vega, el segundo y ministro de Hacienda, Anto­nio Barrera de Irimo, y el tercero y ministro de Trabajo, Licinio de la Fuente. Para dirigir la cartera de Asuntos Exteriores fue lla­mado el diplomático Pedro Cortina Mauri, y la de Información y Turismo fue confiada a Pío Cabanillas, Un antiguo colabora­dor de Fraga identificado con posiciones reformistas, posiciones también compartidas por el subsecretario de la Presidencia, Anto­nio Carro Martínez, quien por su parte promovió a notables res­ponsabilidades en diversos ministerios a jóvenes católicos vin­culados a la ACNP -entre otros, Marcelino Oreja y Landelino Lavilla-, miembros del colectivo «Tácito», que desde 1972 difun­dían sus opiniones políticas mediante artículos publicados en el diario católico Ya. Continuaron en el gabinete, aunque cambiando de cartera, ministros de Carrero como José Utrera Molina, desig­nado secretario general del Movimiento, y Cruz Martínez Este­ruelas, destinado ahora a Educación; y en la misma cartera Ruiz Jarabo y Allende García-Baxter, así como los responsables de las carteras militares, con un único cambio en el Ministerio del Aire, confiado a Mariano Cuadra Medina. La cartera de Rela­ciones Sindicales fue puesta en manos de un funcionario de la organización, Alejandro Fernández Sordo. Nuevos titulares se encargaron también de los ministerios económicos, la mayoría con perfil esencialmente técnico: Alfredo Santos Blanco -Indus­tria-, Joaquín Gutiérrez Cano -Planificación del Desarrollo-, y Nemesio Fernández Cuesta -Comercio-. Un fiscal con expe­riencia en el Ministerio de la Gobernación, Luis Rodríguez de Miguel, fue encargado del Ministerio de la Vivienda.

El nuevo gobierno Arias tenía planeados serios retos políti­cos y sociales, pero también económicos. En 1973 el incremento del precio del petróleo, al que siguió el de otras materias primas, fue el factor desencadenante del inicio de una crisis generalizada en las economías capitalistas, que tuvo efectos inmediatos sobre la economía española. Las tensiones inflacionistas, presentes en la larga etapa de crecimiento, reaparecieron con fuerza, al mismo tiempo que actividades especialmente vulnerables al cambio de cielo económico, como el turismo, se resintieron de la nueva coyuntura, lo que repercutió en otros sectores -como la construcción- muy vinculados a aquél. El incremento de los precios contribuyó, por otra parte, al crecimiento de las demandas obre­ras de alzas salariales, en un contexto de notable tensión social. Pronto aparecieron los primeros signos de crisis industrial, pri­mero con la suspensión generalizada de «horas extraordinarias», después con expedientes de regulación de empleo y con el rápido aumento del paro. Aparecía así en el escenario una situación de crisis económica, que por otra parte pondría pronto en eviden­cia importantes malformaciones en la economía española, deri­vadas de las políticas «desarrollistas» seguidas en los años ante­riores de expansión sostenida. Una crisis que aparecía en el momento más inoportuno para los dirigentes franquistas, que debían hacer frente a una notable conflictividad social y una tensa situación política, además cuando ambas podían con facilidad agravarse como consecuencia del impacto de la crisis económica o de las políticas restrictivas que debían adoptarse.

El gobierno Arias ofrecía una curiosa mezcla de reformismo e inmovilismo difícil de compatibilizar; tan difícil como los plan­teamientos moderados y «aperturistas» de Pío Cabanillas por una lado, y la beligerancia falangista de Utrera Molina por otro. En un principio pareció que la política gubernamental se inclinaba hacia lo que se denominó «aperturismo», es decir, hacia el ini­cio de una política que contemplara «abrir» el régimen, hacerlo más tolerante, especialmente en los campos de la información y de la cultura, y ensanchar las vías de participación política de los españoles, todo ello sin pretender un cambio que iniciara el camino hacia la creación de un legalidad y unas instituciones democráticas.

El 12 de febrero de 1974, Arias Navarro pronunció un dis­curso en las Cortes que confirmaba esa tendencia. Arias afirmó que el gobierno se comprometía a «acometer todas las medidas de desarrollo político», de acuerdo con las leyes del régimen. Lo que denominó «el consenso nacional en torno al Régimen», que «en razón de circunstancias históricas de excepción», se expre­saba en forma de adhesión a Franco, debería expresarse en el futuro «en forma de participación». El presidente Arias afirmaba que no habría exclusiones, excepto «aquellos que se autoexcluyan en maximalismos de uno u otro signo; por la invocación de la violencia; por el resentimiento y el odio; por la pretensión bár­bara de partir de cero; por la elección de vías subversivas para postular la modificación de la legalidad». El gobierno, añadía, deseaba que las exclusiones fueran mínimas, porque «nuestro afán es sumar y no restar; aunar voluntades y no excluir; respe­tar opiniones y no forzarlas». Como compromisos concretos, Arias anunció una nueva ley de régimen local, que permitiría la elección de alcaldes y presidentes de las diputaciones, el desa­rrollo de la Ley Sindical, y un estatuto regulador del derecho de asociación, a fin de promover «la ordenada concurrencia de cri­terios, conforme a los principios y normas de nuestras leyes fun­damentales».

Con el discurso de Arias nació el denominado «espíritu del 12 de febrero». Tanto el lenguaje como algunos contenidos eran ciertamente novedosos. En este sentido no cabe duda que la inter­vención de Arias fue un claro éxito para el sector reformista del gobierno. Los objetivos y los compromisos gubernamentales fue­ron, en general, bien recibidos por todos los sectores del régi­men que propugnaban la realización de reformas, convencidos ya de que el inmovilismo era inviable a medio plazo y del todo inconveniente, incluso peligroso, a corto plazo. En la mayor parte de los medios de comunicación el aperturismo anunciado fue apoyado y estimulado. Sin embargo, era evidente que no se estaba ante un proyecto que propiciase un cambio democratizador. El aperturismo anunciado por Arias no iba más allá de una limitada reforma del régimen que en ningún caso se proponía modificar sus Principios y Leyes Fundamentales, aunque Arias afirmara que «la más exacta y cabal manifestación de lealtad consiste en saber actualizar la vigencia de unos Principios Fundamentales per­manentes, buscando su traducción exacta a las demandas de una sociedad cambiante». En el orden político, como en el laboral y sindical, cabía «todo lo legítimo», dijo Arias, pero «quien se coloque fuera de esos cauces demostrará con su propia conducta que está pretendiendo algo ilegítimo». En el fondo, el gran pro­blema, incluso para los aperturistas, era que el franquismo era muy difícilmente reformable, y además que cualquier limitada apertura podía abrir poderosas brechas que amenazaran seria­mente al régimen. La mayor parte de la oposición democrática era consciente de los límites del aperturismo, y de ahí su nula confianza en la iniciativa gubernamental. Una iniciativa que, por otra parte, fue recibida con sorpresa y desconcierto por los sec­tores inmovilistas, especialmente por los sectores ultrafranquis­tas más radicales, que empezaban a ver traidores y desertores por todas partes, y que protagonizaban una violencia escuadrista cada vez mayor.

Los límites del aperturismo

El «espíritu del 12 de febrero» fue pronto puesto a prueba. El día 24 de aquel mismo mes, una homilía del obispo de Bil­bao, Antonio Añoveros, provocó una insólita reacción guberna­mental y abrió una crisis no menos excepcional entre el gobierno español y la Iglesia católica. La homilía de Añoveros afirmaba que «el pueblo vasco tiene unas características propias de tipo cultural y espiritual, entre las que destaca su lengua milenaria. Esos rasgos peculiares dan al pueblo vasco una personalidad específica, dentro del conjunto de pueblos que constituyen el Estado español actual». Como todos los pueblos, el vasco «tiene el derecho de conservar su propia identidad, cultivando y desa­rrollando su patrimonio espiritual», pero «en las actuales cir­cunstancias» serios obstáculos lo impedían. «El uso de la len­gua vasca, tanto en la enseñanza, en sus distintos niveles, como en los medios de comunicación [ ... ] está sometido a notorias res­tricciones», y las «diversas manifestaciones culturales se hallan también sometidas a un discriminado control.» Ante tal situa­ción, la Iglesia exhortaba y estimulaba «para que se modifiquen convenientemente, conforme a los principios indicados y con­ciliares, las situaciones en nuestro pueblo». El gobierno consi­deró que la homilía contenía un «gravísimo ataque a la unidad nacional» y procedió al arresto domiciliario del obispo y del vica­rio general de la diócesis, ordenando a continuación la expul­sión del país del prelado, para lo que fue enviado un avión a Bil­bao con el fin de trasladarlo fuera de España. Añoveros rechazó la orden de expulsión, obteniendo el apoyo de la mayoría de la jerarquía eclesiástica. El conflicto estaba servido: para obligar el cumplimiento de la orden de expulsión el gobierno debería recurrir al uso de la fuerza, pero si ésta se utilizaba contra el pre­lado las autoridades franquistas podrían ser excomulgadas por la jerarquía católica. Y todo ello con la prensa informando dia­riamente de la situación creada, Finalmente el gobierno cedió, siguiendo la opinión de los ministros aperturistas y tras la inter­vención en el mismo sentido del propio Franco. El conflicto tuvo inmediatas consecuencias para el gobierno recién formado, que vio tocada su credibilidad. ¿,Cómo compaginar la nueva imagen aperturista que se había querido proyectar con una actuación represiva burda y además fallida?. Bien distintas eran las conse­cuencias para la Iglesia, que reforzaba su imagen de indepen­dencia frente al Estado y de distanciamiento de la dictadura.

Poco después un nuevo episodio afectaría de lleno la imagen del gobierno. El día 2 de marzo, tras el preceptivo «enterado» gubernamental, era ejecutado, por el procedimiento del garrote vil, el joven Salvador Puig Antich, miembro de un minúsculo grupo anarquista, el Movimiento Ibérico de Liberación, conde­nado por la muerte de un policía en el forcejeo que precedió a su detención en un consejo de guerra en el que no quedaron pro­bados en modo alguno los hechos acusatorios. El mismo día, para desvirtuar el carácter político de la ejecución, era agarrotado en Tarragona un preso común de origen polaco. A diferencia de diciembre de 1970, las peticiones en defensa de la vida de los condenados fueron infructuosas en esta ocasión; Franco se negó a ejercer el derecho de gracia. Las ejecuciones del 2 de marzo provocaron una nueva oleada de protestas contra la dictadura franquista en buena parte de los países europeos, provocando una grave quiebra en los esfuerzos tendentes a proyectar internacio­nalmente la imagen aperturista del gobierno, a escasas semanas de la queja de Tácito en el diario Ya relativa «a la imagen defor­mada proyectada por la prensa extranjera» sobre España, y a la confusión «que los corresponsales extranjeros experimentan frente al hecho español». El 14 de marzo, el Parlamento Euro­peo condenaba con rotundidad, aunque con el abierto rechazo de los parlamentarios más conservadores, «las repetidas viola­ciones por el Gobierno español de los derechos humanos y civi­les básicos» que impedían «la admisión de España en la Comu­nidad Europea». Para una parte de la sociedad española, y naturalmente para el antifranquismo, el «espíritu del 12 de febrero» era un viaje a ninguna parte.

Esta muestra de dureza no tranquilizó a los ultrafranquistas, que en abril vivieron con especial dramatismo la Revolución de los Claveles que acabó con la dictadura portuguesa, El ex minis­tro de Trabajo José Antonio Girón de Velasco, asumiendo el papel de portavoz del búnker franquista, publicó en el diario falangista Arriba un artículo con el título «Se pretende que los españoles pierdan la fe en Franco y en la Revolución Nacional», que fue rápidamente calificado como «el gironazo» por su durí­simo ataque al aperturismo. «Olvidar esto [ ... ] constituiría en nosotros una traición, y en quienes nos incitan con sus actos a ello, un crimen que no perdonaremos.» Girón reafirmaba «los valores permanentes de nuestra doctrina y de nuestro estilo», la «insobornable lealtad» a Franco, «Jefe Nacional de la revolución española, bajo cuya capitanía encontró nuestro pueblo la digni­dad de la patria, la alegría del pan y la tranquilidad de la justi­cia; queremos reafirmar que lucharemos hasta la extenuación de nuestras fuerzas humanas por el cumplimiento de los principios revolucionarios que justifican la existencia del Estado español, y que no hemos de consentir ni la frustración de ese Estado, en vida de quien lo fundó y lo encarna, ni que ese Estado se frus­tre cuando sea llamada a la tarea de continuar la obra alcanzada la persona designada para la sucesión». El artículo incluía una clara defensa de Arias y de Utrera, a quienes se quería cercar «impunemente», y una denuncia de los «falsos liberales quie­nes, infiltrados en la administración o en las esferas del poder, sueñan con que suene la vergonzante campanilla para la liqui­dación en almoneda del régimen». Meses más tarde, en un clima de agitación del búnker, Girón fue elegido presidente de la Con­federación Nacional de Ex-Combatientes. Dirigentes ultrafran­quistas como Blas Piñar también elevaron el tono de sus críti­cas contra los «enanos infiltrados» y la «prensa canallesca». Paralelamente, destacados militares ultras manifestaron su rechazo al aperturismo: como falangista, declaró el teniente gene­ral Tomás García Rebull, «no admito asociaciones de ninguna clase [ ... ] Las asociaciones son un mal peligroso para toda la sociedad; en el país lo único que puede haber son españoles». Por otra parte, militares ultras intentaron, infructuosamente, que el director de la Guardia Civil, Iniesta Cano, fuera nombrado jefe del Alto Estado Mayor.

Solamente en la prensa y en los espectáculos parecía afian­zarse el aperturismo, de la mano de Pío Cabanillas, lo que con­virtió al ministro de Información en objeto de una agresiva campaña descalificadora impulsada por los sectores ultrafranquistas. Los aperturistas del gobierno recibían, en cambio, el apoyo de los medios de comunicación críticos, que los alentaban a avan­zar más y más deprisa. Un editorial del semanario Cambio l6 de principios de mayo decía que el gobierno sabía que «el inmovi­lismo es catastrófico», y comentando al artículo de Girón aña­día: «A raíz de la crisis portuguesa, Antonio Girón de Velasco ha lanzado feroz andanada contra la política de cambio, anun­ciada por el Gobierno actual, exhortando así a una caza de bru­jas inquietante y a una peligrosa marcha atrás. Las cosas deben quedar claras: si alguien quiere conducir a España a una crisis sin salida, lo único que tiene que hacer es seguir al pie de la letra la receta de Girón. Enarbolar banderas de miedo, dar mar­cha atrás y no cambiar nada, además de contradecir frontalmente la política del Gobierno Arias, es el mejor modo de que se des­plome todo».

Pero el propio Arias se estaba encargando de desvanecer las expectativas abiertas en febrero, y no sólo con los hechos sino también con las palabras. El 15 de junio pronunció un discurso en Barcelona, en el acto de clausura de una reunión de consejos locales y provinciales del Movimiento de Cataluña, que tuvo un amplio eco, y que ha sido interpretado como un repliegue hacia posiciones inmovilistas, incluso como una claudicación ante la presión del búnker, aunque probablemente lo que pretendía Arias era que sus palabras fueran entendidas en sus exactos términos, conforme a sus reales intenciones. Así, Arias dijo que el «espí­ritu del 12 de febrero» existía, pero que «este espíritu ni puede ni quiere ser nada distinto del espíritu permanente e indeclina­ble del régimen de Franco desde su hora fundacional». Para el presidente del gobierno, el asociacionismo prometido debería desarrollarse únicamente en el marco del Movimiento. «Jamás dudaré -afirmó Arias- en ejercitar el caudal de autoridad de que he sido investido para que en los programas asociacionistas que se avecinan no se produzca la más mínima desviación. El Movi­miento es el cauce por el que necesariamente ha de discurrir la savia que ha de dar vida a nuestro desarrollo político, alejando la tentación de tener que beber en fuentes que se secaron en nues­tra Patria hace ya muchos años y que sólo regaron campos rotu­rados por la discordia y por el partidismo». Cinco días después de este discurso era destituido el jefe del Alto Estado Mayor, el teniente general Manuel Díez Alegría, al que se identificaba con una visión profesional del papel de las Fuerzas Armadas que rom­pía con su plena identificación con el régimen franquista; incluso en algún sector se había especulado respecto a su posible con­dición de Spinola español.

En esta enrarecida situación política Franco sufrió una trom­boflebitis que obligó a su hospitalización el 9 de julio. El trata­miento se vio complicado por la medicación de la enfermedad de Parkinson que padecía el dictador; el día 18 su estado gene­ral empeoró como consecuencia de una hemorragia gástrica que hizo temer por su vida, lo que decidió a Franco a traspasar inte­rinamente sus poderes a Juan Carlos. Éste se resistió inicialmente, puesto que era consciente de su escasa capacidad de maniobra y de la peligrosidad de una jefatura interina comprometida de manera inevitable con una gestión política que no controlaba, pero aceptó finalmente, entre otras cosas ante la necesidad de proceder a la ratificación de la Declaración Conjunta Hispano­ Norteamericana, negociada por Kissinger y López Rodó en diciembre de 1973, que debía realizarse en un acto protocolario del más alto nivel. La enfermedad de Franco desató numerosas especulaciones así como algunas tensiones, entre ellas las pro­vocadas por su círculo familiar, en especial por su yerno Cris­tóbal Martínez-Bordiu, que se opuso radicalmente al traspaso de poderes a Juan Carlos.

A principios de septiembre, recuperado de la crisis, Franco reasumió sus poderes, lo que fue comunicado casi por sorpresa a Juan Carlos y a Arias, dejando atrás la tentativa promovida por sectores aperturistas de proceder a realizar el traspaso pleno y definitivo de funciones de Franco a Juan Carlos.

Una conflictividad imparable

Paralelamente a las tentativas aperturistas, a las llamadas a rebato del búnker franquista y a las contradicciones guberna­mentales, la conflictividad social se disparó en 1974. Según los restrictivos datos oficiales, los conflictos laborales alcanzaron una cifra sin precedentes, con casi 700.000 trabajadores afectados por situaciones conflictivas y entre 14 y 18 millones de horas de tra­bajo perdidas. Barcelona, Guipúzcoa, Vizcaya, Asturias y Madrid concentraron las dos terceras partes de los conflictos, aunque en otras muchas provincias se desarrollaron movilizaciones obre­ras de notable impacto. Ya desde el inicio de¡ año, los informes policiales avisaban sobre el profundo malestar obrero y la mayor predisposición a la protesta. Un informe fechado el 30 de enero alertaba que los conflictos laborales continuaban aumentando «de forma alarmante», al tiempo que «los grupos de oposición, aun­que en número muy reducido en comparación con la masa tra­bajadora, se encuentran día a día más potenciados ante sus com­pañeros y hacen sentir cada vez más su influencia». Según un informe sindical de Barcelona, el trabajador «está convencido que sólo efectuando continuas presiones puede conseguir unas mejo­ras aceptables», en tanto que la memoria anual del sindicato meta­lúrgico barcelonés señalaba que el año 1974 había sido «uno de los períodos más politizados por los que ha atravesado nuestra provincia y nuestro sector siderometalúrgico, con paros, bajo ren­dimiento y otras situaciones conflictivas de larga duración con bases de muy dudosa naturaleza laboral, y lo que es más con­cluyente, con excesiva radicalización de difícil negociación». Larga duración, radicalización obrera exigiendo el reconoci­miento de los representantes de los trabajadores elegidos al mar­gen de la OSE y dureza patronal definen un nuevo conflicto en la factoría Seat, concluido en enero de 1975 con un severa repre­sión patronal y policial. En 1974 la comarca industrial del Bajo Llobregat fue protagonista de dos huelgas generales con amplio seguimiento, la primera en julio, convocada en solidaridad con los obreros de dos empresas en conflicto -Elsa y Solvay- y con el convenio comarcal del metal en negociación; en diciembre la segunda, en protesta por la política económica gubernamental.

En Guipúzcoa la conflictividad laboral fue muy intensa, favo­recida, como en Barcelona, por los ya perceptibles primeros efec­tos de la crisis económica internacional, y culminó con dos con­vocatorias de huelga general de claro signo político, una los días 2 y 3 de diciembre promovida por ETA, y otra el día 11 del mismo mes organizada por grupos radicales de izquierda -MCE, ORT, y LCR-ETA VI-. También en Vizcaya, especialmente en las gran­des empresas y durante el último trimestre de 1974, los conflic­tos laborales alcanzaron una elevada cota, obteniendo los traba­jadores muchas de sus reivindicaciones y sin pagar el precio habitual de los despidos, lo que sin duda reforzó las actitudes más combativas y el activismo sindical antifranquista en general. También en Madrid, y en provincias como Navarra o Sevilla, las situaciones conflictivas perturbaron el orden público franquista. Estos conflictos, y en particular las experiencias de Barcelona y Vizcaya, mostraban el cada vez más irresoluble dilema de las autoridades franquistas: la violencia represiva cada vez solu­cionaba menos las situaciones conflictivas y aun podía alimen­tarlas y agudizarlas; pero la transigencia estimulaba la extensión de las actitudes reivindicativas. No había salida sin un profundo cambio legal e institucional.

Como señalaban las informaciones policiales y de la OSE, la conflictividad laboral estaba creciendo favorecida por el incre­mento del número de militantes sindicales y por sus plantea­mientos más ofensivos, especialmente de las CC.OO., aunque también en otros grupos, como USO, e incluso avanzó la reor­ganización de la UGT, más allá de sus reductos en algunas zonas del País Vasco. Y todo ello a pesar que, según la información policial, «nunca como en los últimos tiempos fue tan decidida la acción gubernamental contra los clandestinos grupos revolu­cionarios», lo que se había traducido en un «meritorio esfuerzo policial» que había permitido «las abundantes desarticulaciones realizadas en numerosas zonas del país».

Paralelamente al aumento de la conflictividad laboral, las pro­testas estudiantiles no cedían, manteniéndose en las universida­des una situación de tensión política que colocaba a los dirigentes franquistas ante un también indeseable dilema: si las autorida­des académicas y políticas adoptaban posiciones permisivas, la tensión podía disminuir, pero al precio de tolerar reuniones y asambleas, carteles, publicaciones y actos de inequívoco signo antifranquista, con lo que se generaban lo que la oposición comu­nista llamaba «zonas de libertad». Por el contrario, si las autori­dades optaban por la defensa a ultranza de la legalidad política y de las normas académicas, que prohibían tales manifestaciones y las penalizaban severamente, el «desorden» estaba asegurado, con la consiguiente suspensión de clases, intervención de la poli­cía en las facultades y escuelas, y el cierre de centros. En todo caso, la universidad hacía de caja de resonancia de cualquier situación conflictiva, lo que implicaba una agitación permanente, dado el tenso clima sociopolítico. Por otra parte, como ha sido apuntado ya anteriormente, los estudiantes no eran los únicos impulsores de protestas y reivindicaciones en el ámbito univer­sitario. El joven, precario y mal pagado profesorado no nume­rario (PNN), se convirtió en un actor con creciente protagonismo en la protesta universitaria, que también contaba con el apoyo de profesores consolidados. La agitación estudiantil creció tam­bién en los centros de enseñanza secundaria de las grandes ciu­dades españolas.

La extensión de la revuelta estudiantil y universitaria contra la dictadura se produjo paralelamente al crecimiento del acti­vismo político antifranquista en estos ámbitos, fenómeno que también aparecería en los jóvenes movimientos vecinales, que empezaban a desarrollarse con fuerza reivindicando mejoras urbanas y asistenciales, especialmente en los nuevos y desaten­didos barrios de las grandes urbes, lo que generó una creciente conflictividad urbana que erosionó notablemente los poderes locales franquistas y contribuyó a la extensión de la socializa­ción antifranquista. También el activismo político fue esencial para la extensión de las actitudes antifranquistas en numerosos colectivos de profesionales como abogados, arquitectos, enseñantes o periodistas.

El activismo antifranquista seguía teniendo su primer y prin­cipal motor político en el PCE, con una clara posición hegemó­nica en las CC.OO., excepto en el País Vasco y Navarra, y con una presencia esencial en el resto de movimientos sociales y colectivos profesionales, aunque la radicalización política que estaba afectando a algunos sectores de la sociedad española favo­reció el crecimiento de los grupos de extrema izquierda, como el PCE (internacional), transformado en 1974 en Partido del Tra­bajo de España (PTE), el MCE, la ORT, Bandera Roja, la LCR y otros grupos menores. La política unitaria impulsada por los comunistas del PCE, a menudo objeto de fuertes críticas por parte de esos grupos, continuaba, sin embargo, cosechando escasos éxi­tos, al margen de la excepción ya señalada de la Asamblea de Cataluña, que en septiembre de 1974 sufrió un nuevo golpe repre­sivo, con la detención en Sabadell de 67 miembros de su comi­sión permanente, lo que si bien debilitó de manera transitoria la organización de la plataforma unitaria, contribuyó en cambio a su fortalecimiento político.

En julio de 1974, en plena enfermedad de Franco, se presentó en París un organismo, la Junta Democrática de España, que aspiraba a agrupar a toda la oposición a la dictadura con un programa mínimo de carácter democrático. Integraban la Junta el PCE, su máximo impulsor, Comisiones Obreras, personalidades independientes, incluidos monárquicos próximos a Juan de Borbón, como Rafael Calvo Serer y Antonio García Trevijano, el Partido Socialista Popular, dirigido por Enrique Tierno Galván, grupos socialistas regionales, el Partido Carlista de Carlos Hugo, el PTE y otros. La Junta Democrática propugnaba la «formación de un gobierno provisional que sustituya al actual, para restablecer las libertades, los derechos y deberes democráticos». El programa de este gobierno fijaba, como objetivos principales, la «amnis­tía de todas las responsabilidades de naturaleza política» y la «liberación de todos los detenidos por razones políticas y sin­dicales»; la legalización de «todos los partidos sin exclusiones»; la libertad sindical y la «restitución al movimiento obrero del patrimonio del Sindicato Vertical»; el reconocimiento del derecho de huelga, de reunión y de manifestación pacífica, la liber­tad de prensa, «de opinión y de información objetiva en los medios estatales», y el «reconocimiento, bajo la unidad del Estado español, de la personalidad política de los pueblos cata­lán, vasco y gallego y de las comunidades regionales que lo deci­dan democráticamente». Por último, comprometía la «celebra­ción de una consulta popular [ ... ] para elegir la forma definitiva del Estado», y la «integración de España en las Comunidades Europeas». La Junta Democrática fue presentada en París por Santiago Carrillo, secretario general del PCE, y por el monár­quico independiente Rafael Calvo Serer.

La aparición de la Junta Democrática tuvo un notable impacto, tanto en el seno del régimen como en la sociedad espa­ñola. Reunía a los grupos más importantes y más dinámicos del antifranquismo activo, encabezados por el PCE, aunque no logró integrar a grupos que, aunque eran débiles orgánicamente, aspi­raban a representar a una parte amplia de la sociedad española, como el PSOE, los liberales o los demócrata-cristianos. La ausen­cia de estos grupos de la Junta Democrática tuvo que ver, más que con serias diferencias programáticas, con los recelos respecto al liderazgo del PCE, especialmente presentes en el PSOE, preocupado además por el crecimiento de grupos socialistas al margen del histórico partido, y con los temores de liberales y demócrata cristianos por aparecer junto a organizaciones con una imagen radical. En todo caso, la aparición de la Junta, con la formación inmediata de numerosas juntas democráticas regionales y loca­les, forzó al resto de la oposición antifranquista a clarificar sus posiciones y sus propuestas. En noviembre, la policía detuvo a dirigentes opositores ajenos a la Junta -entre ellos Dionisio Ridruejo, Felipe González y Antonio García López- cuando cele­braban una reunión para discutir la formación de una plataforma unitaria, aunque fueron rápidamente puestos en libertad, mos­trando la represión diferencia] de un régimen en plena crisis.

En octubre de 1974 el PSOE celebró su XIII Congreso en Suresnes, con la presencia de una amplia representación de la Internacional Socialista, resultando elegido primer secretario Felipe González. El Congreso de Suresnes, aparte de la consoli­dación de los renovadores de] interior en la dirección, supuso el incio de una gran operación de reactivación de] partido para recu~ perar el terreno perdido tras décadas de limitada actividad; este relanzamiento se efectuó mediante una peculiar mezcla de radi­calismo retórico y acción política muy moderada que mostró una notable eficacia. En la línea de ese radicalismo retórico destaca el documento del Congreso que rechazaba la incorporación a la Junta Democrática con argumentos como que «la formulación del pacto [el de la Junta Democrática] demuestra que la alianza inter­clasista se hace desde una posición de derechas, burguesa». El PSOE, añadía, «no puede renunciar a un planteamiento de clase en la elaboración del acuerdo que tienda a la recuperación de la soberanía popular. [ ... ] Por consiguiente -concluía-, nos separan profundas diferencias hoy por hoy con la Junta Democrática».

Con la excepción catalana, la oposición antifranquista, a pesar de una básica coincidencia programática, seguía siendo incapaz de crear una amplia plataforma unitaria que multiplicara las posi­bilidades de presión sobre la dictadura. Ello constituía, sin duda, su principal debilidad, más allá incluso que su implantación limi­tada y su militancia poco numerosa. Sin embargo, ello no sig­nifica que el antifranquismo no tuviera un papel muy relevante en la crisis de la dictadura. La oposición más activa tuvo un papel esencial en el desarrollo de un conjunto de movimientos socia­les -obreros, estudiantiles, vecinales-, así como en el activismo de colectivos profesionales, que erosionaron profundamente la dictadura, y que si bien nunca alcanzaron la fuerza suficiente para provocar su caída, contribuyeron de manera efectiva a cegar las vías continuistas e incluso las limitadamente reformistas. Sin la continuada acción de estos movimientos en los que, por ejem­plo, los trabajadores reivindicaban el derecho de huelga ejer­ciéndolo, o los periodistas la libertad de prensa forcejeando con­tinuadamente con las autoridades, es muy difícil explicar los cambios en las actitudes políticas en instituciones, grupos, e incluso en sectores del personal político franquista. Por otra parte, y probablemente también en relación con la creciente conflictivi­dad social y el auge del activismo antifranquista, sectores monár­quicos liberales incrementaron su actividad. Especialmente en declaraciones a la prensa, en conferencias autorizadas, en artículos en los semanarios más prestigiosos, destacados liberales monár­quicos, como José María de Areilza o Joaquín Satrústegui, repi­tieron incansablemente que España necesitaba un cambio político, que debía ser de signo inequívocamente democrático, y que sólo la institución monárquica podía hacerlo factible.

La crisis del gobierno Arias

El día 13 de septiembre de 1974 una potente bomba explotó en una cafetería de la madrileña calle del Correo situada junto a la Dirección General de Seguridad, frecuentada por policías y por personal administrativo del Ministerio de la Gobernación, dejando un saldo de 12 muertos y más de 80 heridos. La acción terrorista fue obra de ETA, que contó con la supuesta colabora­ción de algunos antiguos militantes comunistas situados al mar­gen del partido -como la psiquiatra Eva Forest y su marido el escritor Alfonso Sastre-, lo que permitió a las autoridades inten­tar implicar e incluso responsabilizar al PCE de la matanza, por lo que éste condenó vehementemente el atentado y pidió a los abogados miembros o simpatizantes del partido que rechazaran defender a los detenidos. El atentado tuvo también consecuen­cias para ETA; agudizó hasta el punto de ruptura las diferencias entre un sector crítico con la violencia indiscriminada y parti­dario de conciliar la lucha armada con la participación en la movi­lización de masas (ETA político-militar), y el sector partidario de acciones como el atentado de la calle del Correo, considerando las víctimas inocentes como el inevitable peaje de las acciones de guerra (ETA-militar).

El atentado del 13 de septiembre aumentó la radicalización del búnker franquista, que incrementó su ofensiva contra los sec­tores reformistas del gobierno, e incluso contra el presidente Arias Navarro. En un artículo publicado en Fuerza Nueva con el título «Todo tiene un límite», Blas Piñar escribía: «Señor Presidente. Nos autoexcluimos de su política. No podemos [ ... ] colaborar con usted, ni siquiera en la oposición [ ... ]. No queremos ni obedecerle ni acompañarle. Pero fíjese bien en quiénes le acompañan y adónde le acompañan. Piense si le dirigen o le empujan. Y no se lamente al final si contempla cómo ese tipo de democratización que tanto urge se levanta sobre una legión de cadáveres, de los que son anun­cio y adelanto, cuando esa democratización se inicia, los que saca­ron de los escombros el 13 de septiembre del corazón mismo de la capital de España». Al mismo tiempo, el ataque contra los minis­tros aperturistas, y particularmente contra Pío Cabanillas, se rea­lizaba también desde el propio gobierno, desde el Ministerio de la Gobernación y desde el entorno de la Secretaría General del Movimiento, y públicamente desde los periódicos del Movimiento Arriba y Pueblo, este último bajo la dirección de Emilio Romero, uno de los periodistas más influyentes del régimen.

En este tenso clima, el 29 de octubre se celebró el acto con­memorativo del aniversario de la fundación de la Falange en el Consejo Nacional del Movimiento. Bajo la presidencia de Franco, acompañado por Juan Carlos y el gobierno, el consejero nacio­nal Francisco Labadie Otermín pronunció un duro discurso denunciando el intento de destruir la legitimidad histórica del 18 de julio, para erosionar al régimen desde sus raíces y proceder a una revisión total de las Leyes Fundamentales. Frente a ello Labadie Otermín llamó a la defensa a ultranza de la dictadura: «Yo proclamo aquí con energía dos verdades políticas que no estamos dispuestos a someter a debate ni a consideración elec­toral: que ganamos una guerra para construir un nuevo Estado que transformara revolucionariamente unas estructuras sociales y económicas insoportables, y que defenderemos con uñas y con dientes si es necesario la legitimidad de una victoria que es hoy patrimonio de todo el pueblo español. [...] No admitiremos des­lealtades ni traiciones a la patria. 0 se está con el pueblo y su destino o se está contra el pueblo y contra España».

En ese final de octubre la crisis del gobierno Arias era ya ine­vitable. Pío Cabanillas, auténtica «bestia negra» para los ultrafranquistas, fue cesado por Arias con la conformidad de Franco, que estaba impresionado por los informes que inmovilistas y ultras le hacían llegar sobre el relajamiento de la censura en todos los planos, e irritado por las informaciones periodísticas de un escándalo económico relativo a la desaparición de cuatro millo­nes de litros de aceite de oliva, en el que estaba implicada una empresa, Reace, en la que participaba el hermano del Caudillo Nicolás Franco. Pero la destitución del ministro de Información tuvo efectos no previstos inicialmente por Arias: la dimisión de Antonio Barrera de Irimo, vicepresidente segundo y minis­tro de Hacienda, y la de un grupo de altos cargos, especialmente del Ministerio de Información, como Marcelino Oreja, Ricardo de la Cierva, Fernando Castedo, entre otros. También hubo otras dimisiones, como la del presidente del INI, Francisco Fernán­dez Ordóñez. Para una parte notable de los reformistas, entre ellos los miembros del grupo Tácito, así como para muchos observa dores políticos, la crisis gubernamental significaba la muerte del aperturismo anunciado el 12 de febrero.

León Herrera Esteban, como Cabanillas antiguo colaborador de Fraga, era subsecretario de la Gobernación cuando fue nom­brado nuevo ministro de Información y Turismo, en tanto que para dirigir la cartera de Hacienda fue designado un técnico, Rafael Cabello de Alba. Al parecer Arias intentó sustituir a Utrera Molina y a Ruiz Jarabo, para mantener una cierta imagen de equi­librio en el gabinete, pero Franco se negó rotundamente. En los meses siguientes, y a lo largo de 1975, la política del nuevo minis­tro de Información provocó una oleada de sanciones -multas, secuestros de ediciones, cierres temporal de publicaciones- que padecieron revistas como Cambio 16, Triunfo, Posible, Gaceta del Derecho Social, Doblón, Andalán, Sábado Gráfico, El Euro­peo, entre otras, así como publicaciones humorísticas como Por Favor, La Codorniz o Hermano Lobo. León Herrera declaró, en mayo de 1975, que «todas las libertades tienen sus límites», y al parecer buena parte de los medios de comunicación escritos los habían sobrepasado según los dirigentes franquistas.

Ante una nueva e irreparable erosión de su limitada credibi­lidad, Arias comprendió que debía recuperar la iniciativa polí­tica con el tema que había polarizado la atención del personal político franquista durante más de una década: el asociacionismo. Así, el gobierno decidió impulsar la aprobación del prometido estatuto de asociaciones políticas. En los meses anteriores se habían elaborado dos anteproyectos; uno encargado por el minis­tro de la Presidencia, Antonio Carro, al Instituto de Estudios Administrativos, dirigido por Juan Antonio Díaz Ambrona, y que sintonizó con las posiciones más aperturistas; otro encargado por el ministro secretario general del Movimiento, Utrera Molina, a una comisión del Consejo Nacional, que seguía la línea de un asociacionismo estrictamente dentro del Movimiento, tanto ideológicamente como orgánicamente. Franco se inclinó clara­mente por el segundo proyecto que fue aprobado en diciembre por el Consejo Nacional con significativas abstenciones, y que fue pronto denominado el estatuto de los antiasociacionistas.

El decreto-ley que permitía la creación de asociaciones polí­ticas establecía que éstas debían acatar los Principios Funda­mentales del Movimiento Nacional y quedaban bajo el control del Consejo Nacional, que era el organismo competente para autorizarlas. Entre los requisitos para obtener la aprobación se destacaba el mínimo de 25.000 afiliados distribuidos en 15 pro­vincias. Las asociaciones políticas autorizadas podrían participar en los procesos electorales, pero quedaba para más adelante la regulación de esa participación. Pero, a pesar de sus restricciones extremas, que a la postre revelaban una vez más la incapacidad del franquismo para reformarse, los sectores ultrafranquistas más radicales consideraron que era el primer paso hacia la aceptación de los partidos políticos, lo que conllevaría la destrucción del régimen. Con todo, los distintos sectores del Movimiento pre­pararon la creación de asociaciones, en lo que ha sido definido como una «desunificación» de las fuerzas integradas en 1937 en el partido único. Los sectores que habían propugnado una aper­tura política y sostenido la interpretación más abierta del «espí­ritu del 12 de febrero» acabaron por rechazar el estatuto de aso­ciaciones. Incluso Manuel Fraga, embajador en Londres, que se entrevistó con Arias para tratar del tema, desistió de participar en ese asociacionismo, y optó por crear una sociedad de estu­dios. políticos, Fedisa, junto a Cabanillas, Fernández Ordóñez, Areilza y miembros del grupo Tácito. Era la máxima expresión del fracaso del Estatuto Arias.

Meses después del cese de Pío Cabanillas y de la dimisión de Barrera de Irimo, el gobierno Arias sufrió una nueva crisis. El ministro de Trabajo y vicepresidente tercero del gobierno, Licinio de la Fuente, presentó su dimisión el 20 de febrero ante el frontal rechazo a su proyecto de ley de huelga por parte del ministro de la Gobernación, García Hernández, de los ministros económicos, y de los jerarcas de la Organización Sindical. El pro­yecto pretendía admitir el derecho de huelga, pero regulando su ejercicio de forma extraordinariamente restrictiva; así, para que una huelga fuera legal debía estar convocada en una sola empresa, contar con la aprobación del 60 por 100 de la plantilla, tener un carácter exclusivamente laboral, y desarrolarse cuando no tuviera vigencia un convenio colectivo.

La dimisión de Licinio de la Fuente fue aprovechada por Arias para reestructurar el gobierno. Utrera Molina y Ruiz Jarabo fueron cesados, aunque Franco se resistió inicialmente, espe­cialmente por su aprecio a la fidelidad personal y política del pri­mero. Para dirigir el Ministerio de Trabajo fue designado el cate­drático, formado políticamente en el SEU, Fernando Suárez, y la cartera de Justicia fue confiada al notario y periodista José María Sánchez Ventura. Dos ministerios económicos se vieron afectados por el cambio gubernamental; el ingeniero de minas Alfonso Álvarez de Miranda ocupó la cartera de Industria y el diplomático José Luis Cerón la de Comercio. La Secretaría Gene­ral del Movimiento fue confiada a Fernando Herrero Tejedor, falangista y miembro del Opus De¡, vicesecretario con Solís y, después, fiscal del Tribunal Supremo.

En plena crisis gubernamental, Arias Navarro en una entre­vista en TVE conducida por el veterano periodista Manuel Aznar, presidende de la agencia EFE, quiso transmitir tranquilidad y confianza a los partidarios del régimen que pudieran «albergar esa duda sobre posibles tibiezas, flaquezas, desalientos», invi­tándolos a «que se acerquen al palacio de El Pardo, que, aunque sea desde la lejanía, contemplen esa luz permanentemente encen­dida en el despacho del Caudillo, donde el hombre que ha con­sagrado toda su vida al servicio de España sigue, sin misericor­dia para consigo mismo, firme al pie del timón, marcando el rumbo de la nave para que los españoles lleguen al puerto seguro que él les desea». Y para los opositores una clara advertencia: «[ ... ] quiero llevar la seguridad a todos los españoles que el gobierno [ ... ] dispone de elementos más que suficientes para aplastar inexorablemente cualquier intento de subvertir o alte­rar la vida del país. Precisamente, consciente de la fuerza, cons~

ciente de] vigor y la energía que tiene el gobierno en su mano, quiere invitar a todos los que no participan o no tienen esos ins­tintos subversivos o sediciosos a que no se mezclen en ellos para no ser víctimas de la acción contundente y decisiva con que las fuerzas habrán de pronunciarse ante cualquier propósito de sub­vertir el orden público».

La figura más notable de los nuevos ministros era induda­blemente Herrero Tejedor. Decidido a impulsar el asociacionismo con la ayuda de un grupo de políticos jóvenes, entre ellos el nuevo vicesecretario general, Adolfo Suárez, el ministro Herrero ini­ció contactos con los distintos sectores del personal político fran­quista, y pareció impulsar un aperturismo de perfiles muy impre­cisos. Desde el aparato del Movimiento se propició la creación de una asociación, Unión del Pueblo Español, presidida por Suá­rez, que aspiraba a convertirse en la pieza central del asociacio­nismo, promotora de un continuismo matizado por un cierto reformismo. En septiembre de 1975 la UDPE era la única aso­ciación que había logrado reunir los 25.000 afiliados exigidos por la ley, situándose en una clara posición de ventaja frente las otras asociaciones, tanto respecto a las cinco de origen falangista, todas con la excepción de Reforma Social Española de Manuel Canterero del Castillo con posiciones continuistas -entre ellas Falange de las JONS, con Raimundo Fernández Cuesta y José Antonio Girón a la cabeza-, como respecto a Unión Democrá­tica Española, formada por católicos conservadores organizados en torno al ex ministro Federico Silva Muñoz, o Unión Española, de carácter monárquico.

Pero el impulso dado por Herrero al asociacionismo quedó truncado con su muerte en accidente automovilístico el día 12 de junio. Para sustituirle fue confiada de nuevo la Secretaría General del Movimiento al veterano José Solís Ruiz, por deci­sión del propio Franco, cada vez más presionado por la «cama­rilla de El Pardo». Poco después, los más inmovilistas, encabe­zados por Alejandro Rodríguez de Valcárcel, presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, consiguieron que Franco pro­rrogara por seis meses la legislatura de las Cortes, primer paso de una operación más ambiciosa que contemplaba el desplaza­miento de Arias de la presidencia del gobierno, para colocar al frente del gabinete a un franquista que rechazara cualquier tipo de reformismo, que estuviera dispuesto a aplicar una política de

(le Iensa numantina de la dictadura, y a favor, por tanto, del puro continuismo político e institucional. En todo caso, la prórroga (le la legislatura aseguraba la permanencia de Rodríguez de Va¡­cárcel en un puesto esencial de las instituciones franquistas.

En el marco de la voluntad de recuperar la iniciativa política por parte del nuevo gobierno formado en marzo de 1975, en mayo el ministro de Trabajo, Fernando Suárez, logró la aprobación de un decreto-ley que finalmente reconocía el derecho de huelga, si bien, como en el proyecto de Licinio de la Fuente, regulaba su ejercicio muy restrictivamente, por lo que tuvo un escasísimo efecto en las relaciones laborales. Prueba de ello es que la mayor parte de los conflictos laborales continuaron absolutamente al margen de la legalidad franquista. El reconocimiento del dere­cho de huelga, pero haciendo muy difícil su legal ejercicio, como el estatuto de asociaciones, sólo dentro del Movimiento y some­tidas a su Consejo Nacional, eran medidas absolutamente tardías e insuficientes para incidir de manera importante en la realidad sociopolítica española de 1975.

El franquismo terminal

A lo largo de 1975 la conflictividad social y la contestación política antifranquista continuaron en aumento, a pesar del recru­decimiento de la legislación y de las prácticas represivas. De nuevo 1975 fue un año de elevada conflictividad laboral, aun­que en leve retroceso respecto al anterior. Barcelona, Guipúz­coa, Vizcaya, Madrid y Asturias, siguieron concentrando buena parte de la conflictividad laboral, pero se desarrollaron impor­tantes conflictos en otras provincias, como en Navarra, en espe­cial el de Potasas de Navarra que dio lugar a una huelga gene­ral en enero, de amplia repercusión ciudadana y plagada de enfrentamientos entre los trabajadores y las fuerzas de orden público. Una singular huelga en Madrid y en Barcelona, la de actores, tuvo también un gran impacto. A finales de enero y prin­cipios de febrero, en el marco de la negociación del convenio, pero con el rechazo al papel de la OSE de por medio, la huelga dejó la capital de España sin funciones de teatro y con los estu­dios de cine y televisión paralizados. El gobierno respondió con su arma habitual, la represión, incapaz una vez más de medir sus

consecuencias. La represión policial contra los actores, incluso intentando relacionar a algunos con acciones terroristas, provocó una amplia solidaridad; autoridades y ciudadanos vieron con cierta incredulidad como personajes de gran popularidad como Lola Flo­res, Manolo Escobar y Sara Montiel se sumaban a la huelga.

En el País Vasco se produjeron a lo largo del año importan­tes movilizaciones generales de naturaleza política, a menudo en respuesta de acciones represivas muy violentas. Para el 20 de febrero diversos grupos sindicales y políticos convocaron una huelga general en protesta por la muerte por disparos de la Guar­dia Civil de un militante antifranquista. El 25 de abril el gobierno decidió decretar el estado de excepción en Guipúzcoa y Vizcaya, ante «la necesidad de proteger la paz ciudadana contra intentos perturbadores de carácter subversivo y terrorista», lo que desen­cadenó una gran operación represiva, con centenares de deten­ciones, registros domiciliarios, controles e identificaciones en calles y carreteras, y los habituales malos tratos y torturas en comisa­rías de policía y en cuarteles de la Guardia Civil. El 11 de julio, Ondarroa vivió una huelga general como consecuencia de la muerte de un joven, también por disparos de la Guardia Civil. De nuevo en agosto y septiembre se reprodujeron en ambas provincias protestas generales contra la represión franquista; los días 11, 12 y 29 de septiembre sendas convocatorias de huelga general en protesta por los consejos de guerra y las penas de muerte dictadas tuvieron un notable seguimiento. Ciertamente, la situación sociopolítica en el País Vasco era especialmente grave.

Por otra parte, las elecciones sindicales de la primavera de 1975 para renovar los cargos electivos de la Organización Sin­dical fueron minuciosamente preparadas por las CC.OO. y otros grupos, formando «candidaturas unitarias y democráticas» que obtuvieron un gran éxito, llevando en muchas zonas a la OSE al borde del colapso. Las CC.OO. de Cataluña, por ejemplo, habían planteado que no se trataba sólo de «'conquistar el máximo número de puestos que permitan una mayor defensa de los tra­bajadores», sino también de «preparar yllevar a cabo un verda­dero asalto político y físico a través de las elecciones del Sindi­cato Vertical, un asalto que pueda ser definitivo, destruyendo este sindicato vertical como instrumento qué,ha sido y es de los inte­reses de la patronal y puntal del régimen fascista en la explota­ción y opresión de la clase obrera». Las elecciones sindicales de

1975 significaron la quiebra de la OSE y mostraron la potencia de un movimiento obrero antifranquista con una fuerte compo­nente comunista. Todas las alarmas del régimen se dispararon

de nuevo.

En 1975 se alcanzó también un punto crítico en la conflicti-

vidad universitaria. En febrero, ante las continuadas protestas estudiantiles en Valladolid, las autoridades decidieron el cierre indefinido de la universidad y la clausura del curso. Tan dura

medida desencadenó una ola de huelgas y protestas en todos los centros universitarios españoles. Paralelamente los PNN inicia­ban una larga huelga, que partilizó muchos centros en las prin­cipales universidades españolas, y que en algunos casos se pro­longó hasta el final del curso. La situación en las universidades

alcanzaba un punto insostenible.

Especial preocupación provocó en los gobernantes y adictos

la aparición de la Unión Militar Democrática. Formada en agosto de 1974, la UMD reunía a un escaso número de jóvenes oficia­les, pero era un signo especialmente inquietante para los diri-

gentes del régimen, dado el monolitismo franquista del ejército desde la desaparición de las disidencias monárquicas de los pri­meros años de la dictadura, y considerando la proximidad de la revolución portuguesa. En el manifiesto de la UNID a su com­pañeros de armas se afirmaba que «creemos debe superarse un sistema político que nació en una guerra civil». Justamente «posi-

bilitar la creación de una nueva España en la que todos poda­mos convivir en paz sin que nadie pueda arrogarse el monopo­lio de la verdad ni del patriotismo, y siendo conscientes de que las Fuerzas Armadas deben colaborar en esta positiva y patrió-

tica labor», había decidido a militares de las tres armas a cons­tituir la UMD, «con la esperanza de que todos unidos ayudemos a edificar una España en paz, justicia y libertad». En los prime-

ros meses de 1975 se produjeron algunos arrestos de militares, en general por pequeños incidentes, pero en julio fueron dete-

nidos un comandante y siete capitanes del ejército de Tierra y un capitán del ejército del Aire acusados de pertenecer a la UNID. La noticia tuvo unnotable impacto, al mismo tiempo que implicó ,el reconocimiento oficial de una peligrosa disidencia militar.

Para el régiinen franquísta, y especialmente para el búriker

inmovilista, era como si eStuvieran coincidiendo todas las adver­sidades. La oposión democrática, a pesar de sus debilidades, cre-

cía día a día. En el mes de abril la Junta Democrática lanzo el denominado «Manifiesto de la Reconciliación», donde se expo­nía el concepto de «ruptura democrática», que significaba la des­trucción de la legalidad y las instituciones franquistas de forma pacífica, la formación de un gobierno provisional de amplia representación, y el inicio de un proceso constituyente. Y en el mes de junio, después de largas negociaciones, se presentó la recién formada Plataforma de Convergencia Democrática, inte­grada por el PSOE y la UGT, Izquierda Democrática -el grupo demócrata-cristiano de Joaquín Ruiz-Giménez-, Unión Social­demócrata Española -el grupo fundado por Dionisio Ridruejo y dirigido por Antonio García López-, el PNV, y otros grupos nacionalistas y regionalistas así como los marxista-leninistas de la ORT y el NICE. Declinaron participar en la Plataforma los gru­pos liberales y el sector demócrata-cristiano dirigido por José María Gil-Robles agrupado en la Federación Popular Democrá­tica. El manifiesto dado a conocer por la Plataforma era pare­cido al de la Junta Democrática, con diferencias menores que con­firmaban que la ausencia de estos grupos de la Junta no obedecía a discrepancias programáticas de relieve. Sin embargo, la Junta parecía más inclinada a la movilización popular en tanto que la Plataforma parecía más predispuesta a una eventual negociación con los reformistas de¡ régimen. Con todo, pronto se iniciaron contactos entre ambos organismos, aunque la unificación no cuajó hasta marzo de 1976.

En ese mismo mes de junio, en un escenario con tensio­nes múltiples, el gobierno se encontró con una declaración de Juan de Borbón que provocó tal irritación en la cúpula franquista que se le prohibió la entrada a territorio español, reconvirtiendo posteriormente tal medida en una declaración «desaconsejando» que atravesara la frontera. Juan de Borbón afirmaba que se acer­caba «el fin de un poder absoluto y se advierte con claridad que lo previsto oficialmente para el inmediato futuro, por haber sido concebido con el propósito de garantizar la continuidad de] régi­men, no sirve para acometer el cambio democrático que demanda el interés de la nación y el pueblo español está pidiendo». Juan de Borbón concebía la monarquía legítima «como salvaguarda de los derechos humanos y de las libertades políticas y sociales fundamentales y como instrumento de concordia entre todos los españoles».

Pocos días después, el presidente Arias Navarro declaraba en las Cortes que ante la enfermedad de Franco «la subversión afiló sus armas y, al mismo tiempo que se recrudecían las activida­des del terrorismo, desde otras instancias más sutiles pero igual­rnente peligrosas se formularon hábiles convocatorias falsamente dernocráticas». A los «profetas de calamidades tenemos que recordar -añadió Arias- que ¡rotundamente nos negamos a acep­tar cualquier planteamiento que desde la subversión o la cobar­día pretenda arrinconar nuestros principios o hacer de ellos una reliquia! [ ... ] España y su régimen no están en almoneda».

A lo largo de 1975 se produjo también un recrudecimiento de la violencia política. Al terrorismo de ETA, que incremento sus acciones provocando 36 víctimas mortales entre octubre de 1974 y octubre de 1975 -22 miembros de las fuerzas de orden público y 14 civiles-, se sumó un terrorismo ultraizquierdista que tuvo como principal exponente el Frente Revolucionario Anti­fascista y Patriótico (FRAP), que realizó atentados principal­mente contra miembros de las fuerzas policiales. Un nuevo grupo surgido en octubre de 1975, el GRAPO (Grupos Revoluciona­rios Primero de Octubre) entró también en acción, alcanzando su mayor protagonismo en plena transición a la democracia.

La agonía del régimen

Conflictividad laboral, movilización universitaria, crecimiento de la oposición organizada y de las actitudes disidentes, alcanzando incluso a las Fuerzas Armadas, incremento de la acción terrorista, deserciones continuadas... Frente a ello, el más duro cierre de filas se impuso en el gobierno de acuerdo con las presiones del búriker franquista. En pleno mes de agosto el gobierno aprobó un decreto­ley antiterrorista que significaba la instauración de un estado de excepción permanente. Arias lo había anunciado ante las Cortes:

«Ante el reto que ha lanzado a nuestro país el comunismo, solo o aliado con otros elementos disolventes, no regatearemos esfuerzos y os anuncio que, además de emplear a fondo todos los resortes con que cuenta el poder, el gobierno enviará a las Cortes antes de fin de año un proyecto de ley especial sobre la materia».

El decreto-ley de agosto limitaba los escasos derechos y las

formales garantías individuales de los españoles en favor de tina

más eficiente actuación policial, reforzaba el papel de la juris­dicción militar, y establecía para muchos delitos que las penas impuestas debían serio en su grado máximo. En la justificación de las medidas adoptadas, el decreto-ley afirmaba que «ningún ciudadano honrado y patriota va a sentirse afectado por la cir­cunstancial disminución de sus garantías constitucionales» y, en todo caso, «ese pequeño sacrificio está suficientemente com­pensado por la tranquilidad y seguridad que ha de proporcionar a toda la comunidad nacional» la defensa de la paz. Esa «larga paz de que viene disfrutando España no podía ser totalmente ajena a la plaga terrorista que padece el mundo»; además, el «desarrollo pacífico y progresivo que ha caracterizado a la vida española durante cerca de cuarenta años ha concitado la irrita­ción de las organizaciones, grupos o individuos que preconizan la violencia como instrumento de sus propósitos políticos o de sus impulsos antisociales». A pesar de proclamar que pretendían combatir el terrorismo, las medidas adoptadas por el gobierno afectaban directamente a una parte importante de la oposición antifranquista totalmente ajena a la acción violenta. Así, la norma citada reafirmaba «la ilegalidad de los grupos u organizaciones que están ya definidas como ¡legales en disposiciones anteriores de no derogada vigencia -decreto de 13 de noviembre de 1936, ley de 9 de febrero de 1939, ley de 15 de noviembre de 1971, y artículo 193 de] Código Penal-», es decir partidos y sindicatos como PCE, PSUC, PSOE, UGT, CNT, STV, etc., grupos que «se incluyen en el Decreto-ley por tratarse de organizaciones cuyas ideologías propugnan la utilización de la violencia y del terro­rismo como instrumentos de acción política».

Los efectos de las normas excepcionales fueron inmediatos: centenares de detenciones y procesamientos, y la celebración de consejos de guerra ya previstos con la aplicación retroactiva del decreto-ley antiterrorista. En pocas semanas, a finales de agosto y principios de septiembre, se acumularon once sentencias de muerte, tres para miembros de ETA, y ocho para acusados del FRAP. La cadena de condenas a la pena capital y su posible con­tinuación motivaron una amplia movilización, en primer lugar en demanda de la conmutación de las penas. Pero la dictadura, con su cara más brutal, había conseguido que el miedo, nunca desaparecido de la sociedad española, se reactivara y se exten­diera con rapidez, especialmente entre los que sabían que eran

más vulnerables. Solamente aquellos que podían sentirse más protegidos se atrevieron a alzar su voz contra la barbarie. La comisión permanente de la Conferencia Episcopal solicitó el indulto de los condenados a la pena capital apelando a «la con­ciencia cristiana», que «no puede admitir un empleo legal de la fuerza que vaya más allá de lo necesario», porque «todo exceso en la fuerza de la represión es también violencia»; además «una honesta y leal postura de oposición política o de crítica de gobierno, aun realizada asociativamente o por los medios de comunicación social, no puede ser considerada legítimamente como acto delictivo».

En el exterior la movilización antifranquista y las peticiones de clemencia se multiplicaron, entre ellas del Parlamento Euro­peo, de los ministros de Asuntos Exteriores de la Comunidad Económica Europea, y del papa Pablo VI, que por tres veces pidió a Franco el indulto, la última la víspera de las ejecuciones y «en nombre de Dios». Pese a ello, el gobierno decidió el 26 de sep­tiembre la ejecución de cinco condenados -los etarras Ángel Otaegui y Juan Paredes Manot y los militantes del FRAP Ramón García Sariz, Alberto Baena y José Luis Sánchez Bravo- e indultó a los otros seis.

La indignación internacional fue inmediata e intensa, con masivas manifestaciones en la mayoría de las capitales europeas -en Lisboa con el asalto a la embajada española-, condenas de instituciones y organizaciones, y durísimas declaraciones de diri­gentes políticos. Y un hecho especialmente grave: la salida de Madrid, convocados por sus respectivos gobiernos, de los emba­jadores de Francia, Gran Bretaña, Italia, República Federal de Alemania, Bélgica, Portugal, Irlanda, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Austria, Suiza, Noruega y Suecia. El régimen fran­quista dispuso, sin embargo, del apoyo del gobierno de los EE.UU. con quien el 27 de septiembre firmó la renovación de los acuerdos bilaterales.

El 30 de septiembre Arias se dirigió a los españoles por TVE, con una intervención que asumía plenamente los planteamien­tos del búriker inmovilista y utilizaba el lenguaje del ultrafran­quismo, para condenar «la intolerable actitud de aquellos países que, con olvido de las más elementales reglas de respeto a la inde­pendencia y soberanía nacional, han pretendido inmiscuirse en la vida interna de nuestra patria», para afirmar que «no necesi-

tamos requerimientos, por altos que sean y muy revestidos de paternal preocupación que parezcan» -en alusión al papa-, y para proclamar que «no deseamos estar solos, pero tampoco nos inti­mida la posibilidad del aislamiento».

El 1 de octubre, trigésimo noveno aniversario de la «exalta­ción» de Franco a la jefatura del Estado, el régimen concentró en la plaza de Oriente de Madrid a una masa adicta que aclamó al Calidillo con el saludo fascista brazo en alto y con himnos y consignas de la misma naturaleza. Dirigiéndose a la multitud, en algunos momentos con voz casi inaudible, Franco agradeció «la serena y viril manifestación pública» en respuesta a los ataques sufridos «que nos demuestran, una vez más, lo que podemos esperar de determinados países corrompidos, que aclara perfec­tamente su política constante contra nuestros intereses». Para el dictador «todo lo que en España y en Europa se ha armado, obe­dece a una conspiración masónica-izquierdista en la clase polí­tica, en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece».

La situación española de finales de septiembre y primeros de octubre de 1975 parecía un salto en el túnel del tiempo, con un retroceso de treinta años, hasta la coyuntura crítica de mitad de la década de los cuarenta. Pero con notables diferencias: las eje­cuciones de septiembre no habían sido una prueba de la forta­leza del régimen sino, al contrario, de su extrema debilidad y ais­lamiento, todo ello puesto dramáticamente de manifiesto en las reacciones interiores y exteriores ante la violencia represiva.

La dictadura carecía ya de apoyos institucionales y sociales esenciales. Si la Iglesia aparecía abiertamente enfrentada con ella, los sectores burgueses convencidos de la necesidad de aproxi­marse gradualmente a la Europa comunitaria veían con creciente inquietud el deterioro de la situación sociopolítica y económica, y entre las clases medias, especialmente en las jóvenes genera­ciones, se había extendido una notable socialización antifran­quista. La apelación a una supuesta mayoría, «silenciosa» pero adicta, resultaba inútil. Por otra parte, una parte del propio per­sonal político franquista podía verificar las consecuencias catastróficas del puro inmovilismo, del estricto continuismo, o de una involución ultrafranquista. En el propio ejército habían aparecido fisuras, y la conflictividad social era incontenible. Ade­más, el escarmiento planeado con los fusilamientos no tuvo nin-

'Lim efecto; por el contrario, la violencia represiva provocó el wicremento de la violencia terrorista: en pocos días cuatro poli­cías armados y tres guardias civiles fueron asesinados en diver­sos atentados.

El 15 de octubre Franco, severamente quebrantado por la i,eciente crisis, sufrió un ataque cardíaco, al que siguieron otros (los. El 2 de noviembre tuvo que ser ingresado en la Ciudad Sani­taria La Paz, iniciando una larga agonía, que se desarrolló para­lelamente a una serie de maniobras, protagonizadas por los ultras en colaboración con la «camarilla» familiar de El Pardo, cuyo principal objetivo era la renovación del mandato del presidente de las Cortes, Rodríguez de Valcárcel, que como presidente del Consejo del Reino tenía un papel clave en la confección de la terna para designar presidente del gobierno.

En plena agonía de Franco, Hassan 11 de MarrUecos decidió lanzar una prueba de fuerza en el Sahara, en contra de las reso­luciones de la ONU y del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, con las que estaba comprometida España y que se basa­ban en el reconocimiento del derecho de autodeterminación de los saharauis. La Marcha Verde consistió en la movilización de miles de marroquíes para llevar a cabo una invasión pacífica del Sahara que, sin embargo, no llegó a producirse: el 14 de noviem­bre, mediante el denominado Acuerdo de Madrid, el último gobierno franquista entregaba el Sahara a Marruecos y a Mau­ritania, incumpliendo sus compromisos internacionales, pero resolviendo un grave problema que podía contribuir sensible­mente a la desestabilización política española.

El día 20 de noviembre Franco murió. El dictador murió «en la cama», lo que ha sido con frecuencia utilizado para argumentar la solidez y estabilidad del régimen franquista, y especialmente la debilidad de la oposición. Pero en noviembre de 1975 la salud política del franquismo estaba tan deteriorada como la salud física de Franco. La dictadura creada casi cuarenta años antes estaba inmersa en una crisis irreversible. Ciertamente, los franquistas partidarios del puro continuismo ocupaban importantes posi­ciones en las instituciones políticas, y eran especialmente fuer­tes en el ejército, pero para un sector cada vez más extenso del personal político y para una parte muy importante de las elites económicas el continuismo era inviable, especialmente por los riesgos de una crisis de imprevisibles consecuencias, dada la cre-

ciente conflictividad social y política y la extensión de actitudes políticas favorables a la democracia, así como porque ello impli­caría la definitiva marginación de España del proceso de unidad europea. El puro continuismo era también inviable para conso­lidar la monarquía encarnada por Juan Carlos, necesitada de una nueva legitimidad. Pero a la configuración de esta situación, y ello a menudo ha sido minimizado, había contribuido decisiva­mente la oposición a la dictadura. Y si el antifranquismo no había logrado derribar la dictadura, había contribuido decisivamente a erosionarla irremediablemente y tenía la fuerza suficiente para hacer imposible el estricto cumplimiento de las previsiones fran­quistas, expresadas en la famosa formulación que todo estaba «atado y bien atado».

Menos de dos años después, las primeras elecciones genera~ les libres celebradas en España desde 1936 mostraron la margi­nalidad de las opciones franquistas y neofranquistas y el mayo­ritario apoyo de los españoles a la creación de un régimen democrático. Se cerraba así un largo capítulo de la historia con­temporánea española cuyos inicios estaban en unos dramáticos días de julio de 1936 y en un «parte triunfal» del primero de abril de 1939.