V. EL FRANQUISMO AGARROTADO, 1969-1973

Un gobierno autoritario-tecnocrático

La resolución de la crisis gubernamental de otoño de 1969 abrió una profunda herida en el personal político franquista. Un amplio y heterogéneo sector se sintió inexplicablemente apartado de las responsabilidades gubernamentales en beneficio de los «tecnócratas» apadrinados por Carrero Blanco. Al margen de los ministros tocados directamente por el escándalo MATESA, los ceses más significativos fueron los de Manuel Fraga, José Solís y Fernando María Castiella, conforme a los deseos del vicepresidente Carrero. Sin duda abusivamente, el nuevo gabinete fue calificado de «monocolor», dada la preponderancia de ministros vinculados al Opus Dei, aunque ciertamente fue uno de los cambios gubernamentales más profundos de la época franquista. A partir de esta crisis gubernamental, la vicepresidencia del gobierno se convirtió en buena medida en una presidencia de hecho, que además determinó como nunca antes la composición del gabinete y su actuación.

En sustitución de Fraga fue nombrado ministro de Información y Turismo un integrista procedente de la Acción Católica, Alfredo Sánchez Bella, que inició su carrera política en el CSIC y en el Instituto de Cultura Hispánica, y la cartera de Asuntos Exteriores fue confiada a un destacado miembro del Opus Dei, Gregorio López Bravo, sustituido en Industria por otro socio de la Obra, el ingeniero José María López de Letona, desde tres años antes subcomisario del Plan de Desarrollo. Siguiendo la pro­puesta de Carrero fue separado el cargo de secretario general del Movimiento, del que se nombró titular a Torcuato Fernández Miranda, catedrático de derecho político y antiguo profesor de Juan Carlos, del de delegado nacional de Sindicatos, aunque con­servando éste el rango ministerial, para el que fue designado el empresario falangista Enrique García-Ramal. Un notable cam­bio se produjo en el Ministerio de Gobernación, con la sustitu­ción de Camilo Alonso Vega por el abogado y general del Cuerpo Jurídico del Ejército del Aire Tomás Garicano Goñi, ex gober­nador de provincias «difíciles» como Guipúzcoa y Barcelona. En los ministerios económicos, aparte del ya citado cambio en Indus­tria, destaca la continuidad de Laureano López Rodó al frente de la Comisaría del Plan de Desarrollo, convertida en cantera de altos cargos, en numerosos casos vinculados al Opus Dei, como el nuevo ministro de Hacienda, Alberto Monreal Luque, el de la Vivienda, el antiguo falangista Vicente Mortes Alfonso, y el de Comercio, Enrique Fontana Codina. Procedía asimismo de la Comisaría del Plan, aunque tenía también una larga militancia falangista, el ministro de Agricultura, Tomás Allende García­ Baxter. El ministro de Trabajo, Licinio de la Fuente, procedía también del falangismo, y continuaron en sus cargos los minis­tros de Educación -Villar Palasí-, Justicia -Oriol y Urquijo- y Obras Públicas, aunque Federico Silva Muñoz dimitió en 1970, siendo sustituido por Gonzalo Fernández de la Mora, un diplo­mático defensor del «crepúsculo de las ideologías» y del Estado tecnocrático. Por último, fueron renovados los titulares de las car­teras militares: Juan Castañón de Mena, jefe de la Casa Militar de Franco, fue colocado al frente del Ministerio del Ejército, el ex miembro de la División Azul Julio Salvador Díaz Benjumea, en el del Aire, y Adolfo Baturone Colombo en el de Marina.

Si el gobierno anterior se había caracterizado por notorias divisiones, el nuevo gabinete afirmaba, en su primera declara­ción, que su actuación se inspiraría en «la unidad de poder y la coordinación de funciones», y que era «decisión unánime de todos y cada uno de los miembros del Gobierno practicar una política de efectiva coordinación, supeditando en todos los casos las visiones departamentales a la unidad de dirección que la polí­tica gubernamental demanda». Según expresaba el vicepresidente en un informe confidencial de marzo de 1970, «un Gobierno desunido es un Gobierno débil y un Gobierno débil es, fatalmente, un mal Gobierno». Según dicho documento, el objetivo esencial del nuevo gabinete era «consolidar una sociedad unida, en orden y en paz; sana de cuerpo y de espíritu, orgullosa de sus ti-adiciones y fiel a sus gestas del pasado», que «rechazara, sin papanatismos ni estúpidos complejos de inferioridad, todo lo que contribuya al mal», y «plenamente convencida de la bondad del sistema político». Por otra parte, para Carrero era indispensable reorientar tina serie de políticas que le habían inquietado de manera creciente en los años anteriores: la política informativa y cultural, la política exterior, y la política de orden público. Para ello Sánchez Bella debía poner coto a la deriva de la prensa y de los espectáculos, en Asuntos Exteriores debían asegurarse las buenas relaciones con los Estados Unidos y con los países occi­dentales, y la defensa del orden público frente a los enemigos de siempre -el comunismo, la masonería, el liberalismo- debía realizarse implacablemente.

Pero la unidad y cohesión que quería Carrero se reveló extremadamente difícil de alcanzar como consecuencia de las secue­las de la crisis gubernamental. Aquellos sectores que se sintie­ron marginados del gobierno, sobre todo falangistas, pero que conservaban importantes posiciones en instituciones como las Cortes y el Consejo del Reino -cuya presidencia fue ocupada por el falangista Alejandro Rodríguez de Valcárcel-, y especialmente en el Consejo Nacional del Movimiento, no se quedaron impa­sibles ante el triunfo de los tecnócratas. Por otra parte, no fue posible cerrar viejos debates, como por ejemplo el referente al asociacionismo político, ni evitar la aparición de nuevas dife­rencias, tanto respecto a la acción gubernamental como en rela­ción a nuevos problemas aparecidos en la sociedad española.

La cuestión del asociacionismo adquirió de nuevo una nota­ble relevancia, pese a la actitud tan poco favorable de Franco y Carrero. Pero el ministro secretario general del Movimiento, Tor­cuato Fernández Miranda, que empezó su mandato reorganizando la Secretaría General para aumentar sus atribuciones en detri­mento del Consejo Nacional y de las Delegaciones Nacionales, se reveló como un auténtico maestro en el arte de la distracción y de la retórica hueca. Así, mientras declaraba rechazar radical­rnente la introducción del «pluralismo», que implicaría un régimen de partidos políticos, se mostraba partidario de lo que deno­minó «plurimorfismo» dentro del Movimiento, articulado en torno a asociaciones políticas. De este modo, el ministro secre­tario general presentó, en mayo de 1970, un nuevo proyecto de asociaciones políticas que mostraba escasas diferencias con res­pecto al Estatuto promovido por José Solís. Según el nuevo pro­yecto, las asociaciones eran denominadas de «acción política», aunque no se especificaba en qué podría consistir tal acción, esta­rían bajo el control de un delegado nacional para la Acción Polí­tica dependiente del secretario general y del Consejo Nacional del Movimiento, y para obtener reconocimiento deberían reunir un mínimo de 10.000 inscritos. El proyecto era muy restrictivo, pero aun así quedó paralizado; dos años más tarde tina comisión mixta gobierno-Consejo Nacional del Movimiento fue encargada de estudiar, entre otras cosas, la cuestión de las asociaciones, aun­que tampoco se produjeron avances.

Sin embargo, esta situación de bloqueo animó el debate sobre la cuestión en las filas del personal político franquista. Desde dis­tintos ámbitos hubo posicionamientos favorables al asociacio­nismo, aunque con variedad de matices, desde sectores jóvenes del aparato del Movimiento -como José Miguel Ortí Bordas, Rodolfo Martín Villa o Gabriel Cisneros- hasta dirigentes guber­namentales como López Rodó, pasando por personajes que habían ocupado relevantes responsabilidades y que entonces se situaban en posiciones diversas en el seno del régimen franquista, como Federico Silva Muñoz, Manuel Fraga o José Antonio Girón de Velasco. Mientras tanto, Fernández Miranda prodigaba inter­venciones desconcertantes, como el brillante discurso en las Cor­tes, en noviembre de 1972, en el que afirmó que «decir sí o no a las asociaciones es, sencillamente, una trampa saducea», puesto que la cuestión está «en ver si diciendo sí al asociacionismo polí­tico, se dice también sí o no, o no se dice sí sino no, a los parti­dos políticos». Pero los constantes pronunciamientos y el apa­rente intenso debate político no rompieron la resistencia del sector más inmovilista del régimen, integrado por aquellos que se oponían a cualquier cambio por limitado que fuera, y que tenía un apoyo esencial: el propio Franco.

Si el asociacionismo siguió bloqueado, en 1971 fue aprobada finalmente una nueva Ley Sindical, después de una larga y tor­tuosa elaboración, condicionada tanto por las discrepancias internas en el seno del régimen como por las presiones externas. Para los dirigentes de la Organización Sindical, la elaboración de una nueva ley ofrecía la oportunidad de fortalecer el poder de la OSE y ganar independencia respecto al gobierno, algo a lo que se oponían radicalmente Carrero y los tecnócratas, que naturalmente lograron neutralizar las pretensiones falangistas. Pero, por otra parte, los dirigentes de la OSE necesitaban, para alcanzar sus objetivos, una cierta movilización interna y ensanchar sus redu­cidos apoyos entre los trabajadores, lo que los condujo a un esce­nario de agitación protagonizada por los activistas sindicales anti­franquistas, que aprovecharon el debate sobre la ley para promover un sindicalismo democrático y del reconocimiento de los dere­chos de los trabajadores, lo que forzó la adopción de actitudes defensivas y represivas por parte de los dirigentes verticalistas e incrementó el recelo ante cualquier innovación de los más inmovilistas del régimen. La Ley Sindical aprobada quedó muy lejos de algunas de las expectativas levantadas; ni tuvo en cuenta las pretensiones iniciales de los dirigentes falangistas, ni las peti­ciones de miles de trabajadores, ni la opinión de la jerarquía ecle­siástica, ni las recomendaciones de la OIT; en consecuencia, no satisfizo prácticamente a nadie. Introdujo solamente cambios menores en la legislación sindical; en muchos casos no hizo más que sistematizar la dispersa normativa aparecida en los años ante­riores. Después de la promulgación de la ley fue aprobado un decreto que regulaba el derecho de reunión de los trabajadores, aunque de forma tan restrictiva que fue muy poco utilizado, así como una ampliación de las garantías de los representantes sin­dicales en las empresas.

En ese mismo año de 1971 se celebraron elecciones sindica­les, después de sucesivos aplazamientos, aunque los dirigentes de la OSE, tras la experiencia de 1966 y de los éxitos de las candi­daturas promovidas por CC.OO., optaron por no repetir una gran campaña promoviendo una masiva participación. El resultado fue una participación muy inferior a la de 1966, también como con­secuencia de disensiones internas en las CC.OO. respecto a la uti­lidad de la participación electoral y, por tanto, con menor número de candidaturas, lo que generó notables desigualdades en los resul­tados entre empresas, ramas productivas y territorios.

También en 1971 se celebraron las segundas elecciones de procuradores familiares a Cortes, que despertaron mucho menor interés que las primeras de 1967, registrándose muy elevadas cifras de abstención, que mostraban la apatía de los «cabezas de familia» y mujeres casadas ante tales comicios; una actitud que no debe interpretarse sin más como de apatía política, sino más exactamente como de apatía ante la política no democrática. Por otra parte, en 1970 y 1973 se celebraron también elecciones para renovar parcialmente las corporaciones locales; en el tercio de representación familiar, donde las autoridades franquistas reali­zaban los mayores esfuerzos para lograr tina elevada participa­ción que legitimara la «democracia orgánica» española, la abs­tención que nuevamente la nota dominante, sólo atenuada allí donde algunos candidatos lograron generar tina cierta dinámica competitiva, o donde cuajaron candidaturas de cierto perfil opo­sitor, como la candidatura en 1973 en un distrito de Barcelona de un dirigente vecinal, Fernando Rodríguez Ocaña, que pese a obtener la victoria no fue proclamado concejal tras una manio­bra burocrática de las autoridades municipales.

Burgos, 1970

Una de las primeras preocupaciones de Carrero Blanco era la defensa del régimen y de sus valores. En un informe de marzo de 1970, anteriormente citado, Carrero propugnaba una «intensa educación política y moral» de los españoles, de la que debían ocuparse especialmente la Secretaría General del Movimiento, el Ministerio de Información y Turismo y el Ministerio de la Gobernación. Por otra parte, la defensa del régimen debía hacerse sin contemplaciones: «¿Qué es peor, que nos critiquen nuestros enemigos o que les dejemos, en nombre del aperturismo y de todas esas zarandajas, lograr su objetivo de corromper la moral de nuestro pueblo por lo que, además, Dios nos habría de pedir un día estrecha cuenta?». El 21 de diciembre de 1970, en un dis­curso pronunciado en las Cortes, Carrero afirmaba que «el Gobierno tiene la obligación de defender a las familias españo­las de que sus hijos puedan ser envenenados, quizá para toda su vida, por las pequeñas minorías de agentes de la subversión comunista; tiene la obligación de defender a la gran masa estu­diantil que quiere aprender y que la dejen hacer sus carreras en orden y en paz; tiene que defender a la gran mayoría del profesorado que desea cumplir noblemente su augusta función de ense­ñar también en orden y en paz; tiene el deber de impedir que la producción se vea mermada por conflictos laborales», que no son sino «consecuencia de actividades de agentes comunistas, a veces enmarcados con otras significaciones y tiene, por fin, el deber de mantener el orden en la calle». Para el vicepresidente, «ante una evidente agresión, como es la actividad subversiva del comu­nismo, la Nación tiene el indudable derecho de legítima defensa y el Gobierno el indeclinable deber de ejercer su autoridad para garantizar esta defensa». Y concluía con rotundidad: «Que todos estén seguros de que cualquier foco de subversión será totalmente desarticulado. Nada que atente contra la paz pública quedará impune». Las palabras del vicepresidente del gobierno indica­ban claramente que la represión continuaría siendo el principal instrumento utilizado por las autoridades franquistas para res­ponder a cualquier forma de conflictividad social o de disenti­miento político. Y si la disensión crecía, la acción represiva tam­bién lo haría. De hecho la creciente preocupación de los dirigentes franquistas por la contestación social y política había llevado ya, en agosto de 1968, a la aprobación de un decreto-ley sobre delitos de «bandidaje y terrorismo», que ponía nuevamente en vigor artículos derogados relativos a la figura de «rebelión militar», y en noviembre del mismo año se había formado una comisión del gobierno para asuntos del orden público; parale­lamente, una unidad militar empezó a colaborar con el Ministe­rio de Educación para luchar contra la «subversión» en la uni­versidad, siendo el origen del «Servicio Especial» dirigido por el coronel José Ignacio San Martín, transformado en 1972 en Ser­vicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno (SECED).

En el mes diciembre de 1970, el consejo de guerra contra miembros de ETA celebrado en Burgos, provocó una notable con­vulsión interior y exterior, absolutamente contraria a las pre­tensiones del gobierno, que había considerado el proceso como una extraordinaria oportunidad para castigar ejemplarmente a la organización vasca y poner en evidencia sus objetivos separa­tistas y sus métodos violentos. La principal acusación contra los encausados era el asesinato, en agosto de 1968, de Melitón Man­zanas, jefe de la Brigada de Investigación Social de la Policía en San Sebastián, primer atentado de ETA que provocaba una víctima mortal. Para seis de los dieciséis procesados, dos de los cuales eran sacerdotes, el fiscal pidió la condena a muerte.

Desde antes de iniciarse, el proceso de Burgos generó al gobierno múltiples problemas. En primer lugar con la Iglesia católica. El obispo de San Sebastián, Jacinto Argaya, y el admi­nistrador apostólico de Bilbao, José María Cirarda, solicitaron al gobierno que el juicio no se celebrara en la jurisdicción mili­tar sino ante los tribunales ordinarios, argumentando, entre otras cosas, que «la jurisdicción ordinaria permite una más plena defensa de los inculpados, incluido un posible recurso ante tri­bunales superiores». Los prelados hicieron pública su petición mediante una carta conjunta a sus feligreses en la que además se condenaba «toda clase de violencias, las estructurales, las sub­versivas y las represivas», lo que originó una rápida réplica guber­namental, señalando la gravedad de «dar igual tratamiento a la violencia del delincuente que a la actitud de la Autoridad al apli­car la Ley de conformidad con un ordenamiento preestablecido». Pero el incidente no era más que el principio de la crisis.

Abierto el proceso, las defensas, con la presencia de presti­giosos abogados vinculados a la oposición democrática como Gregorio Peces Barba, Josep Solé Barberá o Juan María Bandrés, intentaron demostrar las actuaciones contrarias a la ley a que fue­ron sometidos los acusados, entre ellas las torturas, así como las numerosas irregularidades del proceso, lo que provocó una nota­ble tensión con el tribunal militar. Paralelamente, arreciaban las protestas de intelectuales, estudiantes y obreros en toda España, alcanzando particular intensidad en Guipúzcoa y Vizcaya. El informe anual de la Delegación de Sindicatos guipuzcoana des­tacaba la especial gravedad de las protestas iniciadas el 3 de diciembre en San Sebastián, Rentería, Pasajes, Eibar, Hernani y Tolosa, en esta última ciudad con «la turba dueña de la pobla­ci0n durante cuarenta y cinco minutos», en tanto que el gober­nador de Vizcaya señalaba que «fueron muchos los que en esta ocasión secundaron sus consignas (de ETA), mediante paros labo­rales, cierres de establecimientos y otras manifestaciones de pro­testa, que, la verdad sea dicha, provocaron un clima de intran­quilidad nada deseable». Un destacable impacto tuvo el encierro en el monasterio de Montserrat de trescientos intelectuales, artis­tas y profesionales catalanes, con personajes populares como Joan Manuel Serrat, Raimón, Núria Espert, Antoni Tapies o Jaime Camino. En Madrid, la policía detuvo a intelectuales y profe­sionales antifranquistas que participaban en tina reunión ilegal, entre ellos Enrique Tierno Galván, Armando López Salinas, Jaime Sartorius y Juan Antonio Bardem. Por otra parte, en una acción sin precedentes, ETA secuestró al cónsul de la República Federal Alemana en Bilbao, liberándolo el día antes de conocerse la sentencia. Además, las protestas contra el consejo de guerra se intensificaron en el extranjero, especialmente en Francia e Ita­lia, al tiempo que crecían las críticas hacia la dictadura española.

La magnitud de la protesta llevó al gobierno a declarar el estado de excepción, primero en Guipúzcoa y después en toda España. Simultáneamente lanzaba una gran campaña propagan­dística interior y exterior, y recurría a la movilización de los adic­tos al régimen, culminada en una gran concentración de masas en la madrileña plaza de Oriente, escenario por excelencia de las más importantes manifestaciones de apoyo a la dictadura. El día 28 de diciembre el tribunal comunicó las sentencias: nueve penas de muerte para seis acusados, más largos años de cárcel para los demás encausados. A partir de este momento la presión exterior e interior se dirigió a evitar las ejecuciones. Finalmente, el 30 de diciembre, Franco, con el acuerdo unánime del gobierno, comunicaba que ejercía el derecho de gracia. Acababa así la cri­sis con un gesto de magnanimidad de Franco que, no obstante, no podía ocultar que el régimen había sufrido una profunda ero­sión y el antifranquismo, en cambio, salía fortalecido de la prueba. En el País Vasco, el consejo de guerra de Burgos bene­fició especialmente a ETA, que seguiría por la senda de la vio­lencia, a la que la dictadura respondería con una extrema y, a menudo, indiscriminada acción represiva, lo que alimentó una creciente espiral acción-represión con consecuencias de largo alcance. En ese escenario, la aparición de comandos «ultrafran­quistas», protagonistas también de acciones violentas cometidas impunemente, o incluso con la colaboración de autoridades, con­tribuyó a agravar la situación sociopolítica vasca.

Desde finales de los años sesenta, los denominados «ultras» fueron ganando protagonismo público en toda España; eran en su mayor parte falangistas plenamente identificados con el régi­men, defensores a ultranza de sus esencias, y opuestos al menor cambio. La mayoría de estos «ultrafranquistas» no ocupaban puestos relevantes en las instituciones, excepto alguno de sus líderes, y se distinguían por su agresiva crítica hacia aquellos diri­gentes que consideraban «blandos» ante los opositores, o que pro­pugnaban cambios que para ellos desnaturalizaban al régimen, destacando en este aspecto Fuerza Nueva, grupo dirigido por el consejero nacional Blas Piñar. Con el aumento de la conflictivi­dad social y política algunos decidieron pasar a la acción violenta contra opositores, reales o imaginarios, genéricamente califica­dos de «rojos», formando bandas que atacaban a manifestantes, asaltaban librerías, centros culturales, etc., como los Guerrille­ros de Cristo Rey, que eran apoyados por el SECED.

La «traición» de la Iglesia católica

La posición de la Iglesia ante el consejo de Burgos indicaba claramente el principio del fin de la plena sintonía entre la jerar­quía católica y los dirigentes franquistas. Contribuyó a ello la pro­funda renovación experimentada por el episcopado español, faci­litada por la avanzada edad y la desaparición de los máximos representantes del nacionalcatolicismo, como Pla y Deniel, Eijo y Garay, Modrego o Arriba y Castro, lo que implicó un rejuve­necimiento de casi diez años en la media de edad de los obispos españoles, aunque continuaron en plena actividad beligerantes franquistas como Guerra Campos. En 1971 fue creado arzobispo de Madrid Vicente Enrique y Tarancón, un prelado que sintoni­zaba plenamente con la renovación impulsada por el Concilio y con Pablo VI, y fue elegido poco después, en marzo de 1972, presidente de la Conferencia Episcopal. Por otra parte, el gobierno no logró mejorar significativamente las relaciones con el Vati­cano, a lo que contribuyó la persistente negativa de Franco a renunciar al derecho de presentación en el nombramiento de obis­pos. Además, se incrementó también la colaboración, e incluso la participación activa, de clérigos en los movimientos sociales y políticos de carácter antifranquista, lo que aumentó lógicamente la tensión entre los dirigentes franquistas y la Iglesia. Y fueron cada vez más frecuentes las críticas y condenas eclesiásticas de situaciones y de actuaciones cuyo último destinatario era el régi­men; por su parte, las autoridades franquistas recurrieron cada vez más a las sanciones, tanto económicas como penales, con­tra los clérigos disidentes. La prisión concordataria de Zamora, especial para sacerdotes, se convirtió en una insólita realidad en la católica España. Las actitudes críticas hacia el régimen y las colaboraciones con movimientos antifranquistas fueron más intensas entre el clero vasco y catalán, ante las políticas de repre­sión cultura¡ y lingüística practicadas por el franquismo en estas comunidades, así como en las concentraciones industriales, como consecuencia de una incrementada sensibilidad hacia los problemas sociales tanto del clero joven como de la jerarquía renovada.

El disentimiento de sectores amplios de la Iglesia provocó perplejidad primero, y preocupación e irritación más tarde, en autoridades y adictos franquistas. Dos hechos son especialmente reveladores de esta nueva situación: por una parte, la creciente vigilancia de los organismos policiales sobre la actividad de los eclesiásticos; por otra el surgimiento de un insólito anticlerica­lismo ultrafranquista, que se manifestaría incluso con acciones violentas. Según los numerosos informes policiales sobre el tema, una parte considerable del clero catalán y vasco era claramente «separatista», en tanto que cada vez más sacerdotes daban apoyo y protección a obreros y estudiantes «subversivos», e incluso colaboraban con el Partido Comunista. Para los ultrafranquistas, el cardenal Tarancón llegó a ser visto como un declarado ene­migo del régimen, cabeza visible de los obispos y sacerdotes «rojos» que debían denunciarse y combatirse.

En 1971, la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes aprobó por mayoría -aunque insuficiente para ser incorporada a las resoluciones oficiales- una declaración autocrítica con el papel de la Iglesia durante la Guerra Civil: así pues, rezaba la declaración, «reconocemos humildemente y pedimos perdón por­que nosotros no supimos a su tiempo ser verdaderos ministros de reconciliación en el seno de nuestro pueblo, dividido por una guerra entre hermanos». El potencial subversivo de este texto no escapó a los dirigentes franquistas, que veían descalificado el cru­cial concepto de «cruzada» aplicado a la Guerra Civil, esencial en la legitimación del régimen.

En diciembre de 1972, el vicepresidente Carrero expresó públicamente su irritación ante las actitudes adoptadas por la Iglesia. La guerra, afirmó, «no fue una guerra civil, fue una gue­rra de liberación, porque lo que estaba en juego era nuestra inde­pendencia como nación. En cuanto al calificativo de "cruzada", son cruzadas las luchas en defensa de la fe. ¿Acaso no es el comu­nismo un enemigo declarado de Dios'?». Después de repasar la persecución religiosa en la España «roja» recordaba que, desde 1939, el Estado había destinado 300.000 millones de pesetas a «construcción de templos, seminarios, centros de caridad y ense­ñanza, sostenimiento del culto». Y, aludiendo a Franco, añadía que ningún gobernante «en ninguna época de nuestra Historia ha hecho más por la Iglesia Católica», para lamentar a conti­nuación que, «con el transcurso de los años, algunos, entre los que se cuentan quienes por su condición y carácter menos debie­ran hacerlo, hayan olvidado esto o no quieran recordarlo». La diatriba de Carrero no mejoró ciertamente las relaciones con la Iglesia, ni evitó que se acentuara lo que para él era una autén­tica «traición de los clérigos».

En 1973 los obispos aprobaron el documento «La Iglesia y la Comunidad Política» que demandaba la revisión del Concor­dato, la renuncia mutua de privilegios para asegurar la indepen­dencia tanto de la Iglesia como del Estado, así como el respeto al pluralismo ideológico y político. En junio de este mismo año un documento gubernamental reservado titulado «Radio­grafía urgente del episcopado español actual», concluía que «la nómina de obispos progresistas comprobados nos permite con­tar hasta 35», que representaban el 45 por 100 del total, cifra pro­bablemente inferior a la real considerando que algunos prelados eran difíciles de catalogar. No se trata, decía el informe, «de una leve brisa, sino de un viento descarado que presagia tristes tor­mentas». Progresismo religioso «y oposición al Régimen espa­ñol coinciden en cada uno de los contados con valor poco menos que de sinonimia».

Conflictividad social y oposición política

La preocupación de Carrero y de numerosos dirigentes fran­quistas por el orden público se incrementó con el crecimiento de la conflictividad social. En 1970 se alcanzó una elevada cota de conflictividad laboral, y si bien retrocedió en 197 1, creció de nuevo en 1972 y, especialmente, en 1973. Como en los años ante­riores, la mayoría de las protestas obreras tenían su origen en rei­vindicaciones laborales, en particular en demandas de aumentos salariales, pero el marco legal e institucional las continuaba situando inevitablemente al margen de la legalidad, lo que impli­caba la entrada en escena de la represión patronal y gubernativa, y por tanto su politización. Al incremento de la conflictividad y su radicalización las autoridades replicaron con un endureci­miento de las prácticas represivas, dada la defensa a ultranza del orden público y de la «paz» social sostenida por Carrero. Ello implicó incidentes de especial gravedad al reprimir la policía vio­lentamente las protestas de los trabajadores. Así, enjulio de 1970, una actuación policial en Granada contra un millar de trabaja­dores de la construcción en huelga, concentrados pacíficamente ante la Delegación de Sindicatos, provocó duros enfrentamien­tos, con el resultado de tres obreros muertos -Manuel Sánchez, Antonio Cristóbal y Antonio Huertas- por disparos de las fuer­zas de orden público, además de numerosos heridos. Como suce­dería en reiteradas ocasiones, la represión policial de Granada provocó una oleada de protestas obreras y de condenas desde diversos sectores de la sociedad española, que no evitaron, sin embargo, la repetición de hechos semejantes. Por otra parte, la huelga de Granada nos muestra la creciente diversificación sec­torial y territorial de la conflictividad laboral que se produciría en estos años.

En octubre de 1971 un paro en la factoría Seat, en Barcelona, con entrada de la policía para desalojar a los obreros, derivó en una batalla campal que se prolongó varias horas, provocando una nueva víctima mortal por disparos de la Policía Armada, el obrero Antonio Ruiz Villalba, así como numerosos heridos. La repulsa por la represión contra los obreros de Seat obtuvo amplio eco, incluso internacional mente, perjudicando los renovados esfuer­zos del gobierno para mejorar su imagen en el exterior. De hecho, Seat, con más de 20.000 obreros en plantilla, entró en una situa­ción que ha sido calificada de “conflicto continuado” al gene­rarse una dinámica inacabable de reivindicación-represión-soli­daridad-nuevas reivindicaciones.

Con una conflictividad laboral en alza, en marzo de 1972 se produjeron en El Ferrol, entonces denominado «del Caudillo», unos graves incidentes, nuevamente con el resultado de la muerte de obreros por disparos de la policía. El origen del conflicto radicó en la reivindicación de los trabajadores de la factoría ferro­lana de la Empresa Nacional Bazán de un convenio colectivo propio, lo que fue rechazado por la empresa, que firmó un conve­nio general sin los representantes del jurado de empresa de El Ferrol. Ello originó la protesta de los trabajadores y las consi­guientes sanciones patronales. El 9 de marzo, la Policía Armada desalojó violentamente a los trabajadores de la factoría y al día siguiente una manifestación por las calles de la ciudad fue dis­persada por la fuerza pública, utilizando armas de fuego. Dos obreros, Amador Rey y Daniel Niebla, resultaron mortalmente alcanzados, y otros heridos. En protesta por tales hechos la ciu­dad quedó paralizada por una huelga general, en tanto arreciaba la repulsa por la actuación policial en los principales centros industriales de España.

En 1973 el aumento de la conflictividad laboral fue especta­cular. Barcelona, como en los años anteriores, fue la provincia española más conflictiva en términos absolutos, registrando en abril un grave enfrentamiento entre trabajadores y fuerza pública en San Adrián del Besós. La huelga de los obreros de las empre­sas constructoras de una central térmica en aquella localidad pró­xima a Barcelona, reivindicando mejoras laborales, fue replicada por las empresas con sanciones y con la amenaza general de des­pedir a todos los huelguistas. El 3 de abril, la policía dispersó a los trabajadores concentrados en las puertas de la obra, inicián­dose un duro enfrentamiento, en el que los agentes utilizaron las armas de fuego, provocando la muerte de un obrero, Manuel Fer­nández Márquez. Una ola de indignación y protesta, estimulada por anteriores hechos semejantes, se extendió por empresas y uni­versidades, y se alzaron voces de condena desde distintos ámbi­tos ciudadanos, incluidos los eclesiásticos.

El crecimiento de la conflictividad laboral fue paralelo a la recuperación de las CC.OO., después de la dura represión sufrida en el período 1967-1969, del alejamiento de algunos sectores que habían participado inicialmente en el movimiento y de algunas disensiones internas, más importantes en algunas comunidades como Cataluña. Sin embargo, en 1972 la policía logró detener en un convento en Pozuelo de Alarcón, cerca de Madrid, a los miembros de la coordinadora estatal, Marcelino Camacho, Nico­lás Sartorius, Eduardo Saborido, Fernando Soto, Francisco Acosta, Miguel Ángel Zamora, Pedro Santiesteban, Juan Muñiz, Luis Fernández y el sacerdote Francisco García Salve. Su pro­cesamiento, en el sumario 1.001, fue aprovechado por CC.OO. y, en general, por el antifranquismo para denunciar con renovada energía la ausencia de libertades sindicales bajo la dictadura fran­quista y la violación constante de los compromisos internacio­nales por parte del gobierno español. Sin embargo, la notable campaña de solidaridad internacional no logró evitar la imposi­ción a los encausados de durísimas penas de prisión por el Tri­bunal de Orden Público.

Paralelamente, la conflictividad universitaria no cesaba. Los conflictos obreros más importantes obtuvieron una notable soli­daridad estudiantil, y la violencia policial generó siempre mani­festaciones de protesta en las universidades. Éstas, a su vez, ori­ginaban nuevas tensiones y actuaciones policiales. Por otra parte, la conflictividad universitaria empezó a incorporar en propor­ciones notables a un segmento del profesorado, especialmente los jóvenes profesores con una precaria situación laboral -los PNN, profesores no numerarios-, muchos recién licenciados y con experiencias de las movilizaciones estudiantiles de los años anteriores. Al mismo tiempo la protesta estudiantil empezaba a manifestarse también en los centros de enseñanza secundaria, sobre todo en las principales capitales.

El crecimiento de la conflictividad social, impulsada por acti­vistas antifranquistas, creó unas condiciones más favorables para el desarrollo de una oposición política más fuerte y activa; al mismo tiempo estimuló posicionamientos críticos hacia la dic­tadura en sectores que se habían mantenido muy pasivos ante­riormente, e hizo comprender incluso a una parte de la base social del régimen y de su personal político el camino sin salida que implicaba el inmovilismo practicado.

El Partido Comunista, presente en todos los movimientos sociales -en las CC.OO., en el movimiento estudiantil, en el naciente movimiento vecinal-, reforzado por el creciente pres­tigio del marxismo en los círculos universitarios e intelectuales, y con un programa político centrado en la consecución de un sis­tema democrático, logró atraer hacia sus filas, o hacia su entorno, a una parte notable de los obreros, estudiantes e intelectuales y profesionales más predispuestos al activismo antifranquista, aun­que siguió encontrando intensos recelos en otras fuerzas anti­franquistas. En 1972 el PCE celebró en el exilio su VIII Con­greso, que confirmó su propuesta unitaria de «pacto por la libertad». Sin embargo, la política comunista de unidad antifranquista sólo obtuvo éxitos notables en Cataluña, donde el PSUC jugó un papel decisivo en la formación, en 1971, de la Asamblea de Cataluña, a partir de experiencias unitarias anteriores, como la Taula Rodona, y la Comisión Coordinadora de Fuerzas Políticas de Cataluña, formada en 1969.

Integrada inicialmente por formaciones políticas comunistas, socialistas, nacionalistas y demócrata-cristianas, por organiza­ciones sindicales, y grupos y colectivos profesionales, cultura­les y cívicos, así como por personalidades independientes, como Josep Benet o Agustí de Semir, la Asamblea de Cataluña fue una plataforma antifranquista única en España, que logró una cre­ciente presencia social, a partir de un básico y breve programa sintetizado en cuatro puntos: amnistía general para los presos y exiliados políticos, libertades democráticas fundamentales, res­tablecimiento provisional de¡ Estatuto de Autonomía de 1932, y coordinación de todos los «pueblos peninsulares» en la lucha por la democracia; puntos luego sintetizados en el lema «Libertad, amnistía y estatuto de autonomía». A la popularización de la Asamblea contribuyó notablemente su represión por las autori­dades franquistas, especialmente la detención en Barcelona en octubre de 1973, en la parroquia de Santa María Medianera, de 113 miembros de su comisión permanente.

En el País Vasco, como ya se ha apuntado, el proceso de Bur­gos generó una ola de simpatía hacia ETA, lo que le permitió un creciente protagonismo y le dio la oportunidad de incidir con fuerza en la vida sociopolítica, incluso a pesar de sufrir impor­tantes crisis internas, como la derivada de la anterior ruptura entre el sector nacionalista -V Asamblea- y el sector obrerista -la VI Asamblea-, fusionado este último en 1973 con la trotskista Liga Comunista Revolucionaria, surgida del grupo Comunismo, procedente a su vez del Frente de Liberación Popular.

Los primeros años setenta vieron la eclosión en España, par­ticipando de un fenómeno general europeo de radicalización polí­tica, de una «nueva izquierda», que en muchos casos rechazaba los pactos con fuerzas «burguesas» así como la alternativa demo­crática planteada por el PCE, calificado de «revisionista», y que propugnaba como objetivo inmediato la instauración de un régi­men socialista, al tiempo que era partidaria de formas más radi­cales de lucha. Así, sectores procedentes del FLP y sectores cató­licos que evolucionaron hacia el marxismo se integraron en la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), que se definió marxista-leninista. De una lejana escisión de ETA nació en 1972 el Movimiento Comunista de España (MCE), y de escisiones del PCE-PSUC habían surgido el Partido Comunista (internacional) (PEC-i) y Bandera Roja, ambas también de signo marxista-leninista y maoísta.

En 1970 el PSOE celebró en Toulouse su XI Congreso, en el que afloraron las diferencias entre los históricos dirigentes exi­liados y los jóvenes militantes procedentes del interior de España. l)os años más tarde, en el XII Congreso, se produjo la ruptura entre el sector histórico y el sector renovado, logrando este último controlar la organización y ser reconocido internacional mente. A partir de aquí, tomó cuerpo la reconstrucción organizativa del PSOE, que debió recuperar espacio perdido no sólo en favor del PCE, sino de otros grupos socialistas, como el liderado por Enri­que Tierno Galván.

Frente al activismo izquierdista, la oposición de signo libe­ral y demócrata-cristiano, mayoritariamente de filiación monárquica, se caracterizó por una actuación limitada y prudente, habi­tualmente protagonizada por las personalidades que articulaban los diversos grupos y que aseguraban su proyección pública. Por otra parte, gozaban de una tolerancia gubernamental impensa­ble con la izquierda. Estos grupos tenían una escasa presencia en los movimientos obreros y estudiantiles, aunque algunos pro­fesionales de esas tendencias colaboraron de diversas formas con la oposición más activa, y destacados abogados vinculados a la oposición demócrata-cristiana y liberal asumieron con frecuen­cia la defensa de encausados por la jurisdicción militar o por el Tribunal de Orden Público, como por ejemplo Joaquín Ruiz­Giménez, defensor de Marcelino Camacho en el celebre proceso 1.001 contra los principales dirigentes de las CC.OO. Especial importancia tuvo el impulso desde estos grupos de publicacio­nes legales críticas con el régimen, que contribuyeron de manera muy notable a la extensión de la socialización antifranquista.

Un gobierno a la defensiva

Así pues, la severa defensa del orden público, la lucha «anti­subversiva» y el inmovilismo del gobierno no sólo no lograron neutralizar la conflictividad social y la extensión de la oposición política, sino que agravaron la situación sociopolítica española. Además, la política gubernamental respecto al orden público generó tensiones internas en el personal político franquista y en los sectores adictos militantes. Para algunos, los menos, era nece­saria una política más moderada y una mayor profesionalidad en las actuaciones policiales; para otros, y especialmente para los sec­tores ultrafranquistas que encontraban un notable eco en círculos militares, era necesaria una actuación represiva más vigorosa, cri­ticando cada vez más intensamente al ministro de la Gobernación Garicano Goñi, acusándolo de «blando» frente a la subversión.

Carrero, aunque no estaba muy alejado ideológicamente de muchos «ultras», no podía compartir muchos de sus plantea­mientos y métodos. Con todo, su preocupación por el orden público y por la paz, identificados siempre con la ausencia de conflictividad social, y por la defensa del régimen, amenazado por la acción opositora identificada siempre con la subversión comunista, fue en aumento en estos años. En enero de 1972, en un discurso ante los subjefes provinciales del Movimiento, Carrero reiteró su teoría de las tres vías del comunismo para alcanzar sus objetivos mundiales, ya expuesta anteriormente y reiterada después en diversas ocasiones: la guerra general, las guerras limitadas y la guerra subversiva. Según el vicepresidente, «a la primera no va [el comunismo], porque en ella arriesga mucho y porque sabe que el mundo occidental no tomará nunca la iniciativa; los riesgos de una guerra nuclear son demasiado gra­ves para todos»; las guerra limitadas «las provoca y las sostiene en cuantas ocasiones y lugares se le ofrecen como una posibili­dad de acción, porque este tipo de guerra produce serios desgastes materiales, políticos y morales». La guerra subversiva, por último, «está desencadenada en todo el mundo libre bajo un sinnúmero de manifestaciones. Se trata con ella de aniquilar todos los valo­res espirituales y de destruir las economías de los pueblos mediante las huelgas en que se manifiestan los conflictos labo­rales». El mayor riesgo para el mundo occidental derivaba pre­cisamente de esta última vía: «[ ... ] la mayor parte de las nacio­nes no comunistas se ven cazadas en sus propias redes, porque ¿se puede hacer frente a la acción subversiva con procedimien­tos exclusivamente liberales? Evidentemente, no». Por tanto, debía cortarse «la escalada de esta acción corrosiva que trabaja a la juventud con la pornografía, la droga, la negación de los valo­res espirituales, el desprecio a la autoridad, empezando por la de los padres, la repulsa a todo sentimiento patriótico y del cum­plimiento del deber». El comunismo, añadía, «sabe lo que hace, explotando la enorme tontería del mundo occidental de creer que no hay libertad sino en el liberalismo». Afortunadamente, los españoles, una vez más, «gracias al sacrificio de nuestros mejo­res y a la providencial capitanía del Caudillo, somos una excep­ción en orden a las posibilidades de hacer frente con éxito a la grave crisis por la que el mundo pasa». No obstante, no debía bajarse la guardia, y era necesario defender sin concesiones las esencias del régimen; para Carrero, «nuestro desarrollo político debe consistir única y exclusivamente en el perfeccionamiento del sistema, pero cuidando mucho de que este perfecciona­miento no conduzca al cambio de naturaleza del mismo». Para algunos, añadía, «es inmovilismo lo que no sea moverse hacia atrás, es decir, hacia las fórmulas del Estado liberal, y en esta trampa no hay que caer. Como no hay que caer tampoco en la trampa de la preocupación del juicio de los de fuera». Había que contar con que seguiría el ataque de la «Masonería liberal y el Marxismo, que son enemigos tenaces; pero tengamos la firme convicción de que nunca nos vencerán si nos mantenemos uni­dos, si somos fieles a los ideales por los que tantos, que sabían más que nosotros, dieron la vida, y si somos auténticos, si no cometemos el torpe error de intentar camuflarnos».

Pocas semanas después, el 7 de marzo, ante el Consejo Nacio­nal del Movimiento, reiteraba este planteamiento y profundizaba en la situación española. Respecto a la conflictividad universi­taria, a pesar de reconocer la existencia de problemas, funda­mentalmente por el acceso creciente de jóvenes a la enseñanza superior con la consiguiente masificación, Carrero apuntaba «un problema de subversión», y denunciaba la responsabilidad de una minoría de profesores «instrumento de la subversión, a la vez marxista y liberal», así como de estudiantes, a los que incluso negaba tal condición, calificándolos de «núcleo de agentes de la subversión según las mismas modalidades». Para acabar con el problema era indispensable «que salgan para siempre de la uni­versidad los profesores y alumnos que llevan a cabo en ella la subversión», aunque reconocía las dificultades para lograr tal objetivo, puesto que el gobierno debía actuar «sometiéndose a las Leyes». En otra parte de su intervención ya había planteado, «¿es que nos hemos confiado y, por mimetismo o por resabios demoliberales, nuestra legislación ordinaria, en algunos aspec­tos, defiende más los intereses del individuo, aunque éste sea un servidor de los enemigos de la Patria, que el interés del bien común de la Nación?». También con relación a la conflictividad laboral, Carrero admitía problemas genuinos que, sin embargo, eran aprovechados por minorías subversivas. Por ello afirmó que «con las huelgas hay que terminar a rajatabla», anunciando que el gobierno «está estudiando la manera de adecuar la legislación vigente para atajar con la mayor eficacia los males que acabo de señalar». Carrero acabó su intervención apelando a la unidad, al «acatamiento sin reservas de la doctrina» del régimen, y recha­zando todo cambio sustancial.

Como ya ha sido señalado anteriormente, para Carrero era claro que una de las funciones esenciales del ministro de Infor­mación Sánchez Bella era reconducir la situación de la prensa. Sin embargo, ello no fue tarea fácil. Ciertamente, se endureció la aplicación de la Ley de Prensa, con lo que publicaciones crí­ticas con el régimen como Cuadernos para el Diálogo o Triunfo sufrieron sanciones de diversa naturaleza, especialmente multas, secuestros de números y suspensiones temporales, lo que inevi­tablemente reforzó la imagen más intransigente y represiva de la dictadura. Entre las principales víctimas del endurecimiento represivo cabe destacar el diario Madrid, que se había conver­tido en uno de los periódicos más críticos, y que fue cerrado defi­nitivamente en 197 1. Pero, por otra parte, la prensa reflejó con creciente fidelidad las disensiones entre el personal político fran­quista en torno a cuestiones como el asociacionismo político, que tenía importantes implicaciones para el futuro, lo que permitió que una parte de la población conociera mejor el interior de un régimen que había cuidado, bien es cierto que sin lograrlo, su imagen monolítica. Así, los argumentos de los sostenedores del puro inmovilismo, como el propio Carrero, partícipe en el debate en la prensa bajo el seudónimo de Ginés de Buitrago, pudieron contrastarse con tímidas propuestas reformistas, e incluso con prudentes opiniones favorables a un futuro proceso democrati­zador bajo la tutela de la monarquía.

A lo largo de 1972 se fue haciendo evidente que el gobierno no sólo no lograba restañar las heridas producidas con su constitución, sino que tampoco podía evitar el surgimiento de nuevas disensiones y algunas tensiones de cierta relevancia. Tampoco conseguía neutralizar la conflictividad social y la contestación política, ni mejorar las relaciones con la Iglesia. Por otra parte, el creciente nerviosismo de los sectores ultrafranquistas ante esa conflictividad social, la mayor agitación política y la «deserción» (le la Iglesia añadieron tensión en el seno del personal político franquista. Nuevos aires de crisis comenzaron a extenderse en el interior del régimen. El líder ultrafranquista Blas Piñar manifestaba, en octubre de 1972, que «en España estamos padeciendo tina crisis de identidad de nuestro propio Estado». En efecto, se estaba configurando una situación paradójica y contradictoria que Raymond Carr y Juan Pablo Fusi han descrito de manera muy clara: «España era un Estado católico donde la Iglesia condenaba al régimen, un Estado que prohibía las huelgas y donde éstas se producían por miles; un Estado antiliberal que buscaba alguna forma de legitimación democrática ... ».

A todo ello favorecía la irreversible decadencia física de Franco. Según los testimonios disponibles, el dictador cada vez intervenía menos en las reuniones del Consejo de Ministros, y en sus decrecientes apariciones públicas debían adoptarse medidas especiales para disimular su estado. En 1972, en el des­file militar conmemorativo de la victoria en la Guerra Civil, Franco tuvo que usar una silla de golf plegable para dar la impre­sión de que se mantenía de pie durante todo el acto, y la graba­ción del mensaje televisado de fin de año tuvo que interrumpirse en diversas ocasiones. Con todo, era imposible ocultar el debi­litamiento de la voz, la rigidez del cuerpo, el andar inseguro y la expresión vacía del Caudillo. A la decadencia física de Franco han sido habitualmente atribuidas las dudas y especulaciones res­pecto a la sucesión aparecidas en marzo de este mismo año con el matrimonio de la nieta del dictador, María del Carmen Mar­tínez-Bordiu Franco, con Alfonso de Borbón Dampierre, algu­nas propiciadas desde el propio entorno familiar del dictador.

Una presidencia efímera

La dimisión del ministro de la Gobernación, Garicano Goñi, tras los incidentes del 1 de mayo de 1973 en Madrid, en los que resultó muerto un policía, a menos de tres meses de la renuncia del subsecretario del mismo ministerio, Santiago de Cruylles, en plena campaña ultrafranquista contra la «blandura» guberna­mental representada por Garicano, precipitó un cambio de gobierno en junio de 1973 que implicó la designación por pri­mera vez, y conforme a la Ley Orgánica del Estado, de un jefe del gobierno distinto del jefe del Estado.

La terna preceptiva presentada por el Consejo del Reino a Franco estaba formada por Raimundo Fernández Cuesta, Manuel Fraga Iribarne, y el previamente elegido por el Caudillo Luis Carrero Blanco. Con la formación del nuevo gobierno, Carrero intentó superar viejas y nuevas divisiones en el seno del perso­nal político franquista, recuperando a aquellos que se sintieron excluidos en 1969. El gobierno formado en junio de 1973 tenía como vicepresidente, conservando la Secretaría General del Movimiento, a Torcuato Fernández Miranda, y destacados falan­gistas se incorporaron al gabinete, como José Utrera Molina en el Ministerio de la Vivienda. También procedía de la burocracia del Movimiento el nuevo ministro de Información y Turismo, Fernando de Liñán y Zofío, y el nuevo titular del Plan de Desa­rrollo, Cruz Martínez Esteruelas. El Ministerio de la Goberna­ción fue confiado a Carlos Arias Navarro, un «duro» del régi­men con una larga experiencia en responsabilidades represivas -había sido director general de Seguridad con Camilo Alonso Vega-, pero con una imagen más moderada tras su paso por la alcaldía de Madrid, en tanto que para dirigir el de Justicia fue nombrado Francisco Ruiz Jarabo. Al frente de Asuntos Exteriores fue designado Laureano López Rodó, que culminaba así una ya larga trayectoria ministerial, aunque quedaba alejado del control de la política económica y de la política interior. No hubo cam­bios en Industria, Obras Públicas, Agricultura y en la dirección de la OSE, ahora con la denominación de ministro de Relacio­nes Sindicales. Tres técnicos que habían ocupado altos cargos en la administración fueron encargados de los ministerios de Hacienda, Antonio Barrera de Irimo, Comercio, Agustín Coto­rruelo Sendagortra, y de la Subsecretaría de la Presidencia, José María Gamazo y Manglano, en tanto un extravagante ultra vin­culado al Opus Dei, Julio Rodríguez Martínez, fue colocado al frente de Educación. La renovación en las carteras militares implicó la entrada en el gabinete de Francisco Coloma Gallegos, en Ejército, Gabriel Pita da Veiga, en Marina, y Julio Salvador, en Aire.

En el gobierno presidido por Carrero disminuyó el peso de los ministros vinculados al Opus Dei, al tiempo que aumentaba el de los procedentes del falangismo, aunque en muchos casos los orígenes políticos estaban ya muy desdibujados, y la mejor calificación es la de estrictamente franquistas y, se ha destacado también, de «juancarlistas». Por otra parte, el gabinete transmi­tía una imagen más dura que el anterior, tal vez como conse­cuencia de un «orden público» cada vez más deteriorado y de las presiones de los sectores más inmovilistas, que empezaban a ser conocidos como el «búnker» franquista. Javier Tusell ha remarcado que Carrero se propuso reconstruir la unidad de la clase política franquista, claramente fracturada. El objetivo esen­cial del nuevo gobierno presidido por Carrero no era otro que asegurar el futuro del régimen, de acuerdo con la legalidad y las instituciones configuradas, el cumplimiento de las «previsiones sucesorias», y la defensa a ultranza de la dictadura frente a sus incansables enemigos.

El 20 de julio de 1973, Carrero afirmó ante las Cortes que su designación como presidente del gobierno significaba que Franco, «en razón de la prudencia política y de su voluntad de ir avanzando paso a paso en el proceso institucional, ha consi­derado ahora conveniente y oportuno, para dejarlo todo atado y bien atado, establecer ya desde ahora el supuesto obligado tras las previsiones sucesorias: la distinción de las esferas institu­cionales de la Jefatura del Estado y de la Presidencia del Gobierno». Al sintetizar el programa del nuevo gobierno, Carrero afirmó que se trataba simplemente de «continuar», siguiendo el camino iniciado hacía 37 años. El sistema político español tenía como «firmes cimientos los Principios del Movimiento Nacio­nal y como cauces de desarrollo las otras seis Leyes Funda­mentales; por consiguiente, toda la vida de la nación, y toda acción de Gobierno tienen que basarse, precisamente, sobre esos cimientos y tienen que marchar, precisamente, dentro de esos cauces». Que nadie esperara, por tanto, nada más que el puro con­tinuismo y el rechazo claro a toda veleidad reformista.

La presidencia de Carrero duro apenas seis meses, hasta el 20 de diciembre. El día anterior, 19 de diciembre, el presidente del gobierno se entrevistó con Henry Kissinger, secretario de Estado norteamericano de visita en Madrid, al que expuso su teo­ría de las tres guerras del comunismo, remarcando la peligrosi­dad de la guerra subversiva y llegando incluso a sostener que «la crisis de¡ petróleo es una trampa preparada por la Unión Sovié­tica en la que toman parte unos países de segunda que son los que oficialmente plantean el problema». Evidentemente la para­noia anticomunista de Carrero no había disminuido ni un ápice.

Para el día siguiente, que debía reunirse con sus ministros, Carrero tenía preparadas unas reveladoras notas. Partía Carrero de considerar lógico que siendo el régimen español antiliberal y anticomunista fuera objeto de continuo ataque por parte de la masonería y el comunismo. La primera deseaba para España un régimen liberal y democrático, lo que beneficiaría al segundo por­que ello implicaba una España débil. El comunismo había logrado infiltrarse, en colaboración con la masonería, en las masas trabajadoras, en la universidad, en la Iglesia, en los medios de comunicación, en los sectores intelectuales, incluso, aunque «espero que todavía sin éxito», decía Carrero, en la policía y en las Fuerzas Armadas. Aunque admitía que en el mundo no exis­tían otras fórmulas que «el capitalismo o socialismo liberales que la masonería sostiene o el marxismo que el comunismo trata de imponer», España no debía ceder en la defensa de su singular régimen. El «resbalamiento hacia el liberalismo» implicaría el inicio de la desnaturalización y abriría las puertas al comunismo. Por tanto, debía defenderse al régimen, en primer lugar, con «máxima propaganda de nuestra ideología y prohibición abso­luta de toda propaganda de las ideologías contrarias». Para aque­llos que habían sucumbido a la acción de la subversión no había otra alternativa que la represión, que «debía ser dura», y «en la medida de que sea posible recuperación»; para el resto de la población «formación, educación y ejemplo», prestando especial atención a los jóvenes. Se trata, escribió Carrero, de «formar hombres, no maricas». La televisión debía defender el «espíritu de nuestro Movimiento, la virilidad, el patriotismo, el honor, la decencia». En cuanto al aparato educativo «hay que borrar de los cuadros del profesorado de la Enseñanza General Básica y de la Universidad a todos los enemigos del régimen y hay que sepa­rar de la Universidad a todos los alumnos que son instrumento de la subversión». Más prudente se mostraba Carrero con la Igle­sia; una cosa -escribió- «son los enemigos infiltrados en la Iglesia y otra la Iglesia por Nuestro Señor fundada, aunque haya enemigos en sus altas jerarquías».

En la mañana del día siguiente, 20 de diciembre, un espectacular atentado de ETA acabó con la vida del presidente del gobierno al volar su vehículo cuando circulaba por la calle Clau­dio Coello. Como todos los días, Carrero había asistido a misa en la iglesia de San Francisco de Borja y se dirigía hacia la Pre­sidencia del Gobierno en el Paseo de la Castellana; la escolta del presidente era escasa, pese a haberse solicitado su aumento en varias ocasiones. Cuando el vehículo presidencial llegó a la altura del número 104 una fortísima explosión provocada por tres poten­tes cargas que los etarras habían colocado bajo la calzada, a tra­vés de un túnel excavado desde la planta baja de un inmueble, lo elevó 35 metros, estrellándolo en el patio interior de una resi­dencia de los jesuitas situado a la altura del segundo piso. En los primeros momentos se atribuyó la muerte de Carrero a un fatal accidente provocado por una explosión de gas, pero rápidamente cobró fuerza la hipótesis del atentado. Ocho días después, ETA organizó una conferencia de prensa en Burdeos para explicar el atentado y disipar las dudas extendidas sobre su autoría así como las numerosas especulaciones desatadas que, sin embargo, no cesaron.

El atentado provocó una gran conmoción en el seno del régi­men, al mismo tiempo que ponía al descubierto una ineficacia insospechada en los servicios de información y de seguridad gubernamentales. Franco quedó particularmente afectado por la violenta muerte de su más fiel colaborador; dos días después del atentado afirmaría que «me han cortado el último lazo que me unía al mundo». También tuvo un gran impacto en las filas de la oposición antifranquista, provocando un notable desconcierto. Por una parte, el atentado frustró la movilización opositora pre­parada para ese mismo día 20, en el que se iniciaba en el Tri­bunal de Orden Público el juicio contra los dirigentes de CC.OO. procesados en el sumario 1.001, y provocó la extensión del temor de una respuesta violenta de los sectores ultrafranquistas. De inmediato aparecieron explicaciones del atentado implicando a sectores del propio régimen y a servicios secretos extranjeros, fundamentalmente norteamericanos. Pero, por otra parte, la desa­parición de Carrero no dejaba de ser vista como un importante golpe para la dictadura y para sus previsiones de futuro. Ello permite explicar las contradictorias sensaciones experimentadas por muchos españoles antifranquistas ante el atentado contra Carrero.

El vicepresidente Fernández Miranda se hizo cargo inme­diatamente de la presidencia e impuso serenidad, anulando, por ejemplo, la orden cursada por el director general de la Guardia Civil, el teniente general ultra Carlos Iniesta Cano, que había dado instrucciones, «de forma concreta, rotunda, personal y asu­miendo toda la responsabilidad», para reprimir «enérgicamente» cualquier desorden «sin restringir ni en lo más mínimo el empleo de sus armas». Pero en el entierro de Carrero se produjeron algu­nos incidentes; el arzobispo de Madrid y presidente de la Con­ferencia Episcopal fue insultado e increpado por grupos ultras con gritos «Tarancón al paredón», que fueron combinados con otros de «Ejército al poder».

No existe en la actualidad una valoración unánime de la sig­nificación de la desaparición de Carrero. Dejando al margen las opiniones políticamente interesadas, algunos autores han consi­derado que la muerte del presidente del gobierno que debía ase­gurar el estricto cumplimiento de las previsiones sucesorias, y que garantizaba el rechazo de cualquier veleidad reformista, fue catastrófica para el franquismo, y de hecho abrió la puerta al cam­bio democratizador iniciado tras la muerte de Franco. Otros, en cambio, con los que coinciden los autores de este texto, consi­deran que, si bien es cierto que Carrero fue nombrado presidente ante la decrepitud de Franco y para asegurar el continuismo, es exagerado atribuir al magnicidio un papel absolutamente deci­sivo en el final de la dictadura. Es dudoso que Carrero, ya en la setentena, hubiera sido capaz de resistir la presión favorable al cambio democratizador que emergió con mucha más fuerza en 1975. En primer lugar, porque era una necesidad de la corona, que consideraba indispensable para consolidar la monarquía con­seguir una legitimidad distinta a la franquista. Incluso parece poco probable que Carrero se enfrentara a Juan Carlos, precisa­mente cuando había sido el máximo impulsor de su designación, y lo es más en cambio que, ante serias discrepancias, hubiera optado por su retirada de la escena política. En cualquier caso, su percepción de la realidad sociopolítica era tan deficiente, con su paranoica visión conspirativa que explicaba la creciente conflictividad social y política en términos de acción masónica y de guerra subversiva comunista, que llevaba inevitablemente a un callejón sin salida: o se adoptaba, como sus intervenciones y escritos parecen apuntar, una rígida política de endurecimiento represivo, de inciertas consecuencias a corto plazo pero indu­dablemente catastróficas a medio plazo, puesto que erosionaría aún más las bases del régimen y lo fragmentaría interiormente, o se iniciaba un mínimo proceso de cambio que, una vez abierto, resultaría difícilmente controlable. Por ello, aún considerando que algunas de las características iniciales del proceso de tran­sición hubieran sido sin duda distintas con Carrero en la presi­dencia del gobierno, parece insostenible considerar que su desa­parición era una condición indispensable para hacer posible el fin del franquismo y la creación de un régimen democrático.

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